RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2015-00483-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00483-01

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00483-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 8 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Ana Cecilia Espinosa Aguirre contra la Unidad 24 Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17) Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2015-00483-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia. Vínculo nacional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 8 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Ana Cecilia Espinosa Aguirre, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las Resoluciones RDP 034690 del 13 de noviembre de 2014, por la cual se le negó
el reconocimiento de la pensión gracia; RDP 1317 de 16 de enero de 2015, por la
cual se resuelve el recurso de reposición y RDP 004735 de 5 de febrero del mismo

1 Folios 2 al 15.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

año, por la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP, a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia
de jubilación, a partir de la fecha en que adquirió el derecho; ii) cumplir la condena
en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA; y iii) pagar las costas
procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Ana Cecilia Espinosa Aguirre nació el 20 de febrero de 1961 y cumplió
50 años el 20 de febrero de 2011.

ii) Prestó sus servicios al magisterio en el departamento de Boyacá, así:

➢ Entre el 12 de mayo y el 11 de julio de 1980, como docente interina, con
vinculación nacionalizada, mediante Oficio 0405 del 6 de mayo de 1980;

➢ a partir del 2 de septiembre de 1991, nombrada en propiedad por medio del
Decreto 373 del 28 de agosto de este año.

iii) El 30 de julio de 2014 solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia;
sin embargo, esta petición fue negada mediante las resoluciones enjuiciadas.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913, 6 de la Ley 116 de
1928; 15 de la Ley 91 de 1989; 3 del Decreto 081 de 1976; y 3 del Decreto ley 2277
de 1979. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante
expuso lo siguiente:

2

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

i) La UGPP debe reconocer, reliquidar e indexar los valores dejados de pagar por
concepto de la pensión gracia, toda vez que la docente acreditó el cumplimiento de
la totalidad de los requisitos exigidos en la norma.

ii) La discontinuidad en el tiempo de servicios prestados no es causal para negar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia en cuanto exista la vinculación como
docente nacionalizada.

iii) La calidad de docente nacional no se da porque así lo indique la entidad
nominadora en los certificados de salarios, sino que ello debe calificarse atendiendo
lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 la cual en su artículo 1 define como docentes
nacionales a los nombrados por el gobierno nacional lo cual no sucedió en el caso
de la actora.

1.2. Contestación de la demanda

La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:2

i) La demandante no acreditó tiempo de servicio territorial antes del 31 de diciembre
de 1980, pues en el expediente administrativo no obra original o copia autentica del
decreto de nombramiento, documento idóneo para demostrar su vinculación;
igualmente, el periodo laborado a partir del 2 de septiembre de 1991 su vinculación
fue como docente nacional, tal como se lee en el certificado de información laboral
expedido por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, aspecto que
también puede deducirse del contenido del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, donde
se menciona que los docentes que se vinculen con posterioridad al 1 de enero de
1990 tendrán ese tipo de vinculación, y que de acuerdo con el desarrollo

2 Folios 55 al 62.

3

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

jurisprudencial sobre la materia no es posible computar periodos laborados del
orden nacional con nacionalizado.

ii) Si bien la parte actora allegó certificado de tiempo de servicios, estos no
documentan la fuente de financiación de los recursos con los cuales se cancelaron
sus salarios; si fueron pagados con recursos propios de la entidad territorial o de la
Nación (Situado Fiscal, Sistema General de Participaciones), en cuyo caso se
tornaría improcedente el reconocimiento de la pensión gracia, pues devendría en
incumplimiento del requisito «que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión
o recompensa de carácter nacional».

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido;
inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales; prescripción; y
genérica.3

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 8 de febrero de 2017,
denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.
Sustentó la decisión en las siguientes consideraciones:4

i) Tal como se acredita con la prueba documental aportada, la demandante se
vinculó como maestra en interinidad en la Escuela Nuestra Señora de la Antigua del
municipio de Nuevo Colón por 60 días, desde el 12 de mayo de 1980. Es decir, que
se encuentra demostrada la vinculación de la demandante como docente con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

ii) Sin embargo, no resulta útil el periodo laborado por la actora en el colegio INEM
Carlos Arturo Torres de Tunja, toda vez que ese tiempo de servicio es certificado
con vinculación nacional y no se aportó el acto administrativo de nombramiento o

3 Folios 115 y 116.
4 Folios 189 al 199.

4

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

prueba alguna que desvirtuara esa condición, por lo que el tipo de nombramiento
certificado no puede ser considerado, pues, no es posible, para efectos de
reconocimiento de pensión gracia, computar períodos de docente nacionalizado con
nacional.

1.4. El recurso de apelación

La actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia con base en los
siguientes argumentos:5

i) La UGPP desestima los tiempos de servicio prestados en el departamento de
Boyacá, con el argumento de que la vinculación, por haber sido posterior a 1990,
es de carácter nacional. No obstante, la actora fue nombrada mediante acto
administrativo proferido por el alcalde municipal, lo que permite colegir que la
vinculación es de carácter nacionalizado.

ii) No existe ningún fundamento fáctico o jurídico, para afirmar que su nombramiento
es nacional, ya que no fue designada en ningún momento por entidad del orden
nacional, como sería el Ministerio de Educación Nacional. Sobre este aspecto debe
decirse, que tal calidad no se da porque así lo indique la entidad nominadora en los
certificados de salarios, sino que ello debe calificarse atendiendo lo dispuesto en la
Ley 91 de 1989, que en su artículo 1.°, define como docentes nacionales a los
nombrados por el Gobierno nacional, lo cual no sucedió en el presente caso.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes, demandante y demandada, reiteraron los argumentos expuestos en el
transcurso del proceso.6

1.6. El Ministerio Público

5 Folios 203 al 209.
6 Folios 239 al 242 y 243 al 245, respectivamente.

5

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

El agente del Ministerio Público rindió concepto7 y pidió confirmar la sentencia de
primera instancia, al considerar que la actora no sería beneficiaria de la pensión
gracia por cuanto su vinculación es de carácter nacional, ya que ejerció su cargo en
la I.E. INEM Carlos Arturo Torres de Tunja.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19288 y 37 de 19339 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,

7 Folios 246 al 251.
8 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública

tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
9 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter

legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.

6

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 10

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».11

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».12

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la

10 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio

de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
11 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,

radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.

7

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

8

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».14

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:15

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».16

13 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-

2019-02219-01 (AC).

9

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia

10

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

del 21 de junio de 2018,17 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:18

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia

transcrita.

11

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».19

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme al registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía, la señora Ana
Cecilia Espinosa Aguirre nació el 20 de febrero de 1961.20 Es decir, que cumplió 50
años el 20 de febrero de 2011.

• El 26 de mayo de 1980, por Resolución 0893, el secretario de educación de Boyacá
nombró a la señora Espinosa Aguirre maestra interina en el Colegio de Nuestra
Señora de la Antigua, en el municipio de Nuevo Colón (Boyacá), por el término de
sesenta días. Según Acta de Posesión del 12 de mayo de 1980, en esa fecha, la
demandante asumió el cargo.21

• La alcaldesa municipal de Nuevo Colón (Boyacá) hizo constar que la señora
Espinosa Aguirre se desempeñó como profesora del Colegio Nuestra Señora de la
Antigua de este municipio, según Oficio 0405 del 6 de mayo de 1980, emanado de
la Secretaría de Educación de Boyacá, por un término de sesenta días, a partir del
12 de mayo de 1980, en reemplazo del docente Leovigildo Bernal Gamba, a quien
le fue concedida licencia.22

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20 Folios 16 y 17.
21 Folio 19.
22 Folio 18.

12

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

• El 2 de diciembre de 2013, la Secretaría de Educación Municipal de Tunja certificó
que la señora Espinosa Aguirre laboró en dicha entidad, en propiedad, con
vinculación nacional, en forma continua y hasta esta fecha se desempeñaba como
docente en la I.E. INEM Carlos Arturo Torres de Tunja.23

• El 5 de febrero de 2016, la Oficina de Nómina de la Secretaría de Educación de
Boyacá, en escrito dirigido a la apoderada de la UGPP, radicado 2016PQR4486,
informó que consultada la planta de personal de dicha Secretaría no se encontró
vinculación alguna con la señora Ana Cecilia Espinosa.24

• El 10 de junio de 2016, el profesional especializado de Recursos Humanos de la
Secretaría de Educación de Tunja, en respuesta al requerimiento efectuado por el
Tribunal, informó que en la historia laboral de la actora aparece con nombramiento
en propiedad, según Decreto 373 del 28 de agosto 1991, en la I.E. INEM Carlos
Arturo Torres de Tunja.25

• El 20 de junio de 2016, este mismo funcionario informó al Tribunal que a la docente
Espinosa Aguirre se le paga con recursos del Sistema General de Participaciones,
desde su nombramiento en propiedad y que no ha sido sancionada
disciplinariamente.26

• El 24 de octubre de 2023, en respuesta al requerimiento probatorio efectuado por
esta Sala,27 la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional
informó que:

[…] después de consultar las bases de datos contentivas con las historias laborales que
reposan en esta cartera, no se encontró información relacionada con la docente Ana
Cecilia Espinosa Aguirre.

No obstante, le comunico que la prestación del servicio educativo a hoy se encuentra
descentralizado, por tal razón, en lo relacionado con dirigir, planificar y prestar el servicio

23 Folio 22.
24 Folio 118.
25 Folio 154.
26 Folio 159.
27 Auto del 22 de junio de 2023 (folios 277 y 278).

13

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

educativo en los niveles de educación de preescolar, básica y media se encuentra a
cargo de las entidades territoriales certificadas en educación, a través de sus
secretarías de educación o quien haga sus veces, conforme a los artículos 150, 151,
152 y 153 de la Ley 115 de 1994, y 6, 7 y 8 de la Ley 715 de 2001, y demás normas
concordantes y reglamentarias sobre la materia. Por lo tanto, le[s] corresponde a las
mencionadas entidades responder a su requerimiento».28

➢ Actuación administrativa

• El 30 de julio de 2014,29 la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia.

• El 13 de noviembre de 2014, mediante Resolución RDP 034690, la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la prestación reclamada, al considerar que los tiempos de
servicio fueron prestados con nombramiento del orden nacional.30

• El 16 de enero de 2015, por medio de la Resolución RDP 001317, la entidad
resolvió el recurso de reposición y el 5 de febrero del mismo año, mediante
Resolución 004735, el de apelación, en el sentido de confirmar la decisión.31

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.

2.4.1. Primer período. Del 12 de mayo al 11 de julio de 1980

De acuerdo con los documentos aportados, en este lapso la señora Ana Cecilia
Espinosa Aguirre laboró como profesora interina en el Colegio Nuestra Señora de

28 Índice 42 de la plataforma SAMAI.
29 Información extractada de la Resolución RDP 324690 del 13 de noviembre de 2014
30 Folios 26 al 30.
31 Folios 33 al 35 y 36 al 37, respectivamente.

14

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

la Antigua, municipio de Nuevo Colón (Boyacá) durante la licencia de sesenta días
concedida al docente titular. De ello dan cuenta el acto de nombramiento y el acta
de posesión:

[…]

15

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

16

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

Se trata sin duda de una vinculación de carácter nacionalizado, por cuanto el
nombramiento provino de una autoridad de orden departamental, con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975; en el acto no se especifica que la
plaza sea nacional y no proviene directamente o por autorización del Ministerio de
Educación Nacional.

Resalta la Sala que aunque el acto de nombramiento fue suscrito por el delegado
regional de Boyacá del Ministerio de Educación Nacional, la participación del Fondo
Educativo Regional en la designación no significa que este actuara por directriz del
Gobierno nacional.

La anterior afirmación se soporta en que para la época en que se produjo el
nombramiento, esta Corporación ha sostenido que los FER «eran financiados con
bienes o recursos aportados tanto por la Nación como por las entidades territoriales,
de cuya administración se responsabilizó a las “autoridades” de los referidos entes,
bajo la supervisión de un delegado del Ministerio de Educación Nacional».

17

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

Así pues, se ha concluido que los docentes no adquieren la condición de nacionales
por la intervención de un delegado del Ministerio de Educación ante los fondos
educativos regionales o porque sus salarios se pagaran con recursos del situado
fiscal o por el hecho de que las autoridades territoriales actuaran en calidad de
presidentes de las Juntas Administradoras de los FER.

Por el contrario, conforme se expuso en acápites anteriores, esta Sección unificó su
criterio en el sentido de indicar que tales razonamientos no podían oponerse para
reconocer la pensión gracia, toda vez que los dineros provenientes del entonces
situado fiscal —ahora sistema general de participaciones— «le pertenecía[n] de
forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en
calidad de rentas endógenas y exógenas».

De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación» y ello tampoco ocurre «cuando en el acto
de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya
certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo».

Además, la Ley 91 de 1989 únicamente definió como docentes nacionales a los
nombrados por la mencionada cartera ministerial y el artículo 15 ibidem amparó la
expectativa de quienes se habían vinculado antes del 31 de diciembre de 1980
como educadores territoriales o nacionalizados para acceder a la pensión gracia.

Aunado a ello, la afirmación de que la designación tenga carácter nacionalizado
también encuentra respaldo en el artículo 1 de la ley 91 de 1989, en tanto dispone
que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1975».

18

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

De manera que, teniendo en cuenta que en el asunto bajo análisis la docente fue
nombrada por una entidad territorial con posterioridad al 1.º de enero de 1976, con
ocasión de la nacionalización, junto con el análisis del acto de nombramiento, es
dable concluir que la naturaleza jurídica de la vinculación de la demandante durante
este periodo fue nacionalizada.

Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho a
la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 2 meses, y además acredita el
requisito de haber ostentado una vinculación nacionalizada con anterioridad al 31
de diciembre de 1980; sin embargo, no sería suficiente para decretar la prestación,
por lo que deberá revisarse la vinculación restante.

2.4.2. Segundo período. Del 2 de septiembre de 1991 al 2 de diciembre de
201332

De conformidad con el certificado expedido por la Secretaría de Educación
Municipal de Tunja, la demandante fue nombrada en propiedad por Decreto 373 del
28 de agosto de 1991 y a la fecha de la certificación se desempeñaba como docente
en la I.E. INEM Carlos Arturo Torres de Tunja.

En el mismo sentido, el profesional especializado de Recursos Humanos informó al
Tribunal que «en la historia laboral de la funcionaria aparece con nombramiento en
propiedad, según Decreto 373 del 28 de agosto de 1991, en la I.E. INEM Carlos
Arturo Torres de Tunja.

Respecto de esta vinculación, debe destacar la Sala que no se aportó al plenario el
acto de nombramiento por parte de la demandante y, pese a los reiterados
requerimientos judiciales, en primera y segunda instancia, no se logró obtener tal
documento por parte de las autoridades administrativas correspondientes. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que los únicos medios de prueba recaudados son

32 Fecha de la certificación expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Tunja (folio 22).

19

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

coincidentes en señalar que la vinculación de la señora Espinosa Aguirre fue del
orden nacional. Así lo indican tanto el certificado de tiempo de servicio como el
formato único para la expedición de salarios:

20

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

De los anteriores documentos, es posible inferir con claridad que la plaza ocupada
en dicha institución por la señora Espinosa Aguirre, desde el 2 de septiembre de
1991, fue del orden nacional, pues así se indicó en el referido certificado y además
se deduce de la naturaleza jurídica del plantel educativo en el que desarrolló la
actividad educativa.

En efecto, en asuntos como el presente, donde se advierte la vinculación de la
docente para prestar su servicio en un «INEM», esta Sala ha sostenido que es
posible extraer que tal relación legal y reglamentaria es del orden nacional, pues la
plaza ocupada sería de la misma condición si se tiene en cuenta que, en su
momento, a través de Decreto 1962 de 1969 , se creó el programa de educación
media diversificada, con el fin de «[…] atender a la mayor demanda de educación
media y a la necesidad de mejorar su calidad en consonancia con las modernas
tendencias educativas y a las necesidades del país […]», el cual, conforme al
artículo 3, se desarrollaría en «[…] los institutos nacionales de educación media

21

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

diversificada (INEN) (sic) y en los demás establecimientos que el Ministerio de
Educación autorice […]».33

Y, de acuerdo con el artículo 12, la dirección administrativa de los referidos planteles
educativos fue delegada en el gerente del Instituto Colombiano de Construcciones
Escolares (ICCE), entidad creada por el Decreto 2394 de 1968 como un «[…]
establecimiento público, esto es, con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente, […] adscrito al Ministerio de Educación Nacional […]»,
la cual estaría encargada de gestionar los recursos para el funcionamiento del
programa, que a su vez serían trasferidos directamente por el Ministerio de
Educación, precisamente por tratarse de centros de educación con plantas de
personal docente del orden nacional.

En tal sentido, a partir del material probatorio recaudado, para la Subsección no
existe duda de que la relación legal y reglamentaria de la accionante en calidad de
docente oficial durante el lapso comprendido entre el 2 de septiembre de 1991 y el
2 de diciembre de 2013, se concretó en el nivel nacional pues su nombramiento se
realizó en una plaza del mismo orden.

Ahora bien, no pasa por alto la Sala que el Ministerio de Educación Nacional informó
que en las historias laborales que reposan en la entidad no se encontró información
relacionada con la docente Espinosa Aguirre, por cuanto la prestación del servicio
educativo se encuentra descentralizada, a cargo de las entidades territoriales
certificadas en educación.

Al respecto, esta Sala ha precisado34 que si bien la descentralización de la
educación involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, primero a los entes departamentales, como lo determinó
la Ley 60 de 1993, y después a los municipales, en virtud de lo dispuesto en la Ley

33 Sobre la naturaleza jurídica del INEM, el Consejo de Estado se pronunció en sentencia del 11 de noviembre

de 2021, radicado: 63001-23-33-000-2019-00037-01(1311-20).
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado 73001-

23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.

22

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

715 de 2001,35 y en ese sentido resulta consistente sostener que la administración
tanto del personal docente como del servicio educativo quedó radicada en cabeza
de los entes territoriales certificados en educación, lo cierto es que tales condiciones
no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores
que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso, particularmente para
aquellos que continuaron su relación legal y reglamentaria sin interrupción como
sucede en el caso de la actora.

De acuerdo con lo anterior, es claro para la Sala que el tiempo de servicios prestado
por la actora en el INEM Carlos Arturo Torres de Tunja no puede ser tenido en
cuenta para el cómputo de tiempo de la pensión gracia reclamada. En
consecuencia, se confirmará la sentencia apelada que denegó las pretensiones de
la demanda.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,36 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de

35 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio

de 2016; radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de
Consulta y del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

23

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 8 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que denegó las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por la señora Ana Cecilia Espinosa Aguirre contra la Unidad

24

Radicación: 15001 23 33 000 2015 00483 01 (2833-17)
Demandante: Ana Cecilia Espinosa Aguirre

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

25

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.