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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00256-01

Tiempo doble de servicios: sargento del Ejército Nacional

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00256-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 11 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Segundo Irenarco Osma contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. Segundo: Sin condena en costas en la segunda instancia. Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa Justicia Siglo XXI y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2016-00256-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

12 de julio de 2018

TIEMPO DOBLE DE SERVICIOS – Sargento del Ejército Nacional / TIEMPO DOBLE – Marco normativo / ESTADO DE SITIO – Su sola declaratoria no es óbice para otorgar tiempo doble / GOBIERNO NACIONAL – Debe proferir el decreto que otorga el tiempo doble y a quienes beneficia / CORRECCIÓN DE HOJA DE SERVICIO POR TIEMPO DOBLE – No procede / CONDENA EN COSTAS – No condena en segunda instancia

[S]e observa que en el sub lite no se acreditaron las autorizaciones por parte del Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, de las zonas que justifican la medida, lo cual resultaba necesario para el reconocimiento; pues como ya se dijo, la declaración del estado de sitio o turbación del orden público, por sí sola, no da lugar al reconocimiento de tiempo doble. Lo anterior dado que la competencia del Gobierno Nacional para determinar en qué zonas del país se reconocía el estado de sitio, fue prevista en las Leyes 2ª de 1945 y 126 de 1956, y en el Decreto con fuerza de Ley 2337 de 1971, dictado en virtud de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 7ª de 1970, motivo por el cual fue el mismo legislador el que estableció dicho beneficio y los criterios a tener en cuenta para su reconocimiento. En virtud de lo anterior, los decretos ejecutivos que dictó el Gobierno Nacional para fijar qué zonas del país merecieron tal reconocimiento por los problemas de orden público que vivieron, constituyeron un simple desarrollo de las normas referidas, toda vez que era precisamente el Gobierno Nacional quien determinaba las condiciones de reconocimiento del cómputo doble del servicio prestado. Debe precisarse que una es la declaratoria del estado de sitio, y otra muy diferente, la determinación de los supuestos en los cuales habrían de incursionar quienes por razón de tal declaratoria debieron desempeñarse en los lugares y circunstancias señalados por el Gobierno. En efecto, era al Gobierno Nacional a quien le correspondía indicar en qué lugares existieron disturbios y en dónde no, por ello este debía definir a quiénes se les extendía el beneficio reclamado, en razón a que el hecho de que se hubiese decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional no significaba que en todos los departamentos o municipios estuviese turbado el orden público dado que esta medida lo que buscaba era dotar al ejecutivo de facultades para contrarrestar los problemas de orden público y mitigar sus efectos. Por ello los períodos reclamados por el demandante no pueden reconocerse como tiempos dobles de servicios para efectos prestacionales, pues como lo ha reiterado en varias oportunidades esta Corporación, para ser acreedor al reconocimiento ha debido acreditar, además de otras exigencias, la prestación del servicio en la zona afectada y el decreto que lo consagre a su favor, lo que no aparece demostrado en el sub lite. En cuanto al argumento expuesto por la parte demandada, en el sentido de que al negar el reconocimiento de los tiempos dobles de servicio, se vulnera la Constitución al preferirse la aplicación de la ley en vez de esta, la Subsección observa que la ley instituyó los requisitos para que proceda el reconocimiento de los tiempos solicitados, normativa a la cual debe darse aplicación, pues la Carta Política en ningún momento determinó exigencias que debían tenerse en cuenta para efectuar dicho pago, por lo que se resuelve la situación planteada en atención a lo previsto por la ley, los fundamentos fácticos y lo probado en el proceso. En conclusión: No es procedente el cómputo de los tiempos dobles solicitados en la demanda para ser incorporados en la hoja de servicios, dado que de una parte, los periodos entre el 21 de mayo de 1965 al 16 de diciembre de 1968; desde el 21 de abril al 15 de mayo de 1970 y del 26 de febrero de 1971 hasta el 29 de diciembre de 1973, ya fueron reconocidos; y, sobre los demás lapsos solicitados no se cumplen los requisitos previstos en los decretos que declararon la perturbación del orden público.

FUENTE FORMAL: LEY 2 DE 1945 – ARTICULO 47 / LEY 126 DE 1959 – ARTICULO 52 / DECRETO 3071 DE 1968 – ARTICULO 158 / DECRETO 2337 DE 1971 – ARTICULO 181 / DECRETO 612 DE 1977 – ARTICULO 140 / DECRETO 4433 DE 2004 – ARTICULO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 15001-23-33-000-2016-00256-01(5230-16)

Actor: SEGUNDO IRENARCO OSMA

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Ley 1437 de 2011
Sentencia O-114-2018

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Segundo Irenarco Osma en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.

En el presente caso a folio 110 y cd visible a folio 118, se indicó lo siguiente en la etapa de excepciones previas:

«[…] Propuestas por la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional: Señala el Magistrado Ponente que, dentro el escrito de contestación de la demanda (folios 72-81), la representante judicial de la demandada, no propuso medio exceptivo alguno; aunado a ello el Despacho tampoco encontró probada alguna de las excepciones previstas en el artículo 1801-6 del C.P.A.C.A. o en el artículo 100 del C.G.P., por lo que se continuará con el curso de esta audiencia en los términos del artículo 180 del C.P.A.C.A. […]»

La decisión fue notificada en estrados y no se presentaron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.

En el sub lite de folios 110 a 111 vuelto y cd visible a folio 118, se fijó el litigio respecto de los hechos ciertos, los que deben probarse, los que son meras interpretaciones, las pretensiones y el problema jurídico, así:

Hechos ciertos según la fijación del litigio

«[…] (i) El demandante ingresó como alumno para hacer curso de suboficial en el Ejército Nacional el 1 de marzo de 1964, empezando como alumno y ascendiendo regularmente hasta llegar al grado de Sargento Primero; ii) Mediante (sic) resolución (sic) No. 640 del 16 de julio de 1980, se produjo el retiro del actor, después de haber prestado sus servicios durante 23 años, 3 meses y 6 días. […]»

Hechos que deben probarse según la fijación del litigio

«[…] (i) El demandante fue enviado a zonas de Colombia donde se encontraba perturbado en (sic) orden público y en estado de sitio; en consecuencia, y como suboficial del Ejército Nacional, gozaba de todos los derechos, obligaciones, deberes y prerrogativas de los suboficiales de las fuerzas (sic) Militares en tiempo de guerra o perturbación del orden público, entre ellos, el que se le computara como tiempo doble el servicio durante dicho periodo, para todos los efectos, menos para ascensos; ii) El (sic) demandante como suboficial del Ejército Nacional, participó en operaciones militares de conservación o restablecimiento del orden público en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Norte de Santander, soportadas siempre en órdenes de operación emitidas por sus superiores y bajo el estado de perturbación del orden público, durante el tiempo comprendido del 21 de mayo de 1965 al 15 de marzo de 1977 y iii) El (sic) demandante al ser incorporado al Ejército Nacional el 1 de marzo de 1964, adquirió todos los derechos, prerrogativas, deberes y obligaciones de los suboficiales de las fuerzas (sic) militares (sic), entre ellos el que se le reconociera como doble el tiempo de servicio prestado en guerra según lo ordenado en la ley (sic) 2 (sic) de 1945. […]»

Interpretaciones del demandante según la fijación del litigio

«[…] aduce la representante judicial de la demandada, que los (sic) descrito en los hechos 2, 7 y 8 del acápite de hechos, corresponden a interpretaciones normativas realizadas por el demandante y que corresponden a las siguientes: (i) Los decretos (sic) 1288 de 1965, 1128 de 1970, 250 de 1971 y 1249 de 1975, se encuentran ajustados a la ley, cuentan con la debida aprobación del consejo (sic) de Ministros y fueron declarados exequibles por la Corte Suprema de Justicia; ii) Si bien es cierto que el decreto (sic) 3071 de 1968 determina el pago sujeto a la autorización del Consejo de Ministros, no es menos cierto que de acuerdo a la ley (sic) 153 y 157 de 1986 las normas rigen hacia futuro; así teniendo en cuenta que el Decreto 2377 de 1971 es posterior a la norma antes mencionada y no contempla tal precepto, se configura una nulidad tácita del Decreto anterior y (iii) Existe (sic) jurisprudencia que (sic) reiterada que ha resuelto favorablemente el tema. […]»

Pretensiones según la fijación del litigio

«[…] Las pretensiones se orientan a (i) La (sic) declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en el oficio (sic) No. 20125621259971; MDN-CGFM-CEJEDEH-DIPER-SJU, de 26 noviembre de 2012, suscrito por el Subdirector (sic) de Personal (sic) de las Fuerzas Militares, negando al actor la corrección administrativa de su hoja de servicio y el posterior envío de dicha corrección a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (ii) A (sic) título de restablecimiento del derecho se reconozca al actor como doble tiempo de servicio que prestara como suboficial del ejército (sic) conforme a los siguientes decretos que declararon perturbado el orden público y el estado de sitio en todo el territorio Colombiano.

DECRETOS
DESDE - HASTA
GRADO
UNIDAD MILITAR
CIUDAD
DEPARTAMENTO
ACTIVIDAD DESPLEGADA
1288/65
1965 a 1968
Cabo Segundo
Batallón Vargas
Granada, Meta
Restablecimiento del orden público
1128/70
1970
Cabo Primero
Batallón Sucre
Chiquinquirá, Boyacá
Restablecimiento del orden público
250/71
1971
Sargento Segundo
Batallón Santander
Ocaña, Norte de Santander
Restablecimiento del orden público
1249/75
1975- 1976
Sargento Viceprimero
Primera Brigada
Tunja, Boyacá
Restablecimiento del orden público
2131/76
1976-1977
Sargento Viceprimero
Primera Brigada
Tunja, Boyacá
Restablecimiento del orden público

iii) Que el tiempo doble relacionado en la pretensión anterior, deba computarse al demandante para los efectos de sueldo de retiro, primas, bonificaciones y en general, para las prestaciones sociales a que tiene derecho; iv) Que (sic) se compute la totalidad de los años dejados de liquidar por concepto de la compensación laboral en tiempo llamado tiempo doble, los cuales corresponde a un total de 19 meses y 35 días, de acuerdo al siguiente cuadro:

DECRETOS
AÑOS
MESES
DIAS (sic)
1288 de 1965
3
6
26
1128 de 1970
0
3
25
250 de 1971
2
10
3
1249 de 1975
0
11
26
2131 de 1976
0
5
8
Tiempo doble reconocido según liquidación de servicios 00224EJC del 20 de junio de 1980

5

16

53
TIEMPO A RECONOCER
0
19
35

(v) Ordenar a la entidad a elaborar la respectiva corrección de la hoja de servicios militares y remitir a la caja (sic) de retiro (sic) de las fuerzas (sic) militares (sic) “CREMIL”, con el fin de que se reconozcan, reajusten y paguen todas las primas, sueldos y prestaciones sociales que le corresponden al demandante; (vi) Que (sic) se dé cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en el artículo 192 del C.P.A.C.A. y la efectividad de las mismas se cumpla conforme a lo establecido en el artículo 195 del C.P.A.C.A.; (vii) Que se efectúe el respectivo reconocimiento, reajuste y pago con su correspondiente indexación de las primas, sueldos y prestaciones sociales desde el 21 de mayo de 1965 y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la sentencia. […]»

Problemas jurídicos según la fijación del litigio

«[…] (i) Si el demandante, señor SEGUNDO IRENARCO OSMA, tiene derecho a que se le reconozca como doble el tiempo por él laborado como suboficial del ejército (sic) nacional (sic), durante los años 1965 a 1968, 1970 a 1973 y 1975 a 1977, en aplicación a lo dispuesto en los decretos (sic) 1288 de 1965, 1128 de 1970, 250 de 1971, 1249 de 1975 y 2131 de 1976; (ii) si ese tiempo doble debe computarse para efectos de asignación de retiro, primas, bonificaciones, y demás prestaciones sociales a que tenga derecho el demandante y (iii) si procede la corrección de la hoja de servicios del actor con la inclusión de los tiempos dobles reclamados. […]»

La decisión fue notificada en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA

El a quo profirió sentencia en la audiencia inicial, en la cual denegó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

En primer lugar, citó el artículo 47 de la Ley 2ª de 1945 con el fin de señalar que los tiempos dobles constituyen un derecho previsto por el legislador de manera especialísima para determinados funcionarios y actividades cuando se hubiera declarado bajo la Constitución Política de 1886 el estado de guerra exterior o de conmoción interior, en todo o en parte del territorio. Este beneficio no se cancela en dinero, sino que, se reconoce para efectos prestacionales exclusivamente.

Bajo dicho entendido, indicó que para que proceda el reconocimiento de dicha prestación, es necesario que concurran los siguientes requisitos: i) que existan normas que declaren el estado de sitio y que en cada caso lo restablezcan y; ii) que el Gobierno Nacional mediante acto administrativo, previas las consideraciones del Consejo de Ministros y siempre que las condiciones lo justifiquen, determine las zonas donde el servicio prestado por los servidores públicos especiales (militares y policías), se compute en forma doble para todos los efectos prestacionales, por lo que sin dicha actuación expresa del Gobierno Nacional los servicios prestados durante el estado de sitio, no pueden ser computados.

Analizó la hoja de servicios del señor Segundo Irenarco Osma, para señalar que ya le habían sido reconocidos los tiempos dobles de servicios durante los periodos entre el 21 de mayo de 1965 al 16 de diciembre de 1968, desde el 21 de abril al 15 de mayo de 1970 y entre el 26 de febrero al 29 de diciembre de 1971, por lo que no era procedente el reconocimiento deprecado por esos periodos. Dicha situación, también se corroboraba al realizar el estudio del acto administrativo que reconoció la asignación de retiro.

En cuanto a los tiempos dobles para los años 1965 a 1968, 1970, 1971, 1973, 1975, 1976 y 1977 el a quo los negó al considerar que el demandante no demostró haber cumplido con los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia para tal efecto, pues no se allegaron los respectivos decretos que restablecieron el orden público de cada periodo que fue declarado, tampoco se aportaron las autorizaciones, previo concepto del Consejo de Ministros de las zonas que justifican la medida. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, conforme los argumentos que a continuación se exponen:

En primer lugar, afirmó que el a quo desconoció de forma total el acervo probatorio allegado al expediente pues se probó que el demandante fue sometido a trabajo forzado, con jornadas de disponibilidad permanente, inclusive los festivos y con un riesgo alto para su vida, servicio prestado para preservar la seguridad de los habitantes del territorio colombiano, lo cual es corroborado conforme a la expedición de los Decretos 1288 de 1965 y 1249 de 1975, este último fue prorrogado por el Decreto 1136 de 1975.

Precisó que se desconocieron los artículos 122 de la Constitución de 1886, 212, 213 y 214 de la Constitución Política de Colombia y 1 a 4 de la Ley 137 de 1994, así como el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás tratados ratificado por Colombia, toda vez que en los estados de excepción derechos como a la vida, a la familia, a elegir y ser elegido, la libertad de conciencia, a no ser sometido a desaparición forzada o a torturas, ni a tratos inhumanos o degradantes, entre otros, son intangibles, pues no se está teniendo en cuenta que al expedirse los Decretos 1288 de 1965, 1249 de 1975 y 1136 de 1975, se deduce que todo el territorio está en conflicto, como ha permanecido por 50 años en una lucha contra la guerrilla y el narcotráfico.

Sostuvo que, se omitió dar aplicación a la Ley 2ª de 1945 y se desconocieron los decretos que reglamentan la carrera de los miembros de las Fuerzas Militares, evidenciándose la violación de la Ley 57 de 1887 en su artículo 5, que preceptúa que cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se prefiere la primera. Además de ello, se debe atender el artículo 2 de la Ley 153 de 1887. Se desconoció asimismo, el espíritu de la ley según las Sentencias C-590 de 2005 y SU-047 de 1999.

Finalmente, señaló que no era procedente la condena en costas, dado que la en materia de lo contencioso administrativo esta se rige por un criterio meramente objetivo, sin que se exija por parte del operador jurídico una valoración subjetiva. Aunado a ello en la contestación de la demanda no se solicitó la condena en costas a la parte demandante como tampoco se probó que se hubiesen causado. Para apoyar su argumento citó la Sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida por esta Corporación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante: Se reafirmó en las pretensiones de la demanda, además de ello, realizó una cronología respecto de los estados de excepción en Colombia, con el fin de reiterar que el demandante tiene derecho a recibir tiempos dobles mientras estuvo en actividad en los tiempos solicitados a través del presente medio de control.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Problemas jurídicos

En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:

¿Al demandante le asiste el derecho al reconocimiento del tiempo doble por sus servicios prestados durante los años 1965 a 1968, 1970 a 1973 y 1975 a 1977 dada la declaración del estado de sitio a través de los Decretos 1288 de 1965, 1128 de 1970, 250 de 1971, 1249 de 1975 y 2131 de 1976?

¿Procede la condena en costas a la parte demandante en primera instancia por resultar vencida en el proceso?

Primer problema jurídico

¿ Al demandante le asiste el derecho al reconocimiento del tiempo doble por sus servicios prestados durante los periodos señalados en la demanda dada la declaración del estado de sitio a través de los Decretos 1288 de 1965, 1128 de 1970, 250 de 1971, 1249 de 1975 y 2131 de 1976?

La Subsección adoptará la siguiente tesis: El demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago los tiempos dobles de servicios y su consecuente corrección de la hoja de servicios, conforme pasa a explicarse.

Tiempo doble de servicios

Los tiempos dobles constituyen un derecho previsto por el legislador de manera especialísima para determinados funcionarios y actividades cuando se hubiera declarado bajo la Constitución de 1886 el estado de guerra exterior o de conmoción interior en todo o parte del territorio nacional; constituye una ficción ya que se tiene como laborado un tiempo que materialmente no lo fue y además resulta imperativo demostrar que se han reunido los requisitos exigidos para su reconocimiento. Este beneficio no se paga en dinero, sino que, se reconoce para efectos prestacionales. Al respecto, el artículo 121 de la referida carta indicaba:

«Artículo 121.- En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella.

Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias.»

A su vez, la Ley 2ª de 1945 que organizó la carrera de oficiales del Ejército, señaló las prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo de Guerra y se dictaron otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los individuos de tropa, concretamente, en su artículo 47 preceptuó:

«Artículo 47.- El tiempo de servicio en guerra, desde la fecha en que se declare turbado el orden público, hasta la expedición del decreto por el cual se establezca la normalidad, se computa doble para todos los efectos, con excepción del de ascensos.

Parágrafo. Para el cómputo de que trata el presente artículo, es condición indispensable que la prestación del servicio se efectué dentro de la zona afectada.» (Negrillas del texto).

Posteriormente, la Ley 126 del 18 de diciembre 1959, a través de la cual se reorganizó la carrera de oficiales de las Fuerzas Militares, en su artículo 52 previó:

«Artículo 52.- El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las zonas que el Gobierno determine, desde la fecha en la que se declare turbado el orden público, hasta la expedición del Decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio.

Parágrafo 1. El tiempo doble a que se refiere el presente artículo, se liquidará exclusivamente para la asignación de retiró y demás prestaciones sociales.

Parágrafo 2. Quedan exceptuados de este cómputo los dos últimos años de permanencia en las Escuelas de Formación de Oficiales y las fracciones que se liquiden por este concepto.» (Negrillas del texto).

Por su parte, el Decreto 3071 de 1968, que reorganizó la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, en su artículo 158 indicó:

«Artículo 158.- El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros si las condiciones justifican la medida, desde la fecha en que se establezca el Estado de Sitio por turbación del orden público hasta la expedición del Decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales.» (Negrillas del texto).

A su vez, el Decreto 2337 de 1971, mediante el cual se reorganizó la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, en su artículo 181 prescribió:

«Artículo 181.- El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las zonas que determine el Gobierno a juicio del Consejo de Ministros si las condiciones justifican la medida desde la fecha en que se establezca el estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales.» (Negrillas del texto).

A su turno, el Decreto 612 del 15 de marzo de 1977, que estipuló como se debe computar el tiempo para la liquidación de la asignación de retiro y las prestaciones sociales en su artículo 140 consagró:

«Artículo 140.- Cómputo de tiempo. Para efectos de asignación de retiros y demás prestaciones sociales, el Ministerio de Defensa Nacional liquidará el tiempo de servicio así:

a) El tiempo de permanencia en la respectiva escuela de formación de Oficiales, con un máximo de dos (2) años;

b) El tiempo de permanencia como soldado o alumno de una escuela de formación de suboficiales, con un máximo de dos (2) años;

c) El tiempo de servicio como Oficial o Suboficial.

Parágrafo 1. Los tiempos dobles que en virtud de lo dispuesto en el artículo 181 del Decreto 2337 de 1971 y se disposiciones legales anteriores sobre la misma materia, se hayan reconocido o se reconozcan por servicios prestados con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, se tendrán en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales de los Oficiales y Suboficiales favorecidos en tales reconocimientos.

Parágrafo 2. Las fracciones mayores a seis (6) meses se considerarán como año completo para la liquidación del auxilio de cesantía, pero no para las demás prestaciones sociales.» (Negrillas del texto).

En el mismo sentido, el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, mediante el cual se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, en su artículo 8 contempló:

«Artículo 8.- Cómputo de tiempo doble. A quienes hubieren adquirido derecho al cómputo de tiempo doble por servicios prestados antes de 1974, se les continuará teniendo en cuenta para efecto del cómputo del tiempo para la asignación de retiro o pensiones, conforme lo hubieren señalado las normas correspondientes.» (Negrillas del texto).

Las anteriores disposiciones hacen una referencia de los tiempos dobles y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que se configure el derecho a que sean incorporados en la hoja de servicios, y así aplicarlos al momento de la liquidación de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.

Dicha normativa concuerda en exigir para su reconocimiento que el Gobierno Nacional a juicio del Consejo de Ministros instituya específicamente qué zonas del país merecen tal reconocimiento por los problemas de orden público que vivieron, o señale expresamente para tales efectos que se entiende comprendido todo el territorio Nacional.

Se trata entonces de un beneficio consagrado a favor del personal de las Fuerzas Militares que prestó sus servicios en determinadas zonas que a juicio del Gobierno y de acuerdo con determinas condiciones ameritaban su reconocimiento atendiendo a factores de necesidad y conveniencia en el marco de la declaración del estado de sitio.

En consonancia con la normativa citada, esta Corporación ha señalado los requisitos necesarios para el reconocimiento de tiempos dobles, así:

«[…]

1. Declaratoria de Estado de sitio por turbación del orden público, hasta el decreto que levante la medida.

2. Concepto previo del Consejo de Ministros.

3. Decreto del Gobierno reconociendo expresamente a determinados agentes, suboficiales, etc.

Sin el cumplimiento de estos requisitos no hay lugar al reconocimiento de tiempo doble por servicios prestados por los Agentes y Suboficiales de la Policía Nacional. […]»

En este sentido, es indispensable que dentro del expediente: i) se acrediten los decretos que ha expedido el gobierno, los cuales constituyen el sustento legal de la petición, pues como se mencionó en la sentencia antes referida «no basta la declaratoria del estado de sitio para que automáticamente opere el aludido reconocimiento»; ii) igualmente se debe señalar las zonas en que opera este beneficio o en su defecto que se indique que opera para todo el territorio nacional, y iii) demostrar que el interesado prestó efectivamente los servicios en cada zona durante el lapso alegado.

Con base en las consideraciones legales y jurisprudenciales expuestos en precedencia, en el presente caso se acreditó lo siguiente:

A folio 15 se observa la Hoja de Servicios 0224 EJC-80 del señor Segundo Irenarco Osma, en el ítem relación de servicios prestados se encuentra que se reconocieron los siguientes tiempos dobles:

Decreto 1048 de 1970 entre el 21 de mayo de 1965 al 16 de diciembre de 1968;

Decreto 739 de 1970 entre el 21 de abril al 15 de mayo de 1970 y;
Decreto 1386 de 1974 entre el 26 de febrero de 1971 al 29 de diciembre de 1973. Para un total de 23 años, 3 meses y 3 días.

De igual forma, de folios 2 y 3 del expediente se observa la Resolución 0640 del 16 de julio de 1980 a través de la cual la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció a favor del señor Irenarco Osma, asignación mensual de retiro, a partir del 16 de agosto de 1980. Para tal fin, se indicó en dicho acto administrativo que el tiempo de servicio correspondía a 23 años, 3 meses y 3 días, el cual coincide con la hoja de servicios citada en el párrafo anterior, en la que se incluyeron los tiempos dobles de servicio señalados.

Asimismo, reposa de folios 4 a 6 del expediente la petición radicada el 1.º de noviembre de 2012, por parte del demandante ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en la cual solicitó el reconocimiento del tiempo doble de servicio que no fue computado en su totalidad y se proceda a corregir su hoja de servicios, en virtud de los Decretos 7021 de 1965, 0739 de 1970, 1128 de 1970, 1386 de 1974, 1249 de 1975 y 2131 de 1976.

De folios 3 y 4, se encuentra que a través de Oficio 20125621259971: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU del 26 de noviembre de 2012, la entidad demandada dio respuesta negativa a la solicitud, en los siguientes términos:

«[…] Como puede observarse el reconocimiento del tiempo doble de servicio no operaba en forma inmediata, es decir, con la sola declaratoria del Estado de conmoción interior o guerra internacional, si no (sic) que requería a un (sic) Decreto (sic) expedido por el Señor Presidente de la República, de donde previo concepto del consejo (sic) de Ministros determinaba las zonas del territorio nacional en donde se configuraba el mencionado beneficio.

Efectivamente mediante los siguientes decretos se reconoció tiempos dobles, para el personal de oficiales y suboficiales:

TIEMPOS DOBLES PARA PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES

TIEMPOS DOBLES

DECRETOS
LAPSO

TIEMPO
329/58
3/12/58
12/1/59
00/01/09
1048/70
11/10/61
21/12/61
00/02/20
1048/70
21/5/65
16/12/68
3/6/25
739/70
21/4/70
15/5/70
00/00/24
1386/74
26/2/71
29/12/73
2/10/03

Los anteriores tiempos son los únicos reconocidos como tiempo doble laborado en la Fuerza; sobre éste particular ha reiterado el Consejo de Estado.
[…]
De lo anterior se colige que no resulta suficiente con el Decreto que declaró el estado de sitio en el territorio nacional para el reconocimiento del tiempo doble, por haber laborado durante su vigencia, por cuanto se requería, además, concepto previo del Consejo de Ministros sobre la viabilidad para el reconocimiento del tiempo doble y el decreto del reconocimiento respectivo.

Así las cosas, ante la carencia de dos de los presupuestos anteriormente señalados, no es procedente acceder favorablemente a sus pretensiones.

Ahora bien, verificada su hoja de servicios No. 330 del 20-06-1980, en la relación de servicios prestados, le fue reconocido como novedad el TIEMPO DOBLE, a que usted tenía derecho, para lo cual se anexa en un folio, fotocopia del citado documento. […]» (Negrillas, subrayas y cursiva del texto).

Igualmente, de folios 17 a 21, se aportaron las publicaciones en el Diario Oficial de los Decretos 1288 de 1965, 1128 de 1970, 250 de 1971, 1249 de 1973 y 2131 de 1976.

En virtud de la relación probatoria que antecede, se efectúan las siguientes conclusiones:

Al señor Segundo Irenarco Osma le fueron reconocidos los tiempos dobles en virtud de los Decretos 1048 de 1970, 739 de 1970 y 1386 de 1974, expedidos por el Gobierno Nacional por los siguientes periodos: i) entre el 21 de mayo de 1965 al 16 de diciembre de 1968; ii) entre el 21 de abril al 15 de mayo de 1970 y; iii) entre el 26 de febrero de 1971 al 29 de diciembre de 1973.

Los citados tiempos dobles, también fueron tenidos en cuenta para el reconocimiento de la asignación de retiro, conforme se observa en la Resolución 0640 del 16 de julio de 1980.

Bajo ese entendido, no es posible acceder a las pretensiones encaminadas a la corrección administrativa de la hoja de servicios, por dichos periodos, toda vez que conforme se demostró en el plenario, fueron reconocidos y computados a favor del aquí demandante.

Ahora bien, respecto del reconocimiento de tiempos dobles de servicio en los demás periodos reclamados, la Subsección considera que no es procedente, dado que, como se explicó en precedencia, la sola declaratoria del estado de sitio no es suficiente para que se reconozca la prestación deprecada, pues si bien es cierto, se expidieron los Decretos 1288 de 1965, 1128 de 1970, 250 de 1971, 1249 de 1973 y 2131 de 1976 que declararon turbado el orden público y el estado de sitio en todo el territorio nacional; es necesario que el Gobierno, mediante un acto administrativo ordene su reconocimiento; tal como fue consagrado en el Decreto Ley 2337 de 1971, el cual se analizó en acápites anteriores.

Así mismo, es indispensable que dentro del expediente, se acrediten los decretos que ha expedido el Gobierno, los cuales constituyen el sustento legal de la petición, pues como se ha señalado por parte de la jurisprudencia de esta Corporación «no basta la declaratoria del estado de sitio para que automáticamente opere el aludido reconocimiento»; igualmente se debe señalar las zonas en que opera este beneficio o, en su defecto, que se indique que opera para todo el territorio nacional, y demostrar que el interesado prestó efectivamente los servicios en cada zona durante el lapso alegado.

Así las cosas, se observa que en el sub lite no se acreditaron las autorizaciones por parte del Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, de las zonas que justifican la medida, lo cual resultaba necesario para el reconocimiento; pues como ya se dijo, la declaración del estado de sitio o turbación del orden público, por sí sola, no da lugar al reconocimiento de tiempo doble.

Lo anterior dado que la competencia del Gobierno Nacional para determinar en qué zonas del país se reconocía el estado de sitio, fue prevista en las Leyes 2ª de 1945 y 126 de 1956, y en el Decreto con fuerza de Ley 2337 de 1971, dictado en virtud de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 7ª de 1970, motivo por el cual fue el mismo legislador el que estableció dicho beneficio y los criterios a tener en cuenta para su reconocimiento.

En virtud de lo anterior, los decretos ejecutivos que dictó el Gobierno Nacional para fijar qué zonas del país merecieron tal reconocimiento por los problemas de orden público que vivieron, constituyeron un simple desarrollo de las normas referidas, toda vez que era precisamente el Gobierno Nacional quien determinaba las condiciones de reconocimiento del cómputo doble del servicio prestado.

Debe precisarse que una es la declaratoria del estado de sitio, y otra muy diferente, la determinación de los supuestos en los cuales habrían de incursionar quienes por razón de tal declaratoria debieron desempeñarse en los lugares y circunstancias señalados por el Gobierno.

En efecto, era al Gobierno Nacional a quien le correspondía indicar en qué lugares existieron disturbios y en dónde no, por ello este debía definir a quiénes se les extendía el beneficio reclamado, en razón a que el hecho de que se hubiese decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional no significaba que en todos los departamentos o municipios estuviese turbado el orden público dado que esta medida lo que buscaba era dotar al ejecutivo de facultades para contrarrestar los problemas de orden público y mitigar sus efectos.

Por ello los períodos reclamados por el demandante no pueden reconocerse como tiempos dobles de servicios para efectos prestacionales, pues como lo ha reiterado en varias oportunidades esta Corporación, para ser acreedor al reconocimiento ha debido acreditar, además de otras exigencias, la prestación del servicio en la zona afectada y el decreto que lo consagre a su favor, lo que no aparece demostrado en el sub lite.

En cuanto al argumento expuesto por la parte demandada, en el sentido de que al negar el reconocimiento de los tiempos dobles de servicio, se vulnera la Constitución al preferirse la aplicación de la ley en vez de esta, la Subsección observa que la ley instituyó los requisitos para que proceda el reconocimiento de los tiempos solicitados, normativa a la cual debe darse aplicación, pues la Carta Política en ningún momento determinó exigencias que debían tenerse en cuenta para efectuar dicho pago, por lo que se resuelve la situación planteada en atención a lo previsto por la ley, los fundamentos fácticos y lo probado en el proceso.

En conclusión: No es procedente el cómputo de los tiempos dobles solicitados en la demanda para ser incorporados en la hoja de servicios, dado que de una parte, los periodos entre el 21 de mayo de 1965 al 16 de diciembre de 1968; desde el 21 de abril al 15 de mayo de 1970 y del 26 de febrero de 1971 hasta el 29 de diciembre de 1973, ya fueron reconocidos; y, sobre los demás lapsos solicitados no se cumplen los requisitos previstos en los decretos que declararon la perturbación del orden público.

Segundo problema jurídico

¿Procede la condena en costas a la parte demandante en primera instancia por resultar vencida en el proceso?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: La condena en costas por parte del a quo en contra de la parte demandante en primera instancia es procedente, en atención a que resultó vencida en primera instancia, es decir, no prosperaron las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas y agencias en derecho

Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en los siguientes términos:

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.

Igualmente, el concepto de costas incluye las agencias del derecho que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en los ordinales 3.° y 4.º del artículo 366 del Código General del Proceso, y que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por dicha parte a su abogado los cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme los criterios previstos en el artículo 28 ordinal 8.º de la ley 1123 de 2007.

En materia de lo contencioso administrativo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo 1887 de 2003 «vigente al momento de la expedición de la sentencia de primera instancia» fijó las agencias en derecho, de la siguiente manera:

[…] 3.1.2. Primera instancia.

«[…]

Sin cuantía: Hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.

PAR.—En los procesos ejecutivos, hasta el quince por ciento (15%) del valor del pago ordenado o negado en la pertinente decisión judicial; si, además, la ejecución comprende el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez.

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes. […]»

Ahora bien, a raíz de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en anteriores oportunidades y en materia de condena en costas, la Subsección A sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no implicaba la condena de manera «automática» u «objetiva», frente a aquel que resultara vencido en el litigio.

Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores, tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla, o no.

Sin embargo, esta Subsección a través de la sentencia de 7 de abril de 2016 dentro del proceso radicado bajo el número 15001-23-33-000-2012-00162-01, número interno 4492 de 2013, varió aquella posición y acogió el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho) al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe), sino los aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365. En dicha oportunidad concluyó lo siguiente:

El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo»–CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Por lo anterior, se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público.

Así mismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio.

En el presente caso el a quo condenó en costas a la parte vencida, es decir a la parte demandante. Ahora bien, en el presente asunto se promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo a través del cual se negó la corrección administrativa de la hoja de servicios, por la inclusión de tiempos dobles, la parte demandante resultó vencida, pues en primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda, por lo tanto, no es de recibo el argumento de la parte apelante según el cual no procedía la condena en costas porque se debe verificar la buena o mala fe desplegada por la parte vencida.

Aunado a lo anterior, la parte demandante alega que en el expediente no se probó que las costas se hubiesen causado y que se debe acoger el criterio tanto valorativo como objetivo, sin embargo, si bien es cierto como se expuso en precedencia los dos criterios deben aplicarse, en el sub lite, además de resultar vencida la parte demandante, las costas sí se causaron, pues está demostrada la intervención de la entidad demandada en las diferentes etapas procesales, sin que sea necesario que solicite en la contestación de la demanda la condena en costas a la contraparte.

En conclusión: Es procedente la condena en costas en primera instancia a la parte demandante, toda vez que resultó vencida en dicha instancia, dado que no prosperaron las pretensiones de la demanda, aunado a que la entidad demandada actuó durante todas las etapas al contestar la demanda, asistir a la audiencia inicial y presentar alegatos de conclusión.

Decisión de segunda instancia

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia, porque no prosperan los argumentos del recurso de apelación.

De la condena en costas

Conforme a las consideraciones expuestas en el acápite anterior, no se condenará en costas a la parte demandante, en la medida que conforme el ordinal 3.º del artículo 365 del CPACA, si bien resulta vencida en esta instancia, la parte demandada no intervino en el trámite de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 11 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Segundo Irenarco Osma contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

Segundo: Sin condena en costas en la segunda instancia.

Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa Justicia Siglo XXI y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Relatoria JORM
Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB. Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo EJRLB. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. Folios 113 vuelto a 117. Folios 119 a 128. Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala. Radicado 15001-23-33-000-2012-00282-01. Folios 146 a 150. Ver constancia secretarial obrante a folio 151. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
«Por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional», visible a folio 17 del expediente.
«Por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional», visible a folio 18 del expediente.
«Por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República», visible a folio 19 del expediente.
«Por el cual se extiende a todo el territorio nacional las declaratorias de turbación del orden público y de estado de sitio», visible a folio 20 del expediente.
«Por el cual se declaran la turbación del orden público y el estado de sitio en todo en territorio nacional», visible a folio 21 del expediente.
«Por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional», visible a folio 17 del expediente.
«Por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional», visible a folio 18 del expediente.
«Por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República», visible a folio 19 del expediente.
«Por el cual se extiende a todo el territorio nacional las declaratorias de turbación del orden público y de estado de sitio», visible a folio 20 del expediente.
«Por el cual se declaran la turbación del orden público y el estado de sitio en todo en territorio nacional», visible a folio 21 del expediente. En el mismo sentido, ver la Sentencia del 25 de septiembre de 2008, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Proceso Número: 110010325000200500222 01. Número interno 9549-2005. En el mismo sentido, ver Sentencia del 8 de febrero de 2018. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación número: 25000-23-42-000-2015-04371-01(1705-17). Consejo de Estado, Sección Segunda.

Sentencia del 24 de enero de 2002, Consejero ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda. Radicación: 63001-23-31-000-1999-00708-01 (2709-00). En el mismo sentido, ver la sentencia del 25 de septiembre de 2008, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Proceso Número: 110010325000200500222 01. N° interno 9549-05. Sentencia del 8 de febrero de 2018. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación número: 25000-23-42-000-2015-04371-01(1705-17). En el mismo sentido se pronunció la Sala en Sentencia del 19 de febrero de 2009. Consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez (E). Radicación número: 11001-03-25-000-2004-00216-00(4510-04). Al respecto se pueden consultar entre otras, las sentencias proferidas por esta Sección del Consejo de Estado dentro de los procesos 440012333000201300140 01 (3354-2015) de fecha 31 de enero de 2018 con ponencia de la Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez y la del 6 de julio de 2011 cuyo ponente fue el Dr. Luís Rafael Vergara Quintero. Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi. Artículo 171 No. 4 en concordancia con el artículo 178 ibídem.
«[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […] En este sentido, 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]». Criterio aceptado por la Corte Constitucional en Sentencia C-043 de 2004 y C-539 de 1999. Regula la norma como deber de los abogados, el de “…fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”. Modificado por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016. Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P. Alfonso Vargas Rincón (E), expediente No. 1343-2014. Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 4383-2014, Actor: Rosa Yamile Ángel Arana, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), sentencia de 20 de enero de 2015, expediente número: 4583-2013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez, M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN.

Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:(…).»
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”.

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