Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00904-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00904-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2013-00904-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00904-01 (3643-2015)
Demandante: María Eugenia Chaparro Fonseca
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos como docente en
plazas del orden nacionalizado y territorial con contratos de
prestación de servicio. Aplicación de sentencias de unificación
del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. Rechaza
recurso de reposición contra auto que no avoca conocimiento
para unificar. Improcedencia de intereses moratorios del artículo
141 de la Ley 100 de 1993. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el once (11) de junio de dos mil quince (2015) por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de
la demanda.
ANTECEDENTES
La señora MARÍA EUGENIA CHAPARRO FONSECA instauró demanda en contra
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de la Resolución UGM 008260 del 15 de septiembre de
1 Folios 6 a 7.
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00904-01 (3643-2015)
2011, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a
favor de la demandante. Que a título de restablecimiento del derecho se condene a
la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a las
previsiones de la Ley 114 de 1913 con los correspondientes reajustes anuales, así
como el retroactivo debidamente indexado de las mesadas adeudadas por dicho
concepto desde el 17 de septiembre de 2008.
Que se ordene el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993.
Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsiones de los artículos
192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que la demandante nació el 14 de julio de 1955. Que durante su vida laboral se
desempeñó como docente en el departamento de Boyacá desde el 25 de abril de
1975 hasta el 2 de mayo de 1978, esto en virtud del nombramiento efectuado por la
misma autoridad territorial. Posteriormente, la actora detentó una vinculación como
educadora del municipio de Tunja a partir del 18 de enero de 1991 y hasta el 18 de
enero de 1993 y posteriormente lo fue a través de contratos de prestación de
servicio celebrados entre el 21 de abril y el 30 de noviembre de 1993 y del 14 de
febrero al 4 de diciembre de 1994.
Que mediante el Decreto 080 del 24 de febrero de 1995, el alcalde del municipio de
Tunja nombró en propiedad a la reclamante como maestra de la Concentración
Escolar Centenario de dicha entidad territorial, ello desde el 13 de febrero de 1995
y al menos hasta la fecha de presentación de la demanda cuando aún laboraba (16
de diciembre de 2013).
Que el 12 de abril de 2011, la señora Chaparro Fonseca radicó ante la UGPP una
solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber
laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio. Que la entidad
demandada negó lo reclamado a través de la Resolución UGM 008260 del 15 de
septiembre de 2011, al asegurar que la docente detentó una vinculación del orden
nacional que no puede ser tenida en cuenta para consolidar el derecho pensional.
2 Folios 2 a 6.
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00904-01 (3643-2015)
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 13 de marzo de 2014,3 y notificada a la
UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el cual manifestó que se negó
el reconocimiento prestacional solicitado por cuanto se pudo comprobar mediante
el certificado de tiempos de servicio, que la demandante no se encontraba vinculada
al servicio oficial en calidad de docente de orden distrital, departamental, municipal
o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Que adicionalmente,
los sucesivos contratos de prestación de servicios no deben ser tenidos en cuenta,
toda vez que no generan vinculación directa para con la entidad, por lo cual no se
puede establecer el régimen prestacional con el cual se vinculó en desempeño de
sus funciones como docente, es decir, que no se trató de una vinculación legal y
reglamentaria. Que además, los tiempos de labor oficial desde 1991 corresponden
a una vinculación de tipo nacional, por lo que no es posible tenerlos en cuenta para
acceder a la prerrogativa bajo estudio.
Propuso las excepciones que denominó, (i) inexistencia de la obligación o cobro de
lo no debido, (ii) inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales,
(iii) prescripción de mesadas y (iv) genérica o innominada.
En la audiencia inicial6 se definió que las excepciones propuestas eran de mérito y
por lo tanto serían resueltas en la sentencia. Seguidamente se fijó el litigio
estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se
orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el
decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.
En la audiencia de pruebas7 se recaudaron los medios de convicción decretados y
se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con
posterioridad.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
El Tribunal Administrativo de Boyacá dictó sentencia escrita el 11 de junio de 2015,
a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte activa en aplicación del artículo 188 del CPACA, fijando como agencias en
derecho el 1% del valor de la cuantía del litigio. Para ello se refirió al régimen
especial de la pensión gracia de los docentes oficiales dispuesto por las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, para posteriormente analizar la aplicación de
los requisitos previstos en estas normas en el caso específico de la accionante.
3 Folios 101 a 102.
4 Folios 111 y 115.
5 Folios 145 a 156.
6 Folios 179 a 183.
7 Folios 196 a 198.
8 Folios 227 a 234, C2.
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00904-01 (3643-2015)
Sobre el caso particular aseguró que para acreditar el tiempo de servicio de 20 años,
la parte activa relacionó cuatro periodos diferentes en los que desempeñó sus
funciones vinculada con el municipio de Tunja, el primero con nombramiento en
provisionalidad de 16 de abril de 1991 hasta el 18 de enero de 1993, el segundo y
el tercero con dos contratos de prestación de servicios desde el 22 de abril de 1993
hasta el 30 de noviembre del mismo año y del 14 de febrero de 1994 hasta el 4 de
diciembre de igual anualidad, y el cuarto por nombramiento en provisionalidad
desde el 24 de enero de 1995 hasta la fecha de expedición de la certificación.
Que los anteriores lapsos fueron cumplidos en razón de sendas vinculaciones
nacionales de acuerdo con el certificado de tiempo de servicio del 17 de abril de
2013, el cual fue ratificado según el Oficio 0167 del 19 de septiembre de 2014
expedidos por la Alcaldía de Tunja.
Que si bien es cierto los actos administrativos de nombramiento de la actora en los
años 1991 y 1995 no fueron expedidos por el Ministerio de Educación, estos sí se
dictaron por un ente territorial en uso de las facultades conferidas por la Ley 29 de
1989 y de conformidad con los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, normativa
que otorga la facultad a los alcaldes para realizar nombramientos de personal
docente de carácter nacional. Que lo anterior se verifica ante la intervención del
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER de Boyacá,
quien certificó la existencia de disponibilidad presupuestal y la vacancia del cargo,
con lo que queda establecido que dicho funcionario en el caso que se analiza no
realizó un nombramiento de carácter municipal.
Que frente a los contratos de prestación de servicios con los que la accionante
ejerció labores de educadora para los años 1993 y 1994, debe mencionarse que un
estudio sobre el tipo de vinculación que estos conllevarían resulta de plano
innecesario, por cuanto el tiempo laborado en el año 1991 y el realizado desde el
año 1995 como docente en provisionalidad, no es computable para efectos de
cumplir con el tiempo de años de servicio para el reconocimiento de la pensión
gracia, y sin el mismo no alcanza a satisfacer el requisito. Que aunado a ello, en el
trámite de audiencia inicial se señaló que los periodos laborados bajo aquella
modalidad, solo podían tenerse en cuenta si existía decisión judicial reconociendo
la relación laboral, lo cual no ocurrió.
Que la demandante al tener la connotación de docente nacional para el año 1991 y
desde el año 1995 hasta la fecha, su salario debe entenderse que es sufragado con
dineros de la Nación, por lo que, en el caso de reconocérsele el derecho a percibir
pensión de jubilación gracia estaría recibiendo doble recompensa del tesoro público.
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EL RECURSO DE APELACIÓN9
La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia por considerar que como los nombramientos de la
reclamante después del año de 1991 y hasta el año de 1994, los hizo el alcalde
municipal de Tunja al tenor del artículo 1º de la Ley 91 de 1989, no podría
considerarse que sus vinculaciones fueron del orden nacional, sino nacionalizado
y/o territorial, por lo que tales períodos sí deberían tenerse en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia.
Que el procedimiento regulado por las Leyes 24 y 29 de 1989, así como por el
Decreto 1706 del mismo año, es aplicable para todos los docentes, por lo que el
hecho de que el delegado permanente del Ministerio de Educación ante el Fondo
Educativo Regional de Boyacá certifique la disponibilidad presupuestal, no quiere
decir que la naturaleza del nombramiento del educador sea nacional, pues dicha
certificación lo que le garantizaba al alcalde municipal era que tendría garantizados
los recursos en el presupuesto para el pago de sus salarios y prestaciones sociales.
Que el referido proceso de descentralización educativa se formalizo aún más con la
expedición de la Ley 60 de 1993 para concluir con la Ley 115 de 1994, normas que
en forma categórica dispusieron que toda vinculación de personal docente, directivo
docente y administrativo al servicio público estatal, solo podría efectuarse dentro de
la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial, para cuyo ingreso
el maestro debía superar el respectivo concurso de méritos. No obstante, el artículo
106 de la misma normativa establece que los actos administrativos de
nombramiento, traslado, permutas y demás novedades de personal docente se
harán por los gobernadores y alcaldes que administren la educación regional.
Que en tal sentido, si el nombramiento que se le hizo a la señora Chaparro Fonseca
fue después de la entrada en vigencia la Ley 115 de 1994 y por decisión de una
autoridad municipal, debía entenderse entonces que el tipo de relación legal y
reglamentaria era territorial y/o nacionalizada, al punto de que ese período del 24
de enero de 1995 a la fecha de hoy sí es computable para consolidar el derecho a
la pensión gracia.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes demandante y demandada presentaron alegaciones finales con las que
reiteraron sus argumentos expuestos en la demanda, su contestación y en el
recurso de apelación.10
9 Folios 230 a 241.
10 Folios 267 y 270 a 274.
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POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO11
El Ministerio Público emitió concepto en el presente caso en el sentido de solicitar
que se revoque la sentencia apelada y en su lugar se acceda a las pretensiones de
la parte actora. Para el efecto adujo que al revisar la naturaleza de las instituciones
donde ha prestado sus servicios la accionante, se encuentra que estas no son
nacionales, sino territoriales, y por lo tanto de igual forma lo serían sus plazas.
Que tal afirmación tiene sustento en los argumentos esgrimidos por el apoderado
de la demandante y la revisión e interpretación sistemática de la Ley 29 de 1989, el
Decreto 1706 del mismo año, la Ley 60 de 1993, el Decreto 2886 de 1994 y la Ley
115 de 1994.
Que en el presente caso es muy importante precisar el concepto de
descentralización de la educación desde el año 1998 y la incidencia de los Fondos
Educativos Regionales, pues la motivación que tuvo el legislador fue trasladar esta
competencia de la Nación a los diversos entes territoriales, sin que ello cambie la
calidad del nombramiento del personal docente nacionalizado.
Que teniendo en cuenta que la reclamante acreditó haber sido educadora territorial,
contrario a lo sostenido por el a quo y la entidad demandada, al cumplir los demás
requisitos, esto es tener 50 años de edad y 20 años de servicios, las súplicas de la
demanda están llamadas a prosperar.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter de territorial o
nacionalizado durante todo el tiempo de servicio.
Cuestión previa - Sobre el recurso de reposición contra el auto que no avocó
conocimiento para unificación de jurisprudencia
Antes de abordar el caso concreto, la Sala observa que mediante memorial que obra
en la plataforma SAMAI,12 la UGPP interpuso recurso de reposición contra el auto
del 26 de octubre de 2022,13 por medio del cual la Sección Segunda en pleno decidió
no avocar el conocimiento de la solicitud de unificación de jurisprudencia elevada
por dicha entidad, tendiente a que se defina qué es lo que debe entenderse como
plaza docente.
11 Folios 275 a 284.
12 Índice 31 de la plataforma SAMAI.
13 Índice 25 de la plataforma SAMAI.
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Al respecto, resalta la Subsección que el artículo 271 del CPACA14 prevé en su
inciso sexto que el auto que decide si avoca o no conocimiento, no es susceptible
de recursos, razón por la cual en el presente asunto resulta improcedente la
reposición formulada por la parte accionada, al punto de tener que ser rechazada
por esa misma razón sin más consideraciones sobre el particular.
En consecuencia, se abordará seguidamente la apelación de la sentencia objeto de
análisis en esta instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
14 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021.
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00904-01 (3643-2015)
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»15. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
15 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00904-01 (3643-2015)
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199716 señaló que,
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201817
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
17 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00904-01 (3643-2015)
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00904-01 (3643-2015)
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,18 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
18 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el
entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales
circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se
centran y limitan en verificar si la naturaleza jurídica de las vinculaciones de la
demandante como docente oficial, fueron del orden territorial o nacionalizado que le
permitan acumular los 20 años de servicio necesarios para consolidar el derecho
pensional en litigio.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se
observa que la señora María Eugenia Chaparro Fonseca nació el 4 de julio de
195519, de modo que cumplió los 50 años el 4 de julio de 2005.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de
debate en esta instancia), se advierte en primer lugar que conforme al certificado de
tiempo de servicio emitido el 2 de mayo de 2013 por la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá,20 efectivamente la demandante laboró en la Escuela
Florida del municipio de Duitama desde el 25 de abril de 1975 hasta el 1 de mayo
de 1978, ello bajo una vinculación que según dicho documento, se asegura que fue
nacionalizada.
Sobre el punto se destaca que en el expediente reposa el Decreto 269 del 7 de
mayo de 1975,21 por medio del cual el gobernador del departamento de Boyacá
nombró a la accionante en el cargo de directora de la referida institución educativa,
previsto para su propia planta de personal, tal como se aprecia de las siguientes
imágenes.
19 De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 56.
20 Folios 65 a 66.
21 Folios 58 a 61.
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Frente al análisis de la naturaleza jurídica del vínculo en comento, es adecuado
resaltar que la Corte Constitucional en sentencias C-084 de 1999, por medio de la
cual se estudió la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley
91 de 1989, así como en la C-085 de 2002, precisó que,
«[…] antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es
decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes
oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa
al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces
en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que
trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes
116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos
en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la
diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta,
establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de
devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma
acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohibe (sic)
dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza, origen nacional
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o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual ocurre en
este caso. […]» (Negrilla de la Sala)
«[…] los docentes nacionalizados son los vinculados antes del 31 de diciembre de
1980, por las entidades territoriales. […]».
Del mismo modo, es pertinente señalar que en lo que respecta a la diferenciación y
clasificación de las vinculaciones docentes, fue la misma Ley 91 de 1989 la que en
su artículo 1º consagró lo siguiente.
«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Líneas intencionales).
Por lo tanto, al observar que la primera vinculación de la accionante tuvo lugar a
partir del 25 de abril de 1975, esto es, antes del 1º de enero de 1976 e incluso previo
al 31 de diciembre de 1980, aunado al hecho de que la autoridad nominadora fue
una entidad territorial (puntualmente el departamento de Boyacá), resulta acertado
asegurar que el período en mención (25 de abril de 1975 al 1º de mayo de 1978 –
3 años y 6 días), efectivamente fue laborado como docente nacionalizada y por lo
tanto debe ser computado a efectos de acumular tiempo de servicio para satisfacer
el requisito de 20 años contemplado en la Ley 114 de 1913 en orden de consolidar
el derecho a la pensión gracia, tanto así que la misma entidad demandada no pone
en duda este lapso en la Resolución UGM 008260 del 15 de septiembre de 2011.22
De hecho, la naturaleza nacionalizada de la vinculación de la demandante se ratifica
no solo por el referido planteamiento, sino porque frente a dicho tiempo de servicio
no existe discusión en vía administrativa ni judicial por parte de la entidad
demandada, y en todo caso se aportó la certificación de información laboral del 2
de mayo de 2013 que indica exactamente que esa fue la calidad del vínculo
sostenido durante los mencionados extremos temporales, ello incluso al margen de
que no se haya aportado alguna prueba en la que se hubiese formalizado
expresamente la nacionalización del nombramiento que inicialmente había hecho la
entidad territorial de manera autónoma, pues aquel cumpliría las condiciones
legales para haber sido objeto del proceso consagrado en la Ley 43 de 1975.
22 Folios 83 a 87.
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No obstante, de aquel período deberá descontarse el comprendido entre el 27 de
febrero y el 7 de abril de 1978, durante el cual la recurrente detentó una licencia
ordinaria que implicó la falta de prestación del servicio.
Seguidamente, se tiene como prueba el certificado de tiempo de servicio emitido el
17 de abril de 2013 por el área de Recursos Humanos y Físicos de la Alcaldía de
Tunja,23 en el que se precisa que la apelante se desempeñó como docente nacional
al servicio de dicha entidad territorial en los siguientes lapsos que son los de debate
en esta oportunidad, (i) del 18 de enero de 1991 al 18 de enero de 1993 por
nombramiento en provisionalidad, (ii) del 21 de abril al 30 de noviembre de 1993
y del 14 de febrero al 4 de diciembre de 1994, ello a través de contratos de
prestación de servicios, y finalmente por nombramiento en propiedad (iii) del 13 de
febrero de 1995, al menos hasta el 17 de abril de 2013 cuando se expidió el
referido documento en el que se precisa que aún se encontraba laborando para esta
última fecha.
Ahora bien, en oposición a lo manifestado en el referido documento en lo que
respecta al primer período de labor en comento, lo cierto es que del Decreto 199
del 16 de abril de 199124 no se encuentra intervención directa del Ministerio de
Educación en la decisión de nombramiento, o indirecta con una autorización de este
para que la entidad territorial tomara la decisión en su nombre y representación, ello
en la medida en que tampoco se afirma ni se infiere de la parte considerativa del
acto que la plaza ocupada por la accionante fuese propia de la planta de personal
de dicha cartera gubernamental.
Por el contrario, a partir del mencionado acto administrativo está demostrado el
hecho de que si bien figura una participación del delegado del Ministerio de
Educación Nacional ante el departamento de Boyacá o del representante del Fondo
Educativo Regional de la misma entidad territorial, ello tuvo lugar solo a efectos de
certificar la disponibilidad presupuestal y vacancia del cargo a ocupar, lo que permite
inferir que la plaza en cuestión fue creada en virtud de los presupuestos de los
artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975, más aún cuando tal situación se ajustaría a
la interpretación que se desarrolló en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18
del 21 de junio de 2018 acerca de los docentes nacionalizados, según la cual sus
acreencias laborales serían asumidas a través del FER, es decir, de manera
cofinanciada y no únicamente por la autoridad departamental o municipal, tal como
se muestra en la siguiente imagen.
23 Folio 67.
24 Folio 68.
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Incluso, del enunciado de competencias normativas del decreto en mención, se
observa con claridad que el alcalde del Tunja actuó en aplicación de la Ley 29 de
1989 y el Decreto 1706 del mismo año. Pues bien, el artículo 9° de la primera norma
en comento consagra que,
«[…] Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes
municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados,
jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la
Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el
Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal
que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes. […]» (Negrilla y subrayado fuera de texto).
Adicionalmente, a partir del aludido acto de nombramiento también se concluye que
la vinculación de la reclamante tuvo lugar con el fin de dar cumplimiento al Decreto
1706 de 1989 «Por el cual se reglamentan los artículos 7º, 10 y 18 de la Ley 29 de 1989,
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y se dictan otras disposiciones», que en su parte considerativa señala de forma breve
los antecedentes y las necesidades que justificaban la expedición del acto, así,
«Que el Congreso de la República, mediante el artículo 9 de la Ley 29 de 1989,
modificó el artículo 54 la Ley 24 de 1988, asignándole al Alcalde Mayor de Bogotá,
D.E., a los demás alcaldes del país y al Intendente de la Isla de San Andrés, las
funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general, administrar
el personal docente y administrativo de los institutos educativos nacionales y
nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados y jornadas
adicionales.
Que mediante el artículo 10 de la mencionada ley, se asigna temporalmente a los
Gobernadores, Intendencias y Comisarios, las atribuciones establecidas en el
considerando anterior, cuando financiera y/o administrativamente el municipio no
pueda asumir tal responsabilidad. (…)
Que según esa norma, las facultades asignadas deben ejercerse teniendo en
cuantas el Estatuto Docente y la Carrera Administrativa, vigentes.
Que en consecuencia, se requiere desarrollar una reglamentación que se adecue a
la administración comprometidos en la prestación del servicio educativo, con el fin
de racionalizarlos y asegura su correcta aplicación.» (Negrillas, subrayas y cursivas
fuera del texto original)
De ahí que deba arribarse a la conclusión de que el procedimiento que se reguló en
la norma antes transcrita hace referencia a la designación tanto de docentes
nacionales como nacionalizados, en la medida que la creación de esta obedeció a
la facultad asignada por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y, por tanto, se tiene que
hacer remisión al contenido en ella dispuesto para complementar el supuesto de
hecho de la misma norma.
Recordemos que el alcance de dicho precepto es relativo a la desconcentración
administrativa al asignar como función a cargo de los alcaldes, la de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos nacionales y nacionalizados, razón por la cual
no se puede concluir automáticamente que un nombramiento efectuado con
sustento en aquel postulado tiene alguna de esas dos connotaciones, por lo menos
hasta tanto no se verifiquen las demás causas y contextos de la vinculación.
En tal sentido, al descartar en este caso que el vínculo de la accionante respecto al
período bajo estudio fuera nacional, resulta dable arribar a la conclusión de que por
contraste, tal relación legal y reglamentaria fue nacionalizada al haberse proferido
la decisión en virtud del artículo 9º de la Ley 29 de 1989, con el fin de ocupar una
plaza prevista conforme a los parámetros de la Ley 43 de 1975 para el Instituto
Integrado “Silvino Rodríguez”, propio del municipio de Tunja, esto es, financiada con
recursos administrados por el FER de Boyacá.
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En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la actora como educadora estatal del
orden nacionalizado comprendido entre el 18 de enero de 1991 y el 18 de enero
de 1993 (2 años), efectivamente puede ser tenido en cuenta para colmar la
exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder a la prestación solicitada.
Por otro lado, respecto del segundo período certificado en el que la señora
Chaparro Fonseca laboró a través de contratos de prestación de servicios en los
años 1993 y 1994, debe plantearse que contrario a lo señalado por el tribunal de
primera instancia, este sí constituye servicio efectivo en calidad de docente que
puede ser computable para el reconocimiento pensional en litigio si se determina
igualmente la naturaleza territorial o nacionalizada de la plaza ocupada.
Acerca de este planteamiento es adecuado recordar que el Consejo de Estado25 ha
manifestado lo siguiente sobre las vinculaciones mediante la aludida modalidad
contractual.
«[…] Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen
a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, habida cuenta que las
funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en
consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios también]
está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por
supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de
que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos
que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales […], a percibir las
prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores
públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado»26.
[…] En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que
la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico
régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia.
Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por el
accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para que
sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo
estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.27 […]»
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
28 de marzo de 2019, radicado: 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14). En igual sentido pueden
consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta corporación: a. del 19 de julio de 2018,
radicado: 17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14); b. del 22 de octubre de 2018, radicado: 20001-23-39-
000-2015-00529-01 (3878-17); c. del 12 de junio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2015-05142-01 (4512-
17)
26 Sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
27 En ese sentido se ha pronunciado esta subsección en sentencias de 19 de enero de 2017, expediente: 54001-
23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, y 14 de junio de 2018, expediente:
17001-23-33-000-2013-00374-01 (4791-2014), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Esta postura jurisprudencial obedece al hecho de que debe garantizarse el principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades en materia
laboral, básicamente en la medida en que debido a que el desarrollo de la función
docente implica necesariamente un elemento de subordinación intrínseco derivado
de la regulación y control de las actividades educativas por parte de las autoridades,
así como la prestación personal del servicio y el cumplimiento de condiciones de
formación y experiencia, lo que realmente se genera es un vínculo laboral entre la
administración y los educadores contratados, el cual puede deducirse en casos
particulares como el que es objeto de discusión, sin que deba exigirse el
pronunciamiento judicial previo que así lo declare.
Pues bien, al observar el contenido de los contratos de prestación de servicios 0098
de 199328 y 0050 de 199429, para la Sala es claro que la demandante se desempeñó
materialmente como docente al servicio directo del municipio de Tunja, esto
inicialmente en el Colegio Los Muiscas “Antonio José Sandoval Gómez” desde el
21 de abril hasta el 30 de noviembre de 1993, y finalmente en el Centro Educativo
Concentración Centenario del 14 de febrero al 4 de diciembre de 1994,
respectivamente.
Lo anterior es indicativo de que los contratos en mención fueron celebrados con la
referida entidad a fin de que se desarrollara el correspondiente objeto en
instituciones educativas propias de esta autoridad local, y por lo tanto, con pagos
directos a cargo de sus propios recursos como se señaló cuando se indicaba que el
valor del acto jurídico sería cancelado con el presupuesto de la respectiva vigencia.
En consecuencia, es adecuado acudir a la tesis que esta Corporación ha sostenido
en casos similares al presente, cuando se ha precisado que la normativa especial
de la pensión gracia no excluyó tal forma de labor oficial contractual para consolidar
aquel derecho, toda vez que lo esencial para adquirirlo es que el reclamante
compruebe que ejerció funciones como educador oficial en plazas del orden
territorial o nacionalizado, lo cual ocurre en el asunto bajo examen si se tiene en
cuenta que la actora fue contratada para desempeñarse como profesora del propio
municipio de Tunja, es decir, con una vinculación de naturaleza territorial.
Conforme a lo expuesto, estos lapsos comprendidos entre el 21 de abril y el 30 de
noviembre de 1993 (7 meses, 9 días), y del 14 de febrero al 4 de diciembre de
1994 (9 meses, 20 días), por corresponder a vinculaciones territoriales de la
demandante, válidas para efectos del reconocimiento pensional pretendido,
deberán computarse al momento de calcular los 20 años de servicio exigidos para
ello.
28 Junto con el otro si que prorroga el término del contrato hasta el 30 de noviembre de 1993. Ver folios 70 a 71
del expediente.
29 Folio 72.
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Por último, en lo atinente al tercer período certificado (13 de febrero de 1995 a
17 de abril de 2013), el cual es objeto de debate al señalarse que se concretó bajo
una relación legal y reglamentaria del orden nacional, la Subsección estima que
aquella no debe entenderse como tal, sino como nacionalizada, pues lo propio se
desprende del análisis del acto administrativo de nombramiento en propiedad de la
señora Chaparro Fonseca como docente, esto es, del Decreto 0080 del 24 de enero
de 1995,30 cuya imagen se coloca de presente a continuación.
Al respecto, se observa que tal como se evidenció al analizar el primer período
referido anteriormente, el alcalde del municipio de Tunja acudió como fundamento
jurídico al artículo 9º de la Ley 29 de 1989, así como a los Decretos 2277 de 1979
y 1706 de 1989, al igual que las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, en orden de
nombrar a la reclamante en el cargo de docente en propiedad de la Concentración
Escolar Centenario de dicha entidad territorial, ello con la respectiva aprobación por
parte del delegado permanente del Ministerio de Educación ante el FER de Boyacá
a fin de cofinanciar la plaza bajo el rubro presupuestal «UNIDAD 13 ARTÍCULO 1
INCORPORACIÓN LEY 60/93».
Pues bien, con base en este contexto, es dable concluir que la plaza y el
nombramiento efectuados para el lapso bajo estudio, son de naturaleza
30 Folios 73 a 74 del expediente. En la fecha se indica que es del 24 de enero de 1994, pero mediante Decreto
00336 del 26 de septiembre de 1997 se aclara dicho acto en el sentido de precisar que el año no era 1994, sino
1995. Ver folio 75.
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nacionalizada y no nacional como se señaló en la certificación laboral tenida en
cuenta por el tribunal de origen, habida cuenta de que esta descripción se ajusta
perfectamente a los postulados de los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975, según
los cuales las vinculaciones de docentes efectuadas por entidades territoriales para
ocupar vacantes de sus propias plantas de personal financiadas con recursos
administrados por el FER y en cumplimiento del proceso de desconcentración
previsto en el artículo 9º de la Ley 29 de 1989, son efectivamente nacionalizadas.
De hecho, en el presente caso se observa que además de lo expuesto previamente,
otro de los fundamentos del acto en mención fue la Ley 60 de 1993 que en su
artículo 6º, parágrafo 1º permitía la incorporación de los educadores que habían
laborado como tal mediante contratos de prestación de servicio antes del 30 de junio
del mismo año, tal como lo acreditó la demandante. Ahora, debe destacarse que
dicho precepto normativo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-555 del 6 de diciembre de 1994, es decir, antes de que se
profiriera el Decreto 0080 del 24 de enero de 1995 que ordenó incorporar a la actora
en el referido cargo permanente.
No obstante, en el plenario no se encuentra acreditado que el mentado acto no fue
demandado ni declarado nulo, este debe conservar su presunción de legalidad, y
por lo tanto, mantener los efectos que materialmente se consolidaron y que no
pueden ser desconocidos en esta oportunidad, los cuales para el litigio en concreto
equivalen técnicamente a un nombramiento en virtud de un proceso de
incorporación que, aun en el entendido de que implicaba la inmutabilidad de la
naturaleza jurídica del vínculo contractual inicial que se adujo territorial
anteriormente, para la situación de la señora María Eugenia Chaparro
evidentemente cambió a nacionalizada si se observa que la decisión fue proferida
por el alcalde del municipio de Tunja con fundamento en el artículo 9º de la Ley 29
de 1989, respecto de una plaza que si bien en la época de los contratos de
prestación de servicio era financiada por la misma entidad territorial, ahora lo sería
mediante el FER con recursos del SGP, tal como lo consagra la Ley 43 de 1975.
Por consiguiente, el tiempo de labor oficial de la apelante como educadora estatal
del orden nacionalizado comprendido entre el 13 de febrero de 1995 y el 17 de
abril de 2013 (18 años, 2 meses y 4 días), efectivamente puede ser tenido en
cuenta para colmar la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder a
la prestación solicitada.
Con base en el referido recuento fáctico, se estima que los tiempos de labor oficial
de la señora Chaparro Fonseca en plazas como docente nacionalizada y territorial,
se acreditaron de la siguiente forma.
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ENTIDAD QUE EXPIDE EL TIPO DE
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS ACTO DE NOMBRAMIENTO
ACTO Y POSESIONA PLAZA
25/04/1975 26/02/1978 2 10 1 Decreto 269 del 7 de mayo de
Departamento de Boyacá Nacionalizada
8/04/1978 1/05/1978 0 0 23 1975
Decreto 199 del 16 de abril de
18/01/1991 18/01/1993 2 0 0 Municipio de Tunja Nacionalizada
1991
Contrato de Prestación de
21/04/1993 30/11/1993 0 7 9 Municipio de Tunja Territorial
Servicios 0098 de 1993
Contrato de Prestación de
14/02/1994 4/12/1994 0 9 20 Municipio de Tunja Territorial
Servicios 0050 de 1994
Decreto 0080 del 24 de enero de
13/02/1995 17/04/2013 18 2 4 Municipio de Tunja Nacionalizada
1995
28 (2 AÑOS Y 4 57 (1 MES Y
TOTAL 22 TOTAL DE TIEMPO DE SERVICIO = 24 AÑOS, 5 MESES Y 27 DÍAS
MESES) 27 DÍAS)
En suma, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo laborado por
la demandante como maestra oficial durante el lapso transcurrido desde el 18 de
enero de 1991 hasta el 18 de enero de 1993, del 21 de abril al 30 de noviembre de
1993, del 14 de febrero al 4 de diciembre de 1994 y del 13 de febrero de 1995 al 17
de abril de 2013, observa la Sala que aquella satisfizo el requisito de cumplir 20
años al servicio estatal como educadora del orden nacionalizado y territorial.
Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin
dificultad del hecho de que la actora efectivamente se desempeñó como tal al
servicio del departamento de Boyacá, nombrada mediante el Decreto 269 del 7 de
mayo de 1975, bajo una relación y reglamentaria del orden nacionalizado desde el
25 de abril de 1975 hasta el 1º de mayo de 1978, es decir, en un período anterior a
la primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto
de análisis.
En punto al cumplimiento del cuarto requisito que se circunscribe a la verificación
de la buena conducta de la apelante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no fue objeto de discusión en
sede administrativa, así como tampoco en la primera instancia y mucho menos a
través del recurso de apelación objeto de análisis en esta oportunidad, por lo que
se presume la buena fe de la interesada en cuanto a la acreditación de este
requerimiento normativo.
De hecho, tal supuesto también se extrae a partir de la declaración extraprocesal
rendida por la misma demandante ante la Notaría Tercera del Círculo de Tunja el 9
de mayo de 2011,31 al igual que del certificado de antecedentes disciplinarios
emitido por la Procuraduría General de la Nación en la misma fecha,32 toda vez que
estas son pruebas que no fueron tachadas ni refutadas por la parte demandada en
ninguna etapa de la presente actuación, y por lo tanto permiten corroborar la
presunción de buena fe aludida previamente, que se reitera, tampoco fue
desvirtuada.
31 Folio 81.
32 Folio 82.
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Con base en lo expuesto previamente, se estima que no resultó acertado el estudio
efectuado por el tribunal de primera instancia en el fallo apelado para denegar el
reconocimiento de la prestación solicitada por la actora, de suerte que habrá de
revocarse dicha providencia para en su lugar acceder a las pretensiones de la
demanda. Por lo mismo, también se hace necesario efectuar un examen sobre el
fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.
Análisis de la prescripción
Sobre el particular, el Consejo de Estado33 ha señalado que la estructuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso
igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso.
Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 20
de octubre de 2008 cuando la actora acreditó los 20 años de servicio,34 esto es,
posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (4 de julio de 2005), pues ese
primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la
prerrogativa bajo estudio.
Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa de la Resolución UGM
008260 del 15 de septiembre de 2011,35 la señora María Eugenia Chaparro Fonseca
reclamó por única vez el 12 de abril de 2011 ante la parte demandada el derecho
prestacional en mención, y a su vez, radicó la demanda el 16 de diciembre de
2013,36 esto es, dentro del término de los 3 años siguientes a la fecha de causación
de la prestación solicitada y de su interrupción, por lo que en el presente caso es
claro que no se configuró la excepción bajo estudio y en consecuencia deberá
reconocerse la prestación desde su misma fecha de efectividad.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15
de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
34 Según el siguiente cálculo.
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
25/04/1975 26/02/1978 2 10 1
8/04/1978 1/05/1978 0 0 23
18/01/1991 18/01/1993 2 0 0
21/04/1993 30/11/1993 0 7 9
14/02/1994 4/12/1994 0 9 20
13/02/1995 20/10/2008 13 8 7
TOTAL 17 + 3 AÑOS = 20 AÑOS 34 (2 AÑOS + 10 MESES) + 2 MESES = 3 AÑOS 60 (2 MESES)
35 Folios 83 a 87.
36 Ver sello de radicación a folio 55.
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Sobre los intereses moratorios solicitados por la parte activa
Al respecto, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró el reconocimiento de
intereses en caso de mora en el pago de las pensiones de la siguiente forma.
Artículo 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora
en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el
momento en que se efectué el pago.
Por su parte, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-601 del 24 de mayo
de 2000 declaró la exequibilidad de esta norma, y a la vez señaló que tal
indemnización se debe cancelar incluso cuando se trata de las pensiones que se
encuentren en las excepciones previstas en el artículo 279 de la ley en cita.
Por consiguiente, el mandato constitucional del artículo 48 superior atinente a
garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales»,
no distingue entre los diferentes tipos de pensiones legales. El artículo 53 de la
Constitución Política obliga al Estado y a las entidades de previsión social a
garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales»,
premisa que no distingue la fuente legal o el tipo de prestación.
De hecho, la Sección Segunda del Consejo de Estado37 ha considerado en otros
asuntos que, «el reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en
los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el
reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se
presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago».38
Bajo aquel contexto, es claro que los intereses moratorios no proceden en relación
con las mesadas causadas con anterioridad al reconocimiento de la prestación, es
decir, sobre el retroactivo pensional generado entre la fecha en que se adquirió el
estatus jurídico respectivo y la de ejecutoria del acto que reconoció el derecho, así
como tampoco cuando la prerrogativa se encuentra en discusión.39
Por lo tanto, dado que precisamente lo que será objeto de condena es el
reconocimiento de la pensión que estaba en litigio y su retroactivo, en la medida en
que no se había determinado de manera definitiva el derecho a favor de la
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez. Exp: 50001-23-33-000-2014-00523-01(1543-16) y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2018. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-05069-01(0505-17); entre otras.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de agosto de 2018, expediente: 05001-
23-33-000-2014-00523-01 (1543-16).
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de diciembre de 2020, radicado:
25000-23-42-000-2016-04672-01(3170-2019) y del 6 de mayo de 2021, radicado: 17001-23-33-000-2015-
00014-01 (1599-2018).
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00904-01 (3643-2015)
demandante, tampoco resulta procedente ordenar el pago de los intereses
moratorios reclamados por esta, de suerte que se denegará lo propio.
Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad del acto acusado para ordenar el reconocimiento
y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en cuantía del 75%
del promedio de los factores salariales devengados por la demandante en el año
anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 20 de
octubre de 2007 y el 19 de octubre de 2008, con efectividad desde el 20 de octubre
de 2008.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».40
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
40 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).
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criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación y de los alegatos de conclusión presentados
por las partes no presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la
condena en costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron
planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución UGM 008260 del 15 de
septiembre de 2011, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago la
pensión gracia a favor de la demandante.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora María Eugenia Chaparro Fonseca, ello en cuantía del 75% del promedio de
los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 20 de octubre de 2007 y el 19 de octubre
de 2008, con efectividad desde el 20 de octubre de 2008.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la parte activa.
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QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.
SEXTO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Gloria Ximena Arellano
Calderón, portadora de la tarjeta profesional 123.175 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada general de la UGPP conforme al poder que le fue
otorgado mediante escritura pública visible en el índice 37 de la plataforma SAMAI.
SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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