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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00673-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00673-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda presentada por el señor Jorge Eliecer Larrotta García contra la UGPP. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia al señor Jorge Eliecer Larrotta García. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2016-00673-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 15001 23 33 000 2016 00673 01 (4558-2022)
Demandante: Jorge Eliecer Larrotta García
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Decaimiento del acto administrativo que reconoció pensión
gracia en cumplimiento de un fallo de tutela dejado sin
efectos por sentencia penal. Condena en costas.

Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia dado que el
acto administrativo que reconoció la pensión gracia en
cumplimiento de un fallo de tutela perdió sus efectos
jurídicos y su obligatoriedad

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 28 de abril de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la
UGPP:

i) Resoluciones RDP 043185 del 20 de octubre de 2015, RDP 052016
del 7 de diciembre de 2015 y RDP 001256 del 19 de enero de 2016, por
medio de las cuales se declaró el fenómeno del decaimiento jurídico de la
Resolución RDP 036299 del 9 de agosto de 2013, que dio cumplimiento al
fallo de tutela del 6 de octubre de 2006, emitido por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Magangué (Bolívar) dentro del expediente 2006-194; se
ordenó su exclusión de la nómina de pensionados; y se determinó que
adeudaba al Sistema General de Pensiones la suma de $ 345.911.203.

ii) Auto ADP 015873 del 1 de diciembre de 2015, mediante el cual se le
reiteró que no le asistía derecho a la pensión gracia, por cuanto su
vinculación fue de carácter nacional. Asimismo, estimó la improcedencia

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Demandante: Jorge Eliecer Larrotta García

para efectuar un nuevo pronunciamiento puesto que ya se habían atendido
todos los requerimientos elevados por el actor.

iii) Resoluciones RCC 7864 del 15 de julio de 2016 y RCC-8485 del 3 de
octubre de 2016 proferidas dentro del Proceso Administrativo de Cobro
Coactivo 83065, por medio de las cuales se rechazaron las excepciones
interpuestas contra el mandamiento de pago librado mediante la Resolución
RCC 7256 del 21 de abril de 2016, ordenó seguir adelante con la ejecución
y decretó medidas cautelares sobre los bienes del actor.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le ordene a la entidad
demandada el reconocimiento y pago de los daños y perjuicios derivados de la
expedición de los actos administrativos acusados, los cuales discriminó como i)
materiales por daño emergente y lucro cesante, ii) morales, y iii) fisiológicos.
Igualmente, solicitó que se declare la existencia de una vía de hecho por haber
decretado el embargo sobre sus bienes, así como que se restituya el pago de las
mesadas a partir de octubre de 2014 y se incluya en nómina el pago de la pensión
gracia que le fue reconocida por vía de tutela, junto con las mesadas adeudadas
debidamente indexadas. Finalmente, pidió condenar en costas a la accionada.

3. Como sustento de sus pretensiones, indicó que, mediante la sentencia del
6 de octubre de 2006, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué
(Bolívar) ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a su favor, la
cual fue cumplida parcialmente por la entidad mediante la Resolución RDP
036299 del 9 de agosto de 2013.

4. Expuso que la UGPP inició proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que cursa en esta Sección bajo el radicado 15001 23 33 000 2014 00297
01 (0447-2016), el cual, a su juicio, es improcedente por dirigirse contra un acto
de ejecución que dio cumplimiento a un fallo de tutela.

5. A su vez, adujo que la entidad revocó directamente la Resolución RDP
036299 del 9 de agosto de 2013 mediante los actos administrativos enjuiciados,
sin su consentimiento y desconociendo el mandato legal previsto en el artículo
97 del CPACA.

6. Debido a lo anterior, cuestionó la motivación de los actos administrativos
demandados al basarse en la afirmación de que había sido un docente
dependiente del Ministerio de Educación Nacional, cuando las certificaciones
laborales fueron emitidas por la Secretaría de Educación de Boyacá como su
nominador evidenciaban su carácter territorial. Además, recalcó que no hizo parte
de la planta de personal de la Nación, pues no fue esta última la entidad que le
pagó sus salarios ni la que le aceptó su renuncia al cargo de docente.

7. Por lo anterior, concluyó que los actos acusados están viciados de nulidad
por violación de los artículos 58 y 83 de la Constitución Política, por
desconocimiento de los derechos adquiridos y por falsa motivación.

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Demandante: Jorge Eliecer Larrotta García

Contestación de la demanda

8. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas bajo el
argumento de que los actos administrativos acusados se profirieron conforme a
los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

9. Expuso que al demandante no le asiste derecho al reconocimiento de la
pensión gracia, a la inclusión en nómina de pensionados ni a la devolución de las
mesadas pensionales dejadas de percibir desde el mes de octubre ya que no
acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión
gracia, tal como se había establecido en la sentencia del 5 de noviembre de 2015,
emitida dentro del expediente 15001 23 33 000 2014 00297 00 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

Sentencia apelada

10. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 28 de abril
de 2022, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
actora.

11. Como sustento de la anterior decisión, el a quo señaló que a pesar de que
el fallo de tutela proferido el 6 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Magangué —que constituyó el fundamento para expedir la
Resolución RDP 036299 del 9 de agosto de 2013, mediante la cual se reconoció
la pensión gracia— se encontraba vigente, este se expidió con fraude a la ley,
asemejándose fáctica y jurídicamente a lo resuelto por la Corte Constitucional en
la sentencia T-218 de 2012, que anuló otra providencia dictada por el mismo juez
en iguales condiciones, respecto de la cual se predicaba cosa juzgada
constitucional.

12. Por lo tanto, estimó que no podía desconocer dicho pronunciamiento, en
el que se examinó la ocurrencia de un presunto dolo y de un fraude materializado
en una sentencia judicial de idénticas características a la analizada, por lo que
concluyó que no resultaban procedentes las pretensiones relativas a ordenar el
pago de una prestación periódica que había sido otorgada fuera de los
parámetros legales, agregando que no podía ordenar, sin detrimento del
ordenamiento jurídico, el pago de las mesadas de una pensión reconocida en
cumplimiento de una sentencia judicial espuria.

13. En cuanto a la solicitud de nulidad de los actos administrativos proferidos
dentro del proceso de cobro coactivo 83065 adelantado por la UGPP contra la
parte demandante, advirtió que, si bien dicha pretensión se formuló en el escrito
de demanda, no formuló un cargo concreto ni desarrolló motivo alguno de
ilegalidad frente a sendos actos. Por el contrario, adujo que los fundamentos
expuestos se dirigieron a desarrollar los requisitos para acceder a la pensión
gracia, las normas que la reglamentan y la jurisprudencia sobre la materia, así
como los principios de igualdad, favorabilidad y los derechos adquiridos.

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Demandante: Jorge Eliecer Larrotta García

Recurso de apelación

14. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, mediante el cual solicitó revocarla y, en su lugar, acceder a
las pretensiones de la demanda.

15. Al respecto, adujo que existió un error jurídico, consistente en que el a quo
dio prevalencia a la Ley 91 de 1989 y desconoció el artículo 4 de la Constitución
Política, relativo a la supremacía normativa de la Carta.

16. Alegó indebida valoración probatoria por cuanto se otorgó valor a los
certificados de tiempo de servicio y salarios devengados expedidos por las
Secretarías de Educación del departamento de Boyacá y del municipio de Tunja,
en los que se consignó una vinculación de tipo nacional. Sostuvo que la
certificación del vínculo laboral con la Nación es competencia exclusiva del
Ministerio de Educación Nacional conforme al artículo 122 de la Constitución
Política y que dichas certificaciones constituyen prueba ilícita sujeta a la regla de
exclusión derivada del artículo 29 superior, según la sentencia SU-159 de 2002
de la Corte Constitucional.

17. Manifestó que su vinculación fue de carácter territorial y no nacional, en
tanto los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, con
los que se le pagaron salarios y prestaciones, constituyen rentas exógenas
propias de las entidades territoriales. Señaló que figuró en la planta de personal
del departamento de Boyacá en virtud del Decreto 000954 de 18 de junio de
1996, por el cual se incorporó el personal docente del municipio de Tunja a la
Secretaría de Educación Departamental.

18. Invocó la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección
Segunda, del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01, y
la sentencia SU-014 de 2020, conforme a las cuales lo relevante para el
reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación del carácter territorial o
nacionalizado de la plaza y no el origen de los recursos. Igualmente, argumentó
la configuración de un «contrato realidad», por concurrir la prestación personal
del servicio, la subordinación y la remuneración frente al departamento de
Boyacá y el municipio de Tunja, con fundamento en las sentencias C-614 de 2009
y C-679 de 2011 de la Corte Constitucional.

19. Alegó la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de la sentencia
del 6 de octubre de 2006 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué, ratificada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia mediante sentencia del 31 de julio de 2012. Asimismo, refirió que la parte
demandada, mediante Resolución RCC 12293 de 26 de septiembre de 2017,
suspendió el proceso de cobro coactivo 83065 y que, mediante Resolución RCC
44702 de 27 de enero de 2022, ordenó su terminación y archivo.

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Demandante: Jorge Eliecer Larrotta García

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto del 26 de enero de 20231 se admitió el recurso de apelación.
Asimismo, se le advirtió a la parte demandada que disponía hasta la ejecutoria
de dicha providencia para pronunciarse en torno a la alzada y al Ministerio Público
que podía emitir concepto hasta antes de que ingresara el proceso al despacho
para sentencia.

21. La entidad demandada solicitó que se confirme la sentencia de primera
instancia argumentando que el Tribunal aplicó de manera correcta las normas y
valoró adecuadamente las pruebas dando especial aplicación a lo manifestado
en la sentencia T-218 de 2012 por la Corte Constitucional.

22. Por medio de auto del 21 de abril de 20262 se negó la solicitud de pruebas
en segunda instancia elevada por la parte demandante.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

24. Le corresponde a la Sala establecer si en el caso bajo estudio se presentó
el decaimiento de los efectos jurídicos de la Resolución RDP 036299 del 9 de
agosto de 2013 —mediante la cual se le reconoció al demandante una pensión
gracia en cumplimiento de un fallo de tutela—, por la desaparición de sus
fundamentos fácticos y jurídicos.

25. En caso negativo, se estudiará si debe accederse a las pretensiones de la
demanda, en el sentido de ordenarle a la entidad reintegrar al actor a la nómina
de pensionados.

Análisis del problema jurídico

26. El artículo 91 del CPACA establece que los actos administrativos en firme
serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo. Además, dispone que perderán obligatoriedad y no
podrán ejecutarse en las siguientes circunstancias: «1. Cuando sean
suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de

1 Índice 5 de SAMAI del Consejo de Estado.
2 Índice 44 de SAMAI del Consejo de Estado.

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derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no
ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 4. Cuando se cumpla
la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan
vigencia» (se resalta).

27. Dicho de otra manera, cuando se materializa alguna de las causales
mencionadas ocurre lo que la doctrina y la jurisprudencia administrativa han
denominado el fenómeno del decaimiento del acto administrativo —entendido
como una forma de extinción del acto—3, el cual opera de pleno derecho (ipso
iure) e impide que las manifestaciones de la Administración sigan surtiendo
efectos hacia el futuro por causas posteriores a su expedición.

28. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el decaimiento del acto cuando
desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho, esta Colegiatura 4 ha
establecido que dicha causal se materializa por: i) derogación o modificación de
la norma legal en que se fundó el acto administrativo, cuando dicha regla es
condición indispensable para su vigencia; ii) declaratoria de inexequibilidad de la
norma constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el control de
constitucionalidad, en los países en donde ello existe; iii) declaratoria de nulidad
del acto administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión de
contenido individual o particular; y iv) desaparición de las circunstancias fácticas
o de hecho que determinaron el reconocimiento de un derecho o situación jurídica
particular y concreta.

29. Además, la pérdida de ejecutoria no requiere de declaración judicial pues
esta surge automáticamente hacia el futuro y no impide que posteriormente exista
un estudio de la legalidad del acto administrativo cuyo decaimiento ha operado.

30. De acuerdo con el contexto legal y jurisprudencial expuesto, en el presente
caso se tiene por demostrado que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué (Bolívar), mediante la sentencia de tutela del 6 de octubre de 2006
proferida bajo el radicado 2006-1945, amparó los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la «pensión de jubilación» de 86 accionantes,
entre ellos el hoy demandante, y le ordenó a la extinta CAJANAL EICE que le
reconociera la pensión gracia junto con su respectiva retroactividad, reajustes e
indexación a que hubiere lugar.

31. La entidad demandada, por medio de la Resolución RDP 036299 del 9 de
agosto de 20136, dio cumplimiento al fallo de tutela referido, en el sentido de
reconocer y ordenar el pago de la pensión gracia en favor del actor, a partir del

3 Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 16 de noviembre de 2023, con radicado 25000 23 42 000 2017
02877 01 (2776-2021), con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas.
4 Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia

del 1 de agosto de 1991 con radicado 949, con ponencia del magistrado Miguel González
Rodíguez. Dicha providencia ha sido reiterada recientemente por esta Subsección en la sentencia
del 16 de noviembre de 2023, con radicado 25000 23 42 000 2017 02877 01 (2776-2021), con
ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas.
5 Páginas 93 al 127 del archivo contentivo de los antecedentes administrativos.
6 Páginas 1367 al 1372, ibidem.

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22 de mayo de 1992. Para tal efecto, en su parte considerativa indicó que el
interesado nació el 22 de mayo de 1942 y que para ese momento contaba con
71 años de edad. Asimismo, señaló que laboró como docente nacional entre el 2
de enero de 1970 y el 30 de marzo de 2000, adquiriendo el estatus pensional el
22 de mayo de 1992.

32. No obstante, a través de la Resolución RDP 043185 del 20 de octubre de
20157 —confirmada por la Resolución RDP 052016 del 7 de diciembre de
20158—, la UGPP declaró el decaimiento jurídico de la aludida Resolución RDP
036299 del 9 de agosto de 2013, bajo el argumento de que esta última perdió sus
efectos jurídicos por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 91 del CPACA,
porque desaparecieron sus fundamentos de hecho y de derecho.

33. Al respecto, la entidad indicó que el mismo Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué, en las providencias del 29 de octubre, 11 de diciembre de
2012 y del 6 de agosto de 2013 —proferidas dentro del trámite del incidente de
desacato adelantado en el expediente 2006-194— estimó la imposibilidad de
ordenar el cumplimiento de la sentencia de tutela del 6 de octubre de 2006 por
considerarla reprochable y asimilable a lo decidido en el fallo T-218 de 2012
emitido por la Corte Constitucional9, que dejó sin efectos la sentencia del 11 de
diciembre de 2006, también proferida por el referido despacho judicial.

34. Asimismo, adujo que el demandante no era beneficiario de la pensión
gracia por cuanto fungió como docente de carácter nacional. Finalmente, precisó
que, si bien había operado el decaimiento del acto, no podía ignorarse que para
ese momento el fallo cuestionado aún estaba vigente.

35. Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena —
Sala Penal—, mediante sentencia del 7 de octubre de 201510, condenó a Arnedys
José Payares Pérez (entonces juez segundo civil del circuito de Magangué) por
el delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo sucesivo y
heterogéneo sucesivo con prevaricato por omisión. Como consecuencia de ello,
además de las penas principales y accesorias que se le impusieron al procesado,
esa colegiatura dejó sin efectos el fallo de tutela del 6 de octubre de 2006 (rad.
2006-194) y, por conexidad, se dejaron sin efectos las resoluciones que la entidad
hoy demandada expidió como consecuencia de dicha tutela. Al respecto, el
mencionado Tribunal señaló lo siguiente:

De igual forma, en ese mismo sentido, al haberse verificado que la sentencia de
tutela del 6 de octubre de 2006, al igual que la datada [el] 11 de diciembre de esa
misma anualidad, se oponen manifiestamente a la ley, por restablecimiento del
derecho se dejará sin efecto la tutela que aún tiene validez en el ordenamiento

7 Páginas 985 al 984, ibidem.
8 Páginas 996 al 1001, ibidem.
9 Corte Constitucional. Expediente T-2.620.501, con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao

Pérez.
10 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal. Sentencia del 7 de octubre de

2015, con radicado 0005 de 2012. Providencia obrante en las páginas 374 al 457 del archivo
contentivo de los antecedentes administrativos.

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jurídico, la fechada [el] 6 de octubre de 2006 siendo dable recordar que la segunda
providencia ya fue dejada sin efectos por la Corte Constitucional en sentencia T-
218 de 2012.

Déjese, por conexidad, sin efectos las resoluciones de Cajanal o UGPP que se
hayan expedido a consecuencia de los fallos de tutela opuestos a la ley.

36. La mencionada sentencia fue confirmada parcialmente por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante la sentencia del 25 de
enero de 2017 bajo el radicado 47586, ya que estimó que el procesado
únicamente incurrió en el delito de prevaricato por acción.

37. Sobre el particular, tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena como la Corte Suprema de Justicia establecieron que el referido
servidor judicial, al proferir tanto la sentencia de tutela del 6 de octubre de 2006
como la del 11 de diciembre de 2006, no tenía competencia, ya que la presunta
vulneración de los derechos de los accionantes no ocurrió en Magangué ni
acaeció en su jurisdicción, sumado a que los actores no tenían su domicilio en
dicho municipio, ni prestaron sus servicios docentes en ese lugar, lo cual
constituyó una flagrante violación de los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y
1 del Decreto 1382 de 2000.

38. Asimismo, consideraron que los accionantes, entre los cuales está el
demandante Larrotta García, contaban con otro mecanismo judicial ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que la acción de tutela no
era la vía adecuada para estudiar la procedencia del reconocimiento de las
pensiones gracia, máxime cuando en la sentencia del 6 de octubre de 2006 el
juez civil de Magangué no estudió caso por caso para determinar si había lugar
a flexibilizar dicha regla y proceder a la concesión de la prerrogativa reclamada
de manera transitoria o permanente, en caso de que existiera una debilidad
manifiesta y la consecución de un perjuicio irremediable.

39. También se indicó que el juez constitucional reconoció las pensiones
gracia sin analizar en cada caso concreto, incluido el del demandante, lo
relacionado al requisito previsto en el artículo 4, numeral 3, de la Ley 114 de
1913, en el sentido de verificar si el actor había percibido o percibía a ese
momento algún emolumento proveniente de la Nación. Además, estableció que
interpretó de manera errónea las sentencias que sobre la materia había proferido
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en las cuales se había dejado por
sentado que los docentes nacionales no eran beneficiarios de la mencionada
prestación periódica.

40. Pues bien, para esta Subsección está plenamente comprobado que la
Resolución RDP 036299 del 9 de agosto de 2013, por medio de la cual se
reconoció una pensión gracia en favor del demandante, perdió su obligatoriedad
y, por ende, su fuerza de ejecutoria, debido a que desaparecieron del mundo
jurídico sus fundamentos fácticos y jurídicos, considerando que la sentencia de
tutela del 6 de octubre de 2006 (rad. 2006-194) proferida por el Juzgado Segundo

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Civil del Circuito de Magangué quedó sin efectos en virtud de los fallos
condenatorios emitidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
y la Corte Suprema de Justicia el 7 de octubre de 2015 y el 25 de enero de 2017,
respectivamente.

41. Es más, en dichas providencias también se dejaron sin efectos todos los
actos administrativos que CAJANAL o la UGPP expidieron en virtud del aludido
fallo del 6 de octubre de 2006, dentro de los cuales se encontraría la Resolución
RDP 036299 del 9 de agosto de 2013 que le dio cumplimiento respecto a la
pensión del demandante.

42. Ahora bien, no se puede desconocer que la tantas veces citada sentencia
de tutela del 6 de octubre de 2006 quedó sin efectos por vía judicial con
posterioridad a la expedición de los actos administrativos acusados —
Resoluciones RDP 043185 del 20 de octubre de 2015, RDP 052016 del 7 de
diciembre de 2015 y RDP 001256 del 19 de enero de 2016—.

43. Sin embargo, ello no quiere decir que dichas decisiones de la
administración —que declararon el decaimiento de la Resolución RDP 036299
del 9 de agosto de 2013 por considerar que su expedición había sido irregular y
que se acompasaban con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia
T-218 de 2012— carecieran de fundamento o que hubiesen desconocido el
principio de cosa juzgada constitucional, toda vez que la Corte analizó
exhaustivamente el reconocimiento irregular de pensiones gracia mediante el
fallo de tutela del 11 de diciembre de 2006 por el juez segundo civil del circuito
de Magangué, estimando que eran irregulares y fraudulentos.

44. Sobre el particular, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional
indicó en la sentencia T-218 de 2012 que, a pesar de no tratar de controvertir la
cosa juzgada constitucional que cobijaba la sentencia de tutela del 11 de
diciembre de 2006, era palmaria la demostración del fraude allí ocurrido, puesto
que el juez civil del circuito de Magangué no tenía competencia para resolver la
acción de amparo, ya que ninguno de los más de 90 accionantes residía en dicho
municipio o el último lugar en el que prestaron sus servicios era lejano a ese ente
territorial, aunado a que no analizó los requisitos de procedencia excepcional de
dicha acción, ni examinó si los libelistas cumplían o no con los requisitos legales
para el reconocimiento de la pensión gracia, como lo eran el de la edad y el de la
naturaleza de la vinculación.

45. Además, como soporte de lo anterior, la Corte Constitucional tuvo en
cuenta la sanción disciplinaria que el Consejo Superior de la Judicatura le impuso
el 17 de noviembre de 2010 al juez segundo civil del circuito de Magangué de
destitución e inhabilidad por 10 años, por la expedición de la referida sentencia
de tutela del 11 de diciembre de 2006.

46. Más aún, la Sala comparte el argumento del a quo al estimar que a la
mencionada sentencia T-218 de 2012 se le podían conceder efectos inter
comunis puesto que los fundamentos que llevaron a la expedición tanto del fallo

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Demandante: Jorge Eliecer Larrotta García

del 6 de octubre como el del 11 de diciembre de 2006 fueron los mismos, más
aún cuando dicha afirmación también la hizo la Corte Suprema de Justicia en la
sentencia del 25 de enero de 2017 —analizada previamente— al establecer que
tanto las demandas como las sentencias del 6 de octubre y del 11 de diciembre
tenían iguales fundamentos y justificaciones para reconocer las pensiones gracia
deprecadas por los accionantes.

47. Así las cosas, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda por cuanto los fundamentos fácticos y
jurídicos de la Resolución RDP 036299 del 9 de agosto de 2013 que ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia al libelista desaparecieron del mundo
jurídico, confirmando así el fenómeno del decaimiento de los efectos de dicho
acto administrativo.

48. Con independencia de lo anterior, y en atención a que la apelación reitera
los argumentos de la demanda y no controvierte los motivos que tuvo el Tribunal
Administrativo de Boyacá como fundamento de la sentencia apelada, la Sala
precisa que no es del caso estudiar si el demandante reúne o no los requisitos
legales para beneficiarse de la pensión gracia habida cuenta de que el contenido
de los actos acusados no versó sobre dichas exigencias, sino sobre la figura del
decaimiento del acto administrativo que le reconoció dicha prestación en 2013.

49. Además, el mencionado debate ya se encuentra pendiente de decisión por
parte de la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, a quien le
correspondió el proceso 15001 23 33 000 2014 00297 01 (0447-2016), a través
del cual la UGPP demandó la nulidad de la ya conocida Resolución RDP 036299
del 9 de agosto de 2013.

50. Por consiguiente, no es dable acceder a las pretensiones de la demanda
de la referencia ya que, de un lado, el acto administrativo que le había reconocido
la pensión gracia en cumplimiento de un fallo de tutela perdió sus efectos jurídicos
y su obligatoriedad, y del otro, está demostrado que el mencionado
reconocimiento estuvo inmerso en un fraude procesal de público conocimiento,
también denominado por la jurisprudencia como «fraude global».

Condena en costas

51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no

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procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.

53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

54. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora en segunda
instancia por cuanto no prosperan las peticiones del recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Jorge Eliecer Larrotta García contra la UGPP.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia al señor Jorge Eliecer
Larrotta García. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Boyacá.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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Demandante: Jorge Eliecer Larrotta García

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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