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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00399-02

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00399-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de marzo de 2017, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 60 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00399-02 Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. proferida por la Sección Primera – Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2008-00399-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 25000-23-24-000-2008-00399-02
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

Tesis: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LAS SITUACIONES
JURÍDICAS CONSOLIDADAS SON AQUELLAS QUE OCURRIERON O
SE GENERARON Y NO FUERON RECURRIDAS POR LA PARTE
INTERESADA DENTRO DE LA OPORTUNIDAD LEGAL, POR LO QUE NO
PUEDEN SER AFECTADAS POR LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE
UN ACTO GENERAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la

parte demandante contra la sentencia de 30 de marzo de 2017,

proferida por la Sección Primera -Subsección “A”- del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, que denegó las súplicas de la

demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1- La sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A., en

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo CCA,

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00399-02
Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

mediante apoderado, presentó demanda contra el INSTITUTO DE

DESARROLLO URBANO - IDU, en la que formuló las siguientes

pretensiones:

1°. Que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido

en el oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006,

expedido por el IDU, mediante el cual no accedió a la solicitud de la

sociedad actora de iniciar los trámites tendientes a la compra de

terreno correspondiente a la afectación del plan vial de la

urbanización “Icata lote 6, indicando que, el proceso de enajenación

voluntaria sobre la zona de reserva vial solo podrá iniciarse, una vez

se cuente con los recursos y la decisión administrativa de acometer

la obra en cuestión.

2º. Que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido

en el oficio IDU – 030778 DTDP – 8000 de 18 de mayo de 2007,

mediante el cual el IDU resolvió el recurso de reposición interpuesto

contra el oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de

2006.

3°. Que se declare la nulidad total de la Resolución 1234 de 24 de

abril de 2008, mediante la cual el IDU resolvió el recurso de apelación

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Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

interpuesto contra el oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de

diciembre de 2006.

4° Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU iniciar el proceso de

enajenación voluntaria de la zona de reserva vial con matrícula

inmobiliaria núm. 50N-20561998, conforme a lo establecido para los

efectos en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997.

5° Que se condene a la entidad demandada a las costas y agencias

en derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 171 y

172 del CCA.

I.2- Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, la actora, adujo

los siguientes hechos:

Que la sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A., adquirió el

predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria núm. 50N –

423571 de la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Norte a la

Central Cooperativa de Crédito y Desarrollo Social Ltda., -

Coopdesarrollo -, mediante compraventa elevada a escritura pública

11088 de 20 de diciembre de 1990 otorgada por la Notaria Quinta

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Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

del Círculo de Bogotá, registrada con anotación núm. 9 del citado

folio de matrícula inmobiliaria.

Agregó que a través de la Resolución 2129 de 28 de diciembre de

1995, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital 1

concedió licencia de urbanismo a la sociedad INVERSIONES

GÓMEZ MORENO S.A., para el desarrollo urbanístico del predio

anteriormente identificado, denominado “Icatá Lote 6”; y mediante

esta misma resolución se adoptó el plano U.355/4 – 00.

Que la norma que fundamentó la anterior licencia fue el Acuerdo

Distrital 6 de 1990, expedido por el Concejo del Distrito Especial de

Bogotá; y que en sus artículos 418 y 419 se estableció una cesión

obligatoria, a título gratuito, al Distrito para la ejecución del plan vial

arterial.2

1
Hoy Secretaría Distrital de Planeación

2
“Artículo 418º.- Origen de las áreas para la conformación del sistema vial arterial. Todo predio
ubicado parcial o totalmente sobre una zona de reserva vial del plan vial arterial deberá segregar esta
zona del resto del terreno para transferirla a la entidad encargada de la ejecución de la vía. Si se trata
de un terreno urbanizable de conformidad con el presente Acuerdo, deberá ceder a título gratuito una
proporción del área a ceder, tal como se indica más adelante, como requisito para la obtención de
licencia de urbanización. (…)”

“Artículo 419º.- Proporción del área de cesión obligatoria para la conformación del sistema vial
arterial. En las normas específicas que se adopten como requisito para tramitar las áreas, se
determinará: 1º La proporción del área de los predios que deba ser entregada como cesión obligatoria
a título gratuito para la ejecución del plan vial arterial en aquellos predios en los que se hayan previsto
zonas de reserva vial para dicho plan, proporción que será la siguiente en los distintos tratamientos: a.
Tratamiento de desarrollo: El 7% del área bruta del terreno. b. Tratamiento de incorporación: Entre el
4% y el 12% del área bruta del terreno, de manera que los márgenes más bajos sitúen en los sectores

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Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

Adujo que en el artículo 5° de la Resolución 2129 de 28 de diciembre

de 1995, que concedió la licencia de urbanismo a la sociedad

demandante, se establecieron las áreas de cesión al Distrito así:

“1. DE LAS AREAS DE CESIÓN AL DISTRITO CAPITAL TOTALES DE LA
URBANIZACIÓN

1.1 CESIÓN VIAS PLAN VIAL 3.270.133 M2
1.2 CESIÓN TIPO A 13% 587.477 M2
1.3 CONTROL AMBIENTAL VALIDO
COMO CTA 4% 180.762 M2
1.4. TOTAL CESIONES TIPO A 768.240 M2
1.5 CESIÓN TIPO ADICIONAL 38.972 M2
1.6 CONTROL AMBIENTAL ADICIONAL 1.605.352 M2
1.7 CESIÓN VÍAS LOCALES 73.275 M2
1.8. TOTAL CESIONES AL DISTRITO 5.755.971 M2”.

Indicó que el numeral 1.1 arriba trascrito, está compuesto por: a) las

zonas que el Acuerdo 6 de 1990 ordenaba ceder gratuitamente para

la conformación del sistema vial arterial, consistentes en el 7% del

área bruta, que corresponde a 545.243 m2 y b) áreas negociables

con el IDU, consistentes en 2.724.890 m2.

Que, en sentencia de 3 de agosto del 2000, el Tribunal Administrativo

de Cundinamarca declaró nulo parte del Acuerdo 6 de 1990, norma

que constituyó el fundamento para la expedición de la licencia 2129

de 1995 para la urbanización “Icatá Lote 6”. Específicamente, se

de las áreas suburbanas dentro de los cuales el interés público sea el de contribuir a disminuir los costos
de urbanización. c. Tratamiento especial de preservación del sistema orográfico: Entre el 10% y el 15%
del área bruta del terreno, teniendo en cuenta la variación de los costos de urbanización dadas las
características diversas de la topografía. Cuando se trate de zonas de rehabilitación de canteras la
proporción podrá disminuir hasta un 5%. (…)”.

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Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

anularon las disposiciones que se referían a las cesiones gratuitas

para la conformación del sistema vial arterial.

Que el 4 de diciembre de 2006, la sociedad INVERSIONES GÓMEZ

MORENO S.A. dirigió petición al IDU para que iniciara los trámites

tendientes a la compra de terreno correspondiente a los

3.270.133M2, de afectación del plan vial de la urbanización “Icata

lote 6”, solicitud radicada bajo el núm. 098963; mediante oficio IDU

– 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006, contestó:

“(…) el predio denominado CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA
LOTE 6 (antes topacio plano U.355/4-00), se encuentra
localizado en área de influencia vial para la futura ampliación
de la Avenida La Sirena, obra que se encuentra para ser
desarrollada en la Fase II (2009-2011)(…) Teniendo en cuenta
lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) solo (sic)
podrá iniciar el proceso de enajenación voluntaria sobre la
zona de reserva vial para la ejecución del proyecto en
mención, una vez cuente con los recursos y la decisión
administrativa de acometer dicha obra (…).”

Anotó que contra el anterior oficio la sociedad INVERSIONES

GÓMEZ MORENO S.A. interpuso recurso de reposición y, en

subsidio, de apelación solicitando que a través de acto administrativo

se ordene la iniciación de la compra del terreno correspondiente a la

afectación del plan vial de la urbanización “Icata Lote 6”, alegando

que la Avenida La Sirena, tal como lo reconoce el IDU, es una vía

arterial y, por tanto, le corresponde al Estado la compra inmediata

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de los predios necesarios para la ejecución de la obra. Que dicho

recurso fue resuelto por la directora técnica de Predios del IDU con

oficio IDU – 030778 – DTDP – 8000 de 18 de mayo de 2007, en el

que inexplicablemente se dijo todo lo contrario a la anterior

respuesta:

[…] “para mayor claridad y mejor ilustración de recurrente ,
hemos de insistir que revisada la documentación aportada por
el recurrente, y en desarrollo de las averiguaciones efectuadas
por la Dirección Técnica de Predios, se pudo constatar que la
zona de terreno a que se contrae la reclamación materia de
estudio, no corresponde a una zona de afectación vial
establecida por el IDU que deba ser objeto de negociación por
esta entidad, sino a una “cesión de vías del plan vial” de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la resolución No.
2129 del 29 de diciembre de 1995, en una extensión de
3270.133 M2, así como lo estipulado cartográficamente en el
plano U 355/4-00 del mismo año” […]”.

Sostuvo que mediante la Resolución 1234 de 24 de abril de 2008 la

directora general del IDU resolvió el recurso de apelación interpuesto

por la sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. en contra del

oficio IDU-092021 DTDP-8000 de 14 de diciembre de 2006,

confirmándolo en todas sus partes.

[…] “La jurisprudencia antes transcrita y las normas que
sirvieron de sustento para la expedición de la Licencia de
Urbanismo para la urbanización “Conjunto Residencial Icata
Lote 6”, cuyos linderos están establecidos en el plano
topográfico U – 355/1-00, son suficientes para establecer que
la zona que el recurrente solicita sea comprada por el Instituto
de Desarrollo Urbano IDU, coincide con la Zona obligatoria de
cesión que se aprobó en dicho acto administrativo, como
Cesión de vías Plan Vial, en un área de tres mil doscientos

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setenta ciento treinta tres (sic) metros cuadrados
(3.270.133M2) y que constituyen bienes de uso público, que
no pueden por lo tanto ser vendidos al distrito ya que están
bajo el dominio de la Nación” […].

Por último, afirmó que en la anterior resolución se citó jurisprudencia

de esta Corporación en la que se aludía a las cesiones gratuitas del

7%, normatividad ya anulada por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca para la época en la que finalmente se agotó la vía

gubernativa; y que, además, la sociedad INVERSIONES GÓMEZ

MORENO S.A. ejecutó la porción de vía arterial cuando ello era

obligación del Estado, específicamente del IDU, por lo que ha tenido

que soportar una carga que no le correspondía.

I.3- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La sociedad demandante consideró que los actos acusados fueron

expedidos con falsa motivación, con desconocimiento del derecho de

audiencia y defensa y con infracción de las normas en que debían

fundarse, por las razones que seguidamente se explican:

I.3.1 Falsa Motivación

Manifestó que los actos administrativos cuestionados se

fundamentan en normas inexistentes cuando señalan que debe

hacerse una cesión gratuita para el plan vía arterial, habida cuenta

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que las disposiciones distritales que ordenaban dicha cesión fueron

declaradas nulas por sentencia del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, declaración que cobija la licencia de urbanismo

otorgada al “Lote Icata 6” y confirmada por la Sección Primera del

Consejo de estado en sentencia de 30 de agosto de 2001, al

considerarse que una cesión gratuita de esta naturaleza comporta

una abusiva expropiación sin indemnización.

Indicó que causa curiosidad el planteamiento del IDU,

específicamente el contenido en los actos que resolvieron los

recursos de reposición y apelación; que el acto administrativo que

concedió la licencia de urbanismo estableció que el área de

reclamación era objeto de una cesión obligatoria, por lo que la

sociedad GOMEZ MORENO debía cumplir con el compromiso de

transferir a título gratuito el lote; y que ello obedeció a que la licencia

se otorgó durante la vigencia del Acuerdo 6 de 1990 y cuando los

apartes de los artículos que permitían la cesión gratuita no habían

sido declarados nulos por la jurisdicción de lo contencioso

administrativo.

Argumentó que el IDU, para sustentar la Resolución 1234 de 24 de

abril de 2008, citó las sentencias de 25 de febrero de 1985

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(Expediente núm. 4730) 3 y la de 30 de septiembre de 1999

(Expediente núm. 5554) 4 , proferidas por la Sección Primera del

Consejo de Estado, fechas en las que se encontraba vigente el

Acuerdo Distrital 7 de 1979, que también ordenaba la cesión de un

7% para vías arterias, norma que fue derogada por el Acuerdo 6 de

1990 y, posteriormente, declarada nula en las partes que trataban la

cesión gratuita, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y

que tales fechas son importantes dado que la jurisprudencia que se

citó se fundamentó en normas que fueron declaradas nulas

posteriormente.

Manifestó que las sentencias de nulidad tienen efectos retroactivos

desde el momento en que se expidió el acto anulado, como en efecto

lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que,

en el año 2001, con la declaratoria de nulidad de las expresiones que

hacían referencia a la gratuidad de las cesiones destinadas al plan

vial arterial, desaparecieron los fundamentos jurídicos de la licencia

de Urbanismo contenidos en la Resolución núm. 2129 de 1995, efecto

que, repite, se extiende hasta el momento en que se expidió el acto,

3
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de
febrero de 1985. Radicación: 4730. MP. Samuel Buitrago Hurtado.

4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de
septiembre de 1999. Radicación: 5554. MP. Olga Inés Navarrete Barrero.

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es decir 1990, en lo relativo a las cesiones gratuitas.

Indicó que la anterior consecuencia la establece el numeral 2 del

artículo 66 del CCA, la cual es la pérdida de la fuerza ejecutoria del

acto administrativo por cuanto sus fundamentos de derecho dejaron

de existir, específicamente los relacionados con la gratuidad de la

cesión.

En este punto, manifestó que se presenta el fenómeno del

decaimiento del acto administrativo y debe darse aplicación al mismo

cuando se controvierte la validez de los actos que se expidieron con

fundamento en el acto que perdió fuerza ejecutoria; y que no

impugna en este caso la licencia, sino los actos del IDU que señalan

la obligación de ceder las áreas afectadas por el plan vial arterial

gratuitamente, que tienen como motivación la licencia de urbanismo

que así lo establecía, dado que tales órdenes de la licencia perdieron

fuerza ejecutoria por los efectos retroactivos del fallo de nulidad

anteriormente citado.

Adujo que transcurridos más de cinco años desde la expedición de la

Resolución 2129 de 1995, la administración no realizó los actos

tendientes a la ejecución de la cesión de las áreas destinadas a las

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vías del plan arterial, por lo que se activó la consecuencia del artículo

66 del CCA5.

Agregó que la cesión gratuita de las áreas afectadas al plan vial

arterial no se encontraba consolidada al momento de emitirse el fallo

de nulidad; y que se podría afirmar lo contrario si se hubiera realizado

el acto de cesión antes del 2001, caso en el cual los efectos de la

sentencia de nulidad no podrían cobijar la situación en comento.

Finalmente, señaló que el fundamento del IDU para afirmar que

procedía la cesión gratuita era lo dispuesto en la Resolución 2129 de

1995, licencia que se otorgó bajo la vigencia del Acuerdo 6 de 1990

que establecía una cesión gratuita del 7% del área bruta urbanizable,

disposiciones que fueron declaradas nulas; y que la nulidad tiene

efectos retroactivos al nacimiento del acto, por tanto, sobre las

disposiciones de la Resolución de 2129 de 1995 que establecían la

cesión gratuita, opera el fenómeno del decaimiento del acto

administrativo.

5
ARTÍCULO 66. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989. Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos
por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes
casos:
1. Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan su vigencia.

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En relación con los actos que resolvieron los recursos en vía

gubernativa, manifestó que el IDU desconoció lo dispuesto en el

oficio inicialmente impugnado, lo que resultó en una revocatoria

ilegal; y que el IDU hizo un reconocimiento expreso al señalar que

las áreas objeto de disputa se encuentran en área de influencia vial,

por lo que, eventualmente, se debía proceder a un proceso de

enajenación voluntaria; que en primer lugar afirmó que podían ser

objeto de negociación y luego que debían ser cedidas gratuitamente,

aseveración que reiteró en la Resolución 1234 de 24 de abril de 2008

en la que resolvió el recurso de apelación. En este orden, la

motivación de los actos cambió, con los gravosos efectos que ello

significa para el debido proceso y el derecho de defensa.

En conclusión, señaló que el actuar del IDU no deja conclusión

distinta a un total desconocimiento de las mínimas formalidades que

se esperan en un acto administrativo y bajo el ropaje de resolución

de recursos en vía gubernativa se escondió una revocatoria ilegal de

un acto administrativo de carácter particular y concreto, que

reconocía implícitamente que el trámite a seguir era un proceso de

enajenación, por lo que la revocatoria del mismo requería el

consentimiento de la parte actora.

I.3.2 Desconocimiento del derecho audiencia y defensa

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Indicó que este cargó se materializa en la imposibilidad de formular

el recurso de reposición de manera idónea, por cuanto ilegalmente

se revocó la decisión inicial de definir la adquisición de los predios

una vez existiera presupuesto para ello y la falta de oportunidad de

comparecer a un proceso judicial iniciado mediante una acción de

lesividad.

I.3.3 Infracción de las normas en las que se debe fundar el
acto

Argumentó que la obligación de adquirir las zonas de afectación al

plan vial arterial está en cabeza del IDU, conforme al conducto

regular establecido en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997.

Señaló que el IDU, en los actos que resolvieron los recursos de la

vía gubernativa, mencionó reiteradamente que el acto mediante el

cual se otorgó la licencia de urbanismo6 se encuentra en firme, goza

de presunción de legalidad y frente al mismo no cabe recurso, ni

acción judicial alguna por expiración de los términos, de tal manera

que lo que se espera del IDU es que dé cumplimiento a lo dispuesto

en la licencia de urbanismo y proceda a negociar los 2.724.890 m2

6
Resolución 2129 de 1995

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que hacen parte de las vías del plan vial.

Precisó que, según el artículo 172 del Decreto 190 de 22 de junio de

2004 7 , son claras las competencias que le corresponden al

urbanizador de construir y ceder las vías de la malla vial intermedia

y local; y por parte del IDU, construir las vías de la malla vial arterial

principal y complementaria; y que la Avenida La Sirena es una vía

que hace parte de la malla vía arterial, por lo que le corresponde al

IDU su construcción, para lo cual necesariamente debe adquirir las

áreas objeto de debate.

Añadió que el procedimiento de enajenación voluntaria al que se

debe sujetar el IDU está dispuesto en el capítulo 3° de la Ley 9ª de

1989, modificado sustancialmente por la Ley 388 de 1997; y que en

los artículos 58 y subsiguientes se establecen las principales

condiciones que debe reunir el procedimiento de enajenación

7
Artículo 172. Competencias en la ejecución del Sistema Vial (artículo 153 del Decreto 619 de 2000).
La malla arterial principal y la malla arterial complementaria serán programadas, desarrolladas
técnicamente y construidas por la Administración Distrital de acuerdo a las prioridades establecidas en
el presente capítulo, y en coherencia con las operaciones estructurantes y programas fijados por el Plan
de Ordenamiento Territorial. Para ello deberá adquirir las zonas de reserva correspondientes.
La ejecución de la malla vial intermedia y local en terrenos en proceso de urbanización deberán ser
construidas y cedidas gratuitamente al Distrito por parte del urbanizador responsable, y deberá
ajustarse a las determinaciones técnicas establecidas para la misma en el presente capítulo y/o a los
condicionamientos fijados por los respectivos planes parciales. La interventoría de este tipo de obra
estará a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
En sectores urbanos desarrollados la construcción de las vías de la malla vial intermedia y local podrá
ser adelantada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Parágrafo. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) elaborará el proyecto y construirá las vías de la malla
arterial principal y de la malla arterial complementaria con base en el trazado y determinaciones
técnicas y urbanísticas suministradas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital
(DAPD).

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voluntaria.

Señaló que el IDU cuenta con mecanismos legítimos para adquirir

las zonas de afectación vial: la enajenación voluntaria, como lo

manifestó en el primer acto impugnado; y en caso de no lograr un

acuerdo con la sociedad Gómez Moreno, el proceso de expropiación

dispuesto en los artículos 451 y subsiguientes del Código de

Procedimiento Civil.

Por último, adujo que en la zona objeto de debate la vía ya había

sido ejecutada por el urbanizador, cuando era obligación del Estado,

específicamente del IDU; y que la zona cuyo proceso de enajenación

se solicita es de dominio público y se hace imperioso el trámite de

enajenación al Estado.

I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU -, por conducto

de apoderado, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de

ésta, en los siguientes términos:

Sostuvo que la respuesta y el contenido de la información

suministrada por el IDU en el oficio IDU-092021 de 14 de diciembre

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de 2006 bajo ningún aspecto crea, modifica o extingue una relación

jurídica con la sociedad Inversiones Gómez Moreno S.A.

Respecto de la falsa motivación alegada, anotó que esta se configura

cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que contiene

el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho y quien impugna

el acto administrativo debe probar idóneamente la misma; y que el

IDU se basó en unas normas específicas en las que se hace

referencia a que el Conjunto Residencial Icata 6, se encuentra en un

área de influencia vial y en donde de igual manera se expresa en

forma genérica y no particular que el proceso de enajenación

voluntaria sobre la zona de reserva vial solo iniciará cuando se cuente

con los recursos y la decisión administrativa de acometer la obra de

ampliación de la Avenida La Sirena, por lo que con esta simple

afirmación no está creando, modificando o extinguiendo algún tipo

de derecho.

Sostuvo que, respecto a la revocatoria directa del acto administrativo

que aduce la parte actora, se encuentra ante la misma imposibilidad

para estudiar la legalidad o ilegalidad de un presunto acto

administrativo, porque el IDU de manera alguna revocó una decisión

suya que hubiere tenido la suficiencia jurídica para transformar el

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mundo jurídico de la sociedad demandante; y que al no existir acto

jurídico es imposible su revocatoria.

Argumentó que en la presunta violación de derecho de audiencia y

defensa resulta paradójico puesto que partiendo de una simple y

llana información suministrada por el IDU la parte actora abrió la

puerta para iniciar una vía gubernativa al impugnar la información

suministrada por la entidad demandada mediante los recursos de

reposición y apelación, los cuales fueron resueltos, por lo que este

cargo resulta inconducente.

Posteriormente, señaló que no corresponde al IDU la compra

inmediata de los predios necesarios para la ejecución de la obra

Avenida La Sirena, porque, según el Acuerdo 180 de 2005 8 del

Concejo de Bogotá, el plan de obras para los estudios, diseños y

construcción de dicha avenida se encuentra ubicada en el grupo 2 y

4 de ejecución que se debe empezar a ejecutar a partir del año 2009.

Por consiguiente, para la construcción de las obras, el IDU en primer

lugar, deberá efectuar el estudio de los bienes inmuebles que se

requieran para la ejecución de aquellas; requerir a los propietarios la

8
Por el cual se autoriza el cobro de una Contribución de Valorización por Beneficio Local para la
construcción de un Plan de obras.

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documentación sobre el estado jurídico de cada predio para definir el

tratamiento que se le dará a cada uno de los bienes inmuebles y

concretar la viabilidad y procedencia para hacer una oferta de

compra; en segundo lugar, contar con los recursos necesarios para

adquirirlos; y, en tercer lugar, dar inicio al trámite de la enajenación

voluntaria o a la expropiación por vía judicial.

Afirmó que no existe obligación del IDU para iniciar un proceso de

enajenación voluntaria, por cuanto la zona objeto de la demanda no

corresponde a una afectación vial, sino a una cesión de vías del plan

vial; y que la Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre de 1995 es

un acto administrativo que a la fecha se encuentra en firme y goza

de la presunción de legalidad, el cual ya no puede ser controvertido

por recursos ni acciones judiciales.

Indicó que, de conformidad con el artículo 21 del Decreto 323 de

19929, cuando un terreno esté afectado por una o más vías de la

malla vial arterial, esta será considerada como una vía local y el

urbanizador está en la obligación de construir y ceder la vía, por lo

cual, cuando se determine si la futura Avenida La Sirena, así como la

9
Por el cual se reglamentan las zonas viales de uso público en lo referente a las áreas para el sistema
vial general y para el transporte masivo, la red vial local de las urbanizaciones y el equipamiento vial

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Carrera 9°, serán parte del plan vial arterial del Distrito Capital y los

predios de “Icata 6” estén necesariamente ligados y con uso conexo

de estas arterias, deberá darse plena y total aplicación al referido

artículo.

Manifestó que la parte actora ha omitido el cumplimiento de las

obligaciones emanadas de la Resolución núm. 2129 del 28 de

diciembre de 1995, en cuanto a la entrega de esa zona de terreno al

Distrito Capital, puesto que no aporta pruebas que así lo demuestren,

por lo que la parte accionante no puede alegar su propia culpa y

trasladarla al IDU; y que, adicionalmente, los beneficios económicos

que obtuvo el urbanizador en la venta del proyecto tienen su génesis

en la licencia de urbanismo y en ella se incluye la llamada zona de

cesión, por lo cual no reconocer esa cesión por parte del urbanizador

implica generar para su peculio un beneficio patrimonial sin causa

aparente.

Finalmente, anotó que a la parte actora le correspondía

obligatoriamente entregar las zonas de cesión al Distrito una vez

ejecutara las obras dentro del término de 24 meses, contados a partir

de la ejecutoria de la Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre de

1995; y que el urbanizador debía entregar las zonas de cesión vial a

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más tardar en diciembre de 1999, fecha para la cual el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca no se había pronunciado sobre la

declaratoria de legalidad de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de

1990, especialmente la expresión “a título gratuito”.

De lo expuesto concluye que se trata de una obligación consolidada

a cargo de la actora, que comporta la entrega material de la zona

dentro del término perentorio establecido en la citada resolución.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO10

Para negar las pretensiones de la demanda, el Tribunal razonó, así:

Inició estudiando el cargo de falsa motivación, sustentado por la

actora aduciendo que los actos administrativos impugnados

ignoraron la declaratoria de nulidad de los artículos 418 y 419 del

Acuerdo 6 de 1990. Al respecto, el Tribunal argumenta que la fuerza

de ejecutoria de un acto administrativo es la capacidad de que goza

la administración para hacer cumplir por sí misma sus propios actos;

que tal cumplimiento no depende de la intervención de autoridad

distinta a la de la misma administración: y que la pérdida de fuerza

10
Expediente digital, índice 29: Ver archivo núm. 8. Página 442.

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ejecutoria hace relación a la imposibilidad de efectuar los actos

propios de la Administración para cumplir lo ordenado por ella,

cuando ha dejado pasar el término señalado en la norma sin haber

realizado la actuación correspondiente.

En relación con los efectos de las sentencias de nulidad proferidas

por la jurisdicción contenciosa administrativa, señaló que, como lo

ha sostenido el Consejo de Estado en reiterada Jurisprudencia 11 ,

estos efectos son “ex tunc”, es decir, que producen efectos desde el

momento en que se profirió el acto anulado, por lo que las cosas

deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de la

expedición del acto. Igualmente, se ha señalado que la sentencia de

nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, como el

Acuerdo 6 de 1990, afecta las situaciones que no se encuentren

consolidadas, es decir, que al momento de producirse el fallo se

debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades

administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso

administrativo.

Sostuvo que de las pruebas recaudadas se concluye que la

11
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 3 de agosto de 2016. Exp. 2010-
00689 21616 MP. Martha Teresa Briceño de Valencia

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Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre de 1995, es el acto

administrativo que le creó a la demandante la obligación de efectuar

la cesión gratuita por virtud del Acuerdo 6 de 1990 y no el oficio núm.

IDU-092021 DTDP-8000 ni las resoluciones núms. IDU-030778

DTDP-800 y 1234 de 2008 que resolvieron los recursos, como lo

alega la actora.

Agregó que la Resolución 2129 de 28 de diciembre de 1995, para el

momento en que se declaró la nulidad de la figura de las cesiones a

título gratuito dispuesta en el Acuerdo 6 de 1990, ya se encontraba

consolidada; que sólo hasta el 4 de diciembre de 2006 la sociedad

actora presentó ante el IDU un derecho de petición solicitando la

compra del terreno, y el fallo de segunda instancia fue proferido por

el Consejo de Estado el 30 de agosto de 2001, por lo que fue después

de cinco años que se iniciaron las reclamaciones a la entidad, pero

no para buscar los efectos del fallo de nulidad sino para hacer una

petición de enajenación del terreno.

Que, en ese orden de ideas, era claro que en este caso no se

presentaban los efectos “ex tunc” de la sentencia de nulidad de los

artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990, por lo que la Resolución

2129 de 28 de diciembre de 1995 goza de legalidad y la obligación

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en cabeza de la actora subsiste.

Con relación al cargo de desconocimiento del derecho de audiencia y

defensa, por la modificación irregular del IDU a su acto inicial, lo que

habría vulnerado el derecho a impugnar la decisión en debida forma,

el Tribunal aseveró que de la lectura de los actos demandados no se

encuentra que se haya efectuado una revocatoria dado que mediante

dicha actuación se aclaró a la recurrente que la definición de una

zona de terreno como área de influencia para una obra de plan vial

arterial, no significa que deba ser adquirida por la entidad a cargo de

la ejecución de dichas obras, en el sentido que la administración debe

implementar toda una serie de operaciones administrativas que

eventualmente culminan con una decisión administrativa de

acometer la obra, tal como lo señaló el IDU en el oficio IDU-092021

DTDP-8000, y así ha de entenderse, que sólo luego de un proceso

técnico se podría ejecutar dicha obra.

Reiteró que la demandada de manera clara informó a la sociedad

actora, que el caso no corresponde a una zona de afectación vial

establecida por el IDU que deba ser objeto de negociación, sino que

constituye una zona de cesión de vías del plan vial, dado que por

virtud de la Resolución 2129 de 28 de diciembre de 1995, así quedó

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establecido, sin que dicho acto hubiera sido objeto de

pronunciamiento por autoridad alguna, por lo cual goza de plena

validez y en gracia de ello, el predio está afectado a la zona de cesión

de vías del plan vial.

Señaló que no encuentra soportado que con la Resolución núm. 1234

de 24 de abril de 2008 se haya vulnerado el derecho de defensa bajo

el mismo argumento según el cual el IDU hizo una revocatoria

directa de su propio acto, dado que se le informó a la recurrente que

las normas que sirvieron de sustento para la expedición de la Licencia

de Urbanismo del Conjunto Residencial “Icata Lote 6”, coinciden con

la zona obligatoria de cesión que se aprobó en dicho acto

administrativo; y que las zonas de cesión obligatoria constituyen

bienes de uso público por lo que no pueden ser vendidas al Distrito,

salvo el caso de presentarse una diferencia entre el área que pueda

requerir el IDU, posteriormente, para la ejecución de una obra en el

Distrito, caso en el cual estaría en la obligación de comprarla.

Por último, en relación con el cargo de la infracción de las normas en

que debe fundarse el acto, el a quo, tal como se estableció en los

cargos anteriores, señaló que la zona de terreno sobre el predio de

propiedad de la demandante se encuentra afectada por la cesión de

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vías del plan vial dispuesto en la Resolución 2129 de 28 de diciembre

de 1995, por lo que no le es aplicable el procedimiento establecido

en la Ley 9ª de 1989 y en la Ley 388 de 1997 para los procesos de

enajenación voluntaria o expropiación.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN12

En memorial visible a folio 1008 del cuaderno núm. 2, la sociedad

INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. solicitó revocar el fallo de

primera instancia y, en su lugar, proferir decisión que acceda a las

pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Estimó que el a quo yerra al considerar que en el presente caso la

licencia de urbanismo contenida en la Resolución núm. 2129 de 28

de diciembre de 1995 crea una situación consolidada que escapa a

los efectos de la nulidad de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de

1990, dado que la tradición de las áreas de cesión nunca se

perfeccionó.

Argumentó que el objeto de la presente controversia no recae sobre

la validez de los contenidos de la referida licencia, sino respecto de

12
Expediente digital, índice 29: Ver archivo núm. 8. Página 483.

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los actos administrativos en los que se determinó el carácter gratuito

de la tradición de las zonas de cesión para el plan vial arterial, en

desconocimiento de la sentencia de 3 de agosto de 2000, proferida

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y confirmada por

esta Sección en sentencia de 30 de agosto de 2001.

Indicó que la discusión versa sobre la titularidad del derecho de

dominio de un inmueble y la obligación de una entidad pública de

adquirirlo, de tal suerte que la consolidación de la situación jurídica

debe estudiarse respecto de estos aspectos, es decir, sobre quien

está consolidada la propiedad del inmueble. Además, argumenta que

no es a través de la Resolución 2129 de 28 de diciembre de 1995 que

se consolida la tradición de dichas porciones de terreno y el efecto

del anterior acto administrativo fue simplemente delimitar las zonas

a ceder.

Anotó que en el presente caso no se realizó la tradición en los

términos del artículo 756 del Código Civil, toda vez que la licencia de

urbanismo no constituye un título traslaticio de dominio, dado que

en ella sólo se delimitan las zonas de cesión y que la conclusión a la

que debe llegarse es que al no estar ante unas zonas de cesión sobre

las que, efectivamente, se haya constituido una tradición del derecho

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de dominio, no puede considerarse esta como una situación

consolidada con la licencia de urbanismo, por lo que le son aplicables

los efectos “ex tunc” de la declaratoria de nulidad de los artículos 418

y 419 del Acuerdo 6 de 1990, razón por la cual no se trata de zonas

que deban ser transferidas a título gratuito.

Adujo que el Tribunal hizo caso omiso a la pérdida de fuerza

ejecutoria de la licencia contenida en la Resolución 2129 de 1995,

dado que partiendo de lo establecido en el artículo 66 de CCA, en el

presente caso se configuran dos de las causales de pérdida de fuerza

ejecutoria de la licencia de urbanismo. Por un lado, la entidad

demandada no realizó los actos tendientes a la ejecución de la cesión

de las áreas destinadas al plan arterial de vías, dentro de los 5 años

siguientes a la fecha en que quedó en firme en diciembre de 1995;

y, por el otro, el Tribunal inobservó que la licencia de urbanismo

perdió su fuerza ejecutoria, toda vez que a la fecha en que se

emitieron los actos administrativos demandados, esta no se

encontraba vigente como lo permite evidenciar el artículo 3° de la

Resolución 2129 de 199513.

13
Artículo 3° El término de la vigencia de la presente Licencia de Urbanismo para el predio “CONJUNTO
RESIDENCIAL ICATA LOTE 6” será de veinticuatro meses (24), contados a partir de la ejecutoria de la
presente Resolución, plazo por el cual deberán ejecutarse las obras y serán prorrogables en los términos
establecidos en el Decreto 600/93 y 389/94.

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Por último, allega a esta instancia judicial un hecho sobreviniente,

consistente en la expedición de la Resolución núm. 7359 de 2016 por

parte del IDU, con la cual determinó la adquisición de una zona de

terreno e hizo una oferta de compra sobre la zona en conflicto y la

Resolución núm. 010046 de 2016, “por la cual se ordena una

expropiación por vía administrativa”; e indicó que durante el año

2016 el IDU realizó el proceso de expropiación de una porción del

terreno correspondiente a las zonas de cesión delimitadas en la

licencia de urbanismo contenida en la Resolución 2129 de 1995, lo

que constituye una manifestación inequívoca de que la entidad

considera que dichas zonas deben someterse a los procedimientos

dispuestos por las leyes 9° de 1989 y 338 de 1997, es decir, la

enajenación voluntaria o expropiación administrativa.

Sostuvo que el IDU allegó el avalúo comercial núm. 2016-0326 en

el que estableció que el valor comercial del área objeto del trámite

expropiado era de $283.447.015; que la tradición del predio no ha

sido inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de

Bogotá; y que a la fecha simplemente reposa la anotación referente

a la oferta realizada a través de la resolución núm. 7359 de 2016;

por lo tanto, debe considerarse que la situación no está consolidada,

toda vez que la entidad estima necesario realizar el procedimiento de

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compra del inmueble y aun no se ha realizado su tradición.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1..- La parte actora14 manifestó que el a quo erró al considerar

que la licencia de urbanismo, contenida en la Resolución núm. 2129

de 28 de diciembre de 1995, crea una situación consolidada que

escapa de los efectos de la nulidad de los artículos 418 y 419 del

Acuerdo núm. 6 de 1990, toda vez que en el presente caso “la

discusión versa sobre la titularidad del derecho de dominio de un

inmueble y la obligación de una entidad pública de adquirirlo, de tal

suerte que la consolidación de la situación jurídica debe estudiarse

respecto de estos aspectos, es decir, sobre quien está consolidada la

propiedad del inmueble”.

Sostuvo que la referida resolución no consolidó la tradición del

terreno, simplemente delimitó las zonas a ceder y pese a que se

otorgó la escritura pública núm. 4069 de 4 de julio de 2007, en la

que se desenglobaron las áreas correspondientes a las zonas de

cesión, lo cierto es que con dicho documento tampoco de perfeccionó

la tradición pues para ello se requiere de la ejecución de las áreas, la

14
Expediente digital, índice 29: Ver archivo núm. 5. Página 39.

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aceptación de la entidad encargada de su recibo, la escrituración de

las mismas y su correspondiente registro ante instrumentos públicos.

Adujo que la conclusión a la que debió llegar el Tribunal es que al no

estar ante unas zonas de cesión sobre las que se haya constituido

una tradición del derecho de dominio, esta no puede considerarse

como una situación consolidada, por lo que le son aplicables los

efectos ex tunc de la declaración de nulidad de los artículos 418 y

419 del Acuerdo núm. 6 de 1990, ordenada en la sentencia de 30 de

agosto de 2001, proferida por el Consejo de Estado.

Señaló que el Tribunal también se equivocó al hacer caso omiso a la

pérdida de fuerza ejecutoria de la licencia de urbanismo, contenida

en la Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre de 1995, pues la

entidad demandada no ejecutó la cesión de las áreas destinadas al

Plan Arterial de Vías dentro de los 5 años siguientes a la firmeza del

referido acto y, además, a la fecha de expedición de los actos

administrativos demandados la licencia no se encontraba vigente,

por lo que se está ante las causales 2 y 3 del artículo 66 del CCA.

Finalmente, afirmó que tampoco se estudió el hecho sobreviviente

consistente en que el IDU compró una porción del terreno que

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corresponde a la mencionada cesión, a través del procedimiento de

expropiación administrativa, lo que constituía una manifestación

inequívoca de que la entidad no considera que estas zonas deban ser

entregadas a título gratuito.

IV.2.- Por su parte, la entidad demandada15 reiteró que a la parte

actora le correspondía obligatoriamente entregar zonas de cesión al

Distrito Capital, una vez ejecutara las obras dentro de los 24 meses

siguientes contados a partir de la ejecutoria de la Resolución 2129

de 1995, esto es, diciembre de 1999, fecha para la cual el Tribunal

no se había pronunciado sobre la declaratoria de nulidad de los

artículos 418 y 419 del Acuerdo núm. 6 de 1990.

Estimó que la parte actora no demostró el cumplimiento de las

obligaciones referidas, por lo que se deben desestimar los

argumentos del recurso de apelación y confirmarse integralmente el

fallo apelado, pues además no se desvirtuó la presunción de legalidad

de los actos administrativos controvertidos.

IV.3.- El Ministerio Público, en esta etapa procesal, guardó silencio.

15
Expediente digital, índice 29: Ver archivo núm. 5. Página 51.

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1 Los actos administrativos demandados

A continuación, se trascriben apartes determinantes de los actos

demandados así:

• Oficio IDU - 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de

2006, expedido por el IDU

[…] “En atención a la comunicación citada en la referencia nos
permitimos informarle que una vez consultado el Sistema
Integrado de Información Catastral (SIIC) del Departamento
Administrativo de Catastro Distrital (DACD), el Mapa Digital de
esta Entidad, el artículo 70 del Decreto 190 de 2004 y el
Acuerdo 180 de 2005 se establece que el predio denominado
CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA LOTE 6 (antes topacio plano
U.355/4-00), se encuentra localizado en área de influencia vial
para la futura ampliación de la Avenida La Sirena, obra que se
encuentra para ser desarrollada en la Fase II (2009-2011)

Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto de Desarrollo
Urbano (I.D.U) solo podrá iniciar el proceso de enajenación
voluntaria sobre la zona de reserva vial para la ejecución del
proyecto en mención, una vez cuente con los recursos y la
decisión administrativa de acometer dicha obra.” […].

• Oficio IDU – 030778 DTDP – 8000 de 18 de mayo de 2007,
mediante el cual el IDU resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra el oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14
de diciembre de 2006.

“[…]
CONSIDERACIONES PREVIAS A RESOLVER:

La definición de una zona de terreno como área de influencia

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para una obra del plan vial arterial no significa que esta deba
ser adquirida por la entidad a cargo de la ejecución de dichas
obras a instancias y en los términos que exija el reclamante de
turno, pues para el efecto, la administración deberá
implementar toda una serie de operaciones administrativas
que eventualmente culminan con la decisión administrativa
de acometer la obra, todas ellas tendientes a establecer la real
situación predial y urbanística del inmueble cuya adquisición se
pretende. Sobre el particular conviene referir lo que en tal
sentido tiene dispuesto el POT (Decreto 190 de 2004),
previniendo por anticipado al recurrente que las peticiones no
siempre se responden acogiendo las exigencias que se
planteen:

Artículo 455. Adquisición de inmuebles por entidades
públicas del orden Distrital (artículo 491 del Decreto 619 de
2000).

El Distrito Capital es competente para adquirir por enajenación
voluntaria o mediante el procedimiento de expropiación los
inmuebles que requiera para el cumplimiento de los fines
previstos en el artículo 58 de la ley 388 de 1.997 y demás
disposiciones que contengan motivos de utilidad pública.
También son competentes para adquirir inmuebles en el
Distrito Capital, los establecimientos públicos distritales, las
empresas industriales y comerciales del Distrito y las
sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores,
cuando vayan a desarrollar alguna o algunas de las actividades
previstas en las normas referidas.

Artículo 456. Objeto Específico de la Adquisición (artículo
492 del Decreto 619 de 2000).

El objeto específico para la adquisición de uno o más inmuebles
por parte de una entidad competente, lo constituye la obra, el
programa, el proyecto o la actuación que la entidad se propone
ejecutar en desarrollo del artículo 58 de la ley 388 de 1.997,
sin necesidad de que exista un acto jurídico específico que así
lo declare.

Habiéndose identificado plenamente el objeto específico
de la adquisición, la entidad competente expedirá el acto
administrativo mediante el cual ordene adelantar todos los
estudios de tipo social, técnico, jurídico y económico que
habrán de fundamentar posteriormente los procedimientos de
la adquisición necesarios para el cumplimiento de dicho objeto.

Por ello, es necesario puntualizar que, por un lado, la

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administración no tiene expresamente dispuesta la iniciación
de las obras que hagan necesaria la adquisición del predio y
por otra, cuando se adopte tal decisión, la administración habrá
de encontrarse con la realidad jurídica y técnica de que el
predio constituye zona de cesión al distrito, tal como se
expondrá en adelante.

Sobre el particular conviene referir que la obligación normativa
arriba expuesta, será viable siempre y cuando sea
estrictamente necesaria la adquisición de los inmuebles para
ser destinados a una obra específica. En efecto, es oportuno
referirnos ya a la naturaleza jurídica del predio base de la
reclamación que nos ocupa, pues, por encima de lo que el
recurrente considere, resulta abiertamente claro para la
administración que el predio materia de discusión no tiene la
aptitud que intenta aplicarle el recurrente, pues aparece
expresamente dispuesto en el acto administrativo que
aprobó la licencia de urbanismo, que el área objeto de
reclamación comporta una CESIÓN AL DISTRITO, la cual se
encuentra debidamente amojonada en el cuadro
correspondiente del plano No. U 355/4-00.

Para mayor claridad y mejor ilustración del recurrente, hemos
de insistir que revisada la documentación aportada por el
recurrente, y en desarrollo de las averiguaciones efectuadas
por la Dirección Técnica de Predios, se pudo constatar que
la zona de terreno a que se contrae la reclamación
materia de estudio, no corresponde a una zona de
afectación vial establecida por el IDU que deba ser
objeto de negociación por esta entidad, sino a una
"cesión de vías del plan vial" de acuerdo a lo establecido
en el artículo 5° de la resolución N° 2129 del 28 de
diciembre de 1995, en una extensión de 3.270.133 M2,
así como lo estipulado cartográficamente en el plano U
355/4-00 del mismo año. No debe olvidar el recurrente que
sobre el acto administrativo que calificó el área que nos ocupa
como zona de cesión al Distrito, pesa el principio de legalidad
según el cual, hasta tanto sea revocado o anulado por la
autoridad judicial competente, presenta plenos efectos
vinculantes, amén de que el propietario del predio tuvo
oportunidad administrativa de controvertir lo que allí se aprobó.
Léase articulo 5 numeral 1° (página 5) Resolución No. 2129 de
diciembre 28 de 1995 "DE LAS ÁREAS DE CESIÓN AL DISTRITO
CAPITAL TOTALES DE LA URBANIZACIÓN", en la cual se
destaca que los 3.270.133 M2, hacen parte de cesión al
Distrito.

Como puede apreciarse, la obligación de entregar dichas

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zonas de terreno por parte del urbanizador continúa
vigente a la fecha, toda vez que así quedó establecido en
la resolución de urbanismo que cobija la obra
denominada ICATA 6. No podría ser de otro modo,
considerando que la misma resolución es alegada por el
recurrente como documento y prueba vigente para su
reclamación, lo cual significa que reconoce su valor vinculante
para efectos urbanísticos.

Es preciso evidenciar las contradicciones en que incurre el
recurrente de manera reiterada al afirmar, por un lado, que fue
el urbanizador quien construyera la obra, y por otro lado, que
fuera el IDU el ejecutor de la misma. Esto se desprende de la
simple lectura de las comunicaciones 017647 del 01 de marzo
del 2007 y IDU- 041075 del 10 de mayo de 2007. Esto desdice
de la solidez argumentativa y probatoria del recurrente, toda
vez que la contradicción recae sobre uno de los argumentos
principales de su reclamación.

En consecuencia, por las razones expuestas en el oficio objeto
de ataque y las aquí expuestas, y no existiendo motivos para
acceder a lo exigido por el recurrente, la DIRECCIÓN TÉCNICA
DE PREDIOS del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE:

PRIMERO. - Confirmar en todas sus partes lo dispuesto en el
oficio IDU-09202 1 -DTDP-8000 del 14 de diciembre de 2006,
denegando las pretensiones del peticionario, alegadas
mediante las comunicaciones 098963 del 04 de diciembre de
2006, 017647 del 01 de marzo del 2007 el IDU-041075 del 10
de mayo de 2007.

SEGUNDO. - Notificar la presente decisión al recurrente en los
términos del Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Conceder el recurso de apelación interpuesto de
manera subsidiaria ante la presente decisión en los términos y
condiciones seña lados en el C.C.A para el agotamiento de la
vía gubernativa […]”. (Resaltado fuera del texto original).

• Resolución 1234 de 24 de abril de 2008, por la cual el IDU
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el oficio
IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006

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“[…] CONSIDERACIONES SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL
RECURRENTE:

Este despacho comparte los argumentos expuestos por la
Dirección Técnica de Predios al resolver el recurso de
reposición, en el sentido que la zona de terreno que trata la
reclamación materia de estudio, no corresponde a una zona
de afectación vial establecida por el IDU que deba ser
objeto de negociación por esta entidad, sino a una
"Cesión de vías del Plan Vial", de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5° de la Resolución No. 2129
del 28 de diciembre de 1995, en una extensión de
3270.133 m2, así como a lo estipulado
cartográficamente en el plano U 355/4-00 del mismo
año.

Al respecto, el artículo 71°. Del Acuerdo Distrital 06 de 1990,
fundamento para la expedición de la Licencia de Urbanismo
para el denominado “Conjunto Residencial ICATA Lote 6",
ubicado en la Avenida 9 No. 153-49, establece: "aprobación de
Zonas de uso público por destinación que de ellas hagan
propietarios o urbanizadores. Para todos los fines legales, en
terrenos sin urbanizar en relación con los cuales se tramiten o
se hayan obtenido licencias de urbanización, las áreas o zonas
de terreno destinadas al uso público estarán siempre afectas a
ese fin específico, con el solo señalamiento que se haga de ellas
en el plano de proyecto general, aun cuando permanezcan
dentro del dominio privado y sólo podrán ser reubicadas y
redistribuidas con las consiguientes desafectaciones al uso
público que ello conlleva, antes de su entrega real y material
al Distrito Especial de Bogotá y mediante la modificación o
sustitución del proyecto general, si a ello hubiere lugar, por
otro que contemple la nueva distribución de las áreas de uso
público, siempre que el nuevo planteamiento urbanístico se
ciña a las normas vigentes en el momento de su presentación,
ya sea que se trate de una modificación o ya la sustitución total
del proyecto inicial."

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido
reiterativa sobre la obligatoriedad en la cesión de las vías y
áreas públicas como resultado de la expedición de la Licencia
de Construcción, por lo cual se ha pronunciado de la siguiente
manera:

"El artículo 126 del Acuerdo Distrital de 7 (sic) de 1979, dispuso
que los terrenos en proceso de urbanización (área desarrollada)

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afectados por el trazado de vías arterias, cederían para tal fin
el 7% del área bruta. Y si la afectación excediera el porcentaje,
la diferencia sería negociable con el Instituto de Desarrollo
Urbano. El artículo 22 del Acuerdo N°.2 de 1980, repitió
esencialmente el contenido jurídico de la norma anterior, sólo
que en lugar de utilizar la expresión 'afectado por vías arterias'
dijo afectado por vías V - O y/o V- 1 y/o V- 2 y/o V- 3 y/o V-
3E señalando que el propietario deberá ceder obligatoriamente
el 7% del área bruta para la construcción de la vía y lo que
excediera del porcentaje será negociado con el Instituto de
Desarrollo Urbano.

"No existe en esencia ninguna diferencia jurídica en el
contenido de las normas: la cesión del 7% del área del terreno
en desarrollo es obligatoria y gratuita cuando él está afectado
por el trazado de vías arterias.

"Si la urbanización en proceso o el área urbanizaba está
afectada por el trazado de vías arterias, es obligatorio ceder un
7% del terreno para que la administración construya la vía
arteria. Si la vía requiere un área mayor, esa diferencia debe
pagarla el IDU quien es el encargado de construir la vía por el
sistema de valorización. Si los terrenos no están afectados por
el trazado de vías arterias no existe obligación de ceder el 7%
del área, porque no existe objeto.

"En todos los eventos, las urbanizaciones en proceso deben
prever la construcción de vías locales para el acceso interno de
vehículos y peatones y las obras están a cargo del propietario
o urbanizador las cuales debe ceder forzosamente por su
destinación al uso público.

"Ahora bien, ¿qué previsión contiene el artículo 16 del decreto
reglamentario? La Sala estima que le asiste razón al actor,
porque el precepto contempla una situación excepcional no
prevista en los acuerdos distritales, modificando el régimen de
las obligaciones y consiste en lo siguiente:

"Previendo un evento excepcional del artículo 126, literal B del
Acuerdo número 7, la norma acusada, dispone que cuando un
terreno no prevea el trazado de vías locales, y a la vez se
encuentre afectado por vías arterias, de tal suerte que para
acceder a los lotes de la urbanización se utilicen vías del plan
vial, ésta será considerada como vía local y el urbanizador está
obligado a construirla y cederla gratuitamente, en un ancho
mínimo equivalente a una vía V - 4 (mínimo 22 metros).

(Sentencia de febrero 25 de 1985. Sala de lo Contencioso

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Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Doctor
Samuel Buitrago Hurtado Exp. 4730. Actor Francisco Zuleta).

Reitera el Honorable Tribunal los fundamentos antes
expuestos, en otra Sentencia, en la siguiente forma:

(…)

(Sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Primera, Consejera ponente: Olga Inés
Navarrete Barrero, septiembre treinta (30) de mil novecientos
noventa y nueve (1999), Radicación número: 5554).

La jurisprudencia antes transcrita y las normas que sirvieron
de sustento para la expedición de la Licencia de Urbanismo para
la urbanización "Conjunto Residencial lcata Lote 6", cuyos
linderos están establecidos en el plano topográfico' U-355/1-
00, son suficientes para establecer que la zona que el
recurrente solicita sea comparada (SIC) por el Instituto
de desarrollo urbano IDU, coincide con la Zona
obligatoria de cesión que se aprobó en dicho acto
administrativo, como Cesión de vías Plan Vial, en un área
de tres mil doscientos setenta ciento treinta y tres
metros cuadrados (3.270.133 M2) y que constituyen
bienes de uso público, que no pueden por lo tanto ser
vendidos al Distrito ya que están bajo el dominio de la
Nación. Solo si se presenta una diferencia en el área que
pueda requerir el IDU posteriormente para la ejecución de una
obra en el Distrito, se estaría en la obligación de su compra,
cumpliendo los procedimientos y requisitos señalados por la
Ley para ello, como lo expresa el A-quo al resolver el Recurso
de Reposición.

Debe tenerse presente que el acto administrativo que expide la
Licencia de Urbanismo y establece las áreas de cesión
obligatoria para vías, se encuentra en firme, goza de la
presunción de legalidad y frente al mismo no cabe recurso, ni
acción judicial alguna por encontrarse los términos expirados.
Por lo tanto, no puede el recurrente a través de este
procedimiento de la vía gubernativa revivir dichos términos
para desconocer su vigencia y ejecutoriedad.

En estos términos, se procede a confirmar la decisión inicial,
acorde con lo resuelto en el acto administrativo que resuelve el
Recurso de Reposición y los argumentos antes señalados por
esta instancia.

Por lo anteriormente expuesto, La Dirección General

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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes lo
dispuesto en el oficio IDU- 092021-DTDPBOOO del 14 de
diciembre de 2006 expedido por la directora técnica de Predios,
denegando las pretensiones del peticionario contenidas en las
comunicaciones con radicación 098963 del 4 de diciembre de
2006, 017647 del 1 de marzo del 2007 e IDU-041075 del 10
de mayo de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al
representante legal de la Sociedad INVERSIONES GOMEZ
MORENO LIMITADA, Dr. Juan Manuel González Garavito, de
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 44
Y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la
fecha de su expedición y contra ella no procede recurso alguno
en la vía gubernativa […]”. (Resaltado fuera del texto).

V.2- Límites de la apelación

Constituye premisa fundamental atinente a la apelación, la existencia

de límites determinados en el artículo 357 del Código de

Procedimiento Civil, “la apelación se entiende interpuesta en lo

desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá

enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso,

salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer

modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con

aquélla.”16

16
Norma vigente en el momento en que el proceso se inició, disposición reformada por el artículo 328
de CGP.

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V.3 Problema Jurídico

Corresponde a esta Sala, con fundamento en los reproches

planteados por el apoderado de la sociedad apelante, determinar si

revoca, modifica o confirma la providencia de 30 de marzo de 2017,

proferida por la Sección Primera – Subsección “A” del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, que denegó las súplicas de la

demanda, para lo cual se deberá determinar si la licencia de

urbanismo otorgada con la Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre

de 1995 constituye o no una situación jurídica consolidada y

establecer si los efectos de la sentencia de nulidad de los artículos

418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990, pueden ser aplicados a dicha

Resolución o a los actos administrativos demandados, es decir, los

oficios IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006, IDU

– 030778 DTDP – 8000 de 18 de mayo de 2007 y la Resolución 1234

de 24 de abril de 2008, expedidos por el IDU.

Para dar respuesta a este problema jurídico, la Sala debe

pronunciarse respecto de los siguientes aspectos: i) el análisis

jurisprudencial de la Corporación referente a los efectos de los fallos

de nulidad, ii) la naturaleza de la licencia de urbanismo y iii) el caso

concreto.

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V.4 Análisis de la apelación

V.4.1. Efectos de los fallos de nulidad – análisis
jurisprudencial

La parte actora manifiesta que la licencia de urbanismo no constituye

un título traslaticio del dominio, dado que en ella sólo se delimitan

las zonas de cesión; y que la conclusión a la que debe llegarse en el

caso sub examine es que al no tratarse de zonas de cesión sobre las

que, efectivamente, se haya constituido una tradición del derecho de

dominio, no puede considerarse ésta como una situación consolidada

con la licencia de urbanismo y, por lo tanto, le son aplicables los

efectos “ex tunc” de la declaratoria de nulidad de los artículos 418 y

419 del Acuerdo 6 de 1990.

En cuanto a los efectos de los fallos anulatorios, es necesario precisar

que la tesis que impera en el Consejo de Estado es que, por regla

general, salvo que el juzgador disponga algo distinto, se proyectan

hacia el pasado (ex tunc), con respeto de las situaciones jurídicas

consolidadas, en la medida en que tal determinación conlleva volver

las cosas al estado en el que se encontraban antes de su expedición.

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En relación con las situaciones jurídicas consolidadas esta

Corporación ha expuesto:

“(…) La Sala ha precisado que los efectos de los fallos
de nulidad de los actos de carácter general son
inmediatos frente a las situaciones jurídicas no
consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son
susceptibles de debatirse ante las autoridades
administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, toda vez que cuando se define la situación
jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse
en cuenta para resolver el caso resulta inaplicable porque
fue anulada.17

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue
interpuesta el 11 de diciembre 2012 y admitida el 4 de
febrero de 2013 (fol. 57). Comoquiera que el fallo que
declaró la nulidad de estampilla de previsión social
municipal quedó ejecutoriado el 18 de septiembre de
2015, la situación jurídica en lo que a ese tributo
corresponde estaba en discusión y, por tanto, no
consolidada.”18 (Negrillas fuera del texto original)

Asimismo, sostuvo:

“(…) Lo anterior por cuanto la nulidad del acto administrativo
general no implica que automáticamente opere el decaimiento
o sobrevenga la nulidad de los actos administrativos
particulares frente a los cuales no existió oposición, dado que
los mismos conservan su presunción de legalidad, aunque
hayan desaparecido los fundamentos jurídicos que los
soportaban. En relación con lo anterior se ha dicho lo
siguiente19:

“(…) la declaratoria de nulidad del acto que sirvió de base para
emitir la resolución que afectó particularmente a la parte
17
Entre otras, ver sentencias del 23 de julio de 2009, exp. 16404 CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas;
del 11 de marzo de 2010, exp. 17617, CP Martha Teresa Briceño de Valencia; del 16 de junio de 2011,
exp. 17922, CP William Giraldo Giraldo; de 3 de julio de 2013, exp. 19017, C.P. Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez y de 26 de febrero de 2014, exp. 19684, CP Martha Teresa Briceño de Valencia.
18
Consejo de Estado Sección Cuarta. Sentencia del 24 de mayo de 2018. Expediente 68001-23-33-
000-2012-00334-01(21110). M.P. Julio Roberto Piza
19
Ibidem.

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actora, no puede revivir términos más que precluidos para
intentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Como bien lo ha expresado esta Sección en casos análogos al
del sub lite, la nulidad que se declara no restablece
automáticamente derechos particulares, por cuanto cada
determinación de alcance particular que haya adoptado la
administración mantiene su presunción de legalidad, la cual
solo puede ser desvirtuada por sentencia judicial, amén de lo
cual debe afirmarse que la nulidad de un acto general se
produce para el mantenimiento de la legalidad abstracta y la
de un acto particular, para el resarcimiento de un derecho
subjetivo.

Por esta simple razón, no es procedente interpretar que el
término de caducidad haya de contarse a partir de la nulidad
del acto general”.

Así las cosas, la declaratoria de nulidad de un acto
administrativo general no afecta las situaciones
jurídicas individuales que se consoliden durante su
vigencia, ni las que hayan surgido de actos
administrativos particulares fundados en aquel, los
mismos deben ser controvertidos por el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho20.”21 (Negrillas
y resalto fuera del texto original)

Conforme a la postura jurisprudencial que se reseña: i) por regla

general los efectos de los fallos de nulidad de los actos generales son

“ex tunc”, es decir, hacia el pasado, con respecto de las situaciones

jurídicas consolidadas; ii) la declaratoria de nulidad no puede revivir

términos precluidos para intentar la demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho, cuando se da la afectación de derechos

particulares; y iii) la nulidad del acto administrativo general no

20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2014. Número de
radicación 2382-13, C.p. Bertha Lucia Ramírez De Páez.

21
Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre de 2017. M.P. Stella Conto Díaz
del Castillo

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implica que automáticamente opere el decaimiento o sobrevenga la

nulidad de los actos administrativos particulares frente a los cuales

no existió oposición, dado que los mismos conservan su presunción

de legalidad aunque hayan desaparecido los fundamentos jurídicos

que los soportaban.

Ahora bien, una situación jurídica no consolidada es aquella que ha

sido objeto de discusión dentro de la oportunidad legal ante la

administración o ante la jurisdicción y que, al encontrarse pendiente

de resolución, no ha alcanzado aún firmeza o estabilidad jurídica.

Así las cosas, las situaciones jurídicas consolidadas son aquellas que

ocurrieron o se generaron y no fueron recurridas o demandadas por

la parte interesada dentro de la oportunidad legal y que, por tanto,

al consolidarse no pueden ser afectadas por la declaratoria de nulidad

de un acto general.

V.4.2. Naturaleza de la licencia de urbanismo

El Decreto 600 de 1993, vigente para la época de la expedición de la

licencia de urbanismo, que sirvió de fundamento al Departamento

Administrativo de Planeación Distrital, en su artículo segundo definió

la licencia de urbanización en los siguientes términos:

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“[…] Artículo 2º.- Definiciones.

(…)

LICENCIA DE URBANIZACIÓN. Es el acto por el cual la
Administración Distrital autoriza la adecuación de terrenos,
ejecución de obras de urbanismo e infraestructura de servicios,
dotación, adaptación y equipamento de espacios públicos y
privados, parcelación o loteo de terrenos y en general la
organización de dichos terrenos, con arreglo a las
reglamentaciones urbanísticas, para su ulterior edificación y
utilización de las edificaciones con destino a usos urbanos. […]”

De igual forma, en el artículo 11 del citado Decreto se señaló:

“[…] Artículo 11º.- Modificado por el art. 3, Decreto Distrital
389 de 1994. Responsabilidad del titular de la licencia. El titular
de la licencia deberá cumplir las obligaciones urbanísticas y
arquitectónicas que se deriven de aquélla y responderá
extracontractualmente por los perjuicios que causaren a
terceros con motivo de la ejecución de las obras. […].”

Como se desprende de la lectura de la norma transcrita, la licencia

de urbanismo genera obligaciones específicas que recaen sobre su

titular, quien debe cumplirlas conforme a lo estipulado en el acto

administrativo. Asimismo, el artículo 27 del decreto mencionado

establece el contenido mínimo que debe incluir dicha licencia, en los

siguientes términos:

“[…] Artículo 27º.- Modificado por el art. 8, Decreto Distrital
389 de 1994. Licencia de urbanización. El D.A.P.D. expedirá la
licencia de urbanización dentro de los sesenta (60) días hábiles
siguientes a la fecha de radicación de la solicitud.

La licencia contendrá:

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Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

1. Generalidades.

Vigencia.
Nombre del titular, quien para todos los efectos será el
urbanizador responsable.
Identificación de los folios de la matrícula inmobiliaria del
predio.
Nomenclatura del predio.

2. Adopción del plano de proyecto urbanístico

Nombre de la urbanización, número del plano y de las planchas
en las cuales se incorporó el plano.
Área del predio.
Zonas de cesión al Distrito.
Densidad.
Estrato socio-económico.

3. Mención de las especificaciones técnicas y proyectos de
redes a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 26
de este Decreto. (…) (Subraya fuera de texto) […]”

Ahora, en relación con las cesiones públicas, estas corresponden a

las transferencias de terrenos que a título gratuito efectúan los

urbanizadores como contraprestación de los beneficios de la

actividad urbanística las cuales comprenden áreas de uso público,

como vías, parques, zonas verdes, entre otros, sin que obre a favor

del particular indemnización alguna, toda vez que se trata de una

enajenación voluntaria que el Estado puede requerir dentro de su

facultad para dictar normas en materia de planificación urbanística22.

22
Corte Constitucional. T- 575 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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El artículo 5° de la Ley 9ª de 1989 define las áreas de cesión

obligatoria gratuita como: “conjunto de inmuebles públicos y los

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,

destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por

tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes”; y

adiciona, en su inciso segundo, las áreas para la recreación pública,

activa o pasiva, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las

vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas entre otras.

Por su parte, el artículo 32 del Decreto 600 de 1993 señala cómo

debe hacerse la entrega material de las zonas de cesión:

“[…] Artículo 32º.- Escritura y entrega material de las zonas
de cesión. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la terminación de las obras, el propietario del predio objeto de
la licencia de urbanización deberá hacer entrega material y
definitiva, total o por etapas, de las zonas de cesión, otorgar la
correspondiente escritura e inscribirla en la oficina de registro.
(Subraya fuera de texto) […]”.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha

señalado, lo siguiente:

“Se trata de bienes que se incorporan al patrimonio municipal,
con ocasión de la actividad urbanística y que indudablemente
contribuyen a la integración del espacio público. Están
destinadas a regular, con fundamento en el art. 82 de la
Constitución, la integración del espacio público y de los bienes
colectivos de uso común. Por lo demás, dichas cesiones

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gratuitas, con ocasión de la actividad urbanística, comportan
una carga a los propietarios que se enmarca en la función social
de la propiedad y su inherente función ecológica, que requiere
regulación legal en los términos del art. 58 de la
Constitución”.23

Las disposiciones constitucionales aludidas por la jurisprudencia en

cita fueron objeto de desarrollo en la Ley 388 de 199724, que en su

artículo 37 dispone:

“Espacio público en actuaciones urbanísticas. Las
reglamentaciones distritales o municipales determinarán, para
las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas
que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a
vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en
general, y señalarán el régimen de permisos y licencias a que
se deben someter así como las sanciones aplicables a los
infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas
obligaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
Capítulo XI de esta Ley.”

En síntesis, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido esta

figura jurídica como el traslado de una parte del terreno privado para

la construcción de bienes de uso público del ente territorial ante el

cual se adelanta la actuación de naturaleza urbanístico-

administrativa.25 Su entrega se efectúa mediante escritura pública

protocolizada en la correspondiente oficina de registro.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 enero de
2011, C.P. Maria Claudia Rojas Lasso. Radicación Número: No. 15001-23-31-000-2002-02582-01.
24
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.”

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 22 de febrero
de 2018, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Radicación Número: No. 25000-23-24-000-2011-
00789-01.

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V.4.3 Análisis del asunto bajo examen

La parte demandante manifiesta que el a quo yerra al considerar que

en el presente caso la licencia de urbanismo contenida en la

Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre de 1995 crea una situación

consolidada que escapa a los efectos de la nulidad de los artículos

418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990, dado que la tradición de las áreas

de cesión nunca se perfeccionó.

La sociedad actora alegó que los actos administrativos cuestionados

se fundamentan en normas inexistentes cuando señalan que debe

hacerse una cesión gratuita para el plan vial arterial, por cuanto las

disposiciones distritales que ordenaban dicha cesión fueron

declaradas nulas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

decisión confirmada por esta Corporación.

Argumenta que el objeto de la presente controversia no recae sobre

la validez de los contenidos de la referida licencia, sino respecto de

los actos administrativos que determinaron el carácter gratuito de la

tradición de las zonas de cesión para el plan vial arterial, en

desconocimiento de la sentencia de 3 de agosto de 2000, proferida

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y confirmada por

esta Sección en sentencia de 30 de agosto de 2001.

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Al respecto, es menester señalar, como ya lo dijo la Sala en líneas

precedentes y como lo indicó el a quo, que por regla general los

efectos de los fallos de nulidad de los actos generales son “ex tunc”,

es decir, que producen efectos desde el momento en que se profirió

el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en

que se encontraban antes de la expedición del acto.

Pero, igualmente, se ha señalado que la sentencia de nulidad que

recaiga sobre un acto de carácter general afecta las situaciones que

no se encuentren consolidadas, es decir, que al momento de

producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante

las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo

contencioso administrativo.

La Sala reitera que las situaciones jurídicas consolidadas son aquellas

que ocurrieron o se generaron y no fueron recurridas o demandadas

por la parte interesada dentro de la oportunidad legal y que, por

tanto, al consolidarse no pueden ser afectadas por la declaratoria de

nulidad de un acto general. Para el caso sub examine, la Resolución

2129 de 28 de diciembre de 1995 ya se encontraba consolidada al

momento en que se declaró la nulidad de la figura de las cesiones a

título gratuito en el Acuerdo 6 de 1990, por medio de la sentencia de

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3 de agosto de 2000, confirmada por esta Corporación en sentencia

de 30 de agosto de 2001. En este orden, no había sido objeto de

debate ante esta jurisdicción y, por ende, no se presentan los efectos

“ex tunc”.

A lo anterior se añade que a la luz de la jurisprudencia antes citada,

la nulidad del acto administrativo general no implica que

automáticamente opere el decaimiento o sobrevenga la nulidad de

los actos administrativos particulares frente a los cuales no existió

oposición, dado que los mismos conservan su presunción de legalidad

aunque hayan desaparecido los fundamentos jurídicos que los

soportaban, tal como sucede en el caso en concreto, en el que frente

a la licencia de urbanismo contenida en la Resolución 2129 de 1995,

nunca se presentó oposición alguna, ni fue controvertida, por lo tanto

preserva la presunción de legalidad.

Ahora, la parte demandante sostiene que si bien en la Resolución

2129 de 1995, mediante la cual se otorga la licencia de urbanismo,

se incorporó la obligación de la cesión gratuita del Plan Vial Arterial

correspondiente al 7% del área bruta del terreno, no es dicho acto el

que consolida la tradición de las zonas de cesión, teniendo en cuenta

que estas no fueron entregadas al Distrito ni tampoco fue

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protocolizada la escritura pública que efectuó su desenglobe, razón

por la cual no puede entenderse que hay una situación consolidada

a la que no le resulten aplicables los efectos de la declaratoria de

nulidad de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990.

Frente a este señalamiento, la Sala encuentra que no le asiste razón

a la parte recurrente, comoquiera que si bien en el año 1999 no se

consolidó la cesión material de las zonas de terreno por no haberse

protocolizado la escritura pública correspondiente, sí se consolidó la

obligación de ceder, derivada de la Resolución 2129 de 1995 que

otorgó la licencia de urbanismo. Cosa distinta es que el urbanizador

no haya cumplido con dicha obligación.

En consecuencia, es dable concluir que existe una situación

consolidada en cuanto a la obligación urbanística de cesión gratuita,

la cual se encontraba vigente y exigible desde el otorgamiento de la

licencia y, por lo tanto, no resulta procedente aplicar los efectos de

la declaratoria de nulidad de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de

1990, como lo pretende la parte actora, pues la obligación de ceder

ya se encontraba incorporada y consolidada en el marco jurídico

aplicable al proyecto urbanístico.

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Corolario de lo anterior, es que la obligación de cesión gratuita se

consolidó con la expedición de la licencia y, por ende, la falta de

ejecución por parte del urbanizador no desvirtúa la vigencia ni la

ejecutoriedad del acto administrativo por pérdida de fuerza

ejecutoria como lo alega la demandante.

Bajo el mismo razonamiento, forzoso es concluir que la falta de

ejecución material por parte del urbanizador no implica la

desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho del acto

administrativo, ni su pérdida de vigencia, como lo sostiene la

demandante.

Igualmente, como lo señaló el a quo, de la lectura de los actos

administrativos demandados no se puede inferir que se haya

efectuado una revocatoria por parte del IDU de sus propios actos

administrativos, dado que lo que hizo la entidad demandada fue

aclarar que la definición de una zona de terreno, como área de

influencia para una obra del plan vial arterial, no implica que deba

ser adquirida por la entidad a cargo de la ejecución de dichas obras,

en el sentido de que la administración debe implementar una serie

de operaciones administrativas que eventualmente culminan con la

decisión de emprender la obra, conforme se indicó en el último inciso

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del oficio núm. IDU-092021 DTDP-8000, y que sólo después de dicho

proceso técnico se podría acometer la obra.

Además, en el Oficio IDU 030778 DTDP-8000 de 18 de mayo de 2007

que resolvió el recurso de reposición, se explicó de manera clara por

parte del IDU que la zona objeto de debate no corresponde a una

zona de afectación vial establecida por este que deba ser objeto de

negociación por esa entidad, sino a una cesión de vías del plan vial,

de conformidad con lo que se estipuló en la Resolución 2129 de 1995

en su artículo 5°, sin que dicha licencia de urbanismo hubiera sido

objeto de pronunciamiento por autoridad alguna, la cual goza de

plena validez y en virtud de ello el predio está afectado a la zona de

cesión de vías del plan vial.

Por último, en relación con el hecho sobreviniente alegado por la

actora en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia,

relativo a que el IDU, a través de la Resolución núm. 7359 de 2016,26

formuló una oferta de compra de una porción del terreno que

corresponde a la cesión obligatoria gratuita al Distrito y por medio de

la Resolución núm. 010046 de 2016 ordenó “una expropiación por

26
“Por la cual se determina la adquisición de una zona de terreno que se segrega de in inmueble, por
el procedimiento de la expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de compra.

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vía administrativa”, la Sala evidenció, después de revisadas las

pruebas allegadas en esta instancia que:

En el avaluó comercial núm. 2016-0326 RT núm.45227 27 ,

fundamento para la expedición de la Resolución núm. 7359 de

201628, se indicó en su numeral cuarto que consultada la base de

datos geográfica corporativa y la planoteca del IDU, se constató que

el predio objeto de consulta corresponde a un área de cesión al

Distrito – afectación plan vial – denominada como “Afectación

Avenida La Sirena y Avenida 9”, como se evidencia en el plano del

proyecto general núm. U355/4-00 Conjunto Residencial Icata Lote 6.

Además, se señaló que la anterior afectación cuenta con un área total

de 3.270.133 m2, área que resulta superior al 7% que debía ser

cedida gratuitamente por el urbanizador al Distrito Especial de

Bogotá, libres de todo gravamen para la fecha de aprobación de la

urbanización. En dicho informe, se realizó el avalúo de 650.32 m 2

que estaban incluidos dentro del área total de la cesión de vías del

plan vial, por lo cual el IDU descontó los 650.32 m2 del área total

de cesiones al Distrito y procedió a formular oferta por dicha zona de

27
Folios 1026 a 1040 del cuaderno núm 2 del expediente.

28
“Por la cual se determina la adquisición de una zona de terreno que se segrega de in inmueble, por
el procedimiento de la expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de compra.

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terreno y, posteriormente, a ordenar la expropiación por vía

administrativa, al no haberse llegado a un acuerdo formal contenido

en un contrato de promesa de compraventa. En el parágrafo primero

del artículo primero de la Resolución núm. 010046 de 2016 29 , la

directora técnica de Predios resolvió:

[…] PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez descontada el área
requerida para la obra, queda un área sobrante de
(2.619,813M2) de terreno y su titularidad corresponde a la
sociedad fiduciaria Bogotá S.A. identificada con NIT
800.142.383-7 que resulta de restar 3.270.133, M2 área total
del inmueble del cual hace parte la zona de terreno objeto de
expropiación, de conformidad con los linderos generales
tomados del título adquisitivo del dominio (Escritura pública No.
3240 del 10 de julio de 2009 otorgada en la Notaria 45 de
Bogotá) y el Plano Urbanístico No U.355/4-00, menos (650.32
M2) área en reserva vial, conforme al informe técnico No. 2468
del 8 de noviembre de 2016 elaborado por la Dirección Técnica
de Predios del IDU y se encuentra comprendida dentro de los
siguientes linderos específicos […]”.

Del análisis realizado se concluye que de los 3.270.133 m²

destinados a cesión de vías en el plan vial, 545.243 m² corresponden

a cesión gratuita obligatoria, mientras que los 2.724.890 m²

restantes son áreas negociables con el IDU, según lo establecido en

el plano urbanístico núm. U.355/4-00. En este marco, la oferta

presentada por el IDU sobre 650,32 m² se encuentra dentro del total

previsto y recae sobre una porción de terreno susceptible de

29
“Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa” – folio 1041 anverso del cuaderno
núm 2 del expediente.

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negociación, conforme a la distinción entre cesión obligatoria y áreas

negociables.

Ello demuestra que al IDU no le correspondía la compra inmediata

de los predios requeridos para la ejecución de la obra Avenida La

Sirena, pues para esto la entidad debía seguir un procedimiento que

incluía: el estudio técnico y jurídico de los inmuebles necesarios, el

requerimiento de documentación a los propietarios, la evaluación de

cada caso para determinar la viabilidad de compra, la disponibilidad

de recursos y, finalmente, el trámite de enajenación voluntaria o

expropiación judicial.

De esta manera, queda claro para la Sala que el hecho de que el IDU

haya procedido a determinar la adquisición de dicha zona de terreno,

formular la oferta e impartir la orden para realizar la expropiación

administrativa, no constituye una manifestación de que la entidad

considere que dichas zonas deban ser entregadas a título gratuito,

como lo sostiene la sociedad actora, sino que, por el contrario,

demuestra que se llevó a cabo el correspondiente procedimiento que

culminó con la compra del terreno, el cual, se repite, estaba sujeto

al estudio técnico y jurídico para la viabilidad de la compra.

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En conclusión, para la Sala, asistió razón al a quo al denegar las

pretensiones de la demanda, comoquiera que la parte actora no logró

desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos

acusados, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia

y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Ahora, de conformidad con lo previsto en el en el artículo 171 del

CCA, no hay lugar a condenar en costas en esta instancia por cuanto

no se evidenció temeridad, abuso, ni mala fe en la actuación procesal

de la parte vencida.

Por último, se reconocerá personería al doctor HERNÁN DAVID

BONILLA SUA, para actuar en calidad de apoderado del

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU-, de conformidad

con el poder y demás anexos obrantes en el índice 37 del expediente

digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de marzo de 2017,

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proferida por la Sección Primera – Subsección “A” del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, que denegó las súplicas de la

demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez

ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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