Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00573-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00573-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2017-00573-02
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
30 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00573-02 (3684-2019)
Parte actora: MYRIAM ROJAS JIMÉNEZ
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino
Rodríguez
Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Artículo
138 CPACA
Tema: Asignación carga académica; la exclusión de
apreciación de algunas pruebas no era
determinante para desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos administrativos
demandados
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de
la parte demandante, contra la sentencia del 28 de marzo de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la accionante.
l. ANTECEDENTES
1. Demanda1
1.1. Pretensiones
La señora Myriam Rojas Jiménez, por conducto de apoderado especial, acudió a
esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo CPACA, en procura se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos:
1 Folios 2-15 la demanda inicialmente radicada, fue inadmitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante Auto del 4 de
septiembre de 2017 para que fuera subsanada en cuanto a: i) la capacidad jurídica y representación de la parte demandada al
considerar que el Colegio Silvino Rodríguez carece de personería jurídica por recaer en el municipio de Tunja de allí que advirtió una
falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) la inadmitió por la indebida formulación de las pretensiones, porque los hechos no están
debidamente determinados y clasificados y; iii) por la indebida estimación de la cuantía (folios 610-615). La parte activa subsanó la
demanda mediante memorial visible a folios 626-642
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
-Resolución N° 02 del 24 de enero de 2017 emitida por el rector de la institución
educativa Silvino Rodríguez de Tunja “Por la cual se organiza la asignación
académica para el año 2017, de acuerdo con la planta de directivos y docentes de
la Institución Educativa Silvino Rodríguez de Tunja”. Respecto de este acto la
nulidad es parcial.
-Oficio del 20 de febrero de 2017 suscrito por el mismo funcionario mediante el
cual confirmó la asignación académica a la docente ahora demandante.
A título de restablecimiento del derecho solicitó el apoderado de la accionante, se
declaren las siguientes condenas: i) ordenar a la parte demandada que dentro del
mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia en ceremonia pública en la ciudad de
Tunja, convoque a los medios de comunicación y pida perdón a la demandante
con ocasión de la agresión laboral de la que fue objeto; ii) ordenar a la demandada
que dentro del mismo término publique los actos administrativos mediante los
cuales pidió perdón en redes de internet y en los periódicos El Espectador y el
Tiempo; iii) reinstalar y reubicar a la docente Myriam Rojas Jiménez en el mismo
cargo que desempeñaba al momento de ser perjudicada con el despojo de su
carga académica, es decir, en el “Programa Análisis de Muestras Químicas para
los grados 10 y 11” o en el Programa Análisis Químico de Minerales” en el grado
11 o en el “Programa de Beneficio de Minerales, Carbón y Coques o sus
equivalentes en el laboratorio CASD”; iii) imponer a la parte demandada la
obligación de abstenerse de realizar conductas de agresión que afecten la
dignidad y la salud de la actora; iv) a título de perjuicios morales reclamó 1732
s.m.l.m.v., por concepto de daño a los bienes constitucionalmente protegidos, la
suma de 975 s.m.l.m.v., por el retiro de la carga laboral que tenía asignada la
docente y; v) que las anteriores sumas sean actualizadas y sea condenada en
costas la parte demandada.
1.2. Hechos:
Fueron relatados por el apoderado de la demandante en los siguientes términos:
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No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
La señora Myriam Rojas Jiménez es Licenciada en Biología y Química especialista
en Ecología y en Enseñanza Personalizada; desde el 17 de julio de 1987 hasta el
30 de septiembre de 2002, se desempeñó como docente en el Centro Auxiliar de
Servicios Docentes CASD de la ciudad de Tunja que se fusionó con el colegio
Silvino Rodríguez, por lo que desde esta fecha hasta el 10 de febrero de 2017, la
ahora accionante laboró como docente en los laboratorios de Química en análisis
de aguas, beneficio de minerales y análisis químico de minerales y carbones en
los grados 10 y 11 de los colegios adscritos de la ciudad de Tunja en articulación
con el Centro Minero del Sena.
En el año 2005 debido a la gestión de la accionante, la Secretaría de Minas del
Departamento de Boyacá, donó equipos especializados para montar el laboratorio
de análisis químico de minerales que permiten la realización de análisis
especializados en carbones, coques y minerales.
Durante los años 2016 y 2017 la señora Myriam Rojas soportó agresiones por
parte de la coordinadora Cristina Sánchez Sánchez, que puso en conocimiento del
rector de la I.E. Silvino Rodríguez quien en cambio de frenarlas las auspició. Este
funcionario expidió la Resolución N° 02 del 24 de enero de 2017 publicada hasta
el 10 de febrero siguiente (primer acto administrativo acusado), mediante la cual
efectuó la asignación académica para dicha anualidad decisión que le fue
comunicada a la docente mediante oficio sin número de esta misma fecha.
En el citado oficio no sólo fue cambiada de sede la docente, sino que le fue
asignada nueva obligación académica que evidencia agresión laboral, al imponerle
otras actividades docentes en la asignación de Ciencias-Biología de grado 8° en la
sede Manzanares, siendo que ya había transcurrido un mes del calendario escolar
en el que había laborado en los grados 10 y 11 en los laboratorios de análisis de
muestras químicas y análisis químico de minerales.
La Administración de igual manera agredió laboralmente a la docente, al
cancelarle los grupos de estudiantes correspondientes a los días martes con 12 y
miércoles con 28 estudiantes, quienes fueron arbitrariamente ubicados en el
programa de cocina y seguridad ocupacional. Igualmente evidencia la agresión
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No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
laboral el hecho de que se reubicó a un docente de núcleo común para cumplir el
restante número de horas.
La docente Rojas Jiménez interpuso recurso de reposición para que se le
restituyera al Programa de Beneficio de Minerales y Carbón y Coques o en el
programa relacionado con el sector minero, que le fue negado a través del oficio
del 20 de febrero de 2017 (segundo acto administrativo demandado). Inconforme
con esta situación, la actora recurrió a la Secretaría de Educación de Tunja para
que interviniera, dependencia que respondió de manera parcial y formal mediante
oficio del 13 de marzo siguiente, pero no ejecutó acciones de prevención dada su
condición de instancia de vigilancia y control.
El 27 de marzo de 2017 la docente interpuso recurso de insistencia ante la IE
Silvino Rodríguez con el fin de obtener información, que le fue negada mediante
oficio del 17 de abril de 2017 al aducir que se trataba de información privilegiada,
por lo que el 10 de mayo interpuso acción de tutela que le amparó el derecho de
petición y ordenó al colegio suministrara los documentos denominados fichas de
exploración vocacional del año 2016.
La agresión laboral de la que ha sido objeto la demandante, durante los años
2015, 2016 y 2017 por parte de la coordinadora de la I.E. Silvino Rodríguez, se
evidencia a través de gritos, burlas, asignación de actividades intempestivas y por
fuera del horario laboral (correo electrónico enviado el 11-11-2016 a las 3:29 am) y
negación de permisos, entre otras actuaciones, llegando al extremo de excluir a la
docente del área de ciencias de la sede Jaime Rook, para ser asumida por la
Coordinadora quien carece de dichos conocimientos en el tema.
El rector del colegio ha sido pasivo ante las agresiones advertidas, lo que
evidencia arbitrariedad y la grave afectación de los derechos a la dignidad,
defensa y debido proceso de la demandante, al no obrar con rectitud y corrección,
por lo que la motivación consignada en los actos administrativos acusados es
ajena al buen servicio y si en cambio, evidencian las agresiones laborales
propinadas por la Coordinadora Cristina Sánchez Sánchez y el rector del plantel
educativo demandado señor Omar Sandoval Fonseca.
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
1.3. Normas violadas y concepto de violación:
Como disposiciones legales vulneradas por el acto administrativo demandado, se
citan en la demanda las siguientes: los artículos 2°, 6°, 13, 16, 23, 25, 29, 53 y 83
de la Constitución Política; convenios y tratados internacionales suscritos por
Colombia que desarrollan los artículos 53 y 93 superiores; entre ellos la
Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 10 numerales 4° y 9° de
la Ley 715 de 2001; los decretos 230, 1850 y 1290 todos de 2002; la Ley 443 de
1998; los decretos 1330 y 1567 al 1572 todos de 1998, la Ley 909 de 2004 y el
Código Disciplinario Único.
Alegó la parte activa que recibió un trato discriminatorio por parte de la
Administración, debido a la implementación de actuaciones orientadas a eliminar
las actividades que venía desarrollando durante años, al haber terminado –de
forma velada- el Programa de Beneficio de Minerales Carbón y Coques que venía
desempeñando la docente, sin que se hubiera expedido previamente el acto
administrativo de dicha eliminación académica, como tampoco de quien sería su
reemplazo, con la creación de otro programa relacionado con el sector minero.
La determinación de la demandada no sólo afectó a la demandante sino a los
estudiantes de la institución educativa, porque los priva de obtener conocimientos
científicos en química con el uso provechoso del laboratorio, asignándolos
artificiosamente a programas de cocina.
Endilgó que la asignación académica impuesta a la docente Myriam Rojas para el
año 2017, implicó su traslado a la sede Manzanares de la I.E. Silvino Rodríguez,
sin que se hubiera implementado otro programa relacionado con el sector minero
lo que evidencia una forma de menospreciar su intelecto como fuente de
desarrollo de la comunidad.
El apoderado de la accionante afirmó que el rector al alterar la carga académica
de la docente, no sólo la despojó de sus competencias laborales específicas en el
área de química, sino que tal decisión incidió en el futuro de los estudiantes a
quienes se les privó de aumentar sus conocimientos científicos útiles para su
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
proceso de formación.
Aunado a lo anterior, la demandante se enfrentó a un ambiente hostil y agresión
laboral que atentó contra su derecho al trabajo en condiciones dignas, por lo que
la actuación administrativa proferida por el rector de la I.E. Silvino Rodríguez
también transgredió el derecho de la docente a escoger profesión u oficio, al
imponerle restricciones para el ejercicio de sus actividades laborales en el área de
química, a pesar de contar con la experiencia y formación personal que no le
impedían continuar con las competencias laborales que desempeñaba.
Señaló que la asignación académica para el año 2017 es el epílogo de la agresión
laboral implementada en contra de la demandante, al ser despojada de su carga
habitual y degradada en la prestación del servicio a través de actos administrativos
carentes de motivación desde el punto de vista material y sustancial, pues su
expedición no obedeció a conductas que la docente Myriam Rojas Jiménez las
hubiera propiciado, como tampoco obedeció a razones del buen servicio.
Alegó que si bien es cierto la Administración cuenta con el ejercicio de facultades
legales para adoptar esta clase de decisiones, en ningún caso puede aceptarse
que su aplicación sea absolutamente discrecional, más en tratándose de temas
académicos con el fin de evitar el entorpecimiento en dichos asuntos, de allí que
no puedan ser dictados ilícitamente desconociendo el régimen general de la
educación consignado en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de dicha
anualidad “al desconocer los órganos del gobierno escolar como son: el Consejo
Directivo y el Consejo Académico, al hacer el cierre y apertura de programas de
forma caprichosa e inconsulta como se verifica en las actas de estas instancias
educativas”.
En suma, a juicio de la parte demandante los actos administrativos acusados de
nulidad adolecen de las causales de falsa motivación, desviación de poder y
desconocimiento de la normatividad en que debían fundarse.
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No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
Sobre la tacha de falsedad de documentos aportados en sede contenciosa:
Afirmó el profesional del derecho que apodera a la accionante, que la docente
obtuvo documentos suministrados por la institución educativa demandada que
consignaron hechos que no corresponden a la realidad, por lo que los tachó de
falsos siendo ellos: i) el oficio del 20 de febrero de 2017 (uno de los actos
administrativos demandados), al haber negado el rector que tuviera conocimiento
de las agresiones laborales desplegadas por la coordinadora Cristina Sánchez
Sánchez informadas por Myriam Rojas y, ii) otros documentos entregados por la
institución educativa sobre el seguimiento a la asistencia por especialidades de los
años 2015, 2016 y 2017 que contiene informaciones falsas e incorrectas como la
duplicación de los nombres de los estudiantes en programas e instituciones a las
que no pertenecen, “con la inadmisible conducta de ocultamiento de los documentos
denominados fichas de exploración vocacional de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en
los que se puede verificar que los estudiantes que integrarían los grupos de ciencias,
fueron trasladados a otras especialidades.”
Sobre la solicitud de medida cautelar
La parte demandante solicitó la suspensión provisional de la Resolución N° 02 del
24 de enero de 2017 y del oficio del 20 de febrero de 2017, actos administrativos
demandados al invocar el quebrantamiento de disposiciones constitucionales y
legales como los derechos a la igualdad al recibir un trato discriminatorio y el de
libre desarrollo de la personalidad, al haberle terminado el Programa de Beneficio
de Minerales, Carbón y Coques actos irregulares, por lo que también resultó
vulnerado el derecho a escoger profesión, decisiones irregulares que
transgredieron las facultades conferidas en la Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994,
por desconocer los órganos del gobierno escolar como son el Consejo Directivo y
el Consejo Académico, porque cerró un programa de forma caprichosa.
El Tribunal Administrativo de Boyacá en Sala Unitaria mediante auto del 3 de abril
de 2018, negó la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos
acusados deprecada por la parte activa, al considerar que no se encuentra
acreditada la vulneración del derecho a la igualdad, pues la Resolución N° 02 del
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24 de enero de 2017 no sólo se ocupó de redistribuir la asignación académica de
la demandante sino de la totalidad del personal docente de la I.E. Silvino
Rodríguez; se le respetó a la docente la especialidad y formación como Licenciada
en Biología – Química con especializaciones en educación personalizada así
como ambiental, por lo que se desvirtúa la vulneración del derecho al libre
desarrollo de la personalidad y a escoger profesión2.
2. Contestación de la demanda
El municipio de Tunja al contestar la demanda respecto de los hechos reconoció
algunos como ciertos, otros los negó y respecto de otros afirmó que son meras
consideraciones subjetivas y sin fundamento alguno, mientras que respecto de las
pretensiones de la demanda pidió fueran negadas al considerar entre otras razones,
las siguientes3:
Los actos administrativos acusados no transgredieron el ordenamiento constitucional
ni legal invocado por la demandante, por cuanto se expidieron en el marco de la
función del servicio público educativo y por las condiciones del desenvolvimiento
académico del año 2017, respetando los derechos de los docentes y de los
educandos.
Refirió que a la Secretaría de Educación de Tunja le corresponde expedir para cada
vigencia el respectivo acto administrativo del calendario académico en dicha
jurisdicción y, que en aras de mejorar la calidad de este servicio suscribió un
Convenio Interadministrativo de Cooperación con el Sena, para el desarrollo del
programas de articulación de la educación media y técnica cuyo propósito es el
desarrollo de competencias específicas en los programas de formación integral,
entre ellas, técnico en análisis de muestras químicas y técnico en análisis químico de
minerales.
Indicó que para la vigencia escolar 2017, la I.E. Silvino Rodríguez se vio en la
obligación de efectuar algunos cambios en la ejecución del programa de Ciencias
2 Folios 23-29 Cuaderno Medida Cautelar
3 Folios 659-670
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
Naturales y Educación Ambiental, al no cumplir con los requisitos técnicos
requeridos para mantenerlo activo, según el parágrafo del artículo 32 de la Ley 115
de 19944.
El apoderado de la entidad territorial demandada señaló, que en el año 2017 se
presentó la disminución de la demanda estudiantil matriculada para el programa y la
falta de instructores, lo que conllevó al cierre de dos grupos, no obstante, la
especialidad de Ciencias Naturales y Medio Ambiente organizó dos programas: i)
análisis de muestras químicas para los grados 10 y 11 y análisis químico de
materiales para el grado 11.
Por tanto, contrario a lo manifestado por la demandante, los programas siguieron
vigentes articulados con el Sena Centro Minero de Sogamoso y luego de la
reorganización se estructuraron 4 grupos.
Refirió el apoderado del municipio de Tunja que para el caso de la docente Myriam
Rojas Jiménez, para el año 2017 le fue asignada una intensidad horaria en el área
de ciencias en el grado 8°, que difiere de la carga académica que venía
desarrollando, previo análisis de la situación fáctica y jurídica.
Desvirtuó la supuesta desmejora del servicio endilgada por la demandante al haberla
trasladado y lesionado sus derechos, por cuanto lo que sucedió fue que a la docente
se la asignó el área de Ciencias Naturales y Ética, la primera con una intensidad de
20 horas y la segunda de 1 hora, cuya razón de ser fue el perfil de formación, no sólo
de la demandante sino de todos los profesores de la I.E. Silvino Rodríguez.
El profesional del derecho que representa a la demandada afirmó que la molestia de
la demandante radica en el hecho que durante varios años laboró como docente en
los laboratorios de la I.E. y que en el año 2017 fue asignada al área de ciencias,
situación que per se no resulta vulneradora de sus derechos constitucionales.
No fue desmejorado el servicio por cuanto a la accionante no se le impuso una carga
4 PARAGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o para la incorporación de otras y para la oferta de
programas, se deberá tener una infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una coordinación con el
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones de capacitación laboral o del sector productivo.
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
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académica que superara las 22 horas legales, no se le perturbó su estabilidad
laboral, no se le trasladó a una sede ubicada por fuera del área urbana del municipio
de Tunja, no le fueron asignadas actividades denigrantes, ni se le asignó un campo
de formación divergente a su perfil académico, menos aún se le afectó su
remuneración mensual.
Finalmente apreció que la parte activa no acreditó que el fundamento de la
Administración para la asignación de la carga académica asignada, hubiera
obedecido a circunstancias de agresión personal, laboral y trato discriminatorio.
Propuso la excepción denominada legalidad de los actos administrativos atacados,
por cuanto el rector de la I.E. Silvino Rodríguez en el año 2017, previo un estudio y
análisis de diferentes factores, dispuso que la docente Myriam Rojas Jiménez
pasaría de dictar clase en el laboratorio de química, a continuar su función docente
en el grado 8° en el área de Ciencias, decisión que se expidió en acatamiento de la
legislación precisamente invocada como vulnerada.
3. Audiencia Inicial
Ante el Despacho Ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá, se llevó a cabo
el 1° de agosto de 2018 la audiencia del artículo 180 CPACA, a la que asistieron
los apoderados de las partes en conflicto sin la comparecencia del delegado del
Ministerio Público5.
El Despacho de primera instancia fijó el litigio con el fin de verificar si los actos
administrativos demandados: i) violaron el derecho al trabajo, igualdad, libre
desarrollo de la personalidad y libre escogencia de profesión y oficio de la
demandante; ii) desconocieron las competencias laborales de la docente; iii) se
apoyaron y fundamentaron en razones de animadversión y de agresión laboral
contra la demandante; iv) implicaron por parte de la I.E. Silvino Rodríguez,
actividades tendientes a eliminar los programas en los que se desempeñaba la
demandante para causarle un perjuicio; v) transgredieron la Ley 715 de 2001 por
falta o falsa motivación y; vi) los actos acusados implicaron el cierre de programas
5 Folios 769-772 CD folio 773 bis
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
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académicos de forma caprichosa e inconsulta por lo que transgredieron la Ley 115
y el Decreto 1860 ambos de 1994. En esta audiencia fue decretada la práctica de
pruebas documentales y testimoniales pedidas tanto por la parte activa como por
la demandada.
En la Audiencia de Pruebas del 23 de agosto de 20186 se tomaron los testimonios
de la señora Cristina Sánchez Sánchez y del señor Omar Sandoval Fonseca,
siendo este último tachado de falso por el apoderado de la parte demandante 7. En
la diligencia de continuación de la audiencia de pruebas que se adelantó el día 4
de septiembre de 2018, se recepcionaron las declaraciones de los señores:
Jacinto Medina Ruíz, Bertha Sánchez de Uricoechea, Rocío Medina Arévalo,
Cecilia Cobos Castellanos y Myriam Salcedo Gutiérrez8. Esta audiencia fue
continuada los días 5 de octubre de 20189 y el 8 de noviembre siguiente10.
4. La sentencia apelada
Mediante fallo proferido el 28 de marzo de 2019 el Tribunal Administrativo de
Boyacá, negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la
demandante, declaró no probada la excepción denominada “legalidad de los actos
administrativos” propuesta por municipio de Tunja por corresponder al fondo del
asunto debatido. Entre otras consideraciones efectuadas en la extensa y detallada
providencia, efectuó las siguientes11:
En cuanto al material probatorio aportado por la parte demandante la primera
instancia desestimó las grabaciones magnetofónicas, al considerar que no pueden
ser apreciadas porque no fueron reconocidas ni ratificadas por las personas que
fueron grabadas (coordinadora y rector de la institución demandada) en aras de
salvaguardar el derecho a la intimidad personal, toda vez que fueron allegadas
con el fin de sustentar la tacha de falsedad contra algunos documentos, asunto
6 Folios 799-802 A
7 Contra esta decisión el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación que fue en la Audiencia negado por la
Magistrada conductora del proceso, en vista de tal negativa, la parte activa interpuso recurso de queja que fue desatado por este
Despacho Ponente mediante providencia del 19 de junio de 2020 al considerar que fue bien negado el recurso de apelación por
cuanto no se encuentra contemplado contra la decisión que rechazó la tacha de falsedad propuesta por la parte activa
8 Folios 828-833 CD visibles a folios 834-835 y 836
9 Folios 846-847
10 Folios 853-853 vuelto
11 Folios 860-907 vuelto
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
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que fue dilucidado en la Audiencia de Pruebas llevada a cabo el 5 de octubre de
201812. También adujo como razón para tal negativa, que la señora Myriam Rojas
no está reconocida como víctima de acoso laboral por parte de autoridad
competente, además que no se demostró la autenticidad de dichas grabaciones.
Fundamentó esta decisión con base en precedentes jurisprudenciales 13.
Respecto de la prueba testimonial solicitada por la parte activa14, consideró que
goza de plena credibilidad al provenir de personas que tuvieron conocimiento
directo de los hechos objeto de litigio, además que son declaraciones responsivas,
coherentes, espontáneas y no evidencian vicio alguno que afecte su imparcialidad.
Según el a quo no prosperó la tacha de falsedad propuesta por la parte activa
respecto del testimonio del señor Omar Sandoval Fonseca rector de la institución
educativa Silvino Rodríguez, al alegar una parcialidad en su dicho por ser quien
suscribió los actos administrativos demandados, toda vez que esa sola
circunstancia no determina tal prosperidad y que en el caso concreto, no se
evidencia en el declarante afán de favorecer a la demandada, sino de rendir un
relato sobre los hechos que conoció de allí que no apreció en su dicho, la
intención de tergiversar la realidad fáctica o ánimo descalificatorio contra la actora.
De acuerdo con la abundante prueba documental y testimonial arrimada a la
actuación, el Tribunal de primera instancia encontró acreditados los siguientes
hechos: i) la institución educativa Silvino Rodríguez se compone de 5 sedes entre
ellas la Jaime Rook y Manzanares; ii) la Secretaría de Educación habilitó la
especialidad en ciencias naturales y educación ambiental con énfasis en Análisis
de Muestras Químicas y Análisis Químico de Minerales; iii) los programas de
articulación se abren o cierran según lo demanden el número de estudiantes
inscritos y lo requieran los padres de familia, por lo que las especialidades deben
dinamizarse; iv) los programas articulados acogen las políticas del Sena; v) el
proceso de exploración vocacional se adelanta en las cuatro primeras semanas de
12 Sentencia del 20 de octubre de 2014 radicación número: 20001233100020100013001 (1205-12) M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero; sentencia del 21 de noviembre de 2017 radicación número: 73001233100020080070901 (38549) M.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa; sentencias de tutela de la Corte Constitucional T-003 de 1997, T-276 de 2015
13 Sentencia del 16 de marzo de 2017 radicación número: 11001032500020110069100 (2655-11) M.P. Gabriel Valbuena Hernández
14 Declaración de los señores Jacinto del Carmen Medina Ruiz, Bertha Sánchez de Uricoechea, Rocío Medina Arévalo, Cecilia Cobos
Castellanos y Myriam Salcedo Gutiérrez
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No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
iniciada la actividad académica con los estudiantes; vi) cuando no sea posible abrir
los grupos se hace la reubicación contando con la participación de las directivas
de la institución educativa y es el estudiante quien toma la decisión; vii) el Sena no
dio aval para la apertura de dos grupos de análisis de muestras químicas porque
los del día martes no contaban con el número mínimo de estudiantes y porque los
del día miércoles no tenían instructor, además que el programa no contaba con
registro de calidad, en todo caso destacó que los programas no fueron
cancelados; viii) en la especialidad de Ciencias Naturales y Medio Ambiente para
el año 2017, se ofertaron los programas articulados con el Centro Minero de
Sogamoso y, ix) en el año 2017 disminuyó la demanda en un alto porcentaje pues
se matricularon 37 estudiantes lo que conllevó al cierre de los grupos en la
especialidad.
En cuanto al cargo de la demanda según el cual el cierre del programa vocacional
Análisis Químico de Minerales y Análisis de Muestras Químicas obedeció a
razones caprichosas, el a quo no lo encontró acreditado por cuanto la reubicación
de estudiantes inscritos en ciencias y trasladados a otros programas como
gastronomía y seguridad ocupacional, se dio porque el número de inscritos para la
primera era menor frente a los de la segunda. Por lo anterior, no se evidencia que
el procedimiento para la reconformación de los grupos esté prevalido de
desviación de poder, como para acoger el cargo de que la agrupación de
estudiantes de ciencias con los de gastronomía y seguridad ocupacional tuvo un
fin ajeno al buen servicio.
En cuanto al tema del supuesto acoso laboral del que dice fue víctima la
demandante, consideró que acorde con la Ley 1010 de 2006 se configura cuando
se está ante conductas reiteradas de manera recurrente y sistemática, que en el
presente caso la demandante la sustentó con base en un correo electrónico que
recibió el 11 de noviembre de 2016 a las 3:29 am por parte de la Coordinadora de
la institución académica Cristina Sánchez. De allí que no puede catalogarse tal
conducta como acoso laboral, al no tratarse de una exigencia excesiva o un
cambio de jornada, sino un requerimiento laboral excepcional.
Del mismo modo apreció que no se aportó al expediente ningún otro hecho por
13
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
parte de la docente ante el Comité de Convivencia Laboral o de Convivencia
Escolar; tampoco se acreditó que a la docente le hubieran sido negados permisos
de forma injustificada, por tanto, no se acreditó el acoso laboral.
En cuanto a la agresión laboral que dice la señora Myriam Rojas recibió por parte
de la coordinadora Cristina Sánchez, al haberla despojado de sus funciones
habituales e imponerle condiciones de hostilidad, el Tribunal Administrativo de
Boyacá no lo encontró acreditado acorde con la prueba testimonial que impiden
deducir una persecución laboral contra la demandante.
Tampoco encontró acreditado que el rector del plantel educativo coadyuvó el
acoso y mal trato propinado por la Coordinadora y porque la trasladó a la sede
Manzanares, por cuanto esta decisión no solo fue adoptada para ser cumplida por
la docente Myriam Rojas sino también por su colega Cecilia Cobos Castellanos, a
quienes no les fue desmejorada sus asignaciones básicas y se les mantuvo en el
área de sus conocimientos.
Respecto del desuso y abandono de los laboratorios lo que en el sentir de la parte
activa configura desmejoramiento del servicio, el a quo no lo encontró acreditado
pues el supuesto manejo especializado que se exigía para no se probó la
afectación del aprendizaje de los educandos, ya que el docente Elver Cely
Licenciado en Química y Biología también contaba con los conocimientos en dicha
área y para la utilización de los laboratorios.
Por último, afirmó el fallador que la idoneidad y diligencia para el ejercicio del
cargo, no se constituyen en razones suficientes para su permanencia en la
especialidad ni le otorgaban prerrogativas de inamovilidad. Negó los perjuicios
morales reclamados por la actora, quien indicó podía hacer uso de los derechos
consagrados en materia de seguridad social.
5. Fundamentos del recurso de apelación
El apoderado de la parte activa solicitó la revocatoria de la providencia de primera
14
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
instancia con fundamento en los siguientes motivos de inconformidad 15:
El Tribunal de primera instancia efectuó una valoración errada de los medios
probatorios, excluyó otros que solamente podían ser obtenidos por la víctima de la
agresión laboral en un contexto de absoluta superficialidad (no mencionó a cuáles
se refiere), por lo que la decisión adoptada por el juez colegiado “contiene una
decisión de rebeldía frente a las decisiones del propio Consejo de Estado y también de la
Corte Constitucional sobre la materia …por ser aquellas determinaciones obligatorias y
constituir derecho, también para esta jurisdicción, de conformidad con (sic) preciso
contenido del artículo 10 del CPACA”.
Afirmó que los medios de prueba aportados por la parte demandante debieron ser
reconocidos con la plenitud de sus consecuencias, en particular, los archivos de
las reproducciones de voz de la parte contra la cual se aducen, siendo la parte
demandada la única habilitada para presentar su tacha y haberla probado, por lo
que frente a su falta de controversia los convertía en plena prueba de los hechos
invocados por la demandante.
Cuestionó que el fallador de primera instancia no podía sustraerse a la aplicación
del derecho que señalan la responsabilidad de la Administración en asuntos de
intolerancia administrativa y de agresión laboral, en la que no es omnímodo el
ejercicio de la carga académica, ni puede ejercerse de manera arbitraria tal y
como así lo han reconocido precedentes jurisprudenciales (no citó los referentes
de los radicados).
Insistió en la desviación de poder como resultado de un claro propósito de la
Administración de sancionar a la demandante, porque la demandada lo que
pretendió con el traslado a través de la asignación de una carga académica, fue
desconocer la formación y trayectoria de la docente, con una finalidad distinta al
mejoramiento del servicio toda vez que el docente nombrado en su reemplazo,
carecía de la formación y experiencia que tenía la demandante, por lo que se
evidenció la agresión laboral por el traslado de la docente con la asignación
académica de la sede Jaime Rook a la sede Manzanares.
15 Folios 909-921
15
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
Refirió que es insólito que el juez colegiado hubiera negado las pretensiones de la
demanda, cuando se encuentran acreditados los hechos que dan cuenta de las
agresiones de las que fue víctima la docente, que obedecieron a conductas de
persecución y animadversión que la afectaron.
Insistió en el hecho de que el traslado y despojo de la competencia que tenía
asignada la docente, no obedecieron a razones del buen servicio, sino que fue
producto de motivaciones de carácter personal del rector de la institución
académica, pues los actos demandados fueron utilizados como instrumento de
agresión laboral en contra de la demandante, lo cual está probado con la prueba
aportada al expediente (no menciona en concreto a cuál prueba se refiere).
Respecto del desmejoramiento del servicio indicó que se encuentra probado con
la prueba testimonial, pues los declarantes no sólo coincidieron en afirmar acerca
de este hecho sino de las agresiones en contra de la docente Myriam Rojas
Jiménez, del desconocimiento de su condición de profesional en Química por
parte del rector del colegio, razón que amerita la revocatoria del fallo apelado
porque se expidió con base en argumentos que carecen de fundamento legal.
El apoderado de la demandante refirió “si el análisis abordado en la providencia,
hubiera sido el que legal y constitucionalmente corresponde al juez, sin duda la conclusión
habría sido retirar del mundo jurídico los efectos perniciosos de la actuación acusada y
dispuesto el restablecimiento de los derechos como consecuencia, por lo tanto, la
conducta que contraría ese deber, desnaturaliza la función del juez y le hace incurrir en
acto indebido”.
6. Alegatos de conclusión
El Municipio de Tunja remitió el día 23 de marzo de 2021 correo electrónico
mediante el cual descorrió traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia, oportunidad en la que solicitó la confirmación del fallo apelado al
considerar que el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
demandante es un documento romántico, poético pero carente de prueba que
respalde la revocatoria del fallo de primera instancia en el que si fue apreciado el
16
No. Interno: 3684-2019
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material probatorio, contrario al decir del apelante. Lo que sucedió fue que el
rector de la I. E. Silvino Rodríguez, atendiendo el marco normativo de sus
funciones y como responsable de la organización y funcionamiento de la
institución, adoptó para el año 2017 medidas de reorganización de cursos
escolares, modalidades técnicas y asignación de cátedras, todo con el fin de lograr
los cometidos institucionales y ajustar la situación escolar que se presentó en
dicha anualidad16.
De acuerdo con certificación secretarial del 20 de mayo de 2021 la parte
demandante, la Procuraduría Segunda Delegada ante esta corporación y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio17.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo18, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la
demandante docente Myriam Rojas Jiménez.
2. Problema jurídico
En los términos de la impugnación, deberá la Sala determinar si hay lugar a
revocar la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá que negó las súplicas de la demanda, por cuanto
contrario al análisis efectuado por el fallador, las grabaciones de voz aportadas por
la demandante eran determinantes para acreditar la agresión laboral que motivó la
expedición de los actos administrativos demandados, que adolecen de las
causales de nulidad de desviación de poder, falsa motivación y desconocimiento
16 Índice 14 aplicativo SAMAI
17 Folio 941
18 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de 2012. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto
del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
17
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
de la normatividad en que debían fundarse, por cuanto el traslado de sede y la
carga académica asignada a la docente en el año 2017 desconocieron su
trayectoria laboral y especialidad docente.
Bajo esta óptica la Sala desarrollará los siguientes aspectos: 2.1. Los actos
administrativos demandados; 2.2. Del derecho a la educación y la regulación de
las cargas académicas en los planteles educativos del sector oficial; 2.3. Marco
legal del acoso laboral; 2.4. Hechos acreditados; 2.5. Resolución del caso
concreto; 2.5.1. La exclusión de apreciación de algunas pruebas no era
determinante para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados; 2.5.2. La asignación académica para el año 2017 no
adolece de las causales de nulidad endilgadas por la demandante.
2.1. Los actos administrativos demandados
Fueron acusados de nulidad las siguientes decisiones adoptadas por la
administración municipal de Tunja.
2.1.1. Resolución N° 02 del 24 de enero de 2017 “Por la cual se organiza la
asignación académica para el año 2017, de acuerdo con la planta de
directivos y docentes de la Institución Educativa Silvino Rodríguez de
Tunja”, expedida por el Rector de la I.E. en uso de sus atribuciones legales y las
establecidas en las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y, en los decretos 230
y1850 ambos de 200219.
Entre otras motivaciones consignó las siguientes:
“Que es deber del Rector según lo establecido en la Ley 715 artículo 10°
numerales 4° y 9°, distribuir la asignación académica y fijar las direcciones de
grupo.
Que la Secretaría de Educación Municipal hizo la proyección de cupos para el
año 2017 de la siguiente forma:
GRADO GRUPOS GRADO GRUPOS
19 Folios 53-65 y 736-748
18
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
Preescolar (P°) 8 Sexto (6°) 9
Primero (1°) 7 Séptimo (7°) 7
Segundo (2°) 8 Octavo (8°) 7
Tercero (3°) 8 Noveno (9°) 6
Cuarto (4°) 9 Décimo (10°) 5
Quinto (5°) 10 Undécimo (11°) 4
Total 50 38 Gran total:
88
Que de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Secretaría de
Educación Municipal, se debe tener en cuenta el perfil de los docentes para la
asignación de la obligación académica.
Que los decretos 1850 y 1290 emanados del Ministerio de Educación
Nacional, fijaron las pautas para la asignación de jornadas laborales y de
asignación académica.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Asignar las funciones de Directivos Docentes a:
1. Lic. Omar Sandoval Fonseca Rector
2. Lic. Cristina Sánchez Sánchez Coordinadora sede Jaime Rook y
Dorado
3. Lic. Gladys Colmenares Sandoval Coordinadora Bachillerato: grado 9 y 10
4. Lic. Julio Nepalí Daza Vargas Coordinador Primaria, Bachillerato;
Grado 6 Manzanares
5. Lic. José Hugo Gaona Cruz Coordinador Manzanares, grados 7 y 8
6. Lic. Xxxx Coordinadora Jordán, Rafael Uribe y
San Antonio.
Asignar las funciones de Psicoorientación a:
1. Lic. Marien Armida Barón Neira Sedes Manzanares y Uribe Uribe
2. Lic. Ana Lucía Gaona Rodríguez Sedes Jaime Rook, San Antonio y
Jordán
Asignar las funciones docentes a:
(…)
CAMPO DE FORMACIÓN: CIENCIA Y TECNOLOGIA
1. ÁREA: CIENCIAS NATURALES
N. Docente Nombram Esc DG Área Grado Cursos IHS THS Total
MIRYAM ROJAS 3,4,5,6,7
CC. XX Ciencias 8 5 4 20
Bachiller académico En
propiedad
Lic. Biología Química 14 8.6 Ética 8 1 6 1 1 21
Esp. Educa
19
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
ambiental
Esp. Ed.
personalizada
(…)
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Tunja a los 24 días del mes de enero de 2017
OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector”
De acuerdo con el gráfico anterior, a la docente Myriam Rojas Jiménez para el año
lectivo 2017 la asignación académica correspondió a las áreas en Ciencias y Ética
para ser dictada a los estudiantes de los seis cursos del grado 8° de la IE Silvino
Rodríguez.
2.1.2. Oficio del 20 de febrero de 2017 emitido también por el rector del
plantel educativo en el que consignó entre otras las siguientes
motivaciones20:
“ASIGNACIÓN CARGA ACADÉMICA.
En segundo lugar, me permito recordarle a usted que la asignación de la
carga académica a los diferentes docentes de la institución es una función,
que por mandato de la Ley corresponde a los Rectores, función que se debe
cumplir no al arbitrio o capricho de los rectores u obedecer a consideraciones
diferentes al estricto sentido de la responsabilidad y la eficiencia del recurso
humano docente, en beneficio del alumnado.
(…)
El número de estudiantes de grado 10° matriculados para el año lectivo 2017
en la especialidad de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, donde se ofertó
el programa de análisis de muestras químicas, disminuyó en su demanda en
un alto porcentaje, lo que trae como consecuencia directa el cierre de grupos
en las especialidades.
De otro lado es preciso también recordar que los programas articulados,
acogen las políticas del SENA y deben estar sujetos a las reglamentaciones
que disponen su desarrollo, en materia de asignación de instructores, número
de estudiantes por grupo, horarios, condiciones de desarrollo curricular del
programa, tiempo para la orientación de competencias y resultados de
evaluación, criterios e indicadores de evaluación, estrategias metodológicas,
recursos y ambientes de aprendizaje que la Institución educativa debe poner
a disposición de los instructores del SENA, para adelantar el programa
20 Folios 67-69 y 751-753
20
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
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articulado.
En la especialidad de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, en el año 2017,
se ofertaron dos programas articulados con el SENA – Centro Minero de
Sogamoso: Análisis de Muestras Químicas (para grado 10 y 11) y Análisis
Químico de Minerales (para grado 11), organizados de la siguiente manera:
Grado 10°:
Un grupo de Análisis de Muestras Químicas, orientado por la profesora Rocío
Medina, Licenciada en Biología, asignada a la especialidad de Ciencias
Naturales y Medio Ambiente (6 horas del día lunes)
Grado 11°:
Dos grupos de Análisis químico de minerales, orientados por la profesora
Rocío Medina (12 horas: seis el jueves y seis el viernes)
7) Un grupo de Análisis de muestras químicas, orientado por el docente Elver
Cely, Licenciado en Química, quien ha trabajado en la especialidad y se le
asigna para el presente año, un grupo (6 horas el día jueves).
El SENA Centro Minero de Sogamoso, ente articulador de estos programas,
dio su aval para desarrollarlos y asignó los instructores que tendrán a cargo
su dirección. Es necesario aclarar que los programas de análisis químico de
minerales y análisis de muestras químicas, en el presente año, se están
adelantando de acuerdo con las condiciones de articulación.
Los dos grupos a los que el SENA no dio el aval para su apertura, los ha
justificado de la siguiente manera:
Análisis de muestras químicas. El grupo del día martes no cumple con el
requisito de número mínimo de estudiantes para su apertura. Para el grupo
del día miércoles, el SENA no dispone de instructor para orientarlo.
Por lo anterior, NO SE ACCEDE a la solicitud del recurso y la asignación
académica no se modificará” (subrayado fuera de texto)
2.2. Del derecho a la educación y la regulación de las cargas académicas en
los planteles educativos
La Constitución Política en los artículos 27 y 67 prescribe:
“Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra.
(…)
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.
21
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos;
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación
y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señalen la Constitución y la ley.”
De acuerdo con los apartes de las normas transcritas, la educación tiene una
doble connotación al ser considerada como un derecho de toda persona pero
también como un servicio público, que bien puede ser prestado por el sector
público o privado en todo caso, la vigilancia en la prestación del mismo corre por
cuenta del Estado, con el fin insoslayable de garantizar el adecuado cubrimiento
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo.
Por su parte, corresponderá a la Nación y a las entidades territoriales participar en
la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en
los términos que señalen la Constitución y la ley.
En desarrollo de los anteriores mandatos constitucionales, el legislador profirió la
Ley 115 del 8 de febrero de 1994 “Por la cual se expide la ley general de
educación”, que entre otras disposiciones resultan pertinentes al caso en estudio:
“ARTÍCULO 115. RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS EDUCADORES
ESTATALES. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las
normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El
régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley
91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política,
el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones y salarios legales.
En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de
22
No. Interno: 3684-2019
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los educadores.”
(…)
ARTÍCULO 117. CORRESPONDENCIA ENTRE LA FORMACIÓN Y EL
EJERCICIO PROFESIONAL DE EDUCADOR. El ejercicio de la profesión de
educador corresponderá a la formación por él recibida. Para el efecto, las
instituciones de educación superior certificarán el nivel y área del
conocimiento en que hizo énfasis el programa académico.
PARÁGRAFO. El título de normalista superior sólo acredita para ejercer la
docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria,
en los términos de la presente Ley.
(…)
ARTICULO 142. Conformación del gobierno escolar. Cada establecimiento
educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el
Consejo Directivo y el Consejo Académico.
(…)
ARTICULO 144. Funciones del consejo directivo. Las funciones del consejo
directivo serán las siguientes:
(…)
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado;
(…)
g) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos a la
consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que
haga sus veces para que verifique el cumplimiento de los requisitos;
(…)
Según los apartes transcritos de la Ley 115 de 1994, todo establecimiento
educativo tiene un consejo de gobierno que está integrado por el rector, el
Consejo Directivo y el Consejo Académico; a su turno el Consejo Directivo entre
otras funciones atiende las de garantizar los derechos de toda la comunidad
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado, así como la de
participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la respectiva
Secretaría de Educación. Mientras que el artículo 145 ídem señala que el Consejo
Académico presidido por el rector o director, estará integrado por los directivos
docentes y un docente por cada área o grado que ofrezca la respectiva institución,
que entre otras funciones tiene la de participar en el estudio, modificación y
ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Por su parte, la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001 “Por la cual se dictan
23
No. Interno: 3684-2019
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normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros”, ley orgánica que reguló entre otros
aspectos los siguientes:
“Artículo 10. Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las
instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso,
además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes:
10.1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la
participación de los distintos actores de la comunidad educativa.
10.2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y
coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar.
10.3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la
comunidad escolar.
10.4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y
dirigir su ejecución.
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos
interinstitucionales para el logro de las metas educativas.
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones
correspondientes al personal docente y administrativo y reportar las
novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación
distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces.
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con
las novedades y los permisos.
10.8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal
docente, y en su selección definitiva.
10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes,
directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las
normas sobre la materia.
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos
docentes y administrativos a su cargo.
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control
interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes.
10.12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.
10.13. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio,
de acuerdo con sus requerimientos.
10.14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.
10.15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al
menos cada seis meses.
10.16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por
incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley.
10.17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por
escrito a los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los
horarios y la carga docente de cada uno de ellos.
10.18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta
prestación del servicio educativo.
Parágrafo 1º. El desempeño de los rectores y directores será evaluado
anualmente por el departamento, distrito o municipio, atendiendo el
reglamento que para tal fin expida el Gobierno Nacional. La no aprobación de
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No. Interno: 3684-2019
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la evaluación en dos años consecutivos implica el retiro del cargo y el regreso
al ejercicio de la docencia en el grado y con la asignación salarial que le
corresponda en el escalafón.” (subrayado fuera de texto)
Según los numerales subrayados de la norma transcrita, entre otras funciones
reconocidas a los rectores de instituciones educativas públicas, se encuentran las
de dirigir el proyecto educativo; presidir el Consejo Directivo y el Consejo
Académico y ser coordinador de los distintos órganos del Gobierno Escolar;
administrar el personal asignado a la institución académica en cuanto a las
novedades y permisos, así como distribuir las asignaciones académicas entre
otras.
Por su parte, el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades del
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, expidió el Decreto 1850
del 13 de agosto de 2002 "Por el cual se reglamenta la organización de la
jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los
establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los
departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otras disposiciones",
legislación que definió la asignación académica así:
“Artículo 5°. Asignación académica. Es el tiempo que, distribuido en períodos
de clase, dedica el docente a la atención directa de sus estudiantes en
actividades pedagógicas correspondientes a las áreas obligatorias y
fundamentales y a las asignaturas optativas, de conformidad con el plan de
estudios.
La asignación académica de los docentes de preescolar y de educación
básica primaria será igual a la jornada escolar de la institución educativa para
los estudiantes de preescolar y de educación básica primaria, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto.
Parágrafo. El tiempo total de la asignación académica semanal de cada
docente de educación básica secundaria y educación media, será de
veintidós (22) horas efectivas de sesenta (60) minutos, las cuales serán
distribuidas por el rector o director en períodos de clase de acuerdo con el
plan de estudios. Esta asignación rige a partir del 1° de septiembre de 2002,
en todo caso, los establecimientos educativos de calendario A deberán
culminar el proceso de asignaciones a que se refiere esta disposición el 1° de
enero de 2003.” (subrayado nuestro)
Acorde con los apartes transcritos, la asignación académica corresponde al tiempo
que el docente dedica a sus estudiantes, que se encuentra distribuido en períodos
de clase, correspondientes a las áreas obligatorias y a las asignaturas optativas,
25
No. Interno: 3684-2019
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de conformidad con el plan de estudios. En el caso de la educación básica
secundaria y educación media, corresponde a 22 horas efectivas de 60 minutos a
la semana, que son distribuidas por el rector o director en períodos de clase
de acuerdo con el plan de estudios.
A su turno, mediante Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación", entre otras
normativas reglamentó:
“ARTÍCULO 2.3.3.1.5.8. Funciones del Rector. Le corresponde al Rector del
establecimiento educativo:
a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las
decisiones del gobierno escolar;
(…)
e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativa;
f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
(…)
h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para
canalizarlas en favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional;
(…)
k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le
atribuya el proyecto educativo institucional.”
(…)
En cuanto a la distribución de las actividades docentes prescribió:
“ARTÍCULO 2.4.3.2.3. Distribución de actividades de los docentes. Para el
desarrollo de las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo académico con
estudiantes, definidas en el calendario académico, el rector o director del
establecimiento educativo, fijará el horario de cada docente, distribuido para
cada día de la semana, discriminando el tiempo dedicado al cumplimiento de
la asignación académica y a las actividades curriculares complementarias.
Según las disposiciones normativas del Decreto 1075 de 2015, ratifican la
competencia reconocida al rector o director del establecimiento educativo, para
fijar el horario y la asignación académica de los docentes en su respectivo plantel
El Ministerio de Educación Nacional profirió la Directiva Ministerial 02 del 26 de
26
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
enero de 2012 sobre “Competencias de los Rectores y Directores Rurales en
materia de Jornada Laboral de los educadores y Jornada Escolar de los
estudiantes”, documento que previó los siguientes supuestos:
“En este sentido, son funciones de los rectores y directores de los
establecimientos educativos oficiales las siguientes:
1. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones docentes,
directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las
normas sobre la materia (Artículo 10 numeral 9 de la Ley 715 de 2001).
2. Definir el horario de la jornada escolar (…)
3. Definir la asignación académica de cada docente, la cual será en
horas efectivas de trabajo con los estudiantes de acuerdo con los siguientes
parámetros: 20 horas para los docentes de preescolar, 25 horas para los
docentes de básica primaria y 22 horas para los docentes de básica
secundaria y media, distribuidos en periodos de clase (Artículos 2 y 5 Decreto
1850 de 2002). (…)
4. Distribuir las funciones de los docentes para cada día de la semana,
para lo cual fijará el horario de cada docente, en él se deben incluir las ocho
horas diarias que corresponden a su jornada laboral reglamentaria,
discriminando el tiempo dedicado el cumplimiento de la asignación académica
y a las actividades curriculares complementarias que desarrollará el resto de
su jornada laboral dentro o fuera del establecimiento educativo. (…)
5. (…)
6. (…)
7. Conceder o negar permisos remunerados por causa justificada hasta
por tres días hábiles consecutivos a los docentes y directivos del
establecimiento educativo, dichos permisos deben solicitarse y concederse
siempre por escrito (artículo 65 del Decreto 2277 de 1979 y artículo 57 del
Decreto 1278 de 2002)”
Según el marco normativo transcrito, corresponde a los rectores de los
establecimientos educativos del sector oficial, definir la asignación académica de
los docentes, que estará acorde con el nivel educativo y el área de conocimiento
del titular.
2.3. Marco legal del acoso laboral
El Congreso de la República expidió la Ley 1010 del 23 de enero de 2006 “Por
medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”, que en el
artículo 1° estableció el objeto en el contexto de una relación laboral privada o
pública y los bienes jurídicos protegidos siendo ellos: el trabajo en condiciones
dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los
trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo
27
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. En el parágrafo del artículo
analizado, se excluyó de esta legislación las relaciones civiles y/o comerciales
derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta
una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación
administrativa”21. En todo caso, los preceptos normativos de la Ley 1010 de 2006
se aplican a las relaciones laborales tanto del sector público como privado, sin
razón alguna para excluir las que se desarrollan en el ámbito del sector oficial
docente.
El artículo 2° de la legislación analizada estableció la definición y modalidades del
acoso laboral en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL. Para
efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta
persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de
un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un
compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo,
intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.
En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse,
entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:
1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la
libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o
trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad
moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en
una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a
menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de
trabajo de tipo laboral.
2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o
evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del
empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de
trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación
laboral.
3. Discriminación laboral: <Numeral modificado por el artículo 74 de la Ley
1622 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> todo trato diferenciado por
razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso,
preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde
el punto de vista laboral.
4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el
cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para
el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral,
21 Este inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-960-07 de 14 de noviembre de 2007,
Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, 'en el entendido de que si en realidad existe una relación laboral, se aplicará
la Ley 1010 de 2006'
28
No. Interno: 3684-2019
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entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos
o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el
ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.
5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la
integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de
funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y
seguridad para el trabajador.” (subrayas fuera de texto)
Según se lee de la norma transcrita, en cuanto a la definición de acoso laboral se
evidencia la utilización de varios verbos rectores poniendo de presente que dichas
acciones -que pueden provenir del jefe o superior jerárquico inmediato o mediato-,
lo que procuran es causar distintos sentimientos en el acosado, que le perjudican
laboralmente y que incluso lo pueden inducir a renunciar a su empleo.
En cuanto a las modalidades en que se puede evidenciar el acoso laboral, el
legislador previó el maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento,
la inequidad y la desprotección laboral, cada una de ellas debidamente definidas
en el artículo 2° ídem.
Mientras los artículos 3° y 4° establecen las circunstancias atenuantes o
agravantes del acoso laboral, el artículo 5° relativo a la graduación previó que lo
dispuesto en los dos artículos anteriores, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto
en el Código Disciplinario Único, para la graduación de las faltas. A su vez el
artículo 6° relativo a los sujetos y al ámbito de aplicación de la ley dispuso:
“Pueden ser sujetos activos o autores del acoso laboral: (…) Los servidores
públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y servidores con
régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública (…)”.
Así las cosas, los artículos 1° y 6° de la Ley 1010 de 2006, abren la posibilidad
para que a pesar de reconocerse el régimen especial que reglamenta el servicio
público de la educación prestado por los docentes, también tengan aplicabilidad
las previsiones de la normatividad en comento en el desenvolvimiento de las
relaciones laborales en este sector de la administración pública.
29
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Respecto de las conductas que constituyen acoso laboral el artículo 7° previó las
siguientes:
“ARTÍCULO 7o. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se
presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública
de cualquiera de las siguientes conductas:
(…)
i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones
laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el
cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo
o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la
necesidad técnica de la empresa;
j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral
contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral
y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún
fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma
discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados;
(…)
m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por
enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones
legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;
(…)
Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral.
La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la
conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad
humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos
fundamentales.
(…) (subrayas nuestras).”
La Corte Constitucional al pronunciarse sobre la demanda de inexequibilidad
interpuesta únicamente contra las expresiones “repetida y pública” consignadas en
el primer inciso del artículo 7° de la Ley 1010 de 2006, mediante sentencia C-780
del 26 de septiembre de 200722, declaró exequible la integridad del citado precepto
normativo.
Por su parte el artículo 8° de la Ley 1010 de 2006 enlista las conductas que no
constituyen acoso laboral entre ellas la del literal c) La formulación de exigencias
razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional. El artículo 9°
de la legislación examinada, señala las medidas preventivas y correctivas del
acoso laboral, mientras que el artículo 10 estipula el tratamiento sancionatorio al
acoso laboral; el inciso 2° del artículo 12 ídem en cuanto a la competencia
22 M.P. Humberto Sierra Porto
30
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dispuso “cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la
competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio
Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y
Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que señala la ley.”
El artículo 13 ibídem estableció respecto del procedimiento sancionatorio:
“Cuando la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio Público se
aplicará el procedimiento previsto en el Código Disciplinario único.”, el artículo 15
estableció el llamamiento en garantía mientras que el artículo 18 fijó la caducidad
de la acción en tres años.
2.4. Hechos acreditados
La abundante prueba arrimada al expediente da cuenta del siguiente devenir
fáctico:
2.4.1. Resolución N° 00643 del 15 de abril de 2015 “Por medio de la cual se
habilita los programas de Articulación y Modalidad de la Educación Media en la
Institución Educativa SILVINO RODRÍGUEZ en el municipio de Tunja”, expedida
por el Secretario de Educación del municipio de Tunja, que en el artículo primero
habilitó los siguientes programas de Articulación y Modalidad de la educación
media académico y/o técnico, así: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL: 1. Técnico con Especialidad en Análisis de Muestras Químicas. 2.
Técnico con Especialidad en Análisis Químico de Minerales23.
2.4.2. Comunicación dirigida el 20 de febrero de 2017 por 19 estudiantes
egresados de la IE Silvino Rodríguez al Secretario de Educación de Tunja, en la
que le expresaron su inconformidad por la cancelación de los programas Análisis
de Muestras Químicas y Análisis Químico de Minerales24
2.4.3. Respuesta fechada 6 de marzo de 2017 suscrita por la Líder de Inspección
23 Folios 20-22 Esta Resolución 00643 del 15 de abril de 2015 fue modificada por la Resolución N° 00048 del 11 de enero de 2017
en cuanto al hecho de extender a cuatro instituciones más los programas de articulación y modalidad de la educación media
académico y/o técnico (folios 138-140
24 Folios 23-25
31
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y Vigilancia de la Secretaría de Educación de Tunja, mediante la cual respondió el
requerimiento de los estudiantes del 20 de febrero en los siguientes términos:
“Atendiendo a su solicitud sobre la especialidad de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental en los programas articulados con el SENA que oferta la
Institución Educativa Silvino Rodríguez, le manifiesto que los programas Análisis
de Muestras Químicas y Análisis Químico de Minerales, no han sido
cancelados, siguen como venía de años anteriores. La Institución Educativa
Silvino Rodríguez sí ha tenido que cerrar algunos grupos de los diferentes
programas debido al requisito exigido por el SENA en cuanto al número de
estudiantes”25.
2.4.4. Resolución N° 01004 del 19 de noviembre de 2014 “Por medio de la cual se
reconoce autorización oficial y las sedes en las que actualmente funciona la
Institución Educativa SILVINO RODRÍGUEZ en el municipio de Tunja”, que
reconoció las sedes: principal Jaime Rook, San Antonio, Jordán, El Dorado, Rafael
Uribe Uribe y Manzanares26.
2.4.5. Convenio interadministrativo de cooperación del 30 de noviembre de 2012
suscrito entre el municipio de Tunja y el SENA cuyo objeto es: “Establecer las
bases de cooperación entre el Municipio de Tunja y el SENA para desarrollar el
programa de articulación de la educación media y técnica en las instituciones
educativas oficiales de carácter técnico y académico cuyo propósito es el
desarrollo de competencias específicas contenidas en los programas de formación
profesional, integral del SENA”27.
2.4.6. Acta N° 05 del 26 de octubre de 2016 de la reunión del Consejo Académico
de la I.E Silvino Rodríguez, en la que se discutió la propuesta de formación de
especialidades y programas para ofertar con el aval de la Secretaría de Educación
del Municipio de Tunja para el año 201728.
En la especialidad Ciencias Naturales y Medio Ambiente del programa ciencias
25 Folio 29
26 Folios 49-50
27 Folios 144-146
28 Folios 147-152
32
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
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experimentales, se propuso un programa nuevo desarrollado por la IE Silvino
Rodríguez, sin articulación para los estudiantes que ingresaran al grado 10° y
que no aspiran al certificado de Técnico y, los dos programas Técnico en Análisis
de Muestras Químicas y Técnico en Análisis Químico de Minerales con la
articulación del Sena Centro Minero de Sogamoso a los estudiantes del grado 11
a quienes se les otorgaría el certificado técnico otorgado por el Sena.
Esta acta consignó lo siguiente “Cada uno de los aspectos estudiados fue puesto
a consideración del consejo y una vez aprobado se continúa con el análisis de los
demás artículos que conforman cada capítulo hasta culminar la revisión”29.
2.4.7. Acta N° 14 del 3 de diciembre de 2016 del Consejo Directivo en la que se
trató el acta discutida por el Comité Académico reunido el 26 de octubre anterior30.
2.4.8. Proyecto Educativo Institucional “Educación con Visión Humana” de la
Institución Educativa Silvino Rodríguez Tunja 2017, que en la especialidad
Ciencias Naturales y Educación Ambiental “Desarrolla los programas de
Técnico en Análisis Químico de Minerales y Técnico en Análisis de Muestras
Químicas, en articulación con el SENA Centro Minero de Sogamoso y Ciencias
Experimentales orientado por la Institución Educativa Silvino Rodríguez, sin
articulación”. Igualmente estableció que el ciclo básico de segundaría y de media
técnica sería de 6 horas diarias 30 horas semanales y 1200 anuales31.
2.4.9. Comunicación fechada 29 de marzo de 2017 suscrita por el señor Omar
Sandoval Fonseca dirigida al Secretario de Control Interno Disciplinario de la
Alcaldía de Tunja, mediante el cual dijo “remito el oficio radicado en esta oficina el día
5 de febrero del presente año por la señora Myriam Rojas Jiménez, para que a través de
su despacho se abra investigación a la señora Coordinadora de la sede Jaime Rook,
Cristina Sánchez Sánchez y al suscrito Rector, Omar Sandoval Fonseca”32.
2.4.10. Comunicación del 11 de marzo de 2017 suscrita por el Secretario de
29 Folio 151
30 Folios 153-154
31 Folios 158-204
32 Folio 225
33
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
Educación de Tunja dirigida a la señora Myriam Rojas Jiménez relacionada con la
solicitud de intervención en relación con la terminación del programa Análisis
Químico de Minerales, en la que le informó que requirió al rector de la IE Silvino
Rodríguez para que remitiera los documentos que justificaran tal decisión y, que
en virtud de los artículos 7° y 32 de la Ley 115 de 1994, le corresponde a la familia
matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus
expectativas y, que los programas de educación media técnica en sus distintas
especialidades deben corresponder a las necesidades regionales, que para la
oferta de programas se deben tener en cuenta factores como la infraestructura
adecuada, el personal docente especializado y establecer una coordinación con el
SENA y otras instituciones de capacitación laboral o del sector productivo.
Igualmente consignó “En relación con lo último el SENA como entidad con la cual se
tiene el convenio de articulación, tiene establecidos unos requisitos técnicos para
mantener un programa de habilitación, dentro de los cuales está el número mínimo de
estudiantes que debe haber matriculados en cada programa para que pueda ser ofertado,
que actualmente corresponde a 29 estudiantes. Esta información…” 33.
2.4.11. Formato Único Hoja de Vida de la señora Myriam Rojas Jiménez en el que
figura que es Licenciada en Biología y Química y especialista en Ecología, según
los diplomas los títulos obtenidos datan del 3 de julio de 1981 y el 4 de abril de
1997 respectivamente, entre otra documentación aportada34.
2.4.12. Certificación del 22 de agosto de 2018 expedida por el Secretario de
Control Interno Disciplinario de Tunja según la cual a la señora Myriam Rojas
Jiménez no le figura ningún proceso ni sanción de esta naturaleza35.
2.4.13. Resolución N° 15683 del 1 de agosto de 2016 “por la cual se subroga el
Anexo I de la Resolución N° 9317 de 2016 que adoptó el Manual de Funciones,
Requisitos y Competencias para los cargos de directivos docentes y docentes del
sistema especial de carrera docente” y Resolución N° 9317 de 2016 “por la cual se
adopta e incorpora el Manual de Funciones Requisitos y Competencias para los
33 Folios 231-232
34 Folios 671-764
35 Folio 798
34
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
cargos directivos docentes y docentes del sistema especial de carrera docente y
se dictan otras disposiciones”.36
2.4.14. Auto del 27 de agosto de 2018 proferido por el Secretario de Control
Interno Disciplinario del municipio de Tunja, mediante el cual demitió por
competencia las diligencias radicadas con el N° 2017-046 a la Procuraduría
Provincial de Tunja, para que adelante la actuación disciplinaria con ocasión de la
queja interpuesta por la señora Myriam Rojas Jiménez contra Cristina Sánchez
Sánchez y Omar Sandoval Fonseca37.
2.4.15. La prueba testimonial fue recepcionada por la primera instancia durante la
audiencia de pruebas, al tiempo que fue incorporada prueba documental requerida
por la parte actora38.
2.4.16. Copia de la actuación disciplinaria adelantada por la Secretaría de
Educación de Tunja antes de ser remitida a la Procuraduría Provincial de Tunja
contentiva en dos cuadernos de anexos39.
2.5. Resolución del caso concreto
Ocupa la atención de la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de la parte demandante, quien alegó a lo largo de la actuación
administrativa y judicial, que la docente Myriam Rojas Jiménez recibió un trato
discriminatorio por parte del municipio de Tunja y en particular de las directivas de
la I.E. Silvino Rodríguez, debido a la implementación de actuaciones orientadas a
eliminar las actividades que venía desarrollando durante años, al haber terminado
–de forma velada- el Programa de Beneficio de Minerales Carbón y Coques.
Igualmente alegó que los actos administrativos acusados incurrieron en las
causales de nulidad por infracción de las normas en que debían fundarse, falsa y
falta de motivación y desviación de poder, al considerar que la carga académica
36 Folio 822 y CD folio 823
37 Folios 825-827
38 Llevadas a cabo los días 23 de agosto, 4 de septiembre y 5 de octubre de 2018
39 De 274 y 583 folios respectivamente
35
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
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asignada a la demandante para el año lectivo 2017, encubrió una finalidad distinta
que no conllevó el mejoramiento del servicio, sino que se trató de un acto de
agresión laboral al haber desconocido que la accionante durante muchos años
había sido quien había asumido y dictado el programa académico del área de
Química en la I.E. Silvino Rodríguez, dada su vasta trayectoria laboral y formación
académica.
El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 28 de marzo de
201940, negó las pretensiones de la demanda al no encontrar desvirtuada la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, luego de
efectuar un minucioso estudio de las pruebas aportadas al plenario –documental y
testimonial- a la luz de la legislación que regula el tema de la asignación
académica en una institución educativa del sector oficial del orden municipal, entre
ellas las leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y los decretos 1850 de 2002 y 1075 de
2015, así como las directivas impartidas por el Ministerio de Educación Nacional
entre ellas la N° 02 de 2012.
En criterio del fallador de primera instancia, luego de un riguroso examen en el
que cotejó la abundante prueba documental y testimonial de los ex compañeros de
trabajo de la docente -incluidas las declaraciones del rector y de la coordinadora
académica-, concluyó que los supuestos hechos configurativos de acoso laboral
no se presentaron, pues lo que ocurrió fue la inconformidad de la demandante
ante el cambio de programa que venía desempeñando y de lugar de trabajo,
decisiones que en todo caso fueron adoptadas por quien tenía competencia para
hacerlo –el rector de la institución académica-, en uso de sus facultades legales,
que en todo caso no implicaron los vicios de validez endilgados a los actos
administrativos demandados.
Inconforme con la decisión del a quo, el apoderado de la docente Myriam Rojas
Jiménez interpuso recurso de apelación mediante el cual pretende la revocatoria
del fallo impugnado, con fundamento en las siguientes razones de discrepancia: i)
el a quo efectuó una valoración errada de los medios probatorios y excluyó otros
que solamente podían ser obtenidos por la víctima de la agresión laboral; ii)
40 Extensa providencia de 96 páginas
36
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
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debieron ser reconocidos como plena prueba los archivos de las reproducciones
de voz de la parte contra la cual se aducen, siendo la parte demandada la única
habilitada para presentar su tacha y haberla probado; iii) no es omnímoda ni
arbitraria la facultad de asignación académica efectuada en los actos acusados,
por lo que el fallador no podía sustraerse a la aplicación del derecho; iv) la
demandada al efectuar la asignación académica en los actos acusados, lo que
hizo fue transgredir y desconocer la formación y trayectoria de la docente actora,
con una finalidad distinta al mejoramiento del servicio, toda vez que el docente
nombrado en su reemplazo carecía de la formación y experiencia que ella tenía; v)
los actos demandados fueron utilizados como instrumento de agresión laboral en
contra de la demandante y; vi) el fallo apelado debe ser revocado, pues los actos
demandados se expidieron con desconocimiento de la formación profesional en
Química que ostenta la demandante.
La Sala para efectos metodológicos, agrupará las anteriores inconformidades bajo
dos enfoques a saber: i) el primero relativo al cuestionamiento de la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá al haber excluido pruebas
como las grabaciones de voz, para acreditar la agresión laboral de la que dice fue
víctima la docente y, ii) el segundo enfoque de disertación, es el relativo a la
verificación de las causales de nulidad endilgadas a los actos administrativos
demandados, relativas a la falsa motivación, infracción de las normas en que
debieron fundarse y desviación de poder, porque dichas decisiones lo que
contienen es una sanción propinada a la docente –como acto de agresión laboral-,
al ser trasladada de sede y por la asignación de una carga académica que
desconoció su formación y trayectoria laboral, con una finalidad distinta al
mejoramiento del servicio.
2.5.1. La exclusión de apreciación de algunas pruebas no era determinante
para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados
En el sentir del profesional del derecho que representa a la señora Myriam Rojas
Jiménez, el Tribunal de primera instancia erró al haber excluido de apreciación
probatoria las grabaciones de voz aportadas por cuanto en su sentir, dicha
37
No. Interno: 3684-2019
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omisión impidió acreditar la agresión laboral que durante años venía soportando la
docente por parte de la Coordinadora Académica señora Cristina Sánchez
Sánchez y del rector Omar Sandoval Fonseca servidores de la I.E. Silvino
Rodríguez.
En efecto en la sentencia del 28 de marzo de 2019 sobre el particular se dijo que
las grabaciones allegadas por la parte demandante no podían ser valoradas en el
caso sub examine, por las siguientes razones: i) no fueron conocidas ni ratificadas
por la coordinadora, el rector y demás personas que fueron grabadas; ii) no se
demostró la autenticidad de dichas grabaciones y; iii) porque no existe un
pronunciamiento de la autoridad competente que hubiera declarado a la docente
Myriam Rojas Jiménez, víctima de acoso laboral.
La Sala acoge las anteriores consideraciones del fallo impugnado, por cuanto se
encuentra acreditado que fue apenas en la Audiencia de Pruebas llevada a cabo
el día 4 de septiembre de 2018 ante la Sala Unitaria de primera instancia, que fue
aportada por el apoderado de la demandante como prueba, una (1) unidad USB
que contiene tres archivos correspondientes a tres carpetas denominadas notas
2015, notas 2016 y notas 2017, cada una de ellas a su vez con notas editadas y
comprimidas de conversaciones de voz que a lo largo de tres años sostuvieron
durante la relación laboral, la demandante y los directivos de la institución
educativa a quienes acusa de agresión laboral41.
Por tanto, al no haber sido aportada esta prueba que contiene grabaciones de voz
desde el comienzo en la introducción de la demanda, no tuvieron la oportunidad
de ser reconocidas por aquellas personas que en dichas conversaciones
intervinieron como la señora Cristina Sánchez Sánchez y el señor Omar Sandoval
Fonseca, de tal manera que su autenticidad no está garantizada toda vez que
estas personas al desconocer que estaban siendo grabadas, no pudieron aprobar
su reproducción y menos su exhibición en proceso judicial.
Y es que estas grabaciones fueron aportadas en dicha altura procesal, con el fin
de sustentar la tacha de falsedad propuesta por el apoderado de la demandante,
41 Folios 828-833 y USB obrante en un sobre cerrado visible a folio 836
38
No. Interno: 3684-2019
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contra algunos documentos aportados por la parte demandada, incluido el oficio
del 20 de febrero de 2017 objeto de nulidad. De tal manera que, al no haber sido
aportadas con la demanda, además de no haber sido reconocida la autenticidad
por quienes fueron grabados, no pueden servir como medio probatorio para
acreditar la ilegalidad de los actos administrativos demandados, toda vez que con
dichas grabaciones lo que pretendía la accionante era demostrar agresiones
laborales, que dice venía soportando desde el año 2015.
En vista de lo anteriormente expuesto, tal y como lo afirmó la primera instancia en
el fallo impugnado, hasta dicho momento procesal no había sido declarada como
víctima de acoso laboral la señora Myriam Rojas Jiménez, escenario en el que
debió aportar las mencionadas grabaciones previas las exigencias legales.
Sobre el particular, observa la Sala que la queja disciplinaria interpuesta por la
docente en contra de la coordinadora académica y el rector del plantel educativo
en el que trabaja, radicada ante la Secretaría de Control Interno Disciplinario de la
Alcaldía de Tunja - copia del proceso disciplinario obra en la presente actuación
judicial42-, fue remitida por competencia mediante Auto del 27 de agosto de 2018
a la Procuraduría Provincial de Tunja43, sin que esta Sala tenga conocimiento de
alguna decisión de fondo.
Por tanto, se está ante dos escenarios distintos como son el del acoso laboral a la
luz de la Ley 1010 del 23 de enero de 200644 y el del control de legalidad de los
actos administrativos demandados en virtud del medio de nulidad y
restablecimiento del derecho incoado a la luz del artículo 138 CPACA, que ocupa
la presente atención de la Sala.
De tal manera que no erró la primera instancia al haber excluido las grabaciones
de voz de apreciación probatoria, dado que tampoco se trató de una prueba
autorizada por autoridad judicial competente, toda vez que al implicar la
intromisión en el ámbito de intimidad de las personas allí comprometidas, se
42 ANEXO NO. 1 (FLS 797-798) COPIA PROCESO DISCIPLINARIO NO. 2017-046 CONTRA CRISTINA SÁNCHEZ Y OMAR
SANDOVAL 582 FOLIOS EN DOS CUADERNOS, Carpeta 18 SAMAI
43 Folios 825-827
44 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de
las relaciones de trabajo.
39
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
requería de dicha orden en virtud del artículo 15 superior según el cual, la
correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables y sólo
pueden ser interceptadas o registradas, mediante orden judicial y previa las
formalidades legales. Ninguno de los anteriores supuestos se presentaron en el
sub judice y menos aún se puede aceptar que tal inconformidad, pueda
sobrepasar el respeto de derechos de rango constitucional.
En vista de las anteriores consideraciones, la Sala no ahondará respecto de
precedentes jurisprudenciales que soportaron la decisión anterior, por cuanto los
citados por la primera instancia en la sentencia recurrida, colman la sustentación
de la improsperidad de este cargo45.
Finalmente y no menos importante, la Sala llama la atención en el sentido de que
el apelante no acreditó que, de haberse adoptado una decisión distinta por la
primera instancia, es decir, que sí hubiera dado mérito probatorio a las
grabaciones de voz, el sentido de la providencia adoptada hubiera sido diferente y
en favor de sus intereses, toda vez que la negativa del fallador de primera
instancia en acceder a las pretensiones de la demanda, encuentra soporte en el
abundante material documental y testimonial apreciado en la providencia del 28 de
marzo de 2019, tal y como se entrará a analizar.
En suma, la ausencia de valoración probatoria de las grabaciones de voz, resulta
inane para las resultas de la decisión judicial ahora cuestionada, comoquiera que
obra en el expediente abundante prueba documental y testimonial que la soportan,
razón suficiente no acoger este argumento de inconformidad.
2.5.2. La asignación académica para el año 2017 no adolece de las causales
de nulidad endilgadas por la demandante
En términos generales a juicio de la parte activa, las decisiones administrativas
45 Sentencia del 20 de octubre de 2014 radicación número: 20001233100020100013001 (1205-12) M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero; sentencia del 21 de noviembre de 2017 radicación número: 73001233100020080070901 (38549) M.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa; sentencias de tutela de la Corte Constitucional T-003 de 1997, T-276 de 2015 y; Sentencia del 16 de marzo de
2017 radicación número: 11001032500020110069100 (2655-11) M.P. Gabriel Valbuena Hernández
45 Declaración de los señores Jacinto del Carmen Medina Ruiz, Bertha Sánchez de Uricoechea, Rocío Medina Arévalo, Cecilia Cobos
Castellanos y Myriam Salcedo Gutiérrez
40
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
acusadas están viciadas de nulidad porque adolecen de desviación de poder al
haber sido trasladada la docente y por la asignación de una carga académica que
desconoció su formación y trayectoria laboral con una finalidad distinta al
mejoramiento del servicio, de allí que incurre en falsa motivación pues la verdad
que encubre es de actos contentivos de agresión laboral.
Como ya se anotó en precedencia, el Tribunal de primera instancia no encontró
acreditadas ninguna de las razones invocadas por la parte actora, quien a toda
costa cuestionó la asignación académica de la docente Myriam Rojas Jiménez
para el año lectivo 2017, bajo el supuesto de que su expedición estuvo prevalida
de actos que configuraron agresión laboral irrogados por la coordinadora y el
rector de la I.E. Silvino Rodríguez en la que labora.
La Sala una vez efectuada la lectura del recurso de apelación, observa que las
razones de inconformidad esgrimidas no resultan suficientes para revocar la
providencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, al carecer de carga
argumentativa que logre controvertir los planteamientos in extenso desarrollados
en el fallo apelado.
Recuérdese que el pronunciamiento del juez de esta instancia judicial, está dado
por los motivos de discrepancia planteados en la apelación respecto de la decisión
adoptada en sede de primera instancia, solventados con razones y pruebas de
inconformidad respecto de las cuales el ad quem tenga la oportunidad de
pronunciar.
Empero lo anteriormente esgrimido, en el sub judice fue ausente esta carga
argumentativa toda vez el apoderado de la demandante se limitó a reiterar las
causales de nulidad alegadas contra los actos acusados, pero no se preocupó por
demostrar a esta Sala los motivos de discernimiento y menos aún en rebatir, las
razones esgrimidas por el fallador para adoptar la decisión que ahora pretende
sea revocada.
Es así como, el apoderado de la docente Myriam Rojas no logró controvertir la
aseveración del fallo según la cual, fue la Secretaría de Educación de Tunja la que
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No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
habilitó la especialidad de ciencias naturales y educación ambiental con énfasis en
Análisis de Muestras Químicas y Análisis Químico de Minerales46, por tanto, la
inconformidad radica en que para el año lectivo 2017 no le fue asignada esta
carga académica a la demandante, al haberle sido trasladada a otros docentes,
decisión que por sí sola, no se traduce en ilegal.
Negar esta posibilidad daría al traste con el reconocimiento del principio de
dinamismo y rotación de la planta académica que procura favorecer tanto a los
docentes como a los estudiantes y al contorno institucional.
Tampoco se observa motivación que controvierta la razón irrefutable según la
cual, los programas de articulación se abren o cierran según la demanda de los
estudiantes y padres de familia que así lo requieran, por cuanto las especialidades
no deben ser siempre las mismas, sino que deben dinamizarse de acuerdo con la
la economía regional. Al respecto resulta ilustrativa la declaración de la
coordinadora académica Cristina Sánchez Sánchez47. Igualmente, el fallo se
apoyó en el documento denominado Manual de Acompañamiento en la
Orientación Socio Ocupacional del año 2013 publicado por el Ministerio de
Educación Nacional, que no recibió comentario alguno por parte del apelante.
Del mismo modo, guardó silencio respecto de los requisitos técnicos exigidos por
el Sena para mantener el programa de articulación habilitado, entre ellos, el
número mínimo de estudiantes que debían matricularse, ni que se hubiera
demostrado que el proceso de exploración vocacional fuera manipulado ni por la
coordinadora académica ni por el rector de la I.E. Silvino Rodríguez, pues al
contrario la evidencia documental y testimonial acreditó que no había presencia de
docentes de cada vocacional o que los participantes en ella, carecieran de
capacidad para instruir a los estudiantes en la elección de la especialidad o
indujeran a los estudiantes y padres de familia. Ilustrativo resulta la declaración del
46 Resolución N° 00643 del 15 de abril de 2015 modificada por la Resolución 00048 del 11 de enero de 2017
47 Declaración de Cristina Sánchez Sánchez según la cual “el mercado laboral exige que se vayan renovando permanentemente las
especialidades para no saturar el mercado laboral y también porque es política del SENA rotar programas, en ese sentido la profesora
Myriam Rojas venía trabajando con el SENA de Sogamoso en la especialidad de Análsis de Muestras Químicas y Análisis Químico de
Carbones y Minerales”
42
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
señor Jacinto del Carmen Medina Ruiz48.
Esta Sala tampoco advierte que el censor se hubiera pronunciado respecto de la
decisión de la primera instancia, en cuanto a la posibilidad legal que le asistía a la
parte demandada, al evidenciar que en caso de que por alguna circunstancia no
se pudieran abrir los grupos, lo procedente era hacer la reubicación siendo en todo
caso el propio estudiante el que la adoptara, por lo que para el caso sub judice, la
demandante no logró demostrar que hubieran sido trasladados los estudiantes sin
su propia aquiescencia del grupo de ciencias a gastronomía y salud ocupacional,
como lo refirió sin prueba que así lo comprobara49.
Sobre el particular el fallo apelado consignó: “Finalmente en cuanto a la reubicación
de estudiantes inscritos en ciencias y trasladados a gastronomía y seguridad
ocupacional (fls. 123 y 124) se observa que el número de alumnos inscritos en la
vocacional de ciencias era menor (9 y 7) que los de gastronomía (12) y seguridad
ocupacional (17) pero lo que resulta cierto es que ningún grupo alcanzaba el número
mínimo necesario (29)” Con el mayor respeto, pero el apoderado de la actora no
desvirtuó el anterior argumento.
Por otra parte, según el material probatorio relacionado en el acápite 2.4. ut supra,
esta Sala encontró acreditado que el Sena no dio aval para la apertura de dos
grupos de Análisis de Muestras Químicas porque el grupo del día martes no
contaba con el número mínimo de estudiantes, porque el grupo del día miércoles
no contaba con instructor y, porque el programa no contaba con registro de
calidad. Es decir, las especialidades no fueron canceladas, sino que se cerraron
unos grupos por las razones antes enunciadas50.
Frente a esta realidad fáctica, el apelante no logró contradecirla, como tampoco
que para el año 2017 disminuyó la demanda pues a pesar de que 46 estudiantes
48 Preguntado: Hay prueba documental que indica que el programa se cerró por falta de estudiantes, adicional se cerró el programa
porque no había asignación de instructores del SENA, tiene usted conocimiento sobre esta situación. Contesto: Hay dos grupos, hay
uno que está el marte y en las políticas del SENA no reunía el número de estudiantes, el grupo del miércoles si reúne el tope mínimo
de estudiantes, es decir, tenía el número de estudiantes”
49 Las anteriores decisiones fueron adoptadas con fundamento en la prueba de anexos que contienes las fichas de exploración
vocacional para los años 2015 y 2016 (anexos 2 y 3)
50 Declaraciones de Jacinto del Carmen Medina y Rocío Mediana Arévalo
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No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
eligieron la especialidad solamente se matricularon 3751, lo que condujo al cierre
de grupos.
De tal manera que le asiste la razón al a quo al haber consignado lo siguiente:
“Finalmente, en cuanto a la reubicación de estudiantes inscritos en ciencias y trasladados
a gastronomía y seguridad ocupacional (fls. 123 y 124) se observa que el número de
alumnos inscritos en la vocacional de ciencias era menor (9 y 7) que los de gastronomía
(12) y seguridad ocupacional (17) pero lo que resulta cierto es que ningún grupo
alcanzaba el número mínimo necesario (29). Ninguna prueba existe para determinar el
procedimiento adelantado para tomar la decisión de reconfirmación de los grupos de
manera que pudiera la Sala estudiar el vicio de desviación de poder, como lo planta la
demandante, es decir, además del hecho probado no existe, siquiera la explicación
mediante la cual la demandante pretende establecer que la razón para agrupar los
estudiantes de ciencias con los de gastronomía y seguridad ocupacional tuvo un fin ajeno
al buen servicio”.
Ninguna de las anteriores motivaciones efectuadas por la primera instancia “es
superficial” como lo afirmó de forma irresponsable y ligera el apoderado de la
demandante, al pretender sustentar la apelación que se insiste, brilla por su
ausencia en cuanto a carga argumentativa que conduzca a la revocatoria de la
decisión adoptada, achacándole tal responsabilidad a la intuición deductiva del ad
quem.
Es así como, tampoco le mereció reproche la decisión según la cual, el envío de
un correo electrónico en horario no laboral por parte de la coordinadora a la
docente Myriam Rojas, no se constituye en una conducta reiterada e injustificada
que evidenciara agresión laboral como lo deprecó en la demanda. Ahora en lo que
respecta al análisis efectuado por el Tribunal para desestimar la supuesta
persecución laboral de la que dice fue objeto la docente, se observa que fueron
debidamente apreciadas a la luz de la sana crítica, las distintas declaraciones
arrimadas al expediente, sin que el recurrente las desvirtuara.
51 Asi lo consignó el oficio del 23 de marzo de 2017 expedido por el rector de la I.E. Silvino Rodríguez al derecho de petición que le
dirigió la docente Myriam Rojas Jiménez el 13 de marzo anterior: “De acuerdo con los resultados de exploración vocacional, los
estudiantes de Grado 10 que en el 2016 eligieron la especialidad de Ciencias Naturales articulada con el SENA Centro Minero de
Sogamoso fueron 46. Sin embargo, para el año 2017 solamente se matricularon 37…
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No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
El mismo sentido, es decir, en el de la ausencia de controversia, resulta evidente
el argumento de la primera instancia según el cual, no se evidencia desviación de
poder ni desmejoramiento del servicio, por el hecho de que la asignación
académica que se le impuso a la demandante en el año 2017, hubiera implicado
su traslado a la sede Manzanares y el desuso y abandono de los laboratorios de
química.
Lo anterior, por cuanto el docente Elver Cely a quien le fue asignada parte de la
carga académica que tenía la demandante, también es Licenciado en Química y
Biología con especialidad en Biología, al igual que la señora Myriam Rojas. Así lo
evidencia la Resolución 02 del 24 de enero de 2017:
CAMPO DE FORMACIÓN: CIENCIA Y TECNOLOGIA
1. ÁREA: CIENCIAS NATURALES
N. Docente Nombram Esc DG Área Grado Cursos IHS THS Total
ELVER
ARMANDO CELY
CAMARGO 11 4 1,2,3,4 3 12
CC. XX
Bachiller En 14 11.2 Química 10 1 5 3 3 21
académico propiedad
Lic. Biología y
Química 11 1 11 6 6
Es.
Esp. en biología
Igual acontece con la docente Rocío Nayibe Medina Arévalo que en la Resolución
02 del 24 de enero de 2017, dispuso en cuanto a su asignación académica:
CAMPO DE FORMACIÓN: VIDA LABORAL -
6. ESPECIALIDAD: CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
N. Docente Nombram Esc DG Área Grado Sección Cursos IHS THS Total
ROCIO
NAYIBE
MEDINA Ciencias 8 1 4 4
AREVALO
CC. XX
10 1061 1 6 6
Bachiller
académico En
propiedad
Lic. Biología 14
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
Química AMQ 22
Esp. Educa
ambiental
11 1171, 2 6 12
Esp. Ed. 1172
personalizada
Y es que la Sala no encuentra desvirtuada por el recurrente la consideración
según la cual, si bien la demandante ha sido reconocida por su labor académica,
la idoneidad y diligencia para el ejercicio del cargo, no constituyen razones
suficientes para su permanencia en la especialidad, ni de inamovilidad, por cuanto
con acierto dijo el a quo –y lo comparte el ad quem-,” la noción de buen servicio no
se contrae exclusivamente a las calidades laborales de la señora Myriam Rojas Jiménez,
sino que comprende aspectos de conveniencia y oportunidad, cuyo análisis corresponde
al nominador, es decir, al Rector de la Institución Educativa Silvino Rodríguez, como en
efecto se hizo”:
En suma, a juicio de esta Sala de Subsección, las decisiones administrativas
expedidas por el rector de la I.E. Silvino Rodríguez, fueron la expresión de su
facultad legal como responsable de la organización y funcionamiento de la
institución, por lo que atendiendo las circunstancias acaecidas en el año 2017,
adoptó una serie de medidas de reorganización, entre ellas la que no fue aceptada
por la demandante al ser designada como docente del grado 8° de la cátedra en
Ciencias y Ética, cuando venía siendo profesora en los grados 10 y 11 del
programa de Análisis en Muestras Químicas y Análisis Químico de Minerales.
La anterior decisión, que bajo ningún punto de vista quiso aceptar la docente-
desconoce, lo que evidencia es que la labor docente no puede ser mirada con
menosprecio dependiendo del grado docente de estudiantes a quien se transmiten
sus conocimientos.
Aunado a lo anteriormente expuesto, lo que se observa es que el rector de la I.E.
Silvino Rodriguez al expedir los actos administrativos demandados, lo hizo con
fundamento en las facultades legales otorgadas por las leyes 115 de 1991, 715 de
2001, los decretos 1850 de 2002 y 1075 de 2015, así como en la Directiva 02 de
2012 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, marco legal analizado en
46
No. Interno: 3684-2019
Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
el acápite 2.1. ut supra.
Asi las cosas, el artículo 10 de la Ley 715 de 2001, en concordancia con el
Decreto 1850 de 2002, el rector en este caso de la I.E. donde labora la
demandante, estaba facultado para definir en cada caso particular, la asignación
académica dependiendo de las exigencias del Proyecto Educativo Institucional 52,
las necesidades de los estudiantes y el contexto institucional.
Aunado a lo anterior, el rector expidió la asignación académica, previa la
aprobación del Consejo Directivo del plantel educativo, tal y como así lo confirma
el Acta N° 05 del 26 de octubre de 2016 de la reunión del Consejo Académico de
la I.E Silvino Rodríguez, en la que se discutió la propuesta de formación de
especialidades y programas para ofertar con el aval de la Secretaría de Educación
del Municipio de Tunja para el año 201753. De tal manera que pierde solidez el
argumento según el cual había desconocido los órganos de gobierno escolar a la
luz de los artículos 142 y 143 de la Ley 115 de 1991.
Resulta comprensible que la docente Myriam Rojas Jiménez, después de muchos
años de estar realizando la misma actividad en el mismo programa, hubiera
manifestado sentimientos de distinta índole debido al cambio de sede y por la
nueva asignación académica de la que fue objeto en el año 2017; sin embargo tal
decisión no es ni ilegal ni le causó afectación o disminución en la remuneración
mensual ni en sus prestaciones sociales, tampoco le fueron asignadas un número
superior de horas legales (22 a la semana), ni se le impuso la realización de
actividades extracurriculares o que fueran ajenas a su formación profesional y
menos, se le afectaron sus derechos de carrera docente.
Finalmente no es cierto que se hubiera cerrado la especialidad que manejaba la
demandante, pues lo que sucedió es que debido a la disminución en el número de
estudiantes de grado décimo matriculados en el año 2017, en la especialidad de
52 Denominado “Educación con Visión Humana” de la Institución Educativa Silvino Rodríguez Tunja 2017, que en la especialidad
Ciencias Naturales y Educación Ambiental “Desarrolla los programas de Técnico en Análisis Químico de Minerales y Técnico en
Análisis de Muestras Químicas, en articulación con el SENA Centro Minero de Sogamoso y Ciencias Experimentales orientado por la
Institución Educativa Silvino Rodríguez, sin articulación”. Igualmente estableció que el ciclo básico de segundaría y de media técnica
sería de 6 horas diarias 30 horas semanales y 1200 anuales
53 Folios 147-152
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
ciencias naturales y medio ambiente (para el programa de análisis de muestras
químicas), sin llegar al tope mínimo requerido por el SENA, el rector del colegio se
vio en la necesidad de cerrar dos cursos de tal especialidad, pero el programa
académico formativo se continuó prestando, de allí que pierde solidez la supuesta
desmejora del servicio aunado a que no obra ninguna prueba que acredite la
vulneración de los derechos de los estudiantes, por el desmejoramiento en la
calidad educativa como lo afirmó la parte actora.
Así las cosas, la Sala no evidencia falta de motivación de la Resolución 02 del 24
de enero de 2017, pues la decisión en ella contenida obedeció a razones legales,
de las cuales hizo uso el rector al tener la facultad legal de distribuir la asignación
académica, atendiendo la proyección de cupos, el perfil de los docentes, las
pautas para la asignación de jornadas laborales; en cuanto al oficio del 20 de
febrero de 2017, se limitó a confirmar la anterior decisión en atención al número de
estudiantes inscritos en el programa, razón suficiente para afirmar que los actos
administrativos demandados si están motivados en razones objetivas.
Por tanto, carece de fundamento la aseveración del apelante según la cual “la
sentencia recurrida discurre en un relato extenso, sin embargo, en un contexto de
completa superficialidad, de falta de comprensión universal de los medios probatorios, de
exclusión de otros medios que sólo podía obtener quien es víctima de agresión laboral
como docente…por lo tanto la conducta judicial resulta contraria al deber jurídico, porque
esa falta de cumplimiento de la obligación de hacer un escrutinio de legalidad serio,
conduce a una conclusión injusta, en cuanto no se declara el derecho en el caso
concreto”.
Finalmente a la Sala le llama la atención que la docente pretende fundar la
ilegalidad de la asignación académica del año 2017, con fundamento en actos de
agresión laboral que le venían propinando desde el año 2015 tanto la
coordinadora académica como el rector de la I.E. Silvino Rodríguez, cuando ella
contaba con el uso de herramientas legales en defensa de sus derechos como
docente, entre ellos el haber puesto en conocimiento del Consejo Directivo del
colegio tal acontecimiento desde el año 2015 y no dejar que transcurriera el
tiempo, pues una de las funciones de este órgano de gobierno, según el literal e)
del artículo 144 de la Ley 115 de 1994 es la de asumir la defensa y garantía de los
48
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros –que
incluye los docentes- se sienta lesionado.
En virtud de las anteriores disquisiciones, la sentencia de primera instancia será
confirmada, tal y como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia,
a excepción de la condena en costas contra la parte vencida que será revocada.
Sobre la condena en costas
Con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que
venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el
artículo 188 ídem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y
ejecución de las costas procesales.
En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que
determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a
que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar
total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el
entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de
gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro
del proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso.
El Tribunal Administrativo de Boyacá condenó en costas a la parte demandante,
pero esta instancia no encontró acreditada la motivación de dicha decisión, al no
advertirse actos de mala fe o temeridad en la actuación desplegada por la
docente Myriam Rojas Jiménez a través de su apoderado judicial, razón que
amerita su revocatoria. Por las mismas razones no existe mérito para ser
impuestas en esta instancia judicial.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Myriam Rojas Jiménez
Demandado: Municipio de Tunja – Institución Educativa Silvino Rodríguez
FALLA
Primero. CONFIRMAR -salvo la condena en costas que se revoca-, la sentencia
del 28 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que
negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones de la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia judicial.
Tercero. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
50
Sigue leyendo
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