Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2017-00053-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
8 de agosto de 2024
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00053-01 (2935-2020)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00053-01 (2935-2020)
Demandante: Carlos Euclides Vital Morales
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Tema: Pensión de Invalidez de miembro del Ejército Nacional. No se
demostró el porcentaje mínimo exigido del 50% por lesiones o
afecciones médicas ocurridas o contraídas en servicio activo.
Reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad
laboral. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020) por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor CARLOS EUCLIDES VITAL MORALES instauró demanda en contra de
la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto administrativo presunto, respecto de la petición
de reconocimiento y pago de la pensión por sanidad y el reajuste de la
indemnización, frente al cual la demandada guardó silencio.
Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada a
pagar la pensión de sanidad o invalidez, en cuantía del 50% mensual de lo
equivalente al salario que devengaba un cabo tercero, a partir del momento de
su retiro.
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Que subsidiariamente, se dé aplicación como principio de favorabilidad a la Ley
100 de 1993, artículo 40, literal a.
Que se reconozca el reajuste de la indemnización que legalmente le corresponda,
conforme a los parámetros de incapacidad psicofísica determinada por el
ordenamiento jurídico.
Que se ordene pagar la indexación y la actualización respectiva, aplicando los
ajustes del IPC.
Que se reconozca y pague al demandante, el equivalente a 100 SMLMV como
reparación de los perjuicios causados.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios al Ejército Nacional siendo retirado del servicio activo
en condiciones de discapacidad médico laboral, contando en la actualidad con
una disminución del 59.95% según el informe o documento técnico realizado por
el Dr. Enrique Ayala Pérez.
Que las lesiones que dieron origen a la discapacidad son graves, al punto de
mantenerlo al margen del desempeño de cualquier actividad laboral en el sector
privado y que, sin duda, tuvieron origen durante su permanencia en la entidad
demandada.
Que no obstante las afecciones de salud, el demandante no ha recibido de la
demandada, con regularidad el tratamiento y la asistencia médica adecuada, lo
que seguramente ha permitido el grave decaimiento de sus condiciones de salud
al punto de padecer en la actualidad un alto grado de discapacidad laboral, lo que
considera, lo hace acreedor al acceso de la pensión de sanidad o invalidez.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53,
228, 229 y 230 de la Constitución Política; 2 y 3 del CPACA, 9 del Código
Sustantivo del Trabajo; Decreto 94 de 1989, 15, 37, 44 y 45 del Decreto 1496 de
2000; 40 de la Ley 100 de 1993; 3 numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004; 2 del
Decreto 1157 de 2014 y 32 del Decreto 4433 de 2004.
En el Concepto de la Violación se señaló que, el demandante cuando ingresó
al Ejército Nacional, se encontraba en óptimas condiciones de salud y que la
alteración grave de ésta la sufrió hallándose activo en ese organismo, lo que le
ha originado una incapacidad absoluta y permanente para el desempeño de
actividades remunerativas y que, se agrega a ello, el síndrome del complejo de
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inferioridad suscitado por la frustración ante la búsqueda de trabajo y el impacto
sobreviniente para su normal desenvolvimiento en las actividades de su vida
social.
Que no es justo ni equitativo que si se ingresa a prestar un servicio a la Patria en
la plenitud de sus facultades, retorne a la vida particular en lamentables
condiciones de salud y sin la condigna prestación social que legalmente le
corresponde.
Que en el acta de la Junta Médico Laboral realizada, no fueron consignadas
plenamente las lesiones que padece y que progresivamente han deteriorado de
manera ostensible su estado de salud; que prueba de ello es que se le declaró
no apto para el servicio.
Que el Decreto 94 de 1989 fue transgredido por cuanto no se le dio cabal
aplicación de acuerdo con la disminución de la capacidad psicofísica por él
sufrida.
Que los Decretos 1793, 1794 y 1796 de 2000 exigen como presupuesto para
optar a la pensión de invalidez, una incapacidad mínima del 75% con marcada
desfavorabilidad frente a los presupuestos requeridos en la norma general y
ordinaria de la Ley 100 de 1993.
Que es de elemental entendimiento, según el espíritu del legislador que las
normas especiales adoptadas en el ámbito castrense fueron concebidas para
favorecer a su personal, dada la especial naturaleza y vulnerabilidad a que están
expuestos de acuerdo con las peligrosas funciones que desarrollan, lo que quiere
decir que han de ser mucho más laxas y favorables que las consagradas en las
normas ordinarias.
Expuso, que en estos casos se impone dar aplicación a los precedentes
jurisprudenciales cuando por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren
proferido en cinco o más casos análogos.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se admitió mediante auto del 4 de septiembre de 2017, notificada a
la parte demandada, dentro del término establecido para contestarla guardó
silencio.
En audiencia inicial celebrada el 28 de mayo de 2018, el magistrado sustanciador
señaló que no había excepciones por resolver. Se fijó el litigio, se declaró
fracasada la etapa de conciliación y se efectuó el decreto de pruebas.
En la audiencia de pruebas celebrada el 6 de agosto de 2018, compareció el
médico Enrique Ayala Pérez para exponer las razones y conclusiones de su
dictamen, la información que dio lugar al mismo y el origen de su conocimiento;
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y en audiencia celebrada el 23 de abril de 2019, fueron incorporados al
expediente los elementos allegados dentro de la etapa probatoria y se corrió
traslado por 10 días, para que las partes presentaran los alegatos de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la sentencia del 12 de febrero
de 2020, negó las pretensiones afirmando que la diferencia entre la evaluación
efectuada por la Junta Médico Laboral en el acta No. 3086 que reportó una
pérdida de capacidad laboral del 43.84% y la realizada por el médico cirujano al
interior del proceso que arrojó un 59.95% de disminución laboral, corresponde al
número de patologías evaluadas entre uno y otro caso.
Que la Junta Médica soportó el grado de incapacidad del actor, en las patologías
de i) cicatrices varias amplias, ii) afección con alteración rodilla y iii) acortamiento
miembro inferior derecho; entre tanto, el dictamen pericial encontró que, además
de las anteriores, padece de: iv) depresión reactiva analogía, v) hipoacusia y vi)
acufenos. Circunstancias que le generan un aumento del porcentaje de
incapacidad laboral inicialmente dictaminado del 16.11%.
Consideró que el dictamen debe ser valorado, en tanto, además del escrito
contentivo de la pericia realizada por el profesional de la salud, se allegó escrito
con la finalidad de dar claridad, precisión, detallar la metodología aplicada y
sustentarlo y que, además, se allegaron los informes realizados por los
especialistas en otorrinolaringología y psicología los cuales sirvieron de soporte
para las conclusiones del dictamen.
Que, se encuentra debidamente probado con el dictamen pericial que el
demandante posee actualmente una disminución de capacidad laboral del
16.11% al padecer 3 patologías como son: depresión reactiva analogía 7.17%;
acufeno O Izq. 5.78% e hipoacusia O Izq. 4.94. No obstante, frente a las
patologías restantes, esto es, "cicatrices varias, amplias en el miembro inferior
derecho, afección con alteración rodilla y acortamiento miembro inferior derecho”,
no ocurre lo mismo.
Que, mal podría aceptarse el argumento del perito según el cual, las tres
patologías calificadas por la junta no están en discusión, en tanto, si bien es
cierto, la calificación de la junta médica no está en disputa, en lo que de sí no hay
certeza, es en el estado actual de dichas patologías.
Que aun cuando el perito manifestó que los porcentajes establecidos por la Junta
Médico Laboral coincidieron con igual índice de imputabilidad de origen y
porcentaje a la calificación realizada por él, no allegó al expediente soporte
alguno para respaldar su dicho, pues simplemente se limitó a manifestar que no
había controversia al ser permanentes e irreversibles, pero no remitió, ningún
examen o informe de algún especialista que corroborara su conclusión.
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Con base en lo anterior, señaló que no es posible tener en cuenta los porcentajes
de disminución de capacidad laboral correspondientes a las patologías que se
denominaron: "cicatrices varias, amplias en el miembro inferior derecho, afección
con alteración rodilla y acortamiento miembro inferior derecho”; para el
reconocimiento de la pensión de invalidez pretendida, al no resultar lógico que
una lesión después de un tiempo prolongado, como son 19 años, no sufra
ninguna variación, o si por el contrario tales porcentuales de las patologías
resultan ser inamovibles, como lo pretende hacer ver el médico perito, y que, por
esa razón no se accede a la pretensión del reconocimiento de la pensión de
invalidez.
Con respecto a la pretensión subsidiaria de reconocimiento de la pensión de
invalidez, en aplicación del principio de favorabilidad de la Ley 100 de 1993,
consideró, que no es posible aplicar esas disposiciones, en primer lugar, porque
al comparar la norma especial aplicable al actor, esto es, el numeral 3.5 del
artículo 3 de la Ley 923 de 2004, y el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1157
de 2014 con el Régimen General en Pensiones, no se observa que esta última
sea más favorable a su caso, pues, en ambas disposiciones se prevé un
porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral del 50% a efectos de acceder
al derecho a la pensión de invalidez y en segundo lugar, porque, la parte actora
no acreditó que actualmente sufriera una disminución de capacidad laboral
mínima del 50%, requisito indispensable para el reconocimiento de esa pensión.
En cuanto al reajuste de la indemnización, señaló que por las mismas razones
no hay lugar a accederse.
Por último, condenó en costas a la parte demandante.
EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación, expresando que el
demandante obtuvo de su evaluación médica pericial realizada por el médico
Enrique Ayala Pérez, una discapacidad del 59.95% que supera ampliamente el
50% exigido por el artículo 3º, numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004, por el artículo
2 del Decreto 1157 de 2014 y por el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004, que le
daría derecho a la pensión de sanidad. Que ese medio de prueba es plenamente
eficaz y según el artículo 218 y ss. del CPACA en concordancia con el artículo
226 del CGP y que cumple con todas las normas objetivas y los criterios
legalmente establecidos para el acceso a dicha prestación periódica.
Tras un paralelo del dictamen de la Junta Médico Laboral de Sanidad del 3 de
septiembre de 1997, con el del médico Enrique Ayala Pérez realizado el 24 de
febrero de 2016, concluyó que la diferencia radica en la evaluación de 3
patologías que incrementaron el quantum incapacitante arrojado por la Junta
Médico Laboral Militar al 59.95%, en un 16.11%.
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Que fue imprecisa la afirmación de la primera instancia, al considerar que el
diagnóstico emitido por el perito, no estuvo amparado por ningún soporte médico
científico, que ello no habría podido ocurrir, en razón a que sin la posesión de
tales documentos, su intervención no habría sido de tal altura, además de
inferirse que no podría quedar al margen de tal responsabilidad ajeno a aquellos
elementos o soportes médicos científicos o paraclínicos sobre los que basó el
estudio y análisis del dictamen pericial y que en el proceso no aparece probada
dicha falencia como tampoco censura contra el perito.
Que, en este caso, sí resultó plenamente probado y demostrado que el episodio
sufrido por el demandante, le trajo como consecuencia una discapacidad laboral
del 59.95%.
Que la sentencia recurrida, pese a resaltar la excelsa y alta experiencia del perito
y reconocer haber soportado el peritazgo en la medicina, sentó un inexplicable
contrasentido, al negar las pretensiones, con fundamento en simples
subjetividades en oposición con el principio de que una cosa no puede ser y no
ser al mismo tiempo, además contra el título de imputabilidad, pruebas aportadas
y las pretensiones de la demanda, que habrían de sugerir conforme a la ley, su
aceptación y acogimiento por ajustarse a los hechos y al derecho.
Que, cuando en el proceso judicial concurra un dictamen administrativo y otro
pericial, este último desplaza al primero por su especial prevalencia y dada la
entidad de la prueba, en razón de que mientras que el dictamen pericial está
revestido por los principios de publicidad y contradicción que garantiza
plenamente el debate de las partes, el concepto médico laboral administrativo
carece absolutamente de esos elementos.
Insistió en el reajuste de la indemnización solicitada, como consecuencia de la
pensión que se reconozca, al considerar que es compatible con la pensión de
sanidad.
Hizo referencia a que la prescripción debe ser la cuatrienal, por lo que solicitó
que verse y se acomode al término previsto en la ley especial que rige para esa
parte del sector público.
Consideró que se vulnera el principio de equidad, al observarse una manifiesta
incongruencia con lo verdaderamente probado; una vía de hecho, al no estar en
consonancia la decisión impugnada con las pretensiones y los hechos probados;
del principio iura novit curia, que ha debido aplicarse en primera instancia, en el
sentido de tener en cuenta los medios probatorios aportados que le indicaban
otro camino más ajustado a derecho; que se pretermitió el principio de
congruencia y de legalidad, ya que la decisión no se acomodó plenamente ni a
las pruebas ni a las pretensiones; el derecho a la igualdad, al no tener en cuenta
precedentes judiciales y el principio pro homine, por considerar que se
desconocieron normas de amplia favorabilidad sustancial.
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Por auto del seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020), se admitió el recurso
y posteriormente a través del auto del veintiséis (26) de febrero de dos mil
veintiuno (2021) de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011, se dio
traslado por el término de 10 días para la presentación de los alegatos de
conclusión y se corrió el mismo término para el Ministerio Público.
Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio en desarrollo de
esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Conforme con el recurso de apelación, la Sala deberá determinar si al señor
Carlos Euclides Vital Morales le asiste derecho al reconocimiento y pago de una
pensión de invalidez por pérdida de capacidad laboral durante la prestación de
su servicio militar obligatorio y si tiene derecho al reajuste de la indemnización
por la pérdida de capacidad laboral.
Marco normativo y jurisprudencial
Pensión de invalidez en el régimen especial de la Fuerza Pública
El Decreto 94 de 1989, reguló la pensión de invalidez, de las Fuerzas Militares,
la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, en relación con los soldados y
grumetes, previó:
«Artículo 90. PENSION DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE SOLDADOS
Y GRUMETES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el
personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una
incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al
75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la
incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y
liquidada así:
a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando
el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad
sicofísica del 75% y no alcance al 95%.
b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente,
cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la
capacidad sicofísica igual o superior al 95%.».
El Decreto 1796 de 2000, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la
pensión de invalidez a favor de los soldados de la Fuerza Pública, preceptuó́ :
«[...] ARTICULO 39. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL
PERSONAL VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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MILITAR OBLIGATORIO Y PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES.
Cuando el personal de que trata el presente artículo adquiera una
incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al
75% de su capacidad laboral, tendrá derecho mientras subsista la
incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada
como a continuación se señala:
a. El setenta y cinco por ciento (75%), del salario que se señala en el
parágrafo primero del presente artículo, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y
no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) del salario que se señala en el
parágrafo primero del presente artículo, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y
no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%), del salario que se señala en el
parágrafo primero del presente artículo, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
PARÁGRAFO 1. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado
para la prestación del servicio militar obligatorio será el sueldo básico de un
cabo tercero o su equivalente en la Policía Nacional.
PARÁGRAFO 2. Para los soldados profesionales, la base de liquidación
será igual a la base de cotización establecida en el Régimen de Carrera y
Estatuto del Personal de Soldados Profesionales.
PARÁGRAFO 3. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral
no sea igual o superior al 75% no se generará derecho a pensión de
invalidez. [...]».
La Ley 923 de 2004 previó en su artículo 3° los elementos mínimos que tendría
que considerar el Gobierno Nacional cuando reglamentara la materia,
estableciendo lo siguiente respecto de la pensión de invalidez:
«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública,
que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
(…)
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto,
será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la
capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los
Organismos Médico -Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes
especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de
acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad
laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para
acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al
cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso
será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables
para la asignación de retiro. […]». (Resaltado intencional).
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Los términos definidos en esta Ley y, por consiguiente, en su respectiva
reglamentación serían aplicables únicamente a hechos ocurridos en misión del
servicio o en simple actividad a partir del 7 de agosto de 2002, pues así lo ordenó
su artículo 6°, declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-
924 de 2005, providencia en la cual se estudió una acción pública de
inconstitucionalidad propuesta con fundamento en la vulneración del derecho a
la igualdad, es decir, que determinó efectos retroactivos para la aplicación de la
ley.
Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la Ley 923 del 2004, se
expidió el Decreto Reglamentario 4433 de sobre el reconocimiento y liquidación
de la pensión de invalidez, estableció:
«ARTÍCULO 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez. Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, al personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía
Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras
subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por
la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de
conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con
fundamento en las partidas computables que correspondan según lo
previsto en el presente decreto:
(…)»
No obstante, en sentencia del 28 de febrero de 2013, dentro del proceso radicado
11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238–2007), proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado se declaró la nulidad de la expresión «igual o
superior al setenta y cinco por ciento (75%)» contenida en el artículo 30 del Decreto
4433 de 2004 pues, con base en lo regulado en el numeral 3.5 del artículo 3.° de
la Ley 923 de 2004, se concluyó que el Gobierno Nacional había excedido la
competencia que le fue otorgada para regular la materia al fijar un parámetro
distinto del 50%. Sobre el particular, sostuvo en esencia la Corporación:
«[…] Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho
al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu,
cuando tal disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge el
derecho a la obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera que si
esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser variada sino por la propia
ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal virtud, no
puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de los dispuesto
en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos
superiores a los establecidos por esa ley. De la confrontación entre lo
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dispuesto por el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004, y el contenido
del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, surge que mientras aquél
establece que no se tiene el derecho a la pensión de invalidez o al sueldo
de retiro correspondiente cuando la disminución de la capacidad laboral sea
inferior al 50%, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al señalar que se
tiene derecho al reconocimiento y liquidación de esa prestación social
cuando la incapacidad laboral de los servidores públicos allí mencionados
sea igual o superior al 75% cuando ella ocurra en servicio activo, en realidad
lo que establece es que cuando sea inferior a ese porcentaje del 75%, no
existe el derecho. Es decir mediante ese Decreto que dice desarrollar lo
dispuesto en la Ley Marco 923 de 2004, se está creando una norma distinta
a la que estableció el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley mencionada, norma
que, además excluye del derecho a quienes deberían ser beneficiarios del
mismo […]».
Posteriormente, en fallo del 23 de octubre de 2014, en el proceso con radicado
11001-03-25-000-2007-00077-01(1551-07), esta Sección precisó el alcance de
aquella sentencia y declaró la nulidad de todo el articulado al considerar que:
«[…] Como surge del análisis conjunto de la totalidad del contenido
normativo del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, los numerales 30.1, 30.2
y 30.3 de esta disposición tienen como punto de referencia necesario que
exista una incapacidad laboral “igual o superior al setenta y cinco por ciento
75%”, ocurrida en servicio activo a los miembros de la Fuerza Pública, esos
tres numerales del artículo citado parten de la base de la existencia de tal
incapacidad para ordenar entonces como será liquidada, pues no se tendría
ningún derecho si esa incapacidad laboral fuese inferior al 75%, lo que
significa que tal liquidación con los porcentajes que allí se señalan, carece
entonces de fundamento, debido a que la disminución de la capacidad
laboral en un porcentaje igual o superior al 75% que le servía de base
desapareció del Ordenamiento Jurídico. Igual ocurre con la base de
liquidación de la pensión de invalidez del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio y la del personal de soldados
profesionales a que se refieren los parágrafos 1° y 2° del artículo 30 del
Decreto 4433 de 2004, pues estas también parten del supuesto de la
existencia de una incapacidad laboral igual o superior al 75% que exige el
artículo en mención, exigencia esta cuya nulidad ya se declaró por esta
Corporación; y, por la misma razón, resulta también afectada de invalidez la
disposición contenida en el parágrafo tercero de la norma que se analiza por
cuanto ella se refiere a un aumento en un 25% del monto de la pensión de
invalidez que habría de ser liquidada, cuando se cumpla el requisito de la
existencia de una disminución de la capacidad laboral igual o superior al
75% que afecte a un integrante de la Fuerza Pública y que hubiere ocurrido
en servicio activo, lo que sirve de base al descuento de ese porcentaje
adicional del 25% para efectos de la sustitución pensional que se ordenan
en el aludido parágrafo 3° de la norma acusada […]».
Ante la ausencia de reglamentación en la materia que resultó de estos
pronunciamientos, el Gobierno Nacional, en uso de las facultades conferidas por
la Ley 923 de 2004, expidió el Decreto 1157 de 2014. El artículo 2° de esta
normativa consagró lo relativo al reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez en los siguientes términos:
«[...] Artículo 2. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez.
Cuando mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico Laboral
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de Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos médico
laborales militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía
Nacional, una disminución de la capacidad laboral igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a
partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta
cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la
incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con
los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las
partidas computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos
4433 de 2004 y 1858 de 2012; así:
2.1 El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta
y cinco por ciento (75%).
2.2 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e
inferior al ochenta y cinco por ciento (85%).
2.3 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%),
e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).
2.4 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco
por ciento (95%).
Parágrafo 1. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado
para la prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un
Cabo Tercero o su equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea y
Policía Nacional.
Parágrafo 2. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados
Profesionales, previstas en el Decreto Ley 1793 de 2000, serán reconocidas
por el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.
Parágrafo 3. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el
pensionado por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar
las funciones elementales de su vida, condición ésta, que será determinada
por los organismos médico laborales militares y de policía del Ministerio de
Defensa Nacional, el monto de la mesada pensional se aumentará en un
veinticinco por ciento (25%). Para efectos de la sustitución de ésta pensión,
se descontará éste porcentaje adicional [...]»
De acuerdo con lo anterior, el precepto llamado a reglar la pensión de invalidez
del demandante, se encuentra contenido en el artículo 90 del Decreto 94 de 1989,
que dispone que el derecho a la pensión de invalidez de los miembros de la
Fuerza Pública surge cuando se presenta una pérdida de capacidad laboral igual
o superior al 75% en hechos ocurridos durante el servicio.
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Adicionalmente, esta Corporación ha señalado, que, por vía de excepción, es
viable inaplicar las disposiciones de los regímenes especiales de seguridad social
cuando estos impliquen un trato desfavorable y discriminatorio al reconocido por
el sistema general contenido en la Ley 100 de 19931.
Valor probatorio de los dictámenes emitidos por médicos particulares.
El Decreto 094 de 1989, en su artículo 21, establece que la capacidad sicofísica
del personal de la Fuerza Pública debe ser determinada por las autoridades
médico militares y de Policía, entre ellas la Junta Médico Laboral Militar o de
Policía.
Así mismo, el Decreto 1796 de 2000 en su artículo 14, establece cuales son los
organismos y las autoridades que son competentes a la hora de emitir los
conceptos médicos - laborales:
ARTICULO 14. ORGANISMOS Y AUTORIDADES MÉDICO-LABORALES
MILITARES Y DE POLICÍA. Son organismos médico-laborales militares y de
policía:
1. El Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía
2. La Junta Médico-Laboral Militar o de Policía
Son autoridades Medico-Laborales militares y de policía:
1. Los integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.
2. Los integrantes de las Juntas Médico-Laborales.
3. Los médicos generales y médicos especialistas de planta asignados a
Medicina.
4. Laboral de las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y Policía
Nacional.
Por su parte, el Decreto 1352 de 2013, en el artículo 1 exceptúa de su aplicación
«el régimen especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación
que soliciten a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez como peritos» y el
artículo 28 regula quienes pueden solicitar la valoración de la Junta:
«PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. La solicitud ante la junta podrá ser
presentada por:
1. Administradoras del sistema general de pensiones.
2. Compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte.
3. La administradora de riesgos laborales.
4. La entidad promotora de salud.
5. Las compañías de seguros en general.
6. El trabajador o su empleador.
1 Como ejemplo se cita la sentencia del 3 de mayo de 2018, radicado: 76001-23-31-000-2012-
00059-01 (3189-17) de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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7. El pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la persona que
demuestre que aquel está imposibilitado, en las condiciones
establecidas en el presente artículo.
8. Por intermedio de los inspectores de Trabajo del Ministerio del Trabajo,
cuando se requiera un dictamen de las juntas sobre un trabajador no
afiliado al sistema de seguridad social por su empleador.
9. Las autoridades judiciales o administrativas, cuando estas designen a
las juntas regionales como peritos.
10. Las entidades o personas autorizadas por los fondos o empresas que
asumían prestaciones sociales en regímenes anteriores a los
establecidos en la Ley 100 de 1993, para los casos de revisión o
sustitución pensional.
11. Las entidades o personas autorizadas por las secretarías de educación
y las autorizadas por la Empresa Colombiana de Petróleos.
12. Por intermedio de las administradoras del Fondo de Solidaridad
Pensional, las personas que requieran la pensión por invalidez como
consecuencia de eventos terroristas.
PARÁGRAFO. La solicitud se deberá presentar a la junta regional de
calificación de invalidez que le corresponda según su jurisdicción teniendo
en cuenta la ciudad de residencia de la persona objeto de dictamen.».
En el mismo sentido el Decreto 1072 de 2015, exceptúa de la aplicación en lo
referente a las Juntas de Calificación de Invalidez, al régimen especial de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación que soliciten a esas
juntas, como peritos.
Visto lo anterior, la competencia para determinar la capacidad psicofísica de los
miembros de la Fuerza Pública corresponde a las autoridades militares, no
obstante, los dictámenes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez
tienen la calidad de peritajes, que auxilian la valoración del juez sobre el estado
de salud del interesado.
Resolución al caso concreto
Se tiene que el demandante ingresó como soldado regular el 15 de enero de
1992 y dado de baja el 27 de octubre de 1997 por incapacidad relativa y
permanente. Que el tiempo prestado a las fuerzas militares fue de 2 años, 2
meses y 11 días hasta el 16 de septiembre de 19972.
Que el 7 de septiembre de 1996, el comandante del Batallón de Artillería No 1
Tarqui, presentó informe administrativo por lesiones en el cual se especificó que
fue herido en combate como consecuencia de la acción del enemigo en el
mantenimiento y establecimiento del orden público3.
Que, siendo valorado por la Junta Médica Laboral Militar 3086 del 3 de
septiembre de 1997, de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, se le
determinó una pérdida de capacidad laboral del 43.84%, considerando la lesión
como ocurrida en el servicio por causa y razón de este4.
2 Folio 128.
3 Folio 119.
4 Folios 116 al 118.
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Que, a través de la Resolución No. 001868 del 28 de abril de 1998 «Por la cual
se reconoce y ordena el pago de indemnización por disminución de la capacidad
laboral con fundamento en el expediente EJC No. 9415 de 1997.», se reconoció
al actor la indemnización por la pérdida de capacidad laboral, por valor de
$10.107.034.oo5.
Revisado el expediente, se encuentra además con la demanda, aportó la
valoración médica realizada el 24 de febrero de 2016, por el médico cirujano
Enrique Ayala Pérez en el que se estableció un índice total de disminución de la
capacidad laboral del 59.95%6.
En este caso, la parte actora en el recurso de apelación insistió en que el
dictamen practicado por el médico cirujano debe ser valorado en su integridad,
toda vez, que es procedente para establecer que el ex militar cuenta con una
discapacidad superior al 50%, lo que lo haría acreedor a una pensión de invalidez
y a que se le reliquide la indemnización por la pérdida de capacidad laboral.
Sobre el particular, debe hacerse claridad a que como lo ha considerado la
Subsección, los únicos documentos aptos para calificar la pérdida de capacidad
laboral respecto del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía son los
provenientes de las autoridades Médico-Militares y de Policía y el Tribunal
Médico-Laboral de Revisión y por las Juntas Regionales de Calificación de
Invalidez, las cuales tienen competencia para dictaminarla una vez se haya
surtido previamente la calificación del padecimiento o lesión7.
Teniendo en cuenta lo anterior, para acceder al reconocimiento del derecho
pensional es necesario el concepto o la valoración médico - laboral de una
autoridad competente en el que se determine la pérdida de la capacidad laboral,
por lo que no es de recibo pretender el reconocimiento de la pensión de invalidez
partiendo de un concepto médico particular, pues no es el medio probatorio
apropiado para este tipo de controversias y no otorgan certeza y convencimiento
para dejar sin efecto un porcentaje determinado por la autoridad competente, esto
es, por la Junta Médica Laboral8.
Por ese motivo, el único dictamen que puede ser valorado y que determine el
porcentaje de la capacidad laboral del señor Carlos Euclides Vital Morales, es el
de la Junta Médica Laboral Militar, que por demás no sobra mencionar, frente a
el no fue presentado el recurso procedente de solicitar convocatoria de Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar, como segunda instancia.
5 Folio 324.
6 Folios 8 y 9.
7
Sentencia del 15 de febrero de 2024, Sección Segunda, Subsección A Exp. 81001233300020160000601
(1952-2020), CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
8
Sentencia del 25 de enero de 2024, Sección Segunda, Subsección A Exp. 81001233300020170002101
(4448-2019), CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Como se indicó anteriormente, el cometido principal de la demanda no fue otro
que obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, en este escenario, el
Tribunal Administrativo de Boyacá en el fallo impugnado, negó las pretensiones
al considerar que el demandante no tenía derecho a la pensión de invalidez, por
cuanto no cumplió el requisito del porcentaje igual o superior al 50% de
disminución de la capacidad laboral.
De conformidad con el marco normativo referenciado, se hace necesario
destacar que el régimen aplicable en el reconocimiento de la pensión de
invalidez, es el vigente a la fecha de estructuración9, en esta medida, podría
decirse que el que se ajusta al caso del demandante es el especial contenido en
el Decreto 94 de 1989, cuyo artículo 90 exige a los soldados de las Fuerzas
Militares una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, sin
embargo, en este caso, es viable valerse, por favorabilidad, del régimen general
de pensiones, que prevé una disminución de la capacidad laboral superior al 50%
para poder ser beneficiario de la pensión de invalidez.
Sin embargo, ese presupuesto, el demandante no lo acreditó, por cuanto le fue
dictaminada una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 43.84%, motivo
por el cual no se reúnen los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión de invalidez concretamente el establecido en el artículo 38, que
«determina que se considera inválida la persona que por cualquier causa de
origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o
más de su capacidad laboral», al no superar el índice de discapacidad del 50%,
tal como lo señaló el Tribunal Administrativo de Boyacá.
En este sentido, no se observa que, con la decisión de la entidad de negar la
pensión de invalidez, ni en la decisión de primera instancia de negar las
pretensiones de la demanda, haya vulneración de los derechos fundamentales
del demandante.
Ahora, en lo que tiene que ver con la pretensión tendiente al reajuste de la
indemnización por la pérdida de capacidad laboral, debe señalarse que, a través
de la Resolución No. 1868 de 1998, se reconoció al actor la indemnización por la
pérdida de capacidad laboral, por valor de $10.107.034.oo, por lo que, si el
demandante pretendía cuestionar la indemnización reconocida, debió demandar
esa decisión, por ser el acto que definió su situación jurídica, sin que la nueva
petición tenga la capacidad de hacer viable un nuevo pronunciamiento sobre la
9 Subsección B. radicado: 68001-23-33-000-2015-00114-01(3259-16). Tesis reiterada por la Subsección
A
en sentencias del 15 de agosto de 2019, radicado: 25001-23-42-000-2012- 01404-01(4267-15);
del 13 de septiembre de 2021, radicado: 08001-23-33-000-2017-01393- 01(5256-19) y del 14 de
octubre de 2021, radicado: 76001233300020130057201 (2029- 2019); entre otras.
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materia ya decidida. En este sentido se pronunció la Subsección en sentencia del
30 de marzo de 201710, en la que se expuso:
«Así las cosas, es claro que si el actor quería controvertir la indemnización
por disminución de la capacidad sicofísica tenía que haber demandado el
acto administrativo que definió su situación jurídica particular y concreta
respecto de dicha prestación económica, esto es, la Resolución 44970 del
19 de mayo de 2005. No obstante lo anterior, no existe ninguna pretensión
tendiente a cuestionar la validez de dicho acto, tal y como lo evidenció el
juez de primera instancia. Tales argumentos hacen inviable emitir un
pronunciamiento sustancial sobre la materia y, por consiguiente, resulta
innecesario pasar al estudio del tercer problema jurídico planteado.»
Con base en lo anterior, es inviable emitir un pronunciamiento respecto de la
pretensión relativa a la reliquidación de la indemnización por pérdida de la
capacidad laboral.
En estas condiciones, la Sala advierte que el fallo apelado que negó las
pretensiones de la demanda deberá ser confirmado, por no lograrse desvirtuar la
presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo demandado,
conforme a las consideraciones anteriormente expuestas.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no,
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del
art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
10
Sentencia del 30 de marzo de 2017, Sección Segunda, Subsección A Exp. 3318-2015, CP William
Hernández Gómez. Reiterada en sentencia del 31 de marzo de 2022, Sección Segunda, Subsección A Exp.
3939-2018, CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
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que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida en su
escrito expuso argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del proferida el doce (12) de febrero de dos mil
veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las pretensiones
de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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