Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2018-00204-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2018-00204-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 47001-23-33-000-2018-00204-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
30 de marzo de 2023
Radicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)
Demandante SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A.
Demandado DISTRITO DE SANTA MARTA e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS,
INVIAS
Temas Impuesto predial. Bienes de uso público. Sujeto Pasivo del
Impuesto Predial en bienes de uso público entregados en
concesión. Ley 1607 de 2012.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación presentados por el demandante y el
Instituto Nacional de Vías, INVIAS, contra la sentencia del 27 de octubre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que decidió lo siguiente1:
“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de inepta demanda planteada por
el distrito de Santa Marta respecto a la demanda principal y de caducidad propuesta por la
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta respecto a la demanda de reconvención.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda principal y la de reconvención, por las
razones aducidas en la presente providencia.
TERCERO: NO CONDENAR EN COSTAS de conformidad con lo dispuesto en la parte
considerativa del presente proveído.
CUARTO: Si no fuere apelada la sentencia, ORDENAR el archivo del expediente.”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A (en adelante SPRSM) suscribió
con el Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS) el contrato de concesión Nro.
006 del 24 de junio 19932, modificado mediante Otrosí Nros. 001 del 5 de agosto de
1993, 002 del 8 de septiembre de 1993, 003 del 9 de septiembre de 1993, 004 del
30 de septiembre de 1993, 005 del 3 de enero de 2005, 006 del 30 de mayo de
20083 y 0074. Dentro de dicho contrato a la actora le fue concedido el derecho a
ocupar y utilizar, entre otros, el predio ubicado en la K 1 No. 6B-60 identificado con
matrícula inmobiliaria No. 080-046547 y con referencia catastral Nro. 01-01-0217-
001-000. Hasta el año 2017 INVIAS había realizado el pago del impuesto predial
del inmueble antes señalado.
1 Índice 2 de Samai. “EXPEDIENTE DIGITAL”/“ED_SENTENCIA_53SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf)
NroActua2”.
2 Índice 2 de Samai, Anexos 76, “EXPEDIENTE DIGITAL/ED_CUADERNOC_02CUADERNOCONTESTACI”
páginas 63 a 101 y también en “EXPEDIENTE DIGITAL/ED CUADERNOD_03CUADERNODEMANDA”
3 Índice 2 de Samai, Anexos 76, “EXPEDIENTE DIGITAL/ED_CUADERNOC_02CUADERNOCONTESTACI”
páginas 102 a 124, y también en “EXPEDIENTE DIGITAL/ED CUADERNOD_03CUADERNODEMANDA”
4 De acuerdo con la demanda, el anexo 007 está en un CD que hace parte de los anexos de la misma, pero
en dicho medio sólo reposa el contrato que suscribió la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
con el Invias y los Otrosí del 001 al 006. No hay constancia en el expediente del Otrosí 007.
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Radicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
El día 1 de febrero de 2018 la Secretaría de Hacienda de Santa Marta emitió el Acto
Nro. 00229, a través del cual le remitió a la SPRSM el Recibo Oficial de Pago Nro.
201800006851, donde se observa la liquidación del impuesto predial a cargo de la
actora por los años 2017 (Impuesto por valor de $4.606.592.000) y 2018 (Impuesto
después de incentivo de $3.524.360.600), por el monto total de $8.130.952.000
(fl.21), y, así mismo, le indicó a la actora que procedería a facturar el impuesto
predial respecto del predio mencionado a su nombre, en consideración a que ella
es tenedora del predio identificado con referencia catastral Nro. 01-01-0217-001-
000, bajo el contrato de concesión, según lo informado por INVIAS.(fls.19 a 20)
Mediante comunicación del día 8 de febrero de 2018 la SPRSM devolvió la
liquidación enviada por la Secretaría de Hacienda explicando las razones por las
cuales no era responsable del pago del impuesto liquidado a su cargo (fls.22 a 24).
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones (fls.3 a 4):
“PRIMERA: Que se declare la nulidad del Acto No. 00229 de fecha 1º de febrero de 2018
emitido por parte de la Alcaldía de Santa Marta – Secretaría de Hacienda Distrital de Santa
Marta y del Recibo Oficial de Pago No. 20180000651 (sic), a través del cual se factura a la
Sociedad Portuaria Regional Santa Marta S.A. el valor del impuesto predial correspondiente a
los años 2017 y 2018, en relación con el predio identificado con la dirección: K 1 No. 6B – 60,
con matrícula inmobiliaria No. 080-046547 y con referencia catastral No. 01-01-0217-001-000.
SEGUNDA: Que se declare que la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. no
adeuda ningún valor por concepto del Impuesto Predial del año 2018 ni del año 2017 ni por
los años anteriores, con fundamento en el hecho de que la Sociedad Portuaria Regional de
Santa Marta S.A. no es ni puede ser sujeto pasivo del impuesto predial en su calidad de
concesionaria, por cuanto no surge el hecho generador del impuesto predial en relación con
las áreas objeto del contrato de concesión.
TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, y a título de
restablecimiento del derecho, se le condene a (sic) Alcaldía de Santa Marta – Secretaría de
Hacienda Distrital de Santa Marta a reembolsar cualquier suma de dinero que la Sociedad
Portuaria Regional de Santa Marta S.A. haya debido cancelar a la entidad demandada como
consecuencia de los actos demandados, debidamente actualizada de acuerdo con la variación
del índice de precios al consumidor desde la fecha en que haya realizado los pagos y hasta la
fecha en que la entidad demandada los reembolse y con los intereses legales liquidados desde
la fecha en que se hayan cancelado dichas sumas y hasta que la entidad las restituya.
CUARTA: Que se declare que el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS es el sujeto pasivo
responsable del pago del impuesto predial correspondiente al predio identificado con la
dirección: K 1 No. 6B – 60, con matrícula inmobiliaria No. 080-046547 y con referencia
catastral No. 01-01-0217-001-000 y se remita el Recibo Oficial de Pago No. 2018000651(sic)
a dicha entidad para que proceda a realizar el pago que corresponda.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 23,
parágrafo 2, de la Ley 1450 de 2011; 177 de la Ley 1607 de 2012 (modificatorio del
artículo 54 de la Ley 1430 de 2012) y 13 del Estatuto Tributario de Santa Marta. El
concepto de nulidad se resume de la siguiente manera:
La actora afirmó que la Secretaría de Hacienda Distrital de Santa Marta al expedir
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los actos demandados que liquidaron a su cargo el impuesto predial por los períodos
2017 y 2018 respecto del predio objeto de demanda, no se percataron que por
tratarse de un puerto marítimo, catalogado como bien de uso público, no estaba
sujeto al pago de dicho tributo, salvo las áreas ocupadas por establecimientos
mercantiles dentro de las áreas objeto del contrato de concesión, para lo cual citó
el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012.
Sostuvo que al exigir la Administración el cobro del impuesto predial sobre la
totalidad del bien de uso público, y no solamente sobre aquellas áreas que la
sociedad estaba utilizando para la explotación comercial con establecimiento de
comercio, los actos demandados vulneraban los artículos 23 parágrafo 2 de la Ley
1450 de 2011; 177 de la Ley 1607 de 2012 y 13 del Estatuto Tributario de Santa
Marta5.
Señaló igualmente que los actos acusados estaban falsamente motivados como
quiera que, no era cierto que la totalidad ni parte del inmueble específico entregado
en concesión estuviere siendo utilizada por la SPRSM para la explotación comercial
con establecimientos de comercio de su propiedad, razón por la cual no había
ejecutado el hecho generador del impuesto predial para bienes de uso público. Para
el efecto adjuntó como prueba un plano topográfico en el que identifica el inmueble
objeto de las pretensiones dentro de las áreas otorgadas en concesión.
Oposición de la demanda
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta controvirtió las
pretensiones de la demanda en los siguientes términos (fls.83 a 98):
Afirmó que no existen daños antijurídicos a reparar, por cuanto el Oficio Nro. 00229
de 2018 sólo remite la facturación correspondiente al impuesto predial para la
vigencia 2017, pero en ningún momento se inició proceso de cobro coactivo ni
persuasivo, ya que por el año 2017 el INVIAS había cancelado el impuesto predial
sobre el predio objeto de discusión, razón por la cual carecía de fundamento fáctico
y jurídico las pretensiones relacionadas con dicho período.
Explicó que el Distrito como sujeto activo del impuesto predial estaba sujeto a la
información que al respecto le suministrara el Instituto Agustín Codazzi (en adelante
IGAC) y, en tal sentido, la información que dicha entidad entregó sobre el lote en
cuestión fue que su uso era comercial y de servicio, razón por la cual no era
aceptable el argumento de la actora según el cual por tratarse de un bien de uso
público el predio estuviera exento del impuesto predial.
Sumado a lo anterior, señaló que el artículo 14 del Acuerdo Nro. 004 del 2016
estableció que la base gravable del impuesto en cuestión correspondía al avalúo
catastral determinado por el IGAC, de tal suerte que no le correspondía al Distrito
entrar a medir o definir las áreas que según el criterio de la actora debían quedar
exentas, por el contrario, ello era una labor de actualización de la información que
debió desarrollar la interesada.
Indicó que tampoco era de recibo que 25 años después de haber celebrado el
contrato de concesión, la actora considerara que el predio tenía un uso distinto y
por ende estaba exento del impuesto, atribuyendo supuestas fallas en las
5 Al respecto citó la sentencia del 25 de mayo de 2017, exp. 2011-00192-01, C.P. Milton Chaves García.
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actuaciones del ente territorial, pues la información que entregó el IGAC fue la de
un lote de terreno con una extensión y un uso determinados, sobre los cuales realizó
el respectivo cobro de manera pacífica, sin que fuera de su competencia entrar a
dirimir conflictos que eventualmente se presentaran entre las partes involucradas
en el contrato de concesión.
Afirmó que el Oficio Nro. 00229 del 1 de febrero de 2018 no estaba falsamente
motivado, toda vez que solo se trataba de un acto de trámite que no hizo otra cosa
que remitir a la demandante el recibo de pago, en atención a la solicitud que en tal
sentido había recibido de parte de INVIAS. Señaló que este mismo argumento
resultaba aplicable al recibo oficial de pago que se le envió a la actora, el cual solo
contenía la información que reposaba en el IGAC sobre el predio, la cual debía ser
actualizada por la interesada, de tal suerte que, en el evento de no estar actualizada,
era responsabilidad única y exclusivamente de la demandante y del INVIAS solicitar
dicha actualización y no del Distrito.
Agregó que en el evento que prosperara la nulidad del recibo oficial de pago, era
claro que se estaba ante una evidente falta de integración del litis consorcio
necesario, comoquiera que el IGAC es el único responsable por la información allí
consignada.
Reiteró que el Distrito lo único que había hecho en relación con el impuesto predial
del inmueble en cuestión, fue remitir la facturación del año 2017 a la demandante,
atendiendo la instrucción del INVIAS, sin adelantar cobro alguno a la demandante.
Afirmó que, a la fecha de presentación de la demanda, la SPRSM no había pagado
suma alguna por tal concepto y, en esa medida, no existía ningún derecho cuyo
restablecimiento pudiera solicitar la actora ni mucho menos daño que reparar.
Propuso como excepción de mérito la de inepta demanda por inexistencia de la
violación normativa, falta de sustento jurídico de las pretensiones y por falta de daño
antijurídico, lo que sustentó en que no existían razones suficientes para trabar el
presente litigio en contra del Distrito de Santa Marta, agregando que en ningún
momento se había declarado de manera formal a la demandante como sujeto pasivo
del impuesto predial unificado respecto del predio objeto de discusión.
En relación con el argumento de la demandante respecto de que no procedía el
cobro del impuesto predial por tratarse de un bien de uso público, señaló que, de
acuerdo con la información del inmueble, tal conclusión no era tan evidente como
pretendía hacerlo ver la actora, y citó la sentencia del 25 de mayo de 2017
(exp.21973, C.P. Milton Chaves García), que también fue reseñada por la actora,
para indicar que es de total relevancia para efectos de cobrar el impuesto predial de
bienes fiscales o de uso público la realidad física del inmueble, en cuanto al uso que
le estén dando los particulares.
Reiteró que en el recibo oficial de pago remitido a la sociedad claramente se
observaba que el destino del inmueble en cuestión era de uso comercial y de
servicios con fundamento en la información suministrada por el IGAC, a la cual
debía sujetarse el Distrito.
Finalmente, propuso excepción de mérito innominada, que argumentaría llegado el
caso.
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El INVIAS también se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en
los siguientes argumentos6.
1. El inmueble en discusión es de uso público explotado por la demandante
a través de un contrato de concesión y, por lo tanto, es el sujeto pasivo
del impuesto predial.
Sostuvo que el inmueble objeto de la presente demandada es de uso público (según
lo indicado en varios apartes del contrato de concesión Nro. 006 de 1993 que cita
la demandada) y que fue entregado a la actora para su explotación mediante un
contrato de concesión, razón por la cual el impuesto predial debía ser pagado única
y exclusivamente por la SPRSM, por ser el sujeto pasivo del impuesto, por
disposición expresa de la ley y en virtud del otrosí Nro. 006 del contrato de
concesión, en el que se determinó que el riesgo tributario del predio estaría en
cabeza del concesionario.
2. Los bienes de uso público, no cambian su condición de uso público por
haberse entregado en concesión.
Afirmó que la condición de bien de uso público que ostenta el predio en cuestión no
varía por el hecho de haberse entregado en concesión a un particular, lo cual
encontraba sustento en la sentencia del Consejo de Estado del 25 de mayo de 2017
(exp.21973, C.P. Milton Chaves García). Mencionó entonces que, si el Distrito lo ha
gravado con el impuesto predial siendo este un bien de uso público, el único
obligado como sujeto pasivo de dicho impuesto es el concesionario.
3. Violación el principio de legalidad si se llegase a determinar el impuesto
en cabeza de INVIAS por indebida determinación del sujeto pasivo en una
entidad pública a pesar de tratarse de bienes de uso público
concesionados.
Manifestó que de aceptarse la pretensión de la demandante de que sea INVIAS
quien pague el impuesto predial del inmueble, se violaría el principio de legalidad,
para lo cual insistió en que de conformidad con las Leyes 768 de 2002, 1430 de
2010, 1607 de 2012 y 1617 de 2013, el sujeto pasivo del tributo en cuestión es el
particular que se encuentre explotando económicamente el bien concesionado7.
Agregó también que el legislador podía modificar los elementos de un tributo sin
contradecir la constitución, y sin importar la posibilidad de que se presente un
desequilibrio contractual, tema que, en todo caso, debía ser resuelto por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa en materia de contratos estatales, donde el
demandante debe probar además otros aspectos. Concluyó que la Secretaría de
Hacienda no podía actuar de otra forma a como lo hizo al expedir las facturas que
se cuestionan en la presente demanda.
4. El hecho que INVIAS haya pagado el impuesto predial sobre el inmueble
no significa que no tenga derecho a que se le reembolse el pago de lo no
debido y a que se cobre al único obligado como lo es el concesionario.
Explicó que desde que INVIAS recibió el predio por parte del Ministerio de
6 Fls.1 a 16 del cuaderno contestación demanda.
7 También citó las sentencias de constitucionalidad C-183 de 2003, C-822 del 2011, C-903 de 2011 y C-304
de 2012.
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Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
Transporte, con el fin de detentar su propiedad a nombre de la Nación, pagó el
impuesto predial del inmueble ubicado en el Puerto de Santa Marta, sin que esto
genere ningún derecho al concesionario ni ninguna obligación a INVIAS. Aclaró
además que la entidad pagó la obligación hasta el año 2017, año a partir del cual
se replanteó el tema del pago como consecuencia de un concepto del Ministerio de
Transporte, y buscó el reembolso de lo pagado en vigencias anteriores.
5. El concesionario como único obligado a pagar el impuesto predial debe
reembolsar al INVIAS lo que pago sin estar obligado a ello.
Insistió en que el único obligado a pagar el impuesto que se debate siempre ha sido
el concesionario, por lo tanto, es este quien tiene la obligación de reembolsar al
INVIAS lo que ha pagado por ese concepto, debiendo cancelar también las
vigencias 2018 y siguientes.
Demanda de reconvención
INVIAS, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), presentó demanda de
reconvención contra la SPRSM y formuló las siguientes pretensiones8:
“PRIMERA: Se declare que la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., en su calidad
de concesionaria del bien de uso público ubicado en Santa Marta en la dirección: k 1 no. 6b –
60, con matrícula inmobiliaria no. 080-046547 y con referencia catastral no. 01-01-0217-0001-
000 es la única responsable del Impuesto Predial Unificado sobre dicho inmueble y desde el
momento de entrar en vigencia la ley 768 del 2002.
SEGUNDA: Se declare que la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., en su calidad
de concesionaria del bien de uso público ubicado en Santa Marta en la dirección: k 1 no. 6b –
60, con matrícula inmobiliaria no. 080-046547 y con referencia catastral no. 01-01-0217-0001-
000 es la única responsable de las contribuciones de valorización sobre dicho inmueble y
desde el momento de entrar en vigencia la ley 768 del 2002.
TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se condene a la Sociedad Portuaria
Regional de Santa Marta S.A., a reembolsar al Instituto Nacional de Vías-INVIAS- los valores
que el Instituto pagó por la vigencia fiscal 2017, por Impuesto Predial Unificado por el bien
de uso público ubicado en Santa Marta en la dirección: k 1 no. 6b – 60, con matrícula
inmobiliaria no. 080-046547 y con referencia catastral no. 01-01-0217-0001-000.
CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior se condene a la Sociedad Portuaria
Regional de Santa Marta S.A., a reembolsar al Instituto Nacional de Vías-INVIAS- los valores
que el Instituto pagó por la vigencia fiscal 2017, por contribuciones de valorización por el bien
de uso público ubicado en Santa Marta en la dirección: k 1 no. 6b – 60, con matrícula
inmobiliaria no. 080-046547 y con referencia catastral no. 01-01-0217-0001-000.
QUINTA: Que los valores señalados en las pretensiones tercera y cuarta se actualicen a la
fecha de la sentencia.
SEXTA: Que se ejecute la sentencia en los términos señalados por el Capítulo VI del Título V
del CPACA.
SEPTIMA: Que se condene en costas a la entidad demandada.”
Para los anteriores efectos invocó como normas violadas los artículos 4, 29, 287 y
338 de la Constitución Política; 674 del Código Civil; 166 y 167 del Decreto Ley 2324
de 1984; 5 de la Ley 1 de 1991; 6 numeral 2 de la Ley 768 de 2002; 23 de la Ley
1450 de 2011; 177 de la Ley 1607 de 2013 y 26 numeral 3 de la Ley 1617 de 2013.
8 Fls.486 a 487 del cuaderno de la demanda de reconvención, subsanación de la demanda.
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Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
Los aspectos fácticos y el concepto de violación se resumen de la siguiente manera.
Señaló que en el Distrito de Santa Marta existe el Puerto de Santa Marta del cual
hace parte el inmueble ubicado en la K 1 Nro. 6B-60, que es objeto del presente
proceso, y que fue entregado en concesión a la SPRSM mediante contrato Nro. 006
de 1993. Dicho contrato fue objeto del Otrosí Nro. 006 del 30 de mayo de 2008, que
en su cláusula decimocuarta determinó que el concesionario asumiría el riesgo
tributario del predio.
Indicó que mediante el Decreto 1800 del 2003 se creó el Instituto Nacional de
Concesiones INCO, al que se le cedieron todos los contratos de concesión
existentes sobre la infraestructura de transporte, entre ellos el descrito
anteriormente. A su vez, que mediante concepto con radicado Nro. 01694-00 del 23
de noviembre de 2005, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
señaló que le correspondía al INVIAS registrar contablemente como un activo el
valor de la infraestructura vial que estuviere concesionada a la fecha de iniciación
de la vigencia del Decreto Ley 1800 de 2003.
En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Transporte transfirió al INVIAS el
predio objeto de discusión mediante la Resolución Nro. 005729 del 19 de diciembre
de 2017. Posteriormente, por orden del Decreto 4165 del 2001 fueron cedidas todas
las obligaciones y derechos que tenía el INCO a la Agencia Nacional de Tierras ANI,
entre ellas el contrato de concesión Nro. 006 de 1993 en calidad de contratante,
calidad que ostenta hasta la presentación de la presente demanda de reconvención.
Afirmó que, por mandato de la Ley 768 de 2002, la Ley 1430 de 2010 y la Ley 1607
de 2012, el inmueble cedido a la SPRSM es un bien de uso público que fue
entregado en concesión a dicha sociedad, por lo tanto, el impuesto predial y la
contribución de valorización que se liquiden sobre el mismo, debían ser pagados
únicamente por la SPRSM, al ser el sujeto pasivo por designación exclusiva de la
ley. Sumado a esto, indicó que el INVIAS no era la entidad encargada de explotar
el predio, ni tampoco tenía establecimiento de comercio alguno allí, sin embargo,
que pagó el impuesto predial desde la transferencia de la propiedad que le hizo el
Ministerio de Transporte, esto es, desde el 2013 hasta el 2017, por lo que tenía
derecho a que el concesionario le restituyera todos esos pagos.
Sostuvo que, cuando INVIAS pagó el impuesto predial por el cobro que el Distrito le
venía haciendo, desconocía el marco normativo y jurisprudencial desarrollado
desde el 2002, donde se ha precisado que los bienes de uso público, como el predio
en cuestión, solo pueden ser gravados con el impuesto predial cuando sean
explotados por particulares, siendo a su vez éstos los obligados a pagar el tributo y
no el propietario, como lo pretendía el concesionario al no pagar las vigencias 2013
a 2017 y solicitar además que el período 2018 lo pague INVIAS, que es un
establecimiento público que no explota el inmueble.
Oposición demanda de reconvención
La SPRSM controvirtió las pretensiones de la demanda de reconvención, conforme
se resume a continuación (fls.535 a 548 cdr).
1. Los pagos realizados por el INVIAS se hicieron al Distrito en virtud de
actos administrativos que hacían responsable del pago a dicha entidad,
los cuales nunca fueron atacados por el INVIAS.
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Radicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
Adujo que los pagos que el INVIAS efectuó por concepto de impuesto predial
respecto del bien objeto de la presente demanda tuvieron como causa actos
administrativos que gozan de presunción de legalidad, en la medida en que nunca
fueron controvertidos por esa entidad y respecto de los cuales operó la caducidad,
esto último en razón a que transcurrieron más de 4 meses desde que se le
notificaron sin interponer acción legal. De igual manera señaló que el INVIAS tenía
una acción para reclamar la devolución de lo pagado, no obstante, también la dejó
caducar. Sumado a esto, los pagos se realizaron a favor del Distrito de Santa Marta
y no a la SPRSM, razón que evidencia que si existió un desplazamiento patrimonial
del INVIAS el mismo no fue hacía o en favor de la sociedad.
2. La SPRSM no es el sujeto pasivo responsable ni realizó el hecho
generador.
Precisó que el predio objeto de discusión al no estar incluido en los bienes que
señala el artículo 166 del Decreto 2324 de 1984 no se considera bien de uso público,
razón por la cual es un bien fiscal, el cual, a diferencia del primero, el Estado detenta
el derecho de dominio como si se tratase de un bien privado. Bajo esa perspectiva,
consideró que la regla general es que el sujeto pasivo responsable del impuesto
predial es el propietario y/o el poseedor del inmueble, según lo señala el artículo 13
del Estatuto Tributario del Distrito de Santa Marta, vigente para la época de los
pagos que el INVIAS solicita le sean devueltos.
Afirmó que el contrato de concesión de ninguna manera le otorgaba a la SPRSM el
carácter de poseedora del inmueble, por el contrario, solo adquiría la tenencia de
los bienes que le fueron entregados en razón de esa concesión, además, de que en
el contrato claramente se reconoció a la administración como la propietaria del
mismo, y la obligación de la SPRSM de devolver el predio una vez finalizara la
concesión. Por tanto, el sujeto pasivo del tributo era el propietario del inmueble, esto
es, el INVIAS.
Sostuvo que la Nación, a través del INVIAS, había recibido sumas importantes de
dinero por el uso del inmueble, sin embargo, ahora pretendía sustraerse de su
obligación de pagar el impuesto predial que le correspondía en calidad de
propietaria y/o poseedora.
Sostuvo que, sí se tratara de un bien de uso público, en virtud del parágrafo 2 del
artículo 23 de la ley 1450 de 2011, el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo
13 del Estatuto Tributario de Santa Marta, la SPRSM solamente podría ser
responsable del impuesto predial sobre aquellas áreas que estuviere utilizando para
la explotación comercial a través de establecimientos mercantiles, y no sobre la
totalidad del inmueble. Además, en virtud de las normas mencionadas, la base
gravable sería diferente, para arrendatarios, usufructuarios o tenedores a cualquier
título.
3. La Ley 768 de 2002 no es quien define si la SPRSM es sujeto pasivo del
impuesto predial y la contribución de valorización.
Afirmó que era errado que el INVIAS señalara que, a partir de la Ley 768 de 2002
se puede concluir que el sujeto pasivo del impuesto predial del bien inmueble en
cuestión fuera la SPRSM, pues si bien dicha norma permitió gravar las
construcciones, edificaciones o mejoras sobre bienes de uso público, no era lo
mismo señalar que la totalidad del bien estuviere sujeto al impuesto.
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Además, precisó que “existe una regla de competencia que faculta al Concejo Distrital para
gravar a los concesionarios, pero la mera existencia de esa regla no implica necesariamente que los
concesionarios se entiendan gravados con fundamento en la Ley.” Por el contrario, para que
efectivamente exista el gravamen debía expedirse el acuerdo que lo estableciera,
cuestión que en su concepto no sucedió. Tampoco era cierto que el concesionario
debiera responder por la totalidad del impuesto predial, como de forma arbitraria
afirmaba el INVIAS, toda vez que la Ley 768 de 2002 solamente señaló que se
gravarían únicamente las construcciones, edificaciones o mejoras sobre el bien de
uso público y no la totalidad del bien.
Propuso como excepciones previas i) la falta de legitimación en la causa por pasiva,
en la medida que el INVIAS atacaba los actos administrativos que le ordenaron
pagar el impuesto predial y la contribución parafiscal, por lo que la responsabilidad
pretendida encontraba su fuente en decisiones que no fueron expedidas por la
sociedad, por ser un particular; y ii) la caducidad frente a la pretensión primera y
segunda de la demanda de reconvención, toda vez que señalaban a la SPRSM
como la responsable del pago del impuesto predial desde el momento en que entró
en vigencia la Ley 768 de 2002, es decir, a hechos que ocurrieron hacía más de 2
años contados desde la fecha en que se presentó la reconvención.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Magdalena, negó las pretensiones de las partes con
fundamento en lo siguiente9:
1. De la excepción de ineptitud de la demanda interpuesta por el Distrito de
Santa Marta, porque los actos demandados no son susceptibles de
control judicial.
Precisó que los actos acusados eran verdaderas decisiones administrativas
proferidas en ejercicio de una función pública, a través de las cuales se creó una
situación particular a cargo de la actora, como fue la de determinar que el impuesto
predial correspondiente a las vigencias 2017 y 2018, respecto del inmueble objeto
de demanda, le correspondía pagarlo a la SPRSM, razón por la cual señaló que los
mismos si eran susceptibles de control judicial.
Sumado a lo anterior, indicó que el ente territorial no modificó la decisión objeto de
estudio pese a que la demandante decidió devolver a la Secretaría de Hacienda
Distrital el recibo de pago con el argumento que no era el sujeto responsable del
pago del impuesto, lo que quería decir que el oficio Nro.00229 demandado se
encontraba vigente y surtiendo plenos efectos jurídicos, por lo que la interesada
podía solicitar su nulidad y el restablecimiento del derecho o reparación del daño,
como en efecto ocurrió.
Sostuvo que de conformidad con el artículo 342 del Acuerdo Nro. 004 del 19 de
marzo de 2016, la liquidación del impuesto predial en el Distrito de Santa Marta se
hacía mediante el sistema de facturación, y que precisamente dicha entidad dio a
conocer la obligación tributaria a través de la factura o recibo de pago oficial Nro.
201800006851, por lo que la sociedad actora podía optar por demandarlo
directamente sin la expedición de un acto administrativo adicional que exigiera el
pago de la obligación.
9 Índice 2 de Samai. “EXPEDIENTE DIGITAL”/“ED_SENTENCIA_53SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf)
NroActua2”.
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Indicó que el recibo de pago en cuestión cumplía con la identificación del bien objeto
de impuesto y los conceptos que permitían calcular el monto de la obligación, no
obstante, si bien se presentó un error de digitación al momento de identificar el
propietario del inmueble (EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA TERMI, en lugar
de SPRSM), ello no era óbice para no tratarlo como un acto administrativo, más aún
si se tenía en cuenta que el impuesto predial era un gravamen de tipo real que
recaía sobre el valor de los inmuebles sin consideración a la calidad de sujeto
pasivo.
Con base en lo anterior declaró como no probada la excepción de inepta demanda
por inexistencia de acto pasible de control jurisdiccional, advirtiendo además que
ese medio exceptivo tampoco se estructuraba por falta de requisitos formales como
los fundamentos de derecho de las pretensiones, normas violadas y concepto de su
violación, comoquiera que la demanda cumplió con tales presupuestos.
2. De las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho de la
demanda interpuesta por la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta.
2.1. El inmueble sobre el cual recae el impuesto predial unificado y su
naturaleza jurídica.
Luego de hacer alusión a la diferencia que existe entre los bienes de uso público y
los bienes fiscales, así como a las normas vigentes al respecto, explicó que el predio
objeto de estudio obtenido en concesión por la actora a través del contrato Nro. 006
de 1993 era un bien de uso público. Precisó que, como lo indicaba la cláusula
segunda del contrato, se le otorgó a la SPRSM el derecho a ocupar y utilizar las
playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellos, donde opera el
puerto de Santa Marta, que es de servicio público, habilitado para el comercio
exterior y prestar servicio a toda clase de carga. Que si bien en la anotación Nro. 4
del certificado de tradición de matrícula inmobiliaria de dicho bien aparecía que el
Ministerio de Transporte transfirió al INVÍAS el dominio de “bienes fiscales”, esa simple
descripción formal no podía modificar la naturaleza jurídica del predio, toda vez que
para determinar esto debía tenerse en cuenta su finalidad, afectación o destino
jurídico, máxime cuando de una lectura a la resolución que originó tal anotación
(Resolución Nro. 005729 de diciembre 19 de 2007) se llegaba a la conclusión que
dicha descripción fue un desatino de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Santa Marta.
Señaló que tampoco determinaba la naturaleza del inmueble la información que
sobre el particular reportó el IGAC al Distrito, que indicaba que el destino del
inmueble era comercial, comoquiera que sobre los bienes de uso público se permitía
el uso especial o diferente por parte de la administración, a través del otorgamiento
de concesiones o permisos de ocupación temporal, lo cual no modificaba el carácter
público de esa clase de bienes.
2.2. Posibilidad de gravar los bienes de uso público con el impuesto predial
unificado.
Sostuvo que de conformidad con los artículos 6 numeral 3 de la Ley 768 de 2002 y
26 numeral 3 de la Ley 1607 de 2013, los concejos de los Distritos Especiales como
Santa Marta tenían la facultad de gravar con el impuesto predial las construcciones,
edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre bienes de uso público de la Nación
cuando estuvieren en manos de los particulares, siendo estos los únicos
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responsables del tributo. A su vez que, acorde con el artículo 54 de la Ley 1430 de
2010, serían sujetos pasivos del impuesto predial y valorización, entre otros, los
tenedores de inmuebles públicos a título de concesión.
Indicó que, según el precedente del Consejo de Estado al interpretar las anteriores
disposiciones, los bienes de uso público explotados económicamente por terceros,
en las condiciones que dispone la ley, son objeto de imposición del impuesto predial,
independiente de que estos sean de la Nación, los distritos, departamentos o
municipios, y que son sujetos pasivos los terceros que se encarguen de su
explotación10.
2.3. El sujeto pasivo del impuesto predial unificado en el caso concreto.
Afirmó que de conformidad con los artículos 10 a 13 del Acuerdo Nro. 004 de 2016
(normativa local vigente a la fecha en que fueron expedidos los actos acusados), en
el Distrito de Santa Marta eran sujetos pasivos del impuesto predial los tenedores a
título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que
se hiciere mediante establecimiento mercantil, dentro de las áreas objeto del
contrato de concesión correspondiente a puertos marítimos11.
Manifestó que si bien la SPRSM en calidad de concesionaria del puerto marítimo de
Santa Marta afirmó que los actos demandados estaban falsamente motivados,
porque el predio no estaba siendo explotado económicamente a través de
establecimientos de comercio, en el expediente se pudo probar a través de
información suministrada por la ANI que el inmueble objeto de litigio, en efecto,
hacía parte de los bienes de uso público entregados en concesión, por tanto, para
el período comprendido desde el mes de enero de 2017 y todo el año 2018, la
demandante seguía vinculada al contrato de concesión portuaria en cuestión.
Además, que, frente al argumento de que no existía un establecimiento de comercio
asociado al inmueble específico, lo relevante en este caso era verificar si el
concesionario explotaba económicamente el bien.
El Tribunal indicó que la anterior interpretación se extraía de lo analizado por el
Consejo de Estado, citando la sentencia del 9 de marzo de 2017 (exp.19850, C.P.
Stella Jeannette Carvajal) para llegar a la conclusión de que se encuentran
gravados con el impuesto predial unificado los bienes de uso público que sean
explotados económicamente por terceros en las condiciones que dispone la ley (ya
sea que se encuentren en concesión y/o estén ocupados por establecimientos
mercantiles en los términos del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificada por
la Ley 1607 de 2012), y que son esos terceros quienes los explotan
económicamente los sujetos pasivos del tributo.
Seguidamente adujo que la explotación económica del bien inmueble por parte de
la actora se deducía, entre otros factores, por, la naturaleza del contrato suscrito
con el Estado, el objeto social de la SPRSM que reposaba en el certificado de
existencia y representación de la Cámara de Comercio, las actividades portuarias
que llevaba a cabo y los pagos que realizaba por concepto de recaudo portuario.
Indicó que por las anteriores razones no podía negarse la condición de sujeto pasivo
del gravamen en cuestión de la SPRSM, con lo cual se encontraba probado que los
actos demandados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico.
10 Al respecto citó la sentencia del 24 de octubre de 2013, exp.18394, C.P. Hugo Fernando Bastidas y del 29
de abril de 2021, exp.24138, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11 Sentencia dictada dentro del expediente 19850, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Por lo anterior no prosperaron las pretensiones de la demanda.
3. Del estudio de la pretensión de enriquecimiento sin justa causa
promovida por INVIAS en contra de la actora en la demanda de
reconvención.
Aclaró que en este caso la acción procedente para que el INVIAS solicitara el
reembolso de los valores que pagó por impuesto predial por el bien en discusión por
el año 2017, era la de reparación directa y, que en este caso debía tenerse como
presentada la misma dentro de los 2 años contados a partir del día siguiente en que
se efectuó el pago, razón por la cual no estaba llamada a prosperar la excepción de
caducidad propuesta por la SPRSM al respecto.
No obstante, el Tribunal negó la pretensión de enriquecimiento sin justa causa, en
la medida que para su procedencia se requiere la existencia de un aumento del
patrimonio a cargo de la parte favorecida (que el INVIAS señaló ser la SPRSM) y, a
su vez, una disminución de capital de la parte afectada, y en este caso no se podía
predicar una relación inmediata entre las partes, comoquiera que el pago del tributo
no se hizo al concesionario sino directamente al Distrito, sujeto frente al cual no se
dirigió la pretensión de enriquecimiento sin justa causa.
Adicionalmente, con el ejercicio de la pretensión se desconocía el procedimiento
indicado en el ordenamiento jurídico para solicitar el pago de lo no debido, en los
términos previstos en el artículo 850 del Estatuto Tributario, de tal suerte que el
empobrecido tenía la alternativa de ventilar su situación ante la administración, y en
caso de no prosperar podría demandada la legalidad del acto administrativo que se
lo negara.
No condenó en costas por no encontrarlas probadas en el proceso.
Recurso de apelación
Tanto la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. –SPRSM- como INVIAS
apelaron la decisión de primera instancia por lo que pasa a exponerse 12
SPRSM fundamentó su recurso de apelación en lo siguiente:
1. No es cierto que el inmueble objeto del tributo sea un bien de uso público.
Afirmó que, según la cláusula segunda del contrato de concesión, los bienes de uso
público entregados a la SPRSM son las playas y zonas de bajamar que se
encuentran en unos determinados linderos y en donde se encuentran los muelles 1
a 6, roll on y roll off y la zona frente al sector Ancón y al patio 4. Precisó que bajo
esa misma cláusula la longitud de la zona de playa y terrenos de bajamar eran de
1.373 metros, mientras que el inmueble objeto del proceso tenía 175.133 metros
cuadrados.
Indicó que la precisión realizada en la cláusula segunda del contrato 006, en el
sentido que los bienes de uso público que fueron entregados en concesión son sólo
los que se encontraran en playas y zonas de bajamar, estaba en concordancia con
el artículo 166 del Decreto 2324 del 1984, que dispone que las playas, los terrenos
de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público, pero que de acuerdo
con los linderos, ubicación y áreas indicadas en la cláusula segunda del contrato de
12 Índice 2 de Sama. “EXPEDIENTE DIGITAL”
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concesión, no todo el predio se encuentra dentro de terrenos de playa y/o bajamar.
Señaló que las pruebas que desconoció el Tribunal, bajo el argumento que sería
demasiado formalista, demuestran que el predio objeto de litigio es un bien fiscal, y
que dichas pruebas consistieron en: i) el certificado de libertad y tradición del
inmueble en el que figura expresamente en la Anotación Nro. 4 “TRANSFERENCIA DE
DOMINIO DE BIENES FISCALES”; ii) la Resolución Nro. 0057729 de 2007 en la que el
Ministerio de Transporte transfiere el derecho de dominio y la posesión real,
material, pacífica e ininterrumpida que ejercía sobre el predio en cuestión; iii) el
testimonio del señor Luis Carlos Buelvas Sánchez, quien indicó que el bien era de
uso fiscal y iv) el oficio del IGAC que señala que el predio es de uso comercial y que
el INVIAS nunca señaló otro uso distinto.
Reprochó que el Tribunal le diera valor probatorio únicamente a la afirmación de la
ANI, según la cual el predio objeto del proceso es un bien de uso público porque en
el documento remitido por dicha entidad se indica que dentro de los bienes de uso
público que le entregaron en concesión a la SPRSM se encontraba el mismo, lo que
no corresponde a la realidad, descartando a su vez documentos expedidos por
terceros y los testimonios que obran en el expediente y dan cuenta que el bien es
fiscal en su totalidad o al menos en su gran mayoría.
2. Aunque el bien fuese de uso público, no es cierto que la SPRSM sea
sujeto pasivo y haya realizado el hecho generador del tributo.
Adujo que según el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 13 del Acuerdo
Nro. 004 de 2016 del Distrito de Santa Marta, la regla general es que los bienes de
uso público están excluidos del impuesto predial y la excepción es que solamente
las áreas de esos bienes de uso público que estén siendo ocupadas por
establecimientos mercantiles pueden gravarse con el impuesto predial.
Reprochó que la sentencia de primera instancia indicara que es suficiente la
explotación económica sin que fuera necesario que la misma se hiciera mediante
un establecimiento de comercio, lo cual no correspondía a la realidad, puesto que
el Consejo de Estado en sentencia del 25 de mayo de 2017 señaló que se podía
gravar con el impuesto predial sólo las áreas comerciales dentro de las áreas objeto
del contrato de concesión, postura que además guardaba concordancia con la
exposición de motivos del mentado artículo 177 de la Ley 1607, en donde resaltó
los apartes que indicaban que se “propone circunscribir el sujeto pasivo únicamente a los
tenedores de las áreas sujetas a explotación o aprovechamiento comercial en las áreas dadas en
concesión correspondientes a puertos aéreos o marítimos”.
Afirmó que, no era cierto que la totalidad del bien objeto de discusión fuera de uso
público, sino que gran parte del mismo era un bien fiscal y, en todo caso, en el
expediente no aparecía probado que la SPRSM estuviere explotando ese inmueble
con un establecimiento de comercio, motivo por el cual no era el sujeto pasivo del
impuesto predial.
Que incluso bajo la errónea tesis del Tribunal según la cual la ley no exigía que la
explotación se hiciera con un establecimiento de comercio, lo cual no era cierto, era
importante que en esta instancia se precisara que el tercero que podía ser
responsable del tributo no necesariamente era la SPRSM, sino aquellos tenedores
a título de arrendamiento, uso, usufructo y otra forma de explotación comercial que
se hiciere mediante establecimiento comercial dentro de las áreas objeto del
contrato de concesión.
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De manera que, comoquiera que la tenencia de los bienes de uso público
concesionados podía estar en cabeza de sociedades o personas distintas a la
SPRSM en virtud de esos tipos de contratos o relaciones comerciales, era
importante que se aclarara el sujeto pasivo.
El INVIAS también apeló la sentencia de primera instancia en la parte que negó sus
pretensiones de la demanda de reconvención, por lo siguiente:
Insistió que en este caso se configuró un enriquecimiento sin justa causa en contra
del INVIAS y a favor de la SPRSM, por cuanto ésta en su calidad del sujeto pasivo
del impuesto predial se benefició de los pagos del tributo realizado por la entidad
sobre el inmueble, razón por la cual surgía la obligación a cargo de la sociedad de
devolver el pago del impuesto predial de la vigencia 2017 pretendida en la demanda
de reconvención.
Oposición a las apelaciones
La parte demandante SPRSM (índice 9 Samai) se opuso al recurso de apelación
presentado por el INVIAS por lo siguiente:
1. Falta de legitimación en la causa por pasiva.
Que la acción presentada por el INVIAS en realidad se trataba de una nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Distrito de Santa Marta, puesto que de
una lectura al escrito de demanda de reconvención se podía apreciar la entidad
consideraba que los actos que liquidaron el impuesto predial no se ajustaban a una
serie de normas, es decir, que estaban falsamente motivados.
Precisó que como el INVIAS atacaba la legalidad de los actos que liquidaron el
impuesto predial, no era posible endilgar responsabilidad alguna a la SPRSM,
comoquiera que no fue la que expidió las decisiones administrativas por tratarse de
un particular, razón por la que no estaba legitimada en la causa por pasiva.
2. Caducidad.
Sostuvo que los hechos a que se refirieron las pretensiones de la demanda de
reconvención presentada por el INVIAS ocurrieron hacía más de 2 años al momento
de su presentación, por tanto, frente a estos ocurrió el fenómeno de la caducidad.
3. Los pagos realizados por INVIAS en virtud de los actos administrativos
emitidos por el Distrito, no fueron atacados por el INVIAS, por tanto no
cumplen los requisitos de la acción de enriquecimiento sin justa causa.
Sostuvo que en este caso no se cumplían los requisitos de la “actio in rem verso” toda
vez que el INVIAS desconoció que i) sí existió una causa que generó su obligación
de pagar, como lo fueron los actos administrativos que en su momento expidió el
Distrito y que le ordenaron al INVIAS pagar el impuesto; ii) la entidad tenía una
acción que le permitía exigir la restitución de las sumas pagadas pero que dejó
caducar; iii) el desplazamiento patrimonial no fue hacía la SPRSM y v) existen
normas imperativas que establecen a cargo del INVIAS la obligación de pagar el
impuesto predial y la contribución de valorización.
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3.1. El INVIAS tenía una acción para atacar los actos administrativos que son
la causa de los pagos que pretende le sean restituidos por una “actio in
rem verso”.
Manifestó que los pagos efectuados por el INVIAS por concepto de predial tuvieron
como causa unos actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, en
la medida que nunca fueron controvertidos por esa entidad y operó la caducidad,
puesto que transcurrieron más de 4 meses desde que se le notificaron sin que la
entidad hubiera interpuesto la acción correspondiente.
Indicó que si el INVIAS consideraba que los actos del Distrito eran ilegales o estaban
falsamente motivados tenía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Distrito de Santa Marta, la cual nunca ejerció y ahora pretendía disfrazar
de acción de reparación directa en este proceso en contra de la SPRSM. Por tanto,
la pretensión de la entidad no resultaba procedente, pues falló el cumplimiento del
requisito de inexistencia de una acción y de causa del desplazamiento patrimonial,
pues la causa fue precisamente, los actos administrativos que el INVIAS no
demandó y que ahora considera ilegales más no inexistentes.
3.2. El desplazamiento patrimonial no fue hacía la SPRSM.
Puso de presente que al patrimonio de la SPRSM no ingresó suma alguna de dinero
proveniente de INVIAS, y como que, como lo explicó en los alegatos de conclusión,
la SPRSM no era la responsable de esos pagos, por lo tanto, los mismos no se
hicieron en favor de ella. Además, indicó que los actos administrativos que
ordenaban realizar el pago del impuesto no señalaban que el responsable fuese la
SPRS sino el INVIAS, razón adicional para sostener que ningún pago se hizo en
favor de la sociedad, por el contrario, estos fueron dirigidos al Distrito de Santa Marta
en virtud de unos actos administrativos que ordenaban al INVIAS pagar el impuesto.
3.3. Las pretensiones del INVIAS buscan desconocer normas imperativas.
Que las normas y los acuerdos distritales relativos al impuesto predial establecen
que es el INVIAS el responsable de pagar el gravamen, por lo que la entidad
pretendía desconocer normas de carácter imperativo.
4. La SPRSM no es el sujeto pasivo responsable ni realizó el hecho
generador del impuesto predial, por el contrario, el sujeto pasivo es el
INVIAS.
Insistió en que el predio objeto de discusión era un bien fiscal de conformidad con
la información consignada en el certificado de libertad y tradición; la Resolución Nro.
0057729 de 2007; el testimonio del señor Luis Carlos Buelvas Sánchez y el oficio
enviado por el IGAC. Agregó que el contrato de concesión no otorgó en ningún
momento a la SPRSM el carácter de poseedora del inmueble, en efecto, el
concesionario adquirió la tenencia más no la posesión de los bienes que le fueron
entregados en virtud del contrato celebrado.
Afirmó que en el contrato de concesión claramente se dijo que la SPRSM reconocía
que el dueño de los bienes era la administración pública y que estos deberían ser
devueltos a la misma una vez finalizada la concesión, es decir, la SPRSM no ejerció
la tenencia con ánimo de señor y dueño, de hecho, el contrato de concesión tenía
establecida la cláusula de reversión y, si la misma no se hubiese incluido la ley la
presume pactada.
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5. Aunque el bien fuese de uso público, no es cierto que la SPRSM sea
sujeto pasivo y haya realizado el hecho generador del tributo.
Sostuvo que el predio en discusión se encontraba dentro de los terrenos de playa
y/o bajamar, los cuales no podían ser objeto del impuesto predial según el criterio
del Consejo de Estado13. Que las pistas, calles de rodaje, taxeos, hangares y
plataformas corresponden a lo que en un terminal marítimo son los muelles y calles
de rodaje de vehículos en muelles, esto es, “la infraestructura que se encuentra en el predio
objeto de este proceso.” Reiteró que de conformidad con las normas que regulan la
materia, la regla general era que los bienes de uso público estaban excluidos del
impuesto predial y la excepción era que solamente las áreas de esos bienes
ocupadas por establecimientos comerciales podían gravarse con el impuesto
predial.
Destacó que la Nación, a través del INVIAS, venía explotando el inmueble objeto
del proceso, recibiendo recursos de las SPRSM a cambio de la entrega del predio,
por lo que no era de recibo que ahora pretendiera no pagar el impuesto predial que
le correspondía en su calidad de propietario y explotador del bien y hacer que la
SPRSM pagara por él. Lo anterior podía evidenciarse en los recibos de pago de la
contraprestación de los últimos 3 años, que se adjuntaron con la contestación de la
demanda de reconvención.
Para oponerse a la apelación presentada por SPRSM, El INVIAS reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación (índice 14 de Samai) relacionados
con la solicitud de obtener la devolución del pago efectuado por el predial por la
vigencia 2017. También señaló que compartía los argumentos del Tribunal para
negar las pretensiones de la demanda.
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta se opuso al recurso de
apelación del INVIAS, para lo cual señaló que no existieron daños antijurídicos que
reparar, pues lo único que la entidad hizo fue remitir la facturación correspondiente
al impuesto predial para las vigencias fiscalizadas que se discuten en el presente
caso, es decir, solo adelantó actuaciones de trámite tendientes a perseguir el cobro
de una obligación, pero en ningún momento inició proceso de cobro coactivo ni
persuasivo a la SPRSM, toda vez que el predial por el período 2017 fue cancelado
por el INVIAS, de tal suerte que no existía nulidad que declarar.
En el anterior sentido, indicó que mal podía la demandante ser deudora de un tributo
que ya había sido cancelado, no obstante, la eventual responsabilidad de la misma
por los períodos siguientes debía ser objeto de análisis dentro del proceso.
Reiteró sus argumentos de la contestación relacionados con la falta de sustento
jurídico de la demanda, la ausencia de acto administrativo que anular y la ausencia
de hecho dañino susceptible de reparación.
Ministerio Público
El agente del Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,
para lo cual señaló que en este caso el sujeto pasivo el impuesto predial por los
años 2017 y 2018 respecto del predio en discusión debía ser la SPRSM, dado que
13 Citó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 13 de diciembre de 2021, exp. 2021-0084-00,
C.P. Ana María Charry Gaitán.
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era el concesionario encargado de recibir un bien de uso público, el cual estaba
gravado por expresa disposición del artículo 177 de la Ley 1607 de 2012.
También sostuvo que debía prosperar la demanda de reconvención y ordenarse el
reintegro del dinero pagado por el INVIAS por concepto de impuesto predial por el
año 2017, toda vez que el sujeto pasivo del tributo era la SPRSM, y el hecho de no
tener modo de pedir el reintegro, como lo afirmó el Tribunal, no podía dar a lugar a
desconocer el verdadero obligado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación presentados por la
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta (SPRSM) y el Instituto Nacional de
Vías (INVIAS), contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda principal y la demanda de reconvención, presentadas por cada una
de las partes, mencionadas respectivamente.
1. Cuestión previa.
La Sala advierte que en el escrito de oposición al recurso de apelación la SPRSM
planteó que las pretensiones de la demanda de reconvención debían ser negadas
por: i) falta de legitimación en la causa por pasiva de la SPRSM en cuanto a la
demanda de reconvención, en tanto el INVIAS atacaba la legalidad de unos actos
administrativos que la SPRSM no había proferido, por tratarse de una sociedad de
carácter privado; ii) la caducidad de las pretensiones de la demanda de
reconvención; iii) la falta de requisitos para interponer la acción de enriquecimiento
sin justa causa, comoquiera que los pagos realizados por el INVIAS tuvieron como
sustento unos actos administrativos que nunca fueron atacados por la misma; iv)
que la reparación directa no era el medio ideal para pretender la devolución de los
dineros pagados al Distrito y v) el desplazamiento patrimonial ocasionado por el
pago del impuesto predial no fue en favor de la SPRSM, sino hacía el ente territorial,
por lo que no era procedente la acción de enriquecimiento sin justa causa.
Al respecto, se pone de presente que ha sido criterio de esta Sección que de
conformidad con el artículo 320 del Código General del Proceso, el objeto del
recurso de apelación consiste en que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente, respecto de los reparos concretos formulados por el apelante, y que
dicha norma es concordante con el artículo 328 ibidem, que limita la competencia
del juez de segunda instancia a los reparos planteados por la parte recurrente. De
manera que, la competencia del fallador de segunda instancia tiene unos límites
temporales y de fondo, dado que solo puede estudiar la decisión objeto de reproche
y en los términos del recurso de apelación.14
Así las cosas, los anteriores aspectos planteados por la actora en la oposición a la
apelación presentada por el INVIAS (más no en recurso de apelación presentado
por la SPRSM), fueron resueltos por el Tribunal en la sentencia de primera instancia,
al indicar que la acción de reparación directa era el medio idóneo para que INVIAS
persiguiera la devolución de los dineros pagados por el impuesto predial del año
2017 y que la misma no estaba caducada. Así mismo, el Tribunal resolvió lo
relacionado con la pretensión de enriquecimiento sin justa causa y el
desplazamiento de dineros hacía el patrimonio del Distrito y no de la sociedad.
14 Al respecto consultar las sentencias del 22 de abril de 2021, exp.25029 y del 11 de noviembre de 2021,
exp.25479, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Se advierte entonces que la SPRSM no presentó reparó alguno sobre lo decidido
por el a quo en la oportunidad procesal correspondiente, esto es, en el recurso de
apelación que ella presentó, por el contrario, sus reparos estuvieron dirigidos
únicamente a controvertir la calidad del predio objeto de discusión. De manera que,
la Sala no se pronunciará sobre los cargos planteados por la SPRSM en la oposición
al recurso de apelación, comoquiera que una decisión diferente vulneraría el
principio de congruencia de las sentencias judiciales.
2. Del recurso de apelación presentado por la SPRSM.
La sentencia de primera instancia señaló que el predio ubicado en la K 1 Nro. 6 B –
60 identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 080-046547, por tratarse de un bien
de uso público entregado en concesión a la SPRSM para su explotación económica,
era objeto del impuesto predial, y que dicha sociedad era la responsable de su pago.
La SPRSM afirma que, de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, el
inmueble objeto de la discusión es fiscal y no de uso público, como lo indicó el A
quo, y que por esto no está gravado en cabeza de la apelante, y que, aun cuando
fuere de uso público, la sociedad no era el sujeto pasivo del impuesto predial porque
no estaba demostrado que ésta fuera quien explotara económicamente el predio
mediante establecimiento de comercio ubicado en el mismo. Por el contrario, señala
que en esta instancia debe precisarse entonces quienes son los responsables del
pago del impuesto predial.
De acuerdo con los artículos 63, 82, 102 y 332 de la Constitución Política, el artículo
674 del Código Civil, y la jurisprudencia15, se consideran bienes de dominio público
todos aquellos destinados al desarrollo o cumplimiento de las funciones públicas del
Estado o que este afecta para el uso directo de la comunidad y se clasifican en
bienes fiscales y bienes de uso público, y la diferencia entre estos está dada por la
destinación y utilización que se les da a los mismos. Al respecto esta Corporación
ha mencionado que “los bienes de dominio público se clasifican en bienes fiscales o
patrimoniales y en bienes de uso público, distinción que permite establecer sus diferencias en punto
a su destinación, utilización y la regulación jurídica que le es propia a cada uno, aun cuando gozan
de similar naturaleza en tanto se encuentran en cabeza o a cargo del Estado.”16
Los bienes fiscales están destinados a la prestación de las funciones públicas,
pertenecen a una persona jurídica de derecho público de cualquier naturaleza u
orden, y son utilizados por la misma para el desarrollo de su misión o pueden
constituir una reserva patrimonial para fines de utilidad común (como lo son los
bienes fiscales adjudicables o baldíos). En esa medida su uso no pertenece a la
generalidad de los habitantes, sino que sobre los mismos el Estado ejerce actos
similares a los que ejecutan los particulares con su propiedad. Estos bienes son
alienables, embargables e imprescriptibles17.
Los bienes de uso público también pertenecen al Estado o a entidades estatales,
pero están destinados al uso común de todos los habitantes y sobre ellos el Estado
ejerce sus derechos de administración. “Se distinguen por su afectación a una finalidad
15 Comprende entre otros la Sentencia C 183 de 2003 de la Corte Constitucional, Sentencia del 19 de
noviembre de 2009 de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado,
C.P. Marco Antonio Velilla, radicado 66001-23-31-000-2004-00955-01, Auto de marzo 12 de 2020, la Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, C.P. Gustavo Augusto Serrato
Valdés, radicado 50001-23-33-000-2017-00148-02
16 Sentencia del 30 de abril de 2012, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente 21699,
C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
17 Ibidem.
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pública, por cuanto su uso y goce pertenecen a la comunidad por motivos de interés general,
determinados por la misma Constitución o la ley, razón por la que se encuentran sujetos a un régimen
jurídico en virtud del cual gozan de privilegios como la inalienabilidad, inembargabilidad e
imprescriptibilidad, que los ubica fuera del comercio” 18
En materia del impuesto predial, en ambos casos la ley habilita a los municipios
para que puedan gravar los anteriores tipos bienes, ya sea por regla general o vía
excepcional, criterio que ha sido reiterado por esta Sección al señalar que la ley
consagra “la posibilidad de gravar los bienes públicos con impuesto predial, habida cuenta de que
dicho tributo se aplica con independencia de la naturaleza jurídica del sujeto propietario del bien y
cobija tanto a los inmuebles de naturaleza fiscal, incluidos los de las entidades enumeradas en el
artículo 61 de la Ley 55 de 1985, compilado en el artículo 194 del Código de Régimen Municipal
vigente, como a los bienes de uso público explotados económicamente, en los términos del artículo
54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por la Ley 1607 de 2012, ya que sobre ellos se ejerce una
actividad con ánimo de lucro”19.
Los bienes fiscales pueden ser gravados dado que, “el objeto imponible es la propiedad
raíz, y este tipo de bienes se administra de igual forma a como lo hacen los particulares, pues al
tratarse de bienes fiscales también se ejerce el derecho de dominio y por tanto el uso y goce del
mismo.”20 En este caso el sujeto pasivo del impuesto predial es el propietario y/o
poseedor del bien, que generalmente es una entidad pública con personería jurídica
de la Nación, o aquellos entes u organismos autónomos que forman parte de la
estructura orgánica del Estado.
En el caso de los bienes de uso público, sólo se encuentran gravados aquellos
expresamente previstos en la ley, específicamente en los artículos 6 numeral 3 de
la Ley 768 de 2002 y 177 de la Ley 1607 de 2012, que modificó el artículo 54 de la
Ley 1430 de 2010. De acuerdo con este último artículo “en materia de impuesto predial y
valorización los bienes de uso público y obra de infraestructura continuarán excluidos de tales
tributos, excepto las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles. Son sujetos pasivos del
impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación
comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del contrato
de concesión correspondientes a puertos aéreos y marítimos”. Respecto de esta norma, esta
Sección manifestó que “desde la perspectiva de la nueva legislación, la explotación económica
por parte de los nuevos sujetos pasivos mencionados y en las condiciones que dispone la ley,
constituye elemento determinante para tener los bienes de uso público como objeto del impuesto
predial.”21
Para el caso de Santa Marta, en lo que toca a los bienes de uso público, se observa
que dicho distrito acogió lo señalado en el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, toda
vez que, el artículo 13 del Acuerdo Nro. 004 de 19 de marzo de 2016 del Concejo
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta (Estatuto Tributario vigente
para la fecha de los hechos que aquí se discuten) dispone:
“ARTICULO 13. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos del impuesto predial unificado, las
personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho
gravado, a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, en quienes se
configure el hecho generador del impuesto.
(…)
18 Ibidem.
19 Sentencia del 9 de marzo de 2017, Consejo de Estado, Sección Cuarta, expediente 19850 C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
20 Sentencia del 29 de abril de 2021, Consejo de Estado, Sección Cuarta, expediente 24138, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello
21 Sentencia del 9 de marzo de 2017, Consejo de Estado, Sección Cuarta, expediente 19850 C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
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De conformidad con el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, en materia de impuesto predial y
valorización los bienes de uso público y obra de infraestructura continuarán excluidos de tales
tributos, excepto las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles. Son sujetos pasivos
del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de
explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas
objeto del contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos y marítimos.
Considerando lo anterior, se debe determinar si en el caso concreto el bien objeto
de estudio es de naturaleza fiscal, en cuyo caso la entidad de la Nación será el
sujeto pasivo del impuesto predial del mismo, o es de uso público, caso en el cual
el mismo sólo estará gravado en cabeza de la SPRSM, si en este hay una
explotación económica mediante establecimiento mercantil.
Así las cosas, observa la Sala que, como lo expuso el Tribunal, el predio identificado
con matrícula inmobiliaria Nro. 080-46547 puede considerarse de uso público, toda
vez que:
• De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 9 de 1989 y 166 del Decreto Ley 2324
de 1984, las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son bienes de uso
público.
• Las zonas accesorias a los anteriores bienes también pueden tener la calidad
de bienes de uso público, si se considera que pueden destinarse a una
finalidad pública. En este sentido el artículo 6 de la Ley 1ª de 1991 establece
que bajo el contrato de concesión portuaria se permite a una sociedad
portuaria que ocupe y utilice de “forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar
y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a cambio de una
contraprestación económica a favor de la Nación, y de los municipios o distritos donde operen los
puertos” (subrayado fuera del texto original).
• La SPRSM detenta calidad de concesionaria, conforme con el Contrato de
Concesión Nro. 006 del 24 de junio de 1993 suscrito con el Superintendente
General de Puertos. También obra copia del Otrosí Nro. 006 al contrato de
concesión mencionado, en el que se da cuenta que el mismo ha sido
modificado por los Otrosí Nros. 01, 02, 03, 04 y 05. De acuerdo con la cláusula
segunda del contrato “los bienes de uso público entregados en concesión en virtud del presente
contrato, están ubicados en el municipio de SANTA MARTA (…)” (subrayado fuera del texto original).
• El inmueble en cuestión hace parte de los bienes entregados en concesión,
conforme al anterior contrato (con sus modificaciones) y la comunicación de la
Agencia Nacional de Infraestructura ANI del 11 de septiembre de 2020, en la
que manifestó: “es posible afirmar que el inmueble ubicado en la K 1 No. 6B-60 identificado
con la matrícula inmobiliaria 080-046547 y referencia catastral No. 01-01-0217-001-000, hizo
parte de los bienes entregados en la concesión portuaria contrato de concesión 006 de 1993
celebrado en su momento por la Superintendencia de Puertos y la Sociedad Portuaria
Regional de Santa Marta, y hace parte de los bienes de uso público entregados en concesión,
por tanto, para el período comprendido desde el mes de enero de 2017 y todo el año 2018 ha
seguido vinculado al contrato de concesión portuaria en mención.”22.
• Si bien, como lo indica el recurrente, no toda el área de los inmuebles
entregados, corresponden a playa y terrenos de bajamar, no puede perderse
de vista cuál es la finalidad y el uso de la totalidad de los predios entregados
a la SPRSM para efectos de clasificar los mismos como de uso público. Esto
por cuanto todos los terrenos entregados en concesión están destinados a la
22 Índice 2 de Samai, “Expediente digital”, “ED_RESPUESTA34CONTESTACIÓNREQUER(.pdf) NroActua2”
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prestación del servicio público de transporte marítimo. Se observa entonces
que dichos predios, incluido el identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 080-
46547, no son utilizados directamente por el Estado para el ejercicio de sus
funciones, sino que fueron entregados por este para que a través de una
concesión se destinen a una finalidad pública del Estado, como lo es la de los
puertos, para promover el transporte, en virtud del derecho constitucional a la
locomoción establecido en el artículo 24 de la Constitución Política.
• Ahora bien, para efectos de señalar que el inmueble no es de uso público, en
el recurso de apelación la SPRSM alega que el Ad quo desconoció el
testimonio del Director de Rentas del Distrito rendido en la audiencia de
pruebas celebrada por el Tribunal, en la que afirmó que el predio objeto de
discusión era un bien fiscal. Sobre esto, considera la Sala que no puede
desconocerse que a lo largo de esa diligencia el testigo también manifestó que
como autoridad tributaria estaba sometido a la información que al respecto le
aportara el IGAC, y que para efectos del impuesto predial esa información
señalaba que el bien era de uso comercial (no público), lo cual da cuenta que
la posición de ese testigo sobre la naturaleza del bien no fue del todo clara.
También pone de presente la parte actora que en el oficio de IGAC Nro. 404
allegado al expediente, dicha entidad respondió, sobre el inmueble objeto de
debate que “El destino económico inscrito en la base catastral actualmente corresponde a
COMERCIAL, designación que fue producto de la Actualización Catastral llevada a cabo para
la vigencia 2006 con base a los estudios realizados para esa época y se ha mantenido hasta
la fecha” y que la anotación Nro. 4 del certificado de libertad y tradición
instrumentos públicos tiene una inscripción de bien fiscal (puntos que son
contradictorios). Sobre esto, vale la pena reiterar que ha sido criterio de esta
Sala que si bien el catastro y la información suministrada por la entidad
encargada del mismo es la principal fuente de información a la que se debe
acudir para efectos del impuesto predial, cuando las circunstancias reales del
inmueble difieren de las registradas por catastro al momento de la causación
del tributo, deben prevalecer las primeras.
• Adicionalmente, llama la atención que la posición de la SPRSM sobre la
naturaleza del bien es contradictoria, considerando que en ciertos apartes del
expediente se observa que la misma señala que el inmueble si es de uso
público. Al respecto, se observa, en la demanda presentada por la recurrente,
que en su concepto los actos demandados son violatorias de las normas al
querer hacer responsable del pago al SPRSM, toda vez que “por tratarse de un
bien de uso público, esto es un puerto, marítimo, dicho inmueble se encuentra excluido del
pago de dicho tributo, salvo por las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles dentro
de las áreas objeto del contrato de concesión.”
Considerando entonces que el inmueble se enmarca como un bien de uso público,
corresponde definir: sí la administración de impuestos estaba habilitada para
liquidar el impuesto predial a cargo de la SPRSM, si la sociedad concesionaria era
sujeto pasivo de dicho impuesto bajo la Ley 1607 de 2012 y el artículo 13 del
Acuerdo Nro. 004 de 19 de marzo de 2016, y si existía una explotación comercial
realizada mediante establecimiento mercantil dentro del inmueble.
El recurrente afirma que la sociedad no era el sujeto pasivo del impuesto predial
porque no estaba demostrado que ésta fuera quien explotara el predio
económicamente a través de establecimiento de comercio. Para el efecto, dentro de
la apelación pone de presente un plano con indicación de que en ese predio no hay
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establecimientos de comercio, y también señala que son terceros los que explotan
dicho inmueble a través de otros establecimientos.
Respecto de la explotación comercial, esta Sección ha mencionado que la misma
consiste en ejercer una actividad con ánimo de lucro23, y, de acuerdo con el artículo
515 del Código de Comercio, “se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de
bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”. Es decir, el
establecimiento mercantil es una unidad económica que comprende todos aquellos
bienes que estén destinados a los fines de la actividad ejercida por el comerciante,
y en esa medida no se limita a un único tipo de bien.24
Así las cosas, en cuanto a la explotación comercial y el establecimiento de comercio,
en el acervo probatorio se encuentra:
• Que la SPRSM recibe ingresos por concepto de la prestación de servicios
portuarios, servicios que ejecuta en los inmuebles entregados en concesión,
para efectos de operar el Puerto de Santa Marta, lo que da cuenta de que hay
una actividad ejercida con ánimo de lucro, o explotación económica25.
• Certificado de Existencia y Representación de la SPRSM expedido por la
Cámara de Comercio de Santa Marta que obra en el expediente, de acuerdo
con el cual (i) la sociedad está registrada con la matrícula número 29143, (ii) es
una entidad con ánimo de lucro, (iii) se encuentra dedicada a la prestación de
servicios portuarios, y (iv) para el efecto tiene registrado un establecimiento de
comercio, cuya actividad económica corresponde a la de actividades de
puertos y servicios complementarios de transporte. Todas las direcciones
registradas en este certificado corresponden a la nomenclatura “Carrera
1NRO. 10A-12” que, si bien no corresponde a la dirección específica del
inmueble identificado con matrícula 080-046547, si corresponde a la dirección
con la cual se identifica como un todo el Terminal Marítimo o Puerto de Santa
Marta, según consta en la dirección de notificaciones y en la propia papelería
de la SPRSM y la página web indicada en esta).
• Respuesta de la Cámara de Comercio de Santa Marta al Tribunal
Administrativo del Magdalena del 11 de septiembre de 2020 26, en donde le
indica que, una vez consultada la base de datos, se encontraron varios
establecimientos de comercio ubicados en el Terminal Marítimo de Santa
Marta, dentro de los cuales se observa registrado un establecimiento bajo la
matrícula de comercio 29143, que es la matrícula de la SPRSM
• El inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 080-046547 hace parte de
los bienes entregados en la concesión portuaria de Santa Marta. ”27, cuyo objeto
es la operación del puerto de Santa Marta.
Sea lo primero manifestar que incluir un plano con ciertas áreas resaltadas no es
suficiente para probar que no hay explotación económica a través de
establecimientos de comercio en el inmueble respecto del cual se debate el
23 Sentencia del 9 de marzo de 2017, Consejo de Estado, Sección Cuarta, expediente 19850 C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
24 Artículos 516 y 517 del Código de Comercio.
25 Pruebas aportadas en la demanda de reconvención.
26 Samai, índice 2, ED_OFICIOREM_73REMISIONEXPEDIENTE (.pdf) Nro Actua2.
27 Índice 2 de Samai, “Expediente digital”, “ED_RESPUESTA34CONTESTACIÓNREQUER(.pdf) NroActua2”
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impuesto predial, ni que el bien inmueble objeto de discusión no hace parte del
conjunto de bienes que utiliza la SPRSM para realizar los fines de la empresa, esto
es prestar servicios portuarios en las áreas entregadas en concesión.
Tampoco hay pruebas en el expediente que soporten la afirmación del recurrente,
en el sentido de que son terceros, a través de sus establecimientos, quienes
explotan ese predio específico. Sobre esto no reposa en el expediente indicación ni
otras pruebas de cuáles son esos terceros y los establecimientos de comercio,
diferentes a los de SPRSM, que están haciendo explotación económica a través de
establecimiento de comercio en el inmueble objeto de debate.
A diferencia de lo anterior, en el expediente se observan pruebas de que la SPRSM,
como concesionaria del puerto de Santa Marta, ejerce actividades de explotación
económica en los terrenos que hacen parte del mismo, pues presta servicios
portuarios por los cuales se lucra. También hay pruebas de que, la SPRSM tiene
registrado un establecimiento de comercio para ejecutar sus actividades y que el
mismo se encuentra ubicado en el Terminal Marítimo de Santa Marta, que está
conformado por los predios entregados en concesión, del cual hace parte entre otros
el predio identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 080-046547.
Por lo expuesto previamente concluye la Sala que la accionante es el sujeto pasivo
del impuesto predial en el Distrito de Santa Marta respecto de las vigencias objeto
de los actos demandados, razón por la cual no prosperan los cargos del recurso de
apelación interpuesto por la SPRS, y en este punto se confirmará la sentencia
proferida por el Tribunal.
3. Del recurso de apelación del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
La SPRSM interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la Secretaría de Hacienda Distrital de Santa Marta e INVIAS. Con ocasión de esto,
INVIAS interpuso demanda de reconvención, demandando a la SPRSM.
El Tribunal procedió en la sentencia de primera instancia a señalar que si bien la
acción de reparación directa era el medio idóneo para que INVIAS persiguiera la
devolución de los dineros pagados por el impuesto predial del año 2017, la
pretensión no prosperaba porque INVIAS tenía la posibilidad de solicitarle a la
Administración de Impuestos la devolución de lo indebidamente pagado, de acuerdo
con el artículo 850 del Estatuto Tributario.
INVIAS presentó recurso de apelación indicando que en este caso se configuró un
enriquecimiento sin justa causa a favor de la SPRSM, por cuanto en su calidad de
sujeto pasivo del impuesto predial se benefició de los pagos que el INVIAS venía
realizando sobre el predio en discusión, razón por la cual surgía la obligación a
cargo de la sociedad de devolver el pago del impuesto predial respecto de la
vigencia 2017, pretendida en la demanda de reconvención.
Para resolver, la Sala inicia por precisar que, como lo ha mencionado anteriormente,
la obligación sustancial de pago del impuesto predial “debe entenderse satisfecha aun
cuando la declaración y su correspondiente pago lo realizó un tercero” 28, en virtud de la
naturaleza real de este impuesto. Así las cosas, considerando que se ha dado el
pago como una forma de extinguir la obligación fiscal, no le está dado a la
28 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 28 de noviembre de 2018, exp. 22098, C.P. Milton Chávez
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Administración de Impuestos exigir nuevamente el pago de esta, pero respecto del
tercero que realizó el pago ha operado la figura de la subrogación como acreedor
de lo pagado bajo el artículo 1666 y siguientes del Código Civil.
Ahora bien, en el caso específico, encuentra la Sala que no es posible pronunciarse
de fondo sobre lo solicitado por INVIAS, toda vez que debe proceder a declarar de
oficio procedente la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de
dicha entidad, con lo cual el INVIAS no estaba legitimada para presentar demanda
de reconvención.
Para el efecto debe recordarse que, tratándose de la acción de nulidad y
restablecimiento de derecho, los únicos llamados a comparecer como parte
demandada son las autoridades administrativas que hayan suscrito y expedido el
acto29. Por esa razón, comoquiera que el acto cuya nulidad se pretende es el Recibo
Oficial de Pago Nro.201800006851 expedido por la Secretaría de Hacienda Distrital
de Santa Marta, e INVIAS no suscribió ni expidió el mismo, no está llamada a ser
parte pasiva del proceso y no se configura la legitimación por pasiva.
Finalmente, no habrá condena en costas o expensas del proceso en esta instancia,
en razón a que en el proceso no se comprobó su causación como lo exige el artículo
365 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión expresa del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, de fecha 27 de octubre de 2021, en lo
que se refiere a la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
2. Declárase de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de Instituto Nacional de Vías (INVIAS). En consecuencia, se desvincula
a dicha entidad de este proceso.
3. Reconocer personería jurídica para actuar en el presente proceso a la aboga
Sandy Patricia Fernández Mendoza, de conformidad con el poder visible en el
índice 13 de Samai.
4. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
29 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Auto del 2 de agosto de 2022, exp. 25332, C.P. Milton Chávez, y
Sentencia de 27 de marzo de 2008, exp. 15338, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
24
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Radicado: 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON
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