Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02877-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02877-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-02877-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
16 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
Demandado: Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Temas: Pérdida de Fuerza Ejecutoria de los actos administrativos por
suspensión provisional y nulidad por decisión de la jurisdicción
de lo contencioso – administrativo. No genera el pago de salarios
y prestaciones sociales aun cuando por vía del recurso
extraordinario de revisión éstos recobren vigencia. Confirma
decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y
demandada contra la sentencia de primera instancia del 21 de mayo de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –CPACA, el señor Hernán Rojas Aldana formuló
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se
declare la nulidad del oficio 20163100187041 por medio del cual el Instituto Distrital
de Recreación y Deporte, en adelante, IDRD, negó al demandante el pago indexado
del retroactivo representado en todos los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos causados desde el 1º de septiembre de 1998 hasta el 31 de julio de
2016.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó al IDRD como entidad responsable,
pagar todos los salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, vacaciones, auxilios
y demás emolumentos laborales causados desde el 1º de septiembre de 1998 hasta
el 31 de julio de 2016, por cuanto no se dio cumplimiento a lo dispuesto en la
Resolución No. 202 del 4 de junio de 1998 confirmada mediante la Resolución No.
358 del 31 de agosto de 1998, expedidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Igualmente, deprecó dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
176 y 177 del CCA, con el pago indexado de las sumas que resulten adeudadas
conforme al artículo 178 ibidem.
1.1.2. Hechos
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:
i) El 4 de junio de 1998, la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante
CNSC, expidió la Resolución No. 202 mediante la cual resolvió algunas
reclamaciones relacionadas con la incorporación de funcionarios al IDRD, con
motivo de la liquidación de la Junta Administradora Seccional de Deportes de
Santafé de Bogotá y ordenó a la entidad la incorporación a su planta de personal,
en cargos iguales, equivalentes o superiores, a las personas que los desempeñaban
al momento de producirse la desvinculación, siempre y cuando cumplieran con los
requisitos para ocupar el cargo, entre otros, al señor Hernán Rojas Aldana, en un
término de no mayor de diez días contados a partir de la ejecutoria de esa decisión.
ii) El 31 de agosto de 1998, mediante la Resolución No, 358 se resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra el acto anterior.
iii) El 19 de noviembre de 1998, la entidad demandada radicó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones No. 202 del 4 de
junio en sus artículos 1º y 2º y 358 del 31 de agosto de 1998 en su artículo 1º
expedidas por la CNSC.
iv) El 21 de junio de 2001, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, levantó la suspensión provisional de los actos acusados que se había ordenado
en providencia del 4 de marzo de 1999 y declaró la nulidad de las Resoluciones 202
del 4 de junio de 1998 en sus artículos 1º y 2º y 358 del 31 de agosto de 1998 en
su artículo 1º expedidas por la CNSC.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
v) El 3 de marzo de 2015, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 7, declaró la prosperidad del recurso
extraordinario de revisión y negó las pretensiones de la demanda interpuesta contra
las Resoluciones 202 del 4 de junio de 1998 en sus artículos 1º y 2º y 358 del 31 de
agosto de 1998 en su artículo 1º expedidas por la CNSC.
vi) El 25 de abril de 2016, en cumplimiento de la orden judicial, el IDRD expidió
la Resolución No. 002 que creó la planta transitoria de empleos públicos y también
emitió el 10 de junio de 2016 la Resolución No. 392 que estableció el manual de
funciones y requisitos.
vii) El 21 de julio de 2016, el IDRD incorporó al demandante a la planta transitoria
en el cargo de operario calificado, código 5300, grado 13, en el Área de Servicios
Generales de la Subdirección Administrativa y Financiera de la entidad, del cual
tomó posesión el 1 de agosto de 2016.
viii) El 13 de diciembre de 2016, el demandante comoquiera que fue
reincorporado al cargo sin el pago de los salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir desde el 1º de septiembre de 1998 hasta el 31 de
julio de 2016, formuló reclamación en aras de lograr el reconocimiento de esos
conceptos a título de retroactivo.
ix) El 20 de diciembre de 2016, la entidad demandada expidió el oficio
20163100187041 mediante el cual desestimó la solicitud, decisión que es la que se
impugna a través de este medio de control.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
En el escrito de demanda se invocaron como vulnerados los artículos 2, 6, 25, 29 y
209 de la Constitución Política; 34 numerales 1º y 20 de la Ley 734 de 2002 y 1, 3,
44 y 138 del CPACA.
En el concepto de violación se expusieron los siguientes argumentos:
i) La comunicación 20163100187041 del 20 de diciembre de 2016, mediante la
cual se desestimó la solicitud, decisión que es la que se impugna a través de este
medio de control, fue expedida irregularmente por cuanto el IDRD desconoció
plenamente el sentido de la sentencia del Consejo de Estado del 3 de marzo de
2015 que dejó vigentes la Resolución 202 del 4 de junio de1998 confirmada por la
Resolución 358 del 31 de agosto de 1998, lo cual implicó que como cobraron efectos
jurídicos debían retrotraerse al 31 de agosto de 1998, fecha en la cual quedaron
ejecutoriadas.
ii) El IDRD al negarse a cumplir con lo dispuesto en las Resoluciones No. 202
del 4 de junio de 1998 y 358 del 31 de agosto de 1999, en las que se le ordenó
incorporar en su planta de personal al señor Hernán Rojas Aldana y al preferir
instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho actuó de manera
contraria a los intereses y finalidades que prevé el ordenamiento jurídico por cuanto
el Consejo de Estado mediante sentencia del 3 de marzo de 2015 le dio la razón a
los directamente afectados, entre ellos, al demandante y, para el efecto, desestimó
las pretensiones de la demanda.
iii) La negligencia del IDRD en darle cumplimiento a las citadas resoluciones,
tiene como consecuencia en virtud del fallo del 3 de marzo de 2015, emitido por el
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Demandante: Hernán Rojas Aldana
Consejo de Estado, el pago del daño causado desde el momento en que debieron
acatarse dichos actos administrativos, esto es, desde el 1 de septiembre de 1998;
incluso dicha entidad siempre le manifestó al demandante su intención de
incorporarlo y así lo plasmó en comunicación fechada el 21 de octubre de 1998 en
la cual se indicó que se estaban «adelantando los trámites correspondientes» y, por
ende, como el accionante asumió de buena fe que la administración iba a acatar lo
ordenado y como ello no sucedió se afectó su derecho a la defensa y al debido
proceso.
iv) De forma «arbitraria, ilegal y abusiva» el IDRD desconoce el pago a título de
indemnización de todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
de orden laboral a que tenía derecho el demandante desde el 1º de septiembre de
1998 hasta el 31 de julio de 2016 «ignorando» que los actos administrativos que
ordenaron la incorporación tienen vigencia y gozan de legalidad desde el 31 de
agosto de 1998 y no desde la fecha de expedición de la sentencia del Consejo de
Estado del 3 de marzo de 2015.1
1.2. Contestación de la demanda
El IDRD a través de apoderado debidamente constituido contestó la demanda y
propuso las excepciones que denominó «LEGALIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO ATACADO», «ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
IDRD, A LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO» y
«PRESCRIPCIÓN».
1 Folios 125 a 158 cuaderno principal
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Demandante: Hernán Rojas Aldana
Respecto del fondo del asunto, expuso como razones de defensa de la legalidad
del acto acusado las que se exponen seguidamente:
i) La gestión de la administración pública es reglada; así actuó el IDRD al dar
pleno cumplimiento al principio de legalidad en el procedimiento de incorporación
de los funcionarios y, para el efecto, procedió a adelantar los trámites
administrativos tendientes a crear la planta transitoria de personal con base en el
fallo del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2015 que al resolver el recurso
extraordinario de revisión, revocó la decisión de la Sección Segunda, Subsección B
del 21 de junio de 2001.
ii) Con la decisión que resolvió el recurso extraordinario de revisión, cobró
obligatoriedad el contenido de las Resoluciones No. 202 del 4 de junio y No. 358 del
31 de agosto de 1998 expedidas por la CNSC en lo que tiene que ver con las
incorporaciones; sin embargo, como en el citado fallo no se estableció
reconocimiento del pago de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el
período de desvinculación, no existe fundamento para su pago.2
1.3. Audiencia inicial
En audiencia celebrada el día 5 de diciembre de 2018, el magistrado sustanciador
se pronunció sobre las excepciones de «LEGALIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO ATACADO» y «ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
IDRD, A LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO»3y
2 Folios 176 a 185 del cuaderno principal
3 Igualmente fijó el litigio en los siguientes términos: «Se debe determinar si el demandante HERNÁN
ROJAS ALDANA tiene o no derecho al reconocimiento y pago a título de indemnización del
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Demandante: Hernán Rojas Aldana
respecto, señaló que como tienen relación con el fondo del asunto y hacen parte de
los argumentos de defensa, se decidirán en la sentencia juntamente con los
argumentos de esa decisión.
Respecto de la excepción de «PRESCRIPCIÓN» estimó que en el evento de que el
demandante tenga derecho a la indemnización de los salarios que se reclaman con
ocasión al inoportuno reintegro alegado, esta figura se aplicará a las diferencias por
este concepto no solicitadas a tiempo, sin que ello impida reclamar el derecho al
pago. 4
1.4. La sentencia apelada
En sentencia del 21 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, declaró la nulidad del oficio 20163100187041 del
20 de diciembre de 2016 emitido por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte,
y, a título de restablecimiento del derecho condenó a esa entidad a pagarle los
salarios y demás acreencias laborales que se causaron entre el 2 de septiembre de
1998 y el 11 de marzo de 1999 y desde el 24 de junio de 2015 hasta el 31 de julio
de 2016, sumas debidamente actualizadas con aplicación del IPC y la fórmula
aplicada por el Consejo de Estado.
Igualmente, dispuso que la entidad deberá realizar los aportes que correspondan y
efectuar los descuentos para seguridad social en pensiones sobre los valores que
se reconozcan en esta providencia en los porcentajes señalados en el artículo 21
retroactivo de todos los salarios y demás acreencias laborales que se causaron desde el 1º de
septiembre de 1998 hasta el 31 de julio de 2016, por el cumplimiento inoportuno de las Resoluciones
Nos, 202 del 4 de junio y 358 del 31 de agosto de 1998 expedidas por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, tal como se pide en la demanda y en la subsanación de la misma»
4 Folios 225 a 227 del cuaderno principal
8
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Demandante: Hernán Rojas Aldana
del Decreto 692 de 1994, debidamente indexados con la misma fórmula y negó las
demás pretensiones de la demanda.5
En sustento de la decisión, se indicó:6
i) En el caso se materializan los presupuestos del artículo 66 del CCA, porque
los artículos 1º y 2º de las Resoluciones No. 202 del 4 de junio de 358 del 31 de
agosto de 1998 fueron suspendidos provisionalmente, luego, se declaró su nulidad
por el Consejo de Estado. Así las cosas, no resulta procedente acceder a las
pretensiones de la demanda en el entendido de reconocer los salarios causados
desde el 1º de septiembre de 1998 hasta el 31 de julio de 2016, porque la orden de
incorporación recobró vigencia en virtud de la decisión adoptada al resolver el
recurso extraordinario de revisión el 3 de marzo de 2015, notificado el 16 de junio
de 2015 y se convirtió en sustento para reclamar el pago del retroactivo de los
salarios y prestaciones sociales causados mientras los actos administrativos
enunciados surtieron efectos jurídicos.
ii) Teniendo en cuenta la pérdida de ejecutoriedad de las Resoluciones No. 202
del 4 de junio de 358 del 31 de agosto de 1998, el pago de los salarios y las
prestaciones dejadas de percibir se limita a los siguientes períodos: a) entre el 1º
de septiembre de 1998 y el 11 de marzo de 1999 y b) desde el 24 de junio de 2015
hasta el 31 de julio de 2016, los cuales comprenden el lapso durante el cual los
actos administrativos surtieron efectos.
5 Igualmente, se dispuso, declarar no probada la excepción de prescripción de diferencias propuesta
por la entidad; no condenar en costas en primera instancia a la parte demandada y que una vez
quedara ejecutoriada la sentencia, se devolviera a la parte demandante el remanente de la suma
consignada para gastos ordinarios del proceso, si lo hubiese, dejar las constancias y archivar el
expediente.
6 Folios 253 a 266 del cuaderno principal
9
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Demandante: Hernán Rojas Aldana
iii) No procede declarar la prescripción en los términos de los artículos 102 del
Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código Procesal Laboral porque el derecho a la
incorporación se originó con la decisión proferida por el Consejo de Estado el 3 de
marzo de 2015 la cual fue notificada mediante edicto fijado el 16 de junio de 2015 y
como el actor reclamó el pago de los salarios y demás acreencias laborales el 13
de diciembre de 2016, se observa que la reclamación se radicó dentro de los tres
años siguientes a la exigibilidad del derecho.7
1.5. Los recursos de apelación
1.5.1. De la parte demandante
En el escrito el apoderado del extremo activo expresó como fundamentos del
recurso de apelación los siguientes:
i) Comparte los argumentos expresados en el salvamento de voto por cuanto el
Tribunal desconoció de forma plena los efectos jurídicos de la sentencia del 3 de
7 Folios 253 a 265 cuaderno principal. El magistrado Jaime Alberto Galeano Garzón presentó
salvamento de voto el cual fundamentó entre otros argumentos, los siguientes: «[…] comparto la
sentencia en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda porque la decisión que ordenó el
reintegro recobró su legalidad; sin embargo, me aparto del sustento de la pérdida de fuerza ejecutoria
de la orden de pago por los periodos comprendidos entre el 1º de septiembre de 1998 al 11 de marzo
de 1999, y desde el 24 de junio de 2015 hasta el 31 de julio de 2016. Al efecto, es menester reiterar
que en este asunto la pérdida de fuerza ejecutoria hace relación a la imposibilidad de ejecutar los
actos propios de la administración para cumplir lo ordenado por ella misma, pero no tiene la
virtualidad de interrumpir el pago de las prestaciones originadas en la decisión de la C.N.S.C. que
ordenó el reintegro al servicio del demandante. Considero que el análisis que procedía para declarar
la interrupción del pago se debió adelantar con fundamento en los efectos de la decisión que infirmó
la anulación del reintegro, de forma que se sostuviera que el derecho a reclamar el pago de salarios
se originó con la expedición de la decisión del 3 de marzo de 2015, por medio de la cual el Consejo
de Estado resolvió el recurso extraordinario de revisión». Folio 266 ibidem
10
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Demandante: Hernán Rojas Aldana
marzo de 2015 que resolvió el recurso extraordinario de revisión, en el entendido de
que las Resoluciones No. 202 del 4 de junio de 1998 y 358 del 31 de agosto de
1998 expedidas por la CNSC se retrotraen al 31 de agosto de 1998 en tanto que la
declaratoria de su vigencia rige para el momento en que el demandante adquirió
sus derechos y no a partir del 3 de marzo de 2015 fecha de la mencionada
sentencia.
ii) En la sentencia apelada, el Tribunal no tuvo en cuenta los efectos ex tunc
«porque al declarar la nulidad del [a]cto acusado en la presente demanda», con la
sentencia proferida por el Consejo de Estado del 3 de marzo de 2015 que negó las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho solicitadas por el IDRD
contra las Resoluciones No. 202 del 4 de junio y 358 del 31 de agosto de 1998
proferidas por la CNSC éstas recobran vida jurídica y retrotraen sus efectos al 31
de agosto de 1998.
iii) Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en reiterados pronunciamientos del
Consejo de Estado8 respecto de los efectos ex tunc de las sentencias de nulidad en
materia de reintegros a cargos públicos en los cuales se ha señalado la obligación
que le asiste a la respectiva entidad de reconocer al funcionario la indemnización
correspondiente por la cesación de pagos, el daño sufrido y los perjuicios irrogados
por el acto ilegal.9
1.5.2. De la entidad demandada —IDRD—
8 Cita la sentencia del 8 de agosto de 2003, consejero ponente: Tarsicio Cáceres Toro. [Sin datos
adicionales] y la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado del 29 de
enero de 2008, expediente 2000-2046, consejero ponente: Jesús María Lemos Bustamante,
reiterada en la sentencia de esa corporación, Sección Segunda, Subsección B del 25 de octubre de
2012 [esta última sin datos adicionales]
9 Folios 282 a 284 del cuaderno principal
11
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
El apoderado del extremo pasivo, en el escrito de apelación, expresó los siguientes
argumentos:
i) En la sentencia del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2015 que declaró la
prosperidad del recurso extraordinario de revisión, no hubo ningún pronunciamiento
en el sentido de reconocer u ordenar el pago de suma alguna a título de
indemnización por concepto de salarios y prestaciones ni se aprecia que los
demandados hayan elevado alguna solicitud tendiente a lograr ese reconocimiento
a través de una demanda de reconvención o aclaración del fallo.
ii) De la lectura taxativa de las Resoluciones 202 del 4 de junio de 1998 confirmada
mediante la Resolución No. 358 del 31 de agosto de 1998, se advierte que éstas no
ordenaban el pago de salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales
dado que la orden expresa era la de incorporar al demandante y, por ende, no
podían asimilarse a una sentencia judicial de reintegro.
iii) Las pretensiones de la demanda se traducen en un cobro de lo no debido y la
sentencia del Tribunal ordenó un pago con esa característica, dado que el IDRD dio
estricto cumplimiento al fallo del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2015 que en
modo alguno ordenó el pago de salarios, prestaciones u obligaciones dinerarias a
favor del demandante, las cuales, además, no fueron reclamadas por el interesado
en las diferentes etapas procesales, a pesar de su participación activa en el proceso
que dio origen a la sentencia referida.
iv) En varias oportunidades el Consejo de Estado, al realizar el análisis de los actos
administrativos que ordenan el reintegro ha señalado que este no conlleva
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
automáticamente el pago de alguna acreencia,10 y en ese sentido, el demandante
contaba con el escenario propicio para solicitarlo, como lo era el recurso
extraordinario de revisión.11
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2.- Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El presente asunto se contrae a establecer si el demandante tiene derecho al
reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir con motivo de una
orden de reincorporación a un cargo público que es posteriormente suspendida
provisionalmente y anulada por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y que
recobra efectos jurídicos en virtud de una decisión emitida en virtud de un recurso
extraordinario de revisión.
2.2. Marco Normativo y conceptual
2.2.1. Del decaimiento de los actos administrativos por falta de los
10 Cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 30 de mayo de
2019, radicado: 68001-23-33-000-2015-01293-01 (4174-17), actor: Oscar Ferney González
Martínez, magistrada ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11 Folios 286 a 291 del cuaderno principal
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
fundamentos de hecho o de derecho.12
De conformidad el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el decaimiento de los actos administrativos conlleva la
pérdida de su fuerza ejecutoria. Así, esa pérdida de fuerza ejecutoria puede darse
como consecuencia de la desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho
del acto administrativo. Dicho precepto dispone lo siguiente:
Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma
expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras
no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes
casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado
los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
El decaimiento del acto supone que el acto no podrá surtir efectos hacia el futuro,
desde el momento en que desaparecen sus fundamentos de derecho. No obstante,
ello no impide que pueda adelantarse el estudio de legalidad respectivo, pues el
juicio de nulidad del acto es diferente al de la ejecutoriedad del acto.
De acuerdo con la citada norma, la pérdida de fuerza ejecutoria del acto
12 Tomado de la sentencia del 12 de noviembre de 2020, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, radicación: 63001-23-33-000-2014-00244-01 (2991-2016), demandante: María
Aracelly Agudelo álzate, consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas y sentencia del 4 de
agosto de 2022, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación: 25000-23-42-000-
2016-00076-01 (6193-2019), demandante: Leonardo Alfonso Morales Hernández, consejero
ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
administrativo ocurre cuando, después de su expedición, sobreviene la ausencia de
obligatoriedad de ejecución por alguna de las causales allí señaladas, entre ellas,
por la desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho.
Al respecto, esta Sección indicó13 que la jurisprudencia y la doctrina, han
desarrollado la institución del «decaimiento del acto administrativo», haciéndola
consistir en una «extinción», del acto acusado, que tiene ocurrencia cuando se
presentan circunstancias que comportan la desaparición de los fundamentos
jurídicos del respectivo acto administrativo».14
A su turno, la Corte Constitucional, ha expresado que «[…] en nuestro derecho
administrativo, la ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede
suspenderse o impedirse por tres vías: i) judicial, cuando el órgano judicial
competente suspende provisionalmente o anula el acto administrativo por
irregularidades de tal magnitud que lo invalida. Su fundamento es, claramente, la
ilegalidad o inconstitucionalidad de la medida administrativa, pues nunca puede ser
apoyado en razones de conveniencia. ii) administrativa, mediante la revocatoria
directa de la decisión administrativa. En esta situación, la autoridad que expidió el
acto o su superior jerárquico lo deja sin efectos mediante un acto posterior
plenamente motivado y con base en las tres causales consagradas en el artículo 69
del Código Contencioso Administrativo, dentro de las cuales se encuentra la
manifiesta oposición a la Constitución o la ley. iii) automática, cuando se
13 Sección segunda, Subsección B. Sentencia de 15 de noviembre de 2007, consejera ponente
Bertha Lucía Ramírez de Páez, radicado 76001-23-31-000-2004-03804-01 (0264-2007).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 1 de
agosto de 1991, Rad. 949, consejero ponente Miguel González Rodríguez «i) por la derogatoria o
modificación de la norma legal en la que se fundó el acto, ii) por la declaratoria de inexequibilidad de
la norma que le sirve de fundamento; iii) por la declaratoria de nulidad del acto administrativo de
carácter general en que se basa la decisión administrativa de contenido particular o individual».
15
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, tal
es el caso del decaimiento del acto administrativo o desaparición de sus
fundamentos de hecho o de derecho».15 (Negritas de la Sala).
Ahora, la pérdida de ejecutoria opera automáticamente y hacia el futuro; no se
requiere declaración judicial; basta el desaparecimiento de las circunstancias de
hecho o los presupuestos de derecho en que se basaron los actos administrativos,
y que se requerían para su existencia para que dejen de surtir efectos. Al respecto,
la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:
«[…] en relación con la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por
desaparición de los fundamentos de derecho que lo sustentaban, la jurisprudencia16
y la doctrina especializada17 han dicho reiteradamente que opera ipso iure, esto es,
que no requiere ser declarada ni en sede administrativa ni mucho menos en sede
judicial, pues, incluso, no puede solicitarse al juez contencioso administrativo porque
no existe una acción autónoma que lo permita (recuérdese que el decaimiento del
acto administrativo no constituye causal de nulidad del mismo18). Su análisis puede
hacerse en la vía judicial, de manera excepcional, cuando, por ejemplo, para evitar
la ejecución forzosa se interpone la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria»19.
2.3. Hechos probados
15 Sentencia T-159 de 2009
16 Al respecto: Sentencias del 8 de mayo de 2008, expediente 00487-01. C.P. Camilo Arciniegas, del
3 de agosto de 2000, expediente 5722, C.P. Olga Inés Navarrete y 22 de noviembre de 2007,
expediente 7430-05 Jaime Moreno García.
17 Pueden consultarse, entre otros, Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Parte
Especial. 1ª edición colombiana 1998. Editorial Biblioteca Jurídica Dike.1998; Bielsa, Rafael.
Derecho Administrativo. Tomo II. Sexta Edición. Editorial La ley. Buenos Aires. 1980.
18 En este sentido, pueden consultarse las sentencias del 30 de enero de 2004, expediente 7397,
C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y del 5 de julio de 2006, expediente 21051, C.P. Ruth Stella
Correa Palacio.
19 T-152 de 2009
16
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Demandante: Hernán Rojas Aldana
i) El 22 de septiembre de 1993, con fundamento en la Resolución 918 del 26
de septiembre de 1996 el accionante ingresó a laborar al IDRD en período de
prueba en el cargo de operario calificado, código 5300, grado 13. El 11 de diciembre
de 1997 se produjo su desvinculación por supresión del cargo.20
ii) El 4 de junio de 1998, la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante
CNSC, expidió la Resolución No. 202 mediante la cual resolvió algunas
reclamaciones relacionadas con la incorporación de funcionarios al IDRD, con
motivo de la liquidación de la Junta Administradora Seccional de Deportes de
Santafé de Bogotá y ordenó a la entidad la incorporación a su planta de personal,
en cargos iguales, equivalentes o superiores a las personas que los desempeñaban
al momento de producirse la desvinculación, siempre y cuando cumplieran con los
requisitos para ocupar el cargo, entre otros, al señor Hernán Rojas Aldana, en un
término de no mayor de diez días contados a partir de la ejecutoria de esa decisión.
Igualmente, dispuso que quienes hayan recibido la indemnización por concepto de
su desvinculación, deberían reintegrarla dentro de un programa de pagos
establecidos por el IDRD, quien giraría estos recursos al Instituto Colombiano del
Deporte, Coldeportes. Se anotó, que en el desarrollo del programa de pagos
correspondía ceñirse a las disposiciones legales. 21
iii) El 2 de julio de 1998,22 la Junta Administradora Seccional de Deportes de
Santafé de Bogotá D.C.23 hoy IDRD ordenó el pago de la indemnización al señor
20 Folio 49, 53 y 66 del cuaderno de antecedentes
21 Folios 23 a 32 del cuaderno principal.
22 Folios 66v y 67 del cuaderno de antecedentes. [El número de la resolución es ilegible].
23 Por Acuerdo No. 017 del 26 de septiembre de 1996 el Consejo de Bogotá incorporó la Junta
Administradora Seccional de Deportes de Santafé de Bogotá D.C. al IDRD, según consta en el
documento visible al folio 66.
17
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Demandante: Hernán Rojas Aldana
Hernán Rojas Aldana en su condición de empleado de carrera administrativa y por
no haber sido incorporado en la nueva planta de personal.24
iv) El 31 de agosto de 1998, mediante la Resolución No, 358 se resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.
202 del 4 de junio de 1998.25
v) El 4 de marzo de 1999, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, suspendió provisionalmente las Resoluciones No. 202 del 4 de junio y 358 del 31
de agosto de 1998. 26
vi) El 21 de junio de 2001, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado decidió: a) levantar la suspensión provisional de las Resoluciones No. 202
del 4 de junio de 1998 y 358 del 31 de agosto de 1998 expedidas por la Comisión
Nacional del Servicio Civil y b) declarar la nulidad de los artículos 1º y 2º de la
Resolución No. 202 del 4 de junio de 1998 y del artículo 1º de la Resolución No. 358
del 31 de agosto de 1998 en cuanto confirmó los artículos 1º y 2º de la Resolución
No. 202 de 1998, ambas expedidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 27
vii) El 3 de marzo de 2015, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 7, declaró la prosperidad del recurso
extraordinario de revisión y negó las pretensiones de la demanda interpuesta contra
24 El valor de la indemnización fue por la suma de $1.527.806.
25 Folios 33 a 36 ibidem
26 Folio 63 ibidem
27 Folios 40 a 64 ibidem. Radicación: 11001-03-25-000-1998-0392-00, actor: Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, demandado: Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública,
Comisión Nacional del Servicio Civil, controversia: orden de incorporación y de devolución de
indemnizaciones, consejero ponente: Tarsicio Cáceres Toro.
18
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Demandante: Hernán Rojas Aldana
las Resoluciones 202 del 4 de junio de 1998 y 358 del 31 de agosto de 1998
expedidas por la CNSC. 28
viii) El 25 de abril de 2016, en cumplimiento de la orden judicial, el IDRD expidió
la Resolución No. 002 que creó la planta transitoria de empleos públicos con el fin
de dar cumplimiento al fallo judicial dictado por el Consejo de Estado del 3 de marzo
de 2015. 29
ix) El 10 de junio de 2016, El IDRD expidió la Resolución No. 392 que estableció
el manual de funciones y requisitos.30
x) El 21 de julio de 2016, el IDRD con la expedición de la Resolución 567
incorporó al demandante a la planta transitoria en el cargo de operario calificado,
código 5300, grado 13, en el Área de Servicios Generales de la Subdirección
Administrativa y Financiera de la entidad, cargo del cual tomó posesión el 1 de
agosto de 2016.31
xi) El 13 de diciembre de 2016, el demandante comoquiera que fue
reincorporado al cargo sin el pago de los salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir desde el 1º de septiembre de 1998 hasta el 31 de
julio de 2016, formuló reclamación en aras de lograr el reconocimiento de esos
conceptos a título de retroactivo.32
28 Folios 65 a 78 ibidem. Radicación: 11001-03-15-000-2002-00485-01, actor: Instituto Distrital para
la Recreación y el Deporte, demandado: Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública,
consejera ponente: Stella Conto Díaz del Castillo. Con aclaración de voto de la consejera: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
29 Folios 81 a 84 ibidem
30 Folios 85 a 87 ibidem
31 Folios 88 a 93 ibidem
32 Folios 94 a 97 ibidem
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Demandante: Hernán Rojas Aldana
xii) El 20 de diciembre de 2016, la entidad demandada expidió el oficio
20163100187041 mediante el cual desestimó la solicitud, decisión que es la que se
impugna a través de este medio de control.33
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Advierte la Sala que las decisiones del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en primer lugar, del 4 de marzo de 1999, que suspendió
provisionalmente las Resoluciones Nos. 202 del 4 de junio y 358 del 31 de agosto
de 1998 proferidas por la CNSC y, en segundo lugar, del 21 de junio de 2001 que
las declaró nulas, implicaron por efecto, la pérdida de obligatoriedad de la medida
de incorporación que se había dispuesto en los citados actos administrativos.
Por consiguiente, el pago de los salarios, prestaciones y demás derechos laborales
que se reclaman en el sub-lite, habida cuenta de que las Resoluciones No. 202 del
4 de junio y 358 del 31 de agosto de 1998 proferidas por la CNS que ordenó la
incorporación fueron declarados ajustados a la legalidad mediante decisión emitida
en virtud del recurso extraordinario de revisión del 3 de marzo de 2015, únicamente
tienen vocación de prosperidad durante los lapsos en los que los citados actos
administrativos contentivos de esta orden estuvieron vigentes o recobraron su
vigencia.
En ese sentido, le asiste razón a la primera instancia al señalar que el demandante
tiene derecho a que le sean reconocidos y pagados, debidamente ajustados, los
salarios y las acreencias laborales causadas por los siguientes períodos:
33 Folio 98 ibidem
20
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
a) Desde el 1 de septiembre de 1998: esa fecha corresponde al día siguiente a la
expedición de la Resolución 358 del 31 de agosto de 1998 que confirmó la
Resolución No. 202 del 4 de junio de 1998 mediante la cual se dispuso la
incorporación del demandante al IDRD.
b) Hasta el 11 de marzo de 1999: el auto del Consejo de Estado que dispuso la
suspensión provisional de los actos administrativos anteriores fue expedido el 4 de
marzo de 1999. La notificación por estado se realizaba para la época pasado un día
(8 de marzo de 1999) y cumplidos tres días se presentaba la ejecutoria, (9, 10 y 11
de marzo de 1999), en los términos de los artículos 321 y 331 del CPC vigentes
para la época.
c) Del 24 de junio de 2015: La sentencia del Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión No 7 que declaró la prosperidad del recurso extraordinario de revisión,
infirmó la decisión recurrida del 21 de junio de 2001 y denegó las pretensiones de
la demanda fue proferida el 3 de marzo de 2015. Se notificó por edicto del 16 de
junio de 2015 (fl 79) que permaneció fijado por los días 16, 17 y 18 de junio de 2015
y los tres días de ejecutoria corrieron los días 19, 22 y 23 de junio de 2015 conforme
al artículo 331 del CPC.
d) Hasta el 31 de julio de 2016: Teniendo en cuenta que el señor Hernán Rojas
Aldana fue incorporado en el cargo de operario calificado, código 5300, grado 13 en
el Área de Servicios Generales de la Subdirección Administrativa y Financiera del
IDRD el 1º de agosto de 2016.
La parte demandante sostiene que el derecho al pago de los salarios, las
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
prestaciones sociales y demás derechos laborales, debió ordenarse desde el 1º de
septiembre de 1998 comoquiera que la decisión del Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión No. 7 del 3 de marzo de 2015, implicó retrotraer en sus efectos
jurídicos las Resoluciones No. 202 del 4 de junio y 358 del 31 de agosto de 1998
proferidas por la CNSC que ordenaron la incorporación.
Ese argumento no tiene vocación de prosperidad por cuanto si bien es cierto la
decisión del Consejo de Estado implicó que los citados actos administrativos
recobraran su legalidad, no puede desconocerse que no fueron obligatorios para la
administración desde el momento en que se produjo la suspensión provisional y
hasta cuando estuvo vigente la sentencia que los anuló, toda vez que el
cumplimiento de esas órdenes judiciales se tradujo en la pérdida de fuerza
ejecutoria de la medida de incorporación y, por ende, como durante los períodos
anotados no era obligatoria, el pago de los salarios, prestaciones y demás derechos
laborales tampoco podía constituirse en un imperativo para el IDRD.
No es dable señalar que, respecto de la sentencia del Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión No. 7 del 3 de marzo de 2015, debía aplicarse el efecto
retroactivo al 1º de septiembre de 1998 por cuanto la denegatoria de las
pretensiones de la demanda que se adoptó en esa decisión, no implica conferir
dicho efecto sino reconocer que desde su expedición estuvieron ajustados a
derecho.
En ese sentido, como transcurrieron espacios de tiempo en los que los actos
administrativos de incorporación no fueron obligatorios, la circunstancia de haber
recobrado su legalidad no implica el surgimiento para el IDRD del deber de pagar
los salarios prestaciones y demás derechos laborales por cuanto la inejecución o
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
pérdida de fuerza ejecutoria de esas decisiones derivada de la orden judicial es un
efecto que estatuye imperativamente el legislador en el numeral 1º del artículo 66
CCA vigente para la época en que expidieron los actos administrativos y se instauró
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
En síntesis, el legislador no estatuye para la administración el deber de reconocer
derechos como son los pretendidos por el demandante cuando quiera que los actos
administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo recobren su legalidad a través del recurso extraordinario de revisión,
como sucedió en el sub-lite, por cuanto la falta de obligatoriedad por pérdida de
fuerza ejecutoria es una consecuencia o imperativo legal y no puede atribuirse a
una actuación atribuible para el caso al IDRD.
2.5 De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,34
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-
000022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, consejero ponente: William
Hernández Gómez
23
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02877-01 (2776-2021)
Demandante: Hernán Rojas Aldana
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala concluye debe confirmarse la sentencia de primera instancia del
21 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
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Demandante: Hernán Rojas Aldana
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 21 de mayo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por Hernán Rojas Aldana.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las respectivas
anotaciones en el portal Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente35
MECG
35 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
25
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