Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03529-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03529-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03529-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03529-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
15 de septiembre de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS)
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
DISCUSIÓN SOBRE EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL
EN BIENES DE USO PÚBLICO.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la sentencia de segunda instancia mediante la cual se revocó
la decisión que había declarado la nulidad de los actos que determinaron a su cargo el impuesto predial
unificado respecto de un bien de uso público entregado en concesión portuaria. La Sala modificará la
decisión que declaró improcedente la acción y, en su lugar, negará las pretensiones, tras advertir que no
se desconoció el precedente, toda vez que se justificaron las razones de apartamiento de la posición de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado e, incluso que la misma Corporación demandada había considerado,
así como se declarará improcedente por falta de relevancia lo relativo al reparo por decisión sin motivación.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante en contra de sentencia del
25 de junio de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la
cual se dispuso:
“PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Juzgado
Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura y la Agencia
Nacional de Infraestructura.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida
por el Instituto Nacional de Vías contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca (…)”. (Negrillas y mayúsculas fijas del original, SAMAI, índice 17).
2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Mediante escrito presentado el 7 de mayo de 20261, el Instituto Nacional de Vías (en lo
sucesivo INVÍAS o el instituto) promovió proceso de acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que le sean amparados sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias del 28 de agosto y 7 de
noviembre de 2025, mediante las cuales dicha autoridad revocó la decisión de 25 de
septiembre de 2024 dictada por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Buenaventura que había accedido parcialmente a las pretensiones del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 76109-33-33-001-
2018-00175-02 y, en su lugar, las negó, así como negó la solicitud de adición y aclaración
de la sentencia, respectivamente.
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El inmueble denominado Edificio Las Artesanías, ubicado en el Terminal Marítimo de
Buenaventura, pertenece al INVIAS y fue entregado en concesión para la prestación del
servicio público portuario, circunstancia por la cual su explotación económica se
encontraba a cargo del respectivo concesionario y no de la entidad propietaria.
2) Mediante Resolución Factura no. 0321.1.54-1506-2018 del 1 de junio de 2018, la
Dirección de Administración y Gestión Financiera del distrito de Buenaventura determinó
a su cargo el impuesto predial unificado correspondiente a la vigencia fiscal de 2018
respecto del referido inmueble; decisión contra la cual interpuso recurso de
reconsideración, que fue resuelto mediante la Resolución no. 0321-54-0041-2018 del 4
de septiembre de 2018, en sentido negativo.
3) Con fundamento en lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Distrito Especial de
Buenaventura, en que solicitó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales
1
Índice 02 de Samai.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
se determinó el impuesto y, a título de restablecimiento del derecho, la devolución de las
sumas pagadas por ese concepto, por considerar que no se debió determinar a su cargo
el pago de la obligación, debido a que no tenía la calidad de sujeto pasivo del tributo por
no ejercer su explotación económica ni ostentar la condición de concesionario.
4) Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y ordenó la devolución, debidamente indexada, de las sumas pagadas por
concepto del impuesto predial unificado correspondiente a la vigencia fiscal de 2018.
5) La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA apeló por estimar que el juzgado
inaplicó indebidamente los artículos 23 y 27 del Acuerdo 017 de 2017, calificó
erróneamente el inmueble como bien de uso público, pese a que, a su juicio, se trataba
de un bien fiscal y tuvo por acreditada esa naturaleza sin que el INVIAS cumpliera la
carga probatoria correspondiente.
6) Asimismo, sostuvo que se aplicó de manera indebida el artículo 54 de la Ley 1430 de
2010, modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, pues aún si el inmueble
fuera de uso público, no se demostró que la concesionaria lo explotara mediante un
establecimiento mercantil, presupuesto necesario para atribuirle la condición de sujeto
pasivo del impuesto.
7) A través de sentencia del 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones, porque si bien
determinó que el inmueble conservaba la naturaleza de bien de uso público y que las
áreas explotadas comercialmente causaban el impuesto a cargo del concesionario, el
pago que realizó extinguió la obligación tributaria y, por tanto, no se configuró un pago de
lo no debido, sin perjuicio de las acciones de recobro que podía ejercer la entidad frente
al concesionario.
8) A su vez, le ordenó al Instituto Nacional de Vías adelantar el proceso de recobro de la
obligación subrogada a los concesionarios del predio objeto de discusión.
9) El 4 de septiembre de 2025 solicitó la aclaración y adición de la anterior providencia,
por considerar que el tribunal omitió pronunciarse sobre algunos de los cargos de nulidad
formulados en la demanda y respecto del precedente judicial vinculante del Consejo de
4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
Estado relacionado con el sujeto pasivo del impuesto predial unificado en bienes
portuarios concesionados.
10) Sin embargo, por auto del 7 de noviembre de 2025 la solicitud fue negada, en
consideración a que “contrario a lo planteado por el Invias, la Sala de decisión abordó los
puntos objeto de debate a fin de dirimir la controversia planteada; el análisis juicioso de
las pruebas arrimadas, las normas y jurisprudencia aplicable a la materia permitieron
concluir que ciertamente la naturaleza del bien era de uso público y que al ser explotado
comercialmente por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura había causado el
hecho generador del tributo” y que “el Estatuto Tributario Local contenía el gravamen y
que éste recaía sobre el bien público analizado; no obstante, tras encontrar probado que
el Invias realizó el pago del tributo se concluyó que extinguió la obligación fiscal y, en
consecuencia, debía adelantar un proceso de recobro”.
Fundamento de la vulneración
El INVIAS alegó que la sentencia del 28 de agosto de 2025 adolece de los defectos por
desconocimiento del precedente judicial y decisión sin motivación.
En relación con el desconocimiento del precedente, afirmó que la autoridad judicial
accionada se apartó de la postura fijada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en
las sentencias del 30 de marzo de 20232; 13 de marzo de 20253; 8 de mayo de 20254 y
19 de febrero de 20265, según la cual los bienes entregados en concesión portuaria
conservan su naturaleza de uso público por encontrarse afectos a la prestación del
servicio público de transporte marítimo.
Asimismo, agregó que también se desconoció el precedente horizontal contenido en las
sentencias del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 13 de septiembre de 20246;
2
47001-23-33-000-2018-00204-01, exp. 26785. MP Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
3
76001-23-33-000-2020-00219-01, exp. 28985, MP Milton Chavez García.
4
76001-23-33-000-2023-00311-02, exp. 29745, MP Wilson Ramos Girón (E).
5
76001-23-33-003-2018-01112-01, exp. 29920, MP Wilson Ramos Girón.
6
Rad. 76001-23-33-000-2023-00311-00.
5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
30 de septiembre de 20257; 17 de octubre de 20258; 20 de octubre de 20259, y 28 de
noviembre de 202510, en las cuales, se concluyó que los bienes portuarios concesionados
conservaban su naturaleza de uso público y que la sujeción pasiva del IPU recaía en el
concesionario que realizaba su explotación económica y no en el INVIAS.
Respecto de la decisión sin motivación, señaló que el tribunal omitió resolver de manera
expresa, completa y congruente la totalidad de los cargos de nulidad formulados contra
los actos administrativos demandados, pues centró su análisis en la naturaleza jurídica
del inmueble y en la causación del IPU, sin pronunciarse específicamente sobre los
demás reparos relacionados con la extralimitación de funciones, la desviación de poder,
la falsa motivación, la inexistencia de explotación económica directa por parte del INVIAS,
el cobro de tributos no vencidos e intereses moratorios y el desconocimiento del Decreto
1873 de 200811.
En consecuencia, el asunto es de relevancia constitucional porque, a su juicio, el debate
trasciende de un simple desacuerdo interpretativo, dado que se le otorgó un trato judicial
7
Rad. 76001-23-33-000-2023-00310-00.
8
Rad. 76001-23-33-000-2018-01101-00.
9
Rad. 76001-23-33-000-2023-00308-00.
10
Rad. 76001-23-33-000-2020-00221-00.
11
“En efecto, el INVIAS formuló, entre otros, los siguientes cargos de nulidad contra los actos
administrativos expedidos por el Distrito de Buenaventura:
1. Violación del derecho fundamental al debido proceso administrativo, por desconocimiento del imperio de
la ley en materia de exclusión de los bienes de uso público del IPU, salvo los eventos taxativamente
autorizados por el legislador;
2. Violación del principio de legalidad tributaria, al haberse determinado indebidamente al INVIAS como
sujeto pasivo del tributo pese a tratarse de bienes de uso público concesionados, contrariando lo dispuesto
en las Leyes 1450 de 2011, 1607 de 2012 y 1617 de 2013;
3. Extralimitación de funciones por parte del Director de la Dirección de Administración y Gestión Financiera
del Distrito de Buenaventura, al negarse a inscribir como sujetos pasivos a los concesionarios y al
inmiscuirse en una relación contractual ajena a su competencia, configurando desviación de poder;
4. Falsa motivación de los actos demandados, al sostener erradamente que la concesión transformaba la
naturaleza jurídica de los bienes de uso público en bienes fiscales;
5. Desconocimiento de los propios actos del Distrito, al abandonar sin justificación la posición adoptada en
los Acuerdos 18 de 2008 y 08 de 2012, que reconocían a los concesionarios como sujetos pasivos del
impuesto;
6. Falsa motivación adicional, por no haberse demostrado que el INVIAS explotara económicamente los
inmuebles mediante establecimientos de comercio, requisito indispensable para la aplicación del artículo
177 de la Ley 1607 de 2012;
7. Desviación de poder por el cobro del IPU no vencido y la imposición de intereses moratorios sin
causación, en abierta contradicción con el artículo 234 del Acuerdo Distrital 017 de 2017; y
8. Desconocimiento del Decreto 1873 de 2008, que ratificó expresamente la naturaleza de bien de uso
público de los inmuebles objeto de concesión”.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
distinto a situaciones fácticas y jurídicas sustancialmente idénticas, que habían sido
resueltas de manera uniforme por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y se omitió
resolver de manera expresa, completa y congruente la totalidad de los cargos de nulidad
formulados contra los actos administrativos demandados, lo cual la privó de una decisión
integral y razonada.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“PRIMERA. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad
jurídica del INVIAS, vulnerados con ocasión de la Sentencia del 28 de agosto
de 2025 y su auto que resuelva una aclaración y adición de 7 de noviembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del
proceso con radicado No. 76109333300120180017502.
SEGUNDA. Que, como consecuencia del amparo concedido, se deje sin
efectos jurídicos la referida Sentencia del 28 de agosto de 2025 y su auto que
resuelve una aclaración y adición de 7 de noviembre de 2025, por haberse
proferido con desconocimiento del precedente judicial vinculante fijado por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y por incurrir en el defecto específico de
decisión sin motivación, al no resolver de manera expresa, completa y
congruente los cargos de nulidad formulados en la demanda.
TERCERA. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
dentro del término que se fije, profiera una nueva sentencia de reemplazo, sin
que incurra en las afectaciones constitucionales previamente descritas”. (
SAMAI - índice 2).
Actuación procesal
Mediante auto del 8 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y ordenó
vincular, como terceros con interés, al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Buenaventura, al Distrito Especial de Buenaventura, a la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura SA, a la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–, con el fin
de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción
(índice 05 de Samai).
7
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 25 de junio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, debido a
que consideró que los reparos formulados por el INVIAS no controvertían la razón
determinante de la sentencia cuestionada.
Lo anterior, por cuanto la parte actora sustentó el desconocimiento del precedente en que
el tribunal desconoció la naturaleza de bien de uso público del inmueble y le atribuyó la
condición de sujeto pasivo del impuesto, pese a que la providencia cuestionada concluyó
precisamente que el predio conservaba aquella naturaleza y que la obligación tributaria
recaía sobre el concesionario que realizaba su explotación económica; por tanto, estimó
que los argumentos de la tutela estaban dirigidos contra unas conclusiones distintas de
las adoptadas por el juez natural.
Además, la verdadera razón por la cual el tribunal negó las pretensiones consistió en que,
aunque el INVÍAS no era el sujeto pasivo del tributo, el pago que efectuó extinguió la
obligación fiscal, de modo que no se configuró un pago de lo no debido y la entidad debía
recobrar lo cancelado frente al concesionario mediante la subrogación; conclusión que
tampoco fue controvertida puntualmente en la acción de tutela, razón por la cual los
precedentes invocados sobre la naturaleza del inmueble y la determinación del sujeto
pasivo no tenían la entidad para cuestionar la ratio decidendi de la sentencia.
Ahora, en relación con el yerro de decisión sin motivación, advirtió que los argumentos
de presuntas nulidades planteadas por el extremo demandante ante el tribunal coincidían
con lo relativo a la violación del debido proceso administrativo y a la falsa motivación de
los actos, por cuanto se desconoció la naturaleza del bien y no se tuvo como parte pasiva
a la sociedad portuaria, lo cual era la iteración del debate dado en instancias del proceso
ordinario y frente a lo cual el tribunal no desconoció que se trataba de un edificio de uso
público, reproches que tampoco atacaron la razón de la decisión.
Igual suerte corrió el reparo concerniente a que hubo una desviación de poder por el
cobro de intereses de mora de un impuesto que no había vencido en abierta contradicción
con el artículo 234 del Acuerdo Distrital 017 de 2017, pues tampoco tenía la entidad de
enervar la ratio decidendi de la sentencia.
8
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
Finalmente, respecto del auto del 7 de noviembre de 2025 que negó la solicitud de
aclaración y adición, advirtió que el INVIAS no formuló ni desarrolló un defecto autónomo
dirigido contra esa decisión, por lo que tampoco satisfizo frente a ella la carga
argumentativa mínima exigible en sede constitucional.
Impugnación
El INVÍAS impugnó la decisión de primera instancia con base en que el a quo interpretó
equivocadamente el desconocimiento del precedente debido a que consideró que estaba
dirigido a controvertir la naturaleza jurídica del inmueble, pese a que su reparo recayó,
en realidad, sobre las consecuencias tributarias que el tribunal derivó de su condición de
bien de uso público.
Lo anterior, por cuanto en el considerando 79 de la sentencia cuestionada el tribunal
concluyó que el distrito podía exigirle el pago del impuesto por figurar como propietario
del inmueble y, a partir de esa premisa, le impuso la carga de recobrar lo pagado frente
a los concesionarios, sin embargo, esa solución desconoció las sentencias de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado del 13 de marzo12 y 8 de mayo de 202513, según las cuales,
respecto de los bienes portuarios de uso público explotados económicamente, el sujeto
pasivo del tributo es el concesionario y no el INVIAS.
Esa regla fue reiterada en providencias del 19 de febrero14 y 11 de junio de 2026, en las
cuales se concluyó que el pago efectuado por el INVIAS carecía de causa legal, constituía
un pago de lo no debido y daba lugar a su devolución, por tanto, son inadmisibles las
soluciones adoptadas frente a supuestos idénticos, pues mientras la Sección Cuarta del
Consejo de Estado dispuso la nulidad de los actos y la devolución de lo pagado, el tribunal
accionado avaló el cobro directamente a ella y la remitió para ejercer el recobro por
subrogación.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, exp. 28985.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, exp. 29745.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, rad. 76001-23-33-003-2018-
01112-01, exp. 29920.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, 2.1) análisis
de los requisitos generales de procedencia, 2.2) caracterización del precedente judicial y
2.3) análisis del defecto por desconocimiento del precedente judicial, 2.4) rel reparo de
decisión sin motivación.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2025.
2.1. Análisis de los requisitos generales de procedencia
Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
10
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
inmediatez15; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala, contrario a lo considerado por el a quo v) la cuestión que se
discute resulta de relevancia constitucional, en tanto lo que se reprocha es que el juez de
segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho desconoció el
precedente vinculante de la Sección Cuarta del Consejo de Estado respecto del sujeto
pasivo del impuesto predial unificado sobre bienes de uso público entregados en
concesión portuaria y, pese a reconocer que el inmueble objeto de controversia tenía esa
naturaleza y que el sujeto pasivo del tributo era el concesionario que realizaba su
explotación comercial, concluyó que el distrito podía exigir el pago al INVIAS por figurar
como propietario y, una vez satisfecha la obligación, correspondía a esa entidad acudir
al recobro frente a los concesionarios.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala modificará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional y, en su lugar, negará el amparo por no haberse configurado un
defecto por desconocimiento del precedente y declarará improcedente lo relativo a la
supuesta decisión sin motivación, por las razones que se exponen a continuación:
2.2. Caracterización del precedente judicial
El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas al caso
que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia16”.
En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico y
reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que, en lo
sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con supuestos
15
La providencia del 7 de noviembre de 2025 que resolvió la solicitud de aclaración se notificó el 12 de
noviembre siguiente y la tutela se presentó el 7 de mayo de 2026, esto es, en el término de los seis meses.
16
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
11
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento jurídico similar, la sentencia
precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras de garantizar
la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las decisiones judiciales.
No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional17 es necesario precisar que
no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”, pues ello
solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad sobre dicho
punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es posible identificar
tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las órdenes vinculantes
para las partes del proceso y que constituye la solución al problema jurídico examinado;
ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones o razones que sustentan,
motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no
son más que aquellos argumentos de referencia, complementarios o de contexto que no
son vinculantes ni necesarios para la resolución del asunto.
Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza de
precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver
posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante,
o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o
planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente18”.
Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una regla
cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.
Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.
En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los términos
que a continuación se explican:
17
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
18
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.
12
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho
(e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez
para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un
carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta
por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.
(…)
[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso”.
Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en los
cuales:
“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.
(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.
(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas las
razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del mismo, lo
que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están llamados a
demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor manera el
contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección,
pues no cualquier motivo constituye una razón válida para “justificar” el apartamiento del
precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de argumentación”.
2.3. Análisis del defecto por desconocimiento del precedente judicial
1) El INVIAS alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el
precedente contenido en las sentencias del 30 de marzo de 2023, 13 de marzo de 2025,
8 de mayo de 2025 y 19 de febrero de 2026, pues, a su juicio, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado determinó que, tratándose de bienes de uso público entregados en
13
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
concesión portuaria, la condición de sujeto pasivo del impuesto predial recae sobre el
concesionario que realiza su explotación económica mediante establecimiento mercantil.
2) Para sustentar su reparo, sostuvo que existía identidad fáctica y jurídica entre esos
asuntos y el objeto de discusión, sin embargo, se adoptó una solución distinta sin justificar
las razones para apartarse de lo establecido por esta Corporación.
3) Ahora bien, para determinar si se configuró el defecto alegado, la Sala considera
necesario exponer el contenido de la sentencia cuestionada, puntualmente, las razones
por las cuales el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión que había
declarado la nulidad de los actos demandados y había ordenado la devolución de lo pago
por el instituto y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al tiempo que le
ordenó adelantar el proceso de recobro, así –se trascribe in extenso por su importancia
jurídica para el caso–:
“63.Descendiendo al caso concreto se tiene que el predio identificado con
cédula catastral 01-01-0002- 0008-000 y matrícula inmobiliaria 372-20489 se
encuentra ubicado en el terminal marítimo de Buenaventura en el sector 2
manzana A lote 2 conocido como el “Edificio las Artesanías”.
64. Asimismo, que mediante contrato de concesión no. 009 del 21 de febrero
de 1994 la Superintendencia General de Puertos entregó en concesión a la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. “... el derecho para ocupar
y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y
zonas accesorias a aquellos y estos (...) donde operará el mencionado puerto
(...) será de servicio público, habilitado para el comercio exterior y para prestar
el servicio de toda clase de carga...”, zonas entre la que se encuentra el edificio
artesanías.
65. El 25 de marzo de 2009 a través de Resolución nro. 001096 el Ministerio
de Transporte transfirió a título gratuito unos bienes inmuebles ubicados
en el terminal marítimo de Buenaventura al Invias, por tanto, es esta
entidad quien ostenta la propiedad de dichos bienes, incluido el edificio
artesanías.
66. Ahora, la discusión en el presente asunto se centra en establecer si el bien
inmueble previamente señalado es catalogado como de uso público o bien
fiscal y, en consecuencia, determinar si la entidad demandante debe asumir
la obligación por concepto de impuesto predial unificado.
67. Para la Sala el “Edificio las Artesanías” es un bien de uso público
porque se encuentra ubicado dentro de la zona concesionada a la Sociedad
Portuaria, la cual está compuesta por playas, terrenos de bajamar y zonas
accesorias, tal y como lo indica el contrato no. 009 del 21 de febrero de 1994,
áreas que por su naturaleza pueden ser utilizadas por cualquier persona y
tienen destinación de servicio público.
68. Pese a que la entidad territorial demandada argumentó que el edificio era
un bien fiscal porque estaba cerrado al público en general y su uso estaba
14
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
limitado a los usuarios de la Terminal Marítima de Buenaventura, lo cierto es
que, ello no es óbice para que se cambie el carácter de bien de uso público.
69.La anterior conclusión tiene fundamento en un pronunciamiento de la Corte
Constitucional donde precisó:
En otras ocasiones se ha pronunciado la Corte sobre los bienes inmuebles
de uso público, reiterando que éstos tienen como fin la utilización y goce
por parte de todos los habitantes. No obstante lo anterior, es posible que
en determinados casos la Administración use dichos bienes para
fines no estrictamente identificables con el interés colectivo,
otorgando licencias, concesiones o permisos de ocupación temporal
lo cual no desnaturaliza el carácter público de dichos bienes ni
contradice la Constitución. En estas situaciones, los concesionarios no
adquieren la propiedad o la posesión sobre los bienes, ni ningún derecho
sobre el suelo ocupado ya que su relación con el inmueble es precaria y
temporal”19.
70. No cabe duda que la concesión de la zona que compone el Terminal
Marítimo no desnaturalizó el carácter público del bien objeto de análisis, por
tanto, contrario a lo expuesto en los actos administrativos enjuiciados y en uno
de los recursos de alzada, el bien sigue siendo considerado de uso público.
71.El artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 adicionó como sujeto pasivo del
impuesto predial unificado a los concesionarios de puertos marítimos,
pero solo sobre aquellos establecimientos mercantiles dentro del área
concesionada.
72. Sobre este punto, el Consejo de Estado emitió pronunciamiento en proceso
de similares connotaciones fácticas donde la Sociedad Portuaria Regional de
Santa Marta adujo no ser sujeto pasivo del impuesto predial del Terminal
Marítimo de esa ciudad por no tener un establecimiento de comercio, así:
(…)20.
73. Así las cosas, el predio “Edificio las Artesanías” causó el impuesto
predial unificado en el distrito de Buenaventura porque está concesionado
a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura quien lo utiliza para
ejercer actividad comercial y lucrativa. Por tanto, se configuró el hecho
generador del tributo en los términos del Estatuto Tributario Local por
habilitación legal del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 y 26 de la Ley 1617 de
2013:
“Artículo 21, Acuerdo 17 del 15 de diciembre de 2017 del Estatuto
Tributario Distrital: “Hecho generador: Es un gravamen real que recae
sobre los bienes raíces ubicado en la jurisdicción del Distrito Especial de
Buenaventura y se genera por la existencia del predio,
independientemente de quién sea su propietario o poseedor”.
74. Resulta dable concluir que, el Estatuto Tributario Local refiere que el
gravamen recae en bienes raíces lo que naturalmente comprende los
destinados a la Terminal Marítima de Buenaventura, entre los que se encuentra
el “Edifico las Artesanías”.
19
SentenciaC-822 de 2011.
20
Sentencia del 30 de marzo de 2023, Sección Cuarta del Consejo de Estado.
15
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
75. Respecto al sujeto pasivo de dicho gravamen la Corte Constitucional dijo:
“En lo que respecta a los sujetos pasivos del tributo, la Corte
Constitucional, al diferenciar el impuesto al patrimonio del impuesto
predial, resaltó el carácter real de este último, pues se funda en la
ocupación que hace un bien inmueble en la jurisdicción municipal, y restó
relevancia a la calidad del sujeto que posee o ejerce el dominio sobre
dicho bien, al señalar que es indeterminado. Para esto, precisó21:
‘Ahora bien, cabe recordar que el impuesto predial es un gravamen real
constituido a favor del municipio donde está ubicado el bien. Como
gravamen real no puede confundirse con el impuesto sobre el patrimonio
que es un gravamen personal...
... el impuesto predial se funda en la ocupación que hace el bien del
espacio en el municipio al cual se paga el tributo, mientras que en el caso
del impuesto establecido sobre el patrimonio los inmuebles integran el
patrimonio líquido gravable porque están en capacidad de generar un
aprovechamiento económico para su propietario.
La obligación tributaria en uno y otro caso tiene pues una naturaleza y una
causa diferente que no puede confundirse. Así:
a) El sujeto pasivo del impuesto predial es indeterminado (propietario
pleno, poseedor, usufructuario, nudo propietario etc, quien pague el
impuesto no puede alegar pago de lo no debido)22. (Se destaca en negrilla).
76. Al ser un tributo real el pago extingue la obligación fiscal
independientemente si lo hizo el propietario, usufructuario, poseedor, etc.:
“... el pago como una forma de extinguir la obligación puede realizarse por
un tercero a favor del deudor aun sin su consentimiento, de donde se
desprende que el pago de una obligación tributaria realizada por un
tercero es válido y surte plenos efectos, máxime si se trata de un
impuesto, se repite de naturaleza real que no considera la calidad del
sujeto que ejerce el derecho real sobre el inmueble. ... Por su parte, sobre
el pago, como forma de extinción de las obligaciones, es pertinente anotar
que el artículo 1626 del Código Civil estableció que el “...pago debido es
la prestación de lo que se debe”, y que el artículo 1627 indicó que dicho
pago debe darse de “...conformidad al tenor de la obligación”, pues el
acreedor no está obligado a recibir otra cosa diferente a lo que se le deba.
Así mismo, el artículo 1630 previó que el pago practicado por un tercero
diferente del deudor es válido, “...aún sin su consentimiento o contra su
voluntad y aún a pesar del acreedor”.
Según esto, como la obligación tributaria consiste en dar una suma de
dinero determinada en función del inmueble gravado o presupuesto
objetivo del impuesto predial unificado, al practicar el pago de dicha suma
al sujeto activo o acreedor fiscal, válidamente se extingue la deuda
fiscal”23.
77. Si quien pagó el impuesto predial considera que no estaba obligado,
se activa la figura del pago por subrogación del artículo 1666 del Código
Civil:
21
“Sentencia C-876 del 16 de octubre de 2002, Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis”.
22
Sentencia del 4 de mayo de 2015, Consejo de Estado, Sección Cuarta. Radicación número: 25000-23-
27-000-2012-00182-01(20342)
23
Sentencia del 28 de noviembre de 2018, rad. 25000-23-37-000-2014-00749-01, MP Milton Chaves
García.
16
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
“La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un
tercero, que le paga”.
78. En estos casos debe repetir contra el obligado24.
79. Por lo expuesto, la entidad demandada podía exigir al Invias el pago
del impuesto predial por ser la entidad pública que figura como propietaria
del bien objeto de análisis en el presente asunto.
80. En la demanda se reconoció que la parte actora pagó el impuesto
predial correspondiente a la vigencia 2018 y se aportó prueba de ello25, lo
que extinguió la obligación fiscal. Corresponde al Invias, en el marco de
un proceso de recobro contra los concesionarios del “Edificio las
Artesanías” y al amparo de las cláusulas de las concesiones, definir los
porcentajes y responsables del pago del tributo”.
81. La solidaridad entre el propietario y el poseedor no es un capricho del
artículo 23 del Acuerdo 017 del 201726 -derogó en lo que sea contrario el
Acuerdo 08 de 2012-. Por el contrario, surge del carácter real del tributo en que
cualquiera puede pagar y extinguir la obligación fiscal. Así que, no procede la
excepción de ilegalidad del artículo 27 del Acuerdo 017 que aplicó el juez de
instancia.
82. Tampoco prospera la nulidad de los actos administrativos demandados. No
están viciados de nulidad por exigir a la parte actora el impuesto predial del
“Edificio las Artesanías”, matrícula inmobiliaria 372-20489, código catastral 01-
01-0002-0008-000". (Resaltado de la Sala).
4) En el presente asunto, a partir de la cita expuesta, la Sala extrae que, contrario a lo
sostenido por la parte actora, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la
sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, aunque reconoció
que el Edificio Las Artesanías conservaba su naturaleza de bien de uso público y que la
explotación económica realizada sobre el inmueble generaba el impuesto predial a cargo
del concesionario, pues para el tribunal el carácter real del tributo permitía exigir su pago
al INVIAS por figurar como propietario registral del bien.
5) Para sustentar esa conclusión, la autoridad judicial accionada explicó que el impuesto
predial constituye una obligación propter rem y que el pago efectuado por un tercero es
24
Sobre la subrogación del pago del impuesto predial ver sentencia del 30 del 30 de marzo de 2023,
Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicación 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785). -Sentencia
del 29 de junio de 2023, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicación 15001-23-33-000-2019-00179-
01 (26441).
25
Índice 39 del expediente digital samai. Archivo 15 del one drive. Folio 56 en adelante.
26
“Sujeto pasivo. Es la persona natural o jurídica, propietaria, poseedora o usufructuaria de predios
ubicados en la jurisdicción del Distrito Especial de
Buenaventura...
Responderán solidariamente por el pago del impuesto el propietario y el poseedor del predio...”.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
válido y extingue la obligación tributaria, aun cuando quien lo realiza considere que no
estaba obligado a satisfacerla; en consecuencia, estimó aplicable la figura de la
subrogación prevista en el artículo 1666 del Código Civil, de manera que quien efectúa
el pago debe repetir contra el verdadero obligado.
6) A partir de ello, el tribunal estableció que el pago efectuado por el INVIAS respecto de
la vigencia 2018 extinguió la obligación fiscal y, por tanto, descartó que se tratara de un
pago de lo no debido, de ahí que los actos administrativos no estaban viciados de nulidad
por haber exigido el tributo al instituto y le ordenó adelantar el correspondiente proceso
de recobro contra los concesionarios del inmueble.
7) Ahora bien, antes de llegar a esas conclusiones, el propio tribunal reconoció en la
sentencia enjuiciada la existencia de un precedente y advirtió que mediante sentencia del
27 de septiembre de 2023 esa misma Sala de Decisión, pero integrada por magistrados
diferentes, había seguido la tesis contraria respecto de otro inmueble, en la cual anuló
los actos administrativos cuestionados y ordenó devolver al INVIAS el impuesto predial
que había pagado27.
8) No obstante, explicó que en este caso pese a la existencia de ese precedente estimaba
razonable y necesario apartarse de él, no solo en virtud de un cambio en la composición
de la Sala que dio lugar a una “reinterpretación del derecho aplicable”, sino,
especialmente porque rectificó su posición y estimó que podía aplicarse en tales casos
la figura de la subrogación del pago en materia tributaria y, por esa razón, en su criterio
existían motivos fundados y válidos para adoptar una solución diferente sin desconocer
el derecho a la igualdad; como sustento de ese cambio de criterio, además, se remitió a
la sentencia del 20 de noviembre de 2024, proferida dentro del proceso con radicación
no. 76001-23-33-003-2018-01112-00, oportunidad en la cual concluyó, en términos
semejantes a los empleados en la providencia ahora cuestionada, que aunque se trataba
27
“En sentencia del 27 de septiembre de 2023 esta Sala de decisión, integrada por los magistrados Ana
Margoth Chamorro Benavides, Zoranny Castillo Otálora y Víctor Adolfo Hernández resolvió una demanda
de idénticas pretensiones, pero respecto de otro bien inmueble en la que resolvió anular los actos
demandados y ordenó la devolución del impuesto predial que pagó el Invias.
No obstante, la composición de la Sala cambió y ello generó una reinterpretación del derecho aplicable,
especialmente sobre la subrogación del pago en materia tributaria que se aborda en esta oportunidad.
Entonces, pese a la similitud de ambos casos, existen motivos para adoptar una decisión deferente sin que
implique vulnerar el derecho a la igualdad, tal y como se estableció en sentencia del 20 de noviembre de
2024 dentro del proceso identificado con radicación nro. 76001-23-33-003-2018-01112-00”.
18
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
de un bien de uso público y las áreas explotadas comercialmente causaban el tributo a
cargo del concesionario, su naturaleza real permitía exigir el pago al INVIAS como
propietario, por lo cual descartó la existencia de un pago de lo no debido y precisó que la
entidad podía ejercer el recobro de la obligación subrogada frente a los concesionarios.
9) Precisado lo anterior, la Sala advierte que el defecto alegado no se configura, pues de
la sentencia del 28 de agosto de 2025 se desprende que el tribunal no desconoció la
existencia de una posición anterior sobre la controversia ni se apartó de ella de manera
inadvertida o carente de justificación, por el contrario, identificó expresamente el criterio
que había sostenido esa corporación, con lo cual cumplió con la “carga de transparencia”
y expuso las razones jurídicas por las cuales consideró necesario modificarlo con lo que,
de paso, también cumplió con la “carga de argumentación”, por lo que, en los términos
explicados en el capítulo anterior, se encuentra justificado el apartamiento del precedente
y el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho debate para proponer una mejor solución
al caso ni imponer su criterio, pues ello desconocería los principios de autonomía e
independencia judicial de los que están investidos los jueces de la República.
10) En efecto, a pesar de haber reconocido de manera puntual y expresa la existencia de
una tesis contraria, el tribunal accionado explicó con absoluta claridad y transparencia
que el cambio de posición se produjo debido a una “reinterpretación del derecho
aplicable, especialmente sobre la subrogación del pago en materia tributaria” y precisó
que esa nueva posición incluso había sido desarrollada previamente en la sentencia del
20 de noviembre de 2024, proferida dentro del proceso con radicación no. 76001-23-33-
003-2018-01112-00.
11) Para sustentar esa interpretación, el tribunal no se limitó a afirmar que había
modificado su posición, sino que acudió a las sentencias del 4 de mayo de 2015, 28 de
noviembre de 2018 y 30 de marzo de 2023 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
a partir de las cuales extrajo que el impuesto predial tiene naturaleza real, que la
obligación tributaria puede ser satisfecha por un tercero y que ese pago produce efectos
extintivos, sin perjuicio de la subrogación de quien lo realiza frente al verdadero obligado.
12) Con fundamento en esas consideraciones, en la sentencia del 28 de agosto de 2025
el tribunal reconoció que el Edificio Las Artesanías conservaba su naturaleza de bien de
uso público y que su explotación económica generaba el impuesto predial a cargo del
concesionario (no del propietario); no obstante, pese a ello advirtió que como el INVIAS
19
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
había pagado el tributo correspondiente a la vigencia 2018, ese hecho extinguió la
obligación fiscal y que la entidad podía recobrar tales rubros a los concesionarios en los
términos de la subrogación prevista en el artículo 1666 del Código Civil.
13) En esas condiciones, para la Sala no se advierte el desconocimiento del precedente
alegado, pues el tribunal cumplió la carga de transparencia al identificar la existencia de
un precedente contrario y hacer explícita su decisión de apartarse de él; asimismo,
satisfizo la carga de argumentación, dado que explicó que el cambio obedecía a una
reinterpretación de los efectos jurídicos del pago efectuado por quien no ostentaba la
condición de sujeto pasivo y sustentó esa conclusión en las normas que regulan la
subrogación y en las providencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que estimó
aplicables.
10) En consecuencia, la Sala negará el amparo respecto del defecto por desconocimiento
del precedente, pues no se acreditó que el tribunal hubiera omitido injustificadamente una
posición jurisprudencial aplicable ni que hubiera modificado su criterio sin satisfacer las
cargas de transparencia y argumentación; por el contrario, la providencia cuestionada
permite establecer las razones por las cuales adoptó una interpretación diferente, sin que
el desacuerdo de la parte actora con esa solución resulte suficiente para configurar la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
2.4. Del reparo por decisión sin motivación
11) De otra parte, la Sala advierte que el reparo relacionado con la presunta decisión sin
motivación no supera el requisito de relevancia constitucional, pues el cuestionamiento
según el cual el tribunal omitió pronunciarse sobre la totalidad de los cargos de nulidad
formulados en la demanda ya había sido planteado por el INVIAS ante el juez natural
mediante la solicitud de adición de la sentencia del 28 de agosto de 2025.
12) En efecto, en dicha solicitud la entidad sostuvo que la providencia no contenía un
pronunciamiento expreso frente a los cargos de nulidad invocados en la demanda y, por
esa razón, pidió su adición con el propósito de que el tribunal resolviera expresamente
cada uno de ellos; petición que fue decidida mediante auto del 7 de noviembre de 2025,
en el cual la autoridad judicial consideró que había abordado los puntos objeto de debate,
que el análisis efectuado comprendió cada uno de los aspectos expuestos en el concepto
20
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
de violación y que la sentencia resolvió todos aquellos sobre los cuales debía
pronunciarse, razón por la cual negó la adición solicitada.
13) Por tanto, el cuestionamiento formulado en sede de tutela está encaminado a que el
juez constitucional examine nuevamente si la sentencia ordinaria resolvió de manera
suficiente la totalidad de los cargos de nulidad, pese a que esa misma inconformidad fue
puesta en conocimiento del tribunal mediante el mecanismo procesal dispuesto para
subsanar una eventual omisión y fue resuelta expresamente, sin que la parte actora
hubiera formulado un reparo constitucional autónomo frente a las razones expuestas en
el auto del 7 de noviembre de 2025; en esas condiciones, el planteamiento no evidencia
una cuestión de relevancia constitucional, sino la pretensión de reabrir un debate ya
propuesto y decidido por el juez natural, con miras a emplear la acción de tutela como
una instancia adicional al proceso ordinario con el único fin de debatir las razones que
tuvo en cuenta el juez de la nulidad para ratificar la legalidad de los actos demandados
simplemente porque dicho extremo se encuentra en desacuerdo.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Modifícase la sentencia del 25 de junio de 2026 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el INVIAS y, en su lugar, dispónese:
1º) Niégase el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Declárase improcedente por falta de relevancia el reparo de decisión sin motivación.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
21
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03529-01
Actor (a): INVÍAS
Acción de tutela
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.