Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00293-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2014-00293-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2014-00293-03
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Rosa Inés Otálora de Contreras
Temas: Lesividad / Restitución de sumas de dinero percibidas de buena
fe
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala Primera de Decisión, mediante la cual declaró la nulidad de la Resolución
037967 del 16 de agosto de 2013 y negó las demás pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social1 presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución RDP 037967 del 16 de agosto
de 2013, mediante la cual la Ugpp le reconoció una pensión gracia a Rosa Inés
Otálora de Contreras en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 6 de octubre de
2006 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué.
1 En adelante Ugpp.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) la devolución de las mesadas percibidas de manera irregular por concepto
del reconocimiento de la pensión gracia; ii) el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los «artículos 177 y 178 del CCA»; y iii) la condena en costas a la
demandada y agencias en derecho.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Rosa Inés Otálora de Contreras nació el 21 de enero de 1945, laboró como
docente oficial durante los siguientes periodos:
«-Docente con vinculación MUNICIPAL al Municipio de Tunja desde el 4 de marzo de
1970 hasta el 30 de diciembre de 1970 por 9 meses y 27 días, y desde el 01 de enero
de 1971 hasta el 30 de diciembre de 1971 por 1 año, sumando un tiempo de 1 año, 9
meses y 27 días con vinculación de carácter nacionalizado.
-Docente con vinculación NACIONAL para Departamento de Boyacá desde el 11 de abril
de 1973 hasta el 23 de abril de 2001, completando un tiempo de 28 años y 13 días con
vinculación de carácter nacional».
3.2. El último cargo ejercido fue el de docente municipal de Chiquinquirá (Boyacá)
«con vinculación de carácter nacional».
3.3. El 21 de noviembre de 1997 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, para tal efecto la entonces Caja Nacional de Previsión3 negó el
reconocimiento de la prestación, con fundamento en la falta certeza respecto de la
prestación del servicio durante 20 años, en ejercicio de una vinculación de orden
nacionalizado, territorial, municipal o distrital.
3.4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué profirió fallo de tutela el 6
de octubre de 2006 [radicado 2006-00194], mediante el cual indicó:
«PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, y
DERECHO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN reclamados por cada uno de los
accionantes (…) derechos vulnerados por parte de la entidad accionada CAJA DE
PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE […]
SEGUNDO en consecuencia SE ORDENA a CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL
EICE que en el término improrrogable de setenta y dos (72) horas […] proceda a dictar
los actos administrativos mediante los cuales se les reconozca la PENSIÓN GRACIA a
los accionantes relacionados en el ordinal primero de la parte resolutiva del presente
fallo».
3 En adelante Cajanal actualmente la Ugpp.
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
3.5. No obstante, mediante las resoluciones ACMG 35843 del 26 de julio de 2006 y
44473 del 25 septiembre de 2007, Cajanal negó el reconocimiento de la prestación,
al considerar que la docente no acreditaba los 20 años de servicio en ejercicio de
una vinculación territorial, municipal o nacionalizada.
3.6. Finalmente, la Ugpp dio cumplimiento al fallo de tutela mediante la Resolución
RDP 037967 del 16 de agosto de 2013 y reconoció la prestación en cuantía de
$369.407 a partir del 21 de enero de 1995, sin condicionarla al retiro del servicio.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 121, 123, 124 y 128 de la
Constitución Política y las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989.
4.1. En cuanto al concepto de violación, sostuvo que la docente ingresó al servicio
público en la Normal Superior Josefa del Castillo de Chiquinquirá (Boyacá),
nombrada por el Ministerio de Educación Nacional, con vinculación del orden
nacional, y prestó sus servicios durante 28 años y 13 días. De manera que los actos
administrativos demandados vulneraron los presupuestos constitucionales y legales
y conllevan a un detrimento continuo del erario.
4.2. En consecuencia, «se configura entonces, una falsa motivación del acto
administrativo demandado, por cuanto los fundamentos que dieron origen a la actuación no
se ajustan a la realidad de los hechos, toda vez que […] no contaba con 20 años de servicios
como docente de una institución del orden territorial, por el contrario la mayor parte de su
vida laboral la acreditó como docente del Ministerio de Educación Nacional». Además, al
encontrar probada la mala fe por parte de la demandada resulta procedente ordenar
el reintegro de todas las mesadas percibidas de manera irregular.
1.2. Contestaciones de la demanda
4.3. Rosa Inés Otálora de Contreras se opuso a las pretensiones de la demanda4 ,
por las razones que se expresan a continuación:
4.4. La Ugpp pretende debatir un acto administrativo expedido en cumplimiento de
una orden judicial que cobró ejecutoria e hizo tránsito a cosa juzgada «porque frente
a su legalidad ya se pronunció un juez de Tutela». Además, el acto demandando estuvo
ajustado a las normas legales y reglamentarias aplicables.
4 Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 110 actuación
44_ED_15001233300020140029(.PDF) NroActua 110.
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Demandante: Ugpp
4.5. Asimismo, su vinculación como docente fue de orden municipal en Tunja
[Boyacá] desde el 4 de marzo hasta el 30 de diciembre de 1970 y desde el 1º de
enero hasta el 30 de diciembre de 1971, esta última en ejercicio de una vinculación
nacionalizada, comoquiera que «de conformidad con la Ley 43 de 1975, debe ser
denominada como NACIONALIZADO, razón por la cual tiene derecho a la pensión gracia».
4.6. Propuso las excepciones que denominó: i) imposibilidad de control judicial del
acto administrativo; ii) desconocimiento del precedente judicial; iii) «violación de la
Constitución Política y los derechos fundamentales al demandado por parte de la
demandante al rehusarse a cumplir la orden judicial, sentencia del 6 de octubre de 2006
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar) y el régimen de
transición dispuesto en la Ley 33 de 1985 y el Acto Legislativo 1 de 2005»; iv) cobro de lo
no debido; v) inepta demanda; vi) buena fe; e vii) innominada.
1.3. La sentencia apelada
5. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, en sentencia
proferida el 27 de abril de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, para tal efecto declaró la nulidad de la Resolución 037967 del 16 de
agosto de 2013 y negó las demás pretensiones de la demanda, luego de realizar un
recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó
lo siguiente5:
5.1. Rosa Inés Otálora de Contreras prestó su servicio como docente en Tunja
[Boyacá] entre el 4 de marzo y el 30 de diciembre de 1970 y entre el 1º de enero y
el 31 de diciembre de 1971, posteriormente entre el 11 de abril de 1973 y 22 de abril
de 2001 ejerció como docente, en tiempos diferentes, en la Institución Agrícola de
Paipa ITA, en el INEM Carlos Arturo Torres de Tunja y en la Normal Superior Sor
Josefa del Castillo y Guevara. Asimismo, «antes del 1º de enero de 1976, la demandada
se encontraba laborando como docente en el Instituto Agrícola de Paipa, cargo para el cual
fue nombrada en propiedad desde el 11 de abril de 1973 por Ministerio de Educación
Nacional – Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, cargo docente que ostentó
hasta el 22 de abril de 2001, fecha de su retiro definitivo de servicio».
5.2. En ese orden, si bien la docente laboró «como docente en entidades del orden
territorial», lo cierto es que el vínculo vigente para el 31 de diciembre de 1975 era de
carácter nacional y así permaneció hasta su retiro, de manera que «la regla de la
pensión gracia frente a los docentes del orden nacional es y ha sido clara, este tipo de
docentes no tienen derecho al reconocimiento de la pensión gracia».
5 Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 96 actuación
13SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA_SENTENCIA(.PDF) NroActua 96.
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Demandante: Ugpp
5.3. En cuanto al restablecimiento del derecho, al encontrar incumplida la carga
probatoria por parte de la Ugpp, puesto que no fue acreditada la mala fe en las
actuaciones de la demandada, ni se probó que hubiera ejercido maniobras
fraudulentas cuyo objetivo fuera inducir al error a la administración y así acceder al
reconocimiento pensional, negó la devolución de las mesadas percibidas, por
concepto de la pensión gracia.
1.4. Los recursos de apelación
6. 1.4.1. Rosa Inés Otálora de Contreras solicitó que se revocara la sentencia
proferida en el trámite de primera instancia6, por cuanto con esta «no se pronuncia
según el Art. 103 de la Ley 1437 CPACA […] se trata de una sentencia que hace tránsito a
cosa juzgada constitucional, desconoce, no aplica, viola los preceptos constitucionales (Art.
2, 91, 122, 305 No 7 y 315 No 7) y al parecer se presenta el presunto delito de prevaricato
por acción según la sentencia C-335 de 2008».
7. Asimismo, el a quo desconoció que su vinculación fuera territorial, en tanto, «figuró
en la planta de personal del Ente Territorial: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja;
la servidora pública (docente) figuro en la nómina de la planta de personal del Departamento
de Boyacá y Municipio de Tunja, mediante la cual le cancelaron los salarios y prestaciones
sociales (como los descuentos para salud y pensión de jubilación); el Ente Territorial:
Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja, reconoció y paga pensión de jubilación a la
servidora pública (docente) porque figuro en la planta de personal del Departamento de
Boyacá y Municipio de Tunja y el Ente Territorial: Municipio de Tunja aceptó el retiro de la
planta de personal del Ente Territorial Municipio de Tunja, igualmente se presentó una
subordinación o dependencia de la servidora pública (docente) con el Ente Territorial:
Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja, la servidora pública (docente) cumplió un
horario y el ente territorial: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja reconoció salarios
al servidor público (presentándose el denominado contrato realidad sentencia C-614 de
2009)» (sic). Además, el certificado del periodo laborado fue suscrito por las
secretarías de educación departamental y municipal, no por el Ministerio de
Educación Nacional.
8. Los «certificados de tiempo de servicio y salarios devengados […] expedidos por las
Secretarías de Educación del Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja, carecen
de veracidad, son falsos, atendiendo que estos certifican que se presenta una vinculación
laboral NACIONAL» además aspectos como que el nombramiento lo haya realizado
el Ministerio de Educación Nacional o que la prestación del servicio como docente
haya sido en instituciones nacionales como el INEM Carlos Arturo Torres de Tunja,
Agrícola de Paipa y Normal Superior Sor Josefa del Castillo, no le otorgan per se el
6 Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 99 actuación
16RECEPCIONCORREOVENTANILLA_RECURSOAPELACIONTABROSAINESOTALORADECO
NTRERAS(.PDF) NroActua 99.
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vínculo laboral a la docente.
9. En igual sentido, «los certificados de tiempo de servicio y salarios devengados
expedidos por las Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá y Municipio de
Tunja se tornan en prueba falsa como quiera que el Decreto 954 de fecha 18 de junio de
1996 expedido por el Departamento de Boyacá, Gobernación, es claro en indicar:
‘Incorporar el personal directivo docente, docente y administrativo del municipio de Tunja a
la Planta de Personal de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá. Con
cargo al Situado Fiscal’», de manera que los certificados que indicaron que la
vinculación era de carácter nacional incurrieron en error, al no aplicar los preceptos
constitucionales y jurisprudenciales vinculantes, además de pasar por alto que la
demandante figuró en la planta de personal del departamento de Boyacá y del
municipio de Tunja y que esta última entidad pagó sus salarios hasta la edad del
retiro forzoso y que reconoció la pensión de jubilación con recursos provenientes
del Sistema General de Participaciones.
La Ugpp interpuso recurso de apelación parcial adhesiva7, con
10. 1.4.2.
fundamento en que «el juez en conocimiento comete una equivocada interpretación de la
norma por cuanto el demandado efectivamente actuó de mala fe ante la administración,
pues utilizó mecanismos que, si bien son legales, no son los pertinentes para la concesión
de derechos pensionales, toda vez que la ley dispone la Acción de Tutela únicamente […]
como mecanismo subsidiario, siendo necesario haber agotado primeramente el acceso a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin embargo, la demanda no cumple con
ello, impidiéndole a la UGPP un debido proceso en su defensa y controversia de pruebas,
pues al ser la acción de tutela un mecanismo de trámite sumario, no hay oportunidad a
controvertir las pruebas aportadas por el accionante» [sic], en ese sentido la beneficiaria
indujo en el error a la entidad, por cuanto aprovechó las particularidades del trámite
de tutela.
11. Además, «no le es dado alegar posición de indefensión alguna que la exima de conocer
la ley para evitar así el restablecimiento del derecho de mi defendida, por ende, tampoco la
buena fe, máxime cuando se trata de prerrogativas jurídicas que le son de interés y sobre
las que la entidad le brindó asesoría legal, por ende su caso no se encasilla en ninguna
causal de excepción legal para ello, pues en el presente proceso no se le pretende negar
algún derecho que efectivamente le pertenezca», motivo por el cual estaba en la
obligación de devolver las mesadas percibidas de manera ilegal, puesto que los
recursos que financiaron el reconocimiento de la prestación procedieron del
presupuesto nacional, el cual únicamente podrá emplearse para conceder derechos
pensionales efectivamente adquiridos.
7 Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 101 actuación
33RECEPCIONCORREOVENTANILLA_4723_20210512091128_RECURSODEAPELACION_ROS
AINESOTALORA(.PDF) NroActua 101.
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Demandante: Ugpp
12. Respecto de la condena en costas el CGP indicó que «no es procedente la
condena en costas en el tipo de eventos en que se discute un bien jurídico público, como
lo es el patrimonio estatal cuando es la entidad pública la que demanda su propio acto en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad. Además, tampoco es viable en estos casos condenar en costas en ninguna de
las instancias, pues en este tipo de eventos en los cuales se ventilan intereses públicos,
como lo es el patrimonio estatal, no es posible que el titular de la prestación sea la parte
‘vencida’ en el litigio».
1.5. Trámite en segunda instancia
13. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.
14. En el recurso de apelación presentado por Rosa Inés Otálora de Contreras fue
solicitada la práctica de la prueba de oficio con el fin de requerir al Ministerio de
Educación Nacional y las Secretarías de Educación de Boyacá y de Tunja para que
certificaran el tiempo de servicio prestado, el tipo de vinculación, la planta de
personal, el pago de los salarios y prestaciones, los horarios y la existencia de
subordinación y dependencia entre la docente y su empleador.
15. No obstante, mediante auto proferido el 21 de febrero de 2024, este despacho
negó la solicitud probatoria, al no encontrar acreditados los requisitos de pertinencia,
conducencia y utilidad, ni las causales enlistadas en el artículo 212 del CPACA.
1.6. Concepto Ministerio Público
16. En esta oportunidad, el Ministerio Público no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
17. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación 8, el
problema jurídico se circunscribe a determinar: ¿si se debe declarar la nulidad de la
Resolución RDP 037967 del 16 de agosto de 2013, por cuanto con esta se reconoció
una pensión gracia sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley?
8 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
18. Y, en el evento de declararse la nulidad del acto administrativo demandado, ¿si
hay lugar a la devolución de las mesadas percibidas por la demandada, por cuanto
le fue reconocida una pensión, como consecuencia del uso de maniobras
fraudulentas?
2.2. Marco normativo
2.3.1. Sobre la pensión gracia y su compatibilidad con la pensión de jubilación
19. La Ley 114 de 19139 creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años
de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no
recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años
de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con
honradez, consagración y que observara buena conducta.
10
20. En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación señaló que
«el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los
profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».
11
21. Posteriormente, las Leyes 116 de 1928 y 37 de 193312, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
22. Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena
de esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así13:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe
9
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
11
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado No. S-699.
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales».
23. Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la
Ley 43 de 197514 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198915,
en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
16
24. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
25. Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala17 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
14
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
15
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
16
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
17
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198918 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio» (negrillas fuera de texto original).
26. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta
Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201819, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -
situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas
fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
18
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
10
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».
27. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202220, explicó lo siguiente:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».21
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
21
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
11
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
28. En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
29. No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en
la fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados los tiempos
laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
30. 2.2.1. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para
devolución de prestaciones periódicas
31. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando
había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al estar
ligado a su propia declaración22.
32. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos23, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes
interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio de
probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española24, como honradez.
33. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199525, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».
34. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:
22 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
23Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
24 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
25 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
12
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse»26.
35. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.
36. A su turno, el Código Contencioso Administrativo27 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». (Negrilla del
texto original).
37. Eldesarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, el cual dispuso:
«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».
38. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional28 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
39. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:
«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
26 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23
de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
27 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
28 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
13
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados
legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos
ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas
ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las
circunstancias jurídicas y fácticas del caso». (Resalta la Sala).
40. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que se
espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.
41. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200429, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:
«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha
producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las
facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico» (Se resalta).
42. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que
tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional,
tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros30.
29 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
30 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
14
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
43. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.
44. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»31, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
en que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.
45. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario
de una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho,
es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la
expedición del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto
en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de
acceder al derecho.
46. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200832, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:
«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya
que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para
31 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre
de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
32 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue
pagado por este concepto33».
34
47. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 , la corporación
indicó:
«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir35 la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el
recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).
Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)36
Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba
en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos (…)
(…)
Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las prestaciones
que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del CPACA».
48. En pronunciamiento del 18 de marzo de 2021 37, sostuvo:
«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos
probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la
administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no
33 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita Olaya
Forero.
34 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).
Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
35 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar
Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F. 309)».
36 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
37 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia
de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona de buena fe».
49. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.
50. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.
51. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación38.
52. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.
53. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les ha
reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones
tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta protección no
38 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, exp. 1783-01, Magistrada
Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas con la finalidad
de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace necesario que se
demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas o fraudulentas que
llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda la devolución de
esas sumas de dinero pagadas.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
54. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
55. Rosa Inés Otálora de Contreras nació el 21 de enero de 194539.
56. Mediante la Resolución 1639 del 9 de abril de 1973 el gerente general del
Instituto Colombiano de Construcciones Escolares ICCE [Ministerio de Educación
Nacional] nombró a la docente en el Instituto Técnico Agrícola de Paipa, en el cual
se indicó que «[l]os gastos que ocasionen serán cancelados con cargo a la cuenta de
funcionamiento constituida por la Entidad». El 8 de mayo de 1973 tomó posesión del
cargo, con fecha de ingreso desde el 11 de abril de ese año, documento suscrito
por el gerente general del ICCE y el jefe de personal del Ministerio de Educación
Nacional.
57. El 12 y 20 de diciembre de 1995, el rector del Colegio de Bachillerato Nocturno
José Joaquín Castro Martínez y el jefe de personal de la alcaldía de Tunja
certificaron que la docente fue nombrada mediante los decretos 026 del 27 de
febrero de 1970 «[p]or la cual se hacen unos nombramientos en el Colegio de Bachillerato
José Joaquín Castro Martínez» [tomó posesión el 4 de marzo de 1970] y 050 del 19
de abril de 1971 «[p]or el cual se nombran profesores en el colegio de bachillerato
nocturno José Joaquín Castro Martínez, para el año en curso» como profesora
catedrática por 12 horas semanales durante 1970 y 8 horas semanales por el año
1971. Además, se indicó «[q]ue, constatado el archivo con la solicitante, se certifica por
parte esta división que en el Archivo de la Alcaldía Municipal, no aparece acto administrativo
alguno que manifieste la terminación de labores. De igual forma, por solicitud de la
interesada se constató que al revisar los archivos de 1969, no aparece acto administrativo
que manifieste la vinculación y desvinculación de la solicitante para ese año, en el cargo de
Docente en el colegio José Joaquín Castro Martínez» [sic].
58. El 21 de noviembre de 1997, la docente solicitó el reconocimiento de la pensión
39 Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 101 actuación
33RECEPCIONCORREOVENTANILLA_4723_20210512091128_RECURSODEAPELACION_ROS
AINESOTALORA(.PDF) NroActua 101.
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
de jubilación; sin embargo, la entonces Caja Nacional de Previsión Social40 negó la
petición, mediante la Resolución 020328 del 3 de julio de 1998 al considerar «para
el maestro pueda invocar el derecho que confiere la Ley 37 de 1933, es preciso que haya
servido más de la mitad del tiempo exigido por la ley en la enseñanza primaria oficial, para
efectos de jubilación, puede completarse con servicios en establecimiento de enseñanza
secundaria, los primeros deben ser de mayor extensión que los segundos, ya que el
complemento, en sana lógica, no puede ser inferior a lo completado […] el [la] peticionario
[a] no tiene derecho al reconocimiento de la prestación demandada por no haber laborado
en primaria» [sic].
59. El 3 de marzo de 1997 y el 13 de junio del 2002, la Secretaría de Educación de
Boyacá, el Ministerio de Educación Nacional y la gobernación de Boyacá certificaron
que la docente prestó sus servicios como docente en el nivel de básica secundaria,
con vinculación «nacional» en los siguientes términos:
Novedad / Acto administrativo DesdeHasta Establecimiento
31 de
Nombramiento / Resolución 1639 11 de abril de Instituto Técnico
diciembre de
del 9 abril de 1973 1973 Agrícola Ita Paipa
1975
Traslado / Resolución 5296 del 17 1° de enero 6 de octubre Carlos Arturo Torres
de noviembre de 1975 de 1976 de 1999 INEM Tunja
Normal Nacional
Traslado / Resolución 3323 del 7 7 de octubre 22 de abril de Superior Josefa del
de octubre de 1999 de 1999 2001 Castillo -
Chiquinquirá
Normal Nacional
Renuncia / Decreto 595 del 24 de 23 de abril de Superior Josefa del
abril de 2001 2001 Castillo -
Chiquinquirá
Licencias ordinarias y comisiones no remuneradas:
Acto
Desde Hasta Establecimiento
administrativo
Carlos Arturo Torres
Resolución 7895 3 de abril de 1988 17 de abril de 1988
INEM Tunja
7 de octubre de Carlos Arturo Torres
Resolución 360 8 de agosto de 1995
1995 INEM Tunja
9 de septiembre 23 de septiembre de Carlos Arturo Torres
Resolución 1020
1995 1995 INEM Tunja
24 de septiembre de 8 de octubre de Carlos Arturo Torres
Resolución 1184
1995 1995 INEM Tunja
40 En adelante Cajanal, actualmente Ugpp.
19
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
Resolución 52 22 de enero de 2001 22 de enero de 2001
21 de febrero de 23 de febrero de
Resolución 184
2001 2001
21 de marzo de 25 de marzo de
Resolución 365
2001 2001
60. El 12 de julio de 2002, la Secretaría de Educación de Boyacá profirió el
certificado de salarios devengados para la liquidación de prestaciones sociales, en
la cual indicó que la docente ostentaba una vinculación del orden nacional.
61. El 6 de septiembre de 2004, el coordinador del grupo de escalafón del
departamento de Boyacá certificó que la docente no registraba antecedentes
disciplinarios en esa seccional.
62. El 20 de noviembre de 2004, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia y a través de la Resolución 35843 del 29 de junio de 2006, la Ugpp negó la
petición al no encontrar acreditado el requisito de los 20 años de servicio prestado
en ejercicio de una vinculación de orden nacionalizado, municipal o distrital.
63. ElJuzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué tuteló los derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad y a la pensión de jubilación, el 6 de
octubre de 2006, en el sentido de ordenar a la entidad previsional proferir el
reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que «no resulta admisible, convalidar
una posición como la adoptada por CAJANAL, al negar el reconocimiento y pago de la
Pensión Gracia de Jubilación a los docentes accionantes, por cuanto con ello, se estaría
permitiendo una interpretación desfavorable de las normas que la regulan, contratando así
los principios generales del derecho, el indubio-pro operario que gobierna las relaciones
laborales» [sic].
64. Mediante la Resolución 44473 del 25 de septiembre de 2007, Cajanal negó el
reconocimiento de la pensión gracia por no encontrar acreditados los 20 años de
servicio como docente oficial con vinculación de orden territorial o nacionalizado,
por cuanto consideró que «aunque es abundante la doctrina constitucional que enseña
que la tutela no es la vía para definir conflictos laborales, circunstancia que por si sola y
ante la prevalencia del orden constitucional tornaría en ineficaz la orden de tutela, conviene
recordar que la Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión en Sentencia T-694 de 2006,
al revisar, entre otros, el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de
Honda del 09 de febrero de 2006 por medio de la cual se ordenó el reconocimiento de la
pensión gracia a docentes del orden nacional, precisó que no es procedente la acción de
tutela, ni aún como mecanismo transitorio, para el reconocimiento de la pensión gracia,
dada la existencia de otro medio judicial idóneo de defensa y que no se acredita la
inminencia del perjuicio irremediable. En ese orden de ideas, este despacho considera que
el fallo de tutela se aparta del querer legal, lo que impide su cumplimiento» [sic].
20
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
65. En cumplimiento del fallo de tutela, la Ugpp reconoció la prestación a través de
la Resolución RDP 037967 del 16 de agosto de 2013, para lo cual señaló: «Que es
importante indicar que la pensión aquí reconocida se realiza en estricto cumplimiento a lo
ordenado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué – Bolívar, mediante fallo
de tutela de fecha 06 de octubre de 2006, teniendo en cuenta que los tiempos acreditados
por la docente son de Orden Nacional».
66. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la sentencia
del 1° de septiembre de 2014, proferida en el marco del proceso adelantado por
Cajanal contra Luz Mery Melo Melo, consideró que «la Secretaría de la Sección
Segunda de ésta Corporación, deberá remitir a la autoridades señaladas copias de ésta
providencia, de las piezas procesales pertinentes de la acción de tutela No. 0063-06
adelantada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga – Magdalena, así como
de la Resolución No. 47427 del 15 de septiembre de 2006, proferida por la Caja Nacional
de Previsión Social EICE» y resolvió «COMPÚLSENSE copias de la presente situación a
la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura – Sala
Disciplinaria y la Fiscalía General de la Nación, a efectos de investigar cualquier conducta
delictuosa y disciplinaria en que los servidores públicos, abogados y particulares en el
trámite de la acción constitucional hubieren podido incurrir».
67. El 6 de diciembre de 2016, el profesional especializado de la Secretaría de
Educación de Boyacá, mediante el formato único para la expedición de certificado
de historia laboral, indicó que la docente prestó sus servicios con vinculación de
orden nacional, en propiedad, en los siguientes términos:
Novedad / Acto Entidad
Desde Hasta Total tiempo
administrativo previsora
Ing. y Reing. Institución
2 años, 8
Educativa Técnica Agrícola de
11/04/1973 11/04/1973 meses, 21 Cajanal
Paipa (Boyacá) / Res. 1639 de
días
09/04/1973
Traslados INEM Carlos Arturo 12 años, 3
Torres (Tunja) / Res. 5296 de 01/01/1976 02/04/1988 meses, 2 Cajanal
17/11/1975 días
Cajanal
Continuidad INEM Carlos 7 años, 3 hasta el
Arturo Torres (Tunja) / Res. 18/04/1988 07/08/1995 meses, 21 31/12/1989
7895 de 24/06/1988 días a partir del
01/01/1990
Continuidad INEM Carlos 3 años, 11
Arturo Torres (Tunja) / Res. 09/10/1995 06/10/1999 meses, 28 Fomag
1124 de 26/09/1995 días
Traslados Institución 1 año, 3
07/10/1999 21/01/2001 Fomag
Educativa Escuela Normal meses, 15
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Demandante: Ugpp
Superior Sor Josefa del días
Chiquinquirá / Res. 3323 de
07/10/1999
Continuidad Institución
Educativa Escuela Normal
Superior Sor Josefa del 22/04/2001 23/04/2001 2 días Fomag
Chiquinquirá / Res. 365 de
21/03/2001
27 años, 6
Retiro Voluntario / Decreto
23/04/2001 meses, 28 Fomag
595 de 24/04/2001
días
68. El 9 de diciembre de 2016, el profesional especializado de la Oficina de Nómina
de la Gobernación de Boyacá informó que «la señora ROSA INÉS OTALORA DE
CONTRERAS […] se le cancelaron salarios así: Desde el 1 de Enero de 1990 hasta el 23
de abril de 2001 como Docente, con recursos del Situado Fiscal. El tiempo laborado
anterior al 1 de enero de 1990 será certificado por la Pagaduría de los planteles
educativos a donde prestó sus servicios, I.T.A. de Paipa, igualmente por el I.N.E.M.
de Tunja».
2.4.2. Análisis sustancial
69. El Tribunal Administrativo de Boyacá, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, para tal efecto, declaró la nulidad de la Resolución RDP 037967 del
16 de agosto de 2013, al encontrar que la docente ostentó una vinculación de orden
nacional hasta el momento de su retiro, por lo tanto no acreditó las exigencias para
el reconocimiento de una pensión gracia. En cuanto a la pretensión de la devolución
de las mesadas percibidas por el reconocimiento efectuado con el acto demandado,
concluyó que este no era procedente, comoquiera que no se desvirtuó la buena fe
de la pensionada, ni se evidenciaron conductas reprochables encaminadas a
defraudar a la administración, con el fin de obtener el reconocimiento de la
prestación.
70. Rosa Inés Otálora de Contreras apeló la anterior decisión al considerar que su
vinculación fue territorial, por cuanto «la sentencia objeto de alzada no se pronuncia
según el Art. 103 de la Ley 1437 CPACA […] se trata de una sentencia que hace tránsito a
cosa juzgada constitucional, desconoce, no aplica, viola los preceptos constitucionales (Art.
2, 91, 122, 305 No 7 y 315 No 7) y al parecer se presenta el presunto delito de prevaricato
por acción según la sentencia C-335 de 2008». Asimismo, la vinculación que ostentó
como docente fue territorial, toda vez que se evidenció la subordinación o
dependencia de la docente con los entes territoriales, que a su vez fueron los
encargados de pagar su salario y prestaciones durante el tiempo de la prestación
del servicio. Además, el certificado del periodo laborado fue suscrito por las
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
Secretarías de Educación departamental y municipal, no por el Ministerio de
Educación Nacional.
71. En este orden de ideas, le corresponde a la Sala analizar si la demandada
acreditó todas las exigencias para el reconocimiento de la prestación,
especialmente si el tiempo de servicio prestado por la docente, puede computarse
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia y, de no ser así, si le
corresponde restituir las mesadas percibidas por concepto de esa prestación.
72. En primer lugar, se encuentra que la docente prestó su servicio desde el 11 de
abril de 1973 hasta el 23 de abril de 2001 en diferentes planteles educativos
[Institución Educativa Técnica Agrícola de Paipa, INEM Carlos Arturo Torres y la
Institución Educativa Escuela Normal Superior Sor Josefa del Chiquinquirá], por lo
que en ejercicio de la docencia acreditó 27 años, 6 meses, 28 días de servicio41.
Según las certificaciones proferidas el i) 6 de diciembre de 2016, por el profesional
especializado de la Secretaría de Educación de Boyacá, mediante el formato único
para la expedición de certificado de historia laboral; ii) 3 de marzo de 1997 y el 13
de junio del 2002, por la Secretaría de Educación de Boyacá, el Ministerio de
Educación Nacional y la gobernación de Boyacá.
73. No obstante, en cuanto a la vinculación ostentada, la Sala encuentra que a
través de la Resolución 1639 del 9 de abril de 1973 el gerente general del Instituto
Colombiano de Construcciones Escolares ICCE [Ministerio de Educación Nacional]
nombró a la docente del Instituto Técnico Agrícola de Paipa, en el cual se indicó que
«[l]os gastos que ocasionen serán cancelados con cargo a la cuenta de funcionamiento
constituida por la Entidad», cargo del cual tomó posesión el 8 de mayo de 1973, con
fecha de ingreso desde el 11 de abril de ese año, ante el gerente general del ICCE
y el jefe de personal del Ministerio de Educación Nacional. Además, según las
certificaciones proferidas el 3 de marzo de 1997, el 13 de junio del 2002 y el 6 de
diciembre de 2016, esta era de orden nacional.
74. Al respecto, la Sala encuentra que la vinculación de la demandada fue realizada
por el gerente general del ICCE, instituto que, de conformidad con el artículo 1 del
Decreto 2394 de 196842 era «un establecimiento público, esto es, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, […] adscrito al Ministerio de
Educación Nacional», dirigido por «una junta directiva, que presidirá el Ministerio de
Educación Nacional o su delegado, y de un Gerente General, quien será su representante
legal» (artículo 5° ibidem).
41 Descontando las licencias ordinarias y comisiones no remuneradas.
42 «Por el cual se crea el instituto colombiano de construcciones escolar, que sustituye a la oficina
administrativa para programas educativos conjuntos (OAPEC)».
23
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Demandante: Ugpp
75. Por su parte, en el Decreto 1962 de 196943 creó el programa de educación media
diversificada, con el objetivo de «atender a la mayor demanda de educación media y a
la necesidad de mejorar su calidad en consonancia con las modernas tendencias
educativas y a las necesidades del país», el cual se desarrollaría en «los institutos
nacionales de educación media diversificada (INEN) [sic] y en los demás establecimientos
que el Ministerio de Educación autorice» (artículo 3° ibidem), asimismo, en su artículo
12 previó que la dirección administrativa de los referidos institutos fue delegada en
el gerente del ICCE y que los recursos para su funcionamiento del programa serían
transferidos directamente por el Ministerio de Educación Nacional.
76. Lo anterior, permite concluir que la vinculación que inició con la Resolución 1639
del 9 de abril de 1973 fue del orden nacional, en tanto, como se explicó en líneas
anteriores, fue efectuada por un establecimiento público del orden nacional en el
marco del programa de educación media diversificada que se encontraba a cargo
del Ministerio de Educación Nacional. Esto, de conformidad con el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989, según el cual era personal nacional «los docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional».
77. De otra parte, en relación con el traslado de la docente a la Institución Educativa
Carlos Arturo Torres INEM Tunja, se advierte que mediante el Decreto 1962 de 1969
fueron creados los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada INEM,
dentro del programa de modernización, especialidad y extensión de la cobertura
educativa en el país, los cuales estarían a cargo del Ministerio de Educación
Nacional:
«Artículo 1º Establécese en el país la enseñanza media diversificada entendida como
la etapa posterior a la educación elemental y durante la cual el alumno tiene
oportunidad de formarse integralmente, a la vez que puede elegir entre varias áreas
de estudio, la que más se ajuste a sus necesidades, intereses y habilidades. Así, el
alumno podrá ingresar a la universidad o desempeñar más efectivamente una
determinada función en su comunidad…
Artículo 3º El programa de educación media diversificada se desarrollará en los
institutos nacionales de educación media diversificada (INEN) y en los demás
establecimientos que el Ministerio de Educación autorice para ello».
78. Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación44 ha sostenido que las
plantas de personal docente adscritas a los Institutos de Educación Media
Diversificada ostentan el carácter de nacional, debido a su dependencia del
Ministerio de Educación Nacional, al respecto manifestó siguiente:
43 «Por el cual se establece la enseñanza media diversificada en el país».
44 Sentencias del 26 de marzo de 2009, expediente 050012331000200603490-01 (2356-2008) y del
31 de enero de 2008 expediente 05001233100020040024501 (1221-2007), proferidas por la Sección
Segunda de esta Corporación.
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Demandante: Ugpp
«Da cuenta el plenario que el petente cumplió los 50 años de edad el 12 de febrero de
1990 (fl. 13). Ahora, conforme a la certificación obrante a folio 16 del expediente, se
evidencia que el señor José Jesús Jaramillo Díaz prestó sus servicios en el INEM “José
Félix de Restrepo” de Medellín, desde el 9 de febrero de 1972 hasta el 30 de diciembre
del 2003, Establecimiento Educativo cuya planta de personal sin duda alguna depende
del Ministerio de Educación, de donde se concluye el carácter nacional del personal
docente adscrito a ella.
En efecto, los establecimientos educativos de esta naturaleza, fueron creados por el
Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1962 de 1969, dentro de un programa de
modernización, especialidad y extensión de la cobertura educativa en el país, como
Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, programa a cargo del Ministerio
de Educación Nacional, a quien correspondía su dirección, coordinación y financiamiento
con cargo a los recursos de la Nación, razón por la que las plantas de personal docente
adscritas a dichas instituciones ostentan el carácter nacional, en virtud del origen de los
recursos que las sustentan»45 (Resalta la Sala).
79. En consonancia, es claro para la Sala que la docente fue vinculada el 11 de abril
de 1973 con carácter nacional.
80. Ahora, no se desconoce la certificación proferida el 9 de diciembre de 2016, por
el profesional especializado de la Oficina de Nómina de la Gobernación de Boyacá
en la cual informó que «la señora ROSA INÉS OTALORA DE CONTRERAS […] se le
cancelaron salarios así: Desde el 1 de Enero de 1990 hasta el 23 de abril de 2001 como
Docente, con recursos del Situado Fiscal. El tiempo laborado anterior al 1 de enero de
1990 será certificado por la Pagaduría de los planteles educativos a donde prestó
sus servicios, I.T.A. de Paipa, igualmente por el I.N.E.M. de Tunja », sin embargo,
esto no varió la naturaleza nacional con la que nació el vínculo de la demandante el
11 de abril de 1973, toda vez que esta se determina, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, por nombramiento hecho por el
gobierno nacional.
81. Asimismo, respecto del argumento de la subordinación o dependencia de la
docente con los entes territoriales, que a su vez fueron los encargados de pagar su
salario y prestaciones durante el tiempo de la prestación del servicio, la Sala
advierte que ello tampoco modificó la naturaleza de la vinculación ostentada toda
vez que, la Ley 60 de 1993, de manera expresa señaló « [e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones
será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones».
82. En efecto, se advierte que la voluntad del legislador no fue modificar la
45
Sentencia del 26 de marzo de 2009, expediente 050012331000200603490-01 (2356-2008)
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
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Demandante: Ugpp
naturaleza del vínculo de los docentes que con ocasión del proceso de
descentralización fueron incorporados en las plantas territoriales, lo anterior se
sustenta en el hecho de que en las disposiciones que regularon el mencionado
proceso mantuvo la distinción entre docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales. En esa línea el Decreto 195 de 199546, en su artículo 2, reiteró dicha
clasificación y definió a los docentes nacionales y nacionalizados como « aquellos
que han venido siendo financiados con recursos de la Nación y que se financian con
recursos del situado fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993».
83. En consecuencia, resulta claro que el 11 de abril de 1973, la demandada se
vinculó como docente nacional, comoquiera que fue nombrada en la Institución
Educativa Técnica Agrícola de Paipa (Boyacá), en el marco de un acto
administrativo proferido por el ICCE, el cual corresponde a un establecimiento
público dirigido por el gerente y la junta directiva, conformada, entre otros, por el
Ministro de Educación Nacional47 y, como se explicó, esa naturaleza del vínculo se
mantuvo hasta el 23 de abril de 2001 cuando se retiró del servicio.
84. De manera que se confirmará lo dispuesto por el tribunal de primera instancia al
no encontrar acreditada la prestación del servicio como docente durante 20 años en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, municipal o distrital.
85. Ahora en cuanto a la tacha de falsedad de las certificaciones propuesta en el
recurso de apelación interpuesto por la demandante, se advierte que este aspecto
ya fue objeto de estudio durante la primera instancia, toda vez que mediante el auto
proferido el 5 de julio de 2018 el tribunal consideró que «el trámite de tacha no es
procedente por las siguientes razones: el objeto del presente proceso es determinar si la
demandada tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, decisión que se tomará
no solo conforme a la historia laboral, sino que se deberá hacer un examen conjunto de las
pruebas. No se cuestiona el contenido del material del documento, sino el objeto del
proceso, y eso solo se determinará al momento de emitir sentencia una vez valoradas todas
las pruebas obrantes. Con relación a las pruebas, se trata de una solicitud extemporánea,
que ha debido plantearse en el escrito de contestación de la demanda, por lo anterior no se
dará curso al trámite de tacha de falsedad, pero ese punto será tema a resolver en la
sentencia. Sobre el particular, considera el Despacho que no es necesario insistir en dichas
pruebas pues la información que con ella se quería obtener se suple con los documentos
que reposan dentro del expediente».
86. Asimismo, se observa que la anterior decisión fue objeto de los recursos de
46
«por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la
Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
47 En igual sentido se encuentra la sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por la Sección
Segunda de esta Corporación.
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Demandante: Ugpp
reposición, en subsidio apelación y finalmente el de queja, respecto de los 2
primeros, el tribunal indicó que «el apoderado de la parte demandada hace reparos
jurídicos sobre cuando una docente es nacional y una territorial, [se] insiste en que solo
será en el momento en que se emita la sentencia de fondo en que se determine si la docente
tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia. Lo presentado no es en estricto
sentido una tacha, sino un alegato de conclusión, el apoderado insiste en el trámite de tacha
para que se acceda a unas solicitudes probatorias, pero eso debió hacerse al momento de
contestar la demanda […], por lo que Confirmar la decisión de no darle trámite a la tacha
de falsedad. Abstenerse de conceder por ser improcedente el recurso de apelación».
Finalmente, al resolver el recurso de queja, esta Corporación estimó bien denegado
el recurso de apelación, sin que se presentara alguna otra actuación por parte del
recurrente.
87. En este punto, resulta relevante precisar que para efectos de determinar la
naturaleza de la vinculación de la docente, no solo fueron tenidas en cuenta las
certificaciones expedidas por las entidades territoriales, sino los actos
administrativos de vinculación, lo que se encuentra en línea con lo dispuesto por
esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201848, en la que
se precisó que «(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación
de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación
al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial» (se resalta).
88. Ahora, en cuanto al requerimiento de la restitución de las mesadas percibidas
por concepto de la pensión gracia, la sala encuentra que la demandante no
desvirtuó la presunción de buena fe, por cuanto no aportó prueba alguna que
permitiera concluir que la docente ejerció maniobras fraudulentas que indujeran en
error a la entidad previsional, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la
prestación.
89. En este sentido, es pertinente recordar que para que resulte procedente ordenar
el reintegro de los valores recibidos por aquellas personas a las que se les haya
reconocido una prestación social sin tener derecho a ella, deberá estar acreditada
la mala fe con que pudieron actuar para obtener el pago de los beneficios
pensionales otorgados, en atención a que la buena fe es una presunción que
requiere ser desvirtuada.
90. Respecto de lo manifestado en el recurso de apelación, en cuanto a la actuación
desplegada por la demandada al presentar la solicitud de tutela antes de acudir a la
48 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
jurisdicción de lo contencioso administrativo, para la Sala, ello no logra desvirtuar la
buena fe que cobija su actuación, toda vez que corresponde al ejercicio de los
recursos con los que cuentan los ciudadanos para efectos de materializar su
derecho de defensa.
91. Por lo tanto, al considerar esta Sala que no le asiste razón a la entidad
previsional en relación con la restitución de la diferencia prevista entre la suma por
concepto de la prestación percibida antes del fallo emitido en segunda instancia por
el Consejo de Estado y la computada según los parámetros de esa providencia, se
confirmará la sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala Primera de Decisión que declaró la nulidad de las resolución
demandada y negó las demás pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
92. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
93. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
94. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma49.
95. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
28
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
96. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandada.
3. Conclusión
97. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Rosa Inés Otálora de
Contreras no logró acreditar el cumplimiento del requisito de los 20 años de
prestación del servicio como docente oficial en virtud de una vinculación territorial o
nacionalizada. No obstante, tampoco fue desvirtuada la presunción de buena fe de
la conducta realizada por la docente y, en consecuencia, no resulta procedente el
reintegro de los montos percibidos por concepto de la pensión gracia.
98. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 27 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la Ugpp contra Rosa
Inés Otálora de Contreras.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto
29
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)
Demandante: Ugpp
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
VMT
30
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