Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03529-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03529-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03529-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veinticinco [25] de junio de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03529-00
Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Análisis del requisito de
relevancia constitucional. Declara improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por el Instituto Nacional de Vías
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El Instituto Nacional de Vías [en adelante INVIAS], por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el
fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con las
providencias de 28 de agosto y 7 de noviembre de 2025, mediante las cuales el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión de 25 de septiembre de
2024 dictada por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Buenaventura que había accedido parcialmente a las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió INVIAS contra el
Distrito Especial de Buenaventura, para, en su lugar, denegarlas; y negó la solicitud
de adición y aclaración de la sentencia, respectivamente. El proceso que se identificó
con el radicado 76109-33-33-001-2018-00175-02.
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Mediante escrito radicado el 20 de abril de 2026, a través del aplicativo web de recepción de tutelas y
habeas corpus en línea y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo de Estado.
Demandante: Instituto Nacional de Vías
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03529-00
1.2. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes peticiones:
PRIMERA. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad jurídica del INVIAS,
vulnerados con ocasión de la Sentencia del 28 de agosto de 2025 y su auto que resuelva
una aclaración y adición de 7 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso con radicado No.
76109333300120180017502.
SEGUNDA. Que, como consecuencia del amparo concedido, se deje sin efectos
jurídicos la referida Sentencia del 28 de agosto de 2025 y su auto que resuelve una
aclaración y adición de 7 de noviembre de 2025, por haberse proferido con
desconocimiento del precedente judicial vinculante fijado por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y por incurrir en el defecto específico de decisión sin motivación, al
no resolver de manera expresa, completa y congruente los cargos de nulidad formulados
en la demanda.
TERCERA. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro del
término que se fije, profiera una nueva sentencia de reemplazo, sin que incurra en las
afectaciones constitucionales previamente descritas 3.
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
La parte actora indicó que mediante auto de 28 de enero de 2019, el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura admitió la demanda que
presentó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Distrito Especial de Buenaventura, con ocasión de la determinación y cobro
del Impuesto Predial Unificado correspondiente a la vigencia fiscal 2018 sobre un
inmueble integrante del Puerto de Buenaventura4, a su juicio, clasificado como bien de
uso público y entregado en concesión a la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura, para la prestación del servicio público portuario5.
3
Cita del texto original con posibles errores.
4
En la resolución 0321-54-0041-2018 de 4 de septiembre de 2018, por medio de la cual se resolvió el
recurso de reconsideración ejercido contra la factura 0321.1.54-1506-2018 de 1. º de junio de 2018.
5
El predio identificado con cédula catastral 01- 01-0002-0008-000 y matrícula inmobiliaria 372-20489
se encuentra ubicado en el terminal marítimo de Buenaventura en el sector 2 manzana A lote 2 conocido
como el “Edificio las Artesanías”. Mediante contrato de concesión 009 de 21 de febrero de 1994 la
Superintendencia General de Puertos entregó en concesión a la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura S.A. «… el derecho para ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los
terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquellos y estos […] donde operará el mencionado puerto
[…] será de servicio público, habilitado para el comercio exterior y para prestar el servicio de toda clase
de carga…», zonas entre la que se encuentra el edificio artesanías. El 25 de marzo de 2009 a través de
la resolución 001096 el Ministerio de Transporte transfirió a título gratuito unos bienes inmuebles
ubicados en el terminal marítimo de Buenaventura al INVIAS, por lo tanto, entidad que ostenta la
propiedad de dichos bienes, incluido el edificio artesanías.
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Demandante: Instituto Nacional de Vías
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A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara que no es sujeto
pasivo del referido impuesto por cuanto no ejerce sobre este la explotación económica
ni ostenta la condición de concesionario, y que, en consecuencia, se ordenara al
Distrito de Buenaventura la devolución de las sumas pagadas por dicho concepto.
El fundamento de la demanda ordinaria giró en torno a los siguientes cargos: (i)
vulneración del derecho fundamental al debido proceso administrativo; (ii)
desconocimiento del principio de legalidad tributaria; (iii) indebida determinación del
sujeto pasivo del impuesto predial unificado en bienes de uso público entregados en
concesión; (iv) falsa motivación; y (v) desviación de poder. Lo anterior, en atención a
que, de conformidad con la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia, los bienes
de uso público solo pueden ser gravados de manera excepcional cuando son
explotados económicamente por particulares, quienes, asumen la sujeción pasiva del
tributo.
En sentencia de 25 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo Mixto
del Circuito Judicial de Buenaventura resolvió:
PRIMERO: INAPLICAR por ilegal los artículos 23 y 27 del Acuerdo 017 de 2017, en el
sentido de que de su “interpretación sistemática conlleva que no se grave con el
impuesto predial, en ningún evento, los bienes de uso público y, por ende, no se
contemple como sujeto pasivo a los concesionarios que exploten comercialmente las
áreas entregadas – que forman parte de puertos marítimos”-. En su lugar se aplicar el
inciso segundo del artículo 177 de la Ley 1607 de 2012.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución factura No. 0321.1.54-1506-
2018 del 1º de junio de 2018 y de la Resolución No. 0321-54-0041-2018 del 04 de
septiembre de 2018, por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO [sic]: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Distrito de
Buenaventura que realice la devolución indexada de lo pagado como consecuencia de
la liquidación y cobro del impuesto predial unificado del inmueble con referencia catastral
01-01-0002-0008-000 y matrícula inmobiliaria 372-20489 ubicado en el terminal marítimo
del Distrito de Buenaventura, en el sector 2 manzana A Lote 2 Edificio Las Artesanías,
de propiedad de lNVIAS, calculado en la suma de $23.437.070,1, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia6. […]
Por su parte, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. elevó recurso de
apelación con sustento en que el juzgado incurrió en error al calificar el inmueble como
bien de uso público y no como bien fiscal, afirmando, además, que se aplicó
6 Cita del texto original con posibles errores.
3
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indebidamente el artículo 547 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 1778
de la Ley 1607 de 2012.
El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo de
28 de agosto de 2025, en el sentido de revocar lo decidido por el a quo, para, en su
lugar, denegar las pretensiones de la demanda, así:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia nro. 113 del 25 de septiembre de 2024 proferida por
el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura - Valle,
de conformidad con lo expuesto.
SEGUNDO: ORDENAR al Instituto Nacional de Vías adelantar el proceso de recobro de
la obligación subrogada a los concesionarios del predio “Edificio las Artesanías”,
matrícula inmobiliaria 372-20489, código catastral 01- 01-0002-0008-000.
El ad quem consideró que: (i) que la discusión se centraba en establecer si el bien
inmueble objeto del impuesto estaba catalogado como de uso público o bien fiscal y,
en consecuencia, determinar si la entidad demandante debe asumir la obligación por
concepto de impuesto predial unificado; (ii) contrario a lo indicado en la primera
instancia y a que la entidad territorial demandada argumentó que el edificio era un bien
fiscal porque estaba cerrado al público en general y su uso estaba limitado a los
usuarios de la Terminal Marítima de Buenaventura, el inmueble conservaba su
naturaleza de bien de uso público pese a encontrarse concesionado; (iii) las áreas
explotadas comercialmente dentro de la concesión constituyen el hecho generador del
7 «Artículo 54. Sujetos pasivos de los impuestos territoriales. Son sujetos pasivos de los impuestos
departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en
quienes se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios
autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto.
En materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y obra de infraestructura
continuarán excluidos de tales tributos, excepto las áreas ocupadas por edificios, parqueaderos,
instalaciones, dispuestos para los usuarios internos o externos de los aeropuertos, así como los
establecimientos mercantiles y las áreas que proporcionen bienes y servicios relacionados con la
explotación comercial de los aeropuertos. En todo caso, no estarán gravados los aeropuertos y puertos
no concesionados, las pistas, calles de rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar
la operación de aeronaves. Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de
arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante
establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de concesión correspondientes a
puertos aéreos y marítimos». […]
8 «Artículo 177. Modifíquese el artículo 54 de la Ley 1430 de 2012, el cual quedará así:
Artículo 54. Sujetos pasivos de los impuestos territoriales. Son sujetos pasivos de los impuestos
departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en
quienes se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios
autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto.
En materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y obra de infraestructura
continuarán excluidos de tales tributos, excepto las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles.
Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra
forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas
objeto del contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos y marítimos». […]
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impuesto a cargo del concesionario en virtud de lo señalado en el artículo 54 de la Ley
1430 de 2010 y 26 de la Ley 1617 de 2013; (iv) según la Corte Constitucional9, el
tributo es de carácter real, por lo tanto, el pago extingue la obligación fiscal
independientemente si lo hizo el propietario, usufructuario, poseedor, etc.; (v) al no
configurarse el pago de lo no debido, no procedía la nulidad de los actos
administrativos demandados, en consecuencia, señaló que INVIAS debía adelantar
las acciones de recobro frente a los concesionarios de conformidad con lo estipulado
en el artículo 1666 del Código Civil Colombiano que prevé la figura del pago por
subrogación; y (vi) en un proceso de similares connotaciones fácticas en donde la
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta adujo no ser sujeto pasivo del impuesto
predial del Terminal Marítimo de esa ciudad por no tener un establecimiento de
comercio, la Sección Cuarta del Consejo de Estado analizó que una de las sociedades
concesionarias sí los tenía en el terreno del predio objeto del impuesto, frente a los
que ejercía una actividad económica por la cual se lucraba10.
El 4 de septiembre de 2025 INVIAS presentó aclaración y adición de la sentencia de
segunda instancia porque, en su criterio, el tribunal omitió pronunciarse expresamente
sobre: (i) los cargos de nulidad formulados en la demanda; y (ii) la aplicación del
precedente judicial vinculante fijado por el Consejo de Estado en relación con la
naturaleza jurídica de los bienes portuarios concesionados, la determinación del sujeto
pasivo del impuesto y la exclusión del INVIAS como contribuyente obligado11.
9
«Sentencia del 28 de noviembre de 2018. Consejo de Estado, Sección Cuarta. Radicación número:
25000-23-37-000-2014-00749-01(22098)».
10
«Sentencia de 30 de marzo de 2023».
11
Para tal efecto, citó las siguientes providencias del Consejo de Estado:
«Sentencia del 30 de marzo 2023, expediente No. 26785, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
precisó que.
1.Las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son bienes de uso público, de conformidad con
los artículos 5 de la Ley 9 de 1989 y 166 del Decreto Ley 2324 de 1984.
2. Las zonas accesorias a dichos bienes también pueden ostentar tal naturaleza cuando se destinan a
una finalidad pública.
3. Los bienes entregados en concesión portuaria, aun cuando no sean utilizados directamente por el
Estado, se destinan a la satisfacción de una finalidad pública esencial, como lo es la prestación del
servicio público portuario y la promoción del transporte marítimo, en desarrollo del derecho fundamental
a la locomoción consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política».
Línea jurisprudencial fue «reiterada mediante Sentencia del 13 de marzo de 2025, expediente No.
28985»; en la providencia «de 8 de mayo de 2025, expediente No. 29745»; y en el fallo «de 19 de
febrero de 2026, expediente 29920».
Adicionó que este criterio fue acogido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al concluir que
los bienes portuarios concesionados mantienen su naturaleza de uso público y que la sujeción pasiva
del impuesto predial unificado recae en el concesionario explotador del bien. Por ello, citó estos
proveídos:
«1. Sentencia del 13 de septiembre de 2024 (Rad. 76001233300020230031100), en la cual se
determinó que el INVIAS no es sujeto pasivo del IPU respecto de inmuebles portuarios concesionados
a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
2. Sentencia del 30 de septiembre de 2025 (Rad. 76001233300020230031000), en la que se precisó
que la titularidad registral no define la sujeción pasiva del tributo, sino la explotación económica efectiva
del bien.
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En auto de 7 de noviembre de 2025 el tribunal negó la solicitud de adición y aclaración
presentada luego de precisar que «resolvió cada uno de los puntos sobre los que debía
pronunciarse y los argumentos que sustentaron la decisión son lo suficientemente
claros». Lo anterior, luego de considerar lo siguiente:
11. La parte demandante aduce en su escrito que la providencia omitió pronunciarse
respecto de los cargos de nulidad y precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado
que abordaron el tema del impuesto predial unificado -IPU- en bienes de uso público.
12. Contrario a lo planteado por el Invias, la Sala de decisión abordó los puntos objeto
de debate a fin de dirimir la controversia planteada; el análisis juicioso de las pruebas
arrimadas, las normas y jurisprudencia aplicable a la materia permitieron concluir que
ciertamente la naturaleza del bien era de uso público y que al ser explotado
comercialmente por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura había causado el
hecho generador del tributo.
13. De igual forma, analizó que el Estatuto Tributario Local contenía el gravamen y que
éste recaía sobre el bien público analizado; no obstante, tras encontrar probado que el
Invias realizó el pago del tributo se concluyó que extinguió la obligación fiscal y, en
consecuencia, debía adelantar un proceso de recobro.
14. Por tanto, la sentencia aplicó a cabalidad el principio de congruencia, en tanto el
análisis que desarrolló tuvo en cuenta cada uno de los puntos expuestos en el concepto
de violación y los resolvió de acuerdo con los preceptos normativos y precedentes
jurisprudenciales que habían resuelto casos de similares connotaciones fácticas.
15. Así las cosas, no le asiste razón a la parte actora; la sentencia de segunda instancia
nro. 196 proferida por esta Corporación el 28 de agosto de 2025 resolvió cada uno de
los puntos sobre los que debía pronunciarse y los argumentos que sustentaron la
decisión son lo suficientemente claros, por lo que, no hay lugar a la adición y aclaración
solicitada.
1.4. Fundamentos de la solicitud12
1.4.1. La parte accionante alegó que se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Particularmente, indicó
que el asunto está revestido de relevancia constitucional por cuanto se configuró la
transgresión de los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, razón por la cual trasciende de un simple desacuerdo
interpretativo o de legalidad, a la vigencia de las referidas garantías superiores.
3. Sentencia del 17 de octubre de 2025 (Rad. 76001233300020180110100), que ordenó la nulidad de
los actos administrativos que impusieron el IPU al INVIAS y el reembolso de las sumas pagadas
indebidamente.
4. Sentencia del 20 de octubre de 2025 (Rad. 76001233300020230030800), en la que se reiteró que el
hecho generador del IPU se configura exclusivamente en cabeza del concesionario explotador del bien
público.
5. Sentencia del 28 de noviembre de 2025 (Rad. 76001233300020200022100), que concluyó que la
determinación del IPU en cabeza del INVIAS desconoce el régimen jurídico de los bienes de uso público
concesionados y la jurisprudencia consolidada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado».
12
Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y puede contener errores.
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1.4.2. Aseveró que en la sentencia de 28 de agosto de 2025 se desconoció el
precedente del Consejo de Estado y se le vulneró el derecho a la igualdad en
relación con anteriores pronunciamientos del mismo tribunal, marco en el cual se le ha
otorgado un trato distinto al ofrecido en situaciones fácticas y jurídicas idénticas al caso
objeto de atención.
Aseguró que en materia del impuesto predial unificado existe un precedente judicial
claro, uniforme y vinculante fijado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que se
consolidó en la sentencia de 30 de marzo de 2023 dictada dentro del expediente
identificado con el radicado interno «26785», iterado en las sentencias de 13 de marzo
de 2025 [28985], 8 de mayo de 2025 [29745] y 19 de febrero de 2026 [29920], en las
cuales se «estableció como regla jurisprudencial que los bienes entregados en
concesión portuaria, incluidos las playas, los terrenos de bajamar y las zonas
accesorias, conservan su naturaleza de bienes de uso público, aun cuando su uso sea
temporal y exclusivo por parte del concesionario, en la medida en que se encuentran
afectos a la prestación de un servicio público esencial, como lo es el transporte
marítimo y portuario, en desarrollo del derecho constitucional a la locomoción
consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política».
Agregó que el tribunal accionado se apartó del referido criterio judicial sin cumplir con
la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional «pues no identificó
de manera expresa las sentencias de 2023, 2025 y 2026 […] pese a que […] se le
solicitó en el escrito de solicitud de aclaración y adición».
Adujo que la judicatura demandada tampoco consideró las sentencias de 17 y 20 de
octubre de 2025 proferidas por la Sala Tercera y la Sala Mixta de Decisión de esa
misma corporación, respectivamente, en las cuales se resolvieron controversias
relativas al cobro del impuesto sobre predios del Terminal Marítimo de Buenaventura
entregados en concesión a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. en
virtud del mismo Contrato de Concesión No. 009 de 1994. Criterio iterado en el fallo
de 28 de noviembre de 2025 dictado por la Sala Segunda de Decisión, en el proceso
76001-23-33-000-2020-00221-00.
Adujo que en las referidas oportunidades el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
reconoció que los bienes que integran la infraestructura portuaria concesionada
conservan su naturaleza de bienes de uso público, y que, en consecuencia, el sujeto
pasivo del IPU no es la entidad pública propietaria [INVIAS], sino el concesionario que
realiza la explotación económica del bien
1.4.3. Finalmente, planteó el yerro concerniente a decisión sin motivación, comoquiera
que, a su juicio, el tribunal no se pronunció sobre los siguientes cargos de nulidad que
propuso:
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1. Violación del derecho fundamental al debido proceso administrativo, por
desconocimiento del imperio de la ley en materia de exclusión de los bienes de uso
público del IPU salvo los eventos taxativamente autorizados por el legislador;
2. Violación del principio de legalidad tributaria, al haberse determinado indebidamente
al INVIAS como sujeto pasivo del tributo pese a tratarse de bienes de uso público
concesionados, contrariando lo dispuesto en las Leyes 1450 de 2011, 1607 de 2012 y
1617 de 2013;
3. Extralimitación de funciones por parte del Director de la Dirección de Administración y
Gestión Financiera del Distrito de Buenaventura, al negarse a inscribir como sujetos
pasivos a los concesionarios y al inmiscuirse en una relación contractual ajena a su
competencia, configurando desviación de poder;
4.Falsa motivación de los actos demandados, al sostener erradamente que la concesión
transformaba la naturaleza jurídica de los bienes de uso público en bienes fiscales;
5.Desconocimiento de los propios actos del Distrito, al abandonar sin justificación la
posición adoptada en los Acuerdos 18 de 2008 y 08 de 2012, que reconocían a los
concesionarios como sujetos pasivos del impuesto;
6. Falsa motivación adicional, por no haberse demostrado que el INVIAS explotara
económicamente los inmuebles mediante establecimientos de comercio, requisito
indispensable para la aplicación del artículo 177 de la Ley 1607 de 2012;
7. Desviación de poder por el cobro de l IPU no vencido y la imposición de intereses
moratorios sin causación, en abierta contradicción con el artículo 234 del Acuerdo
Distrital 017 de 2017; y
8. Desconocimiento del Decreto 1873 de 2008, que ratificó expresamente la naturaleza
de bien de uso público de los inmuebles objeto de concesión.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con proveído de 8 de mayo de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener
como parte accionada al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional,
se ordenó la vinculación del Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial
de Buenaventura, del Distrito Especial de Buenaventura, de la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura S.A., de la Agencia Nacional de Infraestructura [ANI], así
como a las demás partes, personas, terceros y/o entidades que hubieren participado
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se identificó con el
radicado 76109-33-33-001-2018-00175-00/01/02.
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Finalmente, se le reconoció personería al abogado Manuel Fernando Rodríguez Soto
como apoderado de INVIAS y se ordenó a la oficina de sistemas de la corporación que
realizara una publicación en la página web con la información de este trámite tutelar.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
memoriales:
1.6.1. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura indicó que la acción de
tutela es improcedente debido a que la parte actora pretende reabrir, bajo la apariencia
de un debate constitucional, un asunto ya definido por el tribunal relacionado con la
legalidad de los actos administrativos demandados y las consecuencias del pago del
Impuesto Predial Unificado, y no demostró la existencia de una vulneración real,
directa y grave de sus derechos fundamentales, puesto que se limitó a exponer su
inconformidad con las consideraciones de la sentencia y del auto que resolvió las
solicitudes de aclaración y adición.
Adicionó que el cargo de decisión sin motivación no supera el análisis de
subsidiariedad en atención a que en realidad se trata de una incongruencia de la
sentencia, argumento que es de competencia exclusiva del juez del recurso
extraordinario de revisión de conformidad con la causal 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011.
Manifestó que no se satisfizo la exigencia de la inmediatez en tanto la providencia que
resolvió la aclaración y adición fue notificada el 12 de noviembre de 2025, mientras
que la tutela se ejerció el 20 de abril de 2026.
Por último, respecto al desconocimiento del precedente, acotó que no se configuró tal
defecto por cuanto las sentencias que invocó como desatendidas no presentan
supuestos fácticos y jurídicos idénticos con el asunto objeto de debate.
Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente el mecanismo constitucional, o,
en subsidio, se denieguen las pretensiones, y, en todo caso, abstenerse de emitir
cualquier orden respecto de esta sociedad.
1.6.2. La Agencia Nacional de Infraestructura solicitó su desvinculación del trámite
de la referencia al sustentar que carece de legitimación en la causa por pasiva debido
a que los reparos de la demanda tutelar se emplearon contra la sentencia de segunda
instancia del proceso ordinario.
1.6.3. El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Buenaventura solicito ser desvinculado, toda vez aseguró que no existe conducta
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atribuible a este despacho que comporte la vulneración o la amenaza de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
1.6.4. INVIAS, con el fin de reforzar el cargo de desconocimiento del precedente, allegó
un memorial en el cual puso de presente la expedición de las siguientes providencias:
«1) Auto de 17 de junio de 2026, emitido por el Tribunal Administrativo del Valle, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
76001-23-33-000-2020-00212-00; 2) Sentencia de 11 de junio de 2026 emitida por la
Sala Contencioso Administrativa -Sección Cuarta- del Consejo de Estado».
1.7. Otras actuaciones
En escrito de 24 de junio de 2026, la magistrada Gómez María Gómez Montoya
manifestó encontrarse impedida para conocer y tramitar el presente asunto. Lo
anterior, tras considerar que podría estar incursa en la causal del numeral 5.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto la magistrada del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Zoranny Castillo Otálora, con quien sostiene una
amistad íntima, suscribió la sentencia demandada de 18 de septiembre de 2025.
Al respecto, el ponente de esta decisión, en providencia de 24 de junio de 2026,
resolvió declarar infundada la referida manifestación de impedimento al no encontrar
acreditado alguno de los supuestos fácticos enlistados en la norma invocada.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por INVIAS
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
En relación con las solicitudes del Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Buenaventura y la Agencia Nacional de Infraestructura, concerniente a que
se les desvincule de la tutela de la referencia por carecer de legitimación en la causa
por pasiva, la Sala anuncia que se despacharán negativamente en atención a que su
integración como terceros obedeció al interés que les asiste en el resultado que se
adopte dentro de este mecanismo tutelar, al haber fungido como autoridad judicial de
primera instancia y vinculado del proceso ordinario.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de las providencias
28 de agosto y 7 de noviembre de 2025 dictadas por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 76109-33-33-001-2018-00175-02.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 13
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales15.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 16, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
13 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
14
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
15
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional
no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud
de amparo elevada por INVIAS no cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.
2.5.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
12
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(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal17.
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico18; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»19.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”20. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»21.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
17
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
18
Sentencia SU-103 de 2022.
19
Sentencia SU-573 de 2019.
20
Ibídem.
21
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
13
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riguroso22, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
2.5.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por INVIAS, advierte que el asunto carece de la carga
argumentativa desde la perspectiva constitucional para que proceda su análisis en
sede de tutela contra providencia judicial.
En síntesis, el instituto manifestó que en la sentencia de 28 de agosto de 2025 dictada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se configuraron los defectos por
desconocimiento del precedente, transgresión al derecho a la igualdad y decisión sin
motivación.
Frente al primero de los yerros, adujo que se desconoció la regla de derecho
establecida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia de 30 de
marzo de 202323], iterada en las providencias de 13 de marzo de 2025 [28985], 8 de
mayo de 2025 [29745] y 19 de febrero de 2026 [29920], según la cual los bienes
entregados en concesión portuaria conservan su naturaleza de bienes de uso público.
Respecto al segundo reproche, adujo que se le imprimió un trato diferente porque el
mismo tribunal en casos anteriores de supuestos fácticos y jurídicos idénticos24, acogió
la postura de la Sección Cuarta. Para tal efecto, citó las sentencias de 17 y 20 de
octubre de 2025 proferidas por la Sala Tercera y la Sala Mixta de Decisión, y el fallo
de 28 de noviembre de 2025 dictado por la Sala Segunda de Decisión en el proceso
76001-23-33-000-2020-00221-00.
En cuanto al último reparo indicó que la autoridad accionada no le resolvió los cargos
de «nulidad» que, en síntesis, consistieron en resaltar: (i) la violación al debido proceso
administrativo y la falsa motivación de los actos por cuanto se desconoció la naturaleza
de bien de uso público del predio objeto del impuesto contrariando lo estipulado en las
Leyes 1450 de 2011, 1607 de 2012 y 1617 de 2013 y el Decreto 1873 de 2008; no se
demostró que INVIAS explotaba económicamente el inmueble; la negativa de la
administración en tener como sujetos pasivos del tributo a los concesionarios en
omisión a lo establecido en los Acuerdos 18 de 2008 y 08 de 2012; y (ii) la desviación
de poder por el cobro de intereses de mora de un impuesto que no había vencido en
abierta contradicción con el artículo 234 del Acuerdo Distrital 017 de 2017.
22
Sentencia SU-573 de 2019.
23 Expediente 47001-23-33-000-2018-00204-01 (26785).
24
Las sentencias
14
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Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió revocar la decisión
de primer grado que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y, en su lugar, las denegó luego de considerar
que:
(i) el inmueble objeto del impuesto conservaba su naturaleza de bien de uso público
pese a encontrarse concesionado; (ii) algunas áreas del inmueble eran explotadas
comercialmente por el concesionario, lo cual constituye el hecho generador del tributo
a cargo de este en virtud de lo señalado en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 y 26
de la Ley 1617 de 2013; (iii) la obligación se extinguió con el pago efectuado por
INVIAS independientemente de la calidad que ostente, según lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia del 28 de noviembre de 201825; (iv) no se configuró el
pago de lo no debido, por tanto, no procedía la nulidad de los actos administrativos
demandados y el INVIAS debía adelantar las acciones de recobro frente a los
concesionarios de conformidad con lo estipulado en el artículo 1666 del Código Civil
Colombiano que prevé la figura del pago por subrogación; y (v) en un proceso de
similares connotaciones fácticas en donde la Sociedad Portuaria Regional de Santa
Marta adujo no ser sujeto pasivo del impuesto predial del Terminal Marítimo de esa
ciudad por no tener un establecimiento de comercio, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado analizó que una de las sociedades concesionarias sí los tenía y ejercía una
actividad económica por la cual se lucraba26.
Al respecto, para esta colegiatura es evidente que el asunto carece de relevancia
constitucional debido a que los cargos elevados por INVIAS no están dirigidos a
controvertir la razón de la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
tanto dicha autoridad consideró que el bien ocupado por la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura S.A. era de uso público y que, al ser explotado
económicamente por la referida sociedad, se constituía el hecho generador del
impuesto predial unificado. Sin embargo, INVIAS planteó en esta tutela que la
autoridad judicial desconoció esa naturaleza pública del bien, lo cual no corresponde
con lo precisado en la sentencia.
Aunado a lo anterior, el tribunal indicó que INVIAS pagó el tributo y con ello extinguió
la obligación; razón por la cual la administración no podía cobrar nuevamente dicho
concepto al sujeto pasivo y, en ese orden, lo que correspondía era cobrarle a la
sociedad portuaria lo pagado. En este punto del debate, también se advierte que los
reproches del extremo accionante no atacan la anterior considerativa, comoquiera que
lo planteado en el escrito de tutela señala que el tribunal determinó que la carga
tributaria estaba en cabeza de INVIAS, lo cual no corresponde con la realidad
sustancial.
25
25000-23-37-000-2014-00749-01(22098).
26
«Sentencia de 30 de marzo de 2023».
15
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También alegó INVIAS que la judicatura accionada no demostró que esta entidad
explotaba comercialmente el bien, pese a que, como ya se indicó, el tribunal siempre
tuvo claridad en que la sociedad portuaria era la que ejercía actividades en el predio
que le generaban un beneficio económico.
En ese orden de ideas, si bien se planteó el desconocimiento del criterio de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y la transgresión del derecho a la igualdad por parte del
mismo tribunal respecto a la naturaleza inmutable de los bienes de uso público que se
otorgan en concesión, lo cierto es que, de igual manera, no impugnan la razón de la
decisión contenida en la providencia de 28 de agosto de 2025, en tanto el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no omitió determinar que el inmueble objeto del
impuesto era de uso público, en ese sentido, el criterio judicial invocado no fue
desatendido por cuanto lo que concluyó el tribunal es que, al haberse pagado el
impuesto, se extinguió la obligación y lo que debe realizar INVIAS es el respectivo
cobro ante la sociedad portuaria.
Ahora, en relación con el yerro de decisión sin motivación, a priori se advierte que los
argumentos de presuntas nulidades planteadas por el extremo demandante ante el
tribunal coinciden en el núcleo esencial relativo a la violación del debido proceso
administrativo y a la falsa motivación de los actos por cuanto se desconoció la
naturaleza del bien y no se tuvo como parte pasiva a la sociedad portuaria, lo cual es
la iteración del debate circunscrito al debate ordinario y frente a lo cual el tribunal no
desconoció que se trataba de un edificio de uso público. En otras palabras, estos
reproches tampoco atacan la razón de la decisión demandada.
Igual suerte corre el cargo concerniente a que hubo una desviación de poder por el
cobro de intereses de mora de un impuesto que no había vencido en abierta
contradicción con el artículo 234 del Acuerdo Distrital 017 de .017, pues esto tampoco
tiene la entidad de enervar la ratio decidendi de la sentencia de 28 de agosto de 2025.
Finalmente, en relación con la providencia de 7 de noviembre de 2025 a través de la
cual se resolvió la solicitud de adición y aclaración, de conformidad con el contenido
de la demanda de tutela, la Sala observa que INVIAS no planteó y desarrolló en debida
forma algún defecto que esté dirigido contra esa decisión, en consecuencia, carece de
la carga argumentativa mínima y consecuencialmente desde la perspectiva
constitucional.
En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con el
pronunciamiento judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el
contrario, es menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de
argumentar el concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en
abierta contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este
juez un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado la judicatura
cuestionada.
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Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el extremo accionante ejecute una exposición
que sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial.
Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de las prerrogativas superiores de la
entidad accionante con ocasión de la expedición de las providencias dictadas por la
autoridad censurada27.
2.6. Conclusión
La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el Instituto Nacional
de Vías contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura y la Agencia Nacional de
Infraestructura.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
Instituto Nacional de Vías contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
27 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
18
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