Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01981-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01981-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-01981-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01981-02 (2264-2021)
Demandante: Óscar Mauricio Cortés Pinzón
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (PAR INCODER -en liquidación-) y Fiduagraria
S.A. ─ Hoy Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Temas: Renuncia protocolaria. No se demostró desviación de poder.
Exclusión de prueba inconstitucional. Grabaciones no
autorizadas, sin orden de autoridad judicial competente.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Óscar Mauricio Cortés Pinzón presentó demanda en contra del entonces
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 5062 del 19 de junio de 2014, por medio
de la cual el gerente general del Incoder aceptó la renuncia presentada por el señor
Óscar Mauricio Cortés Pinzón al cargo de director técnico, código 0100, grado 20,
en la Subgerencia de Planificación e Información, Dirección Técnica de Información
y Tecnología.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a reintegrarlo al cargo
que ocupaba o a otro de similar o superior jerarquía; pagarle los salarios, prima
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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técnica de formación avanzada y experiencia, y las demás prestaciones sociales,
aportes parafiscales y emolumentos laborales dejados de percibir entre el retiro y el
reintegro; que se disponga el cumplimiento de la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA y se condene en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que por Resolución 1650 del 29 de junio de 2011 fue nombrado como director
técnico, código 0100, grado 20 en la Subgerencia de Planeación e Información de
la Dirección Técnica de Información y Tecnología de la planta de empleos del
Incoder, y tomó posesión del cargo el 19 de julio de ese mismo año.
Que, en virtud de su rendimiento, el 3 de octubre de 2011 fue encargado en el
empleo de subgerente de planificación e información, luego fue designado miembro
del comité técnico y, en general, destacó por su buena gestión y representación de
la entidad en el cargo.
Que el 17 de junio de 2014, recién dejaba de surtir efectos la ley de garantías
electorales, se reunieron los señores Fabio Flórez Giraldo (subgerente de
planificación e información), Elsa María Acuña (directora técnica de planificación del
presupuesto) y el demandante (director técnico de información y tecnología). Allí, el
señor Flórez Giraldo manifestó que el gerente de la entidad necesitaba que todos
los directivos presentaran la renuncia; sin embargo, añadió que se trataba de un
asunto protocolario y rutinario, que en su opinión debían continuar en sus cargos
por el destacado trabajo realizado.
Que, el 17 de junio de 2014 presentó renuncia al cargo de director técnico de
información y tecnología, código 0100, grado 20, ante el gerente general de la
entidad, la cual fue aceptada por Resolución 5062 del 19 del mismo mes y año.
Que su salida de la institución alteró el servicio público, a tal punto que el subjefe
del proyecto de capacitación en cooperación con el gobierno japonés presentó
solicitud de información ante el gerente general del Incoder, para que este informase
sobre el motivo de su retiro teniendo en consideración el «compromiso institucional
para su permanencia dentro de la institución»1. Que a esta petición dio respuesta el
gerente contrario a la verdad, pues informó que el demandante renunció en ejercicio
de sus derechos a la libertad y libre ejercicio de la personalidad.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
Que el acto demandado vulneró los artículos 1, 2, 6, 25, 29 y 209 de la Constitución
1 Del mismo modo, que se allegaron solicitudes ciudadanas en relación con la continuidad de las funciones a
cargo del demandante.
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Política; 36 del CPACA; 2 (inciso 1.°) del Decreto 770 de 2005; 19 de la Ley 909 de
2004; 27 del Decreto 2400 y 110 a 116 del Decreto 1950 de 1973. En el concepto
de violación se adujo que el acto acusado se encuentra viciado por desviación de
poder y falsa motivación, argumentando:
Que la solicitud de renuncia no se fundó en la mejor prestación del servicio, sino en
«intereses burocráticos, provenientes de la más execrable politiquería» y en
desfavor de las poblaciones atendidas por la entidad: los desplazados víctimas de
conflicto armado en Colombia. En síntesis, que la solicitud persiguió fines ajenos al
ordenamiento.
Que no se dejó constancia por escrito de la petición de renuncia, lo que supuso una
violación del derecho de defensa del demandante. En general, que se violó su
derecho fundamental al debido proceso por ser «engañado» para presentar la
renuncia.
Que, aunque los empleos de libre nombramiento y remoción no gozan de la
estabilidad propia de la carrera administrativa, esto no supone que prescinden de
cualquier protección jurídica, máxime cuando su selección estuvo precedida de un
proceso meritocrático con énfasis técnico.
Que la renuncia no fue producto del libre albedrío del demandante, sino a causa del
apremio y coacción de los superiores, quienes solicitaron presentar la renuncia sin
fecha cierta de retiro, conducta proscrita por la ley.
Que el acto fue falsamente motivado, toda vez que el demandante: i) no tenía la
intención de renunciar, es decir, no fue voluntaria; ii) nunca conoció los verdaderos
móviles de la solicitud de renuncia, pues fue engañado sobre el alcance de la misma
y no se consignó constancia alguna; y iii) no se inspiró en la oportuna y efectiva
prestación del servicio.
Que se retiró a un funcionario ejemplar de éxito reconocido por autoridades
nacionales e internacionales y se dispuso el empleo en encargo o vacancia, sin que
fuera proveído con una persona de sus mismas calidades y experiencia.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
En auto del 21 de mayo de 2015, se admitió la demanda y el Incoder se opuso a las
pretensiones, expresando que el cargo era de libre nombramiento y remoción, por
tanto, podía ser removido del mismo a discrecionalidad del nominador.
Que el buen ejercicio de las funciones no es un obstáculo para aceptar la renuncia
de un funcionario, sino tan solo el cumplimiento de una obligación legal. De allí que,
si las entidades estatales no pudieran prescindir de los servidores de libre
nombramiento y remoción que cumplan cabalmente con sus labores, se
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desnaturalizaría el cargo y el fin que su disposición inspira: la conformación del
equipo de trabajo con las personas de más alta confianza.
Que la renuncia aceptada no alteró la prestación del servicio en la entidad y que no
es cierto que el demandante, y solo él, sea el único capaz de desempeñar las
funciones propias del empleo.
Que operó el fenómeno jurídico de la caducidad en relación con las pretensiones
del demandante.
El 15 de diciembre de 2015 se realizó la audiencia inicial, donde se declaró no
probada la excepción de caducidad, decisión apelada por la parte demandada. El
Consejo de Estado confirmó la tesis del Tribunal en auto del 27 de junio de 20192.
Por lo anterior, la audiencia continuó el 28 de octubre de 2019.
El 16 de enero, 6 de febrero y 18 de agosto de 2020 se desarrolló la audiencia de
pruebas en la que se ordenó a las partes presentar por escrito sus alegatos de
conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
En sentencia del 7 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, negó las pretensiones y se abstuvo de imponer
condena en costas al extremo vencido.
Invocó los fundamentos jurídicos de la causal de retiro por renuncia regularmente
aceptada, los requisitos de esta y el caso de los servidores de libre nombramiento
y remoción. Que, en aquellos escenarios, la solicitud de renuncia no es ilegal, pues
se presume la buena fe del nominador que desea conformar el equipo de dirección
conforme a una propuesta específica de servicio.
Que el retiro del demandante se produjo por renuncia presentada el 17 de junio de
2014, aceptada por la Resolución 5062 del 19 del mencionado mes y año, efectiva
a partir de la misma fecha.
Que del escrito de la renuncia solo se desprende la voluntad del empleado por dimitir
del cargo y, adicionalmente, las pruebas testimoniales practicadas solo dan cuenta
de que, ante el cambio de administración, como es usual, los directivos conforman
sus equipos con personas de confianza, lo que supone la salida de los servidores
en cargos de dirección y confianza.
Que no existió una reunión en la que se le exigiere la renuncia, sino que se comentó,
recomendó y sugirió informalmente, no fue un constreñimiento o exigencia.
2 Fl. 188.
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Que, en cuanto a la solicitud de renuncia sin fecha cierta de retiro, esto no implica
una irregularidad, porque se infiere de la fecha de presentación.
Que, según el acápite de pruebas, se aportó un documento denominado
«Transcripción de grabación», relacionado con la supuesta reunión del 17 de junio
de 2014 en la oficina del subgerente de planificación e información, y que se indicó
venía acompañado de un CD con grabación de la reunión; sin embargo, que de una
revisión exhaustiva del expediente se concluye que este no fue aportado con la
demanda y sus anexos. De allí que no fue valorado, pues la transcripción sin la
grabación no es más que un escrito de autoría del demandante.
Que, respecto a la buena gestión del demandante, quien hizo énfasis en su labor
en la seguridad del sistema de información para la promoción de la política de
restitución de tierras y la candidatura para participar del curso de capacitación
llevado a cabo por la cooperación internacional con un gobierno extranjero, esto no
fue más que el cumplimiento responsable, ejemplar y excelente de sus funciones.
Que se trata de la ejecución de su deber legal que, por sí mismo, no produce una
suerte de fuero o inamovilidad. Por el contrario, que conocía de la naturaleza de su
empleo: de libre nombramiento y remoción.
En cuanto al reparo del demandante de que su empleo fue provisto en encargo a
un empleado que no cumplía con la experiencia para su desempeño y que luego las
funciones del cargo se asignaron a otro servidor, dijo que no se acreditó que estas
personas tengan inferiores calidades, por el contrario, sus designaciones son actos
administrativos que se presumen válidos en cuanto al cumplimiento de los requisitos
para tal fin.
En síntesis, que no se probó la falsa motivación o desviación de poder, pues no se
demostró que posterior a la renuncia el cargo fuera proveído por recomendaciones
políticas o fines dañinos. Se destacó que el empleo se suplió con servidores que ya
se venían desempeñando en la entidad.
EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación manifestando desacuerdo en
dos asuntos. Primero, alegó la nulidad de la sentencia de primera instancia en virtud
de que en esta se hace alusión a la inexistencia y, por lo tanto, no valoración, del
CD que contenía la grabación de la reunión que presuntamente existió entre Óscar
Mauricio Cortés Pinzón, Fabio Flórez Giraldo, Elsa María Acuña, donde se solicitó
la renuncia debatida. Argumentó que no queda duda de la aportación del CD al
expediente en virtud de la oposición de la demandada, el decreto de la prueba y la
reiterativa mención a la misma en el proceso3.
3 La solicitud de nulidad fue resuelta de forma negativa por parte del Tribunal de primera instancia en providencia
del 10 de marzo de 2021. Decisión que fue confirmada al resolver recurso de reposición mediante auto del 19
de mayo de 2021.
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En segundo lugar, manifestó que el Tribunal tuvo una errónea interpretación de los
hechos y de las pruebas, así:
i) Que la declaración testimonial del señor Fabio Flórez Giraldo fue absolutamente
temerosa, ambigua y mentirosa, pues sostuvo una posición evasiva y atravesó por
una crisis nerviosa cuando se solicitó a la magistrada ponente la exhibición de la
grabación mencionada.
ii) Que el CD con la grabación de la reunión entre directivos permite inferir que este
último testigo mintió bajo la fórmula evasiva de «no recordar» los hechos sucedidos.
En el mismo sentido, que la señora Elsa María Acuña se contradijo al negar la
existencia de una reunión para la solicitud de renuncia que luego reconocería
implícitamente bajo la premisa de que se trató de una reunión «informal».
iii) Que no se tuvo en cuenta el valor de los reportes en medios de comunicación
para acreditar que la renuncia solicitada no persiguió la mejoría en la prestación del
servicio, sino que atendió fines meramente políticos y desviados.
iv) Que, en el mismo sentido, se desentendió la afectación en la continuidad del
convenio interadministrativo de cooperación 683 suscrito entre el Incoder y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
(UAEGRTD); las actividades del demandante al interior del Comité Técnico; la
interrupción en la ejecución del convenio de cooperación técnica con Japón, el cual
la demandada no probó concluir y mucho menos llevar a cabo los cursos de
capacitación de altísima importancia en el marco del mismo, y las comunicaciones
allegadas a la entidad por externos.
En síntesis, que se omitió realizar un análisis conjunto de las pruebas, conforme con
las reglas de la sana crítica, que permitiera concluir que el demandante no renunció
libre y espontáneamente, sino que fue presionado con fines que no corresponden
al interés general y la prestación del servicio.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 18 de agosto de 2021 se admitió el recurso de apelación4. El 8 de septiembre del
mismo año el demandante allegó memorial con solicitud probatoria, la cual fue
resuelta el 14 de diciembre de 2021, ordenando la incorporación del CD contentivo
de la grabación del 17 de junio de 2014 y se negó el decreto y práctica de un
testimonio relacionado5.
Finalmente, el 21 de febrero de 2022 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto6.
4 Índice 3, Samai.
5 Índice 11, ídem.
6 Índice 8, ídem.
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La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación
y la entidad demandada insistió en los móviles de su oposición.
El Ministerio Público no emitió concepto de fondo.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa. Advierte la Sala que ninguna manifestación se efectuará sobre la
naturaleza del cargo ocupado por el demandante, a saber, director técnico, código
0100, grado 20, al servicio de la Dirección Técnica de Información y tecnología en
la Subgerencia de Planificación e Información de la planta de personal del Incoder,
en la medida que no se discute que es de libre nombramiento y remoción.
En los estrictos términos del recurso de apelación, corresponderá determinar si el
acto administrativo acusado, por medio del cual se aceptó la renuncia del
demandante al cargo descrito, se encuentra viciado de nulidad porque: i) la renuncia
presentada no fue libre y espontánea; y ii) no se fundó en la mejoría de la prestación
del servicio sino en objetivos e intereses exclusivamente políticos, consolidando una
desviación de poder.
Decidido lo precedente, se continuará con el análisis de los presupuestos restantes
para lo cual se estudiará sobre lo siguiente:
La renuncia protocolaria
La dimisión a un cargo público no es más que una expresión del artículo 26 de la
Constitución Política, según el cual, «[t]oda persona es libre de escoger profesión u
oficio […]». De allí que cualquier empleado pueda decidir autónomamente si desea
o no desempeñarse en determinado empleo de libre aceptación subordinado por el
Estado, como cualquier otra persona en el marco de las relaciones laborales que se
instituyen entre particulares.
Inicialmente, la renuncia fue regulada en el artículo 27 del Decreto Ley 2400 de
1968, que dispuso: i) la libertad para renunciar; ii) la forma escrita para la
manifestación inequívoca de la voluntad del empleado; iii) el deber de fijar la fecha
de retiro en el acto administrativo que acepte la renuncia, que no podría ser posterior
a 30 días después de su presentación; iv) cumplido este término, la libertad del
servidor para separarse del cargo sin que se considere abandono del cargo; v) la
prohibición expresa de renuncias en blanco o sin fecha determinada y vi) de tratarse
de un cargo de carrera, la pérdida de los derechos propios de esta.
El Decreto 1950 de 1973 reglamentó esta disposición en los artículos 110 a 116.
Añadió que la competencia para aceptar la renuncia corresponde a la autoridad
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nominadora que, si estima motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar
la renuncia, deberá solicitar el retiro de esta; sin embargo, en caso de insistencia,
procedería su aceptación. Dicho reglamento fue derogado por el Decreto 1083 de
2015, que dispone:
«Artículo 2.2.11.1.3 Renuncia. Toda persona que sirva un empleo de voluntaria
aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo.
La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma
espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio.
Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia
pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el
renunciante insiste deberá aceptarla.
La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.
Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá
por escrito, y en el acto administrativo correspondiente deberá determinarse la
fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de
su presentación.
Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido
sobre la renuncia, el servidor dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en
abandono del empleo, caso en el cual se generará automáticamente la vacancia
definitiva del mismo, o continuar en el desempeño del empleo, caso en el cual
la renuncia no producirá efecto alguno.
La competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al
empleado en quien éste haya delegado la función nominadora.
Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las
renuncias en blanco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquiera otra
circunstancia pongan con anticipación en manos de la autoridad nominadora la
suerte del empleado.
La presentación o la aceptación de una renuncia no constituyen obstáculo para
ejercer la acción disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido
revelados a la administración, sino con posterioridad a tales circunstancias.
Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la sanción».
En síntesis, conforme con la normativa vigente, todo servidor público puede
presentar libremente su renuncia al empleo y la autoridad nominadora dispone de
un plazo de treinta (30) días para pronunciarse sobre su aceptación. El silencio de
la administración, en este caso, implica la posibilidad de que el empleado se aparte
de sus funciones sin que esto constituya abandono del cargo, o bien que continúe
en ejercicio de sus funciones, dejando sin efectos la renuncia presentada.
En el caso de los empleados de libre y nombramiento y remoción, que comúnmente
ocupan cargos de confianza, dirección o manejo, es decir, que precisan de una
confianza especial y completa por parte del nominador, el Decreto 1083 de 2015 en
el aparte citado resulta aplicable, escenario que configura la causal de retiro prevista
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en el literal d) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, según el cual, el retiro del
servicio de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción se
produce, entre otros casos, «por renuncia regularmente aceptada; […]».
Es preciso aclarar que el acto demandado fue expedido el 19 de junio de 2014, es
decir, previo a la vigencia del Decreto 1083 de 2015, por lo que el examen de validez
atiende a las previsiones legales y reglamentarias anteriores y expuestas.
Ahora bien, en virtud de la naturaleza de estos empleos, que conlleva una facultad
discrecional del nominador para decidir sobre la persona que ocupa el cargo y la
potestad para declarar insubsistente dicho nombramiento sin una exposición de
motivos para tal fin, es común que se presente el fenómeno de la renuncia
protocolaria.
Esta no es más que un acto de cortesía que tiene como finalidad sugerir o invitar a
los empleados de libre nombramiento y remoción a presentar autónomamente la
renuncia para prescindir del ejercicio de la facultad discrecional del nominador de
declarar insubsistente su nombramiento con el fin de constituir su equipo de trabajo
con las personas de su entera confianza. Esto se origina en la connotación negativa
que tiene dicha actuación en la cotidianidad de la administración pública.
En principio la renuncia de los servidores públicos es un acto de dimisión que se
caracteriza por la manifestación individual, autónoma, libre, escrita y espontánea de
no desear continuar ejerciendo las funciones propias del cargo. En otras palabras,
como un acto pleno de manifestación de la voluntad, debe ser libre de presiones,
constreñimiento, injerencias o violencia.
Sin embargo, en el caso de las renuncias protocolarias, la invitación o sugerencia a
dimitir constituye, más que una indebida presión, una prevención dialógica con
miras a prescindir del uso de la facultad discrecional para declarar la insubsistencia
del acto de nombramiento de los empleados de libre nombramiento y remoción.
Sobre lo anterior, esta Corporación se ha pronunciado en diversas ocasiones,
respaldando la legalidad de la práctica descrita, con fundamento en su origen
pragmático y, especialmente, en los fines legales y constitucionales que persigue:
la reorganización de la administración para que esta se integre como bien convenga
en los empleos que así han sido dispuestos. En este sentido, la Subsección A de la
Sección Segunda ha sostenido:
«Además de la renuncia a la que se hizo alusión, para los empleados de libre
nombramiento y remoción existe la llamada renuncia protocolaria. Esta
tiene lugar cuando el nominador necesita reorganizar su equipo de trabajo y
cambiar a sus subalternos si lo considera pertinente para la prestación del
servicio público. Su ejercicio busca evitar que, para cumplir con tal
propósito, este tenga que declarar insubsistentes a los empleados que no
son de su entera confianza.
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Ello va de la mano con la naturaleza de los cargos que este tipo de empleados
ocupan, puesto que ejercen funciones de dirección, manejo y confianza. Así, es
preciso que el nominador cuente con cierta discrecionalidad para conformar su
grupo de trabajo y, en virtud de ello, nombrar o retirar del servicio a quien no
tenga el grado de confiabilidad que necesita.
En virtud de la renuncia protocolaria, puede el servidor público, si considera que
es lo pertinente, presentarla al nominador por voluntad propia. No obstante, de
no darse de esta manera, el nominador puede solicitarla, sin que ello
constituya un acto ilegal o de presión en contra del trabajador, dada la
naturaleza del cargo que ostenta […]
En conclusión, la renuncia protocolaria i) procede respecto de los empleos de
libre nombramiento y remoción cuando el nominador necesita reorganizar su
equipo de trabajo; ii) la solicitud de esta no constituye un acto ilegal o de
presión en contra del trabajador, porque la naturaleza del cargo que
ostenta requiere plena confianza; y iii) tal renuncia busca evitar la declaración
de insubsistencia del empleado del cual se requiere el cargo. […]» (énfasis
fuera de texto)7.
En síntesis, el Consejo de Estado estima que la solicitud de renuncia protocolaria a
los empleados de libre nombramiento y remoción, no supone, en sí misma, un
ejercicio de presión que vicie ilegalmente la manifestación de voluntad del servidor.
Claro, esto se justifica en la naturaleza del empleo, que contiene una facultad
discrecional para su provisión y retiro a cargo del nominador, incluso, prescindiendo
de expresar los motivos de la decisión8.
Desviación de poder
La causal de nulidad por desviación de poder se refiere a la «[…] intención con la
cual la autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el
legislador, que obedece a un propósito particular, personal o arbitrario». En otras
palabras, incurre en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus
atribuciones, no en aras del buen servicio público y de la buena marcha de la
administración, sino por móviles arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u
ocultos9.En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los
actos administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, según la
regla general contenida en el artículo 167 del CGP.
Resolución del caso concreto
Previo a pronunciarse sobre este asunto, la Sala observa importante destacar la
siguiente cronología:
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2020. Rad. 25000-23-42-
000-2012-01396-01(3241-17).
8 Ver en este sentido: Corte Constitucional. Sentencia C-1003 de 2003 y Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Rad. 73001-23-33-000-2013-00447-01 (4519-14).
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Rad. 13001-23-31-
000-2007-00052-01(0105-12).
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01981-02 (2264-2021)
i) El 29 de junio de 2011 el demandante fue nombrado en el cargo de director
técnico, código 0100, grado 20, en la Subgerencia de Planificación e Información,
Dirección Técnica de Información y Tecnología de la planta global del Incoder10.
ii) El 17 de junio de 2014 presentó escrito de renuncia ante el entonces gerente
general de la entidad, sin manifestar nada más que su voluntad de dimitir del
empleo11.
iii) El 19 de junio de 2014, la autoridad nominadora expidió la Resolución 5062, por
medio de la cual aceptó la renuncia voluntaria del demandante. El acto
administrativo fue notificado personalmente el mismo día12.
De la renuncia libre y espontánea
El primer objeto de reproche de la apelación se refiere a la falta de valoración del
CD contentivo de la grabación del 17 de junio de 2014, que pretende evidenciar una
instancia de presión por parte del superior jerárquico (Fabio Flórez Giraldo) sobre el
demandante, acreditando que se solicitó la renuncia y que esta no fue
genuinamente libre y espontánea.
La inconformidad del demandante radica en que: i) solicitó la prueba en la
demanda13; ii) en la audiencia inicial del 29 de octubre de 2019 se decretaron los
medios de prueba documentales allegados por las partes sin efectuar ningún reparo
sobre su presencia o no en el expediente14; iii) en la audiencia de pruebas del 6 de
febrero de 2020 la magistrada ponente declaró formalmente incorporados todos los
medios de prueba15; iv) en la misma audiencia, durante el testimonio de Fabio Flórez
Giraldo, el apoderado solicitó la reproducción del audio para que el testigo lo
reconociera, pero el despacho insistió en que la regulación procesal no lo permitía,
porque el medio de prueba solicitado fue exclusivamente el testimonio y no el
reconocimiento de documento16. Y pese a todo lo anterior, fue apenas en la
sentencia que el tribunal manifestó que el CD contentivo de la grabación no estaba
disponible en el expediente y, por lo tanto, no fue valorado.
Especialmente, indicó que esta grabación demuestra que el testimonio de Fabio
Flórez Giraldo mintió sobre la existencia de una reunión donde se solicitó la renuncia
de forma engañosa, además, dejando en evidencia las contradicciones en el
testimonio rendido por Elsa María Acuña. En síntesis, que permite conocer con
certeza las condiciones contextuales que sujetaron la presentación de su renuncia.
10 Fl. 77, Anexo 1.
11 Fl. 186, ídem.
12 Fl.187-188, ídem.
13 Fls. 51 y 52, cuaderno principal.
14 Como consta en el acta de la audiencia visible a folio 222 del cuaderno principal. Minuto 14:30 – 15:00 de la
audiencia.
15 Como consta en el acta de la audiencia visible a folio 240 del cuaderno principal. Minuto 02:30 – 03:00 de la
audiencia.
16 Ídem, Minuto 14:30 - 15:10.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01981-02 (2264-2021)
En atención a la solicitud probatoria de segunda instancia, en auto del 14 de
diciembre de 2021, el despacho ponente dispuso incorporar el CD contentivo de la
grabación del 17 de junio de 2014 aportado el 8 de septiembre de 2021, sin que
fuese necesario el decreto de dicha prueba, pues este se surtió en primera
instancia17.
Ahora, aunque se allegó la grabación y trascripción de la misma, no se observa
ningún medio de prueba que dé cuenta de la autorización por parte de los
interlocutores para ser grabados, de allí que se trata de una «grabación no
autorizada». Prueba adicional es la reacción del señor Fabio López durante su
testimonio al sorprenderse con la enunciación del documento por parte del
apoderado del demandante18.
La legalidad de este tipo de pruebas ha sido objeto de amplio desarrollo en la
jurisprudencia. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional sostuvo en la Sentencia T-
003 del 2003 que el derecho a la intimidad contiene la garantía de las personas para
«[…] no ser escuchadas o vistas si no lo quieren, impide también que las
conversaciones íntimas puedan ser grabadas subrepticiamente, a espaldas de
todos o algunos de los partícipes, especialmente si lo que se pretende es divulgarlas
o convertirlas en pruebas judiciales»19. Añadió que se trata de un acto de deslealtad
entre interlocutores que, además de vulnerar el derecho fundamental a la intimidad:
«[…] impide que el casete pueda ser tenido en cuenta como prueba judicial,
porque su creación y aportación tampoco concuerdan con los presupuestos del
debido proceso. En efecto, la prueba obtenida con violación del derecho a la
intimidad también quebranta el debido proceso, pues, al suponer la utilización de
una maquinación moralmente ilícita, constituye clara inobservancia de los principios
de la formalidad y legitimidad de la prueba judicial y de la licitud de la prueba y el
respeto a la persona humana»20 (énfasis fuera de texto).
El pronunciamiento citado es la decisión que inicia el estudio del tópico en sede
constitucional. La línea jurisprudencial se complejizó en la medida que fue
avanzando, entre otras variables, porque también mutaron las consideraciones
sobre el derecho fundamental a la intimidad y su alcance21. Así, por ejemplo, en la
decisión T-233 de 2007 la Corte precisó que se requería del consentimiento del
interlocutor o de una «orden judicial de autoridad competente», so pena de tratarse
de una prueba inconstitucionalmente obtenida.
En la sentencia T-276 de 2015 se consideró, además, la limitación de la esfera de
protección a la intimidad de los funcionarios públicos y concluyó que:
«De esta manera, se da lugar a las siguientes consideraciones en relación al
17 Índice 11, Samai.
18 Fl. 239, cuaderno principal. Minuto 20:00 – 21:00 de la audiencia.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-003 del 21 de enero de 1997.
20 Ídem.
21 La línea jurisprudencial fue articulada en: Corte Constitucional. Sentencia SU 371 del 27 de octubre de 2021.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01981-02 (2264-2021)
alcance del derecho a la intimidad: (i) existen distintas esferas o ámbitos
protegidos por esta garantía; (ii) el grado de intensidad de protección del
derecho a la intimidad varía de acuerdo con el ámbito protegido y el carácter
público o privado en que tenga lugar una determinada conducta; (iii) si bien
los funcionarios públicos tienen un ámbito de protección más limitado en
términos de derecho a la intimidad, ello no significa que los mismos estén
expuestos a cualquier tipo de intromisión en su vida privada o en los
espacios en los que desenvuelven sus actividades públicas; (iv) en
principio, cuando la recolección de datos de voz o video se realiza sin el
conocimiento y consentimiento de quien es grabado se afecta el derecho a la
intimidad, a menos que se cuente con orden de autoridad judicial
competente»22 (énfasis fuera de texto).
De allí que, por regla general, la Corte Constitucional estima que las grabaciones
no autorizadas constituyen pruebas inconstitucionales a las que se aplica la regla
de exclusión del artículo 29 de la Constitución Política23. Por su parte, la Corte
Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre este asunto especialmente en materia
penal. Parte de la regla general de que las grabaciones no autorizadas son
inadmisibles, pero propone excepciones para la constitución de prueba por parte de
las víctimas de delitos. Así:
«En ese contexto, acorde con la línea jurisprudencial citada, constituyen
elementos esenciales para establecer en qué casos una grabación elaborada
por un particular, sin orden judicial, puede tener validez al interior de un proceso
penal: i) si se realiza directamente por la víctima de un delito o con su
aquiescencia; ii) si capta el momento del accionar criminoso y, iii) si tiene como
finalidad preconstituir prueba del hecho punible, presupuestos que deben
concurrir simultáneamente.
[…]
Finalmente, la Sala precisa que no es acertada la tesis según la cual resulta
viable grabar las conversaciones propias con terceras personas y utilizar dicho
material en pro de los intereses particulares, pues la simple participación en
un diálogo de carácter privado no autoriza la fijación subrepticia del
mismo. Por el contrario, la regla general es que siempre se requerirá de
autorización previa de los contertulios, so pena de vulnerar el derecho a
la intimidad y, consecuentemente, constituir prueba inadmisible en el proceso
penal. Sólo en el evento de la víctima del delito, en las precisas condiciones
citadas con antelación, es posible exceptuar la exigencia de permiso previo de
todos los intervinientes o, si es del caso, la autorización judicial
correspondiente»24 (énfasis fuera de texto).
Esta excepción a la regla de exclusión fue validada por la Corte Constitucional, pues
la encuentra como una limitación adecuada, conducente y necesaria que garantiza
un fin legítimo, como es la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las
víctimas de delitos25.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-276 del 12 de mayo de 2015.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU-371 del 27 de octubre de 2021.
24 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto del 11 de septiembre de 2013. Rad. 41.790. M.P. María Rosario
González. Reiterado en: Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia del 24 de junio de 2020. Rad. 49.323.
M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
25 Corte Constitucional. Sentencia SU-371 del 27 de octubre de 2021.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01981-02 (2264-2021)
El Consejo de Estado también se ha pronunciado sobre el tema. En conflictos
disciplinarios relacionados con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), la Sección Cuarta ha excepcionado la regla de exclusión cuando el
interesado presencia una conducta punible, como la exigencia de una suma de
dinero como contraprestación para la entrega de mercancías retenidas. La Sala
Plena ha reiterado esta idea en procesos de pérdida de investidura, acogiendo la
regla de la Corte Suprema de Justicia, y extendiéndola del área penal a lo
sancionatorio, en los siguientes términos:
«En síntesis: el criterio jurisprudencial adoptado por el Consejo de Estado, en
línea con la jurisprudencia nacional, en relación con el valor probatorio de las
grabaciones realizadas sin el consentimiento de las personas en contra de
quienes aducen, es el siguiente: esas pruebas así obtenidas son nulas de
pleno derecho, porque violan el derecho fundamental a la intimidad de las
personas, salvo que: (i) sean practicadas por quienes se consideran víctima de
un hecho delictivo; (ii) o su grabación se realice con el consentimiento o
autorización de las víctimas; (iii) siempre que dichas pruebas se pretendan
hacer valer en un proceso judicial en especial de naturaleza sancionatoria,
con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la verdad a la justicia y a
la relación de los daños causados a las víctimas con el hecho ilícito, en caso a
que haya lugar»26 (énfasis fuera de texto).
La Sección Segunda no ha sido ajena a esta lógica en el marco del control de
legalidad a las decisiones disciplinarias, considerando que las grabaciones no
autorizadas por orden judicial solo son válidas i) si se realiza directamente por la
víctima o con su aquiescencia, ii) si capta el momento de la comisión del delito y iii)
si su finalidad es preconstituir prueba de esta27.
«Por consiguiente, siguiendo el anterior criterio jurisprudencial el cual dispone que,
las personas que son víctimas de una conducta irregular, pueden grabar su
propia imagen y/o voz en el momento en que sean sometidas por un delito, sin que
requiera autorización judicial e iniciar con ese documento las acciones pertinentes;
ello significa que cualquier persona puede preconstituir prueba para incoar no solo
acciones penales, sino que deja abierta la posibilidad para entablar acciones
administrativas sancionatorias o civiles, pues lo importante aquí, es que con este
medio probatorio se ponga en conocimiento de la autoridad competente el hecho
irregular y se identifique al posible autor o autores de la irregularidad, circunstancia
que también se hace extensiva en materia disciplinaria, ya que es a través de pruebas
o indicios que puede iniciarse la investigación conforme lo establece el artículo 152
de la Ley 734 de 2002, sin que ello, signifique vulneración a derechos
fundamentales»28 (énfasis fuera de texto).
En síntesis, se concluye que por regla general las grabaciones no autorizadas por
orden judicial deben ser excluidas en virtud del artículo 29 de la Constitución
Política, especialmente, porque vulneran el derecho fundamental a la intimidad; sin
26 Consejo de Estado. Sala Plena Contenciosa. Auto de 16 de noviembre de 2016. Rad.
11001-03-15-000-
2016-01503-00.
27 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16 de marzo de 2017. Rad. 11001-03-
25-000-2011-00691-00 (2655-2011). Reiterado en: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 30 de mayo de 2024. Rad. 15001-23-33-000-2017-00573-02 (3684-2019). Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 4 de julio del 2024. Rad. 19001-23-33-000-2016-00216-01
(5045-2018).
28 Ídem.
14
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01981-02 (2264-2021)
embargo, la jurisprudencia penal, constitucional y de lo contencioso administrativo
ha tenido en cuenta excepciones a esta regla que se concretan en escenarios
sancionatorios, que permiten a las «víctimas» de una conducta irregular, delito o
falta disciplinaria, constituir pruebas de este tipo en garantía de su derecho a la
verdad, la justicia y la reparación. Lo anterior se comprende como una limitación
legítima del derecho a la intimidad.
En el caso concreto, la Sala estima pertinente aplicar la regla de exclusión dispuesta
en el artículo 29 superior, que ordena: «Es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso». Si bien la grabación de la reunión del
17 de junio de 2014 entre el demandante, el señor Fabio Flórez y la señora María
Elsa Acuña tuvo por finalidad constituir prueba en favor del presente proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que no se configuran los
elementos necesarios para excepcionar la regla general de ilegalidad de las
grabaciones no autorizadas.
No se observa medio de convicción que dé cuenta del consentimiento de los
intervinientes en la conversación, tampoco orden judicial de autoridad competente,
y lo cierto es que no se estaba ante un escenario donde potencialmente se
verificaría una conducta punible, sancionable o un «hecho irregular», porque la
solicitud de la renuncia protocolaria, como se adujo en la parte considerativa, no es
una conducta ilegal. Muestra de ello es que no se presentó una denuncia o queja
administrativa, sino que el demandante instauró una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Por lo anterior, la grabación en cuestión y la correspondiente transcripción serán
excluidas del acervo probatorio que informa esta decisión.
Al margen de esta prueba, es preciso pronunciarse sobre el carácter voluntario y
espontáneo de la renuncia. La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido
reiterativamente que la solicitud de la renuncia no constituye por sí misma una
coacción invencible que elimine el carácter voluntario de la dimisión, pues el
empleado puede desechar la oferta, insinuación o solicitud sin que ello acarree
consecuencias desfavorables29. Además, el hecho de ocupar un cargo de libre
nombramiento y remoción da cuenta del grado de preparación y experiencia para
discernir acerca de la conveniencia o no presentar la renuncia al cargo30.
Según se observa en el escrito de la renuncia, el demandante no hizo ninguna
manifestación distinta a la voluntad de dimitir del cargo31. Del mismo modo, de la
prueba testimonial y documental no se desprende alguna circunstancia que permita
advertir una fuerza invencible que limitara la voluntad y espontaneidad del servidor
29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 27 de enero de 2022. Rad. 25000-23-
42-000-2016-05174-01 (6484-2018).
30 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 1 de junio de 2023. Rad. 25000-23-42-
000-2017-01674-01 (0066-2021).
31 Fl. 186, ídem.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01981-02 (2264-2021)
al manifestar su deseo de renunciar al empleo. En consecuencia, se desestima el
móvil de apelación.
De la desviación de poder
El recurrente señaló que el acto administrativo demandado fue expedido con
desviación de poder, porque no se fundó en la mejoría de la prestación del servicio
sino en objetivos e intereses exclusivamente políticos. Manifestó que en primera
instancia se interpretaron erróneamente los hechos y las pruebas, pues de una
valoración en conjunto es posible identificar el vicio de nulidad. Al respecto, la Sala
se pronunciará sobre los reparos concretos, en el siguiente orden.
i) Que en la declaración rendida por el señor Fabio Flórez Giraldo fue temeroso,
ambiguo y falso, pues manifestó desconocer la existencia o «no recordar» la reunión
del 17 de junio de 2014 donde se solicitó la renuncia. En el mismo sentido, que
atravesó por una crisis nerviosa cuando se solicitó la exhibición de la grabación de
la misma durante la audiencia.
Al respecto, del testimonio del señor Flórez se observa que, más que temor o
nervios relacionados con el documento que fue excluido de valoración en el
presente proceso, la reacción del testigo obedece a la indignación propia de la
vulneración del derecho a la intimidad, razón fundamental por la que se aplicó la
regla del artículo 29 superior en esta instancia32.
ii) Que la señora Elsa María Acuña se contradijo en su testimonio, pues inicialmente
manifestó no recordar los hechos objeto de prueba y posteriormente reconoció
incluso la existencia de la reunión donde se solicitó la renuncia, la cual calificó de
informal. Que, en lugar de responder directamente las preguntas, se esforzó en
justificar la actuación de la entidad.
La Sala tampoco comparte esta consideración, pues verificado el testimonio de la
señora Elsa María Acuña, se identifica que la testigo dio respuesta a las preguntas
sobre los hechos determinantes en el presente caso, esto es, respondió
concretamente no evidenciar un acto de presión para que el demandante
renunciara, sino que se trató de una recomendación33, y aunque expuso muchas
consideraciones sobre la naturaleza de los cargos y la dinámica de cambios de
personal que esta implica, estos no necesariamente constituyen una «cortina de
humo» como lo adujo el recurrente.
iii) Que en la primera instancia se adujo que los reportes de prensa allegados solo
representan un valor secundario de acreditación del hecho, que solo son eficaces
si se demuestra su conexidad y coincidencia con otros elementos de prueba
disponibles en el expediente; sin embargo, que no se realizó esta valoración en
32 Minuto 20:00 – 21:00.
33 Minuto 32:00 – 36:00.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01981-02 (2264-2021)
conjunto conforme con las reglas de la sana crítica.
Además, que no se llevó a cabo ningún pronunciamiento sobre la alteración al
servicio prestado por la entidad que se concreta en la falta de continuidad del
convenio interadministrativo de cooperación 683 suscrito entre el Incoder y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
(UAEGRTD); las actividades del demandante al interior del Comité Técnico; la
interrupción en la ejecución del convenio de cooperación técnica con Japón, el cual
la demandada no probó concluir y mucho menos llevar a cabo los cursos de
capacitación de altísima importancia en el marco del mismo, y las comunicaciones
allegadas a la entidad por externos.
Estos reproches se relacionan integralmente con el vicio de desviación de poder.
Bien podría sintetizarse que el demandante reclama como probado el vicio, por lo
que manifiesta desacuerdo en la valoración de primera instancia.
Ahora bien, tanto las pruebas testimoniales (especialmente el de Álvaro Francisco
Uribe Calad) como documentales, dan cuenta de que el demandante no solo
cumplió a cabalidad con las funciones propias del cargo, sino que, además,
contribuyó al desarrollo del Incoder y adelantó esfuerzos valiosos para el
cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad; sin embargo, la valoración
conjunta de las pruebas disponibles no permiten inferir que se afectó gravemente el
servicio y que el móvil de la solicitud de renuncia se reduce a una coyuntura política.
Al respecto, la Sala identifica que la documentación allegada, en relación con el
Convenio 683 de 2012 suscrito entre el Incoder y la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el proyecto del desarrollo de las
capacidades de gestión de la seguridad del sistema de información para la
promoción de la política de restitución de tierras implementado por la JICA, las
comunicaciones, el informe de gestión, entre otros, sintetizan el amplio recorrido y
arduo trabajo de un funcionario ejemplar, pero no dan cuenta de que la persona que
asumió estas funciones no estaba en las mismas capacidades intelectuales para
cumplir con los compromisos institucionales de la entidad.
Del mismo modo, la comunicación donde el subjefe del proyecto del desarrollo de
las capacidades de gestión de la seguridad del sistema de implementado por la JICA
le cuestiona al nominador por los móviles del «retiro» del demandante, así como la
del líder de Tierras y Desarrollo Rural manifestando preocupación por su salida e
instando al nominador a nombrar un funcionario en específico34, no dan cuenta de
una interrupción o afectación grave en la prestación del servicio.
A lo anterior se suma que, como lo expuso el tribunal de primera instancia, se
allegaron los actos administrativos de encargo en favor del señor Carlos Roberto
Moncaleano Ospina, quien asumió el empleo de director técnico, código 011, grado
34 Fls. 140-143, cuaderno 3 de anexos.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01981-02 (2264-2021)
20, de los cuales se presume su legalidad y, por lo tanto, el cumplimiento de los
requisitos de cualificación y experiencia para el desempeño de las funciones propias
del empleo35.
En el presente asunto se verifica un típico escenario de renuncia protocolaria que,
como se explicó, no es una conducta ilegal en atención a la naturaleza del cargo.
Tampoco se acreditó el ejercicio «desviado» de una competencia, sino el común
devenir de la reconfiguración de los equipos administrativos en los empleos de libre
nombramiento y remoción en atención a un nuevo período de Gobierno. Por todo lo
anterior, no logró desvirtuarse la legalidad del acto administrativo cuestionado en la
presente instancia, por lo que se confirmará la decisión del 7 de octubre de 2020.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202136 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el siete (7) de octubre de dos mil
(2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Aceptar la renuncia al poder de la abogada Diana Lucero Díaz Agón,
identificada con cédula de ciudadanía 51.965.568 y portadora de la tarjeta
profesional 74.896 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la
Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (índice 66 Samai).
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
35 Fls. 180-183, ídem.
36 «ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-01981-02 (2264-2021)
previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
19
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