Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2020-00219-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2020-00219-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2020-00219-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
13 de marzo de 2025
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00219-01 (28985)
Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00219-01 (28985)
Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Demandado: DISTRITO DE BUENAVENTURA Y SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE BUENVENTURA S.A.
Temas: Impuesto predial año 2019. Bienes de uso público y bienes
fiscales. Sujeción pasiva.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Distrito de Buenaventura
contra la sentencia del 27 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: INFORMAR a las partes que el canal oficial para recibir memoriales
es la VENTANILLA VIRTUAL DE SAMAI, como se explica en el capítulo de
publicidad de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución Factura nro. 0321.1.1.54-
1369-2019 del 24 de septiembre de 2019, modificada por la Resolución nro.
0321-2393-2019 del 19 de diciembre de 2019, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR, a título de restablecimiento del derecho, que INVIAS
no está obligado a pagar el impuesto predial unificado IPU correspondiente a la
vigencia 2019 y se restituya todo valor pagado por ese concepto.
CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Las agencias en
derecho se fijan en el equivalente un (1) SMLMV.
QUINTO: ACEPTAR la revocatoria de poder expresada por la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura S.A. respecto del abogado GUSTAVO
ADOLFO GONZALEZ VAN y RECONOCER a la abogada YUDI PAOLA
HURTADO ESTUPIÑAN, identificada con cédula de ciudadanía No 38.642.738
y tarjeta profesional 160.035 del C.S. de la J., como apoderada, en los términos
y para los efectos del poder conferido.
SEXTO: RECONOCER al abogado CARLOS TADEO GIRALDO GÓMEZ,
identificado con la cédula No 10.267.042 y tarjeta profesional 52.073, como
apoderado judicial de INVIAS, en los términos y para los efectos del poder
conferido.
SÉPTIMO: NOTIFICAR la presente sentencia en la forma dispuesta en la ley.
OCTAVO: ARCHIVAR el expediente digital a la ejecutoria de esta sentencia.”
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Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
FALLO
ANTECEDENTES
La Superintendencia de Puertos y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
(en adelante, SPRBUN, la sociedad o la compañía), suscribieron el contrato de
concesión nro. 009 del 21 de febrero de 19941, modificado mediante Otrosí nro. 01
del 27 de enero de 2004 y 02 del 30 de mayo de 20082. Dentro de dicho contrato,
se estableció la construcción y puesta en funcionamiento de un puerto de servicio
público habilitado para el comercio exterior y prestación de servicios a toda clase de
carga, ubicado en el Municipio de Buenaventura. La concesión se otorgó con el
derecho, para el concesionario, de ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva
las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias en un área específica.
Mediante Resolución Factura nro. 0321.1.54-1369-2019 del 24 de septiembre de
20193, el Distrito de Buenaventura determinó a cargo del INVÍAS y de la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura el Impuesto Predial Unificado – IPU, y la
sobretasa ambiental respecto del bien inmueble identificado con el número predial
01-01-0002-0016-000 y matrícula inmobiliaria 372-20497 (entregado en concesión
a la SPRBUN), para el año 2019, por valor de $95.708.514 y $5.800.516,
respectivamente.
La anterior decisión fue modificada por la Resolución nro. 0321-2393-2019 del 19
de diciembre de 20194, en el sentido de excluir a la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura como sujeto pasivo y tener como tal al INVIAS.
DEMANDA
El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, formuló las siguientes
pretensiones:5
“PRIMERA: Que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ordene inaplicar
el Artículo 23 del Acuerdo 017 de 2017 expedido por el Concejo Distrital de
Buenaventura; por desconocer que las normas señaladas en los hechos solo
permiten cobrar el impuesto predial unificado en inmuebles de uso público
concesionados, a los terceros que los explotan mercantilmente.
SEGUNDA: Se declare y decrete la NULIDAD, de los siguientes actos
administrativos, todos expedidos por el Distrito de Buenaventura:
1. Resolución Factura No 0321.1.54-1369-2019 del 24 de septiembre de
2019.
2. Resolución No 0321-2393-2019 del 19 de diciembre de 2019 por medio de
la cual se resuelve recurso de reconsideración.
TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho
de INVIAS declarando que INVIAS no es el sujeto pasivo del Impuesto Predial
1 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, visualizar expediente, expediente digital “20_ED_2020157089”, pág 433 -
472, SAMAI.
2 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, visualizar expediente, expediente digital “20_ED_2020157089”, pág 473 -
500, SAMAI.
3 Índice 7, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, página 81-85.
4 Índice 7, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, página 89-99.
5 Índice 7, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, página 1-46.
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FALLO
Unificado ni de la sobretasa ambiental determinado en los actos
administrativos aquí demandados.
CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de
INVIAS ordenando al Demandado a que se le restituya al INVIAS lo que este
haya cancelado por Impuesto Predial y la Sobretasa Ambiental sobre el predio
descrito en esta demanda para la vigencia 2019.
SUBSIDIARIA DE LA CUARTA: En el caso de no haberse realizado pago
alguno, declarando que INVIAS no está obligado a pagar al Distrito de
Buenaventura las sumas determinadas en los actos demandados.
QUINTA: Que se condene en costas a la entidad demandada.
SEXTA: Que se ejecute la sentencia en los términos señalados por el Capítulo
VI del Título V del CPACA.”
Normas violadas
La demandante invocó como normas violadas los artículos 4, 29, 63, 287, 338 de la
Constitución Política; artículo 674 del Código Civil; artículos 166 y 167 del Decreto
Ley 2324 de 1984; artículo 5 de la Ley 1 de 1991; artículo 70 de la Ley 336 de 1996;
artículo 97 de la Ley 1437 de 2011; numeral 3, artículo 6 de la Ley 768 de 2002;
artículo 23 de la Ley 1450 de 2011; artículo 177 de la Ley 1607 de 2013; numeral 3,
artículo 26 de la Ley 1617 de 2013; Decreto 1837 de 2008 compilado en Decreto
1079 del 2015; artículo 27 y artículo 234, literal d) del Acuerdo Distrital 17 del 2017;
Resolución Distrital 1342 del 2018.
El concepto de la violación se sintetiza así:6
Indicó que los actos acusados son nulos porque el sujeto pasivo del impuesto
predial corresponde a la SPRBUN, quien está explotando comercialmente el
inmueble con ánimo de lucro.
Manifestó que el Distrito se extralimitó en sus funciones y facultades al no aceptar
la solicitud del INVIAS de inscribir como sujeto pasivo a los concesionarios.
Agregó que la Resolución 1342 de 2018 excluyó, a partir de la vigencia 2019, al
INVIAS como sujeto pasivo del impuesto sobre los inmuebles que hacen parte de
puertos aéreos o marítimos.
Finalmente, señaló que el bien inmueble sobre el cual recae el tributo determinado
por el Distrito de Buenaventura es un bien de uso público y que el sujeto pasivo es
la SPRBUN.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Distrito de Buenaventura se opuso a las pretensiones de la demanda7. Señaló
que no se trata de bienes de uso público sino de bienes fiscales y siendo el INVIAS
su propietario, es quien debe responder por el pago el tributo.
6 Índice 7, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, página 17-40, SAMAI.
7 Índice 10 de la plataforma SAMAI.
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Por su parte, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.8, sostuvo que
no se trata de bienes de uso público sino de bienes fiscales que, conforme el artículo
177 de la Ley 1607 de 2012, están excluidos del impuesto. Además, señaló que en
el marco de este proceso no puede modificarse su situación jurídica.
SENTENCIA APELADA9
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de la Resolución
que determinó a cargo del INVIAS el impuesto predial unificado y la sobretasa
ambiental respecto del bien inmueble identificado con el número predial 01-01-0002-
0016-000 y matrícula inmobiliaria 372-20497 (entregado en concesión a la
SPRBUN), para el año 2019; que el INVIAS no está obligado a pagar el impuesto
predial unificado para esa vigencia [2019], que le sea restituido el valor pagado por
este concepto y, finalmente, condenó en costas a la demandada.
Sostuvo que la discusión se centra en si el bien inmueble identificado con el número
predial 01-01-0002-0016-000 y matrícula inmobiliaria 372-20497 (entregado en
concesión a la SPRBUN) es objeto del impuesto predial unificado – IPU para el año
2019 y si el INVIAS es el sujeto pasivo del tributo.
El Tribunal reiteró lo señalado en las sentencias proferidas el 29 de mayo de 201410
y el 30 de marzo de 202311 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en las que
se hizo énfasis acerca de las diferencias que existen entre los bienes fiscales y los
bienes de uso público, para concluir que, en este caso, de acuerdo con las
características del inmueble, se trata de un bien de uso público que está sujeto al
impuesto predial unificado, toda vez que es explotado económicamente y está
otorgado en concesión a la SPRBUN [artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado
por la Ley 1607 de 2012].
Precisó que, en virtud del contrato de concesión, la SPRBUN tomó el derecho de
ocupar y utilizar temporalmente y de forma exclusiva las playas, terrenos de bajamar
y zonas accesorias muelles, bodegas, cobertizos, edificios, patios, obras de
urbanismo, etc, para la operación del puerto marítimo, lo que constituye el ejercicio
de una actividad de explotación económica de la que obtiene lucro.
Dijo que se debe anular el acto administrativo particular y concreto de determinación
del impuesto a cargo del INVIAS, al violar el ordenamiento jurídico superior en que
se debía fundar debido a que la ley aplicable consagraba que, cuando se explota
comercialmente con ánimo de lucro un bien de propiedad pública, se causa el
impuesto predial unificado, y que, el sujeto pasivo del tributo no es la entidad pública
propietaria sino quien lo explota comercialmente.
En relación con el artículo 23 del Acuerdo 017 de 2017, consideró que no es
procedente su inaplicación por ilegal al considerar que, de acuerdo con la ley, el
sujeto pasivo es la persona natural o jurídica propietaria, poseedora o usufructuaria
de predios ubicados en la jurisdicción del Distrito.
8 Mediante auto del 29 de julio de 2021, el Tribunal admitió la demanda y vinculó al proceso como demandado
a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A., por su interés directo en las resultas del
proceso.
9 Índice 39 de la plataforma SAMAI.
10 Exp. 19561, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Exp. 26785, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
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Finalmente, declaró la nulidad de los actos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho, declaró que el INVIAS no está obligado a pagar el
impuesto predial unificado y sobretasa ambiental correspondiente a la vigencia de
2019, ordenó reintegrar al INVIAS los valores que hayan sido pagados por concepto
del tributo por el año gravable 2019 y condenó en costas a la parte vencida, que en
este caso es la demandada; y fijó agencias en derecho en un (1) salario mínimo
mensual vigente.
RECURSO DE APELACIÓN
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura presentó recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia por las razones que se resumen a continuación:12
Sostuvo que el a quo no realizó un análisis en cuanto a la naturaleza del inmueble
y sus características como su uso, acceso y destinación para determinar que se
trata de un bien fiscal y no de uso público.
Manifestó que el predio es un bien fiscal que se encuentra a nombre de entidades
públicas; y que con el certificado de tradición y libertad se evidencia que el inmueble
ha sido objeto de múltiples transacciones, lo que demuestra que se encuentra en el
comercio.
Señaló que en la sentencia apelada se precisó que el inmueble es un bien de uso
público, a pesar de que no cumple con las características de un bien de esa
naturaleza.
Indicó que el Tribunal hizo referencia a la sentencia del 30 de marzo de 2023
expedida para el Consejo de Estado13 para señalar que el inmueble es un bien de
uso público, sin embargo, no hizo el estudio y el análisis correspondiente acerca de
la naturaleza del inmueble y la existencia de un establecimiento de comercio en el
predio, lo que conllevó a que concluyera que el INVIAS no es el sujeto pasivo del
IPU y se aplicara de forma errónea el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010.
El Distrito de Buenaventura presentó recurso de apelación, bajo los siguientes
argumentos14:
Dijo que el INVIAS no se encuentra obligado a pagar el IPU correspondiente a la
vigencia 2019, toda vez que la SPRBUN como Concesionaria es el sujeto pasivo
del tributo y está vinculado al proceso.
En cuanto a la restitución de lo pagado por concepto del IPU para la vigencia del
año 2019 y los años siguientes hasta el 2022, incluyendo el presente año, sostuvo
que el INVIAS no ha cancelado lo correspondiente al impuesto, ni a la sobretasa
ambiental, lo cual ha generado que la Alcaldía Distrital reciba un 35% menos de los
recursos totales que deben ingresar al ente territorial.
En cuanto a la condena en costas, manifestó que no ha actuado de mala fe y mucho
menos con temeridad.
12 Índice 53, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, SAMAI.
13 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello, exp. 26785.
14 Índice 43, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, SAMAI.
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TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
La demandante no se pronunció frente al recurso de apelación presentado por el
demandado y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, respectivamente,
en los términos previstos en el numeral 4º del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
Por su parte el Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, por cuanto el lote cerca del modelo hidráulico con matrícula inmobiliaria
372-20497 y número predial 010100020016000 hace parte de una unidad
económica que compone la terminal marítima de Buenaventura, y es explotado
comercialmente por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura con fines de
lucro.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandada y por
la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, se debe determinar si el inmueble
sobre el que se cobró el impuesto predial y la sobretasa ambiental para el año de
2019 en el Distrito de Buenaventura es un bien de uso público o de naturaleza fiscal.
Definido lo anterior, se analizará si el INVIAS es sujeto pasivo del tributo.
Naturaleza de los bienes entregados en concesión a las sociedades portuarias
La Constitución Política en sus artículos 63, 72, 82, 102 y 332, y 674 del Código
Civil, al igual que lo ha considerado esta corporación, son bienes de dominio
público “los destinados al desarrollo o cumplimiento de las funciones del Estado o los que
están afectados al uso común”15.
Dentro de estos, se encuentran clasificados los bienes de uso público definidos
como “aquellos cuyo dominio resulta también del Estado pero su uso pertenece a todos los
habitantes del territorio y están a su servicio permanente. Como ejemplo de ello se
relacionan las calles, plazas, parques, puentes, caminos, ejidos, etc. A partir de tales
características se impone que ninguna entidad estatal tiene sobre ellos la titularidad de
dominio equivalente a la de un particular, por estar destinados al servicio de todos los
habitantes”16.
Por su parte, los bienes fiscales o patrimoniales que son “aquellos que pertenecen
a sujetos de derecho público de cualquier naturaleza u orden y que, por lo general, están
destinados al cumplimiento de las funciones públicas o servicios públicos, tales como los
terrenos, edificios, fincas, granjas, equipos, enseres, acciones, rentas y bienes del
presupuesto, etc., es decir, afectos al desarrollo de su misión y utilizados para sus
actividades, o pueden constituir una reserva patrimonial para fines de utilidad común. Su
dominio corresponde a la República, pero su uso no pertenece generalmente a los
habitantes, de manera que el Estado los posee y los administra en forma similar a como lo
hacen los particulares con los bienes de su propiedad […]”17.
15 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 12 de noviembre de 2009, exp. 5001-23-31-000-2005-
00213-01 (AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
16 Ibidem.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de abril de 2012, exp. 21699, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio.
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Sobre los bienes de uso público, la Sección en sentencia del 11 de octubre de
202318 señaló, “el Estado como titular de los mismos tiene la facultad de celebrar contratos
de concesión, definidos en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y
caracterizados porque en su forma de financiación el concesionario ejecuta el objeto
contractual por su cuenta y riesgo; se llevan a cabo con la continua vigilancia y control de
la entidad concedente respecto de la correcta ejecución de la obra o del adecuado
mantenimiento del bien o servicio; y el concesionario recupera la inversión realizada y
obtiene la ganancia esperada con los ingresos que produzca la obra, el bien público o el
servicio concedido, mediante una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas,
tasas, y, en general, en cualquier contraprestación acordada”.
Es oportuno mencionar que los anteriores tipos de bienes pueden gravarse con el
impuesto predial unificado, ya sea por regla general o por vía de excepción. De ese
modo, en el caso de los bienes de uso público solo están gravados los previstos
en la ley, en lo que atañe al objeto de la litis, en los artículos 6, numeral 3 de la Ley
768 de 2002 y 177 de la Ley 1607 de 201219.
Según esta última norma, “[e]n materia de impuesto predial y valorización los bienes de
uso público y obra de infraestructura continuarán excluidos de tales tributos, excepto las
áreas ocupadas por establecimientos mercantiles. Son sujetos pasivos del impuesto
predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación
comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del
contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos y marítimos”. Alcance que como
se explicó en precedencia, parte de la explotación económica como elemento
determinante para que los bienes de uso público sean objeto del impuesto predial.
La posibilidad de gravar los bienes de uso público por vía de excepción, la reafirma
el artículo 23, parágrafo 2 de la Ley 1450 de 2011, que establece que “todo bien de
uso público será excluido del impuesto predial, salvo aquellos que se encuentren
expresamente gravados por la Ley”.
Ahora, los bienes fiscales pueden ser afectados con el tributo puesto que “el objeto
imponible es la propiedad raíz, y este tipo de bienes se administra de igual forma a como lo
hacen los particulares, pues al tratarse de bienes fiscales también se ejerce el derecho de
dominio y por tanto el uso y goce del mismo”20. Tratándose del sujeto pasivo es el
“propietario y/o poseedor del bien, que generalmente es una entidad pública con personería
jurídica de la Nación, o aquellos entes u organismos autónomos que forman parte de la
estructura orgánica del Estado”21.
Caso concreto
Hechas las anteriores precisiones, pasa la Sala a determinar si el bien objeto de la
litis es de naturaleza fiscal en cuyo caso el sujeto pasivo sería la Nación - INVIAS,
o si es de uso público, por lo que solo estará gravado en cabeza de la SPRBUN al
ser explotado económicamente mediante establecimiento mercantil.
Para el caso concreto, la SPRBUN ostenta la calidad de concesionaria de acuerdo
con lo establecido en el contrato de concesión nro. 009 del 21 de febrero de 1994
celebrado con la Superintendencia de Puertos, en el cual se estipuló:
18 Exp. 26129, C.P. Milton Chaves García.
19 Modificatorio del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010.
20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 24138, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
21 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de marzo de 2023, exp. 26785, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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En la cláusula primera se describe el objeto del contrato de concesión, en los
siguientes términos:
“CLAUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO. LA
SUPERINTENDENCIA en virtud del presente contrato, otorga a la SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A, una concesión portuaria
en los siguiente términos: a) se otorga a EL CONCESIONARIO el derecho para
ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de baja
mar y zonas accesorias a aquellas y éstos, descritos en la Cláusula Segunda
del presente contrato, a cambio de la contraprestación económica de que trata
la Cláusula Décima Primera de este contrato, a favor de la Nación y del
Municipio de Buenaventura, donde operará el mencionado puerto. El puesto
será de servicio a toda clase de carga. b) Se otorga a EL CONCESIONARIO el
derecho a utilizar temporalmente los muelles, bodegas, cobertizos, edificios,
patios, obras de urbanismo, muros de cerramiento, vías y en general los bienes
relacionados en las Cláusulas Tercera y Quinta del presente contrato, a cambio
de la contraprestación económica de que trata la Cláusula Décima Primera del
mismo, a favor de la Nación exclusivamente.”
Posteriormente, en la cláusula segunda del contrato se especifica el área entregada
en concesión, de la siguiente forma:
“CLAUSULA SEGUNDA. AREA ENTREGADA EN CONCESIÓN:
DESCRIPCION EXACRA DE LA UBICACIÓN, LINDEROS Y EXTENSION DE
LOS BIENES DE USO PUBLICO ENTREGADOS EN CONCESION. Los bienes
de uso público entregados en concesión en virtud del presente contrato están
ubicados en el Municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca.
El terminal de Buenaventura se localiza en la ciudad y bahía del mismo nombre,
en la costa del Océano Pacífico de Colombia, Departamento del Valle del
Cauca. El terminal ocupa el costado Norte de la Isla de Cascajal, en el externo
Nor-Oriental de la bahía de Buenaventura. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA DE
PLAYA Y ZONA DE BAJAMAR: La línea de playa y zona de bajamar se
desarrolla a lo largo de 2.001 Mts. así: partiendo de la línea exterior del
denominado Muelle No. 1, continúa por la cara exterior del llamado Muelle
Comercial en donde se encuentran los atracaderos Nos. 2 al 9, luego continúa
por la cara exterior del Muelle Nuevo conformando los atracaderos Nos. 10 al
12. Luego se encuentra el frente de playa que corresponde al Muelle Petrolero.
La longitud promedio de esta playa y zona de bajamar que se entrega en
concesión o sea los 2.001 metros, es la considerada para el cálculo de la
contraprestación. Para utilizar mayor línea de playa de la entregada en
concesión debe EL CONCESIONARIO solicitar por escrito a LA
SUPERINTENDENCIA aprobación, con el fin de recalcular el valor de la
contraprestación.”
En la cláusula tercera del contrato se lleva a cabo la descripción exacta de la
“UBICACIÓN, LINDEROS Y EXTENSIÓN DE LAS ZONAS ADYACENTES EN DONDE SE
ENCUENTRAN LOS BIENES DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA – EN
LIQUIDACIÓN ENTREGADOS EN CONCESIÓN”, destacándose que “los bienes
entregados en concesión en virtud de este contrato, están ubicados en el Municipio de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca [se detallan los linderos (puntos,
secuencias, coordenadas, etc.) de los predios que hacen parte integral del contrato.”
La cláusula quinta contiene la “DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS EN
CONCESIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, de los cuales se destacan los
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FALLO
muelles, las áreas de almacenamiento como bodegas, patios, cobertizos,
edificaciones, casetas, talleres de mantenimiento y almacén, etc.
En el otrosí nro. 01 se acordó reemplazar en el contrato al Ministerio de Transporte
y/o Superintendencia General de Puertos, por Instituto Nacional de Concesiones –
INCO, y en ese sentido la entidad contratante es ésta. Por su parte, en el otrosí nro.
2, se evidencia la incorporación de áreas que fueron solicitadas su adición por el
concesionario.
Es un hecho no discutido, que uno de los predios entregados en concesión es el
identificado con la matrícula inmobiliaria matrícula inmobiliaria 372-20497
(entregado en concesión a la SPRBUN), respecto del cual, el Distrito de
Buenaventura determinó el impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental a
cargo del INVIAS, por la vigencia 2019, en cuantía de $95.708.514 y $5.800.516,
respectivamente.
Para efectos de calificar la naturaleza del bien, se reitera el criterio de la Sala en
procesos similares, en donde se ha llegado a la conclusión de calificar la naturaleza
de los bienes entregados en concesión a la Sociedades Portuarias como bienes de
uso público22.
El artículo 5 de la Ley 9 de 1989, define el espacio público como “el conjunto de
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por uso o afectación, a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de
los habitantes”. Adicionalmente enuncia las áreas que constituyen el espacio público,
indicando que “los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas
y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y
corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que
el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas
para el uso o el disfrute colectivo”.
Por su parte, el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984 establece que “las playas,
los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto
intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo podrán obtener
concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las
disposiciones del presente Decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no
confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo”.
El artículo 5, numeral 5.2 de la Ley 1ª° de 1991, en concordancia con las
disposiciones precedentes, define la concesión portuaria como “un contrato
administrativo en virtud del cual la Nación, por intermedio de la Superintendencia General
de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y
exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para
la construcción y operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica a
favor de la Nación, y de los municipios o distritos donde operen los puertos”.
De acuerdo con lo establecido por las normas descritas anteriormente, el predio
objeto del cobro del impuesto predial que se discute, es catalogado como un bien
de uso público debido a que, como se describe en el contrato de concesión, para
poner en funcionamiento el puerto de servicio público habilitado para el comercio
exterior y la prestación del servicio a toda clase de carga que se encuentre ubicada
22 Exp. 27748, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Reiteración de la sentencia del 30 de marzo de 2023, Exp.
26785, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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en el Municipio de Buenaventura, se otorga el derecho al concesionario de ocupar
y utilizar, temporalmente y de manera exclusiva, las playas, los terrenos de bajamar
y las zonas accesorias en un área específica, lo que comprende, según las
cláusulas referenciadas, los muelles, las bodegas, los talleres de mantenimiento,
almacén general, patios, edificaciones de capacitación, obra de urbanismo, entre
otras.
A la misma conclusión llegó la Sección en la sentencia del 30 de marzo de 2023 23
al calificar la naturaleza de los bienes entregados en concesión a la Sociedad
Portuaria Regional de Santa Marta S.A., en la que se precisó que «[d]e acuerdo con
los artículos 5 de la Ley 9 de 1989 y 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, las playas,
terrenos de bajamar y aguas marítimas son bienes de uso público». De igual forma,
«[l]as zonas accesorias a los anteriores bienes también pueden tener la calidad de
bienes de uso público, si se considera que pueden destinarse a una finalidad
pública. En este sentido el artículo 6 de la Ley 1ª de 1991 establece que bajo el
contrato de concesión portuaria se permite a una sociedad portuaria que ocupe y
utilice de “forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas
accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a
cambio de una contraprestación económica a favor de la Nación, y de los municipios
o distritos donde operen los puertos» [subraya de la sentencia que se cita].
Y adicionalmente indicó, en cuanto a los terrenos entregados en concesión, como
lo es el caso bajo estudio, que al estar “[...] destinados a la prestación de un servicio
público de transporte marítimo. Se observa entonces que dichos predios [...] no son
utilizados directamente por el Estado para el ejercicio de sus funciones, sino que fueron
entregados por este para que a través de una concesión se destinen a una finalidad pública
del Estado, como lo es la de los puertos, para promover el transporte, en virtud del derecho
constitucional a la locomoción establecido en el artículo 24 de la Constitución Política”.
Por los motivos expuestos, la Sala considera que el inmueble objeto del proceso se
clasifica como un bien de uso público de acuerdo con las características del bien y
las pruebas aportadas a este despacho tales como el contrato de concesión, el
objeto del contrato y las cláusulas antes transcritas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se deberá establecer si el INVIAS era sujeto pasivo
del tributo, debido a que dentro del inmueble catalogado como bien público se
llevaba a cabo la explotación comercial mediante establecimiento de comercio por
parte de la SPRBN.
Respecto a la explotación comercial, en la sentencia que se reitera se indicó que24
“la misma consiste en ejercer una actividad con ánimo de lucro, y, de acuerdo con el artículo
515 del Código de Comercio, “se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de
bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”. Es decir, el
establecimiento mercantil es una unidad económica que comprende todos aquellos bienes
que estén destinados a los fines de la actividad ejercida por el comerciante, y en esa medida
no se limita a un único tipo de bien.”
En el caso concreto, como lo establece el Certificado de Existencia y
Representación Legal de la SPRBUN, tiene por objeto principal: “A) Administrar el
23 Exp. 26785, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
24
Sentencia del 30 de marzo de 2023, Exp. 26785, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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puerto de servicio público de Buenaventura que venía siendo administrador por la empresa
puertos de Colombia, en liquidación; la inversión en la construcción, mantenimiento,
expansión y modernización del mismo; la prestación de servicios directamente relacionado
con la actividad portuaria, de acuerdo con la concesión portuaria otorgada por la
superintendencia general de puertos mediante la Resolución 1.003 del 13 de septiembre
de 1993, y la ejecución de todas las funciones que las normas atribuyen a las sociedades
portuaria regionales. B) Prestar servicios portuarios y permitir la prestación de servicios por
parte de otros operadores portuarios dentro de sus instalaciones, siempre y cuando
cumplan con los requisitos legales y normas técnicas elaboradas por la empresa y
aprobadas por la autoridad competente. C) Asociarse con otras sociedades portuarias o
titulares de autorizaciones especiales a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 01 de
1991, en forma transitoria o permanente, con el propósito de facilitar la utilización de las
zonas naranjas de uso común adyacentes al puerto, mediante la realización de obras tales
como: dragado, relleno y obras de ingeniería oceánica, y prestar los servicios de beneficio
común que resulten necesarios; D) Promover la creación de otras sociedades, con cualquier
objeto social, por acto único o por suscripción sucesiva, que pueda operar en la ciudad sede
o en cualquier lugar del país o del extranjero, participando dentro de su capital accionario o
recibiendo a cambio, los beneficios del proceso de creación como entidad promotora; E)
Comprar, vender o fundar sociedades, con cualquier objeto social, participando dentro del
capital accionario por aporte de capital o recibiendo acciones a cambio del aporte de
tecnología; F) Comprar, vender, alquilar los bienes muebles e inmuebles; G) Comprar,
vender, importar, exportar, adquirir u obtener a cualquier título y utilizar toda clase de bienes
y servicios; H) Celebrar contratos de compra, venta, permuta, arrendamiento, usufructo, y
anticresis sobre inmuebles; constituir y aceptar prenda e hipotecas, tomar dinero en mutuo,
con interés o sin él, y dar en garantía sus bienes muebles e inmuebles; I) Girar, adquirir,
cobrar, aceptar, protestar, cancelar o pagar letras de cambio, cheques, pagares, y en
general cualesquiera títulos valores o aceptarlos en pago; J) Celebrar contratos de sociedad
con personas naturales o jurídicas, ya sea mediante la constitución de otras empresas o la
adquisición de acciones o cuotas o partes de interés; K) Celebrar cualquier otra clase de
negocios, actos o contratos. L) Garantizar obligaciones de las sociedades en las cuales
tenga participación en su capital social hasta por el monto porcentual de dicha participación,
dando obligación a lo previsto en el numeral 20 del artículo 42. M) Servir de garante de las
obligaciones de la fundación sociedad portuaria regional de buenaventura “Fabio Bejarano”,
previa aprobación de la junta directiva de la SPRBUN.”25
Así mismo, se evidencia que a nombre de la sociedad existe un establecimiento de
comercio para desarrollar la actividad de “almacenamiento de cargas para apoyo de las
operaciones portuarias” que están localizadas “en el puerto de Buenaventura aledaños al
denominado Muelle 13, que hace parte del Terminal marítimo de Buenaventura, ubicado en
la Isla Cascajal en Jurisdicción de Municipio de Buenaventura departamento del Valle del
Cauca”.
También se advierte que en virtud del contrato de concesión celebrado entre la
Superintendencia General de Puertos y la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura S.A, concesión que sigue vigente hasta el 21 de febrero de 2034, de
acuerdo con la cláusula sexta del Otrosí nro. 002 realizado al contrato de concesión
nro. 009 del 21 de febrero de 1994, la SPRBUN realiza actividades portuarias en las
instalaciones del inmueble con el propósito de generar ingresos que le permitan
incrementar el patrimonio.
Lo anterior denota que hubo explotación comercial con ánimo de lucro del predio de
naturaleza pública [bien de uso público], ya que la SPRBUN ejerce dicha actividad
sobre el inmueble mediante la prestación de operaciones portuarias. De manera
25 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, visualizar expediente, expediente digital “20_ED_2020157089”,
pág 412 - 423, SAMAI.
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que, la condición de sujeto pasivo del IPU del predio entregado en concesión no
recae en el INVIAS, como erróneamente se estableció en los actos acusados.
En el recurso de apelación, el Distrito de Buenaventura alegó que la SPRBUN es la
obligada al pago del tributo porque tiene la condición de sujeto pasivo del IPU, sin
embargo, en el presente caso, no puede desconocerse que mediante la Resolución
nro. 0321-2393-2019 del 19 de diciembre de 2019, el demandado ordenó excluir del
proceso de determinación a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura como
sujeto pasivo.
En esas condiciones, es claro para la Sala que el INVIAS no es sujeto pasivo del
impuesto predial unificado respecto del bien inmueble identificado con el número
predial 01-01-0002-0016-000 y matrícula inmobiliaria 372-20497, razón por la cual,
no tiene la obligación de pagar suma alguna al Distrito de Buenaventura por
concepto del tributo.
En esa medida, los argumentos del recurso de apelación no prosperan y, en
consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda.
Condena en costas
En lo que alude a la condena en costas impuesta a la parte demandada en la
sentencia apelada, la Sala advierte que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
y 365 numeral 8 del Código General del Proceso, en este caso no procede la
condena en costas, por cuanto en el expediente no se encuentran pruebas que las
demuestren o justifiquen. En consecuencia, se revoca el numeral cuarto de la
sentencia apelada, en el sentido de no condenar en costas en primera instancia y,
finalmente, la Sala no condenará en costas en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revocar el numeral cuarto de la sentencia apelada. En su lugar, no
condenar en costas en primera instancia
En lo demás, Confirmar la sentencia apelada.
SEGUNDO: No condenar en costas en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.
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FALLO
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Aclaró Voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo
puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica:
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