Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-02054-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-02054-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-37-000-2016-02054-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000 23 37 000 2016 02054 01
Accionante: Línea Aérea Carguera de Colombia S.A. – LAN Cargo S.A.
Accionado: Superintendencia de Puertos y Transporte
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Efectos de la declaratoria de nulidad del acto general en una
Decisión: situación jurídica no consolidada.
Confirma sentencia que declaró la nulidad de acto que negó la
devolución del pago realizado por concepto de tasa de vigilancia
del año 2015 y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó
el reembolso del valor pagado por concepto del comentado
tributo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 21 de mayo de 2021, proferida por la Subsección “A” de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA), la empresa Línea Aérea Carguera de
Colombia S.A. (en adelante, la parte actora o LAN Cargo S.A.) presentó la demanda de
la referencia contra la Superintendencia de Puertos y Transporte (en adelante, la
Superintendencia o SPT).
1.1. Pretensiones
3.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 20165401221781 del 24 de
noviembre de 2016, notificada por correo certificado el día 12 de diciembre de 2016,
mediante la cual la Superintendencia de Puertos y Transporte considera
improcedente la devolución de lo pagado por LAN CARGO por concepto de la Tasa
de Vigilancia del año 2015.
3.2. Que, como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
se ordene a la Superintendencia de Puertos y Transporte, la devolución de la suma
pagada indebidamente por concepto de la tasa de vigilancia del año 2015, liquidando
los intereses a que haya lugar1.
1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
Radicación: 25000 23 37 000 2016 02054 01
Demandante: LAN Cargo S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
1.2. Acto cuestionado
Señores JUAN MANUEL GONZALEZ TORRES
Apoderado Especial
LÍNEA AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A LAN CARGO
Calle 67 #7-35 oficina 1204
Bogotá
ASUNTO: Solicitud devolución por pago de lo no debido Tasa de Vigilancia 2015
adoptada mediante Resolución N° 22543 del 05 de noviembre de 2015.
ANTECEDENTES
Con radicación N°20165600254852 del 14 de abril de 2016, JUAN MANUEL
GONZALEZ TORRES actuando como apoderado especial de LÍNEA AÉREA
CARGUERA DE COLOMBIA S.A LAN CARGO, solicita a la Superintendencia de
Puertos y Transporte lo siguiente:
Petición
Se solicita respetuosamente a la Superintendencia devolver la suma pagada
indebidamente por LAN CARGO por concepto de TASA DE VIGILANCIA 2015, por
valor de $ 288.421.070 más los intereses a que haya lugar.
Soporta su petición en los siguientes fundamentos:
Después de referirse a la oportunidad y competencia para este asunto, precisa entre
los fundamentos de hecho la siguiente referencia normativa y jurisprudencial;
Ley 1 de 1991 Numeral 27.2 del artículo 27, donde se establece la función de cobrar
la tasa de vigilancia.
Artículo 89 de la ley 1450 de 2011, donde se amplió el cobro de la tasa establecida
en el artículo numeral 27.2 del artículo 27 de la ley 1 de 1991.
Sentencia C-218 del 22 de abril de 2015 Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria
Sáchica Méndez, en la cual el inciso lo fue declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte
tachado declarado INEXEQUIBLE, y el Inciso 2o. declarado INEXEQUIBLE.
Fundamentos de derecho:
El principal argumento sobre el cual el peticionario fundamenta su solicitud radica en
la declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 por
parte de la Corte Constitucional contenida en la Sentencia C-218 de 2014, para
concluir que, como consecuencia de tal declaración, (i) el tributo carece de sustento
legal, y (ii) exigibilidad a los administrados.
Por lo tanto, considera que cualquier pago hecho en virtud de dicha disposición es un
pago de lo no debido y por ende debe ser devuelto por el Estado.
Sostiene que con ocasión de la expedición de la resolución N° 22543 de noviembre
de 2015 modificada por la resolución 7725 de marzo de 2016, se le exigió a la
compañía el pago de un tributo que a todas luces no le es exigible y con ello, se
desconoció, entre otros, los principios de equidad, eficiencia y progresividad (art 363
de la C.N).
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Demandante: LAN Cargo S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
De igual manera indica que según el precedente judicial proferido por el Consejo de
Estado es pertinente señalar, en relación con el pago en exceso o de lo no debido,
que (...) es permitido obtener su devolución, en el primer caso cuando se cancelan
los impuestos, sumas mayores a las que corresponden legalmente, y en el segundo
evento, cuando se realizan pagos sin que exista causa legal para hacer exigible su
cumplimiento.
De otro lado, arguye (...) en consecuencia, al declararse la inexequibilidad del artículo
89 de la ley 1450 de 2011, específicamente de: (i) la base gravable, al determinar que
la misma se paga sobre los ingresos brutos del nuevo vigilado teniendo en
consideración para ello los costos anuales de funcionamiento y de inversión de la
Superintendencia,y (ii) el porcentaje máximo de determinación de la tarifa (no superior
al 0.1%) la disposición se hace inaplicable por ser contraria a la Constitución Nacional.
Además, señala que expedida la sentencia C-218 de 2015, la Superintendencia debía
obedecer el mandato contenido en ella y, en consecuencia, al atender lo preceptuado
en los artículos 241 y 243 de la carta política, NO exigir y recaudar la tasa de vigilancia
de 2015 ante la ausencia de sustento legal.
Finalmente invoca que el pago realizado por su poderdante no tiene sustento legal y
por lo tanto impide a la entidad exigir el cumplimiento de las obligaciones allí
contempladas hechos que se traducen necesariamente en el derecho a obtener la
devolución de las sumas pagadas tal como lo dispone de forma inequívoca el artículo
2318 del código civil que establece que el que ha recibido dinero o cosa fungible que
no se le deba es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad.
CONSIDERACIONES
Se procede a resolver la solicitud de devolución por pago de lo no debido Tasa de
Vigilancia 2015, petición realizada por parte de la empresa LÍNEA AÉREA
CARGUERA DE COLOMBIA S.A LAN CARGO.
En primer lugar, al respecto se precisa que el numeral 2° del artículo 27 de la Ley 1°
de 1991, establece dentro de las funciones de la Superintendencia de Puertos, la
siguiente:
"27.2. Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por
concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que le corresponda,
según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la
Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la República."
Desde su creación, la Tasa de Vigilancia es liquidada sobre los ingresos brutos que
hayan obtenido los obligados durante el año inmediatamente anterior y los dineros
recaudados sirven para sufragar los costos de funcionamiento de la
Superintendencia.
Durante el año 2011 fue adoptado el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 a través
de la Ley 1450 de 2011. El artículo 89 de la referida Ley, amplió el cobro de la tasa
establecida en el artículo 27, numeral 2° de la Ley 1° de 1991, así:
"Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 21, numeral 2 de la Ley 1a
de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que
ocasionen su funcionamiento y/o inversión.
Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual hace
referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la parte
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proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales
de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte.”
La ampliación de los sujetos obligados al pago de la tasa de vigilancia de la
Superintendencia de Puertos y Transporte corresponde a una respuesta del
Congreso ante la necesaria extensión del pago de este tributo a la totalidad de los
sujetos vigilados por esta Entidad.
Esta ampliación trajo consigo un cambio en la formulación para establecer el
porcentaje y participación de los nuevos sujetos de pago, ya que contempla dentro de
su consagración el presupuesto de inversión de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, estableciéndose un trato diferenciado para la determinación de la tasa
según el sujeto, el cual como se explicará, fue considerado injustificado por la Corte
Constitucional.
La Corte Constitucional profirió la Sentencia C-218 del 22 de abril 2015, la cual
declaró parcialmente inexequible el artículo 89 del antiguo Plan Nacional de
Desarrollo, en los siguientes términos:
“PRIMERO. -Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados en la presente
sentencia, el inciso primero del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, “Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 2014", salvo la expresión “y/o inversión,
que se declara INEXEQUIBLE.
SEGUNDO. -Declarar INEXEQUIBLE, el inciso segundo del artículo 89 de la Ley
1450 de 2011, el cual estipula “Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado
el cobro de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo, pagarán por tal
concepto una tasa por la parte proporcional que les corresponda según sus
ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1%
de los ingresos brutos de los vigilados.
Entonces, frente al argumento expuesto por el peticionario, según el cual, el artículo
89 de la Ley 1450 desapareció del ordenamiento jurídico colombiano y, por lo tanto,
no puede ser cobrada la tasa, es pertinente hacer referencia a lo dispuesto por la
Corte dentro de su pronunciamiento, para justificar el análisis de constitucionalidad
de la disposición demandada. En este sentido, la Corte indicó:
(…)
Así las cosas, es claro que el efecto de la inexequibilidad parcial del mencionado
artículo 89 comprende únicamente la expresión inversión, y no la ampliación del cobro
de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1a de 1991, a la totalidad
de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasionen su funcionamiento.
En este entendido, la Superintendencia de Puertos y Transporte, al realizar la
liquidación de la Tasa de Vigilancia vigencia 2015, tuvo en cuenta únicamente los
gastos y costos ocasionados en su funcionamiento y no aquellos correspondientes a
su presupuesto de inversión, ciñéndose así a lo dispuesto por la Sentencia C-218 del
22 de abril 2015 y, en consecuencia, respetando la declaratoria parcial de
inexequibilidad allí consignada.
Por otra parte, el peticionario afirma que la Corte Constitucional mediante su
pronunciamiento retiró del ordenamiento jurídico los elementos constitutivos del
tributo (Tasa de Vigilancia) y por lo tanto, sostiene que con ocasión de la expedición
de la resolución N° 22543 de noviembre de 2015 modificada por la resolución 7725
de marzo de 2016, se le exigió a la compañía el pago de un tributo que a todas luces
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no le es exigible y con ello, se desconoció, entre otros, los principios de equidad,
eficiencia y progresividad (art 363 de la C.N) situación que le da derecho a solicitar la
devolución del pago de lo no debido.
Al respecto es pertinente aclarar que contrario a lo señalado por el peticionario, la
Corte Constitucional solo declaró inconstitucional el hecho de que la cifra a recuperar
vía tasa por parte de la Superintendencia no podía tomarse de manera asimétrica
según el tipo de vigilados (en un caso funcionamiento, en el otro funcionamiento e
inversión). En este sentido expresó:
“se concluye que la inclusión de los gastos de inversión dentro de la base gravable
de los nuevos vigilados genera una sobrecarga adicional para estos frente a los
antiguos, al asociar el tributo no sólo a la recuperación de los gastos en los cuales
incurre la Superintendencia de Puertos y Transporte en la prestación del servicio,
sino a la productividad y desarrollo de la entidad (gastos de inversión). Este trato
diferencial que no tiene sustento alguno en la ley que consagra el tributo ni en los
antecedentes de esta, vulnera el principio de igualdad.”
Es claro entonces que los elementos constitutivos del tributo persisten, pues solo fue
cuestionado ese particular tratamiento diferencial. Para la Corte es legítimo que el
legislador decida cobrar la tasa a todos los vigilados, no sólo los previstos por la Ley
de 1° de 1991, lo que no es legítimo es el hecho de establecer una base a recuperar
más amplia para unos que para otros.
Del pronunciamiento de la Corte y de la decisión adoptada, se concluye que mediante
dicha sentencia no se pretendió excluir del ordenamiento jurídico el tributo cobrado
por la Superintendencia de Puertos y Transporte a los vigilados a quienes se les
amplió el cobro de la Tasa de Vigilancia, pues en desarrollo del principio de
conservación del derecho, se avaló la firmeza de la Tasa de Vigilancia pero se
establecieron criterios para que su cobro pueda realizarse conforme a los principios
de la Carta Política, es decir la sentencia de inconstitucionalidad únicamente vario la
forma de determinar la tarifa sin variar el sujeto ni el hecho generador.
Sobre el principio de conservación del derecho, la Corte ha señalado:
(…)
Como consecuencia de lo anterior, es preciso concluir que la Superintendencia de
Puertos y Transporte ha actuado dentro del marco legal que le rige, pudiendo y
debiendo cobrar a sus vigilados al valor de la tasa de vigilancia que les obliga.
De otro lado, frente al sustento legal del tributo es pertinente poner de presente el
pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, que decide sobre la solicitud de suspensión
provisional que, a través del medio de control de simple nulidad previsto en el artículo
137 del C.P.A.C.A, se promueve contra la Resolución 22543 del 05 de noviembre “Por
la cual se fija la tarifa que por concepto de tasa de vigilancia deben pagar a la
Superintendencia de Puertos y Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia,
inspección y control, para la vigencia fiscal del año 2015 y se adoptan otras
disposiciones” acto que fue proferido por la Superintendencia de Puertos y
Transporte.
Al promover esta solicitud, el actor consideró principalmente que el acto acusado
debía suspenderse toda vez que el artículo 89 de la ley 1450 de 2011 en el que se
funda fue declarado inexequible mediante sentencia C-218 de 2015 y que este acto
era violatorio de los artículos 241 y 243 de la Constitución Política, así como la
manifestación de vulneración del artículo 150 de la norma superior.
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Demandante: LAN Cargo S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
Se identifica el proceso:
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00011-00
Actor: ÁLVARO ANDRÉS DÍAZ PALACIOS
(…)
I. LA SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL
(…)
Frente a la solicitud de suspensión antes transcrita, el Honorable Consejo de Estado
se pronunció haciendo énfasis en las siguientes consideraciones:
“Del análisis en conjunto del acto acusado y los artículos 150 numeral 12, 241 y
243 de la Constitución Política no se desprende a priori la violación de las normas
de carácter superior invocadas como violadas, por las siguientes razones:
El acto acusado no viola en principio lo dispuesto en los artículos 241 y 243 de la
Constitución Política, toda vez que la lectura inicial de la sentencia C-218 de 2015
(M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez) se desprende que la Corte Constitucional
no declaro la inexequibilidad de la totalidad del artículo 89 de la ley 1450 de 2011;
y que el acto acusado se fundó en principio en el aparte declarado exequible por
dicha entidad.
En efecto, el artículo 89 de la ley 1450 de 2011 regulaba (i) la ampliación de los
sujetos pasivos de la tasa de vigilancia establecida en el artículo 27 de la Ley 1°
de 1991, por cuanto pasó de estar a cargo de las sociedades portuarias y los
operadores portuarios, para incluir como sujetos pasivos a todos los sujetos de
vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte; (ii)
incluía dentro de la tarifa para los nuevos sujetos pasivos de la obligación de cubrir
los gastos de inversión de la entidad y (iii) limitaba el monto de cobro de la tasa a
máximo el 0.1% de los ingresos brutos de los vigilados. La norma establecía:
(…)
Con base en lo anterior la Corte Constitucional, decidió declarar la inexequibilidad del
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, respecto de la inclusión dentro de la tarifa para
los nuevos sujetos pasivos de la obligación de cubrir los gastos de inversión de la
entidad; y de la limitación del cobro de la tasa a máximo el 0.1% de los ingresos brutos
de los vigilados: sin embargo, consideró ajustada a la Constitución Política la
ampliación del cobro de la tasa de vigilancia a todos los sujetos vigilados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, toda vez que resultaba inequitativo que
solo ciertas entidades vigiladas por la entidad, cubrieran los gastos que requiere para
su funcionamiento mientras que otras que reciben los mismos servicios, no tenían la
obligación de cubrirlos; y dicha ampliación obedecía a una finalidad legitima como el
mejoramiento del servicio, bajo un criterio de equidad. La Corte sostuvo:
(…)
Finalmente sostiene:
“Asimismo, se observa que la demandada no vulneró lo dispuesto en el artículo
150 numeral 12 de la Constitución Política, al fijar mediante acto administrativo la
tarifa por tasa de vigilancia para la vigencia del 2015, puesto que de la lectura del
artículo 27 de la ley 1 de 1991, se desprende que la misma fue fijada teniendo en
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cuenta los parámetros establecidos en dicha norma, es decir, los ingresos brutos
de las entidades vigiladas y los costos de funcionamiento de la Superintendencia.”
En virtud de lo anterior el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Primera resolvió negar la suspensión provisional de la
resolución 22543 de 2015 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
En consecuencia, los antecedentes legales y jurisprudenciales expuestos con detalle
en precedencia, permiten concluir que la Superintendencia de Puertos y Transporte
ha actuado dentro del marco constitucional y legal al cual se encuentra sometido,
situación determinante para que este acto administrativo se entienda tanto valido
como eficaz, que obliga a la observancia y cumplimiento de todos los sujetos
sometidos a su vigilancia, inspección y control, por tanto, para la entidad resulta
improcedente ordenar la devolución pretendida respecto a la Tasa de Vigilancia 2015
que fue cancelada por LÍNEA AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A LAN CARGO
el día 04 de marzo de 2016, en cumplimiento de lo establecido en la mentada
Resolución N°22543 de noviembre de 20152.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
1.3.1. Como normas infringidas la parte actora señaló los artículos 58, 95 (numeral 9),
150 (numeral 12), 230, 243, 338 y 363 de la Constitución Política. Además, invocó el
artículo 683 del Estatuto Tributario.
1.3.2. Como hechos relevantes expuso que, sin tener en cuenta la inexequibilidad del
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 y el alcance de la sentencia C-218 de 2015 de la Corte
Constitucional, la Superintendencia expidió la Resolución núm. 22543 del 5 de noviembre
de 2015 (modificada por la Resolución núm. 7725 del 1º de marzo de 2016), en la que
fijó la tarifa de la tasa de vigilancia de la vigencia fiscal del año 2015.
Afirmó que, a pesar de no encontrarse obligada, efectuó el pago del tributo que carecía
de fundamento legal, cancelando una suma de doscientos ochenta y ocho millones
cuatrocientos veintiún mil setenta pesos ($288.421.070).
Sostuvo que el 14 de abril de 2016 solicitó la devolución del pago de lo no debido por
concepto de tasa de vigilancia del año 2015 ante la SPT, invocando para ello las
disposiciones fiscales aplicables en materia tributaria. Indicó que el 12 de diciembre de
2016 la entidad demandada le notificó el acto administrativo núm. 20165401221781 del
24 de noviembre del mismo año, mediante el cual consideró que era improcedente la
citada petición.
1.3.3. En el acápite relativo al concepto de violación, adujo que la Superintendencia, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 855 del Estatuto Tributario, se encontraba en la
obligación de dar respuesta a la petición en el término de cincuenta (50) días, situación
que no ocurrió, ya que la decisión fue notificada el 12 de diciembre de 2016, vulnerando
así su derecho al debido proceso.
Manifestó que, en gracia de discusión, si la Superintendencia hubiese considerado que
el trámite adelantado por la demandante no era el correcto o que debía ser evaluado por
una autoridad diferente, de acuerdo con la Ley 1755 de 2015, debía informar tal situación
dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud, lo cual no sucedió.
2 Ibidem.
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1.3.4. Como primer cargo formuló el denominado “[v]iolación del artículo 58, numeral 12
del artículo 150, 243 y 338 de la Constitución Política”. Alegó que al declararse la
inexequibilidad del inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, en lo relativo
a los elementos estructurales de la tasa de vigilancia exigible a los nuevos vigilados, la
disposición se tornó inaplicable por ser contraria a la Constitución Política.
Manifestó que la tasa de vigilancia que abonó se fundamentó en una resolución que
aplicó los apartes establecidos en la norma mencionada, la cual fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional. En consecuencia, al haberse realizado el pago
de una obligación que perdió su causa jurídica, se configuró el pago de lo no debido, lo
que generaba la devolución del monto pagado por el mencionado concepto. Explicó que
se impuso una carga tributaria carente de los requisitos esenciales de la tasa, tales como
el deber de pago, los sujetos pasivos, la base gravable, la destinación y la tarifa máxima.
Resaltó que la tasa de vigilancia correspondiente a la vigencia fiscal del año 2015 no
podía basarse en la Ley 1ª de 1991, ya que, en su criterio, esa norma y, en particular, el
artículo 27 numeral 2, solo era aplicable a las sociedades y operadores portuarios
inicialmente vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
1.3.5. Frente al pago de lo no debido adujo que la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha establecido de manera uniforme que la administración no puede retener el dinero
cuando un contribuyente realiza un pago sin respaldo normativo o cuando la obligación
desaparece del ordenamiento jurídico.
Argumentó que, al no devolver las sumas pagadas sin fundamento legal, la
Superintendencia vulneró la seguridad jurídica y afectó el derecho de propiedad de LAN
Cargo, en contravía del artículo 58 de la Constitución Política. En otras palabras, impuso
un tributo a quienes no tenían la obligación de cancelarlo, lo cual generó la vulneración
de las normas invocadas.
Señaló que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado los fundamentos
jurídicos de los actos administrativos desaparecían cuando: “i) se deroga o modifica la
norma legal que fundó el acto; ii) se declara inexequible la norma que sirve de fundamento
y iii) la declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter general en que se basa
la decisión administrativa de contenido particular o individual.”.
Expuso que el término para solicitar la devolución de los pagos en exceso o de lo no
debido es de cinco (5) años, el mismo de la prescripción de la acción ejecutiva, según lo
previsto en el artículo 2536 del Código Civil.
Sostuvo que al negarse el reembolso se desconocieron los efectos de la sentencia C-218
de 2015, en la cual se dejó claro que la Superintendencia no contaba con la posibilidad
de cobrar la tasa y, por ende, debía devolver las sumas pagadas al contribuyente.
1.3.6. Por otro lado, en cuanto al enriquecimiento sin justa causa, arguyó que se
configuraban los tres (3) requisitos señalados por el Consejo de Estado debido a que: i)
la Superintendencia registró un aumento patrimonial correspondiente a la tasa de
vigilancia de 2015; ii) LAN Cargo con la negativa de devolución soportó un
empobrecimiento como consecuencia del pago de un tributo que carecía de fundamento
legal; y iii) el enriquecimiento que presentó la demandada no tenía sustento, ya que el
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional
mediante la sentencia C-218 de 2015, antes de la expedición de la resolución que exigió
el recaudo de la tasa.
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Demandante: LAN Cargo S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
Manifestó que, era claro que se había incurrido en el pago de lo no debido, puesto que la
demandante no se encontraba en la obligación de cancelar la tasa de vigilancia, toda vez
que había desaparecido del ordenamiento jurídico la fuente que determinaba los
elementos estructurales de la misma, para la vigencia del 2015.
Aseguró que, la Resolución núm. 22543 del 5 de noviembre de 2015, modificada por la
Resolución núm. 7725 de 2016, nació a la vida jurídica sin causa legal válida, debido a
que el tributo creado para los nuevos vigilados, había sido previamente retirado por la
sentencia C-218 de 2015. Por lo tanto, el monto que canceló constituyó un
enriquecimiento sin justa causa a favor del Estado.
1.3.7. También formuló el cargo denominado “[v]iolación de los principios de equidad y
justicia tributaria consagrados en los artículos 95 y 363 de la Carta Política y 683 del
Estatuto Tributario”. Indicó que con el acto acusado se infringió el artículo 683 del Estatuto
Tributario, pues se le exigió al contribuyente más de lo que la ley le exige para que
coadyuve a las cargas públicas de la Nación.
Reiteró que, al negársele la devolución del pago de la tasa de vigilancia del año 2015, se
le estaría exigiendo cancelar un tributo sin sustento legal, lo que implicaba un claro
desconocimiento de los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
1.3.8. Por último, formuló el cargo “[d]esconocimiento del precedente judicial. Violación
de los artículos 230 y 243 de la Constitución Política”. Expuso que la STP desatendió el
precedente judicial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, específicamente
el consignado en la sentencia C-218 de 2015.
Manifestó que, si se llegara a concluir que con la declaratoria de inexequibilidad del
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, se creó un vacío legal, no era procedente entender
que aquel se suplió con el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, porque la Corte no condicionó
la decisión de esa manera, ni tampoco por el hecho de derogarse una norma
automáticamente revive la anterior.
Aseguró que la figura de la reviviscencia de normas derogadas solo aplicaba en
circunstancias taxativas, por lo cual la Corte Constitucional debió analizar y manifestar
expresamente “i) si el vacío normativo es de tal entidad que el orden constitucional se
pueda ver afectado y ii) efectuar una ponderación entre los principios de justicia y
seguridad jurídica”. Indicó que dichos aspectos, no fueron estudiados en la sentencia que
declaró la inexequibilidad de los apartes del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011; por lo
tanto, la Superintendencia no tenía la facultad de dar ese tratamiento a la disposición.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. La SPT respondió el libelo introductorio pidiendo que se negaran las pretensiones,
bajo los siguientes argumentos3:
2.1.1. En primer lugar, indicó que la demanda carecía sustento fáctico y jurídico, pues la
Resolución núm. 22543 del 5 de noviembre de 2015, “Por la cual se fija la tarifa que por
concepto de Tasa de Vigilancia deben pagar a la Superintendencia de Puertos y
Transporte la totalidad de los sujetos de inspección, vigilancia y control, para la vigencia
3 Visible a folios 207 a 215 del Cuaderno del Tribunal.
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fiscal 2015 y se adoptan otras disposiciones”, se encontraba vigente y no había sido
retirada del ordenamiento jurídico. Mencionó que, dicho acto fue modificado por la
Resolución núm. 7725 del 1 de marzo de 2016.
Informó que el sustento del pago de la tasa de vigilancia de la vigencia 2015 era el
numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011,
incluido lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-218 de 2015.
Señaló que, al revisar el pago efectuado por LAN Cargo respecto del mencionado tributo,
observó que el mismo se ajustaba a la tarifa determinada en la Resolución núm. 22543
de 2015. Por lo tanto, la decisión de no devolver los montos cancelados estaba ajustada
a derecho, pues se fundamentó en la normativa vigente y en la decisión judicial de
constitucionalidad correspondiente.
Mencionó que actuó en observancia del principio de buena fe y que el acto impugnado
fue emitido en cumplimiento de los parámetros legales.
2.1.2. En segundo lugar, señaló una serie de hechos relacionados con el desarrollo
jurídico del cobro de la tasa de vigilancia. Posteriormente, reiteró que, con ocasión de los
artículos 27 de la Ley 1ª de 1991 y 89 de la Ley 1450 de 2011, se expidió la Resolución
núm. 22543 de 2015, la cual fijó la tarifa del citado tributo para la vigencia de 2015 en
0.092% de los ingresos brutos reportados por todos los vigilados a la Superintendencia.
Dicho pago debía efectuarse el 25 de noviembre de 2015.
Asimismo, puso en conocimiento que, mediante las Resoluciones números 24444 del 24
de noviembre de 2015, 29737 del 28 de diciembre de 2015 y 5771 del 9 de febrero de
2016, se ampliaron los plazos para el pago de la tasa de vigilancia, quedando como fecha
límite el 18 de febrero de 2016. De igual forma mencionó que, con la Resolución núm.
7725 del 1 de marzo de 2016, se ajustó la tarifa adoptada en el acto administrativo núm.
22543 de 2015, fijándola en 0.067% de los ingresos brutos reportados dentro de la
vigencia que comprendió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
Sobre los cargos propuestos por la parte actora indicó que del análisis de la sentencia C-
218 de 2015 se derivaba que la Corte Constitucional no determinó los efectos de la
decisión, ni declaró inviable, improcedente o ilegal el cobro de la tasa de vigilancia, pues
se refirió a las diferencias en la liquidación del tributo, más no a su existencia; asunto en
el cual se centran los cargos del demandante.
Sostuvo que la Resolución núm. 22543 de 2015 sustentó la liquidación de la tasa para la
vigencia de 2015, en lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 y acató lo
dispuesto en la C-218 de 2015.
Trajo a colación el auto del 31 de mayo de 2016 proferido en la Sección Primera del
Consejo de Estado, con ponencia de la doctora María Claudia Rojas Lasso, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado 2016-00011-00, en el
que se estableció que la C-218 de 2015 no había declarado la inexequibilidad total del
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, sino unos apartes, específicamente los que causaban
una desigualdad entre los vigilados nuevos y los antiguos. Sin embargo, lo relacionado
con la ampliación del cobro de vigilancia a todos los sujetos vigilados sí se encontraba
ajustado a la Constitución.
Manifestó que no usurpó competencias propias del legislador para crear tributos, puesto
que la Resolución núm. 22543 de 2015 tomó como base el artículo 27 de la Ley 1ª de
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1991, para fijar la tarifa de cobro de la tasa y se fundamentó en el artículo 89 de la Ley
1450 de 2011. Resaltó que el Consejo de Estado declaró válido esa norma como
fundamento jurídico, pues negó la suspensión provisional.
III. LA SENTENCIA APELADA
3.1. Mediante sentencia del 21 de mayo de 2021, la Subsección “A” de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de la Resolución
núm. 20165401221781 del 24 de noviembre de 2016 y, a título de restablecimiento,
ordenó la devolución a favor de la sociedad LAN Cargo de la suma de doscientos ochenta
y ocho millones cuatrocientos veintiún mil setenta pesos ($288.421.070),
correspondientes al valor indebidamente pagado por el concepto de tasa de vigilancia
para la vigencia de 2015, más los intereses corrientes liquidados desde la fecha de
presentación de la solicitud de devolución.
La parte resolutiva es del siguiente tenor:
PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. 20165401221781 del 24 de
noviembre de 2016, mediante la cual la Superintendencia de Puertos y Transporte
considera improcedente la devolución de lo pagado por LAN CARGO por concepto
de la Tasa de Vigilancia del año 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. En consecuencia, de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENESE la devolución a favor de la sociedad LÍNEA AEREA CARGUERA DE
COLOMBIA S.A. – LAN CARGO S.A., la suma de $288.421.070 M/cte.,
correspondiente al valor indebidamente pagado por concepto de Tasa de Vigilancia
para la vigencia 2015, más los intereses corrientes liquidados desde la fecha de
presentación de la solicitud de devolución hasta la fecha de ejecutoria de la presente
providencia.
TERCERO. Sin condena en costas.
Lo anterior, bajo las siguientes razones:
3.1.1. De forma inicial, procedió a exponer un recuento normativo de la tasa de vigilancia.
Luego, se pronunció respecto de los efectos de la sentencia C-218 de 2015, providencia
que declaró inexequible la expresión “y/o inversión” que se encontraba en el inciso 1° del
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 y la totalidad del inciso 2° de esa disposición, al
considerar que la norma efectuaba una diferencia injustificada entre los antiguos
vigilados, esto es, las sociedades y operadores portuarios y los nuevos vigilados, que
eran todos aquellos que prestaban el servicio de transporte terrestre, férreo y aéreo,
respecto de los elementos de la base gravable y el método de aplicación para fijar las
tasas.
Enseguida señaló que la Resolución núm. 22543 de 2015 fijó la tarifa por concepto de
tasa de vigilancia que debían pagar la totalidad de los sujetos vigilados, inspeccionados
y controlados por la vigencia del 2015 a favor de la SPT, teniendo como fundamento el
artículo 27, numeral 27.2 de la Ley 1ª de 1991 y el artículo 89 de la Ley 1450 de 2014.
Sin embargo, fue modificada por la Resolución núm. 7725 de 2016, la cual ajustó el costo
del citado tributo en 0.067%.
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Adujo que la Superintendencia usó como sustento para exigir y recaudar la tasa de
vigilancia el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, el cual era inaplicable con posterioridad
a la expedición del fallo C-218 de 2015, debido a que, de acuerdo con los efectos en el
tiempo de las sentencias de inconstitucionalidad, estas por regla general aplican hacia el
futuro, tal como lo prevé el artículo 45 de la Ley 270 de 1996.
Expuso que las Resoluciones números 22543 de 2015 y 7725 de 2016 fueron emitidas
con posterioridad a la sentencia C-218 de 2015, por lo que no podían sustentar la
obligación tributaria para el año 2015 en una norma que ya había desaparecido del
ordenamiento jurídico, pues ello implicaba desconocer los efectos de la decisión de
inconstitucionalidad. Sostuvo que la tarifa, la base gravable y los elementos esenciales
de la tasa de vigilancia para el 2015 desacataron el citado fallo, porque se fundamentaron
en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, disposición que, para noviembre de 2015, ya
no producía efectos jurídicos.
Concluyó el primer punto considerando que el acto acusado sí había desconocido el
precedente constitucional, debido a que negó la devolución de los dineros que fueron
cancelados en virtud de una norma que fue declarada inexequible, esto es, el artículo 89
de la Ley 1450 de 2011.
3.1.2. Como segundo punto, estudió lo relacionado con el pago de lo no debido y el
enriquecimiento sin justa causa. Para ello trajo a colación el artículo 2313 del Código Civil
y 850 del Estatuto Tributario.
Frente al caso en concreto, informó que el 4 de marzo de 2016 LAN Cargo efectuó el
pago por concepto de tasa de vigilancia de 2015 por el valor de doscientos ochenta y
ocho millones cuatrocientos veintiún mil setenta pesos ($288.421.070).
Aseguró que la obligación tributaria fue liquidada con base en la Resolución núm. 22543
de 2015, modificada por la Resolución núm. 7725 de 2016, las cuales reprodujeron el
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, que fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional, es decir, que se configuró un pago de lo no debido, toda vez que se realizó
una erogación pecuniaria a favor del fisco sin que existiera causa legal para ello.
Afirmó que era clara la existencia de un enriquecimiento sin justa causa, pues la
Superintendencia incrementó su patrimonio como consecuencia del recaudo de un tributo
cuya tarifa y base gravable fueron declaradas inconstitucionales. Por lo tanto, la
demandada se encontraba en la obligación de devolver al contribuyente las sumas
canceladas por el concepto de tasa de vigilancia 2015.
3.1.3. Además, se pronunció sobre la oportunidad para solicitar la devolución del pago
de lo no debido, indicó que la empresa contaba con cinco (5) años para presentar la
petición, contados desde la fecha en que efectuó la cancelación de los dineros. Mencionó
que LAN Cargo radicó el escrito el 14 de abril de 2016, lo que demostró que se encontraba
en tiempo.
3.1.4. Finalmente, al advertir que la parte actora no demostró que hubiese incurrido en
costas procesales, decidió que no condenaría por este concepto a la parte vencida.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
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La SPT interpuso oportunamente recurso de apelación contra de la sentencia del 21 de
mayo de 20214. Los fundamentos se sintetizan así:
4.1. Presentó un relato de la demanda, la contestación y el fallo de primera instancia.
Mencionó que el Tribunal resolvió declarar la nulidad del acto acusado usando como
fundamento que el Legislador, al expedir la Ley 1450 de 2011, creó un tributo diferente
al previsto en la Ley 1ª de 1991.
También indicó que el a quo comprendió que con la declaratoria de inconstitucionalidad
de la expresión “y/o inversión” y del inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450 de
2011, la base gravable y la tarifa de la tasa de vigilancia quedaban por fuera del
ordenamiento jurídico y, por ende, la Superintendencia quedaba sin sustento legal para
cobrar el tributo para la vigencia del 2015.
Afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció el precedente
establecido en la sentencia C-218 de 2015, pues, si bien la Corte Constitucional consideró
que el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 introducía un nuevo tributo, pues establecía
una carga diferenciada entre los viejos y nuevos sujetos vigilados, estando estos últimos
obligados a financiar los gastos de funcionamiento y de inversión de la Superintendencia,
cuando los antiguos solo debían cancelar el primer aspecto. Lo cierto fue que la varias
veces citada providencia dejó en firme la ampliación de los sujetos pasivos de la tasa de
vigilancia prevista en el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991.
Resaltó que en ningún momento el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 creó dos (2) tributos
y tampoco la norma que quedó redactada después del pronunciamiento de la Corte
Constitucional lo consagró de ese modo, puesto que la única tasa de vigilancia existente
es la establecida en el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, que fue extendida en cuanto a su
ámbito de aplicación a todos los vigilados de la Superintendencia.
4.2. Por otro lado, efectuó un análisis de los argumentos expuestos en la sentencia C-
218 de 2015, concluyendo que la Corte Constitucional suprimió del ordenamiento jurídico
dos (2) aspectos: i) la inclusión dentro de los criterios de determinación de la obligación
tributaria para los nuevos vigilados, los gastos de inversión de la entidad y ii) el límite al
monto de cobro de la tasa máxima el cero coma cero un por ciento (0.01 %) de los
ingresos brutos del sujeto pasivo.
Comentó que, si bien se podía entender de dicha providencia que la Ley 1ª de 1991 y la
Ley 1450 de 2011 regulaban tributos diferentes, lo cierto es que la Corte Constitucional
habilitó el cobro de una sola tasa de vigilancia a todos los sujetos pasivos distintos de
las sociedades y operadores portuarios, la cual se encontraba desde el inicio prevista en
el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991.
4.3. Adujo que, contrario a lo dicho por el Tribunal, la Resolución núm. 22543 de 2015,
modificada por la 7725 de 2016, se fundamentó en el artículo 36 de la Ley 1753 de 2015,
esto es, se hizo exclusivamente para hacer referencia al parágrafo 5 de dicha norma, la
cual regulaba lo relacionado con la personería jurídica de la SPT, ya que para la época
el Ministerio de Transporte era el encargado de liquidar el tributo.
4.4. Por último, formuló el argumento de “los efectos económicos de la decisión de
devolución de la tasa de vigilancia de 2015”. Dijo que con la decisión de devolución de
la tasa de vigilancia de 2015 se pondría en grave riesgo financiero a la Superintendencia.
4 Ibidem.
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Informó que con la Resolución núm. 7725 de 2016 se redujo la tarifa de dicho tributo, con
el fin de financiar solamente los gastos de funcionamiento de la entidad, por lo que la
suma que se pretendía recaudar era de veintitrés mil quinientos noventa y siete millones
setecientos cincuenta mil novecientos veintiún pesos ($23.597.750.921). Expuso que,
para el 11 de julio de 2018, había recibido veintitrés mil ciento catorce millones
novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos ($23.114.944.542),
de los cuales dos mil ciento dieciocho millones ochocientos sesenta mil ochenta y tres
pesos ($2.118.860.083) correspondían a los pagos efectuados por los antiguos vigilados.
V. TRÁMITE DE LA APELACIÓN
Mediante auto del 9 de junio de 2022 se admitió el recurso de apelación y se prescindió
del traslado para alegar de conclusión, en virtud de lo previsto en el numera 5° del artículo
247 de la Ley 1437 de 2011, el cual fue modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
2021.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el
asunto sub lite, previas las siguientes.
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA y en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024),
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto.
8.2. Hechos probados
8.2.1. El 22 de abril de 2015, la Corte Constitucional profirió la sentencia C-218, por
medio de la cual declaró la inexequibilidad: i) de la expresión “y/o inversión” del inciso
primero del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011; y ii) del inciso segundo del artículo ibidem.
8.2.2. El 5 de noviembre de 2015, la Superintendencia expidió la Resolución núm. 22543,
“Por la cual se fija la tarifa que por concepto de tasa de vigilancia deben pagar a la
Superintendencia de Puertos y Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia,
inspección y control para la vigencia fiscal del año 2015 y se adoptan otras
disposiciones.”, la cual fue modificada por el acto administrativo núm. 7725 del 1 de marzo
de 2016.
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8.2.3. El 4 de marzo de 2016, LAN Cargo efectuó el pago de la tasa de vigilancia del año
2015, por un valor de doscientos ochenta y ocho millones cuatrocientos veintiún mil
setenta pesos ($288.421.070).
8.2.4. Mediante memorial del 14 de abril de 2016, la demandante le solicitó a la SPT la
devolución del pago de lo no debido, en relación con el monto cancelado por el citado
tributo.
8.2.5. El 24 de noviembre de 2016, la Superintendencia dio respuesta a través del acto
demandado en el proceso de la referencia, mediante el cual consideró improcedente la
mencionada petición.
8.2.6. En contra de dicho acto la parte actora instauró el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por medio de sentencia del 21 de mayo de 2021, la
Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la nulidad del acto acusado y, a título de restablecimiento, ordenó la devolución
de la suma señalada, pagada por LAN Cargo por concepto de la tasa de vigilancia del
año 2015, más los intereses corrientes liquidados desde la fecha de presentación de la
solicitud de reembolso hasta la fecha de ejecutoria del fallo.
8.2.7. Inconforme con esa decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.
8.2.8. Con sentencia de 26 de septiembre de 2024, proferida en el proceso con radicado
número 11001 03 26 000 2015 00176 00, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la nulidad de la Resolución núm. 22543 del 5 de noviembre de 2015, expedida
por la Superintendencia de Puertos y Transporte, por encontrar que la entidad no contaba
con la competencia para definir la tasa de vigilancia que correspondía pagar a los sujetos
sometidos a inspección, vigilancia y control, para la vigencia fiscal del año 2015, en razón
a que la potestad recaía en la Comisión de Regulación de Transporte del Ministerio de
Transporte.
8.3. Análisis de la Sala
8.3.1. La Sala deberá determinar si es nulo, por haber desaparecido su fundamento
jurídico, el acto de contenido particular y concreto por medio del cual la entidad
demandada negó a la parte actora la devolución del pago de lo no debido respecto de la
suma que canceló a título de tasa de vigilancia para la vigencia fiscal del año 2015, si con
posterioridad a su expedición se anuló el acto de carácter general que establecía la tarifa
que por concepto de dicho tributo debían pagar los sujetos sometidos a vigilancia,
inspección y control a la Superintendencia de Puertos y Transporte para la mencionada
vigencia fiscal.
De acuerdo con la anterior respuesta, la Sala decidirá si es nulo el acto demandado o, de
lo contrario, se pronunciará sobre los cargos formulados contra la sentencia de primera
instancia.
8.3.2. Conforme lo ha reiterado la jurisprudencia de esta corporación, la sentencia que
declara la nulidad de un acto administrativo de carácter general surte, por regla general,
efectos ex tunc, esto es, “desde el origen” o “desde siempre”5.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
de 27 de abril de 2017. Radicado: 11001-03-25-000-2013-01087-00 (2512-2013). C.P.: Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
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8.3.3. En ese orden, la sentencia anulatoria tiene alcance retroactivo, pues las
situaciones se retrotraen al estado anterior a la expedición del acto. Por ende, el acto
anulado se considera inválido desde su nacimiento y por lo mismo se predica su
inexistencia6.
La misma jurisprudencia ha reconocido que “frente a las situaciones jurídicas
consolidadas la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter general no
tiene incidencia alguna”7. Bajo ese criterio, se ha precisado que “los efectos de los fallos
de nulidad de los actos de carácter general son inmediatos frente a las situaciones
jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son susceptibles de
debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, toda vez que cuando se define la situación jurídica particular y concreta,
la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta inaplicable porque
fue anulada”8.
La referida tesis ha sido explicada por esta Sección, entre otras, a través de la sentencia
de 18 de septiembre de 20149, en la que señaló lo siguiente:
Respecto de los efectos de las sentencias el Consejo de Estado10 ha considerado:
“Respecto a los efectos de las sentencias de nulidad proferidas por la jurisdicción
contencioso administrativa, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta corporación
al precisar que éstos son “ex tunc”, es decir, que producen efectos desde el
momento en que se profirió el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse
al estado en que se encontraban, antes de la expedición del acto.
Igualmente se ha señalado que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto
de carácter general afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas, esto
es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de
debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción contencioso
administrativa”.
Los efectos de la sentencia de nulidad de los actos que violan las normas sustanciales
que regulan la materia son ex tunc, es decir que se daría desde su nacimiento,
retrotrayendo la situación jurídica a la anterior a la expedición del acto anulado,
debiéndose tener como si éste no hubiera existido, pero dejando a salvo de ese efecto
retroactivo las situaciones consolidadas; situación que no se podría predicar del
6 Al respecto resulta pertinente el análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado en torno a los efectos
de los fallos que declaran la nulidad de actos administrativos, efectuado en la sentencia de 23 de mayo de
2017, radicado: 11001-03-28-000-2016-00025-00(IJ) ACUMULADO 11001-03-28-000-2016-00024-00,
C.P.: Lucy Jeannette Bemúdez Bermúdez.
7 Ibidem.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 8 de febrero de
2018, radicado:15001-23-33-000-2013-00744-01 (21803), CP. Milton Chaves García. Esta tesis ha sido
reiterada por la Sección Cuarta de esta corporación. Al respecto ver entre otras, las sentencias del 23 de
julio de 2009, Exp. 16404, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 11 de marzo de 2010, Exp. 17617,
CP. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 16 de junio de 2011, Exp. 17922, CP. William Giraldo Giraldo;
del 3 de julio de 2013, Exp. 19017, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 26 de febrero de 2014, Exp.
19684, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia y 26 de agosto de 2021, Exp.: 24834, CP.: Stella Jeannette
Carvajal Basto.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de
septiembre de 2014. Radicado: 52001-23-31-000-2005-01421-01. Actor: William Rivas Zorrilla. C.P.: María
Claudia Rojas Lasso.
10 Nota original de la providencia en cita: “Sentencia de 5 de mayo de 2003, expediente 11001-03-27-000-
2001-0243-01(12248), Consejera Ponente María Inés Ortiz Barbosa”.
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tercero interesado en el resultado de este proceso, ya que se trata de un bien de uso
público, no susceptible de enajenación (objeto ilícito). El efecto de la sentencia de
nulidad retrotrae las cosas al estado anterior y posibilita al juez, cuando se encuentra
involucrado un interés general, para hacer las declaraciones necesarias, en este caso,
para cancelar cualquier afectación sobre un bien de uso público. Los perjuicios de los
que habla el recurrente ya sea a la Nación o a los particulares será motivo de otro tipo
de proceso.
En el mismo sentido, en la sentencia de 23 de octubre de 202511 esta Sección explicó:
Conforme a la postura jurisprudencial que se reseña: i) por regla general los efectos
de los fallos de nulidad de los actos generales son “ex tunc”, es decir, hacia el pasado,
con respecto de las situaciones jurídicas consolidadas; ii) la declaratoria de nulidad
no puede revivir términos precluidos para intentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuando se da la afectación de derechos particulares; y
iii) la nulidad del acto administrativo general no implica que automáticamente opere el
decaimiento o sobrevenga la nulidad de los actos administrativos particulares frente
a los cuales no existió oposición, dado que los mismos conservan su presunción de
legalidad aunque hayan desaparecido los fundamentos jurídicos que los soportaban.
Ahora bien, una situación jurídica no consolidada es aquella que ha sido objeto de
discusión dentro de la oportunidad legal ante la administración o ante la jurisdicción y
que, al encontrarse pendiente de resolución, no ha alcanzado aún firmeza o
estabilidad jurídica.
Así las cosas, las situaciones jurídicas consolidadas son aquellas que ocurrieron o se
generaron y no fueron recurridas o demandadas por la parte interesada dentro de la
oportunidad legal y que, por tanto, al consolidarse no pueden ser afectadas por la
declaratoria de nulidad de un acto general.
(…)
La Sala reitera que las situaciones jurídicas consolidadas son aquellas que ocurrieron
o se generaron y no fueron recurridas o demandadas por la parte interesada dentro
de la oportunidad legal y que, por tanto, al consolidarse no pueden ser afectadas por
la declaratoria de nulidad de un acto general. Para el caso sub examine, la Resolución
2129 de 28 de diciembre de 1995 ya se encontraba consolidada al momento en que
se declaró la nulidad de la figura de las cesiones a título gratuito en el Acuerdo 6 de
1990, por medio de la sentencia de 3 de agosto de 2000, confirmada por esta
Corporación en sentencia de 30 de agosto de 2001. En este orden, no había sido
objeto de debate ante esta jurisdicción y, por ende, no se presentan los efectos “ex
tunc”.
A lo anterior se añade que, a la luz de la jurisprudencia antes citada, la nulidad del
acto administrativo general no implica que automáticamente opere el decaimiento o
sobrevenga la nulidad de los actos administrativos particulares frente a los cuales no
existió oposición, dado que los mismos conservan su presunción de legalidad aunque
hayan desaparecido los fundamentos jurídicos que los soportaban, tal como sucede
en el caso en concreto, en el que frente a la licencia de urbanismo contenida en la
Resolución 2129 de 1995, nunca se presentó oposición alguna, ni fue controvertida,
por lo tanto preserva la presunción de legalidad.
11 Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación número: 25000-23-24-000-2008-00399-
02.
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De acuerdo con el anterior recuento jurisprudencial, la Sala precisa que cuando se anula
a través de sentencia un acto administrativo general, que a su vez es fundamento de un
acto administrativo particular, si este último no se ha ejecutado no será posible ejecutarlo.
Ahora bien, si el acto administrativo particular del supuesto analizado ya fue ejecutado,
pueden configurarse diferentes escenarios que conllevan consecuencias jurídicas
específicas. Sobre estas circunstancias en anterior oportunidad12 la Sección consideró:
Un primer escenario tiene lugar cuando el efecto de la ejecución del acto particular se
extiende en el tiempo. Así, si se trata del decomiso de una mercancía, como
consecuencia del decaimiento del acto que ordenó su decomiso la administración
tendrá el deber de devolverla, aunque no haya trámite administrativo o judicial. Con
todo, en este escenario, si la mercancía ha desaparecido o se ha deteriorado, no
habrá obligación de devolver, o la obligación lo será en el estado en que se encuentre.
El segundo escenario ocurre cuando los efectos de la ejecución del acto
administrativo particular no se extienden en el tiempo porque, por ejemplo, imponen
una obligación de pagar una multa y el implicado la paga y no reclama. En ese evento
se entiende consolidada la situación jurídica y aquel no tendrá derecho a reclamar lo
pagado como consecuencia del decaimiento del acto.
No obstante, si el implicado formuló reclamación en sede administrativa y judicial, esto
último en tiempo y en debida forma de manera que no se encuentre configurada una
excepción que dé lugar a la terminación del proceso, el decaimiento del acto particular
porque desaparecieron sus fundamentos de derecho dará lugar a que se le reconozca
la entrega de la mercancía, en el estado en que se encuentre y a que tenga derecho
a la devolución de las sumas que se hayan pagado, con la debida indexación y el
interés legal que corresponde al 6%. Lo que exceda de estos montos se pagarán
únicamente si han sido pedidos en la correspondiente demanda y resultan
acreditados dentro del proceso.
8.3.4. Ahora bien, resultando claro que el acto demandado se fundamentó en la
Resolución núm. 22543 de 2015, “Por la cual se fija la tarifa que por concepto de tasa de
vigilancia deben pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte la totalidad de los
sujetos de vigilancia, inspección y control para la vigencia fiscal del año 2015 y se adoptan
otras disposiciones.”, es pertinente tener en cuenta que ese acto de carácter general fue
declarado nulo por esta Sección mediante sentencia del 26 de septiembre de 202413, la
cual expuso lo siguiente:
7.3.2. Como se puede apreciar, de la lectura de las disposiciones antes referidas es
claro que, para el momento en que se expidió el acto objeto del presente proceso, la
competencia para fijar el valor de la tasa de vigilancia la ostentaba el Ministerio de
Transporte por conducto de la CRTR, y la potestad de administración y control del
sistema de cobro de tal tarifa le correspondía a la Superintendencia.
Resulta evidente que el artículo 2º del Decreto 2741 de 2001, que modificó
parcialmente el artículo 30 del Decreto 101 de 2000, arrogó la comentada capacidad
a una de las oficinas que integran el Ministerio de Transporte, la CRTR, y debido a
ello debe entenderse que la cartera ministerial ya mencionada era la entidad
competente para fijar la tarifa que por concepto de tasa de vigilancia debían pagar a
12 Sentencia del 1° de agosto de 2024. Radicación: 13001-23-31-000-2009-00427-02. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.
13 Radicación núm.: 11001 03 26 000 2015 00176 00. Actor: Terminal Especializado de Contenedores de
Buenaventura S.A.S. Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y Superintendencia de Puertos y
Transporte. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
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la Superintendencia los sujetos sometidos a inspección, vigilancia y control, durante
la vigencia fiscal del año 2015.
7.3.3. Al mismo tiempo, la Sala advierte que, aunque con la emisión de la Resolución
núm. 22543 de 2015 (noviembre 5), la Superintendencia se ocupó de fijar el tributo
en cuestión argumentando que el artículo 36 de la Ley 1753 de 2015 (junio 9) la
encargó de fijar la tarifa de la tasa de vigilancia que se encontraba prevista en el
numeral 2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, ampliada por el artículo 89 de la Ley
1450 de 2011 y, además, le dotó de personería en pro de darle la facultad para expedir
el acto administrativo correspondiente, la potestad no cubría la posibilidad de
determinar el tributo para el mismo periodo, esto es, para la vigencia fiscal del año
2015, ya que, al tratarse de un tributo que se causa de forma anual, su exigibilidad
solo ocurría a partir del año gravable siguiente, en aplicación del principio de
irretroactividad de las leyes tributarias previsto en los artículos 338 y 363 de la
Constitución Política.
Por lo anterior, no había lugar para que la Superintendencia aplicara de forma
retroactiva la Ley 1753 de 2015, pues ello conllevaba, sin lugar a duda, a que se
atribuyera una facultad que no le estaba dada y, además, que vulnerara las normas
constitucionales ya mencionadas.
En ese orden, la Sala concluye que, si bien el Congreso de la República, con la
expedición de la Ley 1753 de 2015, sustituyó la tasa de vigilancia por una contribución
especial de vigilancia, estableciendo el método para la determinación de la base
gravable y la forma de fijar las tarifas aplicables, lo cierto es que dicha disposición
resultaba aplicable solo a partir del año 2016, por lo cual la competencia de la
Superintendencia se activaba para la siguiente vigencia fiscal.
Tal como lo ha señalado esta Corporación en las decisiones citadas previamente, los
efectos de una sentencia que declara la nulidad se aplican de forma inmediata cuando
se trata de situaciones jurídicas que aún no se han consolidado o finalizado. Esto significa
que, cuando se profiere una sentencia para resolver un caso específico, debe tenerse en
cuenta que “la disposición que originalmente era aplicable al caso deja de surtir efectos
porque ha sido anulada por una decisión judicial”. Por lo tanto, al haber sido anulada la
resolución fundamento del acto acusado, aquella ya no puede ser utilizada como
fundamento para decidir sobre situaciones que están en trámite o que aún no han
quedado plenamente definidas al momento de dictarse la sentencia.
El entendimiento expuesto reitera la sentencia de 15 de mayo de 2025, expediente núm.
08001 23 31 000 2012 00361 0114, en la cual la Sección consideró que los efectos del
fallo que declara la nulidad del acto general que sirvió de fundamento al acto particular
demandado son inmediatos al no estar consolidada la situación debatida:
66. En el sub examine, la declaratoria de nulidad del artículo 14 del Decreto 3366 de
2003, norma que sirvió de fundamento para adoptar la sanción impuesta en contra de
la sociedad actora, tiene efectos inmediatos en este caso frente a la situación que
aquí se debate, toda vez que esta no se encontraba consolidada o definida pues está
siendo controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
67. Así las cosas, se concluye que los actos demandados son nulos, teniendo en
cuenta que el efecto de la sentencia que declaró la nulidad del artículo 14 del Decreto
3366 de 2003 y que sirvió de fundamento para adoptar la decisión sancionatoria por
14Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Demandante: Transportes Monterrey Ltda.
Demandada: Área Metropolitana de Barranquilla.
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parte del Área Metropolitana de Barranquilla es inmediato, por tratarse de una
situación jurídica no consolidada.
68. Conforme se indicó anteriormente, y según lo ha reiterado la jurisprudencia, las
situaciones jurídicas no consolidadas son aquellas que son susceptibles de ser
discutidas en la instancia administrativa o ante la jurisdicción contenciosa.
8.3.5. En el asunto sometido a consideración, la Sala observa que el acto acusado, por
medio del cual la Superintendencia negó la devolución de la suma pagada por concepto
de la tasa de vigilancia para la vigencia fiscal 2015, soportó su decisión sobre una
premisa: la validez y obligatoriedad de la Resolución núm. 22543 de 2015, acto de
carácter general que fijó la tarifa exigible del referido tributo para la vigencia fiscal
señalada y que, en criterio de la entidad, dotaba de sustento suficiente el cobro y hacía
improcedente el reembolso solicitado.
No obstante, como quedó visto, esa resolución general fue declarada nula por esta
Sección mediante sentencia de 26 de septiembre de 2024. De esta manera, el
fundamento normativo que justificaba el pago, tal como fue entendido por la
administración al resolver la petición de devolución, desapareció del ordenamiento
jurídico con los efectos propios de la sentencia anulatoria.
En ese contexto, la Sala debe determinar si la situación jurídica discutida en este proceso
se encontraba consolidada o no. Al respecto, se advierte que la parte actora controvirtió
oportunamente la actuación administrativa y trasladó el debate al escenario judicial dentro
de la oportunidad legal.
En efecto, se encuentra acreditado que: (i) el pago de la tasa se realizó el 4 de marzo de
2016; (ii) la sociedad solicitó su devolución el 14 de abril de 2016; (iii) la administración
decidió la petición de devolución el 24 de noviembre de 2016; y (iv) contra dicha decisión
la parte actora promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
discusión que no se encuentra concluida, pues la sentencia de primera instancia fue
objeto de apelación por la entidad demandada. En esas condiciones, puede afirmarse
que la situación jurídica no se encuentra consolidada, pues se trata de aquellas que son
susceptibles de ser discutidas en la instancia administrativa o ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Bajo tal entendimiento, la Sala considera que la sentencia anulatoria de la Resolución
núm. 22543 de 2015 incide de manera directa en la legalidad del acto demandado en el
trámite de la referencia, en tanto este último se fundamentó en la existencia y vigencia
de aquella tarifa para concluir que el pago era exigible y que, por ende, no había lugar a
devolución.
En otras palabras, el acto acusado fue emitido en consideración a un presupuesto
normativo que hoy se sabe inexistente, por haber sido retirado del ordenamiento jurídico
mediante decisión judicial con efectos retroactivos.
De lo anterior se colige la nulidad del acto cuestionado, motivo que conlleva el
restablecimiento del derecho en los términos reconocidos en la sentencia de primera
instancia, dado que la parte actora acreditó el pago de la suma reclamada.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 21 de mayo de 2021, proferida por
la Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
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8.3.6. Condena en costas
La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni
probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en
concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del
artículo 306 de la mencionada ley.
8.3.7. Otros pronunciamientos
Mediante memorial que obra en el índice 19 de SAMAI, Leonardo Galeano Bautista
presentó renuncia al poder que le confirió la Superintendencia para la representación en
el proceso judicial de la referencia. Así las cosas, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 76 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que el abogado adjuntó
la comunicación dirigida al poderdante, según consta en el expediente digital, se tiene
por debidamente presentada la renuncia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de mayo de 2021, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: ACEPTAR la renuncia de poder presentada por el abogado Leonardo
Galeano Bautista, de conformidad con las consideraciones expuestas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 5 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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