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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00260-01

Pensión de jubilación

Fecha
8 de julio de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00260-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Revócase la sentencia de 21 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Silvia Helena Abril Albarracín contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones); en su lugar: 1.1 Declárase la nulidad de las Resoluciones GNR 201441 de 6 de agosto de 2013, GNR 17508 de 20 de enero de 2014 y VPB 9669 de 13 de junio siguiente, emitidas por Colpensiones, por las cuales se le negó a la actora el reconocimiento de la pensión por vejez, de conformidad con la motivación. 1.2 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a Colpensiones reconocer y pagar pensión de vejez a la accionante de conformidad con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a partir del 15 de julio de 2012 (fecha del retiro definitivo del servicio), calculada en los términos de los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, como quedó indicado en la parte motiva. 1.3 Colpensiones hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial 1.4 Colpensiones deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el 192 del CPACA. 1.5 Niéganse las demás pretensiones de la demanda. 2. Sin condena en costas. 3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2015-00260-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

8 de julio de 2021

PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / PERDIDA DE LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD / RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA

Ha de advertirse que, en principio, la accionante se encontraba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1º. de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad (nació el 20 de diciembre de 1954), empero, comoquiera que se afilió al régimen de ahorro individual con solidaridad, con ocasión de su vinculación a Financiaexport Ltda. y sus cotizaciones a Colfondos, resulta oportuno determinar si como consecuencia de tal situación, perdió los beneficios transicionales de la mencionada norma. […] [L]a regla jurisprudencial vigente acerca del tema es la fijada por las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-62 de 2010, esto es, que pese a que la persona haya retornado del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida (para cuyo efecto debió haber trasladado la totalidad del ahorro depositado en la respectiva cuenta individual, el cual no podría ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente si hubiere permanecido en el régimen de prima media, y en caso contrario, aportar el dinero que haga falta para cumplir dicha exigencia), no perderá los beneficios del régimen de transición solo si al 1°. de abril de 1994 hubiese tenido 15 o más años de servicios cotizados, por lo que no basta colmar el requisito de edad. […] [E]n el asunto sub examine se evidencia que a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1994 (1º. de abril de 1994), la demandante tenía 9 años, 10 meses y 21 días, por lo que no satisface la condición de los 15 años o más de servicios con el propósito de conservar los beneficios del régimen de transición, por ende, carece del derecho a obtener la pensión de jubilación por aportes de que trata el artículo 7º. de la Ley 71 de 1988.

FUENTE FORMAL: LEY 71 DE 1988 – ARTÍCULO 7 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 15001-23-33-000-2015-00260-01(1867-17)

Actor: SILVIA HELENA ABRIL ALBARRACÍN

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

Referencia: PÉRDIDA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN POR TRASLADO DE RÉGIMEN; RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE VEJEZ SEGÚN LAS LEYES 100 DE 1993 Y 797 DE 2003

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante (ff. 236 a 240) contra la sentencia de 21 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe (ff. 222 a 233 vuelto).

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 101 a 115). La señora Silvia Helena Abril Albarracín, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 201441 de 6 de agosto de 2013, GNR 17508 de 20 de enero de 2014 y VPB 9669 de 13 de junio siguiente, mediante las cuales la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) le negó a la actora la pensión de jubilación.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada «[…] reconocer, liquidar y pagar [...] su mesada pensional, incluyendo la totalidad de los conceptos y valores devengados y que conformaron el promedio mensual [...] durante el último año de prestación de sus servicios [...] actualizado anualmente [...]»; lo anterior, junto con los intereses moratorios y la condena en costas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que nació el 20 de diciembre de 1954, cumplió 55 años en el 2009 y trabajó en varias entidades privadas y del Estado. Asimismo, realizó aportes durante más de 20 años, afiliada a diferentes entes de previsión.

Que el 22 de noviembre de 2012 solicitó de Colpensiones el reconocimiento de la pensión de jubilación, negado mediante las resoluciones acusadas, por cuanto la demandada considera que no reúne el total de semanas cotizadas que exige la Ley 100 de 1993.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos demandados los artículos 4º, 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; y 36 de la Ley 100 de 1993 y las Leyes 33 y 62 de 1985

Arguye que «[...] la omisión del empleador en el pago de los aportes al sistema de pensiones no es oponible al trabajador y a su derecho a obtener el reconocimiento de la pensión de vejez». Y que «[...] cumple con los requisitos exigidos para pertenecer al régimen de transición del artículo 326 de la Ley 100 de 1993, modificado por el acto legislativo 01 de 2005 y allí para nada se indicó que al trasladarse del régimen de prima media con prestación definida al de Ahorro individual con solidaridad, se perdía el derecho al régimen de transición».

1.5 Contestación de la demanda (ff. 123 a 134). La entidad accionada, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; se refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos y otros no; y, adujo que la actora no es beneficiaria del régimen de transición, pues «[…] lo perdió por traslado de RAIS y no contar con los 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993». Además, «[...] para el reconocimiento de una pensión de vejez se deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003 [...]», los cuales no fueron acreditados por ella.

Propuso las excepciones que denominó inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, improcedencia de cobro de intereses moratorios e indexación y prescripción.

1.6 La providencia apelada (ff. 222 a 233 vuelto). El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia de 21 de febrero de 2017, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que «[...] se puede inferir con toda claridad la incursión de la demandante dentro del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como quiera que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, concretamente con 39, lo que desde luego, de acuerdo a los tiempos de servicios prestados y las cotizaciones efectuadas, habilitan el respeto del régimen anterior que le resulte aplicable, pues sin duda alguna será más favorable que las normas pensionales previstas en el nuevo Sistema General de Seguridad Social en pensiones, en donde se consagraron mayores requisitos».

No obstante, sostiene que la actora «[…] tiene certificados 5.259 días, que equivalen a 751,28 semanas en COLPENSIONES -antes Instituto de Seguros Sociales- y en las diferentes entidades de previsión social del sector público a saber, CAJANAL, CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BOYACÁ y CAJA DE PREVISIÓN MUNICIPAL, que sumadas corresponden a 14 años, 7 meses y 9 días, lo que lleva a concluir sin mayores elucubraciones que la demandante no cumple con los requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988, pues si bien cumple con el requisito de la edad (63 años) no acreditó que el tiempo de servicios fue de 20 años o más».

1.7 El recurso de apelación (ff. 236 a 240). La demandante, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que en «[...] lo relacionado con Financiaexport Ltda., efectivamente esta entidad [la] afilió [...] a COLFONDOS para seguir cotizando para pensión, pero cuando [...] fue informada de que afectaba su afiliación al I.S.S. y por tanto Régimen de transición, [...] solicitó a COLFONDOS que transfiriera dichas cotizaciones al I.S.S. y así lo hizo, para que la afiliación a COLFONDOS quedara saldada y continuara la relación de afiliación con el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES».

Que «[...] el Tribunal para nada tuvo en cuenta el formulario de vinculación o actualización al sistema general de pensiones, del 22 de enero de 2010, con radicado 000770 ante el I.S.S., en cuyo adverso el empleador Luis Omar Franco Martínez (q.e.p.d.) certificaba que le había descontado [...] mes a mes las cotizaciones a pensión por haberle prestado sus servicios subordinados y dependientes desde el 8 de octubre de 1998 al 09 de julio de 2009 y que le había sido imposible efectuar los aportes. Responsabilidad que no se le puede endilgar a la trabajadora [...] pues la entidad de Previsión Social, ha debido realizar las gestiones necesarias con el fin de recuperar tales aportes o cotizaciones, y no desconocerle el derecho que tiene la trabajadora [...]».

Agrega que «[...] Colpensiones allega un requerimiento de cobro al Doctor Luis Omar Franco Martínez (q.e.p.d.) del 8 de febrero de 2016, con lo cual se demuestra que fue negligente y tardía en su actuar y no puede ni debe trasladarse tal negligencia ni responsabilidad a la trabajadora [...]».

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 22 de marzo de 2017 (ff. 242 y vuelto) y admitido por esta Corporación a través de auto de 27 de agosto de 2019 (f. 251), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 15 de febrero de 2021 (f. 273), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras.

2.1.1 Parte demandante. La actora, mediante de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su escrito de alzada y adicionalmente sostuvo que la prestación se debe reconocer «[...] de conformidad con el régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988 [...]».

2.1.2 Entidad demandada. Colpensiones, por medio de apoderado, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho o no al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, para lo cual resulta oportuno verificar, en principio, si es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; o por el contrario, carece de razón, pues no cumplió los 20 años de cotizaciones, como lo concluyó el a quo.

3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

a) Según cédula de ciudadanía y registro civil de la accionante, nació el 20 de diciembre de 1954 (ff. 58 y 59).

b) De acuerdo con «certificados de información laboral», la demandante prestó servicios en diferentes entidades del Estado, así:

Empleador

Lapso
Tiempo de servicio
Entidad de Previsión Social

Folios

Años
Meses
Días
Contraloría general de Boyacá11 de agosto de 1981 a 20 de diciembre de 1982.14
20
Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá61 a 63Municipio de Duitama1°. de enero a 19 de diciembre de 1984.1119Caja de Previsión del Municipio de Duitama12Registraduría Nacional del Estado Civil 17 a 31 de diciembre de 1985.
15
Caja Nacional de Previsión Social67 a 692 de enero a 31 de mayo de 1986.4
29Asamblea de Boyacá2 de octubre a 30 de diciembre de 1986228
Caja Departamental de Previsión de Boyacá70 a 72Lotería de Boyacá21 de mayo de 1987 a 10 de febrero de 19924820Caja de Previsión Social de Boyacá73 a 76Gobernación de Boyacá11 de febrero de 1992 a 31 de enero de 199521120Caja de Previsión de Boyacá77 a 80Municipio de Santa Rosa de Viterbo4 de marzo a 10 de abril de 199716Instituto de Seguros Sociales85Secretaría de Educación de Boyacá13 de julio de 2009 a 15 de julio de 201232Instituto de Seguros Sociales – Colpensiones83, 88 y 89
c) Extracto de cuenta de fondo de pensiones obligatorias expedido por Colfondos (f. 6 vuelto), en el cual se registran aportes del empleador Financiaexport Ltda. a nombre de la señora Silvia Helena Abril Albarracín por los meses de noviembre y diciembre de 1995, y enero, marzo y abril de 1996.

d) Colfondos, por medio de oficio COM.AFL01-6234.07 de 31 de julio de 2007 (f. 7), dirigido a la actora, le informó que «[...] su cuenta de ahorro individual con fines pensionales fue trasladada al INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL así: Fecha de traslado: 12 de marzo de 1997. Valor trasladado: $126.181 [...]».

e) El 1°. de abril de 2014 Colpensiones certificó que la accionante «[...] se encuentra afiliado(a) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, Administrado por COLPENSIONES desde el día 14/07/1998 y su estado es Activo Cotizante. Detalle de afiliación [...] Novedad Traslado aprobado de un fondo de Pensión al ISS [...] Fecha 12/03/1997 [...]» (f. 60).

f) En el resumen de aportes a pensión allegado por Colpensiones con corte a 10 de diciembre de 2015, se observa que la accionante cotizó como independiente del 14 de julio al 30 de agosto de 1998 (ff. 168 a 169 vuelto).

g) El señor Luis Ómar Franco Martínez certificó el 14 de enero de 2010 (f. 4 vuelto), que la actora:

[...] fue mi trabajadora [...] en las oficinas de abogado que tuve abiertas al público en la ciudad de Duitama y Belén [...] del 8 de octubre de 1998 al 9 de julio del 2009 que como dependencia judicial, desarrolló funciones de secretaria y dependencia judicial en forma ininterrumpida. Dentro de las fechas anotadas y como se vinculó a un cargo oficial en la secretaria de educación del Departamento de Boyacá. Desde el 10 de julio de 2009. Que desde el momento en que empezó a laborar con el suscrito profesional me permití afiliarla al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES el 8 de octubre de 1998 y que en esas circunstancias aparece en mis registros, aunque se me ha dificultado continuar con el pago de las cotizaciones, a pesar de que se le había descontado la parte proporcional que le correspondía [sic para toda la cita].

El documento fue suscrito por el autor y se surtió diligencia de reconocimiento de firma ante la Notaría Segunda de Duitama (Boyacá). Asimismo, certificó el 1°. de julio de 2010 los salarios que le canceló a ella entre 1998 y 2009 (f. 86).

h) El gerente nacional de aportes y recaudo de Colpensiones, en respuesta a requerimiento realizado en el curso del presente proceso por el Tribunal Administrativo de Boyacá, informó el 10 de diciembre de 2015 (f. 190):

[...] frente a la razón social FINANCIAEXPORT LTDA [...], no obstante presentar pagos entre los ciclos 1995-11 a 1996-04, no presenta novedad de retiro y tampoco presenta vínculo de afiliación registrado en nuestro sistema. Igualmente frente a la razón social LUIS OMAR FRANCO [...] presenta pagos en los ciclos 1998-10 y 1998-11 y no presenta novedad de retiro, adicionalmente consultada la base de datos se encuentra que el otrora Instituto Seguro Social, le adelantó procesos de fiscalización en las fechas que se citan 31-10-21003 [sic], 14-7-2005, 21-1-2010 y 16-4-2010.

i) Oficio 2016-904688 de 8 de febrero de 2016 (ff. 182 a 189), a través del cual Colpensiones hizo al señor Luis Ómar Franco Martínez el requerimiento establecido en el artículo 2º. del Decreto 2633 de 1994, dentro del proceso de cobro persuasivo 2016-904688, respecto de la afiliada Silvia Helena Abril Albarracín; en la liquidación anexa se discriminó la deuda correspondiente a «pagos extemporáneos con diferencias» y «deuda presunta» por los años 1995 a 2000.

j) Mediante Resolución GNR 201441 de 6 de agosto de 2013 (ff. 36 a 37 vuelto), Colpensiones negó la pensión de jubilación solicitada por la demandante el 22 de noviembre de 2012, porque consideró que «[…] el parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, señala que el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 [...] no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del citado acto legislativo (25 de julio de 2005), a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el 2014. Que la asegurada no cumple con los requisitos previamente enunciados, razón por la cual no conserva el régimen de transición [...]»; y que según los requisitos exigidos en la Ley 797 de 2003 «[...] no es factible conceder la prestación [...], puesto que no cuenta con las semanas mínimas exigidas para acceder a la pensión de vejez, que para el año 2013, son requeridas un total de 1250».

k) La anterior decisión fue confirmada con Resoluciones GNR 17508 de 20 de enero (ff. 51 a 52 vuelto) y VPB 9669 de 13 de junio, ambas de 2014 (ff. 54 a 56 vuelto), expedidas por Colpensiones; en la primera de ellas adujo que «[...] solo las personas que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones acrediten 15 años o más de servicios y/o cotizaciones (750 semanas) conservaran el régimen de transición en caso de traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida». Y en ambas, concluyó «[...] que el(la) asegurado(a) a 1 de abril de 1994, NO acredita 15 años de servicios y/o cotizaciones (750 semanas) razón por la cual NO conserva el régimen de transición y la prestación deberá ser estudiada a la luz de los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 [...]».

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la actora nació el 20 de diciembre de 1954 y laboró así:

Empleador

Lapso
Tiempo

Entidad de previsión social

Años

Meses

Días

Contraloría general de Boyacá
11 de agosto de 1981 a 20 de diciembre de 1982.
1
4

9

Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá
Municipio de Duitama
1°. de enero a 19 de diciembre de 1984.

11
19
Caja de Previsión del Municipio de Duitama
Registraduría Nacional del Estado Civil
17 a 31 de diciembre de 1985.

15

Caja Nacional de Previsión Social
2 de enero a 31 de mayo de 1986.

4

29
Asamblea de Boyacá
2 de octubre a 30 de diciembre de 1986

2
28

Caja Departamental de Previsión de Boyacá
Lotería de Boyacá
21 de mayo de 1987 a 10 de febrero de 1992
4
8
20
Caja de Previsión Social de Boyacá
Gobernación de Boyacá
11 de febrero de 1992 a 31 de enero de 1995
2
11
20
Caja de Previsión de Boyacá
Financiaexport Ltda.
Noviembre y diciembre de 1995; enero, marzo y abril de 1996

5

Colfondos
Municipio de Santa Rosa de Viterbo
4 de marzo a 10 de abril de 1997

1
6
Instituto de Seguros Sociales
Independiente
14 de julio a 30 de agosto de 1998

1
15
Instituto de Seguros Sociales
Luis Ómar Franco Martínez
8 de octubre de 1998 a
9 de julio de 2009
10
9
1
Instituto de Seguros Sociales
Secretaría de Educación de Boyacá
13 de julio de 2009 a 15 de julio de 2012
3

2
Instituto de Seguros Sociales – Colpensiones
Tiempo a 1º. de abril de 1994
9 años, 10 meses y 21 días
Tiempo a 25 de julio de 2005
18 años, 1 mes y 28 días (6.538 días = 908 semanas)
Tiempo a 20 de diciembre de 2009
22 años, 6 meses y 21 días (8.121 días = 1.127 semanas)
Total tiempo de servicio
25 años, 1 mes y 16 días (9.046 días = 1.256 semanas)

No obstante, Colpensiones, mediante Resoluciones GNR 201441 de 6 de agosto de 2013, GNR 17508 de 20 de enero de 2014 y VPB 9669 de 13 de junio siguiente, le negó a la actora el reconocimiento de una pensión de jubilación; primero, con el argumento de que no era beneficiara del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues no demostró 750 semanas para la fecha de entrada en vigor del Acto legislativo 1 de 2005; y después, porque se trasladó del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida, para lo cual debía acreditar más 15 años de servicio para la fecha en la que empezó a regir, que en este caso fue el 1°. de abril de 1994.

Al respecto, ha de advertirse que, en principio, la accionante se encontraba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1º. de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad (nació el 20 de diciembre de 1954), empero, comoquiera que se afilió al régimen de ahorro individual con solidaridad, con ocasión de su vinculación a Financiaexport Ltda. y sus cotizaciones a Colfondos, resulta oportuno determinar si como consecuencia de tal situación, perdió los beneficios transicionales de la mencionada norma.

El Decreto 3800 de 2003, «Por el cual se reglamenta el literal e) del artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=5248" \l "13" 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=7223" \l "2" 2° de la Ley 797 de 2003», en lo atañedero al traslado entre los regímenes pensionales, preceptuó:

Artículo 1º. Traslado de Régimen de Personas que les falten menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. De conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha.
[…]

Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y

b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último.

En tal evento, el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual le será computado al del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional.

En fallos C-789 de 2002, C-754 de 2004 y C-1024 de 2004, la Corte Constitucional precisó que aquellas personas que se trasladaron del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, podrán retornar al que inicialmente estaban afiliados y, por ende, hacer efectivo su derecho a pensionarse bajo la normativa pensional anterior, por ser beneficiarios del régimen de transición, en la medida en que a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 hubiesen tenido 15 años de servicios cotizados, en razón a que solo a las personas en esta condición se les violarían sus derechos al trabajo y a la seguridad social si se les excluyera del beneficio, puesto que ya han cumplido con el 75% o más del tiempo de trabajo para acceder a una pensión a la entrada en vigor del sistema general de seguridad social en pensiones.

Por su parte, en sentencias T-818 de 2007 y T-1014 de 2008, hubo un cambio radical en la regla jurisprudencial desbrozada en las anteriores, toda vez que en atención a una interpretación favorable al trabajador, concluyó la Corte Constitucional que siempre que la persona cumpla alguno de los requisitos del régimen de transición, se hará beneficiario de este y tendrá derecho a pensionarse con la norma anterior a la Ley 100, independientemente de que se hubiese cambiado al régimen de ahorro individual, por lo que podrá retornar al de prima media con prestación definida. Derrotero que también reiteró el Consejo de Estado en auto de 5 de marzo de 2009, al estimar que no se pueden exigir más requisitos para el regreso del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida (y, por consiguiente, para hacer efectivo su derecho a la aplicación del régimen de transición), que el de trasladar lo que se tenía en el fondo privado.

En el año 2010, la Corte Constitucional con el propósito de unificar su jurisprudencia, en sentencia SU-62, acogió el criterio fijado en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, en el sentido de que para realizar el retorno al régimen de prima media, y, por tanto, conservar el beneficio del régimen de transición, resulta necesario tener 15 años cotizados a la entrada en vigor de la Ley 100, además de que se traslade todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual, sin que este sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubiere permanecido en el primer régimen, pero, en el evento contrario, el afiliado podrá pagar el respectivo dinero a lo que le faltare en un plazo razonable.

Por otro lado, el Consejo de Estado, en sentencia de 25 de noviembre de 2010, sostuvo que en la medida en que una persona colmara uno de los requisitos para la aplicación del régimen de transición, tiene derecho a pensionarse con las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100, pese a haberse trasladado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad y retornar a aquel, por cuanto se está en presencia de expectativas legítimas. Mientras que, en fallo de 6 de abril de 2011, se siguió el criterio trazado por la Corte Constitucional en las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010, bajo el entendido de que, para trasladarse nuevamente al régimen de prima media con prestación definida, sin perder el beneficio del régimen de transición, se debe tener a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100, 15 años de servicios cotizados.

En este orden de ideas, resulta evidente que la regla jurisprudencial vigente acerca del tema es la fijada por las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-62 de 2010, esto es, que pese a que la persona haya retornado del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida (para cuyo efecto debió haber trasladado la totalidad del ahorro depositado en la respectiva cuenta individual, el cual no podría ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente si hubiere permanecido en el régimen de prima media, y en caso contrario, aportar el dinero que haga falta para cumplir dicha exigencia), no perderá los beneficios del régimen de transición solo si al 1°. de abril de 1994 hubiese tenido 15 o más años de servicios cotizados, por lo que no basta colmar el requisito de edad.

Lo anterior por cuanto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que se amparan son meras expectativas, mas no derechos adquiridos, por lo que el legislador legítimamente puede limitar la edad y tiempo de servicios para acceder a una pensión y por lo mismo establecer las reglas pertinentes, incluso para la exclusión del régimen de transición, por lo que de manera clara dicha Ley excluye de los beneficios del régimen de transición a aquellas personas que pese a tener la edad para que les sea aplicable el mismo, se trasladen al régimen de ahorro individual con solidaridad y a aquellos que habiendo escogido este último régimen decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

De igual modo, en la sentencia SU-130 de 2013 se incluyó, en su parte decisoria, el criterio jurisprudencial vigente de la Corte Constitucional, con la advertencia de que «[…] de conformidad con lo previsto en los artículos 13, literal e) y 36, incisos 4° y 5° de la Ley 100 de 1993, tal y como fueron interpretados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición».

Asimismo, en fallo T-892 de 2013, en el que se examinaron varios casos acerca de reconocimientos pensionales de personas que retornaron al régimen de prima media con prestación definida y algunas pese a tener la edad para ser beneficiarias del régimen de transición, les fue negado el derecho a pensionarse bajo la norma anterior a la Ley 100, la Corte Constitucional reiteró la exigencia de que solo conservan los beneficios de la transición aquellas personas que al 1°. de abril de 1994 hubiesen tenido 15 años o más de servicios cotizados; adicionalmente, exhortó «[…] por conducto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los jueces de la República para que en lo sucesivo, den estricto cumplimiento a los lineamientos fijados por esta corporación, en materia del régimen de transición, que se encuentran contenidos en las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004, SU 062 de 2010, SU 130 de 2013 […]».

Ahora bien, la Ley 797 de 2003 introdujo, entre otras, la siguiente modificación al artículo 13 de la Ley 100 de 1993:

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; [subraya la Sala]

El aparte subrayado de la precitada modificación fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-1024 de 2004, reiterada con el fallo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-625_2007.html" \l "1" C-625 de 2007, bajo el entendido que las personas que reunían las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "36" 36 de la Ley 100 de 1993, se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad y no habían retornado al de prima media con prestación definida, podían regresar a este (en cualquier tiempo), conforme a los términos señalados en la providencia  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-789_2002.html" \l "1" C-789 de 2002, esto es, se insiste, «únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición».

Así las cosas, en el asunto sub examine se evidencia que a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1994 (1º. de abril de 1994), la demandante tenía 9 años, 10 meses y 21 días, por lo que no satisface la condición de los 15 años o más de servicios con el propósito de conservar los beneficios del régimen de transición, por ende, carece del derecho a obtener la pensión de jubilación por aportes de que trata el artículo 7º. de la Ley 71 de 1988.

De igual modo, se precisa que por el hecho de que la accionante haya solicitado a Colfondos que transfiriera al ISS las cotizaciones de su cuenta de ahorro individual, no se pueden obviar las consecuencias generadas por el cambio de régimen, independientemente de su retorno al de prima media con prestación definida. Además, aclárase que la accionante no ha demandado la nulidad de su afiliación al sistema de ahorro individual con solidaridad ante la jurisdicción ordinaria laboral, razón por la cual no es dable para esta Corporación pronunciarse acerca de la legalidad de aquel.

En atención a lo explicado, procede la Sala a verificar si la accionante satisface las condiciones establecidas en la Ley 797 de 2003, para tener derecho a la pensión de vejez en ella prevista, pues, además de que es la norma que rige su situación, al hallarse involucradas garantías de linaje constitucional fundamental (verbi gratia, a la seguridad social), ha de privilegiarse el principio de iura novit curia, en virtud del cual al juez le incumbe aplicar el derecho, pese a que este sea diferente al invocado por las partes, habida cuenta de que es su deber estudiar el asunto de conformidad con los hechos y la normativa vigente, por lo que el fallador ha de pronunciarse sobre el asunto pensional con la normativa que realmente resulta aplicable al caso concreto.

Para ello, como primera medida, se debe precisar que en lo referente al tiempo de servicio prestado a un empleador que no paga los aportes para pensión y la posibilidad de cómputo de ese lapso para el reconocimiento de la prestación de jubilación, la Corte Constitucional, en fallo T-222 de 2018 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado), advirtió:

29. El cobro de los aportes pensionales que no hayan sido oportunamente trasladados por su empleador es una obligación legal de las administradoras de pensiones. En efecto, el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 las faculta para adelantar los procedimientos de recaudo, y el 57 les atribuye a las administradoras del régimen de prima media -como COLPENSIONES-, la facultad de adelantar procesos de cobro coactivo.

Ambas disposiciones fueron reglamentadas por el Decreto 2633 de 1994, el cual establece en su artículo 2º el procedimiento para constituir en mora al empleador en los procesos de jurisdicción coactiva, mientras que el 5º señala cómo debe adelantarse el cobro de los aportes ante la jurisdicción ordinaria.

Este procede bajo las mismas condiciones en ambos casos. Transcurrido el plazo para la consignación de los aportes sin que los mismos se hayan efectuado, la entidad deberá constituir en mora al empleador y requerirlo para que efectúe el pago. Si este último no se pronuncia al respecto dentro de los 15 días siguientes, la entidad deberá liquidar la obligación, la cual prestará mérito ejecutivo.

30. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática al establecer que:

“la mora del empleador en el pago de los aportes no puede justificar retrasos ni inconsistencias en el trámite de reconocimiento de las prestaciones económicas que amparan las contingencias cubiertas por el Sistema de Seguridad Social. El traslado efectivo de los aportes a la cuenta del afiliado no puede convertirse, tampoco, en un obstáculo para efectuar tal reconocimiento.”

De este modo, existe una regla jurisprudencial consolidada respecto de la imposibilidad de trasladarles a los trabajadores las consecuencias negativas de la mora del empleador, y de la falta de gestión de las administradoras en el cobro de los aportes para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. En consecuencia, la Corte ha concluido que son las administradoras de pensiones las llamadas a asumir los efectos que puedan derivarse del retraso o de la falta de pago de los aportes.

En este orden de ideas, para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez, resulta contrario a la ley excluir el tiempo servido por un trabajador, so pretexto de la ausencia de cotizaciones por dicho interregno, pues en este evento corresponde al ente de previsión social realizar el cobro patronal, como lo ha estimado la Corte Constitucional.

Por consiguiente, a Colpensiones no le era dable desconocer el lapso que la accionante trabajó para el señor Luis Ómar Franco Martínez entre el 8 de octubre de 1998 y el 9 de julio de 2009, pues, como se ha visto, es clara la regla jurisprudencial, según la cual el trabajador no puede soportar las consecuencias indeseables de la mora del empleador y la ausente o ineficaz gestión en el cobro de los aportes por parte de las administradoras de pensiones, que son las llamadas a asumir los efectos derivados de ese retardo o falta de pago.

Lo anterior, máxime cuando el señor Franco Martínez certificó la prestación del servicio y que fue él quien incumplió con las «cotizaciones, a pesar de que se le había descontado la parte proporcional que le correspondía» a la trabajadora; además, frente a las sumas adeudadas por los aportes de esos años la demandada inició en el 2016 el procedimiento de cobro persuasivo frente a aquel.

Efectuada tal precisión, en segundo lugar, se tiene que el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, en cuanto a los requisitos para obtener la pensión de vejez, prevé:

Artículo 33. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
[…].

Luego, para acceder a la pensión de vejez del régimen de la Ley 100 de 1993 se debe acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del 1°. de enero de 2014 serán 57 para la mujer y 62 para el hombre.
b) 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, las cuales aumentan a partir de 2005, así:
Año
Semanas
2003
1000
2004
1000
2005
1050
2006
1075
2007
1100
2008
1125
2009
1150
2010
1175
2011
1200
2012
1225
2013
1250
2014
1275
2015
1300

Y, en lo referente al monto de dicha pensión de vejez, esa norma prescribe:

Artículo 21. Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.

Artículo 34. Monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.

A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

r = 65.50 - 0.50 s, donde:
r = porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.

Según lo probado en el expediente, procede la Sala a determinar si la demandante adquiere o no el derecho al reconocimiento pensional de acuerdo con la precitada normativa.

Como se ha observado, para el 20 de diciembre de 2009, fecha en la que la actora cumplió los 55 años, acreditaba 1.127 semanas, y según el artículo 9º. de la Ley 797 de 2003, en ese año se debían demostrar 1.150, por tanto, a pesar de satisfacer el requisito de la edad, no alcanzó el del tiempo de servicio. Sin embargo, como en esa época estaba vinculada en la secretaría de educación de Boyacá y sostuvo la relación laboral de manera ininterrumpida hasta el 15 de julio de 2013, es dable concluir que el 7 de diciembre de 2010 sí configuró el estatus pensional, pues ese día completó las 1.175 semanas mínimas de cotización.

En lo atañedero a la tasa de reemplazo de la prestación, se advierte que como no obra prueba en el expediente de todos los valores y factores sobre los cuales se hicieron las cotizaciones a pensión de la demandante durante sus últimos 10 años o toda su vida laboral, no es dable, por ahora, realizar en concreto el cálculo de dicha tasa; sin embargo, resulta claro que la entidad demandada debe liquidarla acorde con los parámetros de los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, con la modificación que al último introdujo el artículo 10 de la Ley 797 de 2003.

Por otro lado, se precisa que, por ser el derecho pensional de carácter imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en cualquier época por el interesado. Contrario sensu, para el caso de las mesadas, el legislador ha establecido el fenómeno de la prescripción, de manera que se pagan solamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha en que se haya formulado la correspondiente reclamación ante la entidad de previsión, conforme a los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo; empero, no trascurrieron tres años entre el retiro definitivo del servicio de la actora (15 de julio de 2012) y la petición (22 de noviembre de 2012), que dio origen a los actos administrativos demandados (Resoluciones GNR 201441 de 6 de agosto de 2013, GNR 17508 de 20 de enero de 2014 y VPB 9669 de 13 de junio siguiente), así como del último de estos a la fecha de presentación de la demanda (15 de diciembre de 2014, f. 117), motivo por el cual tampoco ha operado la prescripción trienal.

En lo referente a los intereses moratorios, la Ley 100 de 1993, en su artículo 141, establece su pago cuando se presente demora en la cancelación de la mesada pensional (luego de su reconocimiento). Empero, no es dable el pago simultáneo de la indexación de las mesadas adeudadas (que se dispondrá en este fallo) y los intereses moratorios, habida cuenta de que al obedecer «[…] a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, son incompatibles [...]» , esto sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 192 del CPACA.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala revocará el fallo de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda; en su lugar, se declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a Colpensiones reconocer pensión de vejez a la demandante de conformidad con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a partir del 15 de julio de 2012 (fecha del retiro definitivo del servicio), calculada de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993.

Las sumas que deberá cancelar Colpensiones se actualizarán de acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará al multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar la entidad demandada es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

Por último, en relación con la condena en costas impuesta y las agencias en derecho que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, la Sala estima que no es dable aplicar de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues deben estudiarse aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, mas no adoptar esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena.

En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 2016, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia de 21 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Silvia Helena Abril Albarracín contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones); en su lugar:

1.1 Declárase la nulidad de las Resoluciones GNR 201441 de 6 de agosto de 2013, GNR 17508 de 20 de enero de 2014 y VPB 9669 de 13 de junio siguiente, emitidas por Colpensiones, por las cuales se le negó a la actora el reconocimiento de la pensión por vejez, de conformidad con la motivación.

1.2 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a Colpensiones reconocer y pagar pensión de vejez a la accionante de conformidad con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a partir del 15 de julio de 2012 (fecha del retiro definitivo del servicio), calculada en los términos de los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, como quedó indicado en la parte motiva.

1.3 Colpensiones hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

1.4 Colpensiones deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el 192 del CPACA.

1.5 Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella». Entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. Entrada en vigor del Acto legislativo 01 de 2005. Fecha en la que cumple 55 años de edad. Lo cual carece de fundamento, pues tenía 908 semanas de servicio. En dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, es decir, la pensión de jubilación respecto a la edad, tiempo de servicio y monto de la misma se les aplicará el régimen anterior. En el que permaneció desde noviembre de 1995 hasta el 12 de marzo de 1997. M. P. Rodrigo Escobar Gil. M. P. Álvaro Tafur Galvis. M. P. Rodrigo Escobar Gil. M. P. Jaime Araújo Rentería. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, auto de 5 de marzo de 2009, expediente 11001-03-25-000-2008-00070-00 (1975-08). M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Derrotero reiterado en fallo SU-130 de 2013. Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, expediente 25000232500020070075401 (0489-09), consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Criterio reiterado en providencia de 11 de agosto de 2016, expediente 25000-23-25-000-2010-00937-01 (4417-2014), C. P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, sección segunda, expediente 11001-03-25-000-2007-00054-00(1095-07), consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
«Los jueces dan el derecho. Para algunos autores surgió en forma de advertencia, casi diríamos de exabrupto que un juez, fatigado por la exposición jurídica de un abogado, le dirigiría: Venite ad factum. Iura novit curia; o lo que es lo mismo: ‘Abogado: pasad a los hechos; la corte conoce el derecho’…». CISNEROS FARÍAS, Germán. Diccionario de frases y aforismos latinos: Una compilación sencilla de términos jurídicos. México, primera edición, número 51, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie: estudios jurídicos, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 55. Artículo 2°.- Del procedimiento para constituir en mora al empleador. Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual presentará mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993
Artículo 5°.- Del cobro por vía ordinaria. En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.

Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. Sentencia T-079 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencias T-387 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas; T-362 de 2011, M.P. Mauricio González; T-979 de 2011, M.P. Nilson Pinilla; T-906 de 2013, M.P. María Victoria Calle y T-708 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero), entre otras. Artículo modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "10" 10 de la Ley 797 de 2003. En caso de resultarle más favorable, pues en total cotizó más de 1.250 semanas.
«ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto».
«ARTICULO 489. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente». Que regula el término de prescripción en el régimen general.
«Artículo 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón, radicación 47001-23-31-000-1999-00329-01(9710-05), sentencia de 30 de agosto de 200. En el mismo sentido, se pronunció la Corte Constitucional, en sentencia C-781 de 2003.
«Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria […]».
«En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
[…]».
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre laL condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

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