Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00399-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00399-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2008-00399-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Radicación número: 25000-23-24-000-2008-00399-02
Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.
Tesis: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LAS SITUACIONES
JURÍDICAS CONSOLIDADAS SON AQUELLAS QUE OCURRIERON O
SE GENERARON Y NO FUERON RECURRIDAS POR LA PARTE
INTERESADA DENTRO DE LA OPORTUNIDAD LEGAL, POR LO QUE NO
PUEDEN SER AFECTADAS POR LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE
UN ACTO GENERAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia de 30 de marzo de 2017,
proferida por la Sección Primera -Subsección “A”- del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que denegó las súplicas de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1- La sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A., en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo CCA,
2
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00399-02
Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.
mediante apoderado, presentó demanda contra el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU, en la que formuló las siguientes
pretensiones:
1°. Que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido
en el oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006,
expedido por el IDU, mediante el cual no accedió a la solicitud de la
sociedad actora de iniciar los trámites tendientes a la compra de
terreno correspondiente a la afectación del plan vial de la
urbanización “Icata lote 6, indicando que, el proceso de enajenación
voluntaria sobre la zona de reserva vial solo podrá iniciarse, una vez
se cuente con los recursos y la decisión administrativa de acometer
la obra en cuestión.
2º. Que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido
en el oficio IDU – 030778 DTDP – 8000 de 18 de mayo de 2007,
mediante el cual el IDU resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra el oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de
2006.
3°. Que se declare la nulidad total de la Resolución 1234 de 24 de
abril de 2008, mediante la cual el IDU resolvió el recurso de apelación
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00399-02
Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.
interpuesto contra el oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de
diciembre de 2006.
4° Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU iniciar el proceso de
enajenación voluntaria de la zona de reserva vial con matrícula
inmobiliaria núm. 50N-20561998, conforme a lo establecido para los
efectos en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997.
5° Que se condene a la entidad demandada a las costas y agencias
en derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 171 y
172 del CCA.
I.2- Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, la actora, adujo
los siguientes hechos:
Que la sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A., adquirió el
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria núm. 50N –
423571 de la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Norte a la
Central Cooperativa de Crédito y Desarrollo Social Ltda., -
Coopdesarrollo -, mediante compraventa elevada a escritura pública
11088 de 20 de diciembre de 1990 otorgada por la Notaria Quinta
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00399-02
Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.
del Círculo de Bogotá, registrada con anotación núm. 9 del citado
folio de matrícula inmobiliaria.
Agregó que a través de la Resolución 2129 de 28 de diciembre de
1995, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital 1
concedió licencia de urbanismo a la sociedad INVERSIONES
GÓMEZ MORENO S.A., para el desarrollo urbanístico del predio
anteriormente identificado, denominado “Icatá Lote 6”; y mediante
esta misma resolución se adoptó el plano U.355/4 – 00.
Que la norma que fundamentó la anterior licencia fue el Acuerdo
Distrital 6 de 1990, expedido por el Concejo del Distrito Especial de
Bogotá; y que en sus artículos 418 y 419 se estableció una cesión
obligatoria, a título gratuito, al Distrito para la ejecución del plan vial
arterial.2
1
Hoy Secretaría Distrital de Planeación
2
“Artículo 418º.- Origen de las áreas para la conformación del sistema vial arterial. Todo predio
ubicado parcial o totalmente sobre una zona de reserva vial del plan vial arterial deberá segregar esta
zona del resto del terreno para transferirla a la entidad encargada de la ejecución de la vía. Si se trata
de un terreno urbanizable de conformidad con el presente Acuerdo, deberá ceder a título gratuito una
proporción del área a ceder, tal como se indica más adelante, como requisito para la obtención de
licencia de urbanización. (…)”
“Artículo 419º.- Proporción del área de cesión obligatoria para la conformación del sistema vial
arterial. En las normas específicas que se adopten como requisito para tramitar las áreas, se
determinará: 1º La proporción del área de los predios que deba ser entregada como cesión obligatoria
a título gratuito para la ejecución del plan vial arterial en aquellos predios en los que se hayan previsto
zonas de reserva vial para dicho plan, proporción que será la siguiente en los distintos tratamientos: a.
Tratamiento de desarrollo: El 7% del área bruta del terreno. b. Tratamiento de incorporación: Entre el
4% y el 12% del área bruta del terreno, de manera que los márgenes más bajos sitúen en los sectores
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00399-02
Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.
Adujo que en el artículo 5° de la Resolución 2129 de 28 de diciembre
de 1995, que concedió la licencia de urbanismo a la sociedad
demandante, se establecieron las áreas de cesión al Distrito así:
“1. DE LAS AREAS DE CESIÓN AL DISTRITO CAPITAL TOTALES DE LA
URBANIZACIÓN
1.1 CESIÓN VIAS PLAN VIAL 3.270.133 M2
1.2 CESIÓN TIPO A 13% 587.477 M2
1.3 CONTROL AMBIENTAL VALIDO
COMO CTA 4% 180.762 M2
1.4. TOTAL CESIONES TIPO A 768.240 M2
1.5 CESIÓN TIPO ADICIONAL 38.972 M2
1.6 CONTROL AMBIENTAL ADICIONAL 1.605.352 M2
1.7 CESIÓN VÍAS LOCALES 73.275 M2
1.8. TOTAL CESIONES AL DISTRITO 5.755.971 M2”.
Indicó que el numeral 1.1 arriba trascrito, está compuesto por: a) las
zonas que el Acuerdo 6 de 1990 ordenaba ceder gratuitamente para
la conformación del sistema vial arterial, consistentes en el 7% del
área bruta, que corresponde a 545.243 m2 y b) áreas negociables
con el IDU, consistentes en 2.724.890 m2.
Que, en sentencia de 3 de agosto del 2000, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca declaró nulo parte del Acuerdo 6 de 1990, norma
que constituyó el fundamento para la expedición de la licencia 2129
de 1995 para la urbanización “Icatá Lote 6”. Específicamente, se
de las áreas suburbanas dentro de los cuales el interés público sea el de contribuir a disminuir los costos
de urbanización. c. Tratamiento especial de preservación del sistema orográfico: Entre el 10% y el 15%
del área bruta del terreno, teniendo en cuenta la variación de los costos de urbanización dadas las
características diversas de la topografía. Cuando se trate de zonas de rehabilitación de canteras la
proporción podrá disminuir hasta un 5%. (…)”.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00399-02
Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.
anularon las disposiciones que se referían a las cesiones gratuitas
para la conformación del sistema vial arterial.
Que el 4 de diciembre de 2006, la sociedad INVERSIONES GÓMEZ
MORENO S.A. dirigió petición al IDU para que iniciara los trámites
tendientes a la compra de terreno correspondiente a los
3.270.133M2, de afectación del plan vial de la urbanización “Icata
lote 6”, solicitud radicada bajo el núm. 098963; mediante oficio IDU
– 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006, contestó:
“(…) el predio denominado CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA
LOTE 6 (antes topacio plano U.355/4-00), se encuentra
localizado en área de influencia vial para la futura ampliación
de la Avenida La Sirena, obra que se encuentra para ser
desarrollada en la Fase II (2009-2011)(…) Teniendo en cuenta
lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) solo (sic)
podrá iniciar el proceso de enajenación voluntaria sobre la
zona de reserva vial para la ejecución del proyecto en
mención, una vez cuente con los recursos y la decisión
administrativa de acometer dicha obra (…).”
Anotó que contra el anterior oficio la sociedad INVERSIONES
GÓMEZ MORENO S.A. interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación solicitando que a través de acto administrativo
se ordene la iniciación de la compra del terreno correspondiente a la
afectación del plan vial de la urbanización “Icata Lote 6”, alegando
que la Avenida La Sirena, tal como lo reconoce el IDU, es una vía
arterial y, por tanto, le corresponde al Estado la compra inmediata
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de los predios necesarios para la ejecución de la obra. Que dicho
recurso fue resuelto por la directora técnica de Predios del IDU con
oficio IDU – 030778 – DTDP – 8000 de 18 de mayo de 2007, en el
que inexplicablemente se dijo todo lo contrario a la anterior
respuesta:
[…] “para mayor claridad y mejor ilustración de recurrente ,
hemos de insistir que revisada la documentación aportada por
el recurrente, y en desarrollo de las averiguaciones efectuadas
por la Dirección Técnica de Predios, se pudo constatar que la
zona de terreno a que se contrae la reclamación materia de
estudio, no corresponde a una zona de afectación vial
establecida por el IDU que deba ser objeto de negociación por
esta entidad, sino a una “cesión de vías del plan vial” de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la resolución No.
2129 del 29 de diciembre de 1995, en una extensión de
3270.133 M2, así como lo estipulado cartográficamente en el
plano U 355/4-00 del mismo año” […]”.
Sostuvo que mediante la Resolución 1234 de 24 de abril de 2008 la
directora general del IDU resolvió el recurso de apelación interpuesto
por la sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. en contra del
oficio IDU-092021 DTDP-8000 de 14 de diciembre de 2006,
confirmándolo en todas sus partes.
[…] “La jurisprudencia antes transcrita y las normas que
sirvieron de sustento para la expedición de la Licencia de
Urbanismo para la urbanización “Conjunto Residencial Icata
Lote 6”, cuyos linderos están establecidos en el plano
topográfico U – 355/1-00, son suficientes para establecer que
la zona que el recurrente solicita sea comprada por el Instituto
de Desarrollo Urbano IDU, coincide con la Zona obligatoria de
cesión que se aprobó en dicho acto administrativo, como
Cesión de vías Plan Vial, en un área de tres mil doscientos
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setenta ciento treinta tres (sic) metros cuadrados
(3.270.133M2) y que constituyen bienes de uso público, que
no pueden por lo tanto ser vendidos al distrito ya que están
bajo el dominio de la Nación” […].
Por último, afirmó que en la anterior resolución se citó jurisprudencia
de esta Corporación en la que se aludía a las cesiones gratuitas del
7%, normatividad ya anulada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para la época en la que finalmente se agotó la vía
gubernativa; y que, además, la sociedad INVERSIONES GÓMEZ
MORENO S.A. ejecutó la porción de vía arterial cuando ello era
obligación del Estado, específicamente del IDU, por lo que ha tenido
que soportar una carga que no le correspondía.
I.3- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
La sociedad demandante consideró que los actos acusados fueron
expedidos con falsa motivación, con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa y con infracción de las normas en que debían
fundarse, por las razones que seguidamente se explican:
I.3.1 Falsa Motivación
Manifestó que los actos administrativos cuestionados se
fundamentan en normas inexistentes cuando señalan que debe
hacerse una cesión gratuita para el plan vía arterial, habida cuenta
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que las disposiciones distritales que ordenaban dicha cesión fueron
declaradas nulas por sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, declaración que cobija la licencia de urbanismo
otorgada al “Lote Icata 6” y confirmada por la Sección Primera del
Consejo de estado en sentencia de 30 de agosto de 2001, al
considerarse que una cesión gratuita de esta naturaleza comporta
una abusiva expropiación sin indemnización.
Indicó que causa curiosidad el planteamiento del IDU,
específicamente el contenido en los actos que resolvieron los
recursos de reposición y apelación; que el acto administrativo que
concedió la licencia de urbanismo estableció que el área de
reclamación era objeto de una cesión obligatoria, por lo que la
sociedad GOMEZ MORENO debía cumplir con el compromiso de
transferir a título gratuito el lote; y que ello obedeció a que la licencia
se otorgó durante la vigencia del Acuerdo 6 de 1990 y cuando los
apartes de los artículos que permitían la cesión gratuita no habían
sido declarados nulos por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Argumentó que el IDU, para sustentar la Resolución 1234 de 24 de
abril de 2008, citó las sentencias de 25 de febrero de 1985
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(Expediente núm. 4730) 3 y la de 30 de septiembre de 1999
(Expediente núm. 5554) 4 , proferidas por la Sección Primera del
Consejo de Estado, fechas en las que se encontraba vigente el
Acuerdo Distrital 7 de 1979, que también ordenaba la cesión de un
7% para vías arterias, norma que fue derogada por el Acuerdo 6 de
1990 y, posteriormente, declarada nula en las partes que trataban la
cesión gratuita, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y
que tales fechas son importantes dado que la jurisprudencia que se
citó se fundamentó en normas que fueron declaradas nulas
posteriormente.
Manifestó que las sentencias de nulidad tienen efectos retroactivos
desde el momento en que se expidió el acto anulado, como en efecto
lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que,
en el año 2001, con la declaratoria de nulidad de las expresiones que
hacían referencia a la gratuidad de las cesiones destinadas al plan
vial arterial, desaparecieron los fundamentos jurídicos de la licencia
de Urbanismo contenidos en la Resolución núm. 2129 de 1995, efecto
que, repite, se extiende hasta el momento en que se expidió el acto,
3
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de
febrero de 1985. Radicación: 4730. MP. Samuel Buitrago Hurtado.
4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de
septiembre de 1999. Radicación: 5554. MP. Olga Inés Navarrete Barrero.
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es decir 1990, en lo relativo a las cesiones gratuitas.
Indicó que la anterior consecuencia la establece el numeral 2 del
artículo 66 del CCA, la cual es la pérdida de la fuerza ejecutoria del
acto administrativo por cuanto sus fundamentos de derecho dejaron
de existir, específicamente los relacionados con la gratuidad de la
cesión.
En este punto, manifestó que se presenta el fenómeno del
decaimiento del acto administrativo y debe darse aplicación al mismo
cuando se controvierte la validez de los actos que se expidieron con
fundamento en el acto que perdió fuerza ejecutoria; y que no
impugna en este caso la licencia, sino los actos del IDU que señalan
la obligación de ceder las áreas afectadas por el plan vial arterial
gratuitamente, que tienen como motivación la licencia de urbanismo
que así lo establecía, dado que tales órdenes de la licencia perdieron
fuerza ejecutoria por los efectos retroactivos del fallo de nulidad
anteriormente citado.
Adujo que transcurridos más de cinco años desde la expedición de la
Resolución 2129 de 1995, la administración no realizó los actos
tendientes a la ejecución de la cesión de las áreas destinadas a las
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vías del plan arterial, por lo que se activó la consecuencia del artículo
66 del CCA5.
Agregó que la cesión gratuita de las áreas afectadas al plan vial
arterial no se encontraba consolidada al momento de emitirse el fallo
de nulidad; y que se podría afirmar lo contrario si se hubiera realizado
el acto de cesión antes del 2001, caso en el cual los efectos de la
sentencia de nulidad no podrían cobijar la situación en comento.
Finalmente, señaló que el fundamento del IDU para afirmar que
procedía la cesión gratuita era lo dispuesto en la Resolución 2129 de
1995, licencia que se otorgó bajo la vigencia del Acuerdo 6 de 1990
que establecía una cesión gratuita del 7% del área bruta urbanizable,
disposiciones que fueron declaradas nulas; y que la nulidad tiene
efectos retroactivos al nacimiento del acto, por tanto, sobre las
disposiciones de la Resolución de 2129 de 1995 que establecían la
cesión gratuita, opera el fenómeno del decaimiento del acto
administrativo.
5
ARTÍCULO 66. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989. Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos
por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes
casos:
1. Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan su vigencia.
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En relación con los actos que resolvieron los recursos en vía
gubernativa, manifestó que el IDU desconoció lo dispuesto en el
oficio inicialmente impugnado, lo que resultó en una revocatoria
ilegal; y que el IDU hizo un reconocimiento expreso al señalar que
las áreas objeto de disputa se encuentran en área de influencia vial,
por lo que, eventualmente, se debía proceder a un proceso de
enajenación voluntaria; que en primer lugar afirmó que podían ser
objeto de negociación y luego que debían ser cedidas gratuitamente,
aseveración que reiteró en la Resolución 1234 de 24 de abril de 2008
en la que resolvió el recurso de apelación. En este orden, la
motivación de los actos cambió, con los gravosos efectos que ello
significa para el debido proceso y el derecho de defensa.
En conclusión, señaló que el actuar del IDU no deja conclusión
distinta a un total desconocimiento de las mínimas formalidades que
se esperan en un acto administrativo y bajo el ropaje de resolución
de recursos en vía gubernativa se escondió una revocatoria ilegal de
un acto administrativo de carácter particular y concreto, que
reconocía implícitamente que el trámite a seguir era un proceso de
enajenación, por lo que la revocatoria del mismo requería el
consentimiento de la parte actora.
I.3.2 Desconocimiento del derecho audiencia y defensa
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Indicó que este cargó se materializa en la imposibilidad de formular
el recurso de reposición de manera idónea, por cuanto ilegalmente
se revocó la decisión inicial de definir la adquisición de los predios
una vez existiera presupuesto para ello y la falta de oportunidad de
comparecer a un proceso judicial iniciado mediante una acción de
lesividad.
I.3.3 Infracción de las normas en las que se debe fundar el
acto
Argumentó que la obligación de adquirir las zonas de afectación al
plan vial arterial está en cabeza del IDU, conforme al conducto
regular establecido en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997.
Señaló que el IDU, en los actos que resolvieron los recursos de la
vía gubernativa, mencionó reiteradamente que el acto mediante el
cual se otorgó la licencia de urbanismo6 se encuentra en firme, goza
de presunción de legalidad y frente al mismo no cabe recurso, ni
acción judicial alguna por expiración de los términos, de tal manera
que lo que se espera del IDU es que dé cumplimiento a lo dispuesto
en la licencia de urbanismo y proceda a negociar los 2.724.890 m2
6
Resolución 2129 de 1995
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que hacen parte de las vías del plan vial.
Precisó que, según el artículo 172 del Decreto 190 de 22 de junio de
2004 7 , son claras las competencias que le corresponden al
urbanizador de construir y ceder las vías de la malla vial intermedia
y local; y por parte del IDU, construir las vías de la malla vial arterial
principal y complementaria; y que la Avenida La Sirena es una vía
que hace parte de la malla vía arterial, por lo que le corresponde al
IDU su construcción, para lo cual necesariamente debe adquirir las
áreas objeto de debate.
Añadió que el procedimiento de enajenación voluntaria al que se
debe sujetar el IDU está dispuesto en el capítulo 3° de la Ley 9ª de
1989, modificado sustancialmente por la Ley 388 de 1997; y que en
los artículos 58 y subsiguientes se establecen las principales
condiciones que debe reunir el procedimiento de enajenación
7
Artículo 172. Competencias en la ejecución del Sistema Vial (artículo 153 del Decreto 619 de 2000).
La malla arterial principal y la malla arterial complementaria serán programadas, desarrolladas
técnicamente y construidas por la Administración Distrital de acuerdo a las prioridades establecidas en
el presente capítulo, y en coherencia con las operaciones estructurantes y programas fijados por el Plan
de Ordenamiento Territorial. Para ello deberá adquirir las zonas de reserva correspondientes.
La ejecución de la malla vial intermedia y local en terrenos en proceso de urbanización deberán ser
construidas y cedidas gratuitamente al Distrito por parte del urbanizador responsable, y deberá
ajustarse a las determinaciones técnicas establecidas para la misma en el presente capítulo y/o a los
condicionamientos fijados por los respectivos planes parciales. La interventoría de este tipo de obra
estará a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
En sectores urbanos desarrollados la construcción de las vías de la malla vial intermedia y local podrá
ser adelantada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Parágrafo. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) elaborará el proyecto y construirá las vías de la malla
arterial principal y de la malla arterial complementaria con base en el trazado y determinaciones
técnicas y urbanísticas suministradas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital
(DAPD).
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voluntaria.
Señaló que el IDU cuenta con mecanismos legítimos para adquirir
las zonas de afectación vial: la enajenación voluntaria, como lo
manifestó en el primer acto impugnado; y en caso de no lograr un
acuerdo con la sociedad Gómez Moreno, el proceso de expropiación
dispuesto en los artículos 451 y subsiguientes del Código de
Procedimiento Civil.
Por último, adujo que en la zona objeto de debate la vía ya había
sido ejecutada por el urbanizador, cuando era obligación del Estado,
específicamente del IDU; y que la zona cuyo proceso de enajenación
se solicita es de dominio público y se hace imperioso el trámite de
enajenación al Estado.
I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU -, por conducto
de apoderado, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de
ésta, en los siguientes términos:
Sostuvo que la respuesta y el contenido de la información
suministrada por el IDU en el oficio IDU-092021 de 14 de diciembre
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de 2006 bajo ningún aspecto crea, modifica o extingue una relación
jurídica con la sociedad Inversiones Gómez Moreno S.A.
Respecto de la falsa motivación alegada, anotó que esta se configura
cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que contiene
el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho y quien impugna
el acto administrativo debe probar idóneamente la misma; y que el
IDU se basó en unas normas específicas en las que se hace
referencia a que el Conjunto Residencial Icata 6, se encuentra en un
área de influencia vial y en donde de igual manera se expresa en
forma genérica y no particular que el proceso de enajenación
voluntaria sobre la zona de reserva vial solo iniciará cuando se cuente
con los recursos y la decisión administrativa de acometer la obra de
ampliación de la Avenida La Sirena, por lo que con esta simple
afirmación no está creando, modificando o extinguiendo algún tipo
de derecho.
Sostuvo que, respecto a la revocatoria directa del acto administrativo
que aduce la parte actora, se encuentra ante la misma imposibilidad
para estudiar la legalidad o ilegalidad de un presunto acto
administrativo, porque el IDU de manera alguna revocó una decisión
suya que hubiere tenido la suficiencia jurídica para transformar el
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mundo jurídico de la sociedad demandante; y que al no existir acto
jurídico es imposible su revocatoria.
Argumentó que en la presunta violación de derecho de audiencia y
defensa resulta paradójico puesto que partiendo de una simple y
llana información suministrada por el IDU la parte actora abrió la
puerta para iniciar una vía gubernativa al impugnar la información
suministrada por la entidad demandada mediante los recursos de
reposición y apelación, los cuales fueron resueltos, por lo que este
cargo resulta inconducente.
Posteriormente, señaló que no corresponde al IDU la compra
inmediata de los predios necesarios para la ejecución de la obra
Avenida La Sirena, porque, según el Acuerdo 180 de 2005 8 del
Concejo de Bogotá, el plan de obras para los estudios, diseños y
construcción de dicha avenida se encuentra ubicada en el grupo 2 y
4 de ejecución que se debe empezar a ejecutar a partir del año 2009.
Por consiguiente, para la construcción de las obras, el IDU en primer
lugar, deberá efectuar el estudio de los bienes inmuebles que se
requieran para la ejecución de aquellas; requerir a los propietarios la
8
Por el cual se autoriza el cobro de una Contribución de Valorización por Beneficio Local para la
construcción de un Plan de obras.
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documentación sobre el estado jurídico de cada predio para definir el
tratamiento que se le dará a cada uno de los bienes inmuebles y
concretar la viabilidad y procedencia para hacer una oferta de
compra; en segundo lugar, contar con los recursos necesarios para
adquirirlos; y, en tercer lugar, dar inicio al trámite de la enajenación
voluntaria o a la expropiación por vía judicial.
Afirmó que no existe obligación del IDU para iniciar un proceso de
enajenación voluntaria, por cuanto la zona objeto de la demanda no
corresponde a una afectación vial, sino a una cesión de vías del plan
vial; y que la Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre de 1995 es
un acto administrativo que a la fecha se encuentra en firme y goza
de la presunción de legalidad, el cual ya no puede ser controvertido
por recursos ni acciones judiciales.
Indicó que, de conformidad con el artículo 21 del Decreto 323 de
19929, cuando un terreno esté afectado por una o más vías de la
malla vial arterial, esta será considerada como una vía local y el
urbanizador está en la obligación de construir y ceder la vía, por lo
cual, cuando se determine si la futura Avenida La Sirena, así como la
9
Por el cual se reglamentan las zonas viales de uso público en lo referente a las áreas para el sistema
vial general y para el transporte masivo, la red vial local de las urbanizaciones y el equipamiento vial
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Carrera 9°, serán parte del plan vial arterial del Distrito Capital y los
predios de “Icata 6” estén necesariamente ligados y con uso conexo
de estas arterias, deberá darse plena y total aplicación al referido
artículo.
Manifestó que la parte actora ha omitido el cumplimiento de las
obligaciones emanadas de la Resolución núm. 2129 del 28 de
diciembre de 1995, en cuanto a la entrega de esa zona de terreno al
Distrito Capital, puesto que no aporta pruebas que así lo demuestren,
por lo que la parte accionante no puede alegar su propia culpa y
trasladarla al IDU; y que, adicionalmente, los beneficios económicos
que obtuvo el urbanizador en la venta del proyecto tienen su génesis
en la licencia de urbanismo y en ella se incluye la llamada zona de
cesión, por lo cual no reconocer esa cesión por parte del urbanizador
implica generar para su peculio un beneficio patrimonial sin causa
aparente.
Finalmente, anotó que a la parte actora le correspondía
obligatoriamente entregar las zonas de cesión al Distrito una vez
ejecutara las obras dentro del término de 24 meses, contados a partir
de la ejecutoria de la Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre de
1995; y que el urbanizador debía entregar las zonas de cesión vial a
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más tardar en diciembre de 1999, fecha para la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no se había pronunciado sobre la
declaratoria de legalidad de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de
1990, especialmente la expresión “a título gratuito”.
De lo expuesto concluye que se trata de una obligación consolidada
a cargo de la actora, que comporta la entrega material de la zona
dentro del término perentorio establecido en la citada resolución.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO10
Para negar las pretensiones de la demanda, el Tribunal razonó, así:
Inició estudiando el cargo de falsa motivación, sustentado por la
actora aduciendo que los actos administrativos impugnados
ignoraron la declaratoria de nulidad de los artículos 418 y 419 del
Acuerdo 6 de 1990. Al respecto, el Tribunal argumenta que la fuerza
de ejecutoria de un acto administrativo es la capacidad de que goza
la administración para hacer cumplir por sí misma sus propios actos;
que tal cumplimiento no depende de la intervención de autoridad
distinta a la de la misma administración: y que la pérdida de fuerza
10
Expediente digital, índice 29: Ver archivo núm. 8. Página 442.
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ejecutoria hace relación a la imposibilidad de efectuar los actos
propios de la Administración para cumplir lo ordenado por ella,
cuando ha dejado pasar el término señalado en la norma sin haber
realizado la actuación correspondiente.
En relación con los efectos de las sentencias de nulidad proferidas
por la jurisdicción contenciosa administrativa, señaló que, como lo
ha sostenido el Consejo de Estado en reiterada Jurisprudencia 11 ,
estos efectos son “ex tunc”, es decir, que producen efectos desde el
momento en que se profirió el acto anulado, por lo que las cosas
deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de la
expedición del acto. Igualmente, se ha señalado que la sentencia de
nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, como el
Acuerdo 6 de 1990, afecta las situaciones que no se encuentren
consolidadas, es decir, que al momento de producirse el fallo se
debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades
administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Sostuvo que de las pruebas recaudadas se concluye que la
11
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 3 de agosto de 2016. Exp. 2010-
00689 21616 MP. Martha Teresa Briceño de Valencia
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Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre de 1995, es el acto
administrativo que le creó a la demandante la obligación de efectuar
la cesión gratuita por virtud del Acuerdo 6 de 1990 y no el oficio núm.
IDU-092021 DTDP-8000 ni las resoluciones núms. IDU-030778
DTDP-800 y 1234 de 2008 que resolvieron los recursos, como lo
alega la actora.
Agregó que la Resolución 2129 de 28 de diciembre de 1995, para el
momento en que se declaró la nulidad de la figura de las cesiones a
título gratuito dispuesta en el Acuerdo 6 de 1990, ya se encontraba
consolidada; que sólo hasta el 4 de diciembre de 2006 la sociedad
actora presentó ante el IDU un derecho de petición solicitando la
compra del terreno, y el fallo de segunda instancia fue proferido por
el Consejo de Estado el 30 de agosto de 2001, por lo que fue después
de cinco años que se iniciaron las reclamaciones a la entidad, pero
no para buscar los efectos del fallo de nulidad sino para hacer una
petición de enajenación del terreno.
Que, en ese orden de ideas, era claro que en este caso no se
presentaban los efectos “ex tunc” de la sentencia de nulidad de los
artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990, por lo que la Resolución
2129 de 28 de diciembre de 1995 goza de legalidad y la obligación
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en cabeza de la actora subsiste.
Con relación al cargo de desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, por la modificación irregular del IDU a su acto inicial, lo que
habría vulnerado el derecho a impugnar la decisión en debida forma,
el Tribunal aseveró que de la lectura de los actos demandados no se
encuentra que se haya efectuado una revocatoria dado que mediante
dicha actuación se aclaró a la recurrente que la definición de una
zona de terreno como área de influencia para una obra de plan vial
arterial, no significa que deba ser adquirida por la entidad a cargo de
la ejecución de dichas obras, en el sentido que la administración debe
implementar toda una serie de operaciones administrativas que
eventualmente culminan con una decisión administrativa de
acometer la obra, tal como lo señaló el IDU en el oficio IDU-092021
DTDP-8000, y así ha de entenderse, que sólo luego de un proceso
técnico se podría ejecutar dicha obra.
Reiteró que la demandada de manera clara informó a la sociedad
actora, que el caso no corresponde a una zona de afectación vial
establecida por el IDU que deba ser objeto de negociación, sino que
constituye una zona de cesión de vías del plan vial, dado que por
virtud de la Resolución 2129 de 28 de diciembre de 1995, así quedó
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establecido, sin que dicho acto hubiera sido objeto de
pronunciamiento por autoridad alguna, por lo cual goza de plena
validez y en gracia de ello, el predio está afectado a la zona de cesión
de vías del plan vial.
Señaló que no encuentra soportado que con la Resolución núm. 1234
de 24 de abril de 2008 se haya vulnerado el derecho de defensa bajo
el mismo argumento según el cual el IDU hizo una revocatoria
directa de su propio acto, dado que se le informó a la recurrente que
las normas que sirvieron de sustento para la expedición de la Licencia
de Urbanismo del Conjunto Residencial “Icata Lote 6”, coinciden con
la zona obligatoria de cesión que se aprobó en dicho acto
administrativo; y que las zonas de cesión obligatoria constituyen
bienes de uso público por lo que no pueden ser vendidas al Distrito,
salvo el caso de presentarse una diferencia entre el área que pueda
requerir el IDU, posteriormente, para la ejecución de una obra en el
Distrito, caso en el cual estaría en la obligación de comprarla.
Por último, en relación con el cargo de la infracción de las normas en
que debe fundarse el acto, el a quo, tal como se estableció en los
cargos anteriores, señaló que la zona de terreno sobre el predio de
propiedad de la demandante se encuentra afectada por la cesión de
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vías del plan vial dispuesto en la Resolución 2129 de 28 de diciembre
de 1995, por lo que no le es aplicable el procedimiento establecido
en la Ley 9ª de 1989 y en la Ley 388 de 1997 para los procesos de
enajenación voluntaria o expropiación.
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN12
En memorial visible a folio 1008 del cuaderno núm. 2, la sociedad
INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. solicitó revocar el fallo de
primera instancia y, en su lugar, proferir decisión que acceda a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
Estimó que el a quo yerra al considerar que en el presente caso la
licencia de urbanismo contenida en la Resolución núm. 2129 de 28
de diciembre de 1995 crea una situación consolidada que escapa a
los efectos de la nulidad de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de
1990, dado que la tradición de las áreas de cesión nunca se
perfeccionó.
Argumentó que el objeto de la presente controversia no recae sobre
la validez de los contenidos de la referida licencia, sino respecto de
12
Expediente digital, índice 29: Ver archivo núm. 8. Página 483.
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los actos administrativos en los que se determinó el carácter gratuito
de la tradición de las zonas de cesión para el plan vial arterial, en
desconocimiento de la sentencia de 3 de agosto de 2000, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y confirmada por
esta Sección en sentencia de 30 de agosto de 2001.
Indicó que la discusión versa sobre la titularidad del derecho de
dominio de un inmueble y la obligación de una entidad pública de
adquirirlo, de tal suerte que la consolidación de la situación jurídica
debe estudiarse respecto de estos aspectos, es decir, sobre quien
está consolidada la propiedad del inmueble. Además, argumenta que
no es a través de la Resolución 2129 de 28 de diciembre de 1995 que
se consolida la tradición de dichas porciones de terreno y el efecto
del anterior acto administrativo fue simplemente delimitar las zonas
a ceder.
Anotó que en el presente caso no se realizó la tradición en los
términos del artículo 756 del Código Civil, toda vez que la licencia de
urbanismo no constituye un título traslaticio de dominio, dado que
en ella sólo se delimitan las zonas de cesión y que la conclusión a la
que debe llegarse es que al no estar ante unas zonas de cesión sobre
las que, efectivamente, se haya constituido una tradición del derecho
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de dominio, no puede considerarse esta como una situación
consolidada con la licencia de urbanismo, por lo que le son aplicables
los efectos “ex tunc” de la declaratoria de nulidad de los artículos 418
y 419 del Acuerdo 6 de 1990, razón por la cual no se trata de zonas
que deban ser transferidas a título gratuito.
Adujo que el Tribunal hizo caso omiso a la pérdida de fuerza
ejecutoria de la licencia contenida en la Resolución 2129 de 1995,
dado que partiendo de lo establecido en el artículo 66 de CCA, en el
presente caso se configuran dos de las causales de pérdida de fuerza
ejecutoria de la licencia de urbanismo. Por un lado, la entidad
demandada no realizó los actos tendientes a la ejecución de la cesión
de las áreas destinadas al plan arterial de vías, dentro de los 5 años
siguientes a la fecha en que quedó en firme en diciembre de 1995;
y, por el otro, el Tribunal inobservó que la licencia de urbanismo
perdió su fuerza ejecutoria, toda vez que a la fecha en que se
emitieron los actos administrativos demandados, esta no se
encontraba vigente como lo permite evidenciar el artículo 3° de la
Resolución 2129 de 199513.
13
Artículo 3° El término de la vigencia de la presente Licencia de Urbanismo para el predio “CONJUNTO
RESIDENCIAL ICATA LOTE 6” será de veinticuatro meses (24), contados a partir de la ejecutoria de la
presente Resolución, plazo por el cual deberán ejecutarse las obras y serán prorrogables en los términos
establecidos en el Decreto 600/93 y 389/94.
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Por último, allega a esta instancia judicial un hecho sobreviniente,
consistente en la expedición de la Resolución núm. 7359 de 2016 por
parte del IDU, con la cual determinó la adquisición de una zona de
terreno e hizo una oferta de compra sobre la zona en conflicto y la
Resolución núm. 010046 de 2016, “por la cual se ordena una
expropiación por vía administrativa”; e indicó que durante el año
2016 el IDU realizó el proceso de expropiación de una porción del
terreno correspondiente a las zonas de cesión delimitadas en la
licencia de urbanismo contenida en la Resolución 2129 de 1995, lo
que constituye una manifestación inequívoca de que la entidad
considera que dichas zonas deben someterse a los procedimientos
dispuestos por las leyes 9° de 1989 y 338 de 1997, es decir, la
enajenación voluntaria o expropiación administrativa.
Sostuvo que el IDU allegó el avalúo comercial núm. 2016-0326 en
el que estableció que el valor comercial del área objeto del trámite
expropiado era de $283.447.015; que la tradición del predio no ha
sido inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá; y que a la fecha simplemente reposa la anotación referente
a la oferta realizada a través de la resolución núm. 7359 de 2016;
por lo tanto, debe considerarse que la situación no está consolidada,
toda vez que la entidad estima necesario realizar el procedimiento de
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compra del inmueble y aun no se ha realizado su tradición.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1..- La parte actora14 manifestó que el a quo erró al considerar
que la licencia de urbanismo, contenida en la Resolución núm. 2129
de 28 de diciembre de 1995, crea una situación consolidada que
escapa de los efectos de la nulidad de los artículos 418 y 419 del
Acuerdo núm. 6 de 1990, toda vez que en el presente caso “la
discusión versa sobre la titularidad del derecho de dominio de un
inmueble y la obligación de una entidad pública de adquirirlo, de tal
suerte que la consolidación de la situación jurídica debe estudiarse
respecto de estos aspectos, es decir, sobre quien está consolidada la
propiedad del inmueble”.
Sostuvo que la referida resolución no consolidó la tradición del
terreno, simplemente delimitó las zonas a ceder y pese a que se
otorgó la escritura pública núm. 4069 de 4 de julio de 2007, en la
que se desenglobaron las áreas correspondientes a las zonas de
cesión, lo cierto es que con dicho documento tampoco de perfeccionó
la tradición pues para ello se requiere de la ejecución de las áreas, la
14
Expediente digital, índice 29: Ver archivo núm. 5. Página 39.
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aceptación de la entidad encargada de su recibo, la escrituración de
las mismas y su correspondiente registro ante instrumentos públicos.
Adujo que la conclusión a la que debió llegar el Tribunal es que al no
estar ante unas zonas de cesión sobre las que se haya constituido
una tradición del derecho de dominio, esta no puede considerarse
como una situación consolidada, por lo que le son aplicables los
efectos ex tunc de la declaración de nulidad de los artículos 418 y
419 del Acuerdo núm. 6 de 1990, ordenada en la sentencia de 30 de
agosto de 2001, proferida por el Consejo de Estado.
Señaló que el Tribunal también se equivocó al hacer caso omiso a la
pérdida de fuerza ejecutoria de la licencia de urbanismo, contenida
en la Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre de 1995, pues la
entidad demandada no ejecutó la cesión de las áreas destinadas al
Plan Arterial de Vías dentro de los 5 años siguientes a la firmeza del
referido acto y, además, a la fecha de expedición de los actos
administrativos demandados la licencia no se encontraba vigente,
por lo que se está ante las causales 2 y 3 del artículo 66 del CCA.
Finalmente, afirmó que tampoco se estudió el hecho sobreviviente
consistente en que el IDU compró una porción del terreno que
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corresponde a la mencionada cesión, a través del procedimiento de
expropiación administrativa, lo que constituía una manifestación
inequívoca de que la entidad no considera que estas zonas deban ser
entregadas a título gratuito.
IV.2.- Por su parte, la entidad demandada15 reiteró que a la parte
actora le correspondía obligatoriamente entregar zonas de cesión al
Distrito Capital, una vez ejecutara las obras dentro de los 24 meses
siguientes contados a partir de la ejecutoria de la Resolución 2129
de 1995, esto es, diciembre de 1999, fecha para la cual el Tribunal
no se había pronunciado sobre la declaratoria de nulidad de los
artículos 418 y 419 del Acuerdo núm. 6 de 1990.
Estimó que la parte actora no demostró el cumplimiento de las
obligaciones referidas, por lo que se deben desestimar los
argumentos del recurso de apelación y confirmarse integralmente el
fallo apelado, pues además no se desvirtuó la presunción de legalidad
de los actos administrativos controvertidos.
IV.3.- El Ministerio Público, en esta etapa procesal, guardó silencio.
15
Expediente digital, índice 29: Ver archivo núm. 5. Página 51.
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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1 Los actos administrativos demandados
A continuación, se trascriben apartes determinantes de los actos
demandados así:
• Oficio IDU - 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de
2006, expedido por el IDU
[…] “En atención a la comunicación citada en la referencia nos
permitimos informarle que una vez consultado el Sistema
Integrado de Información Catastral (SIIC) del Departamento
Administrativo de Catastro Distrital (DACD), el Mapa Digital de
esta Entidad, el artículo 70 del Decreto 190 de 2004 y el
Acuerdo 180 de 2005 se establece que el predio denominado
CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA LOTE 6 (antes topacio plano
U.355/4-00), se encuentra localizado en área de influencia vial
para la futura ampliación de la Avenida La Sirena, obra que se
encuentra para ser desarrollada en la Fase II (2009-2011)
Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto de Desarrollo
Urbano (I.D.U) solo podrá iniciar el proceso de enajenación
voluntaria sobre la zona de reserva vial para la ejecución del
proyecto en mención, una vez cuente con los recursos y la
decisión administrativa de acometer dicha obra.” […].
• Oficio IDU – 030778 DTDP – 8000 de 18 de mayo de 2007,
mediante el cual el IDU resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra el oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14
de diciembre de 2006.
“[…]
CONSIDERACIONES PREVIAS A RESOLVER:
La definición de una zona de terreno como área de influencia
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para una obra del plan vial arterial no significa que esta deba
ser adquirida por la entidad a cargo de la ejecución de dichas
obras a instancias y en los términos que exija el reclamante de
turno, pues para el efecto, la administración deberá
implementar toda una serie de operaciones administrativas
que eventualmente culminan con la decisión administrativa
de acometer la obra, todas ellas tendientes a establecer la real
situación predial y urbanística del inmueble cuya adquisición se
pretende. Sobre el particular conviene referir lo que en tal
sentido tiene dispuesto el POT (Decreto 190 de 2004),
previniendo por anticipado al recurrente que las peticiones no
siempre se responden acogiendo las exigencias que se
planteen:
Artículo 455. Adquisición de inmuebles por entidades
públicas del orden Distrital (artículo 491 del Decreto 619 de
2000).
El Distrito Capital es competente para adquirir por enajenación
voluntaria o mediante el procedimiento de expropiación los
inmuebles que requiera para el cumplimiento de los fines
previstos en el artículo 58 de la ley 388 de 1.997 y demás
disposiciones que contengan motivos de utilidad pública.
También son competentes para adquirir inmuebles en el
Distrito Capital, los establecimientos públicos distritales, las
empresas industriales y comerciales del Distrito y las
sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores,
cuando vayan a desarrollar alguna o algunas de las actividades
previstas en las normas referidas.
Artículo 456. Objeto Específico de la Adquisición (artículo
492 del Decreto 619 de 2000).
El objeto específico para la adquisición de uno o más inmuebles
por parte de una entidad competente, lo constituye la obra, el
programa, el proyecto o la actuación que la entidad se propone
ejecutar en desarrollo del artículo 58 de la ley 388 de 1.997,
sin necesidad de que exista un acto jurídico específico que así
lo declare.
Habiéndose identificado plenamente el objeto específico
de la adquisición, la entidad competente expedirá el acto
administrativo mediante el cual ordene adelantar todos los
estudios de tipo social, técnico, jurídico y económico que
habrán de fundamentar posteriormente los procedimientos de
la adquisición necesarios para el cumplimiento de dicho objeto.
Por ello, es necesario puntualizar que, por un lado, la
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administración no tiene expresamente dispuesta la iniciación
de las obras que hagan necesaria la adquisición del predio y
por otra, cuando se adopte tal decisión, la administración habrá
de encontrarse con la realidad jurídica y técnica de que el
predio constituye zona de cesión al distrito, tal como se
expondrá en adelante.
Sobre el particular conviene referir que la obligación normativa
arriba expuesta, será viable siempre y cuando sea
estrictamente necesaria la adquisición de los inmuebles para
ser destinados a una obra específica. En efecto, es oportuno
referirnos ya a la naturaleza jurídica del predio base de la
reclamación que nos ocupa, pues, por encima de lo que el
recurrente considere, resulta abiertamente claro para la
administración que el predio materia de discusión no tiene la
aptitud que intenta aplicarle el recurrente, pues aparece
expresamente dispuesto en el acto administrativo que
aprobó la licencia de urbanismo, que el área objeto de
reclamación comporta una CESIÓN AL DISTRITO, la cual se
encuentra debidamente amojonada en el cuadro
correspondiente del plano No. U 355/4-00.
Para mayor claridad y mejor ilustración del recurrente, hemos
de insistir que revisada la documentación aportada por el
recurrente, y en desarrollo de las averiguaciones efectuadas
por la Dirección Técnica de Predios, se pudo constatar que
la zona de terreno a que se contrae la reclamación
materia de estudio, no corresponde a una zona de
afectación vial establecida por el IDU que deba ser
objeto de negociación por esta entidad, sino a una
"cesión de vías del plan vial" de acuerdo a lo establecido
en el artículo 5° de la resolución N° 2129 del 28 de
diciembre de 1995, en una extensión de 3.270.133 M2,
así como lo estipulado cartográficamente en el plano U
355/4-00 del mismo año. No debe olvidar el recurrente que
sobre el acto administrativo que calificó el área que nos ocupa
como zona de cesión al Distrito, pesa el principio de legalidad
según el cual, hasta tanto sea revocado o anulado por la
autoridad judicial competente, presenta plenos efectos
vinculantes, amén de que el propietario del predio tuvo
oportunidad administrativa de controvertir lo que allí se aprobó.
Léase articulo 5 numeral 1° (página 5) Resolución No. 2129 de
diciembre 28 de 1995 "DE LAS ÁREAS DE CESIÓN AL DISTRITO
CAPITAL TOTALES DE LA URBANIZACIÓN", en la cual se
destaca que los 3.270.133 M2, hacen parte de cesión al
Distrito.
Como puede apreciarse, la obligación de entregar dichas
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zonas de terreno por parte del urbanizador continúa
vigente a la fecha, toda vez que así quedó establecido en
la resolución de urbanismo que cobija la obra
denominada ICATA 6. No podría ser de otro modo,
considerando que la misma resolución es alegada por el
recurrente como documento y prueba vigente para su
reclamación, lo cual significa que reconoce su valor vinculante
para efectos urbanísticos.
Es preciso evidenciar las contradicciones en que incurre el
recurrente de manera reiterada al afirmar, por un lado, que fue
el urbanizador quien construyera la obra, y por otro lado, que
fuera el IDU el ejecutor de la misma. Esto se desprende de la
simple lectura de las comunicaciones 017647 del 01 de marzo
del 2007 y IDU- 041075 del 10 de mayo de 2007. Esto desdice
de la solidez argumentativa y probatoria del recurrente, toda
vez que la contradicción recae sobre uno de los argumentos
principales de su reclamación.
En consecuencia, por las razones expuestas en el oficio objeto
de ataque y las aquí expuestas, y no existiendo motivos para
acceder a lo exigido por el recurrente, la DIRECCIÓN TÉCNICA
DE PREDIOS del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
PRIMERO. - Confirmar en todas sus partes lo dispuesto en el
oficio IDU-09202 1 -DTDP-8000 del 14 de diciembre de 2006,
denegando las pretensiones del peticionario, alegadas
mediante las comunicaciones 098963 del 04 de diciembre de
2006, 017647 del 01 de marzo del 2007 el IDU-041075 del 10
de mayo de 2007.
SEGUNDO. - Notificar la presente decisión al recurrente en los
términos del Código Contencioso Administrativo.
TERCERO: Conceder el recurso de apelación interpuesto de
manera subsidiaria ante la presente decisión en los términos y
condiciones seña lados en el C.C.A para el agotamiento de la
vía gubernativa […]”. (Resaltado fuera del texto original).
• Resolución 1234 de 24 de abril de 2008, por la cual el IDU
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el oficio
IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006
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“[…] CONSIDERACIONES SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL
RECURRENTE:
Este despacho comparte los argumentos expuestos por la
Dirección Técnica de Predios al resolver el recurso de
reposición, en el sentido que la zona de terreno que trata la
reclamación materia de estudio, no corresponde a una zona
de afectación vial establecida por el IDU que deba ser
objeto de negociación por esta entidad, sino a una
"Cesión de vías del Plan Vial", de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5° de la Resolución No. 2129
del 28 de diciembre de 1995, en una extensión de
3270.133 m2, así como a lo estipulado
cartográficamente en el plano U 355/4-00 del mismo
año.
Al respecto, el artículo 71°. Del Acuerdo Distrital 06 de 1990,
fundamento para la expedición de la Licencia de Urbanismo
para el denominado “Conjunto Residencial ICATA Lote 6",
ubicado en la Avenida 9 No. 153-49, establece: "aprobación de
Zonas de uso público por destinación que de ellas hagan
propietarios o urbanizadores. Para todos los fines legales, en
terrenos sin urbanizar en relación con los cuales se tramiten o
se hayan obtenido licencias de urbanización, las áreas o zonas
de terreno destinadas al uso público estarán siempre afectas a
ese fin específico, con el solo señalamiento que se haga de ellas
en el plano de proyecto general, aun cuando permanezcan
dentro del dominio privado y sólo podrán ser reubicadas y
redistribuidas con las consiguientes desafectaciones al uso
público que ello conlleva, antes de su entrega real y material
al Distrito Especial de Bogotá y mediante la modificación o
sustitución del proyecto general, si a ello hubiere lugar, por
otro que contemple la nueva distribución de las áreas de uso
público, siempre que el nuevo planteamiento urbanístico se
ciña a las normas vigentes en el momento de su presentación,
ya sea que se trate de una modificación o ya la sustitución total
del proyecto inicial."
Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido
reiterativa sobre la obligatoriedad en la cesión de las vías y
áreas públicas como resultado de la expedición de la Licencia
de Construcción, por lo cual se ha pronunciado de la siguiente
manera:
"El artículo 126 del Acuerdo Distrital de 7 (sic) de 1979, dispuso
que los terrenos en proceso de urbanización (área desarrollada)
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afectados por el trazado de vías arterias, cederían para tal fin
el 7% del área bruta. Y si la afectación excediera el porcentaje,
la diferencia sería negociable con el Instituto de Desarrollo
Urbano. El artículo 22 del Acuerdo N°.2 de 1980, repitió
esencialmente el contenido jurídico de la norma anterior, sólo
que en lugar de utilizar la expresión 'afectado por vías arterias'
dijo afectado por vías V - O y/o V- 1 y/o V- 2 y/o V- 3 y/o V-
3E señalando que el propietario deberá ceder obligatoriamente
el 7% del área bruta para la construcción de la vía y lo que
excediera del porcentaje será negociado con el Instituto de
Desarrollo Urbano.
"No existe en esencia ninguna diferencia jurídica en el
contenido de las normas: la cesión del 7% del área del terreno
en desarrollo es obligatoria y gratuita cuando él está afectado
por el trazado de vías arterias.
"Si la urbanización en proceso o el área urbanizaba está
afectada por el trazado de vías arterias, es obligatorio ceder un
7% del terreno para que la administración construya la vía
arteria. Si la vía requiere un área mayor, esa diferencia debe
pagarla el IDU quien es el encargado de construir la vía por el
sistema de valorización. Si los terrenos no están afectados por
el trazado de vías arterias no existe obligación de ceder el 7%
del área, porque no existe objeto.
"En todos los eventos, las urbanizaciones en proceso deben
prever la construcción de vías locales para el acceso interno de
vehículos y peatones y las obras están a cargo del propietario
o urbanizador las cuales debe ceder forzosamente por su
destinación al uso público.
"Ahora bien, ¿qué previsión contiene el artículo 16 del decreto
reglamentario? La Sala estima que le asiste razón al actor,
porque el precepto contempla una situación excepcional no
prevista en los acuerdos distritales, modificando el régimen de
las obligaciones y consiste en lo siguiente:
"Previendo un evento excepcional del artículo 126, literal B del
Acuerdo número 7, la norma acusada, dispone que cuando un
terreno no prevea el trazado de vías locales, y a la vez se
encuentre afectado por vías arterias, de tal suerte que para
acceder a los lotes de la urbanización se utilicen vías del plan
vial, ésta será considerada como vía local y el urbanizador está
obligado a construirla y cederla gratuitamente, en un ancho
mínimo equivalente a una vía V - 4 (mínimo 22 metros).
(Sentencia de febrero 25 de 1985. Sala de lo Contencioso
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Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Doctor
Samuel Buitrago Hurtado Exp. 4730. Actor Francisco Zuleta).
Reitera el Honorable Tribunal los fundamentos antes
expuestos, en otra Sentencia, en la siguiente forma:
(…)
(Sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Primera, Consejera ponente: Olga Inés
Navarrete Barrero, septiembre treinta (30) de mil novecientos
noventa y nueve (1999), Radicación número: 5554).
La jurisprudencia antes transcrita y las normas que sirvieron
de sustento para la expedición de la Licencia de Urbanismo para
la urbanización "Conjunto Residencial lcata Lote 6", cuyos
linderos están establecidos en el plano topográfico' U-355/1-
00, son suficientes para establecer que la zona que el
recurrente solicita sea comparada (SIC) por el Instituto
de desarrollo urbano IDU, coincide con la Zona
obligatoria de cesión que se aprobó en dicho acto
administrativo, como Cesión de vías Plan Vial, en un área
de tres mil doscientos setenta ciento treinta y tres
metros cuadrados (3.270.133 M2) y que constituyen
bienes de uso público, que no pueden por lo tanto ser
vendidos al Distrito ya que están bajo el dominio de la
Nación. Solo si se presenta una diferencia en el área que
pueda requerir el IDU posteriormente para la ejecución de una
obra en el Distrito, se estaría en la obligación de su compra,
cumpliendo los procedimientos y requisitos señalados por la
Ley para ello, como lo expresa el A-quo al resolver el Recurso
de Reposición.
Debe tenerse presente que el acto administrativo que expide la
Licencia de Urbanismo y establece las áreas de cesión
obligatoria para vías, se encuentra en firme, goza de la
presunción de legalidad y frente al mismo no cabe recurso, ni
acción judicial alguna por encontrarse los términos expirados.
Por lo tanto, no puede el recurrente a través de este
procedimiento de la vía gubernativa revivir dichos términos
para desconocer su vigencia y ejecutoriedad.
En estos términos, se procede a confirmar la decisión inicial,
acorde con lo resuelto en el acto administrativo que resuelve el
Recurso de Reposición y los argumentos antes señalados por
esta instancia.
Por lo anteriormente expuesto, La Dirección General
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes lo
dispuesto en el oficio IDU- 092021-DTDPBOOO del 14 de
diciembre de 2006 expedido por la directora técnica de Predios,
denegando las pretensiones del peticionario contenidas en las
comunicaciones con radicación 098963 del 4 de diciembre de
2006, 017647 del 1 de marzo del 2007 e IDU-041075 del 10
de mayo de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución al
representante legal de la Sociedad INVERSIONES GOMEZ
MORENO LIMITADA, Dr. Juan Manuel González Garavito, de
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 44
Y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la
fecha de su expedición y contra ella no procede recurso alguno
en la vía gubernativa […]”. (Resaltado fuera del texto).
V.2- Límites de la apelación
Constituye premisa fundamental atinente a la apelación, la existencia
de límites determinados en el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, “la apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá
enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso,
salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con
aquélla.”16
16
Norma vigente en el momento en que el proceso se inició, disposición reformada por el artículo 328
de CGP.
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V.3 Problema Jurídico
Corresponde a esta Sala, con fundamento en los reproches
planteados por el apoderado de la sociedad apelante, determinar si
revoca, modifica o confirma la providencia de 30 de marzo de 2017,
proferida por la Sección Primera – Subsección “A” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que denegó las súplicas de la
demanda, para lo cual se deberá determinar si la licencia de
urbanismo otorgada con la Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre
de 1995 constituye o no una situación jurídica consolidada y
establecer si los efectos de la sentencia de nulidad de los artículos
418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990, pueden ser aplicados a dicha
Resolución o a los actos administrativos demandados, es decir, los
oficios IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006, IDU
– 030778 DTDP – 8000 de 18 de mayo de 2007 y la Resolución 1234
de 24 de abril de 2008, expedidos por el IDU.
Para dar respuesta a este problema jurídico, la Sala debe
pronunciarse respecto de los siguientes aspectos: i) el análisis
jurisprudencial de la Corporación referente a los efectos de los fallos
de nulidad, ii) la naturaleza de la licencia de urbanismo y iii) el caso
concreto.
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V.4 Análisis de la apelación
V.4.1. Efectos de los fallos de nulidad – análisis
jurisprudencial
La parte actora manifiesta que la licencia de urbanismo no constituye
un título traslaticio del dominio, dado que en ella sólo se delimitan
las zonas de cesión; y que la conclusión a la que debe llegarse en el
caso sub examine es que al no tratarse de zonas de cesión sobre las
que, efectivamente, se haya constituido una tradición del derecho de
dominio, no puede considerarse ésta como una situación consolidada
con la licencia de urbanismo y, por lo tanto, le son aplicables los
efectos “ex tunc” de la declaratoria de nulidad de los artículos 418 y
419 del Acuerdo 6 de 1990.
En cuanto a los efectos de los fallos anulatorios, es necesario precisar
que la tesis que impera en el Consejo de Estado es que, por regla
general, salvo que el juzgador disponga algo distinto, se proyectan
hacia el pasado (ex tunc), con respeto de las situaciones jurídicas
consolidadas, en la medida en que tal determinación conlleva volver
las cosas al estado en el que se encontraban antes de su expedición.
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En relación con las situaciones jurídicas consolidadas esta
Corporación ha expuesto:
“(…) La Sala ha precisado que los efectos de los fallos
de nulidad de los actos de carácter general son
inmediatos frente a las situaciones jurídicas no
consolidadas, esto es, aquellas que se debaten o son
susceptibles de debatirse ante las autoridades
administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, toda vez que cuando se define la situación
jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse
en cuenta para resolver el caso resulta inaplicable porque
fue anulada.17
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue
interpuesta el 11 de diciembre 2012 y admitida el 4 de
febrero de 2013 (fol. 57). Comoquiera que el fallo que
declaró la nulidad de estampilla de previsión social
municipal quedó ejecutoriado el 18 de septiembre de
2015, la situación jurídica en lo que a ese tributo
corresponde estaba en discusión y, por tanto, no
consolidada.”18 (Negrillas fuera del texto original)
Asimismo, sostuvo:
“(…) Lo anterior por cuanto la nulidad del acto administrativo
general no implica que automáticamente opere el decaimiento
o sobrevenga la nulidad de los actos administrativos
particulares frente a los cuales no existió oposición, dado que
los mismos conservan su presunción de legalidad, aunque
hayan desaparecido los fundamentos jurídicos que los
soportaban. En relación con lo anterior se ha dicho lo
siguiente19:
“(…) la declaratoria de nulidad del acto que sirvió de base para
emitir la resolución que afectó particularmente a la parte
17
Entre otras, ver sentencias del 23 de julio de 2009, exp. 16404 CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas;
del 11 de marzo de 2010, exp. 17617, CP Martha Teresa Briceño de Valencia; del 16 de junio de 2011,
exp. 17922, CP William Giraldo Giraldo; de 3 de julio de 2013, exp. 19017, C.P. Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez y de 26 de febrero de 2014, exp. 19684, CP Martha Teresa Briceño de Valencia.
18
Consejo de Estado Sección Cuarta. Sentencia del 24 de mayo de 2018. Expediente 68001-23-33-
000-2012-00334-01(21110). M.P. Julio Roberto Piza
19
Ibidem.
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actora, no puede revivir términos más que precluidos para
intentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Como bien lo ha expresado esta Sección en casos análogos al
del sub lite, la nulidad que se declara no restablece
automáticamente derechos particulares, por cuanto cada
determinación de alcance particular que haya adoptado la
administración mantiene su presunción de legalidad, la cual
solo puede ser desvirtuada por sentencia judicial, amén de lo
cual debe afirmarse que la nulidad de un acto general se
produce para el mantenimiento de la legalidad abstracta y la
de un acto particular, para el resarcimiento de un derecho
subjetivo.
Por esta simple razón, no es procedente interpretar que el
término de caducidad haya de contarse a partir de la nulidad
del acto general”.
Así las cosas, la declaratoria de nulidad de un acto
administrativo general no afecta las situaciones
jurídicas individuales que se consoliden durante su
vigencia, ni las que hayan surgido de actos
administrativos particulares fundados en aquel, los
mismos deben ser controvertidos por el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho20.”21 (Negrillas
y resalto fuera del texto original)
Conforme a la postura jurisprudencial que se reseña: i) por regla
general los efectos de los fallos de nulidad de los actos generales son
“ex tunc”, es decir, hacia el pasado, con respecto de las situaciones
jurídicas consolidadas; ii) la declaratoria de nulidad no puede revivir
términos precluidos para intentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuando se da la afectación de derechos
particulares; y iii) la nulidad del acto administrativo general no
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2014. Número de
radicación 2382-13, C.p. Bertha Lucia Ramírez De Páez.
21
Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre de 2017. M.P. Stella Conto Díaz
del Castillo
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Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.
implica que automáticamente opere el decaimiento o sobrevenga la
nulidad de los actos administrativos particulares frente a los cuales
no existió oposición, dado que los mismos conservan su presunción
de legalidad aunque hayan desaparecido los fundamentos jurídicos
que los soportaban.
Ahora bien, una situación jurídica no consolidada es aquella que ha
sido objeto de discusión dentro de la oportunidad legal ante la
administración o ante la jurisdicción y que, al encontrarse pendiente
de resolución, no ha alcanzado aún firmeza o estabilidad jurídica.
Así las cosas, las situaciones jurídicas consolidadas son aquellas que
ocurrieron o se generaron y no fueron recurridas o demandadas por
la parte interesada dentro de la oportunidad legal y que, por tanto,
al consolidarse no pueden ser afectadas por la declaratoria de nulidad
de un acto general.
V.4.2. Naturaleza de la licencia de urbanismo
El Decreto 600 de 1993, vigente para la época de la expedición de la
licencia de urbanismo, que sirvió de fundamento al Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, en su artículo segundo definió
la licencia de urbanización en los siguientes términos:
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“[…] Artículo 2º.- Definiciones.
(…)
LICENCIA DE URBANIZACIÓN. Es el acto por el cual la
Administración Distrital autoriza la adecuación de terrenos,
ejecución de obras de urbanismo e infraestructura de servicios,
dotación, adaptación y equipamento de espacios públicos y
privados, parcelación o loteo de terrenos y en general la
organización de dichos terrenos, con arreglo a las
reglamentaciones urbanísticas, para su ulterior edificación y
utilización de las edificaciones con destino a usos urbanos. […]”
De igual forma, en el artículo 11 del citado Decreto se señaló:
“[…] Artículo 11º.- Modificado por el art. 3, Decreto Distrital
389 de 1994. Responsabilidad del titular de la licencia. El titular
de la licencia deberá cumplir las obligaciones urbanísticas y
arquitectónicas que se deriven de aquélla y responderá
extracontractualmente por los perjuicios que causaren a
terceros con motivo de la ejecución de las obras. […].”
Como se desprende de la lectura de la norma transcrita, la licencia
de urbanismo genera obligaciones específicas que recaen sobre su
titular, quien debe cumplirlas conforme a lo estipulado en el acto
administrativo. Asimismo, el artículo 27 del decreto mencionado
establece el contenido mínimo que debe incluir dicha licencia, en los
siguientes términos:
“[…] Artículo 27º.- Modificado por el art. 8, Decreto Distrital
389 de 1994. Licencia de urbanización. El D.A.P.D. expedirá la
licencia de urbanización dentro de los sesenta (60) días hábiles
siguientes a la fecha de radicación de la solicitud.
La licencia contendrá:
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1. Generalidades.
Vigencia.
Nombre del titular, quien para todos los efectos será el
urbanizador responsable.
Identificación de los folios de la matrícula inmobiliaria del
predio.
Nomenclatura del predio.
2. Adopción del plano de proyecto urbanístico
Nombre de la urbanización, número del plano y de las planchas
en las cuales se incorporó el plano.
Área del predio.
Zonas de cesión al Distrito.
Densidad.
Estrato socio-económico.
3. Mención de las especificaciones técnicas y proyectos de
redes a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 26
de este Decreto. (…) (Subraya fuera de texto) […]”
Ahora, en relación con las cesiones públicas, estas corresponden a
las transferencias de terrenos que a título gratuito efectúan los
urbanizadores como contraprestación de los beneficios de la
actividad urbanística las cuales comprenden áreas de uso público,
como vías, parques, zonas verdes, entre otros, sin que obre a favor
del particular indemnización alguna, toda vez que se trata de una
enajenación voluntaria que el Estado puede requerir dentro de su
facultad para dictar normas en materia de planificación urbanística22.
22
Corte Constitucional. T- 575 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
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El artículo 5° de la Ley 9ª de 1989 define las áreas de cesión
obligatoria gratuita como: “conjunto de inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por
tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes”; y
adiciona, en su inciso segundo, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las
vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas entre otras.
Por su parte, el artículo 32 del Decreto 600 de 1993 señala cómo
debe hacerse la entrega material de las zonas de cesión:
“[…] Artículo 32º.- Escritura y entrega material de las zonas
de cesión. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la terminación de las obras, el propietario del predio objeto de
la licencia de urbanización deberá hacer entrega material y
definitiva, total o por etapas, de las zonas de cesión, otorgar la
correspondiente escritura e inscribirla en la oficina de registro.
(Subraya fuera de texto) […]”.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado, lo siguiente:
“Se trata de bienes que se incorporan al patrimonio municipal,
con ocasión de la actividad urbanística y que indudablemente
contribuyen a la integración del espacio público. Están
destinadas a regular, con fundamento en el art. 82 de la
Constitución, la integración del espacio público y de los bienes
colectivos de uso común. Por lo demás, dichas cesiones
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gratuitas, con ocasión de la actividad urbanística, comportan
una carga a los propietarios que se enmarca en la función social
de la propiedad y su inherente función ecológica, que requiere
regulación legal en los términos del art. 58 de la
Constitución”.23
Las disposiciones constitucionales aludidas por la jurisprudencia en
cita fueron objeto de desarrollo en la Ley 388 de 199724, que en su
artículo 37 dispone:
“Espacio público en actuaciones urbanísticas. Las
reglamentaciones distritales o municipales determinarán, para
las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas
que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a
vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en
general, y señalarán el régimen de permisos y licencias a que
se deben someter así como las sanciones aplicables a los
infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas
obligaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
Capítulo XI de esta Ley.”
En síntesis, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido esta
figura jurídica como el traslado de una parte del terreno privado para
la construcción de bienes de uso público del ente territorial ante el
cual se adelanta la actuación de naturaleza urbanístico-
administrativa.25 Su entrega se efectúa mediante escritura pública
protocolizada en la correspondiente oficina de registro.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 enero de
2011, C.P. Maria Claudia Rojas Lasso. Radicación Número: No. 15001-23-31-000-2002-02582-01.
24
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.”
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 22 de febrero
de 2018, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Radicación Número: No. 25000-23-24-000-2011-
00789-01.
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V.4.3 Análisis del asunto bajo examen
La parte demandante manifiesta que el a quo yerra al considerar que
en el presente caso la licencia de urbanismo contenida en la
Resolución núm. 2129 de 28 de diciembre de 1995 crea una situación
consolidada que escapa a los efectos de la nulidad de los artículos
418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990, dado que la tradición de las áreas
de cesión nunca se perfeccionó.
La sociedad actora alegó que los actos administrativos cuestionados
se fundamentan en normas inexistentes cuando señalan que debe
hacerse una cesión gratuita para el plan vial arterial, por cuanto las
disposiciones distritales que ordenaban dicha cesión fueron
declaradas nulas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
decisión confirmada por esta Corporación.
Argumenta que el objeto de la presente controversia no recae sobre
la validez de los contenidos de la referida licencia, sino respecto de
los actos administrativos que determinaron el carácter gratuito de la
tradición de las zonas de cesión para el plan vial arterial, en
desconocimiento de la sentencia de 3 de agosto de 2000, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y confirmada por
esta Sección en sentencia de 30 de agosto de 2001.
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Al respecto, es menester señalar, como ya lo dijo la Sala en líneas
precedentes y como lo indicó el a quo, que por regla general los
efectos de los fallos de nulidad de los actos generales son “ex tunc”,
es decir, que producen efectos desde el momento en que se profirió
el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en
que se encontraban antes de la expedición del acto.
Pero, igualmente, se ha señalado que la sentencia de nulidad que
recaiga sobre un acto de carácter general afecta las situaciones que
no se encuentren consolidadas, es decir, que al momento de
producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante
las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
La Sala reitera que las situaciones jurídicas consolidadas son aquellas
que ocurrieron o se generaron y no fueron recurridas o demandadas
por la parte interesada dentro de la oportunidad legal y que, por
tanto, al consolidarse no pueden ser afectadas por la declaratoria de
nulidad de un acto general. Para el caso sub examine, la Resolución
2129 de 28 de diciembre de 1995 ya se encontraba consolidada al
momento en que se declaró la nulidad de la figura de las cesiones a
título gratuito en el Acuerdo 6 de 1990, por medio de la sentencia de
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3 de agosto de 2000, confirmada por esta Corporación en sentencia
de 30 de agosto de 2001. En este orden, no había sido objeto de
debate ante esta jurisdicción y, por ende, no se presentan los efectos
“ex tunc”.
A lo anterior se añade que a la luz de la jurisprudencia antes citada,
la nulidad del acto administrativo general no implica que
automáticamente opere el decaimiento o sobrevenga la nulidad de
los actos administrativos particulares frente a los cuales no existió
oposición, dado que los mismos conservan su presunción de legalidad
aunque hayan desaparecido los fundamentos jurídicos que los
soportaban, tal como sucede en el caso en concreto, en el que frente
a la licencia de urbanismo contenida en la Resolución 2129 de 1995,
nunca se presentó oposición alguna, ni fue controvertida, por lo tanto
preserva la presunción de legalidad.
Ahora, la parte demandante sostiene que si bien en la Resolución
2129 de 1995, mediante la cual se otorga la licencia de urbanismo,
se incorporó la obligación de la cesión gratuita del Plan Vial Arterial
correspondiente al 7% del área bruta del terreno, no es dicho acto el
que consolida la tradición de las zonas de cesión, teniendo en cuenta
que estas no fueron entregadas al Distrito ni tampoco fue
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protocolizada la escritura pública que efectuó su desenglobe, razón
por la cual no puede entenderse que hay una situación consolidada
a la que no le resulten aplicables los efectos de la declaratoria de
nulidad de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990.
Frente a este señalamiento, la Sala encuentra que no le asiste razón
a la parte recurrente, comoquiera que si bien en el año 1999 no se
consolidó la cesión material de las zonas de terreno por no haberse
protocolizado la escritura pública correspondiente, sí se consolidó la
obligación de ceder, derivada de la Resolución 2129 de 1995 que
otorgó la licencia de urbanismo. Cosa distinta es que el urbanizador
no haya cumplido con dicha obligación.
En consecuencia, es dable concluir que existe una situación
consolidada en cuanto a la obligación urbanística de cesión gratuita,
la cual se encontraba vigente y exigible desde el otorgamiento de la
licencia y, por lo tanto, no resulta procedente aplicar los efectos de
la declaratoria de nulidad de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de
1990, como lo pretende la parte actora, pues la obligación de ceder
ya se encontraba incorporada y consolidada en el marco jurídico
aplicable al proyecto urbanístico.
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Corolario de lo anterior, es que la obligación de cesión gratuita se
consolidó con la expedición de la licencia y, por ende, la falta de
ejecución por parte del urbanizador no desvirtúa la vigencia ni la
ejecutoriedad del acto administrativo por pérdida de fuerza
ejecutoria como lo alega la demandante.
Bajo el mismo razonamiento, forzoso es concluir que la falta de
ejecución material por parte del urbanizador no implica la
desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho del acto
administrativo, ni su pérdida de vigencia, como lo sostiene la
demandante.
Igualmente, como lo señaló el a quo, de la lectura de los actos
administrativos demandados no se puede inferir que se haya
efectuado una revocatoria por parte del IDU de sus propios actos
administrativos, dado que lo que hizo la entidad demandada fue
aclarar que la definición de una zona de terreno, como área de
influencia para una obra del plan vial arterial, no implica que deba
ser adquirida por la entidad a cargo de la ejecución de dichas obras,
en el sentido de que la administración debe implementar una serie
de operaciones administrativas que eventualmente culminan con la
decisión de emprender la obra, conforme se indicó en el último inciso
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del oficio núm. IDU-092021 DTDP-8000, y que sólo después de dicho
proceso técnico se podría acometer la obra.
Además, en el Oficio IDU 030778 DTDP-8000 de 18 de mayo de 2007
que resolvió el recurso de reposición, se explicó de manera clara por
parte del IDU que la zona objeto de debate no corresponde a una
zona de afectación vial establecida por este que deba ser objeto de
negociación por esa entidad, sino a una cesión de vías del plan vial,
de conformidad con lo que se estipuló en la Resolución 2129 de 1995
en su artículo 5°, sin que dicha licencia de urbanismo hubiera sido
objeto de pronunciamiento por autoridad alguna, la cual goza de
plena validez y en virtud de ello el predio está afectado a la zona de
cesión de vías del plan vial.
Por último, en relación con el hecho sobreviniente alegado por la
actora en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia,
relativo a que el IDU, a través de la Resolución núm. 7359 de 2016,26
formuló una oferta de compra de una porción del terreno que
corresponde a la cesión obligatoria gratuita al Distrito y por medio de
la Resolución núm. 010046 de 2016 ordenó “una expropiación por
26
“Por la cual se determina la adquisición de una zona de terreno que se segrega de in inmueble, por
el procedimiento de la expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de compra.
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vía administrativa”, la Sala evidenció, después de revisadas las
pruebas allegadas en esta instancia que:
En el avaluó comercial núm. 2016-0326 RT núm.45227 27 ,
fundamento para la expedición de la Resolución núm. 7359 de
201628, se indicó en su numeral cuarto que consultada la base de
datos geográfica corporativa y la planoteca del IDU, se constató que
el predio objeto de consulta corresponde a un área de cesión al
Distrito – afectación plan vial – denominada como “Afectación
Avenida La Sirena y Avenida 9”, como se evidencia en el plano del
proyecto general núm. U355/4-00 Conjunto Residencial Icata Lote 6.
Además, se señaló que la anterior afectación cuenta con un área total
de 3.270.133 m2, área que resulta superior al 7% que debía ser
cedida gratuitamente por el urbanizador al Distrito Especial de
Bogotá, libres de todo gravamen para la fecha de aprobación de la
urbanización. En dicho informe, se realizó el avalúo de 650.32 m 2
que estaban incluidos dentro del área total de la cesión de vías del
plan vial, por lo cual el IDU descontó los 650.32 m2 del área total
de cesiones al Distrito y procedió a formular oferta por dicha zona de
27
Folios 1026 a 1040 del cuaderno núm 2 del expediente.
28
“Por la cual se determina la adquisición de una zona de terreno que se segrega de in inmueble, por
el procedimiento de la expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de compra.
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terreno y, posteriormente, a ordenar la expropiación por vía
administrativa, al no haberse llegado a un acuerdo formal contenido
en un contrato de promesa de compraventa. En el parágrafo primero
del artículo primero de la Resolución núm. 010046 de 2016 29 , la
directora técnica de Predios resolvió:
[…] PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez descontada el área
requerida para la obra, queda un área sobrante de
(2.619,813M2) de terreno y su titularidad corresponde a la
sociedad fiduciaria Bogotá S.A. identificada con NIT
800.142.383-7 que resulta de restar 3.270.133, M2 área total
del inmueble del cual hace parte la zona de terreno objeto de
expropiación, de conformidad con los linderos generales
tomados del título adquisitivo del dominio (Escritura pública No.
3240 del 10 de julio de 2009 otorgada en la Notaria 45 de
Bogotá) y el Plano Urbanístico No U.355/4-00, menos (650.32
M2) área en reserva vial, conforme al informe técnico No. 2468
del 8 de noviembre de 2016 elaborado por la Dirección Técnica
de Predios del IDU y se encuentra comprendida dentro de los
siguientes linderos específicos […]”.
Del análisis realizado se concluye que de los 3.270.133 m²
destinados a cesión de vías en el plan vial, 545.243 m² corresponden
a cesión gratuita obligatoria, mientras que los 2.724.890 m²
restantes son áreas negociables con el IDU, según lo establecido en
el plano urbanístico núm. U.355/4-00. En este marco, la oferta
presentada por el IDU sobre 650,32 m² se encuentra dentro del total
previsto y recae sobre una porción de terreno susceptible de
29
“Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa” – folio 1041 anverso del cuaderno
núm 2 del expediente.
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negociación, conforme a la distinción entre cesión obligatoria y áreas
negociables.
Ello demuestra que al IDU no le correspondía la compra inmediata
de los predios requeridos para la ejecución de la obra Avenida La
Sirena, pues para esto la entidad debía seguir un procedimiento que
incluía: el estudio técnico y jurídico de los inmuebles necesarios, el
requerimiento de documentación a los propietarios, la evaluación de
cada caso para determinar la viabilidad de compra, la disponibilidad
de recursos y, finalmente, el trámite de enajenación voluntaria o
expropiación judicial.
De esta manera, queda claro para la Sala que el hecho de que el IDU
haya procedido a determinar la adquisición de dicha zona de terreno,
formular la oferta e impartir la orden para realizar la expropiación
administrativa, no constituye una manifestación de que la entidad
considere que dichas zonas deban ser entregadas a título gratuito,
como lo sostiene la sociedad actora, sino que, por el contrario,
demuestra que se llevó a cabo el correspondiente procedimiento que
culminó con la compra del terreno, el cual, se repite, estaba sujeto
al estudio técnico y jurídico para la viabilidad de la compra.
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En conclusión, para la Sala, asistió razón al a quo al denegar las
pretensiones de la demanda, comoquiera que la parte actora no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos
acusados, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia
y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Ahora, de conformidad con lo previsto en el en el artículo 171 del
CCA, no hay lugar a condenar en costas en esta instancia por cuanto
no se evidenció temeridad, abuso, ni mala fe en la actuación procesal
de la parte vencida.
Por último, se reconocerá personería al doctor HERNÁN DAVID
BONILLA SUA, para actuar en calidad de apoderado del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU-, de conformidad
con el poder y demás anexos obrantes en el índice 37 del expediente
digital.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de marzo de 2017,
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proferida por la Sección Primera – Subsección “A” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que denegó las súplicas de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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