Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2019-00179-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2019-00179-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 15001-23-33-000-2019-00179-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
29 de junio de 2023
Radicado: 15001-23-33-000-2019-00179-01 (26441)
Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex
.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 15001-23-33-000-2019-00179-01 (26441)
Demandante FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.
FIDUCOLDEX
Demandado MUNICIPIO DE PAIPA
Temas Impuesto predial. Ley 1430 de 2010. Bienes fiscales. Pago de la
obligación por un tercero.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la demandante contra la
sentencia del 29 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión Nro. 6, que decidió lo siguiente1:
“PRIMERO.- Denegar las súplicas de la demanda presentada por FIDUCOLDEX S.A., de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Condenar en costas a la parte demandante. Estas serán liquidadas por
Secretaría siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 366 del CGP.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente dejando las constancias
del caso.”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Secretaría de Hacienda de Paipa expidió, a nombre del Hotel Centro de
Convenciones y de Procolombia, 6 facturas liquidando el impuesto predial por las
vigencias 2014, 2015 y 2016, respecto de los predios con Código Catastral Nro. 00-
00-0006-198-000 y 00-00-0007-0288-000, por un valor total de $1.095.392.700
(fls.22 a 25).
Mediante escrito radicado ante la Administración el 3 de octubre de 2017, la
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (en adelante Fiducoldex),
actuando como vocera del Patrimonio Autónomo Procolombia, solicitó la revocatoria
de las facturas y, como consecuencia de lo anterior, la devolución de la suma
pagada por concepto de predial respecto de las vigencias y predios anteriormente
mencionados (fls.26 a 44).
Mediante la Resolución Nro. 01399 del 23 de octubre de 2017, la demandada negó
la solicitud de revocatoria y de devolución (fls.46 a 50). Contra esta decisión la
actora presentó el recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la
Resolución Nro.566 del 8 de noviembre de 2018, en el sentido de confirmar la
decisión inicial de la Administración (fl.61 a 68).
1 Índice 36 Samai del Tribunal
1
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Demandante: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex
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ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones (fl.2):
“De conformidad con los supuestos de hecho y con los fundamentos jurídicos señalados en
la presente demanda, se le solicita al Honorable Tribunal, que declare lo siguiente:
1. Se declare la nulidad de la Resolución No. 01399 del 23 de octubre de 2017, por medio
de la cual, la Alcaldía de Paipa negó la devolución de Impuesto Predial Unificado
vigencias 2014, 2015 y 2016, de los predios con Código Catastral No. 0006-198-000 y
0007-0288-000
2. Se declare la nulidad de la Resolución No. 566 del 8 de noviembre de 2018, por medio
de la cual, la Administración resolvió el recurso de reconsideración confirmando la
Resolución Nº 01399 del 2017 la cual negó la devolución de IPU para la vigencia 2014,
2015 y 2016 de los predios con Código Catastral No. 0006-198-000 y 0007-0288-000, la
cual fue notificada personalmente a Fiducoldex el 23 de noviembre de 2018.
3. En consecuencia, como restablecimiento del derecho:
a. Se ordene la devolución de los pagos realizados por Fiducoldex por concepto del
Impuesto Predial Unificado liquidado para las vigencias 2014, 2015 y 2016 por un
valor de $1.095.392.700.”
A los anteriores efectos, la parte demandante invocó como violadas los artículos
850 del Estatuto Tributario; 2536 del Código Civil; 54 de la Ley 1430 de 2010; 21
del Decreto 1226 de 1998 y 478 del Acuerdo Nro. 21 de 2000.
El concepto de la violación se resume de la siguiente manera:
1. Procede la devolución de lo pagado no debido.
Sostuvo que, de conformidad con el artículo 478 del Acuerdo Municipal Nro. 021 del
2000, la demandada debió atender el procedimiento establecido en el artículo 850
del Estatuto Tributario para la devolución del pago de lo no debido, en virtud del cual
el término para solicitar la devolución es de 5 años por remisión expresa del Decreto
Único Reglamentario al artículo 2536 del Código Civil. De manera que, como las
facturas respecto de los predios en discusión fueron pagadas en el 2014, 2015 y
2016, el término venció en los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente.
2. La solicitud de devolución cumple los requisitos sustanciales.
Sostuvo que la factura que liquida el impuesto predial es un acto administrativo a
través del cual la administración plasma su voluntad y crea una situación jurídica
particular al determinar la cuantía de la obligación a cargo de un contribuyente,
razón por la cual puede ser controvertida tanto en vía administrativa como judicial 2.
Adujo que de conformidad con el artículo 32 del Acuerdo Nro. 021 de 2000 del
Municipio de Paipa los sujetos pasivos del impuesto predial son las personas
naturales o jurídicas, incluidas las entidades públicas y las empresas industriales y
2 Al respecto citó las sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 8 de septiembre de 2005,
exp.14224; del 10 de febrero de 1995, exp.5866 y del 1 de noviembre de 2012, exp.17927.
2
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comerciales del orden nacional, departamental y municipal, propietarias,
poseedoras o usufructuarias del bien raíz ubicado en esa jurisdicción.
A su vez, el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 señaló a los fideicomitentes y/o
beneficiarios del patrimonio autónomo como los responsables de las obligaciones
formales y sustanciales respecto al impuesto predial, norma a la cual remite
expresamente el artículo 20 del Acuerdo Municipal 013 de 2016.
Seguidamente explicó que la Nación en calidad de fiduciante, por medio de
Bancoldex, y Fiducoldex en calidad de fiduciario, firmaron un contrato de fiducia
para la constitución de un patrimonio autónomo, tal como consta en la escritura
pública Nro. 8.851 del 5 de noviembre de 1992, por medio del cual le fue entregado
a Fiducoldex a título de fiducia varios bienes, incluido el predio Centro de
Convenciones de Paipa conformado por los bienes identificados con las códigos
catastrales que aquí se cuestionan.
Señaló que en los artículos 1226 y siguientes del Código de Comercio prescriben
que en los contratos de fiducia la administradora de la fiducia no tiene la plena
propiedad de los bienes fideicomitidos, sino que sobre ellos ejerce solamente los
actos de propiedad que le hubieren sido indicados en el contrato o que le fueren
autorizados.
En ese sentido, en el contrato de fiducia quedó consignado que la Nación tenía la
calidad de fiduciante y/o beneficiaria del mismo, a su vez que Fiducoldex como
fiduciaria solo tenía la calidad de administradora del mencionado patrimonio
autónomo conformado por la Nación y, por ende, del Centro de Convenciones.
Pese a lo anterior el municipio desconoció la naturaleza del contrato de fiducia, pues
confundió al fiduciario (Fiducoldex) con el patrimonio autónomo y la hizo
responsable del pago del tributo, suponiendo que entre ambos se conformó una
unidad patrimonial, obviando que el fideicomitente y/o beneficiario responsable del
pago del impuesto predial era la Nación por mandato del artículo 54 de la Ley 1430
de 2010.
De manera que, era procedente reconocer que en este caso se dio un pago de lo
no debido, por cuanto no existía fundamento legal para que Fiducoldex asumiera la
obligación tributaria.
Precisó que, en virtud del artículo 21 del Decreto 1226 de 1998 los bienes de la
Nación no están gravados con contribuciones municipales, norma reiterada en el
artículo 14 del Decreto 1227 de 1910, y su interpretación se ha mantenido incluso
después de la Constitución Política de 1991, y lo ha reconocido la Corte
Constitucional3 y el Consejo de Estado4, en cuanto han concluido que los municipios
no pueden gravar los bienes de uso público a menos que fueran de propiedad de
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado y de
sociedad de economía mixta del orden nacional, ello de conformidad con la
autorización legal concedida por el artículo 61 de la Ley 55 de 1985. Sumado a esto,
los bienes fiscales tampoco podían ser objeto del gravamen en discusión, toda vez
que no existía norma que así lo dispusiera.
3 Corte Constitucional, sentencia C-517 de 2007
4 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencias del 8 de junio de 2008, exp.15448 y del 19 de abril de 2007,
exp.14226, C.P. Héctor J. Romero Díaz y.
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Adujo que el derecho tributario era autónomo por lo que no le eran aplicables las
disposiciones civiles para efectos de establecer la procedencia del pago de no lo
debido. En esa medida, no eran válidos los argumentos expuestos por el municipio
en las resoluciones demandadas relacionados con la validez en el pago de deudas
a nombre de terceros.
Así concluyó que era procedente declarar la nulidad de los actos demandados y, a
título de restablecimiento del derecho, ordenar la devolución del pago de lo no
debido por el predial de las vigencias 2014 a 2016 respecto de los predios con
código catastral Nro. 0007-0288 y 0006-0198. -
Oposición de la demanda
El Municipio de Paipa controvirtió las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos (fls.86 a 92):
Indicó que las resoluciones acusadas estaban acordes a lo establecido en los
artículos 283 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; 54 de la Ley 1430 de
2010; 1226 del Código de Comercio y el Acuerdo Nro. 015 del 2013 por medio del
cual se reglamentó el impuesto predial en el municipio, por tanto, no le asistía razón
al actor al pretender deprecar la validez de las mismas.
Puso de presente que la demandante no aportó copia de la respectiva escritura
pública del contrato de fiducia mercantil, sumado a que admitió haber pagado las
Facturas Nros. 2014035500, 2014035495, 2015000273, 201500274, 201601577 y
201601572, correspondientes al impuesto predial de las vigencias 2014, 2015 y
2016 de los bienes objeto de demanda, obligación que en todo caso estaba a su
cargo por ser la representante del patrimonio autónomo conformado por bienes de
naturaleza fiscal y frente a los cuales no alegó porque no tenía el deber legal de
pagar el impuesto.
Afirmó que, según el Acuerdo Nro. 021 de 2000, el hecho generador del impuesto
predial está determinado por la posesión o propiedad de un bien raíz y los sujetos
pasivos son las personas naturales o jurídicas, incluidas las entidades públicas y las
empresas industriales y comerciales del estado de todos los niveles que sean
poseedoras o usufructuarias del inmueble ubicado en el territorio.
De manera que era factible colegir que Fiducoldex como vocera y representante del
Patrimonio Autónomo Procolombia ostentaba la calidad de sujeto pasivo del
gravamen en discusión, por cuanto el bien fiscal denominado Centro de
Convenciones identificado con los códigos catastrales discutidos y que hacen parte
del contrato de fiducia, se trata de un bien de naturaleza fiscal susceptible de ser
gravado.
Además de la genérica, la demandada propuso las siguientes excepciones de
mérito.
Correcta interpretación del sujeto pasivo del impuesto predial: Insistió en que la
demandante por ser la vocera del Patrimonio Autónomo Procolombia, es el sujeto
pasivo del impuesto predial de los predios que aquí se cuestionan, según el artículo
283 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 54 de la Ley 1430 de
2010. Lo anterior por cuanto en el Certificado de Tradición y Libertad Nro. 074-8313
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Duitama, en la anotación 3 del 23 de abril
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de 1980, constaba la compraventa entre el Instituto de Desarrollo de Boyacá
(IDEBOY) y el Fondo de Promoción de Exportaciones (hoy Fiducoldex), del predio
identificado con el código catastral 00-00-007-0288-0, ubicado en la vereda
Canocas, en la cual se encuentra el Centro de Convenciones de Paipa.
Ausencia de causa petendi: Afirmó que la Secretaría de Hacienda del municipio de
Paipa no emite facturas, sino recibos en los que obra la información tomada o
remitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC), por tanto y
atendiendo lo establecido en los artículos 772 y 774 del Código de Comercio la
misma no presta mérito ejecutivo.
Anotó que el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 prescribe una exclusión taxativa
del pago del impuesto predial respecto de los bienes de uso público de que trata el
artículo 674 del Código Civil, no obstante, era de conocimiento que en los predios a
cargo de la actora se ejercían actividades de explotación económica hotelera, por
ende, eran bienes de uso fiscal sujetos al gravamen.
En ese contexto, tampoco se configuraba un pago de lo no debido, sumado a que
era irrelevante que el pago del impuesto lo efectuara un tercero con o sin
autorización, pues lo importante era que el ente territorial encontrara satisfecho el
deber de tributación sin ser necesario la constitución del título ejecutivo.
Por lo anterior solicitó negar las pretensiones de la demanda.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en lo siguiente5:
Luego de referirse a los elementos de prueba obrantes en el proceso y las normas
reguladoras del impuesto predial en materia de bienes de uso público y fiscales,
reiteró el criterio expuesto por esta Sección en la sentencia del 29 de abril de 2021
(exp.24138, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), en la cual se decidió un litigio
sobre los mismos predios aquí discutidos, en el sentido de señalar que se trataban
de bienes fiscales en tanto eran explotados de igual forma a como lo hacen los
particulares y, en esa medida, eran objeto del impuesto predial6.
Indicó que en esa misma providencia se llegó a la conclusión de que Bancoldex por
haber actuado como representante de la Nación y beneficiaria dentro del contrato
de fiducia suscrito con Fiducoldex, era el sujeto pasivo del impuesto en virtud de lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 54 de la Ley 1430 de 2012 (modificado por
el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012); criterio que también acogió por encontrarse
acreditado idénticos supuestos fácticos, tales como el contrato de fiducia suscrito
entre las entidades mencionadas y la identificación de los predios discutidos.
No obstante lo anterior, el Tribunal consideró que no era procedente ordenar la
devolución de lo pagado por la demandante Fiducoldex, lo anterior por cuanto quedó
demostrado que los predios eran objeto del impuesto predial, razón por la cual
existía la obligación de su pago en cabeza del fideicomitente, de manera que le
correspondía a la actora, en otro escenario procesal, repetir contra Bancoldex en
5 Índice 36 Samai del Tribunal
6 Sobre la obligación de pagar el impuesto predial sobre los bienes de uso fiscal, también mencionó la
sentencia del 29 de mayo de 2014, exp.19561, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
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calidad de fiduciante responsable del tributo y exigirle las sumas canceladas por
concepto del predial de los bienes integrantes del patrimonio autónomo que
administra en los términos previstos por el artículo 2313 del Código Civil.
Puso de presente que el municipio no expidió las facturas del impuesto a nombre
de Fiducoldex, razón por la que no le hubiese correspondido asumir el pago de la
obligación allí liquidada. De manera que, lo relacionado con la identificación del
sujeto pasivo en las facturas no era una razón suficiente para disponer la devolución
de los montos cancelados a la administración municipal por el pago del predial, pues
en todo caso existía la obligación de gravar el derecho de propiedad frente a los
inmuebles.
De conformidad con lo expuesto negó las pretensiones de la demanda, y ordenó
condenar en costas a la demandante de conformidad con el artículo 365 numeral 8
del Código General del Proceso.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia por lo siguiente7:
1. Procede la devolución de lo pagado no debido.
Sostuvo que el Tribunal confundió el hecho generador del impuesto predial con el
sujeto pasivo de la obligación, toda vez que reconoció que Fiducoldex no ostentaba
dicha calidad, pero a renglón seguido negó el derecho a solicitar la devolución de lo
pagado indebidamente con fundamento en el artículo 2313 del Código Civil,
desconociendo además el procedimiento previsto en el artículo 850 del Estatuto
Tributario, los artículos 1.6.1.21.27 y 1.6.1.21.22 del Decreto 1625 de 2016 y el
artículo 478 del Acuerdo 21 del 2000.
Indicó que el precedente invocado como sustento en la sentencia apelada, del 29
de abril de 2021, no era aplicable en este caso, toda vez que en esa oportunidad
fungió como demandante Bancoldex, además la nulidad de los títulos ejecutivos
demandados en esa oportunidad obedeció a que no se identificó el sujeto pasivo
correctamente al señalar la Administración a Fiducoldex y no a Bancoldex, que era
la real obligada, lo cual constituía supuestos fácticos diferentes a la discusión aquí
planteada.
2. La solicitud de devolución cumple los requisitos sustanciales.
Adujo que, contrario a lo manifestado por la Administración en las resoluciones
acusadas, las facturas que liquidan obligaciones tributarias son actos
administrativos y, por tanto, susceptibles de ser controvertidas en vía administrativa
y judicial, toda vez que crean una situación jurídica a cargo del contribuyente8.
Manifestó que, conforme con el artículo 2 del Estatuto Tributario Nacional, es
contribuyente y sujeto pasivo quien realiza el hecho generador de la obligación
sustancial, que para el impuesto predial en el Municipio de Paipa fue definido por el
artículo 17 del Acuerdo Nro. 013 de 2016.
7 Índice 41 Samai del Tribunal
8 Al respecto citó las sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 8 de septiembre de 2005,
exp.14224, C.P. Ligia López Díaz; del 10 de febrero de 1995, exp.5866 y del 1 de noviembre de 2012,
exp.17927, C.P. Hugo Fernando Bastidas.
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Insistió en que, de conformidad con el artículo 32 del Acuerdo Nro. 021 del 2000, el
artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, el artículo 20 del Acuerdo Nro. 013 de 2016 y
las obligaciones emanadas del contrato de fiducia, el sujeto pasivo del impuesto
predial sobre los predios con Código Catastral Nro. 00-00-0006-198-000 y 00-00-
0007-0288-000, era la Nación como fideicomitente y beneficiaria del mismo, que de
acuerdo con lo afirmado por el Tribunal esa calidad estaba en cabeza de Bancoldex.
Destacó que, según los artículos 1226, 1227 y 1233 del Código de Comercio, la
fiduciaria no tiene la propiedad de los bienes entregados por la fideicomitente, por
lo que solo puede desarrollar los actos de propiedad previamente autorizados. Es
por esto que, en el Concepto Nro. 1207 del 28 de marzo de 2011, el Distrito de
Bogotá afirmó que, en caso del incumplimiento de las obligaciones tributarias por
parte de los patrimonios autónomos, se deben proferir los actos de fiscalización
contra los sujetos pasivos definidos en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, es
decir los fideicomitentes o beneficiarios, independientemente de quien figure como
propietario del predio.
Con base en lo anterior, señaló que la entidad demandada desconoció la naturaleza
del contrato de fiducia porque confundió a Fiducoldex con el patrimonio autónomo,
desconoció que la cláusula 10 del contrato de fiducia mercantil previó la absoluta
separación de bienes entre el fiduciario y el fideicomiso, y que el verdadero sujeto
pasivo del impuesto predial es la Nación.
Aseguró que los actos administrativos que liquidaron el impuesto predial debían ser
revocados porque incurrieron en una causal de nulidad al identificar de forma
errónea al sujeto pasivo, según lo expuesto previamente.
En todo caso, y de forma subsidiaria a lo expuesto previamente, reiteró que los
bienes de la Nación, sean públicos o fiscales, no están sujetos al impuesto predial
por mandato del artículo 21 del Decreto 1226 de 1908, lo cual fue reiterado en el
artículo 14 del Decreto 1227 de 1910. Además, indicó que lo anterior estaba
respaldada por posiciones tanto de la Corte Constitucional9 como del Consejo de
Estado10, según las cuales el artículo 194 del Decreto 1333 de 1986, que compiló
el artículo 64 de la Ley 55 de 1985, únicamente previó como sujetos pasivos del
impuesto predial a los establecimientos públicos, a las empresas industriales y
comerciales del estado y a las sociedades de economía mixta del orden nacional.
Manifestó que afirmar que los bienes fiscales están gravados con el impuesto
predial, sin sustento en una norma que así lo establezca, es contradictorio porque
puede dar lugar a que se graven los bienes de uso público por estar sometidos a
propiedad o dominio de alguna entidad pública, conforme con el artículo 674 del
Código Civil.
De conformidad con lo anterior, adujo que era procedente declarar la nulidad de los
actos enjuiciados para reconocer el pago indebido y, seguidamente, ordenar la
devolución de las sumas canceladas por el predial de los años 2014 a 2016.
Así mismo, concluyó que debe revocarse la sentencia apelada por cuanto se
sustentó en una disposición civil ajena al derecho tributario, el cual se regía por el
9 En este punto citó la Sentencia C-517 de 2007.
10 Al respecto citó las sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 24 de febrero de 1994; y del
19 de abril de 2007, exp. 14226, C.P. Héctor J. Romero Díaz. Además, citó el concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del 1 de septiembre de 1976.
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Estatuto Tributario Nacional y el municipal, en el sentido que regulaban las
facultades de fiscalización, liquidación y pago de la obligación tributaria.
Oposición a la apelación
La parte demandada no se pronunció dentro de la oportunidad prevista en el
numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la Sala pronunciarse sobre la legalidad de las Resoluciones Nro.
01399 del 23 de octubre de 2017 y Nro.566 del 8 de noviembre de 2018, proferidas
por el Municipio de Paipa, que negaron la petición de revocatoria y la solicitud de
devolución de pago de lo no debido presentada por la actora por el pago del
impuesto predial de las vigencias 2014, 2015 y 2016 de los predios identificados
con Código Catastral Nro. 00-00-0006-198-000 y Nro. 00-00-0007-0288-000.
Para estos efectos, se advierte que la apelante sostuvo que las facturas expedidas
por el Municipio de Paipa son actos administrativos susceptibles de control judicial.
Sin embargo, éste no constituye un verdadero motivo de inconformidad o reparo
frente a la sentencia de primera instancia porque no tiene relación alguna con los
argumentos por los cuales el Tribunal negó las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, este punto no será objeto de estudio, según lo dispuesto en el
artículo 320 del Código General del Proceso.
Así las cosas, en los términos del recurso de apelación presentado por la actora, se
abordará lo siguiente: i) la naturaleza de los predios objeto de discusión y la sujeción
pasiva de estos al impuesto predial; ii) la titularidad del pago de la obligación y iii) la
procedencia o no de la devolución del dinero pagado.
1. De la naturaleza de los predios identificados con código catastral Nro.
0006-198-000 y 00070288-000 y la sujeción pasiva al impuesto predial.
Reiteración jurisprudencial.
Siguiendo el criterio de esta Sección, el Tribunal determinó que los inmuebles
referidos se tratan de bienes fiscales sujetos al impuesto predial, no obstante, la
apelante señala que, por un lado, la sentencia invocada por el Tribunal no es
aplicable a este caso porque resolvió un supuesto diferente, y por el otro, no hay
lugar al gravamen porque los predios con Código Catastral Nro. 00-00-0006-198-
000 y Nro. 00-00-0007-0288-000 son bienes de la Nación, independiente que fueran
fiscales o de uso público.
Respecto al primer punto, tal como se advirtió en la sentencia apelada, el problema
jurídico planteado ya fue objeto de análisis por esta Sala en la sentencia del 29 de
abril de 202111 en la cual se pronunció sobre el impuesto predial del año 2013
11 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 24138, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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.
correspondiente a los mismos predios objeto de discusión, la naturaleza de los
inmuebles y la titularidad del pago de la obligación. De manera que, contrario a lo
alegado por la demandante en el recurso de apelación, la sentencia invocada por el
Tribunal es aplicable, por lo que la Sala reiterará en lo pertinente el criterio de
decisión allí expuesto, toda vez que en dicha oportunidad se analizaron situaciones
que también se discuten en esta oportunidad.
Además, se destaca que la postura allí expuesta fue reiterada por esta Sección en
las sentencias del 5 de mayo12 y del 20 de octubre13 de 2022, destacando que ésta
última providencia también resolvió un litigio similar sobre el predio con Código
Catastral Nro. 00-00-0007-0288-000.
Hecha esta precisión, en la sentencia del 29 de abril de 2021, la Sección tuvo en
cuenta la regla decantada previamente sobre la sujeción pasiva al impuesto predial
de los siguientes bienes inmuebles14:
“a) Los inmuebles de los particulares.
b) Los inmuebles de naturaleza fiscal, incluidos los de las entidades enumeradas en el
artículo 61 de la Ley 55 de 1985, compilado en el artículo 194 del Código de Régimen
Municipal vigente, no sólo por lo dicho, sino por la claridad que sobre el particular hace la ley
en el sentido de gravar expresamente los bienes fiscales de los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden
nacional.
c) Los bienes de uso público que sean explotados económicamente, se encuentren en
concesión y/o estén ocupados por establecimientos mercantiles, en los términos del
artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por la Ley 1607 de 2012, ya que sobre ellos
se ejerce una actividad con ánimo de lucro”.
En la sentencia reiterada también se mencionó la posición que al respecto estaba
vigente sobre los bienes fiscales así:
“4.2.- Si bien desde el año 1994, esta Sección afirmó que el impuesto predial fue creado para
gravar la propiedad privada, ello debe entenderse bajo el concepto de derecho de dominio,
pues la propiedad privada se define en función del derecho real que tiene una persona, natural
o jurídica, pública o privada, para usar gozar y disponer de un bien inmueble, conforme a las
normas que regulen la materia15.
En esas condiciones, se debe entender que cuando se hablaba de propiedad privada, se hacía
referencia al derecho de dominio que se ejerce sobre el bien, que era, en estricto sentido, el
hecho gravado por el legislador, sin dejar de advertir que, hoy en día, al abarcar la posesión,
la tenencia o el usufructo, puede decirse que lo que debe tenerse en cuenta es la explotación
–uso y/o goce- del bien, pero con un interés que trasciende el que subyace en la figura de los
bienes de uso público o común.
4.3.- Por eso, los bienes inmuebles de naturaleza fiscal son susceptibles de ser gravados
por el impuesto predial porque sobre ellos también se ejerce derecho de dominio o, en otras
palabras, son susceptibles de uso y goce. A contrario sensu, como sobre los bienes de uso
público no se ejerce un derecho de dominio o equivalente, en tanto su uso y goce pertenece
a todos los habitantes de la Nación y no pueden ser objeto de disposición, estos no se
12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 5 de mayo de 2022, exp. 26127, C.P. Milton Chaves
García
13 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de octubre de 2022, exp. 25972, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de mayo de 2014, exp,19561, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
15 Cfr. Código Civil, artículos 665 y 669.
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encuentran gravados con el impuesto predial, salvo que sean explotados económicamente
por un particular. (…)
4.4.- El impuesto predial, como se ha expuesto por esta Sección 16, es un gravamen de tipo
real ya que recae sobre el valor del inmueble sin consideración a la calidad del sujeto pasivo
y sin tener en cuenta los gravámenes y deudas que el inmueble soporta.
Atendiendo tal naturaleza, es que el legislador se ha referido de manera general al hecho
gravable del tributo –propiedad, posesión, tenencia o usufructo de un bien inmueble-, sin
excluir de manera expresa a las personas jurídicas de derecho público, habida cuenta de que
lo determinante es la existencia de la propiedad raíz y no el sujeto que ejerce el derecho de
dominio.
En ese sentido, se reitera, los bienes inmuebles de naturaleza fiscal de todas las
entidades públicas con personería jurídica de la Nación, y de aquellos entes u
organismos autónomos que formen parte de la estructura orgánica del Estado, están
gravados con el impuesto predial. Sólo pueden considerarse exentos de este pago los
bienes de uso público, dada su naturaleza y uso.
Y eso es así porque los bienes fiscales o patrimoniales son aquellos que pertenecen a sujetos
de derecho público de cualquier naturaleza u orden y que el Estado posee y administra en
forma similar a como lo hacen los particulares con los bienes de su propiedad17”.
Con fundamento en lo anterior, la Sala expuso que la recurrente en ese caso no
discutió que los predios sobre los cuales se pagó el impuesto predial son bienes
fiscales, aspecto que tampoco es objeto de controversia en la apelación que aquí
se resuelve, de tal modo que concluyó “(…) que se encuentran gravados con el impuesto
predial, puesto que, como lo ha expuesto la Sección, el objeto imponible es la propiedad raíz, y este
tipo de bienes se administra de igual forma a como lo hacen los particulares, pues al tratarse de
bienes fiscales también se ejerce el derecho de dominio y por tanto el uso y goce del mismo”.
Así las cosas, no tiene vocación de prosperidad este cargo de la apelación, pues
como quedó decantado los predios identificados con Código Catastral Nro. 00-00-
0006-198-000 y Nro. 00-00-0007-0288-000, se tratan de bienes fiscales sujetos al
impuesto predial por las vigencias 2014, 2015 y 2016.
2. Del sujeto pasivo encargado del pago de la obligación.
La apelante señala que de conformidad con la Ley 1430 de 2010, en el caso de los
patrimonios autónomos son sujetos pasivos del impuesto predial, el fideicomitente
y/o beneficiario es el responsable del pago del tributo, calidad que en este caso
ostentaba la Nación de conformidad con lo previsto en el contrato de fiducia.
Para resolver este punto del litigio cabe mencionar nuevamente la sentencia
reiterada del 29 de abril de 2021, por cuanto allí se decidió que el sujeto pasivo y
responsable de la obligación del pago del impuesto predial por los predios en
discusión era Bancoldex, dada su condición de representante de la Nación dentro
del contrato de fiducia suscrito con Fiducoldex. Al efecto la Sala precisó lo siguiente:
“La Ley 1430 de 2010, en su artículo 54, modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012
dispone expresamente que frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos son
16 Entre otras, se pueden consultar las siguientes sentencias de esta Sección: sentencia del 29 de marzo de
2007, Radicación: 25000-23-27-000-2001-01676-01(14738), Consejera ponente: Ligia López Díaz;
sentencia del 4 de febrero de 2010, Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01655-02(16634),
Consejera Ponente (E): Martha Teresa Briceño de Valencia.
17 Al respecto, se puede consultar, entre otras providencias, la sentencia de la Sección Tercera, Subsección B
de esta Corporación, del 30 de abril de 2012, Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio, Radicación
número: 2500232600019950070401 (21.699).
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responsables de las obligaciones sustanciales y formales los fideicomitentes y/o beneficiarios,
en calidad de sujetos pasivos.
Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7 de 1991, se creó el
Banco de Comercio Exterior como una institución 18 vinculada al Ministerio de Comercio
Exterior – hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que tiene como función la
promoción de las exportaciones. Esta entidad asumió todos los derechos y obligaciones del
antiguo Fondo de Promociones de Exportaciones.
Por su parte, el Decreto 2505 de 1991 19, dispuso que Bancóldex asumiría los derechos y
obligaciones respecto a toda clase de bienes y estableció que no era necesario cambio de
registro o pago de impuesto alguno (artículo 2.4.13.2.2.). Igualmente se señaló que el
patrimonio de Bancóldex a partir de 1992, estaría conformado por la transferencia de los
activos destinados a la constitución del patrimonio autónomo menos los pasivos y obligaciones
del Fondo de Promociones de Exportaciones.
Con relación a los bienes aportados al patrimonio autónomo, ese mismo decreto consagró un
capítulo completo – el Capítulo IV – en el que se manifestó, entre otros aspectos, que se debía
constituir el patrimonio autónomo por parte de Bancóldex.
En este caso se observa que mediante Escritura Pública 8851 del 5 de noviembre de 1992 se
constituyó un contrato de fiducia mercantil, donde se manifiesta que la Nación, quien actúa
mediante Bancóldex, tiene la calidad de fiduciante o fideicomitente y beneficiario del contrato
(ff.213 a 225). A este patrimonio se aportaron los lotes que conforman el Centro de
Convenciones de Paipa y que corresponden a los dos predios por los cuales se expidieron los
títulos (fl 229). Igualmente, revisados los certificados de tradición y libertad de los inmuebles
(ff. 343 a 350) se observa que estos fueron adquiridos por el Fondo de Promoción y
Exportaciones – Proexpo – hoy Bancóldex y luego se registró la constitución del Fideicomiso.
Se tiene entonces, que Bancóldex constituyó un patrimonio autónomo, para lo cual aportó,
entre otros, bienes cuya titularidad ostentaba conforme a lo establecido en el Decreto 2505 de
1991. Ahora, que se mencione a la Nación como fiduciante y beneficiario no implica que dichas
calidades no estén radicadas en Bancóldex.
Nótese que fue la misma Ley 7 de 1991 la que estableció como funciones del Banco promover
las exportaciones. Por su parte, el Decreto 2505 ib ordenó la constitución de este patrimonio
como un deber de Bancóldex, por lo cual no puede desligarse de las obligaciones y derechos
que surgen de este contrato por la simple mención de la Nación, quien siempre debe actuar
por intermedio de alguna entidad que la represente.
Así, en este caso en particular la normativa estableció específicamente que la representación
de la Nación estaría a cargo de Bancóldex, siendo esta última entonces la fiduciante y la
beneficiaria, más aún cuando fue el Banco quien aportó los bienes conforme a la cláusula
séptima del contrato fiduciario y los certificados de tradición y libertad antes mencionados.”
(subraya la Sala).
Al igual que en el caso citado, en el presente asunto también se aportó la Escritura
Pública Nro. 8.851 del 5 de noviembre de 1992 como prueba decretada de oficio
por el Tribunal en la audiencia inicial, documento mediante la cual se constituyó un
contrato de fiducia mercantil, donde consta que la Nación actuando mediante
Bancoldex ostentó la calidad de fideicomitente y/o beneficiaria del mismo (fls.205 a
217), y junto con ella se aportó un anexo donde se pudo advertir que el Centro de
Convenciones de Paipa (del cual hacen parte los predios discutidos) hicieron parte
de los bienes trasladados dentro del contrato fiduciario (fls.219 a 220), tal como se
demostró en la sentencia reiterada.
Así las cosas, se impone a la Sala llegar a la misma conclusión de que Bancoldex
es el sujeto pasivo responsable del pago del impuesto predial, comoquiera que en
18 De conformidad con el certificado de la Superintendencia Financiera obrante a folio 210 y el artículo 1° del
Decreto 2505 de 1991, Bancóldex es una sociedad colombiana, anónima de economía mixta del orden
nacional, organizada como establecimiento de crédito bancario.
19 Por el cual se transforma el Fondo de Promoción de Exportaciones en el Banco de Comercio Exterior y se
define la naturaleza jurídica, la organización y las funciones de éste.
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este caso también quedó demostrado su condición de beneficiario dentro del
contrato de fiducia suscrito entre la Nación y Fiducoldex, decisión que también
encuentra sustento en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, según el cual “frente al
impuesto a cargo de los patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos
pasivos.”
Este cargo de la apelación prospera. Sin embargo, no es suficiente para revocar la
sentencia de primera instancia puesto que es necesario determinar si, por este
motivo, procede la devolución de lo pagado por concepto de impuesto predial por
parte de Fiducoldex.
3. De la procedencia de la devolución de lo pagado.
La demandante sostiene que se configuró un pago de lo no debido, toda vez que la
obligación del impuesto predial estaba a cargo de una entidad distinta, Bancoldex
como se dijo, razón por la cual debía accederse a su solicitud de devolución y
declararse la nulidad de las resoluciones que se la negaron.
La Sección20 ha fijado como requisitos para la configuración del pago de lo no
debido los siguientes: i) que el pago haya sido realizado a favor de la entidad; ii) con
ausencia de causa legal para hacerlo; iii) que obre error de hecho o de derecho de
quien hizo el pago; y iv) la ausencia de obligación que permita a la Administración
retener lo pagado.
Así las cosas, se estima que en este caso el pago del impuesto predial efectuado
por Fiducoldex a favor del municipio de Paipa no se trata de un pago de lo no debido,
lo anterior por cuanto quedó decantado que los predios objeto de discusión se
trataron de bienes fiscales sujetos al gravamen, es decir, existía una causa legal
para que la administración reclamara su pago y, a su vez, retener las sumas
pagadas por la demandante.
Ahora, si bien pudo existir un error al momento de Fiducoldex cancelar la obligación
en el entendido que las facturas no fueron expedidas a su nombre y no estaba
obligado al pago del impuesto, lo cierto es que en este caso se está ante la extinción
de la obligación proveniente del pago de un tercero. Al respecto, esta Sala ha dicho
que “la obligación de pago debe entenderse satisfecha aun cuando la declaración y su
correspondiente pago lo realizó un tercero, en aplicación del principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal”21.
De manera que, en este caso, la obligación del pago del impuesto predial por las
vigencias 2014 a 2016 de los predios discutidos debe entenderse satisfecha aun
cuando su pago haya sido efectuado por un tercero como Fiducoldex. Así las cosas,
no le está dado a la Administración exigir nuevamente el pago del gravamen, pero
respecto de la demandante como tercero que realizó el pago ha operado la figura
de la subrogación como acreedor de lo pagado en los términos del artículo 1666 y
siguientes del Código Civil.
20 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencias del 23 de junio de 2011, exp.17862, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia y del 27 de agosto de 2020, exp.24549, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
21 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 28 de noviembre de 2018, exp. 22098, C.P. Milton Chaves
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En ese contexto, de conformidad con lo expuesto en los casos de la subrogación,
el tercero que efectuó el pago cuenta con la posibilidad de repetir contra el
verdadero obligado del impuesto, Bancoldex, pero a la luz de las normas civiles.
Debido a lo anterior, no prospera este cargo de la apelación, pues se insiste en que
no procede la devolución del pago efectuado por concepto del impuesto predial por
parte del Municipio de Paipa.
4. Sobre la condena en costas.
Se destaca que la condena en costas impuesta en primera instancia no fue apelada,
razón por la cual no hay lugar a pronunciarse sobre ésta. Además, en esta instancia
no hay lugar a condena en costas o expensas del proceso, en razón a que no se
comprobó su causación como lo exige el artículo 365 del Código General del
Proceso, norma aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5. Conclusión.
Comoquiera que los predios objeto del litigio están gravados con el impuesto predial
y que no procede la devolución de lo pagado por Fiducoldex, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Además,
por lo expuesto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia del 29 de julio de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 6.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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