Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00808-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00808-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2013-00808-02
Consejero ponente: Conjuez Yoana Alexandra Flechas Yavar
5 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SALA DE CONJUECES
Conjuez ponente: Dra. YOANA ALEXANDRA FLECHAS YAVAR
Bogotá D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00808-02 (4634-2019)
Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
Demandado: Nación – Procuraduría General De La Nación.
Temas: Prima especial del 30 %, artículo 141 de la Ley 4ª de 1992. Sentencia
de unificación – SUJ-016-CE-2019.-Bonificacion por Compensación
Decreto 610 de 1998
Procede la Sala de Conjueces a resolver el recurso de apelación interpuesto parte
demandada Nación – Procuraduría General de la Nación contra la sentencia de fecha
30 de mayo de 2019, proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
de Boyacá y que accedió a las pretensiones de la demanda
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho HÉCTOR
GONZALO MONROY ARIAS, a través de apoderado judicial (fs. 1-21, c. 1), solicitó
la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó la solicitud de
reliquidación y pago retroactivo de sus prestaciones sociales teniendo en cuenta el
100% del salario mensual del demandante, incluyendo la prima especial de servicios
y la bonificación por compensación según el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y el
Decreto 610 de 1998, entre otras normas:
1
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces
de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces
de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación,
con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del
Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Parágrafo. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la
Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad».
Radicado: 15001-23-33-000-2013-00808-02 (4634-2019)
Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
✓ Oficio SG 2776 del 19 de julio de 2013 expedido por la Secretaría General de
la Procuraduría General de la Nación.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la demandada tener
como factor salarial la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación, y bajo ese supuesto se reliquiden sus prestaciones sociales y la
bonificación por compensación, durante los períodos que ha desempeñado el cargo
de Procurador Judicial II, Código 3 PJ-EC, Procuraduría 122 Judicial II Administrativa
de Tunja; así mismo que se condene al pago de la sanción moratoria respecto de
las cesantías, los intereses en los términos previstos en el artículo 195 del C.C.A, y
la indexación de las sumas que sean reconocidas.
1.2. La contestación de la demanda
La Procuraduría General de la Nación contesta la demanda oportunamente mediante
escrito radicado 7 de julio de 2016 solicito se nieguen las pretensiones de la
demanda. Dentro de sus argumentaciones expone que la Constitución Política en su
artículo 53 establece que se deben considerar los principios de progresividad y de
favorabilidad en los derechos laborales de los trabajadores, tanto públicos como
privados, señala que todo lo que recibe un asalariado de manera periódica como
remuneración se considera salario para el cálculo de prestaciones sociales. Pone de
presente que los Procuradores Judiciales I del Ministerio Público tienen funciones
en los Tribunales Judiciales y según el artículo 280 constitucional, gozan de las
mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones que los
magistrados de tribunal, quienes son sus superiores jerárquicos.
En lo que refiere a la Bonificación por compensación señala que los Decretos 610 y
1239 de 1998 establecieron dicha bonificación para los Magistrados de los Tribunales
y los Fiscales Delegados, en cumplimiento del artículo 14 de la ley 4 de 1992, esta
bonificación se aplicó también a los Procuradores Judiciales II a partir del 1 de enero
de 1999; este beneficio consistió en que sus ingresos mensuales sean un porcentaje
del total devengado por los Magistrados de las altas cortes, 60% en 1999, 70% en
2000 y 80% a partir de 2001.
Indica que la parte actora solicita el reconocimiento y pago de los porcentajes
establecidos en el Decreto 610 de 1998, aplicando la liquidación de la PRIMA Especial
de Servicios de los Magistrados de Altas Cortes según la totalidad de los ingresos
laborales anuales de los Congresistas, esto incluye el sueldo básico, gastos de
representación, primas de localización, vivienda, salud, servicios, navidad y
cesantías.
Pone de presente que el régimen salarial de la Rama Judicial y de los Congresistas
es diferente al establecido para la Procuraduría General de la Nación, por lo tanto,
no se pueden aplicar las mismas consideraciones de manera generalizada a ambos
sistemas. Añade que la Procuraduría General de la Nación no considera el auxilio
de cesantías como un ingreso laboral permanente de los Congresistas al calcular la
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Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
prima especial, esto debido a que el decreto que regula la prima especial, establecida
en la Ley 4 de 1992, especifica que solo se incluirán los componentes de carácter
permanente.
1.3 La sentencia de primera instancia
La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del
30 de mayo de 2019 (fs. 305-320, c. 1), decidió:
“PRIMERO: Inapliquense por inconstitucionales e ilegales los artículos 8° de
los Decretos 1391 de 2010, 1043 de 2011, 841 de 2012, 1016 de 2013, 9°
del Decreto 186 de 2014 y parcialmente los Decretos 1257 de 2015 y 245 de
2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
320
SEGUNDO: Declárase la nulidad parcial del acto administrativo contenido en
el oficio S.G. 2776 de 19 de julio de 2013, suscrito por la Secretaria General
de la Procuraduría General de la Nación, por el cual no se accedió a la petición
del actor de reliquidación y pago retroactivo, indexado, con los respectivos
intereses moratorios y sanciones por el no pago de todas las pretensiones
sociales - prima, vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías,
bonificaciones y las demás a las que haya lugar, teniendo en cuenta el 100%
del salario mensual del accionante, incluyendo la Prima Especial de Servicios
y la Bonificación por Compensación, como factores salariales que deben
tenerse en cuenta para liquidar y pagar todas las prestaciones sociales.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho condénase a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar
al actor HÉCTOR GONZALO MONROY ARIAS, únicamente la diferencia que
resulte de reliquidar sus prestaciones sociales devengadas como Procurador
Judicial II durante el tiempo comprendido entre el 1 de marzo de 2010 y el 5
de septiembre de 2016, teniendo en cuenta para el efecto el 30% de su
salario básico de cada año, correspondiente a la Prima Especial de Servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un plus' que se ha
debido añadir a su remuneración mensual y no como integrante de la misma.
En lo relativo a las cesantías e intereses a las cesantías, deberán consignarse
en el fondo de cesantías en que se encuentra afiliado el accionante. El valor
resultante de la reliquidación será reajustado de acuerdo con la fórmula
explicada en la parte motiva.
CUARTO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas.
SEXTO: Ordénase dar cumplimiento a la presente providencia en la forma y
términos establecidos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
En síntesis, en la decisión señala
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Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
1.4 El recurso de apelación
El apoderado de la parte demandada, mediante escrito radicado el 13 de junio de
2019 (fs. 326-363, c. 2), presentó recurso de apelación en contra de la sentencia
proferida el 30 de mayo de 2019 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
de Boyacá. Sostuvo en su recurso que: i) La prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4 de 1992, no tiene carácter salarial por disposición de la misma norma;
ii) Los derechos reclamados por el demandante, anteriores al 9 de septiembre de
2011, se encuentran prescritos de acuerdo con las normas legales aplicables y los
precedentes judiciales sobre la materia; iii) La bonificación por compensación solo
constituye factor salarial para efectos de las pensiones, según el Decreto 610 de
1998.
El apoderado de la parte demandante, mediante escrito radicado el 12 de junio de
2019 (fs.323 a 325), presenta recurso de apelación a través del cual solicita revocar
los numerales segundo y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido
de reconocer, liquidar y pagar retroactivamente, indexado y con los respectivos
intereses todas las prestaciones sociales, prima de navidad, vacaciones, cesantías,
intereses de las cesantías, bonificaciones y las demás a las que haya lugar y que
resulten probadas, teniendo en cuenta el 100% de su salario mensual, incluyendo
además de la prima especial reconocida con el fallo, la bonificación por
compensación.
1.5. Audiencia de conciliación
El día 24 de julio de 2019, se realizó la audiencia pública de conciliación, la cual se
declaró fallida y se concedió en el efecto suspensivo, el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.
2. CONSIDERACIONES
El Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos, conforme a la preceptiva del artículo 150
del CPACA.
2.1 Cuestiones previas
Los Magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado expresaron su
impedimento para conocer de este proceso, el cual fue aceptado. Luego, agotado el
respectivo sorteo de Conjueces, le ha correspondido a esta Sala conocer en segunda
instancia de este proceso. La Sala de Conjueces, al no encontrar causal de nulidad
que invalide lo actuado, procede de conformidad.
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00808-02 (4634-2019)
Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
2.2. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, en el
presente asunto se debe establecer si es procedente la reliquidación de las
prestaciones sociales del demandante, teniendo en cuenta, para tal efecto, como
base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal, más la prima
especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una adición al salario
de los servidores públicos beneficiarios de dicha prima o si la mencionada prima no
constituye una adición sino que hace parte de la remuneración básica mensual, y
así mismo si dicha prima constituye factor salarial para liquidar las prestaciones
sociales. Igualmente debe definirse lo relacionado con la prescripción trienal de las
prestaciones sociales.
En lo que atañe a la bonificación por compensación debe definirse si esta constituye
factor salarial.
2.3. La argumentación de la Sala
El marco normativo y la jurisprudencia vigente
La prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
constituye una adición al salario de los servidores públicos beneficiarios
de la misma.
En desarrollo de la atribución constitucional prevista en el artículo 150 de la
Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, en el
artículo 4 de esta Ley, se creó una prima especial de servicios.
Dijo el artículo 14:
“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto
los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la
Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente
artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del
Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00808-02 (4634-2019)
Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de
remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre
la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de
equidad.”
La expresión, según el cual, la mencionada prima no tiene carácter salarial, fue
declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C- 279 de
1996.
Por otro lado, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril
de 2009, Exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00, consejero ponente Dr. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren, preciso que el concepto de prima, siempre significará
una adición al ingreso del servidor público.
Dijo la sentencia mencionada:
“(…) la noción de prima como concepto genérico emerge a título
de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin
de expresar cualidades o características particulares del mismo,
que con todo, implica un aumento en su ingreso laboral, es así,
como la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima,
entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública
para reconocer un “plus” en el ingreso de los servidores públicos,
sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no
definido su carácter salarial, prestacional o simplemente
bonificatorio”.
La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 29 de abril de 2014, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz,
Exp. No. 11001-03-25-000-2007-00087-00, declaró la nulidad parcial de los decretos
dictados por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante los cuales
se había fijado en el 30% la prima especial creada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, al considerar que los decretos interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley.
La Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, profirió el 2 de septiembre de
2019, sentencia de UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL2 y definió las siguientes reglas
respecto de la “prima especial”:
2
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia de 2 de septiembre de
2019, Conjuez Ponente Dra. CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, Exp. No. 41001-23-33-000-2016-
00041-02
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00808-02 (4634-2019)
Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
“La Sala unifica jurisprudencia en relación con la prima especial
consagrada en el art. 14 de la Ley 4ª de 1992 en los siguientes
términos:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico
y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta.
En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de
esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por
concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la
Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la
prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a
que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial
o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación
de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no
estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración
podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la
prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad
con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por
todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte,
que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas,
incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede
respecto a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre
que, en la respectiva anualidad, sus Ingresos anuales efectivamente
percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%)
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Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte,
incluido en ello las cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese
caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se
alcance el tope del 80% señalado.
7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre
el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior
es la regla general. Esa regla tiene una excepción, que consiste en
que si la persona logra demostrar en el expediente, con pruebas
documental, que antes del 3 de diciembre de 2004 había
interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la
prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería
hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha entonces
que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3 de
diciembre de 2004.Esta excepción, como toda excepción, es de
aplicación restrictiva.
8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se
está variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los
servidores beneficiaros de la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4 de 1992- jueces, magistrados y otros funcionarios-, en
la medida en que en ningún caso se superan los porcentajes máximos
o topes fijados por el Gobierno Nacional.”
Queda así definido conforme a la sentencia de unificación ya mencionada, que la
prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica
de los servidores públicos beneficiarios de ésta y que la prima especial sólo
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2.4 El caso concreto
Probado está en el expediente, respecto del demandante lo siguiente:
• Que el actor se encuentra vinculado como Procurador Judicial II, Código 3 PJ-
EC en la Procuraduría 122 Judicial II Administrativa de Tunja desde el 1 marzo
de 2009.
• La entidad demandada ha venido liquidando y pagando al actor el 70% de la
remuneración fijada en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en
forma anual, a título de asignación básica y el 30% restante, a título de prima
especial, es decir, disminuyó la remuneración en un 30%. Así mismo, se
advierte que devengan la bonificación por compensación.
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Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
• Que el día 3 de julio de 20133 la parte demandante realizó la petición a la
entidad demandada.
• Por Resolución No. SG-2776 de 19 de julio de 2013 la Procuraduría General
de la Nación negó lo pretendido por el actor4.
A la luz de la argumentación arriba expuesta, se concluye lo siguiente:
Como bien puede advertirse, el caso que se controvierte en el presente proceso
tiene los mismos supuestos jurídicos y fácticos que originaron la sentencia de
unificación, proferida por la Sala de Conjueces el pasado 2 de septiembre de 2019.
La posición jurisprudencial que en precedencia se ha dejado reseñada, ha permitido
que esta jurisdicción en sendos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho,
haya verificado que a los funcionarios de la Rama Judicial, Procuraduría General de
la Nación, entre otros, desde el año 1993 se les ha disminuido la asignación básica,
lo cual no se compadece con los principios constitucionales e internacionales del
derecho al trabajo que demandan entre otros, la progresividad del ingreso y la
nivelación del mismo.
Resulta pertinente reiterar en este punto, lo dicho por la Sala Plena de Conjueces
en la sentencia de unificación antes referida:
“Para la Sala demostrado está que a partir de la expedición de los
Decretos 51, 54 y 57 de 1993, 104, 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995;
4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos, el Gobierno Nacional año tras año,
hasta hoy, al establecer el régimen salarial de los empleados de la
Rama Judicial, ha dado la denominación de prima especial
establecida en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, a lo que en realidad
constituye el 30% del salario de los funcionarios y empleados que
tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de que ese 30% que,
se reitera, es parte de su salario básico y/o asignación básica, sea
tenido en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales; no
más cabe que restablecer este derecho.”
En lo que tiene que ver con la prescripción trienal, esta Sala comparte la posición
asumida por la Sala Plena de Conjueces en la sentencia de Unificación del pasado 2
de septiembre de 2019, sentencia de unificación que por supuesto rectificó la
posición de la Sección Segunda expuesta en las sentencias de la Subsección A de 4
de marzo de 2010, radicación No. 25000-23-25-000-2005-06222 y Sección
Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010 Rad. No. 25000-23-25000-2005-05159.
De otro lado, se anota a título de complementación, que el fundamento jurídico de
la institución de la prescripción trienal, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
3
Folio 22 a 28 del expediente.
4
Folios 30 a 40 del expediente.
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Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
Estado a más de los dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
artículos 41 y 102, tal como lo reseña la sentencia de unificación, por vía de
analogía, también sirve de fundamente a dicha institución el artículo 151 del Código
Procesal Laboral.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, hay que concluir, que existe en el
ordenamiento legal, la institución de la prescripción trienal de las prestaciones
sociales, que en el régimen de los empleados públicos, la norma que prevé ese
régimen prescriptivo es el Decreto 3135 de 1968 y por vía de analogía también sirve
de fundamento jurídico a dicha institución, el artículo 151 del Código Procesal Laboral
en aplicación del principio de equidad, por lo que la parte demandante tiene derecho
a que se le pague las diferencias entre lo efectivamente recibido y lo dejado de
percibir, desde el día 3 de julio de 2010 o sea tres años atrás de la fecha en que
solicitó el reajuste de sus prestaciones sociales y salariales, debido a la prescripción
trienal. Y desde ese día en adelante hasta el día en que hayan ejercido el cargo de
magistrado de Procurador Judicial II, según sea el caso. Recuérdese que la petición
de la prima especial de servicios no vino a hacerla sino hasta el 3 de julio de 2013; y
a partir de esta fecha se cuentan los tres años hacia atrás para efectos de la
prescripción. Así mismo, se advierte que la demanda fue radicada el 1 de noviembre
de 2013, dentro del término de la interrupción de la prescripción. Lo anterior de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y con la sentencia
de unificación citada.
Por otro lado, es de aclarar que la prescripción no opera en relación con la obligación
de la demandada de realizar, en favor de los accionantes, las cotizaciones o aportes
al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de un
derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del
servidor público que presta sus servicios laborales al Estado5, utilizando como
ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, sin descontar el porcentaje
que se tomaba como prima especial.
En consecuencia, la Sala llega a las siguientes conclusiones en lo que atañe a la
prima especial:
I.- Al demandante se le desmejoró su salario, dándole a una parte del salario el
carácter de prima especial, decisión que repercutió en la liquidación de sus
prestaciones sociales, la cuales no se liquidaron sobre el 100% de su remuneración,
razón por la cual, se restablecerá su derecho para que su salario y sus prestaciones
sociales se liquiden sobre el 100% de su remuneración.
II.- El restablecimiento del derecho se traduce en el pago que el demandante no
recibió a título de prima especial y en el pago de las diferencias que resulten de la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración, sin
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero
ponente: Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-
15) CE-SUJ2-005-16.E
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00808-02 (4634-2019)
Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
restarle ni sumarle a éste el porcentaje de la prima especial, ya que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para
liquidar las prestaciones sociales, punto frente al cual le asiste razón al a quo.
Igualmente, se deberá ordenar el pago de las diferencias correspondientes a las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones,
teniendo en cuenta la prima especial referida.
En consecuencia, la sentencia de primera instancia será modificada y el
restablecimiento del derecho se hará efectivo desde el 3 de julio de 2010, y desde
ese día en adelante hasta que se desempeñe en el cargo de Procurador Judicial II,
según sea el caso.
-De la bonificación por compensación.
En lo pertinente a la solicitud de la parte demandante para que la bonificación por
compensación que hace parte de la remuneración mensual que percibe, sea
considerada como factor salarial para efectos prestacionales y frente a la cual la
Administración Judicial sostiene que dicha bonificación sólo constituye factor salarial
para efectos pensionales y no prestacionales.
Al respecto, se advierte que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 y
en su artículo 1° creó la llamada bonificación por compensación, el cual dispuso:
“ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo
2o del presente decreto, una Bonificación por Compensación, con
carácter permanente, que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al
sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto
perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor
salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima
especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes.
…” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
El Decreto 610 de 1998, definió y así lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala
que la bonificación por compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, razón por la cual no
le asiste razón al apelante.
En lo que hace a la manifestación de la entidad en la contestación de la demanda
en el sentido de advertir que acceder a las pretensiones de la demanda se podrían
superar el máximo de ingresos fijados por el legislador para el cargo del
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00808-02 (4634-2019)
Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
demandante, en relación con la remuneración de la asignación de un magistrado de
Alta Corte, basta con reiterar lo definido en la sentencia de Unificación del 2 de
septiembre de 2019 que en este aspecto dijo lo siguiente:
“6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por
todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte,
que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas,
incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede
respecto a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre
que, en la respectiva anualidad, sus Ingresos anuales efectivamente
percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%)
de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte,
incluido en ello las cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese
caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se
alcance el tope del 80% señalado.
En consecuencia, la entidad demandada deberá verificar que para el demandante,
efectuada la liquidación de sus prestaciones como se ordena en esta sentencia, y
tal como lo dispuso el artículo 1 del Decreto 610 de 1998, el total de la Bonificación
por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima
especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales, iguales al
ochenta por ciento (80%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, no devengue suma superior a
ese 80%, pues como lo anotó la sentencia de unificación de 2 de septiembre de
2019, ese 80% es un piso y un techo6.
Precisado lo anterior, se encuentra que el actor tiene derecho al reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de
1998, o sea al 80% de lo que por todo concepto salarial recibe un magistrado de
Alta Corte, en su calidad de magistrada de tribunal, a su vez, los magistrados de alta
de Alta Corte tienen derecho a recibir el 100% de la remuneración y prestaciones
sociales que recibe un congresista de la República por todo concepto, incluido el
auxilio de cesantía.
6
Ver sentencias en las que se adoptaron una decisión similar:
-Consejo de Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - consejera ponente: Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez), dos (2) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 25000-
23-25-000-2011-00668-02(2919-18) Actor: Manuel Alfonso Zamudio Mora.
• Consejo De Estado- Sala De Lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda – Sala De Conjueces- Conjuez
Ponente: Nubia González Cerón- siete (7) de junio de dos mil veintidós (2022) - radicación: 25000-23-42-000-
2017-00598-02 (6111-2019), demandante: Diana Lucía Sánchez Serna.
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Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
En cuanto a la prescripción en lo que tiene que ver con la bonificación por
compensación, se advierte que como bien lo definió la jurisprudencia de
unificación antes referida, ante la coexistencia de dos regímenes salariales
diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que
para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998,
que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del
Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es decir,
no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo
cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del
Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012.
En consecuencia, resulta que la exigibilidad del derecho para reclamar el
reconocimiento de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de
1998 se dio en dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró
la nulidad del Decreto 2668 y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 4040 y ese momento de exigibilidad debe analizarse en cada caso
concreto.
Al respecto, se advierte que Héctor Gonzalo Monroy Arias tiene derecho en
consecuencia a que se le pague la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo
dejado de percibir por el reajuste de la bonificación por compensación, desde el
día 1 de marzo de 2009, fecha en que se posesiono como Procurador Judicial II,
y de ahí en adelante hasta que ocupe dicho cargo.
Lo anterior, por cuanto dicha petición fue presentada el 3 de julio de 2013, dentro
de los tres años siguientes de que el derecho se hizo exigible con la ejecutoria de la
sentencia que decretó la nulidad del Decreto 4040, esto es el 28 de enero de 2012,
razón por la cual, no ocurrió el fenómeno jurídico de la prescripción.
Por otro lado, es de aclarar nuevamente que la prescripción no opera en relación
con la obligación de la demandada de realizar, en favor de la accionante, las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se
reconoce en cabeza del servidor público que presta sus servicios laborales al Estado7.
Cosa distinta es que si la Nación – Procuraduría General de la Nación, acredita haber
pagado sumas de dinero por concepto de reajuste o reliquidación de la bonificación
por compensación a favor del demandante, con base en transacción, conciliación,
pago de la diferencia por orden de tutela o equivalentes, pueda legítimamente
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente:
Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-
16.
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Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
descontarlas de la liquidación que resulte por el cumplimiento de una providencia
posterior que imponga dichos pagos.
De conformidad con lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera
instancia, se ordenará estarse a lo resuelto por las sentencias de unificación
jurisprudencial citadas, se declarará la nulidad de los actos administrativos
demandados, y se declarará el restablecimiento del derecho conforme lo señalado.
Esta Sala se abstendrá de condenar en costas y agencias en derecho, porque no se
aprecia una mala fe o una deslealtad procesal de la demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: ADICIONÁSE la sentencia apelada en el sentido de estarse a lo
dispuesto por las sentencias de Unificación Jurisprudencial del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces del 2 de septiembre de 2019 (Ponente CARMEN
ANAYA DE CASTELLANOS, Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18) CE-SUJ-
016-S2-19, Actor: JOAQUÍN VEGA PÉREZ) [entiéndase incluido el auto de la misma
Sala de Conjueces del 7 de octubre de 2019 que la aclaró parcialmente y la corrigió],
y la del 18 de mayo de 2016 de la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo
de Estado (Ponente JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA, Exp. No.
250002325000201000246-02, Actor: Jorge Luis Quiroz Alemán), de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: REVOCAR los numerales TERCERO y CUARTO de la sentencia
proferida el 30 de mayo de 2019 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
de Boyacá, y en su lugar SE DISPONE:
PRIMERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la
NACIÓN- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a: i) reliquidar y
pagar las diferencias correspondientes a los salarios liquidados sobre la base
del 100% del salario básico, sin que se descuente lo que corresponde a la
prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales al actor,
liquidadas sobre la base de todo el salario básico, ya que la prima especial
de servicios no tiene carácter salarial; y iii) lo anterior será reconocido
a partir del 3 de julio de 2010 y de ahí en adelante hasta que ocupe el
cargo de Procurador Judicial II, según sea el caso, ya que operó la
prescripción trienal.
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00808-02 (4634-2019)
Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
Igualmente, la entidad demandada deberá reconocer y pagar al actor, el
derecho adquirido a recibir una bonificación por compensación
equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto
devenga un Magistrado de Alta Corte, conforme a lo dispuesto en el Decreto
610 de 1998, con la inclusión de todos los factores que devengan los
Congresistas, el que debe contener la cesantía de dichos dignatarios, sin que
de manera alguna sobrepase el límite porcentual fijado en el Decreto referido,
a partir del 1 de marzo de 2010 y desde ese día en adelante hasta que
ocupe el cargo de Procurador Judicial II.
De la liquidación que resulte por el cumplimiento de esta providencia, se
podrán descontar las sumas de dinero que la entidad condenada hubiese
cancelado al demandante en caso de haber efectuado transacción,
conciliación, pago de la diferencia por orden de tutela o equivalentes.
Lo anterior condicionado a que la entidad demandada verifique que
efectuada la liquidación de las prestaciones del demandante como se ordena
en esta sentencia, y tal como lo dispuso el artículo 1 del Decreto 610 de 1998,
el total de la Bonificación por Compensación, con carácter
permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los
demás ingresos laborales actuales iguales al ochenta por ciento
(80%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, no devengue suma
superior a ese 80%, pues como lo anoto la sentencia de unificación de 2 de
septiembre de 2019, ese 80% es un piso y un techo.
Se precisa que la bonificación por compensación sólo constituirá factor
salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes.
TERCERO: ORDENAR el pago de las diferencias correspondientes a las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones,
teniendo en cuenta la prima especial y la bonificación por compensación referidas,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia
CUARTO: Condenar a la parte demandada a pagar a la demandante los intereses
moratorios contemplados en el inciso tercero del artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se causen a
partir de la ejecutoria de esta sentencia y hasta la fecha en que produzca el pago
de las condenas.
QUINTO: CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.
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Demandante: Héctor Gonzalo Monroy Arias
SEXTO: ADICIÓNASE la sentencia apelada, en el sentido de DECLARAR que de
la liquidación que resulte por el cumplimiento de esta providencia, se descontarán
las sumas de dinero que la entidad condenada hubiese cancelado a la parte actora
en caso de haber efectuado transacción, conciliación, pago de la diferencia por orden
de tutela o equivalentes.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen. CÚMPLASE.
La anterior decisión fue estudiada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
YOANA ALEXANDRA FLECHAS YAVAR
Conjuez ponente
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
HUGO ALBERTO MARÍN HERNÁNDEZ ORLANDO ENRIQUE RAMÍREZ DURÁN
Conjuez Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con
el artículo 186 del CPACA.
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