Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2018-00580-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2018-00580-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2018-00580-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 150012333000201800580-01
Actor: Siervo Tulio Molano; Oscar Leonardo Ávila Romero1 y Franky Ariel Fonseca
Salamanca2
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y Consorcio CSS
Constructores S.A.
Coadyuvantes: Yenny Carolina Holguín Pacheco; Edwin Augusto Pacheco y Lina
Forero Cubides
Tema: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por CSS Constructores S.A.,
contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2019 por la Sala de Decisión Cuarta
del Tribunal Administrativo de Boyacá.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Oscar Leonardo Ávila Romero y Franky Ariel Fonseca Salamanca, obrando
en calidad de alcaldes de los municipios de Combita y Oicatá respectivamente al
momento de la interposición de la demanda, y el señor Siervo Tulio Molano, en
ejercicio del respectivo medio de control, presentaron demanda contra la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI, con el objeto de lograr la protección de los
1 Alcalde del Municipio de Cómbita en el momento de presentación de la demanda, la cual fue admitida por
medio de auto de 30 de agosto de 2018.
2 Alcalde del Municipio de Oicatá en el momento de presentación de la demanda, la cual fue admitida por medio
de auto de 30 de agosto de 2018.
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derechos e intereses colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública y la moralidad administrativa, transgredidos
presuntamente por la falta de construcción y terminación de algunas obras
consistentes en puentes peatonales.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1.- Ordenar la AGENCIA NACIONAL de INFRAESTRUCTURA – ANI
Representada Legalmente por su Presidente o quien haga sus veces, a la mayor
brevedad posible realizar los trámites necesarios para ejecutar la obra pública de
construcción correspondiente a un puente peatonal ubicado en la Vereda Poravita
del Municipio de Oicatá, Departamento de Boyacá sobre la doble calzada Briceño
– Tunja – Sogamoso entre el abcisado (sic) K118+100=PR K7 al K18+500=
PR8+100 (oriente-occidente).
2.- Ordenar la AGENCIA NACIONAL de INFRAESTRUCTURA – ANI
Representada legalmente por su Presidente o quien haga sus veces, a la mayor
brevedad realice los trámites necesarios ante el CONSORCIO SOLARTE
SOLARTE, para la continuación y terminación del puente peatonal ubicado en la
Vereda San Martín del Municipio de Cómbita, Departamento de Boyacá sobre la
doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso en el abcisado (sic) 125 + 500. Frente
al Barne. […]”3.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Indicó que la carretera central del norte, se construyó en los años 60, la cual
hace parte de la unión entre los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá, la
construcción se basó en el Decreto 2770 de 1953, su tránsito vehicular se
encontraba diseñado así: un (1) carril de sur a norte y un (1) carril de norte a sur;
actualmente, en dicho sendero se encuentra aún vigente la indicada norma, pero el
tráfico vehicular quedó en un sentido sur – norte.
3.2. Manifestó que el Gobierno Nacional proyectó la obra pública consistente en
realizar una carretera paralela a la carretera central del norte que se denominó doble
calzada Briceño – Tunja – Sogamoso a través del antiguo Instituto Nacional de
Concesiones hoy Agencia Nacional de Infraestructura, mediante el contrato de
concesión 0377 de 2002, dicho contrato fue adjudicado a la firma Consorcio Solarte
Solarte hoy CSS Constructores S.A.
3 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00030. Archivo denominado:
34_150012333000201800580011EXPEDIENTEDIGI20210806063305.
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3.3. Manifestó que, a la mencionada sociedad mediante otrosí al contrato matriz,
se le dio plenos poderes de compra de predios, realización de obras adicionales
como la construcción de puentes vehiculares, peatonales, zonas de servicios,
casetas de peajes.
3.4. Adujo que por los efectos que producía la realización de la carretera paralela
a la central del norte, al unir los senderos que se convirtieron en dos carriles cada
calzada, se amplió el paso de un lado a otro a los peatones y el peligro que corren
los transeúntes. A mediados del año 2008, la constructora realizó la socialización a
la comunidad de los municipios de Oicatá y Cómbita para comunicar sobre la
construcción de 3 puentes peatonales.
3.5. Indicó que la ubicación de los puentes peatonales se determinó por la mayor
afluencia de personas, el primero entre Cómbita y Oicatá en el kilómetro 112+360,
el segundo entre Cómbita y Oicatá en el kilómetro 18+100 donde se encuentra un
establecimiento educativo denominado Escuela La Esperanza y un campo santo
Parque Memorial de Santa Isabel, y el tercero, en el Municipio de Cómbita kilómetro
125+500 donde se encuentran las cárceles de Cómbita y el Barne, el cual se
encuentra inconcluso.
3.6. Resaltó que en la ubicación donde se encuentra el puente inconcluso se han
presentado siniestros que han cobrado la vida de transeúntes tal como lo certificó
la Jefatura Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá de la Policía Nacional.
Contestaciones de la demanda
4. El Instituto Nacional de vías – INVIAS4- contestó la demanda, se opuso a
las pretensiones formuladas, al considerar que no tiene legitimidad en la causa por
pasiva por cuanto mediante la Resolución 003045 de 22 de agosto de 2003, cedió
y subrogó al Instituto Nacional de Concesiones INCO- hoy Agencia Nacional de
Infraestructura, a título gratuito el contrato núm. 377 de 15 de junio de 2002,
celebrado con el Consorcio Solarte y Solarte, por lo que no hay razón legal para que
sea vinculado al proceso sub examine, como tampoco que le sea ordenada la
construcción de un puente peatonal en la Vereda Poravita del Municipio de Oicatá,
en el Departamento de Boyacá.
4.1. Aclaró que el Manual de Señalización vial - dispositivos uniformes para la
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia debe ser
4 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00030. Archivo denominado:
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aplicado por la entidad que tenga la respectiva infraestructura a su cargo y en este
caso, la vía Briceño- Tunja- Sogamoso se encuentra concesionada con el contrato
377 de 2002 que fue cedido a título gratuito a INCO- hoy ANI.
4.2. Determinó que, el INVÍAS después de haberle cedido el contrato a la ANI, no
está a cargo de la vía objeto de la acción popular y no estaría legítimamente llamada
a responder en la causa por pasiva, al no ser el concesionario siendo otras las
entidades llamadas a responder.
4.3. Consideró que, el INVIAS no puede realizar inversiones y/o ejecuciones en
el sector objeto de la acción y no es responsable de la vía sobre la cual se solicita
el puente peatonal, por lo que no vulnera de manera alguna los derechos colectivos
de los peticionarios.
4.4. Manifestó que no hay vulneración o amenaza de los derechos a la seguridad
vial, la vida y la moralidad pública por la ausencia de la construcción del puente
peatonal en la Vereda Poravita del Municipio de Oicatá sobre la doble calzada
Briceño- Tunja – Sogamoso, y que del reporte de accidentalidad suscrito por el Jefe
Seccional de Tránsito y Transporte de Tunja no se puede determinar que la
ocurrencia de los siniestros viales sea por las condiciones de la vía o por ausencia
del puente peatonal ni si hay involucrados peatones.
4.5. Presentó como excepciones las que denominó: “Falta de legitimidad en la
causa por pasiva del INVIAS”; e “Inexistencia de conculcación o amenaza de
derechos colectivos por parte del Instituto Nacional de Vías”.
5. La Agencia Nacional de Infraestructura- ANI5- contestó la demanda, se
opuso a las pretensiones formuladas, al considerar que no se ha vulnerado derecho
colectivo alguno, pues su actuación ha sido en el marco de las funciones
establecidas en la Constitución Política y la Ley, además porque en la demanda no
hay pretensiones directas relacionadas con la ANI. Los hechos narrados en la
demanda no son actividades que le competan a la Agencia, no se encuentran dentro
de los presupuestos establecidos por el legislador para el mecanismo de la acción
popular, como son evitar un daño contingente o la cesación de un peligro o amenaza
y en el caso sub examine no hay acción u omisión de la agencia relacionada con
los hechos, y señala que, de acuerdo con la narración, estarían relacionados con el
municipio de Tunja.
5 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00030. Archivo denominado:
34_150012333000201800580011EXPEDIENTEDIGI20210806063305. Páginas 121 y ss.
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5.1. Manifestó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, al no haber
pruebas que determinen la acción u omisión por parte de la ANI en los hechos
motivo de la acción popular, como son la de ejecutar y adelantar obras de
construcción, reconstrucción o rehabilitación de obras de infraestructura, siendo
administradora de contratos de concesión, mediante los cuales el concesionario
obtiene una remuneración por la materialización de unos proyectos de
infraestructura, y es el concesionario quien ejecuta de manera directa tales
proyectos viales. Las labores desarrolladas por la Agencia son determinadas
específicamente frente a cada corredor vial, y son asignadas normativamente en el
contrato de concesión, que es ley para las partes, generando obligaciones
exclusivas que en el presente caso corresponden a CSS CONSTRUCTORES S.A.
que fue vinculado al proceso al ser responsable de la correcta operación de los
tramos viales.
5.2. Aclaró que en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos
de concesión, el concesionario-contratista, es quien realiza la ejecución del contrato
a cuenta y riesgo “de una serie de actividades, incluyendo las obras de construcción,
rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de los proyectos”.
5.3. Determinó que, en virtud del contrato 377 de 2022 Proyecto Vial Briceño-
Tunja- Sogamoso, no existe obligación contractual de construir los puentes
peatonales, siendo ley para las partes; sin embargo, es responsabilidad contractual
exclusiva del concesionario la realización de todas las gestiones y obras necesarias
para la ejecución del proyecto y la correcta operación, por lo que en el caso en que
el corredor vial no tenga las medidas de seguridad necesarias, el responsable para
superarlas es el concesionario, lo que no implica que deba ser a través de puentes
peatonales, sino con señalización y obras que garanticen el desplazamiento seguro
de los habitantes del sector.
5.4. Consideró que su función consiste en vigilar y controlar el cumplimiento de
las obligaciones adquiridas por el concesionario para el caso del corredor vial
Briceño- Tunja- Sogamoso y no la ejecución de obras públicas, siendo el
concesionario el llamado a cumplir el objeto del contrato por su cuenta y riesgo.
5.5. Presentó como excepciones las que denominó: “Falta de legitimación en la
causa por pasiva”; “Imposibilidad de acometer obra con cargo al contrato de
concesión núm. 0377 de 2002, por haber superado el tope máximo de adicionales
permitido por la ley”; y “El supuesto agravio no se encuentra en cabeza de la
Agencia Nacional de Infraestructura Vial”.
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6. La sociedad CSS Constructores S.A.6 contestó la demanda, se opuso a las
pretensiones e indicó los siguientes argumentos:
6.1. Manifestó que el contrato de concesión es de segunda generación, sometido
a un fuerte control por parte de la entidad concedente, quien se reservó en
consecuencia la decisión sobre la manera de ejecutar todos los asuntos. En cuanto
a la compra de predios, solo delegó en la concesionaria la gestión correspondiente
para agotar la etapa de enajenación voluntaria y suscribir las escrituras de
adquisición y actas de entrega, pero no la decisión sobre que predios adquirir.
6.2. Indicó en relación con las obras adicionales que la cláusula 48 del contrato
señaló que se ejecutarán mediante contratos adicionales con el concesionario o
contrato con terceros y el costo será asumido por el INVIAS, además resaltó que
será el INVIAS quien determinará la necesidad de realizar las obras adicionales.
Incluso por medio del otrosí modificatorio del 29 de octubre de 2007 la ANI
determinó la cantidad de puentes peatonales y su ubicación.
6.3. Aclaró que dos de los puentes ya se encuentran terminados y en pleno
funcionamiento, y que el que fue suspendido se interrumpió por una orden impartida
por la INCO mediante oficio núm.2011-305-006964-1 del 30 de mayo de 2011.
6.4. Por último, presentó como excepciones las que denominó: “Inexistencia de
amenaza o vulneración del derecho colectivo a la seguridad pública”; “Inexistencia
de amenaza o vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa”;
“Falta de legitimación en la causa por pasiva”; y “Cualquier otra excepción cuyos
hechos resulten demostrados”.
La audiencia de pacto de cumplimiento
7. El Tribunal, mediante audiencia de 16 de noviembre de 2018 llevo a cabo la
audiencia de pacto de cumplimiento y se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes.
Sentencia proferida, en primera instancia
8. La Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá profirió
sentencia de 25 de julio de 2019, en la que resolvió lo siguiente:
6Cfr.Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00030. Archivo denominado:
34_150012333000201800580011EXPEDIENTEDIGI20210806063305. Páginas 91 y ss.
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“[…] PRIMERO. Declarar probadas las excepciones de “falta de legitimación en la
causa por pasiva” y de “inexistencia de conculcación o amenaza de derechos
colectivos por parte del INVIAS” propuestas por Instituto Nacional de Vías – INVÍAS,
así como la excepción de “Inexistencia de amenaza o vulneración del derecho
colectivo a la moralidad administrativa”, propuesta por el Consorcio CSS
constructores, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar no probadas las excepciones de "Inexistencia de amenaza
o vulneración del derecho colectivo a la seguridad pública" y "Falta de legitimación
en la causa por pasiva", propuestas por el Consorcio CSS Constructores.
TERCERO: Declarar no probadas las excepciones denominadas "imposibilidad
de acometer obra con cargo al contrato de concesión No. 0377 de 2002 por haber
superado el tope máximo de adicionales permitido por la Ley", y "el supuesto
agravio no se encuentra en cabeza de la ANI", propuestas por la apoderada de la
Agencia Nacional de Infraestructura.
CUARTO: DECLARAR la vulneración y amenaza de los derechos colectivos a la
seguridad vial y prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes
y transeúntes del sector ubicado sobre la doble calzada Briceño- Tunja- Sogamoso
en el abcisado (sic) 125+500, frente al Barne, por parte de la Agencia Nacional de
Infraestructura y por el Consorcio CSS Constructores, de acuerdo a lo expuesto en
la motivación de esta providencia.
QUINTO. En consecuencia, para la protección de los derechos colectivos se
ordena a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, que dentro del término de
los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, lleve a
cabo los trámites administrativos, presupuestales y contractuales necesarios para
terminar la construcción, actualmente suspendida, del puente peatonal en
construcción sobre la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso en el abcisado
125+500, frente al Barne.
SEXTO: Ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, y al Consorcio CSS
Constructores S.A. que, mientras la construcción del puente peatonal señalado en
el numeral anterior, y durante todo el lapso que demore la entrega de dicha obra,
ejecute todas las actividades necesarias para reducir el riesgo de accidente en ese
lugar, tales como la instalación de reductores de velocidad, señales de tránsito que
adviertan el peligro, sin perjuicio de otras medidas de prevención que las
autoridades de tránsito consideren necesarias con tal fin.
OCTAVO: Para la vigilancia y cumplimiento de las decisiones que en ésta
providencia se adopta, conforme al artículo 34 de la ley 472 de 1998, conformar el
comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, de la siguiente manera:
el actor popular, el representante legal de la ANI, el representante legal del
Consorcio CSS Constructores S.A, el Alcalde del Municipio de Cómbita, el
Personero del Municipio de Cómbita, y el Agente del Ministerio Público delegado
para el presente proceso, quienes deberán presentar informe de cumplimiento de
la sentencia en el término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de la
presente sentencia.
NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
DÉCIMO: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
remítase copia de esta sentencia a la Defensoría del Pueblo - Registro Público de
Acciones Populares y de Grupo […]”7.
7 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 30, archivo denominado:
54_150012333000201800580011EXPEDIENTEDIGI20210818135608 páginas 128.
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Consideraciones del Tribunal
9. El Tribunal consideró que el problema jurídico se contrae a determinar: “[…]
si las entidades accionadas han vulnerado los derechos colectivos relacionados con
la seguridad vial y la prevención de desastres previsibles técnicamente, por la no
construcción un puente peatonal “en la vereda de Poravita del Municipio de Oicatá
(Boyacá), sobre la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso entre el abcisado
K118+100= PR K7+100 al k18+500= PR8+100 (oriente – occidente)”, así como
suspensión de la construcción del puente peatonal ubicado en la vereda San Martín
del Municipio de Cómbita (Boyacá), sobre la doble calzada Briceño – Tunja –
Sogamoso en el abscisado 125+500, frente al Barne […]”.
9.1. El Tribunal determinó el marco normativo de las acciones populares y el
marco normativo y jurisprudencial de los derechos e intereses colectivos invocados.
Analizó las pruebas obrantes en el plenario y consideró que el INVÍAS carece de
legitimación material en la causa por pasiva en el proceso y que el concesionario
Solarte Solarte, es el responsable de construir, rehabilitar, ejecutar, operar y
mantener todos los trayectos viales del proyecto vial Briceño – Tunja – Sogamoso,
de acuerdo con los pliegos, las especificaciones técnicas de construcción,
rehabilitación y mejoramiento que establezca la Agencia Nacional de
Infraestructura, lo que permite evidenciar que las mismas cuentan con legitimación
material y de hecho por pasiva.
9.2. El Tribunal indicó que la determinación de la ubicación de los puentes
peatonales fue establecida mediante otrosí de modificación al contrato de concesión
núm. 0377 de 15 de julio de 2002. Aclaró que los puentes peatonales cuya iniciación
y terminación pretenden los actores populares, no se encuentran incluidos dentro
del alcance contractual establecido en el otrosí. En relación con el puente peatonal
ubicado en la vereda San Martín del Municipio de Cómbita, más exactamente en la
abscisa K125+500 frente al Barne, obedeció a una orden expresa y directa de la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, que mediante comunicación núm. 2011-
305-006964-1 de 30 de mayo de 2011 (anexo copia), dio la instrucción de suspender
esa obra y otras más del proyecto de concesión.
9.3. El Tribunal en lo que respecta a la construcción del puente peatonal de la
vereda Poravida del Municipio de Oicatá, entre la abscisa K118+100=PR8+100 al
K118+500=PR8+100 (oriente – occidente), informó que este puente nunca ha hecho
parte del alcance del contrato de concesión ni de sus modificaciones, por tal razón
no se ha iniciado su construcción.
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9.4. El Tribunal consideró que de las pruebas relacionadas se puede colegir que
a pesar de que en el otrosí de modificación al contrato de concesión no se
encontraban proyectados la construcción de los puentes peatonales pretendidos por
los actores populares, lo cierto es que, con ocasión del gran flujo de personas que
transitan en la vereda San Martín del Municipio de Cómbita (Boyacá), sobre la doble
calzada Briceño - Tunja – Sogamoso en el abscisado k125+500, frente al Barne,
se dio inicio a la construcción de un puente peatonal, pero fue suspendida.
9.5. Consideró que es de público conocimiento que en la zona del Barne transita
un gran número de personas que visitan a los internos del centro penitenciario y que
además viven en las zonas aledañas, por ello resulta evidente que la falta de un
puente peatonal en dicho sitio puede afectar la seguridad de las mismas, e incluso
puede causar un riesgo en los conductores y ocupantes de los vehículos que
transitan por la zona.
9.6. El Tribunal determinó que resulta evidente que la falta de un puente peatonal
sobre la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso en el abscisado 125+500, frente
al Barne, vulnera o pone en peligro los derechos colectivos a la seguridad pública
en la modalidad seguridad vial y la prevención de desastres previsibles
técnicamente y que el hecho de que el mismo no hubiera sido proyectado en el
otrosí del contrato de concesión núm. 0377 de 2002, no es óbice para que no sea
construido el puente peatonal requerido, toda vez que si tuvo un inicio fue porque
contó con un estudio previo de viabilidad y presupuestal, sin que la actual falta de
presupuesto sea excusa para no continuar con su construcción y terminación.
9.7. Por lo anterior, consideró pertinente ordenar a la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI y al Concesionario CSS Constructores S.A., terminar la
construcción del puente peatonal por ser necesario para amparar los derechos
colectivos a la seguridad vial y a la prevención de desastres técnicamente, de los
habitantes y transeúntes de dicho sector.
9.8. El Tribunal determinó que en relación con la pretensión de que se construya
un puente peatonal en la vereda de Poravita del Municipio de Oicatá – Boyacá sobre
la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso entre el abscisado K118+100=PR
K7+100 al K18+500=PR8+100 (oriente – occidente), no fue allegado al plenario
prueba que permita evidenciar la necesidad de construir un puente peatonal en
dicha zona. Por el contrario, se evidenció que existe señalización de pasos
peatonales, lo que permite determinar el cumplimiento de lo establecido por el
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Ministerio de Transporte en la Resolución núm. 1050 de 2004, mediante la cual se
adoptó el Manual de Señalización Vial.
9.9. Por último, indicó que en lo que respecta a la presunta vulneración del
derecho colectivo a la moralidad administrativa, se declaró probada la excepción
denominada como “inexistencia de amenaza o vulneración del derecho colectivo a
la moralidad administrativa”.
Recurso de apelación presentado por el consorcio CSS Constructores S.A.8
10. El consorcio CSS Constructores S.A presentó escrito por medio del cual
interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia,
en los siguientes términos:
10.1. Indicó que eran objeto de apelación los numerales cuarto y sexto de la
parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia. Por cuanto el
concesionario no tiene poder de decisión sobre el número y ubicación de los
puentes peatonales; por consiguiente, no puede imputársele responsabilidad de la
amenaza o violación de los derechos colectivos como reiteradamente lo ha
declarado el Tribunal en otros casos.
10.2. Señaló que lo manifestado por los coadyuvantes no constituye en sí mismo
prueba de lo afirmado, por no existir evidencia de que la muerte ocurrida en el Barne
se debió a la ausencia de un puente peatonal.
10.3. Consideró que lo ordenado en el numeral sexto de la parte resolutiva de la
sentencia se impuso sin tener en cuenta que el lugar está señalizado plenamente
de acuerdo con el Manual de Señalización Vial y en el sector rural de una vía
diseñada para ser recorrida a 80 kilómetros por hora son muy peligrosos los
reductores de velocidad.
10.4. Por todo lo anterior solicita la revocatoria de la sentencia proferida en primera
instancia.
Actuaciones en segunda instancia
11. El Despacho sustanciador: i) mediante auto de 29 de noviembre de 2019,
requirió al Tribunal Administrativo de Boyacá para que remitiera los discos
compactos que fueron aportados en la demanda y en la contestación de la
8 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 30. Archivo denominado:
54_150012333000201800580011EXPEDIENTEDIGI20210818135608 pág. 159.
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Núm. único de radicación: 150012333000201800580-01
demanda; ii) por auto de 24 de mayo de 20219, ajustó al efecto devolutivo el recurso
de apelación interpuesto por CSS Constructores S.A.; iii) por auto de 30 de julio de
202110, se admitió el recurso de apelación presentado por el concesionario; iv) por
auto de 16 de octubre de 202411, se corrió traslado para la presentación de
alegaciones y al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tuviera.
El Municipio de Cómbita y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS presentaron
escritos reiterando los argumentos iniciales. El Ministerio Público no rindió concepto.
12. La Secretaría General remitió el proceso al Despacho sustanciador el 12 de
diciembre de 2024.
II. CONSIDERACIONES DE SALA
13. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
facultades del juez popular; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre
el derecho a la seguridad y la salubridad pública en relación con la infraestructura
pública vial o de transporte terrestre; vi) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios y
a que su prestación sea eficiente y oportuna; y vii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
14. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 12, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201913, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15014 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201115, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
9 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 18.
10 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 25.
11 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 39.
12 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
13 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]” Modificado por el artículo
1° del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y
82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
14 Modificado por las leyes 1564 y 2080 y en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de
2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos
que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
15 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
15. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por el apelante, en su recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de 25 de julio de 2019 por la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal
Administrativo de Boyacá, de conformidad con los artículos 32016 y 32817 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201218, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Los problemas jurídicos
16. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación resolver:
16.1. Si se configura la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos a la seguridad y salubridad públicas y a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, de los habitantes y transeúntes del sector
ubicado en la Vereda San Martín del Municipio de Cómbita sobre la doble calzada
Briceño – Tunja – Sogamoso en el abscisado 125+500, frente al Barne, por cuanto
no se ha concluido la construcción de un paso elevado por parte de la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI y por el Consorcio CSS Constructores.
16.2. Si es procedente la orden impartida en el numeral sexto de la parte resolutiva
de la sentencia de ejecutar las actividades necesarias tales como la instalación de
reductores de velocidad, señales de tránsito que adviertan el peligro, entre otras
para reducir el riesgo de accidente en la zona mencionada en el numeral anterior.
16.3. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 25 de julio de 2019 proferida por la Sala de Decisión Cuarta del
Tribunal Administrativo de Boyacá, en primera instancia.
16 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
17 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
18 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
17. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
17.1. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
17.2. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
17.3. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
17.4. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”19.
17.5. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de
2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
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tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
18. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
establece que “[…] [l]a sentencia que acoja las pretensiones del demandante de
una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al
pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo
en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.
18.1. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 20, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
20 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
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del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.
18.2. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]21”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles
19. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política22.
19.1. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.
19.2. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.
19.3. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201223, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.
21 Ibidem.
22 “[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
23 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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19.4. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación 24, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
19.5. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad
y la salubridad pública en relación con la infraestructura pública vial o de
transporte terrestre
20. Vistos los artículos 2.º, 24.º y 82. º de la Constitución Política que indican
entre otros derechos colectivos, el de circular libremente por el territorio nacional; al
uso y goce de los bienes de uso público como las carreteras, así como la correlativa
obligación del Estado de garantizar la integridad del espacio público y su destinación
al uso común.
24 Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación
número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP).
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20.1. La Ley 105 de 30 de diciembre de 199325 dispone como principio el de la
seguridad26 como prioridad del sistema y del sector transporte. En tal virtud, es deber
de las autoridades impulsar el desarrollo económico y el progreso social, y para ello,
ejecutarán las obras públicas correspondientes, entre estas, las relacionadas con el
servicio público de transporte, el mantenimiento y la reconstrucción de la
infraestructura vial del país. En los artículos 19.º y 20.º se establece la obligación de
la Nación y de las Entidades Territoriales en la construcción y conservación de los
todos y cada uno de los componentes de la infraestructura de transporte.
20.2. La Ley 769 de 6 de agosto de 200027 establece en su artículo 1. º como
principios rectores los de seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad,
cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y
descentralización. El artículo 7. º de la misma norma resalta el deber que les asiste
a las autoridades de tránsito de velar “[…] por la seguridad de las personas y las
cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de
carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la
prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías […]”.
(Destacado fuera de texto)
20.3. Esta Sección se ha pronunciado en torno a las condiciones mínimas que debe
tener la infraestructura pública vial o de transporte terrestre a efectos de garantizar la
seguridad de los actores viales.
20.4. En sentencia de 26 de julio de 2007, se refirió a la importancia de que las vías
cumplan con las especificaciones técnicas de todos y cada uno de los componentes
que las integran para efectos de garantizar la seguridad de las personas, así:
“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que se
encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la
Autopista Oriental, en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo
(Atlántico) no cumple con las especificaciones técnicas necesarias que
garanticen la seguridad de los usuarios de la misma.
En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía
hace parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera
categoría, debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona
utilizable, la cual no se observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos
alcanza los 30 metros que como mínimo debe tener, situación éste que deriva en que
las calzadas de la vía (dos en total, cada una con tres carriles) se encuentren en
25 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones”.
26 Artículo 2.°, literal e.
27 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
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algunos tramos a distancias muy próximas a las viviendas que se encuentran a lo
largo de su recorrido, con el consecuente riesgo para la seguridad de la
comunidad del sector, debido a la circulación permanente de vehículos que
desarrollan altas velocidades.
La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de
retiro y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en
cuanto se refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.
Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas condiciones
que permitan la utilización segura de la misma tanto para los conductores de
vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en general, condiciones
éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que atraviesa el
municipio de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales y
verticales en los que se informa sobre la proximidad del centro urbano y el
deber de disminuir la velocidad en su paso por el mismo, dispositivos éstos
que resultan, en criterio de la Sala, insuficientes, cuando se trata de una vía
como la mencionada, calificada por el INVIAS como de primera categoría
debido a su importancia, no estando acreditado debidamente, de otro lado, que
haya adoptado las medidas para la regulación del tráfico vehicular que se anuncian
en el recurso de apelación […]”28 (Destacado fuera de texto).
20.5. Posteriormente, la Sección Primera, mediante sentencia de 31 de enero de
2008, destacó, en los siguientes términos, que la falta de señalización de las vías y la
ausencia del mobiliario correspondiente son factores que contribuyen con la
maximización del riesgo de accidentalidad y, por consiguiente, afectan los derechos
colectivos relacionados con la seguridad pública:
“[…] En el caso concreto el Tribunal consideró probada la vulneración efectiva a los
derechos cuya seguridad y garantía reclama el actor […].
Adujo que con posterioridad a la práctica de la diligencia señalada quedó en
evidencia la carencia de las condiciones necesarias que garanticen la segura
movilidad de los peatones a lo largo del sector, y, como agravante, resultó
demostrada además la ausencia de señalización vertical y horizontal,
circunstancia que maximiza el riesgo que corren los peatones al transitar por
el sector.
Agregó que aunque en la actualidad existen los espacios necesarios para el tránsito
de los peatones, no es menos cierto que el uso de los mismos, por demás riesgoso,
es consecuencia del cotidiano uso por parte de aquellos a falta de andenes
acondicionados para tal efecto, de lo cual se colige que en efecto, el sector requiere
de la señalización horizontal y vertical pertinente y de la construcción del
mobiliario que garantice la seguridad de los derechos vulnerados. […]
[E]s a todas luces inaceptable la evidente inseguridad y el riesgo en el que ponen
sus vidas los peatones que cotidianamente transitan el sector sobre el cual se
realizaron los correspondientes estudios, tanto por la falta del mobiliario urbano
que garantice la segura movilización de los transeúntes a cada lado de la vía,
como por la carencia de la señalización horizontal y vertical que maximiza el
riesgo de quienes además, transitan por el sector en vehículos automotores.
Anota la Sala el acierto del Tribunal al señalar el riesgo inminente para los
peatones que circulan y se desplazan por la Calle 5ª entre las Carreras 41 y 43, por
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de julio de 2007,
C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; NUR 080012331000199902940-01.
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no estar plenamente acondicionado el espacio para la movilidad de los
transeúntes, teniendo en cuenta además que quienes a diario circulan por el
sector, en su mayoría son niños y jóvenes estudiantes. […]”29 (Destacado fuera
de texto).
20.6. Finalmente, la Sección, mediante sentencia de 18 de marzo de 201030, aludió
a las obligaciones que le corresponden al INVÍAS en materia de señalización de vías
del orden nacional con el objeto de reducir los índices de accidentalidad y salvaguardar
el derecho colectivo a la seguridad pública:
“[…] De las pruebas señaladas se constata que, la vía indicada en la demanda
forma parte de la Red Nacional de Carreteras a cargo del INVIAS, razón por la
cual el mantenimiento de la misma le corresponde a dicho instituto, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 2056 de 2003 […].
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que es
responsabilidad de la Nación, por medio del Instituto Nacional de Vías, acometer las
obras de señalización necesarias para prevenir o reducir, por lo menos, los índices
de accidentalidad en las vías del orden nacional. […]
Para la Sala, la negligencia del recurrente frente al cumplimiento de su deber
legal de mantenimiento y señalización de las vías a su cargo, constituye, sin
lugar a duda alguna, una seria amenaza al derecho colectivo a la seguridad
pública, pues no es necesario demostrar el grado de accidentalidad para inferir
que la falta de señalización vial en carreteras comporta un riesgo para los
usuarios de la misma, por lo tanto, en el caso examinado, basta con demostrar
la negligencia de la autoridad obligada al mantenimiento de la vía, para concluir
que tal conducta omisiva amenaza el citado derecho colectivo […]” (Destacado
fuera de texto).
20.7. Para la Sala, la seguridad vial es una prioridad y una finalidad esencial del
Estado, como lo indica el artículo 2 de la Constitución Política. A su vez el artículo
24 ibidem establece el derecho a la libre circulación, pero ello supone que el Estado
debe intervenir y limitarlo, con miras a garantizar la seguridad y bienestar de los
habitantes del territorio. Por lo tanto, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas en los diseños y trazados de la vía, los cuales fueron objeto de
verificaciones técnicas y socialización con la comunidad, se traducen en una medida
idónea para la protección de los derechos e intereses colectivos en la medida en
que impactan en el bienestar general, el logro de los fines sociales del Estado31.
20.8. La Ley 1702 define la seguridad vial como: “[…] el conjunto de acciones y
políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de
lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 31 de enero de 2008;
C.P. Camilo Arciniegas Andrade, NUR 190012331000200402748-01.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de marzo de 2010,
C.P. (E) María Claudia Rojas Lasso; NUR 41001-23-31-000-2004-001364-01.
31 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 2010, NUR. 190012331000200501449-
01, C.P. María Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de febrero de
2024, NUR 080012333000201900729-01; sentencia del 15 de febrero de 2024, NUR 080012333000201800844-
01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que
intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la
vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las
infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los
elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de
conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los
usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional
hasta la atención a las víctimas […]”. (Destacado fuera de texto). Se puede concluir,
que la finalidad de la seguridad vial es la prevención, el control y la disminución de
accidentes que ocurran sobre las vías.
Marco normativo del principio de primacía del interés general
21. Vistos los artículos 1.° y 58 de la Constitución Política, por un lado, se
determinan los principios y valores constitucionales, entre ellos el de la prevalencia
del interés general; y, por el otro, constituyen garantiza de la propiedad privada, con
la claridad de que “[…] [c]uando de la aplicación de una ley expedida por motivos
de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social […]”.
22. El alcance de este principio ha sido desarrollado por la Corte Constitucional
e implica que debe preferirse la realización de objetivos comunes respecto de
intereses particulares, a menos que se trate de derechos fundamentales
esenciales32.
Análisis del caso concreto
23. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.
24. El Tribunal consideró que se dio inicio a la construcción de un puente
peatonal que fue suspendida por orden del entonces Instituto Nacional de
Concesiones - INCO. Señaló que es de público conocimiento que en la zona del
Barne transita un gran número de personas que van de visita al centro penitenciario
y que además viven en las zonas aledañas, por lo que resulta evidente que la falta
32 Corte Constitucional; sentencia C-192 de 2016; M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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de un puente peatonal puede afectar la seguridad de las personas e incluso causar
un riesgo en los conductores y ocupantes de los vehículos que transitan por la zona.
25. El Tribunal consideró que la falta de un puente peatonal sobre la calzada
Briceño – Tunja – Sogamoso en el abscisado 12+500 frente al Barne, vulnera o
pone en peligro los derechos colectivos y que el hecho de que el mismo no hubiera
sido proyectado en el otro sí del contrato de concesión núm. 0377 de 2002, no es
óbice para que no sea construido el puente peatonal, debido a que si el mismo tuvo
inicio fue porque contó con un estudio previo de viabilidad y presupuestal, sin que
la actual falta de presupuesto indicada por la ANI sea excusa para no continuar con
la construcción y su terminación.
26. En el recurso de apelación se indicó como argumento por un lado que, la
concesionaria no tiene poder de decisión sobre el número y ubicación de los
puentes peatonales por ello no se le puede imputar responsabilidad de la amenaza
o vulneración de los derechos colectivos ante la ausencia de un puente y por el otro,
que en el numeral sexto se ordenó ejecutar las actividades necesarias para reducir
el riesgo de accidentes, tales como la instalación de reductores de velocidad,
señales de tránsito entre otras, sin tener en cuenta que el lugar está señalizado
plenamente de acuerdo con el Manual de Señalización Vial y en el sector rural de
una vía diseñada para ser recorrida a 80 kilómetros por hora son muy peligrosos los
reductores de velocidad.
27. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes:
28. Fotografías de las estructuras iniciales de un puente ubicado en la abscisa
125+500 en la zona de las cárceles de Cómbita y el Barne33.
33 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 30. Archivo denominado
34_150012333000201800580011EXPEDIENTEDIGI20210806063305 Cuaderno 1 página 32 y ss.
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29. Copia de la solicitud de información de actualización de accidentalidad del 18
de julio de 2018, radicado núm. 037059 METUN-SETRA 29 suscrito por la Jefe
Seccional de Tránsito y Transporte METUN, en el que se indicó: “[…] me permito
enviarle la actualización de los siniestros viales ocurridos en la doble calzada Tunja
– Sogamoso, desde abril del 2016 hasta el día 16 de julio del año en curso, entre
los kilómetros 7 y 8 vía Tunja – Duitama, que por jurisdicción corresponden a la
Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Tunja, una vez
verificado el sistema de información de siniestros viales (SIEVI), así:
[…]”34.
30. Copia de la declaración extra juicio núm. 1104 de 2018 del declarante Silvio
Marino Pardo Polo, de 12 de julio de 2018.35.
31. Copia del certificado de 12 de julio de 2018 suscrito por el Secretario de
Planeación y Gestión Territorial Municipal de Cómbita. En el que se indicó: “[…] Que
34Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 30. Archivo denominado
34_150012333000201800580011EXPEDIENTEDIGI20210806063305 Cuaderno 1 página 26.
35 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 30. Archivo denominado
34_150012333000201800580011EXPEDIENTEDIGI20210806063305 Cuaderno 1 página 36.
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la distancia entre la Institución Educativo Integrado de Cómbita sede La Esperanza
ubicado en la vereda la Concepción parte baja y la doble calzada es de 40m, que
de la institución educativa integrado de Cómbita sede la Esperanza actualmente se
benefician 24 educandos y que dicho número más del 50% debes pasar la vía
[…]”36.
32. Copia del contrato de concesión núm. 0377 del 5 de septiembre de 2008
suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y el Consorcio Solarte Solarte.
33. Copia del oficio número 2011-305-006964-1 de 30 de mayo de 2011, suscrito
por el Subgerente de Gestión Contractual del Instituto Nacional de Concesiones,
con asunto: suspensión proceso de adquisición de predios Variantes Tocancipá y
Puente de Boyacá – Proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso. En el que se indicó:
“[…] Como es de su conocimiento, el Contrato de Concesión No. 377 de 2002 se
modificó el día 29 de septiembre de 2005 mediante el Documento Final de Ajuste,
en el cual se estableció en su cláusula primera el alcance definitivo del mismo de la
siguiente manera: “
“Acorde con la posibilidad de financiación de las obras dentro del mismo proyecto,
y teniendo como propósito fundamental la construcción de la mayor cantidad de vía
en doble calzada, se reorganizaron las actividades en los diferentes trayectos,
manteniendo el equilibrio financiero del contrato original, esto es, sin modificar los
aportes de la Nación, ni incremento de peajes, se suscribieron en el año 2005, los
acuerdos de modificación al Contrato de Concesión con los cuales se garantizó la
construcción de 117.68 Km de doble calzada. Con estas modificaciones realizadas
al Contrato en las que se establece el alcance físico definitivo del proyecto, se
excluía del alcance físico de la concesión la intervención de los trayectos 8, 9 y 10
(Villapinzón-Tunja) y 17 (La Ye-Tibasosa-Sogamoso) y la Operación y
Mantenimiento de los Trayectos 11 (Paso Urbano Tunja) y 18 (La Ye-Nobsa-Puente
Blanco).
Adicionalmente, y a fin de satisfacer el interés público mediante la prestación en
condiciones de Seguridad, Movilidad y Transitabilidad del servicio público de
transporte y la necesidad pública manifestada por amplios sectores de la población,
el Instituto Nacional de Concesiones -INCO- han realizado grandes esfuerzos de
cooperación interinstitucional con el fin de materializar los mecanismos necesarios
para ejecutar las obras de infraestructura vial requeridas en los Trayectos Nos. 8, 9,
10 y 17 de la vía "Briceño-Tunja-Sogamoso". Por lo anterior, se suscribió el 27 de
enero de 2006 el documento modificatorio al contrato de concesión y en el que se
establece que El CONCESIONARIO, ejecutará las actividades de construcción de
los trayectos &, 9, 10 y 17 mencionados anteriormente. Los recursos mencionados
fueron tramitados por el INCO, para su incorporación, de manera gradual, y para la
36 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 30. Archivo denominado
34_150012333000201800580011EXPEDIENTEDIGI20210806063305 Cuaderno 1 página 39.
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ejecución expresa de las actividades objeto de este último acuerdo, con lo cual se
garantiza la construcción en Doble Calzada de todo el corredor.
Posteriormente el 23 de Febrero de 2010 fue suscrito entre este Instituto y el
Concesionario de la Vía, el documento modificatorio al contrato de concesión No
0377 de 2002, denominado "adicional Ne 2", alcance general de construcción y
mantenimiento rutinario de la vía denominada "Sisga-Guateque-El Secreto"
(Transversal del Sisga).
De otra parte, se había estudiado la posibilidad de realizar la adición
correspondiente al citado contrato a fin de incluir la construcción de las variantes
Tocancipá y Puente de Boyacá; sin embargo, y como es conocido por ustedes, dicho
alcance contractual no fue ratificado por el CONFIS y CONPES, de acuerdo con lo
consagrado en la recomendación No. 5 del CONPES 3535 de 2008, razón por la
cual a la fecha no se ha realizado la correspondiente adición contractual ni se ha
procedido a dar la respectiva autorización a los diseños técnicos y financieros que
permitan la ejecución de las citadas obras.
Así las cosas, con fundamento en lo anterior, y no obstante la suscripción de las
actas de fecha de 15 de octubre de 2008 y de 15 de enero de 2010 para adelantar
la adquisición de predios para la construcción de las variantes Tocancipá y Puente
de Boyacá, le solicitamos de manera inmediata suspender el proceso de adquisición
de predios, así como las demás acciones que se deriven de dicha gestión, ya que
la Entidad se encuentra realizando un análisis legal de la situación contractual, toda
vez que se entiende que las obras proyectadas en el CONPES 3535 de 2008 no
fueron ratificadas, lo cual significa que no podrán continuar con el proceso de
validación en las condiciones establecidas en dicho documento; especialmente
cuando la gestión que se está adelantando no tiene soporte contractual alguno […]”.
34. Copia del Otrosí de modificación al contrato de concesión núm. 0377 del 15
de julio de 2002, celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones INCO y el
Consorcio Solarte Solarte para aclarar algunas de las actividades de construcción
del corredor vial concesionado. En el que se indicó:
“[…] C. REDEFINICIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS PUENTES
PEATONALES.- Se ha evaluado la conveniencia de relocalizar cinco (5) de los seis
(6) puentes peatonales contemplados en el alcance contractual, modificando el
listado establecido en la clausula segunda del Otro sí N° 6 suscrito el 27 de julio de
2005, a partir de las siguientes consideraciones:
A. El cruce peatonal previsto en el K1+650 se puede reubicar en el K2+500 en el
Trayecto 2, con lo cual se disminuirá el riesgo de accidentalidad por
atropellamiento de peatones en este sector – Parque Industrial Canavita -, en el
cual confluyen varias industrias de Tocancipá, así como alta presencia de
población en edad escolar (Escuela La Estación).
B. Los cruces peatonales a desnivel previstos en el K5+330 y K5+560 podrían
suspenderse al estarse evaluando en este momento la solicitud de la comunidad
de retomar la construcción de la variante Tocancipá-Gachancipá, siendo
reubicados en el K19+900, donde se localizará la nueva escuela de Sesquilé,
con lo cual se dará una solución al cruce de la vía por parte de los estudiantes y
de la población que habita el sector de Siatoya, y en el K51+850, puente que se
requiere según la justificación contenida en el literal E del considerando sexto de
este documento.
C. El cruce en el K153+400 se puede reubicar. en el K158+080, en el paso urbano
de Duitama, el cual servirá para conectar a los peatones del sector norte de la
ciudad con la Villa Olímpica y toda la zona de escenarios deportivos y de
recreación.
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D. El cruce en el K2+350 de la variante de Tunja se puede reubicar en el K16+340,
en el cual se dará una solución al paso sobre la doble calzada de los
trabajadores del sector, donde existe un uso intensivo de mano de obra.
“[…]
[…]”.
35. Copia del oficio núm. 2018-409-101232-2 de 1 de octubre de 2018 suscrito
por el director de la Interventoría BTS, con referencia: Interventoría Técnica,
Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio
Ambiental y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo y de gestión de
calidad del Contrato de Concesión núm. 0377 de 2002: “Briceño – Tunja-
Sogamoso” Contrato de Interventoría núm. 486 de 2015. En el que se indicó37:
“[…]
1. Con respecto a la construcción de los puentes peatonales en el sector Vda. Poravita
Jurisdicción del Municipio de Oicatá y en la Vda. San Martin del municipio de
Combita, se indica que no hace parte actual del alcance físico definitivo del proyecto,
por lo cual requiere la consecución de recursos adicionales, aclarando que el
contrato de concesión No.0377 del 2002, suscrito entre el Concesionario CSS
Constructores S.A y la ANI superó el tope máximo de adición permitido, por lo que
no es posible la construcción dentro del contrato de concesión de obra, adición
alguna.
2. No existe ninguna obligación contractual frente a la construcción de los puentes
peatonales, en los sitios referidos, ya que como se mencionó anteriormente dichos
puentes no hacen parte del alcance del contrato de concesión.
3. La sección de la vía citada por el Señor Siervo Tulio Molano y Otros, pertenece al
proyecto de concesión Briceño Tunja, Sogamoso (BTS), el sector de la Vda.
Poravita municipio de Oicatá está ubicada en el K118+100 del trayecto 13 y PR
8+100, de la ruta nacional 55-02; y la Vda. San Martin del municipio de Combita está
ubicada en el K125+500 en el trayecto 14 y PR 14+440 de la ruta nacional 55-02.
La sección típica de la doble calzada es la siguiente:
• Dos calzadas con Ancho de corona: 9.90 metros cada una
• Dos carriles por calzada de 3.65 metros cada una
• Berma interna: 0.80 metros.
• Berma externa: 1.80 metros
• Separador central de ancho variable
37 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 30. Archivo denominado
34_150012333000201800580011EXPEDIENTEDIGI20210806063305 Cuaderno 1 página 178.
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Los sectores donde se pide la construcción de los puentes peatonales, cuentan con
señalización y demarcación, en buen estado, cumpliendo con los diseños
establecidos […]”.
36. Copia del oficio de 29 de abril de 2019 suscrito por el Director de obra de la
concesión Briceño – Tunja – Sogamoso, en el que se indicó:
“[…] 1. Este concesionario no posee estudios para determinar la viabilidad de la
construcción de los puentes sobre la doble calzada Briceño - Tunja - Sogamoso, la
determinación de la ubicación de los puentes contractualmente establecidos fue
definida por nuestra entidad concedente (ANI) mediante otrosí modificatorio
celebrado el 29 de octubre de 2007 (anexamos copia), en este documento quedo
establecida la ubicación exacta de estos puentes contractualmente establecidos,
que para el sector de Boyacá fueron tres y correspondieron a las siguientes
ubicaciones:
Referente a si este consorcio realizó alguna socialización con la comunidad de los
municipios de Combita y Oicatá para comunicarles sobre la construcción de tres
puentes peatonales ubicados en los sectores descritos en su oficio, al respecto me
permito informarle que una vez revisados nuestros registros no se encontró soporte
alguno sobre este tipo de actividades.
2. La razón por la cual no se dio continuidad a la construcción del puente peatonal
ubicado en la vereda San Martín del Municipio de Combita, más exactamente en
la abscisa K125+500 frente al Barne, esto obedeció a una orden expresa y directa
de nuestra entidad concedente (la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI),
quien mediante comunicación núm. 2011-305-006964-1 del 30 de mayo de 2011
(anexo copia), da la instrucción de suspender esta obra y otras más del proyecto
de concesión, instrucción a la cual este concesionario dio total acatamiento.
Por último y referente al porqué no se ha iniciado la construcción del puente
peatonal en la vereda Poravita del municipio de Oicatá, entre el abscisado
K118+100=PR8+100 al K118+500=PR8+100 (oriente-occidente), al respecto
informamos que este puente nunca ha hecho parte del alcance del contrato de
concesión ni de sus modificaciones, por tal razón no se ha realizado su
construcción […]”.
37. Copia del oficio núm. U222-CVT-020-19 del 27 de mayo de 2019, suscrito
por el Director de Interventoría, en el que se indicó que respecto de la construcción
de los puentes peatonales, en los sitios referidos como “puente peatonal ubicado en
la vereda San Martín del municipio de Cómbita (Boyacá), en el abscisado 125+500,
frente al Barne” y “puente peatonal en la vereda San Martín del Municipio de Oicatá
(Boyacá), entre el abscisado K118+100=PRK7+100 al K18+500=PR8+100 (oriente-
occidente)” porque no hacen parte del alcance del contrato de concesión.
38. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
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lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el caso sub examine.
39. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo
30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”,
sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las
deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir sentencia de mérito.
40. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado38, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por esta
Sección Primera, consideró lo siguiente:
“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:
“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el
juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.
En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al
fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos.”
En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”39
(Destacado fuera de texto).
41. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010,
NUR 150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de 18 de
marzo de 2010, NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección
Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P.
Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 2008, NUR 250002326000200500240-
01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010,
NUR 410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202040.
42. En ese orden de ideas, es claro que tanto la jurisprudencia sostienen que la
naturaleza de la acción popular es en esencia preventiva, de ahí que el inciso 2.°
del artículo 88 de la Ley 472 determine que éstas “[…] se ejercen para evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los
derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando
fuere posible […]” y desde tal concepción deben ser analizados los requisitos que
soportan su procedencia.
43. En efecto se tiene que los supuestos para que proceda la acción popular son
los siguientes: i) la existencia de una acción u omisión de la parte demandada; ii) la
presencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio a los
derechos o intereses colectivos; es decir, de una situación que supera alcances
individuales y que se relaciona con afectaciones de orden plural y comunitario, pero
de carácter indivisible, lo que excluye -en principio- motivaciones meramente
subjetivas o particulares; y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y
la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben estar
probados en el proceso respectivo y no pueden ser hipotéticos en tanto la amenaza
y la vulneración debe ser real y probada.
En relación con la amenaza o vulneración de los derechos colectivos
invocados
44. Mediante el Otrosí de modificación al contrato de concesión núm. 0377 del
15 de julio de 2002 se redefinió la localización de los 6 puentes peatonales elevados
incluidos en el alcance contractual. En relación con el ubicado en la abscisa
125+500, este no se encuentra incluido en el Otrosí; no obstante, el director de la
obra de concesión Briceño – Tunja – Sogamoso indicó que la razón por la que no
se continuó con la construcción del puente peatonal ubicado en la vereda San
Martín, obedeció a una orden expresa y directa de la entidad concedente, quien dio
la instrucción de suspender la mencionada construcción.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de
2020 NUR 150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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45. En efecto en el oficio núm. 2011-305-006964-1 se indicó que se solicitaba la
suspensión inmediata del proceso de adquisición de predios para la construcción
de las variantes Tocancipá y Puente Boyacá; sin embargo, las estructuras que se
encuentran construidas hacen parte de la vereda San Martín en el Municipio de
Oicatá.
46. En el contrato de concesión 0377 se indicó en el numeral 6.2 como
obligación del concesionario “[…] [c]onstruir, rehabilitar y ejecutar de manera
completa las obras comprendidas en el Alcance Básico que, de acuerdo con los
pliegos, las especificaciones técnicas de construcción, rehabilitación y
mejoramiento y este Contrato, en concordancia con el Cronograma de Priorización
de Obras, deban realizarse durante la Etapa de Construcción y que a continuación
se definen […]” en cada uno de los trayectos son los siguientes:
47. En la sentencia proferida en primera instancia se determinó que las
estructuras construidas se encuentran ubicadas en la abscisa K125+500 frente a la
cárcel y penitenciaría de alta y mediana seguridad Barne, por medio de fotografías,
se evidenció que estas corresponden a tres bases o columnas, y que el puente
comunicaría el establecimiento penitenciario de Cómbita y el Barne con la vía que
va en dirección a Tunja. La valoración racional de las pruebas permite concluir que
las mencionadas estructuras hacen parte del soporte inicial de un puente peatonal.
48. Es pertinente mencionar que en la actualidad, para analizar la viabilidad de
construcción de un puente peatonal, se tiene como norma técnica la Cartilla de
Puentes Peatonales Tipo41 del Instituto Nacional de Vías – INVIAS-, que establece
en el aparte 6.4 del estudio de seguridad vial, unas recomendaciones, a saber: i) la
localización debe tener lugar en lugares de mayor flujo peatonal; ii) debe procurar
segregar el cruce a nivel cuando sea posible; iii) debe evitar los dispositivos
peatonales a menos de 80 m del área de localización; iv) debe garantizar el acceso
41 Adoptada mediante la Resolución 4745 de 7 de diciembre de 2022.
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a personas con discapacidades físicas y no videntes; y v) se debe implementar una
adecuada iluminación en sus instalaciones.
49. Para el caso concreto, de lo probado en el proceso, en la zona se encuentran
dos cárceles y un establecimiento educativo ubicado a 40 metros de la doble
calzada. Además, en línea con lo probado por el Tribunal que consideró que si el
puente tuvo un inicio fue porque contó con un estudio previo de viabilidad y
disponibilidad presupuestal, sin los cuales se realiza la elaboración del contrato y
del proyecto de pliego de condiciones y del proceso contractual a ejecutar por la
Entidad Estatal.
50. Si bien, en el proceso solamente se encuentra acreditada la ocurrencia de un
accidente en ese tramo con una víctima fatal, la Sala considera que la terminación
del puente peatonal otorgaría condiciones de seguridad para los transeúntes y su
ausencia o, al menos, de un cruce peatonal seguro en la zona, constituye una
amenaza a los derechos colectivos invocados, situación que debe ser objeto de
medidas y en relación con la cual se deben impartir órdenes que permitan establecer
por medio de estudios y análisis, los riesgos y la necesidad de medidas para
garantizar el paso seguro de peatones.
51. Esta Sala ha considerado que en el tema de seguridad y salubridad públicas
en materia vial es de suma importancia que se tengan en cuenta las condiciones
actuales sobre la relación de la vía con las comunidades aledañas para que se
puedan determinar las necesidades y satisfacer la finalidad de seguridad. De
conformidad con la normativa y en los términos del contrato, el concesionario tenía
que realizar y actualizar los estudios respectivos relacionados con la seguridad vial
en el sector, no solo de quienes se movilizan en vehículos sino también, y no menos
importante, de aquellas personas que se desplazan por la vía42.
52. En el capítulo 6 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, se
establecen las exigencias relacionadas con la construcción de intersecciones a nivel
y desnivel, en el numeral 6.2. se determina un procedimiento general para el diseño,
el cual requiere de algunas actividades, y se destaca el estudio de tránsito de la
intersección y el análisis de la situación existente, utilizando si se requieren,
programas de computador apropiados. En el capítulo 2 ibidem se indican los
criterios generales de la velocidad de diseño geométrico a lo largo del trazado de la
carretera “[…] En el proceso de asignación de la Velocidad de Diseño se debe
42 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de febrero
de 2024, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
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otorgar la máxima prioridad a la seguridad de los usuarios. Por ello la velocidad de
diseño a lo largo del trazado debe ser tal que los conductores no sean sorprendidos
por cambios bruscos y/o muy frecuentes en la velocidad a la que pueden realizar
con seguridad el recorrido. El diseñador, para garantizar la consistencia en la
velocidad, debe identificar a lo largo del corredor de ruta tramos homogéneos a los
que por las condiciones topográficas se les pueda asignar una misma velocidad.
Esta velocidad, denominada Velocidad de Diseño del tramo homogéneo (VTR), es
la base para la definición de las características de los elementos geométricos
incluidos en dicho tramo […]”.
53. Por lo anterior la velocidad de la vía debe ser consistente de manera que no
pueda sorprender a los conductores con cambios bruscos a lo largo del trazado e
intersecciones que garanticen la homogeneidad de los tramos.
54. La Ley 769 de 6 de julio de 200243, establece en el artículo 58° unas
prohibiciones a los peatones como no “[C]ruzar por sitios no permitidos […], [A]ctuar
de manera que ponga en peligro su integridad física […]”. También esa misma
norma en el artículo 2° indica las definiciones de algunos componentes de la vía
dispuestos para el tránsito de peatones. Se tiene entonces que, el andén es la “[…]
Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación de
peatones, ubicada a los costados de ésta […]”, el paso peatonal a desnivel es aquel
“[…] diseñado especialmente para que los peatones atraviesen una vía […]”.
55. La Sala considera que los elementos anteriores hacen parte de la estructura
de la vía y están dispuestos para salvaguardar la integridad de los peatones en
cumplimiento del principio de seguridad vial.
56. Se indicó en el recurso de apelación que el concesionario no tiene poder de
decisión sobre el número y ubicación de los puentes peatonales, por ello no puede
imputársele responsabilidad por la ausencia de ellos. Para apoyar su argumento
indicó que no existe prueba que la única muerte ocurrida en el Barne tenga como
razón la ausencia de un puente peatonal; sin embargo, esa consideración de
ninguna manera exime de responsabilidad al concesionario por cuanto el contrato
es ley para las partes y el hecho de que el puente tenga adelantadas unas
estructuras implica a título indiciario la existencia de estudios previos y de necesidad
del puente peatonal o, al menos, de un cruce peatonal seguro en la zona.
43 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".
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57. Por lo anterior, nos encontramos ante un escenario de amenaza de los
derechos colectivos invocados de acuerdo con lo indicado en líneas precedentes,
por lo cual la Sala considera que se debe modificar el ordinal cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia y, en consecuencia, se
impartirán las órdenes para la protección de los derechos colectivos.
58. En el numeral 6.2.8 del clausulado del contrato de concesión se determinó
como obligación del concesionario “[…] Realizar las Obras Adicionales que las
partes acuerden ejecutar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal en el
INVÍAS para hacerlas y el INVÍAS las apruebe según lo previsto en la Cláusula 48
de este contrato […]”. Obras adicionales entendidas en el contrato como “[…]
aquellas que no se encuentran programadas en los pliegos ni en este Contrato, que
se deriven de solicitudes de las Partes y sean aceptadas por el INVÍAS previo el
cumplimiento del artículo 71 del Decreto 111 de 1996, de conformidad con lo
previsto en la Cláusula 48 del contrato […]”.
59. Ahora bien, con el objeto de proteger los derechos e intereses colectivos, se
ordenará a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y al concesionario CSS
Constructores S.A que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, elaboren los estudios correspondientes de seguridad vial, en los que se
determine por un lado, el estado contractual de las estructuras ubicadas en el
abscisado 125+500, frente al Barne, y por el otro, el estado físico y la necesidad de
su terminación o la implementación de otras medidas que permitan garantizar la
seguridad de los transeúntes del sector, lo anterior permitirá definir el estado actual
de la situación y la solución definitiva a la amenaza a la que se ve expuesta la
comunidad que se desplaza en el sector.
60. Determinado lo anterior, se ordenará a la Agencia Nacional de Infraestructura
-ANI- y al concesionario CSS Constructores S.A que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, una vez establecida la
medida de solución definitiva al problema de movilidad y seguridad vial, en los
términos del ordinal anterior, proceda a iniciar los trámites necesarios para la
implementación y ejecución de la medida, la cual deberá ser implementada en su
totalidad dentro del año siguiente, contado a partir del vencimiento del plazo previsto
para la elaboración de los estudios correspondientes de seguridad vial.
61. En relación con las medidas establecidas en el numeral sexto de la parte
resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia, el apelante se limita a
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indicar que el lugar se encuentra señalizado plenamente de acuerdo con el Manual
de Señalización Vial y que es peligroso la implementación de reductores de
velocidad en una vía que es rural cuya velocidad es de 80 kilómetros, sin embargo
en el proceso no reposa prueba alguna que permita analizar lo manifestado, por lo
cual considera esta Sala que es procedente la mencionada medida, no obstante se
modificará en consonancia con lo decidido en líneas precedentes.
62. Por lo tanto, se ordenará a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y al
concesionario CSS Constructores S.A que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, dentro de los dos (2) meses contados a
partir de la ejecutoria de esta sentencia, mientras se implementan y ejecutan las
medidas anteriores, se adopte y ponga en funcionamiento una medida transitoria de
seguridad vial que garantice el desplazamiento seguro de los peatones del sector,
mientras se adoptan las medidas definitivas producto de los estudios ordenados.
Del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
63. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal octavo, lo siguiente:
“[…] OCTAVO: Para la vigilancia y cumplimiento de las decisiones que en ésta
providencia se adopta, conforme al artículo 34 de la ley 472 de 1998, conformar el
comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, de la siguiente manera:
el actor popular, el representante legal de la ANI, el representante legal del
Consorcio CSS Constructores S.A, el Alcalde del Municipio de Cómbita, el
Personero del Municipio de Cómbita, y el Agente del Ministerio Público delegado
para el presente proceso, quienes deberán presentar informe de cumplimiento de la
sentencia en el término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de la presente
sentencia. […]”.
64. La Sala considera que se debe modificar el ordinal mencionado de la parte
resolutiva de la sentencia proferida el 25 de julio de 2019 por la Sala núm. 4 de
Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá en lo relacionado con la
conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el sentido de que será
presidida por el magistrado sustanciador del proceso, tal como se precisará en la
parte resolutiva de la sentencia.
65. Asimismo, se clarificará que en el evento que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional
a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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66. Finalmente, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Conclusiones
67. La Sala modificará los ordinales cuarto, quinto, sexto y octavo de la sentencia
de 25 de julio de 2019 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá, por cuanto declaró la vulneración de los derechos e
intereses colectivos invocados por los actores populares, especialmente, a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por cuanto se probó
la amenaza del mencionado derecho colectivo así como también del derecho e
interés colectivo a la seguridad y salubridad pública de los habitantes y transeúntes
del sector ubicado sobre la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso en el
abscisado 125+500, en la Vereda San Martín del Municipio de Cómbita, frente al
Barne, en los términos expuestos en la parte motiva de la sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
25 de julio de 2019 proferida por la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal
Administrativo de Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el cual quedará así:
“[…] CUARTO: DECLARAR la amenaza de los derechos e intereses colectivos a la
seguridad y salubridad públicas y a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente de los habitantes y transeúntes del sector ubicado en la
Vereda San Martín del Municipio de Cómbita, sobre la doble calzada Briceño –
Tunja – Sogamoso en el abscisado 125+500, frente al Barne, por parte de la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI y por el Consorcio CSS Constructores S.A., de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de
25 de julio de 2019 proferida por la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal
Administrativo de Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el cual quedará así:
“[…] QUINTO: Con el objeto de proteger los derechos e intereses colectivos, se
ordena a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y al concesionario CSS
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Constructores S.A que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, elaboren los estudios correspondientes de seguridad vial, en los que se
determine por un lado, el estado contractual de las estructuras ubicadas en la
Vereda San Martín del Municipio de Cómbita, en el abscisado 125+500, frente
al Barne, y por el otro, el estado físico y la necesidad de su terminación o la
implementación de otras medidas que permitan garantizar la seguridad de los
transeúntes del sector, lo anterior permitirá definir el estado actual de la situación y
la solución definitiva a la amenaza a la que se ve expuesta la comunidad que se
desplaza en el sector.
Determinado lo anterior, se ordenará a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
y al concesionario CSS Constructores S.A que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, una vez establecida la medida de
solución definitiva al problema de movilidad y seguridad vial, en los términos del
ordinal anterior, proceda a iniciar los trámites necesarios para la implementación y
ejecución de la medida, la cual deberá ser implementada en su totalidad dentro del
año siguiente, contado a partir del vencimiento del plazo previsto para la elaboración
de los estudios correspondientes de seguridad vial […]”.
TERCERO: MODIFICAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia de
25 de julio de 2019 proferida por la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal
Administrativo de Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el cual quedará así:
“[…] SEXTO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y al
concesionario CSS Constructores S.A que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, dentro de los dos (2) meses contados a
partir de la ejecutoria de esta sentencia, mientras se implementan y ejecutan las
medidas anteriores se adopte y ponga en funcionamiento una medida transitoria de
seguridad vial que garantice el desplazamiento seguro de los peatones del sector
[…]”.
CUARTO: MODIFICAR el ordinal octavo de la parte resolutiva de la sentencia de
25 de julio de 2019 proferida por la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal
Administrativo de Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el cual quedará así:
“[…] OCTAVO: CONFORMAR un Comité de Vigilancia que verifique el
cumplimiento de esta sentencia, el cual, estará integrado por: i) el Magistrado
Ponente –quien lo presidirá-; ii) un representante de los demandantes; iii) un
representante y/o delegado de la ANI; iv) un representante y/o delegado del
Consorcio CSS Constructores S.A; v) el Alcalde del Municipio de Cómbita o su
delegado; vi) el Personero del Municipio de Cómbita; vii) y el Agente del Ministerio
Público delegado para el presente proceso, quienes deberán presentar informes de
cumplimiento de la sentencia, en los términos que establezca el Magistrado
Ponente, en el marco del Comité.
En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento,
lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia […]”.
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Núm. único de radicación: 150012333000201800580-01
QUINTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 25 de julio de 2019 proferida
por la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
OCTAVO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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