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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00802-01

Contrato realidad: contrato de prestación de servicio

Fecha
13 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00802-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 15 de octubre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Dayra Estela Fonseca Alba contra la Empresa Social del Estado (ESE) Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá), conforme a lo indicado en la parte motiva. 2°. Revócase el ordinal séptimo de la parte dispositiva de la sentencia de 15 de octubre de 2015, concerniente al pago del subsidio familiar pagadero por parte de la caja de compensación familiar, por las razones expuestas. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2013-00802-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

13 de agosto de 2021

CONTRATO REALIDAD – Contrato de prestación de servicio / RELACION LABORAL – Elementos / ELEMENTO DE LA RELACION LABORAL – Prestación personal del servicio, remuneración y subordinación / SUBORDINACION – Demostrada / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS – Desvirtuado

“[…] que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia. En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional del ente estatal contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales. Acerca de la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar que, de acuerdo con los referidos contratos de prestación de servicios, su objeto fue «prestar los servicios en [t]erapia [f]ísica y [r]espiratoria [a]mbulatoria» de la ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá). No obstante, se probó que tales labores eran alternadas en el centro de atención para niños y jóvenes con discapacidad educativa de ese ente territorial, previa instrucción del gerente de la ESE. los medios de prueba permiten evidenciar la concurrencia de los tres elementos propios de una relación de trabajo (subordinación, prestación personal y remuneración); pero, sobre todo, que la actora prestó la labor en forma dependiente respecto del empleador, todo lo cual conduce a concluir que no se trató de una relación de coordinación, sino de una en la que imperó la subordinación. Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de prestación de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz, por lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, sin embargo, en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito. En virtud del derrotero jurisprudencial expuesto, a la actora le asiste el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de carácter legal que para el momento de los hechos devengaban los trabajadores de la ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá), tales como vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y las reconocidas por el sistema integral de seguridad social, mas no podrán concedérsele aquellas extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los empleados públicos, condición de la que ella carece.

FUENTE FORMAL: CP – ARTÍCULO 53

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00802-01(0521-16)

Actor: DAYRA ESTELA FONSECA ALBA

Demandado: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (ESE) CENTRO DE SALUD MANUEL ELKIN PATARROYO DE OTANCHE (BOYACÁ)

Referencia: CONTRATO REALIDAD

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y accionada contra la sentencia de 15 de octubre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 3 a 26). La señora Dayra Estela Fonseca Alba, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Empresa Social del Estado (ESE) Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare «[…] la nulidad del oficio fechado el día siete (7) de [m]arzo de 2012 […]», con el cual se negó la existencia de relación laboral entre las partes desde el 4 de julio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2010.

A título de restablecimiento del derecho, se condene al pago de «[l]as diferencias salariales entre las sumas pagadas y lo que efectivamente ha debido recibir»; «[l]os valores correspondientes a las prestaciones sociales ordinarias y extraordinarias que devengue un empleado público en el mismo o similar cargo [al] desempeñado […] como cesantías, con sus correspondientes intereses, dotación, prima[s] de navidad, […] de servicios [y] […] de vacaciones, vacaciones, indemnización por el no pago de las cesantías, recargo por trabajo en días domingos y festivos, auxilio de transporte, indemnización por despido injusto, subsidios que legalmente se […] reconocen (transporte y familiar) […] el pago a una entidad de seguridad social» (sic) y la licencia de maternidad; los «[a]portes al [s]istema de seguridad [s]ocial en salud, en [p]ensiones[, y] […] [r]iesgos [p]rofesionales» y a la caja de compensación familiar. Asimismo, «[l]a devolución de las sumas descontadas por concepto de retención en la fuente […]» durante el período laborado. Todo lo anterior debidamente indexado.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que «[d]esde el cuatro (4) de julio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2010 […] prestó sus servicios como terapista física y respiratoria, en forma personal, continua e ininterrumpida, en la E.S.E. Centro de Salud “Manuel Elkin Patarroyo del [m]unicipio de Otanche, por medio de una vinculación irregular, contratos de prestación de servicios […] tratando de evadir la continuidad en el servicio y el pago de los derechos mínimos irrenunciables y retroactivos […]».

Que «[l]as funciones que cumplía […] tenían que ver de manera directa con el desarrollo del objeto de la [e]ntidad contratante […]», así como «[…] recibía órdenes del [g]erente y representante legal de la E.S.E. […] inicialmente el doctor HARRISON AUGUSTO BARÓN ÁVILA y posteriormente el doctor HERNANDO VARGAS GÓNZÁLEZ, quienes indicaban los pacientes a quienes atender, los horarios y demás pertinentes, de manera unilateral. Aunado a lo anterior debe señalarse que […] no recibió quejas ni llamados de atención en desarrollo de su actividad», que se prestó en una jornada laboral de 8 horas diarias, desempeñada en diferentes sedes de la accionada (principal y el centro de atención para niños y jóvenes con discapacidad educativa), «[…] con equipos y apoyo técnico administrativo y demás, de propiedad de la entidad contratante […]».

Afirma que «[…] se dio una relación laboral, pues hubo prestación personal del servicio, bajo la continua subordinación o dependencia y recibiendo a cambio una remuneración».

Que «[…] el día 31 de diciembre de 2010 tenía ocho (08) meses de embarazo, hecho notorio que no amerita prueba. El día 28 de [e]nero de 2011 nace [su] […] hija […], como consta en el [r]egistro [c]ivil de [n]acimiento […] que se anexa. A pesar de lo anterior la E.S.E. […] no le respet[ó] el fuero de maternidad [y] […] es [des]vinculada [de] la entidad, no se respet[ó] la licencia de maternidad y no se ofrec[ió] ninguna clase de sostenimiento de la madre ni al naciturus, lo cual afect[ó] sus derechos fundamentales al trabajo, igualdad, mínimo vital, salud, dignidad humana, protección a la maternidad y a los menores de un año».

Dice que solicitó de la accionada el reconocimiento de la existencia de la relación laboral, negado con el acto acusado.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo demandado los artículos 13 y 43 de la Constitución Política, 21 del Decreto 3135 de 1968, 39 y 40 del Decreto 1848 de 1969 y 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), así como lo dispuesto en las sentencias C-154 y C-470 de 1997, T-291 de 2005, T-1003 de 2006, C-614 de 2009 y T-69 de 2010 de la Corte Constitucional.

Arguye que prestó sus servicios de manera personal, continua y subordinada, como elementos propios de una relación laboral, y por ello tiene derecho a que se le reconozcan las prestaciones propias de este vínculo, motivo por el cual el acto demandado está viciado de nulidad, pues niega el pago de las prestaciones reclamadas, dada la suscripción de los contratos de prestación de servicios.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 135 a 150). La entidad accionada, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las súplicas del libelo introductorio; respecto de los hechos dijo que unos son ciertos, otros no y los demás no le constan, por lo que deben probarse; y su defensa se limitó a formular las excepciones denominadas el vínculo es un contrato estatal, inexistencia de los derechos reclamados, presunción de legalidad y firmeza de los actos administrativos, temeridad y mala fe y prescripción.

1.6 La providencia apelada (ff. 256 a 267 vuelto). El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia de 15 de octubre de 2015, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] se encuentran demostrados los elementos constitutivos de la existencia de una relación laboral entre [las partes] […] durante el período […] en que la actora prestó sus servicios como fisioterapeuta en dicho centro de salud mediante sendos contratos de prestación de servicios, como quiera que se encuentra demostrada la actividad personal, una remuneración como contraprestación de los servicios prestados y la subordinación, evidenciada en el cumplimiento de un horario y de la existencia de un superior jerárquico tal y como se colige de la[s] declaraciones hechas por los testigos y de los certificados laborales expedidos por la ESE, y que conducen a concluir que la accionante estaba bajo la continua dependencia de la entidad demandada, evidenciándose así la existencia de un contrato realidad» (sic).

En lo atañedero al fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, advierte que la prestación de servicios se dio en dos períodos, desde el 4 de julio de 2005 hasta el 31 de marzo de 2006 y del 1º. de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010, motivo por el que aquel se configuró respecto del primer interregno.

En consecuencia, accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad del acto acusado, decretó probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva del derecho, según se explicó en precedencia, y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la accionada:

[…]
QUINTO.- […] ORDENAR […] reconocer y pagar […] el valor de las prestaciones sociales ordinarias y de los aportes al sistema de seguridad social en salud, por el período comprendido del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010, tomando como base para la liquidación el valor pactado por concepto de honorarios en cada uno de los contratos de prestación de servicios y por los períodos allí comprendidos

[…]

SEXTO.- Condenar a la ESE […] pagar […] los aportes a [p]ensión causados […] por el período […] en que prestó […] servicios como fisioterapeuta mediante contratos de prestación de servicios, esto es, del 4 de julio de 2005 al 31 de marzo de 2006 y del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010, lapso que será válido para efectos pensionales, debiéndose trasladar esas sumas a la administradora de pensiones a la que se encuentre o haya estado afiliada la demandante, o en su defecto, a la que ella determine […].

SÉPTIMO.- Condenar a la ESE […] pagar […] la suma mayor que por concepto de subsidio familiar en dinero pague alguna de las [c]ajas de [c]ompensación con sede en el departamento de Boyacá, por todo el período que acreditó haber prestado sus servicios, esto es, del 1º de abril de 2007 al 31 de diciembre de 2.010 […]

OCTAVO.- Condenar a la ESE […] a que reconozca y pague […] los valores correspondientes a aportes para salud desde el día siguiente a la fecha de terminación del último contrato de prestación de servicios suscrito esto es 1 de enero de 2011, y hasta que se cumplió el período de gestación, al igual que el monto correspondiente al pago de la licencia de maternidad de la [actora]
[…].

Además, negó las pretensiones de la demanda referentes al pago de aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales, «[…] como quiera que los riesgos a los que eventualmente estuvo expuesta la demandante, siempre estuvieron en cabeza de la entidad contratante, de tal manera que si […] hubiese sufrido algún accidente de trabajo o padecido alguna enfermedad profesional, quien hubiese tenido que asumir los posibles gastos habría sido el empleador»; a la sanción moratoria por el no pago de las cesantías, toda vez que «[…] dicha prestación tan solo va a reconocerse mediante la presente sentencia […]»; a los descuentos efectuados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por cuanto «[…] la retención en la fuente es un gravamen a cargo de los honorarios que se perciban de los contratos de prestación de servicios, los cuales no constituyen prestación social dentro de la relación laboral que surgió del mismo»; y a la indemnización por despido sin justa causa, puesto que es propio «[…] de aquellos contratos de trabajo que se celebran bajo los parámetros del derecho privado y en consecuencia no puede ser aplicada al asunto que aquí se debate […]».

1.7 Los recursos de apelación.

1.7.1 Actora (ff. 279 a 282). Por intermedio de su apoderada, interpuso recurso de apelación (parcial), en lo concerniente a que se tuvo por configurado el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, por la interrupción en la contratación desde el 1º. de abril hasta el 31 de diciembre de 2006, toda vez que a lo largo del trámite se acreditó que la prestación de servicios se dio en forma continua e ininterrumpida del 4 de julio de 2005 al 31 de diciembre de 2010.

1.7.2 Entidad demandada (ff. 274 a 278). Inconforme con la anterior sentencia, por conducto de su apoderado, también formuló recurso de apelación, al estimar que, además del interregno en que el a quo consideró que operó la prescripción, esta debe aplicarse en modo independiente de cada vinculación contractual, con lo que se tendría configurado respecto de más períodos.

Que debe analizarse la configuración de los tres elementos de la relación laboral, «[…] especialmente el de la subordinación, […] se considere[n] nuevamente los testimonios recibidos en audiencia de pruebas, pues a partir de ellos se infiere que definitivamente la [c]ontratista no cumplía su labor de manera idéntica a los demás funcionarios de la ESE al punto [de] que no existe claridad en los testimonios respecto de sus horarios de cumplimiento de funciones las cuales realizaba inclusive por fuera de la ESE estando supeditado el pago de su contrato a la entrega de los productos contratados y no al cumplimiento de órdenes u obligaciones específicas contempladas en el [m]anual de [f]unciones de la ESE, máxime cuando su cargo no existe».

Que «[a]l momento de emitir fallos los [j]ueces deben dar aplicación al principio de sostenibilidad fiscal, el fallo que se recurre en el sentido en el que fue emitido afecta de manera considerable e injusta la viabilidad financiera de la ESE, pues lo cierto es que las sentencias no son fuente de enriquecimiento y en el presente caso se le está reconociendo a la demandante derechos que inclusive no le corresponden pues como bien se dijo independientemente de la procedencia de la protección al fuero de maternidad inclusive en los [c]ontratos de prestación de servicio[s], este […] no puede traerse a colación años después so pretexto de la presunta existencia de un contrato realidad pues en el caso concreto el contrato no se prorrog[ó] por causas atribuibles a la demandante quien no quería continuar su contrato pese al cariño de sus compañeros y al equipo de trabajo quienes inclusive la organizaron un [b]aby [s]hower de despedida en el que participaron empleados y directivas según qued[ó] evidenciado en testimonio recibido en audiencia, la [t]erapista no quería permanecer más tiempo en el [m]unicipio y a partir de esta voluntad cesaron en su momento todas las obligaciones que le asistían a la ESE para con la [c]ontratista, en consecuencia el reconocimiento del restablecimiento de un derecho que nunca se vulner[ó] resulta lesivo para la ESE e [i]njusto en términos del principio de [i]gualdad respecto a casos análogos».

II. TRÁMITE PROCESAL.

Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 3 de diciembre de 2015 (ff. 295 y 296) y admitidos por esta Corporación a través de auto de 7 de junio de 2017 (f. 308), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con providencia de 4 de septiembre de 2017 (f. 332), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la accionada para reiterar sus argumentos de defensa y apelaciones.

2.2 Decreto de pruebas en segunda instancia. Por medio de providencia de 19 de febrero de 2020 (f. 356), se dispuso el decreto de pruebas en esta instancia, previo cumplimiento de los requisitos legales para tal fin, para lo cual solicitó de la accionada que remitiera «[…] la totalidad de las órdenes de servicio o contratos de prestación de servicios suscritos con la [demandante] […] entre el 4 de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010».

El anterior requerimiento fue cumplido por la accionada, según memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala si a la demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar de la ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá) el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculada como contratista, en aplicación del principio de «primacía de la realidad sobre formalidades»; o por el contrario, si los contratos de prestación de servicios que celebró con dicha entidad se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuró una relación laboral.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209 de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar».

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, pues en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968, «[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso:

La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional del ente estatal contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:

a) La accionante prestó sus servicios como profesional en terapia física en la ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá), en forma personal e interrumpida, desde el 4 de julio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2010, en virtud de los siguientes contratos de prestación de servicios:

Contratos de prestación de servicios
Inicio
Finalización
Folios
006-2005
04/07/2005
04/10/2005
62 y 63
008-2005
05/10/2005
31/12/2005
64 y 65
003-2006
02/01/2006
31/03/2006
66 y 67
Interrupción de 180 días hábiles
003-2007
02/01/2007
31/03/2007
68 y 69
005-2007
01/04/2007
30/09/2007
70 y 71
012-2007
01/10/2007
31/12/2007
72 y 73
01-2008
01/01/2008
31/08/2008
74 y 75
08-2008
01/09/2008
30/11/2008
76 y 77
013-2008
01/12/2008
31/12/2008
78 y 79
01-2009
01/01/2009
31/12/2009
80 y 81
01-2010
01/01/2010
31/12/2010
82, 83 y 55

b) La anterior prestación de servicios está avalada en las certificaciones de 29 de enero, 30 de julio, 10 de agosto y 16 de diciembre de 2010 y 3 de enero de 2011, emitidas por la tesorera, coordinadora de facturación y gerente de la ESE accionada (ff. 52 a 55 y 58/).

c) Registro civil de nacimiento 50579370, que da cuenta del nacimiento de la menor Mariana Isabel Garzón Fonseca, hija de la accionante y del señor Lucio Cresencio Garzón Barrera, ocurrido el 28 de enero de 2011 (f. 56), junto con la lectura de la ecografía obstétrica realizada el 25 anterior (f. 57). De estos documentos, sumado a lo expresado por la demandada en su alzada, se colige que para el 31 de diciembre de 2010 (momento de terminación del último vínculo contractual), la actora se encontraba en estado de embarazo.

d) En los folios 90 a 95 obran las planillas de liquidación anual durante el período en que la demandante prestó sus servicios a la accionada.

e) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores Osiris Sánchez Díaz, Luz Dary Sánchez Triana, Héctor Hernando Lozada Florido, Luz Marina Sánchez Parra, Luis Alberto Pava Padilla y María Isabel García Vargas, que relataron circunstancias referentes a la prestación de servicios de la accionante como profesional en terapia física de la referida institución de salud (ff. 225 a 231).

f) Oficio de 30 de septiembre de 2020, expedido por el gerente de la ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá) [requerido como prueba de segunda instancia por parte de esta Corporación], el que indica:

[…]
Una vez verificados los archivos existentes en la entidad, NO se encuentra registro de documentación, órdenes de servicios o contratos de prestación de servicios a nombre de la señora DAYRA ESTELA FONSECA ALBA.

Es de anotar que, en el software contable de la entidad, no se encuentra información o registro de pagos efectuados a nombre de la señora […] aclarando que el actual software de la entidad registra información del año 2010 a la fecha.

De igual forma, en los archivos contables anteriores al año 2010 físicos que reposan en la entidad no se encuentra información a nombre de la señora […]

Por último, me permito informar que el archivo que reposa dentro de la E.S.E […] se encuentra incompleto a la hora de examinar la búsqueda correspondiente a la solicitud [sic para toda la cita].

De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que la actora prestó de manera personal e interrumpida sus servicios como profesional en terapia física de la ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá) desde el 4 de julio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2010, vinculada a través de contratos de prestación de servicios, durante los siguientes períodos:

Contratos de prestación de servicios
Inicio
Finalización
006-2005
04/07/2005
04/10/2005
008-2005
05/10/2005
31/12/2005
003-2006
02/01/2006
31/03/2006
Interrupción de 180 días hábiles
003-2007
02/01/2007
31/03/2007
005-2007
01/04/2007
30/09/2007
012-2007
01/10/2007
31/12/2007
01-2008
01/01/2008
31/08/2008
08-2008
01/09/2008
30/11/2008
013-2008
01/12/2008
31/12/2008
01-2009
01/01/2009
31/12/2009
01-2010
01/01/2010
31/12/2010

También se halla acreditado que la demandante solicitó del gerente de la ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá) el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, por su desempeño como profesional en terapia física, negado con el acto demandado.

Lo primero que ha de advertirse es que, contrario a lo alegado en la demanda y el recurso de apelación de la actora, los únicos períodos acreditados por esta son los descritos en el cuadro que precede, toda vez que se carece de certeza frente a las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que aquella prestó sus servicios a la ESE en los restantes interregnos reclamados en el libelo introductorio, por cuanto si bien afirmó que de los certificaciones se desprende una continuidad en sus labores, lo cierto es que no allegó prueba alguna que así lo corrobore, dado que tales documentos dan certidumbre acerca del inicio de su prestación de servicios.

Por lo tanto, los períodos de prestación de servicios probados fueron: (i) 4 de julio de 2005 a 31 de marzo de 2006 y (ii) 1º. de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2010, respecto de los cuales se analizará la configuración de los elementos de la relación laboral.

Acerca de la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar que, de acuerdo con los referidos contratos de prestación de servicios, su objeto fue «prestar los servicios en [t]erapia [f]ísica y [r]espiratoria [a]mbulatoria» de la ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá). No obstante, se probó que tales labores eran alternadas en el centro de atención para niños y jóvenes con discapacidad educativa de ese ente territorial, previa instrucción del gerente de la ESE.

De igual modo, se encuentra demostrado con la copia de los contratos de prestación de servicios, las certificaciones y los testimonios recaudados, la existencia de los elementos de la relación laboral, por un lado, (i) la prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente la demandante fue contratada por la ESE como profesional en terapia física, según el objeto contractual ya relatado, lo que implica que fue quien prestó el servicio; por otro, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido, comoquiera que en dichos contratos de prestación de servicios se estipuló un «valor» con cargo a los recursos presupuestales de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario), que le era pagada de manera mensual, según la suma acordada. Sin embargo, cabe anotar que, pese a que no se aportó prueba de los pagos recibidos, la entidad demandada no lo controvirtió ni se opuso a ello, razón por la cual ha de entenderse que sí los efectuó, al cumplir sus obligaciones contractuales.

En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones desempeñadas por la actora en la entidad demandada y su verdadero alcance, con el fin de establecer si existió o no.

Lo primero que ha de precisarse es que la entidad demandada «es una institución de [p]rimer [n]ivel de atención conformada por [p]rofesionales que ofrecen servicios de educación, prevención, promoción, protección, y tratamiento para la recuperación de la salud», cuya misión es la de ser «[…] pionera en procesos de habilitación de servicios ambulatorios y hospitalarios de baja complejidad, nuestro propósito servir a las comunidades con [c]ompromiso, [c]alidad, [h]umanismo, [o]portunidad y [e]ficiencia [a]dministrativa», por lo que, contrario a lo expresado por aquella, la funciones desempeñadas por la accionante no fueron temporales, sino permanentes y directamente relacionadas con su misión, sumado a lo cual deben observarse los 5 años (con una interrupción de 8 meses) en que laboró para esa entidad.

Igualmente, cabe destacar que de las certificaciones aportadas por la actora, se desprende que ella cumplía un horario, lo que descarta el argumento de alzada de la demandada con el que se pretende desvirtuar el elemento de la subordinación, puesto que fue la misma entidad, mediante dichos documentos, que dio fe de la existencia de un límite temporal en la prestación del servicio y, por ende, la falta de autonomía e independencia en las labores.

Además de esta prueba documental, fueron atendidos en audiencia de pruebas los testimonios de los señores Luz Dary Sánchez Triana, Héctor Hernando Lozada Florido, Luz Marina Sánchez Parra, Luis Alberto Pava Padilla y María Isabel García Vargas, quienes aseguraron que la demandante laboraba como profesional en terapia física, atendía los pacientes de la ESE y del centro de atención para niños y jóvenes con discapacidad educativa; cumplía horario de 8 horas, recibía órdenes del gerente de la institución y que no había otra persona que desempeñara esas mismas funciones, a pesar de que son connaturales a la institución de salud.

En forma particular, sobre la declaración de la señora Osiris Sánchez Díaz, tachada por la demandada dada su vinculación con la entidad para el momento en que rindió la declaración, esta Sala encuentra que la valoración que sobre esa prueba realizó el a quo está ajustado a las reglas de la sana crítica, por cuanto, sin perjuicio de las contradicciones en que incurrió, se concluyó que sí hubo cumplimiento de horario en el desarrollo del vínculo contractual.

Frente a la credibilidad de estas declaraciones, según la tacha de que fueron objeto y su cuestionamiento en la alzada por parte de la accionada, se destaca que, a juicio de esta, estos testimonios deben descartarse como medios de prueba, pues no acreditan el cumplimiento del elemento de la subordinación y dependencia en la relación laboral.

Sobre esta inconformidad de la demandada y en atención a que se trata de uno de sus motivos de alzada, esta Sala evidencia que, escuchadas las declaraciones, no se encontró en ellas las inconsistencias alegadas (únicamente las de la señora Osiris Sánchez Díaz, que ya fue aclarada), sino que, por el contrario, expresan claridad en las condiciones de tiempo, modo y lugar en que la reclamante trabajó para la institución de salud.

Así las cosas, los medios de prueba permiten evidenciar la concurrencia de los tres elementos propios de una relación de trabajo (subordinación, prestación personal y remuneración); pero, sobre todo, que la actora prestó la labor en forma dependiente respecto del empleador, todo lo cual conduce a concluir que no se trató de una relación de coordinación, sino de una en la que imperó la subordinación.

Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de prestación de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz, por lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, sin embargo, en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito.

Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, esta cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista ningún tipo de independencia.

Por lo tanto, si bien la reclamante se vinculó a la ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá), a través de contratos de prestación de servicios, se desdibujaron las características propias de este tipo de vínculos, circunstancia que originó una relación laboral distinguida por la permanencia y continuidad en su ejecución y la correspondiente subordinación, tal como lo determinó el a quo.

En este orden de ideas, al asunto le es aplicable el principio de «la primacía de la realidad sobre formalidades», pues es indudable que la actora se encontraba en las mismas condiciones de otros empleados públicos de la planta de personal de la entidad.

La jurisprudencia de esta sección ha sostenido que cuando el objeto del contrato versa sobre el desempeño de funciones de carácter permanente y en el proceso se demuestra que hubo subordinación y dependencia respecto del empleador, surge el derecho al pago de prestaciones, porque de lo contario se afectan los derechos del trabajador.

No obstante, pese a que se encuentran probados los elementos configurativos de una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades (prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación o dependencia), destaca la Sala que ello no implica que la persona obtenga la condición de empleado público, puesto que no median los componentes para una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con el artículo 122 superior.

En tales condiciones, en cuanto al argumento de apelación del ente demandado, referente a la inexistencia de subordinación, está desvirtuado y, en esa medida, se confirmará la sentencia impugnada.

En lo referente al recurso de apelación (parcial) del actor, se precisa que su inconformidad con la sentencia de primera instancia es la decisión del a quo de declarar probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos reclamados frente al servicio prestado entre el 4 de junio de 2005 y el 31 de marzo de 2006.

En tal sentido, se evidencia que en el interregno declarado como prescrito se configuró dicho fenómeno jurídico-procesal, toda vez que, según se expuso en precedencia, la relación entre las partes tuvo una interrupción de 180 días.

En ese entendimiento, se tiene que la sentencia de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016 fijó la regla, entre otras, de que «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual», la que, aplicada al presente asunto, evidencia el acaecimiento de tal fenómeno por el primer período contractual (finalizó el 31 de marzo de 2006 y la reclamación fue atendida el 7 de marzo de 2012 mediante el acto acusado), pues al existir entre los contratos la mencionada interrupción (de 180 días hábiles), se concluye que hubo solución de continuidad y, por ende, el término prescriptivo debe contabilizarse de modo independiente para cada uno de ellos.

Con base en la citada jurisprudencia, se reitera que la actora laboró para la ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá) por medio de contratos de prestación de servicios durante dos períodos: (i) desde el 4 de julio de 2005 hasta el 31 de marzo de 2006 y (ii) del 1º. de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010, vinculaciones que, en aplicación de la primera regla de la referida sentencia de unificación, se tienen como interrumpidas para todos los efectos entre esos lapsos, por lo que, tras haberse formulado reclamación en el mes de marzo de 2012, operó el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción respecto del primer período contractual, toda vez que en lo atañedero al siguiente no trascurrió más de 3 años desde su finalización hasta la presentación de la petición en sede administrativa y, por tanto, la decisión del a quo será confirmada sobre ese punto.

Por otra parte, comoquiera que el a quo no especificó las prestaciones sociales pagaderas y en atención a la competencia atribuida en este caso por el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), procede la Sala realizar las siguientes precisiones:

Frente al reconocimiento de las primas, las cesantías y sus intereses, cabe destacar que esta Sala, en sentencia de 4 de febrero de 2016, precisó que «con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales que se deberán reconocer a título de reparación integral del daño al declararse una relación de carácter laboral, […] acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas. En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral. Dentro de las prestaciones sociales que están a cargo directamente del empleador se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas, las cesantías; y las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización». Asimismo, en providencia de 6 de octubre siguiente aclaró que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre la formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público, por lo que no es posible reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado, máxime cuando el accionante no acreditó dentro del proceso cuales son las prestaciones a las que considera tener derecho ni el origen de las mismas».

En virtud del derrotero jurisprudencial expuesto, a la actora le asiste el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de carácter legal que para el momento de los hechos devengaban los trabajadores de la ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá), tales como vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y las reconocidas por el sistema integral de seguridad social, mas no podrán concedérsele aquellas extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los empleados públicos, condición de la que ella carece.

En ese sentido, le corresponderá a la entidad accionada al momento de cumplir la condena impuesta en este fallo, determinar las prestaciones sociales que serán objeto de liquidación a favor de la demandante.

Ahora bien, en lo atañedero a las horas extras, trabajo suplementario y recargos, como dentro del expediente no existe prueba de su causación, no se puede establecer su cantidad exacta y tampoco es dable determinar si se trató de trabajo extra diurno o nocturno. Entonces, era necesario que la interesada demostrara que en efecto laboró tiempo extra, si fue de día o de noche, si existió compensación o no y si se le autorizó para tal efecto, pero como no lo hizo, se debe confirmar la decisión apelada en este aspecto.

En lo referente a la devolución de los aportes efectuados por la demandante a salud, pensión y riesgos profesionales durante la relación laboral, lo cierto es que, en criterio de la sala mayoritaria, esos recursos del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, por lo tanto, no es dable que se le sufraguen directamente al interesado. En consecuencia, resulta improcedente que se disponga el reembolso por los mencionados conceptos en la forma solicitada por la accionante, tal como lo concluyó el Tribunal de instancia.

En cuanto a los aportes a la caja de compensación familiar, cabe destacar que la parte demandante no demostró que cumplía los requisitos establecidos en la Ley 21 de 1982 referentes a las cotizaciones efectuadas a caja de compensación familiar, ni que era beneficiaria de los planes con que cuentan esas entidades, así como tampoco allegó prueba con la que acreditara pago alguno por ese concepto, por lo que se evidencia la imposibilidad de haberlos recibido y, en ese sentido, debe negarse su reconocimiento, situación que implica la modificación del fallo en ese sentido.

En lo atinente al pago de los aportes al sistema de seguridad social por el interregno en que estuvo la accionante en estado de gravidez y sin contrato de prestación de servicios, así como de la licencia de maternidad, esta Sala encuentra acertada la decisión adoptada por el a quo, por cuanto la protección de la mujer gestante y su futuro hijo se trata de un postulado que materializa los fines del Estado social de derecho, pues se predica de la trabajadora una estabilidad laboral reforzada que debe ser protegida por las entidades públicas, lo que no fue acatado por la demandada y, por ende, generó la condena en ese sentido.

Por último, sin que sea necesario un pronunciamiento adicional, esta Sala encuentra acertada la decisión de negar las pretensiones de pago de la sanción moratoria por falta de cancelación de las cesantías, de los descuentos por concepto de retención en la fuente e indemnización por despido sin justa causa, en la medida en que la obligación de pagar las prestaciones sociales surge con esta sentencia, se tratan de gravámenes obligatorios para los contratistas del Estado y no hubo lugar a tal reparación, en su orden, de acuerdo con las normas que regulan tales materias.

3.5 Síntesis de la Sala. Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se (i) confirmará parcialmente el fallo de primera instancia, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda; y (ii) revocará el ordinal séptimo de su parte decisoria que dispuso el pago del subsidio familiar del que hubiese sido beneficiaria de la caja de compensación familiar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 15 de octubre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Dayra Estela Fonseca Alba contra la Empresa Social del Estado (ESE) Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche (Boyacá), conforme a lo indicado en la parte motiva.

2°. Revócase el ordinal séptimo de la parte dispositiva de la sentencia de 15 de octubre de 2015, concerniente al pago del subsidio familiar pagadero por parte de la caja de compensación familiar, por las razones expuestas.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Ff. 338 a 340. Se dará aplicación a lo previsto en el inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), en virtud del cual «[…] [c]uando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]». Modificado por el Decreto 3074 del mismo año. En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10). Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (316-2014). No hubo interrupción, dado que el 1º. de enero de 2006 fue festivo. En el escrito de apelación, la accionada afirma que varios compañeros de trabajo de la actora celebraron con un baby shower el futuro nacimiento de su hija, lo que se presume ocurrió durante los últimos meses de embarazo, que comprendió igualmente la finalización de su vinculación contractual. Adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. A tal conclusión se llega luego de la declaración de la señora Luz Marina Sánchez, quien afirma que trabajó para el ente municipal como coordinadora del trabajo con niños especiales y que participó en una reunión con autoridades locales dentro de las cuales se encontraba el gerente de la ESE, doctor Harrison Barón (indicado en los hechos de la demanda), quien ofreció el apoyo de la institución, para lo cual se designó a la actora, que entonces alternó su trabajo en la ESE con el del centro de atención para niños y jóvenes con discapacidad educativa, en un horario para este último de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 a. m. y de 2:00 a 3:00 p. m. Esta testigo había suscrito una de las certificaciones aportadas con la demanda en las que informaba que la accionante cumplía horario; no obstante, inició su declaración con la advertencia de que aquella tenía libertad en cuanto al tiempo para desempeñar sus labores. En el desarrollo de la declaración, se le puso de presente la contradicción en que incurrió, a lo cual ella respondió que, en efecto, sí existía el cumplimiento de horario, a pesar de que la accionante llegaba a la ESE a las 9:00 a. m. Frente a esta última hora, se encuentra justificado por cuanto, como se mencionó en precedencia, cumplía labores en otro lugar, bajo instrucciones del gerente de la institución. Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 18 de noviembre de 2003, expediente: IJ-0039.
«No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público […]». Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter. Sobre este punto cabe destacar que en el expediente no obra prueba de la fecha en que se presentó la solicitud, sino en que se resolvió, esto es, el 7 de marzo de 2012 mediante el acto acusado, por lo que se presume que, tras tratarse de una petición de interés particular y dado que no fue discutido, fue atendida en el término legal, es decir, de 15 días, según lo prevé la Ley 1755 de 2015 (artículo 14), lo que lleva a concluir que la reclamación se formuló alrededor del 15 de marzo de 2012.

Toda vez que entre los contratos dentro de cada período se presentó una suspensión considerable y a través de los medios de prueba no se logró establecer que en la práctica ella se mantuvo en ejercicio continuado de sus actividades durante dicho lapso. En lo concerniente al término prescriptivo, su fundamento normativo está consagrado en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que regulan el régimen prestacional de los empleados públicos, según los cuales aquel lapso es de 3 años contados a partir del momento en que el derecho se hace exigible y que se interrumpe por una sola vez con el reclamo escrito del trabajador. Expediente 81001-23-33-000-2012-00020-01 (316-2014). Expediente 66001-23-33-000-2013-00091 01 (237-2014). Del cual en pronunciamientos anteriores se ha apartado el suscrito ponente, porque la devolución del porcentaje de cotizaciones al sistema integral de seguridad social en salud y pensiones hace parte del restablecimiento del derecho del demandante (lo que estará sujeto al fenómeno prescriptivo), y una decisión en contrario podría constituir un enriquecimiento sin justa causa a favor de la entidad estatal demandada. De igual manera, una cosa es que las entidades completen al sistema los aportes correspondientes a pensión (que comporta un derecho imprescriptible), como se dejó sentado en la sentencia de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016, y otra, la devolución de lo que el demandante tuvo que sufragar respecto del porcentaje que correspondía a su empleador, que, se insiste, integra su restablecimiento del derecho.

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Radicación No. 41001-23-33-000-2015-00217-01
Actor: DANIELA ALEJANDRA PÉREZ MONJE
IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA - Pág. No. PAGE 1

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