Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-003-2018-01112-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-003-2018-01112-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-003-2018-01112-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-003-2018-01112-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
19 de febrero de 2026
Radicado: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
Demandada: Distrito Especial de Buenaventura
Temas: Predial. Bien de uso público en concesión. Sujeto pasivo. Devolución
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacional de Vías (en
adelante INVIAS) y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA (en adelante la
sociedad portuaria)1, contra la sentencia del 20 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que resolvió:
Primero: Negar las pretensiones de la demanda.
Segundo: Ordenar al INVIAS adelantar el proceso de recobro de la obligación subrogada
a los concesionarios del predio Muelle 13 Petrolero, matrícula inmobiliaria 372-47716,
código catastral 01-01-0002-0006-000.
Tercero: Condenar en costas a la parte actora a favor del distrito de Buenaventura. Las
agencias en derecho se fijan en $11.072.0862.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Factura 0321.1.54-1504-2018 del 01 de junio de 2018 -acto demandado-, el
Distrito Especial de Buenaventura liquidó a cargo del INVIAS, en su calidad de
propietario3 del predio con matrícula inmobiliaria 372-47716 y cédula catastral 01-01-
0002-0006-0004, el impuesto predial unificado IPU y la sobretasa ambiental del periodo
2018. Con la Resolución 0321-54-0039-2018 del 04 de septiembre de 2018 -acto
demandado-, la administración resolvió el recurso de reconsideración y mantuvo la
liquidación del tributo, porque a su juicio, el predio es un bien fiscal, no de uso público.
1
Samai tribunal, índices 99 y 110. Mediante auto del 26 de febrero de 2024 el tribunal vinculó al proceso a la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura y a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares como «litis consortes necesarios por pasiva». Según se
afirmó, «por la necesidad de articular los efectos de la sentencia con el contrato de concesión de la Sociedad Portuaria y la figura de
la subrogación como acreedor por el pago de un impuesto realizado por un tercero». Confirmado con auto del 04 de junio de 2024,
por el que se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad portuaria, porque a juicio del a quo, parte del inmueble
denominado Muelle 13 pertenece a la concesión 009 de 1994, de la que esta es concesionaria.
2
Samai tribunal, índice 138.
3
Con la resolución del Ministerio de Transporte 003287 del 06 de agosto de 2010 se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Buenaventura la apertura de matrícula inmobiliaria para el inmueble conocido como Muelle 13 Petrolero, ubicado en el
Terminal Marítimo de esa ciudad. En el certificado de tradición expedido el 10 de octubre de 2018 por esa oficina, consta que el
inmueble es urbano, Sector Muelle 13 Terminal Marítimo, con fecha de apertura del 29 de octubre de 2010. En la anotación 001 se
observa transferencia de dominio a título gratuito -adjudicación de bien vacante Muelle 13- del Ministerio de Transporte al INVIAS.
4
En la demanda -reforma integrada- se relacionaron 16 predios que hacen parte del Puerto de Buenaventura. El INVIAS indicó que
el predio de esta litis se asocia al Contrato de Concesión 009 del 21 de febrero de 1994 (concesionario Sociedad Portuaria de
Buenaventura), a la Resolución 004 de 1994 (concesionario Agencia Logística de las Fuerzas Militares) y a los contratos de concesión
018 de 1997 y 001 de 2008 (concesionario Sociedad Grupo Portuario SA)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
Con el oficio 0320-207-2018 del 20 de junio de 2018 -acto demandado-5, la Alcaldía Distrital
de Buenaventura se refirió a la solicitud del INVIAS para que las sociedades
concesionarias fueran consideradas sujetos pasivos del IPU respecto de los inmuebles
de la entidad entregados en concesión -no se identifican los predios, se alude de manera genérica
a «los inmuebles concesionados a sociedades portuarias»-. Decisión contra la que se interpusieron
los recursos de reposición y en subsidio de apelación6, que según se afirma en la
demanda, no fueron objeto de pronunciamiento -actos presuntos demandados-.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones7:
Primera: Que en el caso de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, concluya que
el Artículo 2º del Acuerdo 08 del 2012 expedido por el Concejo Distrital de Buenaventura
estaba vigente para el año 2018, ordene inaplicarlo por desconocer que las normas señaladas
en los hechos solo permiten cobrar el impuesto predial unificado en inmuebles de uso público
concesionados a los terceros que los explotan mercantilmente.
Segunda: Que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordene inaplicar el Artículo 23
del Acuerdo 017 del 2017 expedido por el Concejo Distrital de Buenaventura; por desconocer
que las normas señaladas en los hechos solo permiten cobrar el impuesto predial unificado
en inmuebles de uso público concesionados, a los terceros que los explotan mercantilmente.
Tercera: Se declare y decrete la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por
el Distrito de Buenaventura:
Se declare y decrete la nulidad de los siguientes actos administrativos, todos expedidos por el
Distrito de Buenaventura:
1. Oficio No. 0320-207-2018 de junio 20 del 2018 radicado en INVIAS con el No. 52195 del
25 de junio del 2018 expedido por el Director de la Dirección de Administración y Gestión
Financiera del Distrito de Buenaventura.
2. El acto presunto que negó la revocatoria del oficio anterior, por haber transcurrido más de
dos meses de haberse presentado el recurso de reposición y en subsidio de apelación por
parte del INVIAS a través del No. SA 27949 del 29 de junio del 2018, entregado al Distrito
el día 6 de julio de 2018, sin que hasta la fecha se haya decidido los mismos.
3. Resolución Factura No. 0321.1.54-1504-2018 del 1º de junio de 2018.
4. Resolución No. 0321-54-0039-2018 del 4 de septiembre del 2018 por medio de la cual se
resuelve recurso de reconsideración.
Cuarta: Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de INVIAS
declarando que INVIAS no es el sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado determinado en
los actos administrativos aquí demandados.
Quinta: Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de INVIAS
ordenando al demandado a que se le restituya al INVIAS lo que este ha cancelado por
Impuesto Predial sobre el predio descrito en esta demanda para la vigencia 2018 8.
Sexta: Que se condene en costas a la entidad demandada.
5
Acto notificado por correo con fecha de entrega del 23 de junio de 2018. La demanda se presentó el 23 de octubre de 2018.
6
Se solicitó revocar la decisión y, en su lugar, acceder a la solicitud de inscribir como únicos obligados y, por lo tanto, como sujetos
pasivos del IPU de los inmuebles que hacen parte del Terminal Marítimo de Buenaventura, a los concesionarios.
7
Samai CE, índice 16, expediente digital, 25ED_09ReformaDemanda(.pdf) NroActua 16. Reforma a la demanda integrada.
8
Obra la Resolución 07874 del 17 de diciembre de 2018, aclarada por la Resolución 00207 del 23 de enero de 2019, expedidas por
el Ministerio de Transporte, por las que se ordenó el pago bajo protesta del IPU del predio que interesa en este caso -para evitar
intereses de mora, sin desistir de reclamar- vigencia 2018, y de los demás que hacen parte del Terminal Marítimo de Buenaventura.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
Invocó como vulnerados los artículos 4, 29, 287 y 338 de la CP (Constitución Política);
674 del CC (Código Civil); 166 y 167 del Decreto Ley 2324 de 1984; 5 de la Ley 1 de
1991; 6.3 de la Ley 768 de 2002; 23 de la Ley 1450 de 2011; 177 de la Ley 1607 de 2013;
26.3 de la Ley 1617 de 2013; y 27 literal d) y 234 del Acuerdo Distrital 17 de 2017; así
como el Decreto 1873 de 2008, bajo el siguiente concepto de violación:
Con la expedición de los actos demandados, la administración desconoció las normas
que regulan el IPU sobre bienes de uso público -leyes y acuerdos- y la jurisprudencia,
vulneró el debido proceso y el principio de legalidad, se extralimitó en sus funciones e
incurrió en falsa motivación. Ello, porque pasó por alto que los puertos son bienes de uso
público no gravados con dicho impuesto y que no adquieren la naturaleza de bienes
fiscales por estar en concesión -el argumento de tratarse de un bien fiscal fue el sustento del acto
que decidió el recurso de reconsideración contra la factura-. Por disposición legal, cuando los
particulares explotan económicamente bienes de uso público bajo concesión, son los
sujetos pasivos del tributo, lo que descarta la sujeción pasiva del propietario y la
solidaridad en el pago, realizado bajo protesta -pago de lo no debido-. Con todo, no está
probado que la entidad sea propietaria de un establecimiento de comercio en el inmueble
y se deben tener en cuenta las cláusulas de los contratos de concesión y sus otrosíes,
que determinan el riesgo tributario y la obligación de los concesionarios frente al pago
oportuno de los tributos sobre los predios y bienes objeto de concesión.
No procede negar la inscripción de los concesionarios como responsables del IPU con el
argumento de que los contratos fueron celebrados antes del 29 de diciembre de 2010 -
entró en vigor la Ley 1430 de 2010-, pues ello implicaría invadir la competencia del juez del
contrato y reconocer derechos adquiridos a favor de los concesionarios, noción
inaplicable en materia tributaria. Se incurrió en desviación de poder al cobrar un impuesto
no vencido -art. 234 Acuerdo 017 de 2007- y exigir intereses de mora no causados.
Se deben inaplicar los artículos 2 del Acuerdo 08 de 2012 -si se considerara vigente- y 23 del
Acuerdo 017 de 2017, que establecen la responsabilidad solidaria por el pago del tributo
entre el propietario y el poseedor del predio, por desconocer los artículos 6.3 de la Ley
768 de 2002, 23 de la Ley 1450 de 2011, 177 de la Ley 1607 de 2013 y 26.3 de la Ley
1607 de 2013.
Contestación de la demandada
El Distrito de Buenaventura contestó la demanda y su reforma. Propuso la excepción
innominada frente a todo hecho, acto u acontecimiento que resulte probado en el proceso.
Se opuso a las pretensiones y al efecto sostuvo que el bien inmueble objeto del IPU tiene
naturaleza de bien fiscal, no de uso público, y que su propietario, conforme a la
información catastral, es el INVIAS; en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 23 del Acuerdo 17 de 2017, dicha entidad es el sujeto pasivo del tributo. Aludió a
que esa norma refiere a la solidaridad entre propietario y poseedor -concesionario-, frente
a quien resultaría procedente repetir para recuperar el pago realizado, sin que se pudiera
predicar pago de lo no debido. Mencionó que en los contratos de concesión debe definirse
la parte encargada de asumir la carga tributaria del bien concesionado, aclarando que la
negociación y asignación de dichas obligaciones es asunto ajeno a su competencia y
propio de la relación contractual. Finalmente, advirtió que la pretensión de devolución de
las sumas pagadas por el INVIAS tendría un impacto negativo en las finanzas del Distrito,
en la medida en que dicho monto representa un valor importante de sus recursos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA SPRBU -vinculada como litis consorte
necesario por pasiva-9 contestó la demanda, propuso la excepción genérica -que resulte
probada- y de falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que el inmueble objeto
del tributo en discusión no hace parte del contrato de concesión 009 de 1994 -los demás
contratos de concesión citados en la demanda, asociados al inmueble, le son ajenos-10 y no lo utiliza
bajo ningún título -posesión, control o tenencia-, por lo que carece de interés directo en el
proceso. Destacó que, no es sujeto de la relación jurídica sustancial derivada de los actos
demandados, los cuales se dirigen al INVIAS, y que el debate en este proceso se
circunscribe a la legalidad de dichos actos, no a la determinación del sujeto pasivo del
tributo. Afirmó que el acto que negó la inscripción de los concesionarios como sujetos
pasivos del IPU sobre los bienes que hacen parte del Puerto de Buenaventura, no le crea,
reconoce, modifica o extingue situaciones jurídicas. Finalmente, adujo que resulta ajeno
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho atribuirle obligaciones
tributarias -a título de subrogación- respecto de actos que no le son oponibles.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares11 -vinculada como litis consorte necesario por
pasiva- contestó la demanda. Expuso que no ostenta la calidad de sujeto activo ni pasivo
con interés jurídico en la relación sustancial debatida en el proceso, ni mantiene vínculo
contractual respecto de la totalidad de los inmuebles que conforman el denominado
Muelle 13 de Buenaventura. Precisó que, si bien es concesionaria del predio identificado
con la cédula catastral 01-01-0002-0006-000 -objeto de la presente litis-, en desarrollo de los
contratos de concesión -en particular, 018 de 1997 y 001 de 2008-, suscribió el contrato de
arrendamiento 050 de 1997 con el Grupo Portuario SA, mediante el cual le otorgó la
administración y operación del predio con carácter exclusivo. Finalmente, indicó que el
artículo 27 del Acuerdo 017 de 2017, excluyó del IPU a los bienes de uso público.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda, ordenó al INVIAS adelantar el proceso
de recobro de la obligación subrogada a los concesionarios del predio Muelle 13 Petrolero
con matrícula inmobiliaria 372-47716 y código catastral 01-01-0002-0006-000, y condenó
en costas -agencias en derecho- a la parte actora12.
Precisó que, en su entender, una parte del Muelle 13 Petrolero se encuentra en concesión
a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura -Terminal Marítimo de Buenaventura- y la
otra a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, quienes tienen interés directo en el
proceso por el vínculo jurídico con el predio, derivado de la concesión y explotación
comercial13. Destacó que el inmueble objeto de análisis constituye un bien de uso público
y que su entrega en concesión no implica su transformación a bien fiscal.
9
Vinculada mediante auto del 26 de febrero de 2024, según afirmó el tribunal, ante la necesidad de articular los efectos de la sentencia
con el contrato de concesión de la Sociedad Portuaria y la figura de la subrogación como acreedor por el pago de un impuesto
realizado por un tercero. La sociedad portuaria interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El INVIAS coadyuvó la
petición del recurrente, porque según afirmó, el único concesionario del inmueble es la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas y
la relación jurídica respecto de los actos demandados es entre el INVIAS y el Distrito de Buenaventura-. Mediante auto del 04 de junio
de 2024 el tribunal confirmó la decisión recurrida, tras considerar que el inmueble objeto del IPU es parte de la concesión 009 de 1994
otorgada a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Rechazó por improcedente el recurso de apelación.
10
Ver nota al pie de página 4.
11
Conforme al artículo 2 del Decreto 4746 de 2005, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares es un establecimiento público del
orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y
patrimonio independiente. Vinculada mediante auto del 26 de febrero de 2024.
12
Samai tribunal, índice 138.
13
Realizó la valoración de las pruebas aportadas al expediente y concluyó que, si bien de acuerdo con el informe pericial rendido por
el IGAC, el predio Muelle 13 Petrolero no hace parte de los predios concesionados a la sociedad portuaria, a diferencia de ese peritaje,
los planos que el INVIAS aportó con la demanda demostrarían que una parte del Muelle 13 Petrolero lo explota la concesión de la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, por lo que procedió a realizar la superposición de los polígonos IGAC con el polígono
SPRB. Concluyó que esa contradicción se resuelve con la Resolución 3287 del 06 de agosto de 2010 por la cual el Ministerio de
Transporte transfirió al INVIAS la propiedad del predio Muelle 13 Petrolero con código catastral 01-01-0002-0006-000. Acto que goza
de presunción de legalidad y que identificó ese predio como parte de la concesión a la sociedad portuaria.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
En ese orden, el área explotada comercialmente por la sociedad portuaria causa el IPU
a cargo del concesionario; sin embargo, al tratarse de un tributo de carácter real, es
exigible a cualquier persona que tenga un vínculo jurídico con el bien -en virtud de la
solidaridad-, y como está probado que el INVIAS es el propietario -conforme a la Resolución
3287 de 2010, mediante la cual se le transfirió la propiedad-14, podía exigírsele el pago del tributo.
En consecuencia, descartó la configuración de un pago de lo no debido y negó la solicitud
de nulidad de los actos demandados15 -no se pronunció sobre la pretensión de nulidad del acto que
se refirió a la solicitud de que las sociedades concesionarias fueran consideradas sujetos pasivos del IPU
respecto de los inmuebles de la entidad entregados en concesión-.
Consideró que como la administración reconoció que el INVIAS efectuó el pago del IPU
de 2018 y con ello se extinguió la obligación fiscal -considerando 91-, corresponde a esa
entidad el recobro contra los concesionarios del Muelle 13 Petrolero y al amparo de las
cláusulas contractuales de las concesiones, determinar los porcentajes y responsables
del pago del tributo. Ello, por cuanto la solidaridad entre el propietario y el poseedor se
deriva del carácter real del tributo. Con base en lo anterior, descartó la procedencia de la
excepción de ilegalidad frente al artículo 23 del Acuerdo 017 de 2017, que derogó, en lo
que le fuera contrario, el Acuerdo 08 de 2012 -se precisa que la decisión sobre la solicitud de
inaplicación de dichas normas locales, en lo relativo a la solidaridad, no fue objeto de apelación-.
Finalmente, condenó en costas a la parte actora -agencias en derecho-, para lo cual tuvo en
cuenta que la sentencia no le fue totalmente desfavorable, en la medida en que conservó
el derecho a ejercer el recobro del pago del tributo16.
Recurso de apelación
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura -vinculada como litisconsorte necesario por
pasiva- apeló la decisión del tribunal17. Pidió declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa, pues, contrario a lo establecido por el a quo -con indebida valoración
probatoria derivada de superposición de planos sin tener en cuenta las demás pruebas aportadas- el
predio objeto de litis no le fue entregado en concesión, ni es explotado comercialmente
por ella18; además, no es sujeto de la relación jurídica sustancial involucrada en los actos
acusados, por lo que carece de interés directo en el litigio.
Adujo que el tribunal desconoció los principios de autonomía de las entidades territoriales
en materia tributaria y de congruencia de la sentencia. El primero, al omitir el artículo 72
del Estatuto Tributario Local, acorde con el cual «no pagarán» el IPU los bienes de uso
público -art. 674 CC-, sin excepción, y el segundo, al exceder el marco del medio de control
y las pretensiones de la demanda, para pronunciarse sobre la subrogación de un
acreedor por el pago del referido tributo y, con fundamento en ello, ordenar al INVIAS
«adelantar el proceso de recobro de la obligación subrogada a los concesionarios», frente al inmueble,
que en su caso, reiteró, no fue objeto de concesión, por lo que pidió revocar el ordinal
segundo de la sentencia apelada.
14
Como se reseñó en la nota al pie de página 3.
15
El tribunal indicó que la decisión adoptada por los nuevos integrantes de la Sala no desconoce el derecho a la igualdad frente a las
partes que intervinieron en el proceso 76001-23-33-000-2020-00219-00, demandante: INVIAS, demandado: Distrito de Buenaventura,
vinculado: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, en el que se profirió sentencia de primera instancia del 27 de septiembre
de 2023 por la que se anuló la factura por concepto del IPU 2019 del predio con matrícula inmobiliaria 372-20497 -otro predio del
muelle 13 petrolero- y del acto que la modificó. A título de restablecimiento declaró que el INVIAS no está obligado a pagar el citado
tributo y que se le debía restituir el pago realizado por tal concepto. En esta oportunidad se precisa que esta corporación mediante
sentencia del 13 de marzo de 2025 (exp. 28985, CP: Milton Chaves García), confirmó la anterior decisión, al establecer que hubo
explotación comercial con ánimo de lucro del predio de naturaleza pública (bien de uso público), ya que la SPRBUN ejerce dicha
actividad sobre el inmueble mediante la prestación de operaciones portuarias. Se concluyó que la condición de sujeto pasivo del IPU
del predio entregado en concesión no recae en el INVIAS, como erróneamente se estableció en los actos acusados.
16
Se fijaron en $11.072.086 y corresponden al 0.5% de la cuantía -$2.214.417.222- (art. 366.4 CGP y Acuerdo PSAA16-10554 de
2016 del CSJ)
17
Samai tribunal, índice 142.
18
Destacó que el inmueble no se incluyó en las áreas concesionadas del Contrato de Concesión 009 de 1994, lo que se corrobora
con el informe pericial del IGAC y la respuesta de la ANI a la comunicación SA 43333 del INVIAS -se indicó que el único concesionario
es la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas-, hecho reconocido por el INVIAS -demandante- al coadyuvar el recurso contra el
auto que la vinculó como parte en este proceso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
El INVIAS apeló la decisión del tribunal19. Afirmó desconocimiento del principio de tutela
judicial efectiva y de congruencia de la sentencia por omitir pronunciarse sobre las
pretensiones y cargos de nulidad propuestos en la demanda contra los actos acusados
y, en su lugar, sostener la «tesis jurídica de subrogación», lo que no excusa abstenerse de
estudiar la legalidad de los actos. También desconoció los artículos 6 de la Ley 768 de
2002, 54 de la Ley 1430 de 2010, 23 parágrafo 2 de la Ley 1450 de 2011 y 26.3 de la Ley
1617 de 2013 -régimen distritos especiales-, así como las providencias de la Corte
Constitucional que examinaron su constitucionalidad20, lo que vulnera los derechos al
debido proceso e igualdad en la aplicación de la ley, así como el principio iura novit curia,
pues conforme a esas disposiciones, el sujeto pasivo del IPU, en este caso, sobre el bien
de uso público dado en concesión -hecho que se tuvo como probado por el tribunal frente a la
SPRBUN-, es el particular que lo explota comercialmente. Cuestionó que el a quo haya
desconocido sin fundamento legal su propio precedente -sentencia del 13 de septiembre de
2024 sobre el mismo proyecto portuario, por nueva conformación de la Sala21- y los del Consejo de
Estado22 y omitido resolver sobre la falsa motivación del acto -alegada en la demanda- e
insistió en que conforme al artículo 27 lit. d) del Acuerdo Distrital 17 de 2017, en el Distrito
de Buenaventura los bienes de uso público están excluidos del IPU, sin excepción.
Destacó que con la actuación administrativa demandada y la sentencia apelada se
desconoció que con el Decreto 1800 de 2003 se creó el Instituto Nacional de Concesiones
-INCO hoy ANI23- a quien se le cedieron todos los contratos de concesión existentes sobre
la infraestructura de transporte -art. 18 ib-, de ahí que no se le pueda considerar sujeto
pasivo del tributo ni establecer una subrogación de derechos, pues lo que se presenta es
el pago de lo no debido por adolecer de causa legal. Mencionó que el pago -hecho bajo
protesta- se realizó para evitar el cobro de intereses y no constituye renuncia del derecho
a ejercer el control de legalidad de los actos demandados.
Pronunciamientos finales
El INVIAS se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura24 y se opuso a lo solicitado por aquella, al considerar
que el tribunal no incurrió en indebida valoración probatoria al otorgarle prelación a la
Resolución 3287 de 2010 y concluir que la sociedad portuaria y la Agencia Logística de
las Fuerzas Militares ostentaban la tenencia de partes del bien objeto de la litis, el cual,
según reiteró, es de uso público, aspecto que no fue cuestionado en la apelación. Solicitó
que se tengan en cuenta como precedentes judiciales para resolver el asunto las
sentencias proferidas por el Consejo de Estado el 13 de marzo de 2015 (exp. 28985) y el
08 de mayo del mismo año (exp. 29745), en las que se concluyó que el INVIAS no es el
sujeto pasivo del IPU respecto de esa clase de predios.
El ministerio público25 solicitó revocar la sentencia apelada. Coincidió con el tribunal en
que los bienes entregados en concesión a las sociedades portuarias son de uso público 26.
Partiendo de dicha naturaleza, adujo que el deber del pago del tributo recae en el
concesionario, no en el INVIAS, por lo que el pago realizado por esa entidad es de lo no
debido, sin que exista razón jurídica que sustente la solidaridad entre el propietario y el
concesionario del predio.
19
Samai tribunal, índice 143.
20
En concreto, se refirió a las sentencias C-183 de 2003 y C-822 de 2011.
21
Exp. 76001-23-33-000-2023-00311-00. Sobre este punto ver la nota al pie de página 15.
22
Sentencias del 25 de mayo de 2017 (exp. 21973, CP: Milton Chaves García) y del 30 de marzo de 2023 (exp. 26785, CP: Myriam
Stella Gutiérrez Argüello).
23
Creada por el Decreto 4165 de 2011 como entidad adscrita al Ministerio de Transporte.
24
Samai CE, índice 14.
25
Samai CE, índice 17.
26
Citó la sentencia del Consejo de Estado del 13 de marzo de 2025 (exp. 28985, CP: Milton Chaves García)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación
planteados por el INVIAS -actora- y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA
(SPRBUN) -vinculada-, contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, ordenó a la actora adelantar el recobro de la obligación subrogada a los
concesionarios del predio Muelle 13 Petrolero, matrícula inmobiliaria 372-47716, código
catastral 01-01-0002-0006-000 y la condenó en costas -agencias en derecho-.
En concreto, corresponde establecer si el INVIAS es responsable del pago del IPU 2018
respecto del bien de uso público entregado en concesión, como sujeto pasivo -propietario-
o responsable solidario, y si, en consecuencia, el pago realizado tiene causa legal. Con
la precisión de que no se apeló la decisión del tribunal de abstenerse de inaplicar la norma
local que se refiere a la solidaridad del IPU en el Distrito de Barrancabermeja -art. 23
Acuerdo 017 de 2017-27, ni la naturaleza de bien de uso público entregado en concesión.
De forma preliminar, se precisa que, en el recurso de apelación, la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura reiteró no estar legitimada en la causa por pasiva, argumento
que ya había sido expuesto al interponer el recurso de reposición contra el auto que la
vinculó al proceso «como litisconsorte necesario por pasiva». Dicha circunstancia impone un
pronunciamiento previo, para reiterar que, tratándose del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho, únicamente está legitimada para comparecer como parte
demandada la autoridad administrativa que haya expedido y suscrito el acto o los actos
administrativos demandados28. En el caso, tal condición recae en el Distrito Especial de
Buenaventura, y no en la sociedad portuaria, por lo que se declarará probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva -calidad en la que fue vinculada- y,
por ende, se le desvinculará del presente proceso. Lo anterior releva a la Sala de estudiar
los demás argumentos del recurso de apelación, propuestos por la sociedad portuaria
contra la sentencia de primera instancia.
En el mismo sentido, se declarará probada de oficio dicha excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares, también vinculada al proceso en calidad de «litisconsorte necesario por pasiva», toda
vez que no fue la entidad que expidió los actos administrativos demandados. En
consecuencia, de oficio se dispondrá su desvinculación del presente proceso.
Análisis del caso concreto
2- El INVIAS impugnó el fallo de primer grado para insistir en que, no se le puede
considerar sujeto pasivo del tributo y establecer una subrogación de derechos, pues lo
que se presenta es el pago de lo no debido por adolecer de causa legal, con lo cual
solicita la devolución. El tribunal consideró que el predio objeto del impuesto discutido,
del año 2018, es de propiedad del INVIAS y cuenta con áreas explotadas por el
concesionario, que se trata de un bien de uso público, pues, pese a haber sido entregado
en concesión, no pierde dicha naturaleza ni se transforma en bien fiscal -conclusiones que
no fueron objeto de reparo concreto en el recurso de apelación, razón por la cual la Sala parte de ellas para
resolver el asunto-.
27
Artículo 23. Sujeto pasivo. Es la persona natural o jurídica, propietaria, poseedora o usufrutuaria de predios ubicados en la
jurisdicción del Distrito Especial de Buenaventura; también lo son los administradores de patrimonios autónomos por los bienes
inmuebles que de él hagan parte.
Responderán solidariamente por el pago del impuesto el propietario y el poseedor del predio. Cuando se trate de predios sometidos
al régimen de comunidad, serán sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción
o derecho del bien indiviso.
28
Sentencia del 30 de marzo de 2023 (exp. 26785, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
Con fundamento en lo anterior, el a quo concluyó que, al tratarse de un tributo de carácter
real, su pago puede exigirse a cualquier persona que tenga vínculo jurídico con el bien,
en este caso, al propietario, en virtud de la solidaridad, lo que a su juicio descartaba la
configuración de un pago de lo no debido. En consecuencia, al haberse acreditado que
la actora efectuó el pago del tributo -periodo 2018- y que la obligación se extinguió -
considerando 91-, dispuso que INVIAS debía adelantar el recobro de la obligación
subrogada frente a los concesionarios.
Para resolver, la Sala reitera29 lo expuesto en un caso similar, en el sentido de que,
tratándose de bienes de uso público, solo están gravados aquellos previstos en la ley. En
lo que atañe al objeto de la litis, el artículo 177 de la Ley 1607 de 201230, dispone que,
en materia de impuesto predial y valorización, los bienes de uso público y las obras de
infraestructura continuarán excluidos de dichos tributos, excepto las áreas ocupadas por
establecimientos mercantiles. Asimismo, la norma establece que son sujetos pasivos del
IPU los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación
comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del
contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos y marítimos.
Bajo dicho lineamiento y partiendo de que, como lo determinó el tribunal, los bienes
entregados en concesión a las sociedades portuarias tienen la condición de bienes de
uso público31, circunstancia no controvertida en el recurso de apelación, ni tampoco la
explotación comercial por parte del concesionario con ánimo de lucro del predio de
naturaleza pública -bien de uso público-, dado que las partes coinciden en que el mismo
integra el Muelle 13 Petrolero, se concluye que la condición de sujeto pasivo del IPU no
recae en el INVIAS. Así, resulta errónea la determinación efectuada en el acto de
liquidación del tributo -factura- y su confirmatorio -dirigidos únicamente contra el INVIAS- en tanto
se le atribuyó dicha calidad a la entidad propietaria32.
Así y en línea con el precedente, el INVIAS no se encuentra obligado a pagar suma
alguna al Distrito de Buenaventura por concepto del IPU 2018, ni en calidad de sujeto
pasivo -por ser el propietario del predio-, ni en virtud de la solidaridad. Si bien a esa figura se
alude en el artículo 23 del Acuerdo 017 de 2017 -disposición local que el tribunal se abstuvo de
inaplicar, decisión que no fue apelada-, lo cierto es que, en el caso, el fundamento de los actos
demandados se centró en el carácter de bien fiscal del predio, sin aludir a solidaridad,
por lo que tales actos -teniendo en cuenta que, como lo ha reiterado esta Sección «el acto es en sí
mismo el objeto y límite del control de legalidad que ejerce la jurisdicción»-33 adolecen del vicio de
29
Sentencia del 13 de marzo de 2025 (exp. 28985, CP: Milton Chaves García, demandante: INVIAS, demandado: Distrito de
Buenaventura, IPU, 2019), frente a otro inmueble en el que la sociedad portuaria ostenta la calidad de concesionaria según lo
establecido en el contrato de concesión 009 del 21 de febrero de 1994, celebrado con la Superintendencia de Puertos.
30
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. En el artículo 177, que modificó el artículo 54
de la Ley 1430 de 2010, dispuso que son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las personas naturales,
jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales,
patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto. Que en «materia de impuesto predial y valorización
los bienes de uso público y obra de infraestructura continuarán excluidos de tales tributos, excepto las áreas ocupadas por
establecimientos mercantiles. Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra
forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de concesión
correspondientes a puertos aéreos y marítimos».
31
En ese sentido se ha pronunciado la Sección en las sentencias del 30 de marzo de 2023 (exp. 26785, CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello), del 26 de octubre de 2023 (exp. 27748, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), del 13 de marzo de 2025 (exp. 28985, CP:
Milton Chaves García) y del 08 de mayo de 2025 (exp. 29745, CP: (E) Wilson Ramos Girón)
32
En el certificado de tradición expedido el 10 de octubre de 2018 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buenaventura
consta que la transferencia de dominio a título gratuito -adjudicación de bien vacante Muelle 13- del Ministerio de Transporte al INVIAS,
por lo que está probado que es el propietario. Se precisa que con el Decreto 1800 de 2003 se creó el Instituto Nacional de
Concesiones, INCO. A partir de esa norma, la infraestructura de transporte a cargo del INVIAS se transfirió a esa entidad -art. 16-,
debiendo subrogarse o cederse a título gratuito los convenios y contratos vigentes relacionados con el cumplimiento de la misión
institucional -art. 18-. Con el Decreto Ley 4165 de 2011 se cambió la naturaleza jurídica del INCO de establecimiento público a Agencia
Nacional Estatal de Naturaleza Especial, denominada Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Se dispuso que los derechos y
obligaciones que a la fecha de expedición del citado decreto tuviera el INCO, continuarán a favor y a cargo de la ANI -en su calidad
de contratante en los contratos de concesión -art. 25-.
33
Sentencias del 07 de noviembre de 2024 y del 03 de abril de 2025 (exps. 28639 y 26976, CP. Wilson Ramos Girón)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
falsa motivación -cargo formulado en la demanda y omitido en el análisis del a quo-.
En efecto, se encuentra demostrado que la causa jurídica invocada por la administración
para sustentar los actos demandados, esto es, la presunta naturaleza fiscal del bien
gravado34, no se ajusta a la realidad fáctica ni jurídica, motivo que compromete su validez.
Todo porque se insiste en que está probado que el predio sobre el cual recae el tributo
corresponde a un bien de uso público entregado en concesión, razón por la que la
sujeción pasiva del IPU recae en el concesionario -quien ejerce actividades de explotación
económica sobre los terrenos que integran el Muelle 13 Petrolero, en el cual se prestan servicios portuarios
de los que se obtiene un beneficio económico-, no en el INVIAS.
Finalmente, frente a la pretensión de nulidad del oficio 0320-207-2018 del 20 de junio de
2018, mediante el cual la administración se refirió a la solicitud formulada por el INVIAS
tendiente a que las sociedades concesionarias fueran consideradas sujetos pasivos del
IPU respecto de los inmuebles de la entidad entregados en concesión -y de los actos fictos
presuntos-, basta señalar que dicho oficio no identifica de manera concreta los predios a
los que hace referencia, limitándose a una mención genérica de «los inmuebles concesionados
a sociedades portuarias». En efecto, en el referido acto se concluyó que, «para determinar el
sujeto pasivo del impuesto predial, forzosamente deben establecerse dos grupos de sociedades,
diferenciados por la fecha de celebración del contrato de concesión, por lo que existirá de un lado y otro,
las sociedades que celebraron contrato de concesión antes y después de la entrada en vigencia de la Ley
1430 de 2010» con lo cual, frente a los contratos suscritos antes del 29 de diciembre de
201035, el sujeto pasivo será «la parte que dentro del contrato de concesión quedó obligada a asumirlo
y pagarlo, y en caso de no existir disposición expresa en el contrato, el sujeto pasivo es el propietario del
inmueble» y para los suscritos con posterioridad a esa fecha «tal calidad se atribuye al
concesionario por orden de la ley». Así, se advierte que en dicho pronunciamiento la
administración no definió la situación jurídica particular del predio que interesa en este
proceso, sino que se trató simplemente de dar orientación y señalar recomendaciones de
carácter general al INVIAS, tales como: (i) suministrar información relativa a la totalidad
de los contratos de concesión celebrados, con el fin de que la administración pudiera
diferenciar, de acuerdo con la fecha de su celebración, a quién correspondía la obligación
tributaria, (ii) proceder al pago del IPU para evitar la causación de intereses y (iii)
promover la discusión o eventual litigio con los concesionarios.
En ese orden, el contenido y alcance del oficio demandado, impide adelantar el juicio de
legalidad que propone la parte actora, por cuanto carece de una definición concreta y
vinculante respecto del predio objeto del proceso.
3- En consecuencia, prospera el recurso de apelación interpuesto por el INVIAS, toda vez
que, conforme a lo expuesto, si bien dicha entidad ostenta la propiedad del predio
identificado con la matrícula inmobiliaria 372-47716 y la cédula catastral 01-01-0002-
0006-000, no tiene, para el periodo en discusión, la condición de sujeto pasivo del tributo,
la cual recae en el concesionario que lo explota comercialmente, frente a quien no se
dirigieron los actos demandados. En tal medida y sin que por tanto sea necesario analizar
los demás argumentos propuestos en el recurso de apelación, procede anular la factura
mediante la cual se liquidó el IPU correspondiente a la vigencia 2018, así como el acto
confirmatorio y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, acceder a la pretensión de nulidad de dichos
actos administrativos, decisión que no incluye el oficio 0320-207-2018 del 20 de junio de
2018, por lo expuesto.
34
De forma expresa en el acto que resolvió el recurso de reconsideración contra la factura demandada, la administración expuso que
la «exclusión de que trata el artículo 27 del Estatuto Tributario Distrital, se entiende dirigida a una de las modalidades de los bienes
de la unión, esto es, a los de uso público, y como los puertos marítimos no tienen esa calidad pues son bienes fiscales, la exclusión
no los cobija».
35
Vigencia de la Ley 1430 de 2010.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
Así, al no ser el INVIAS sujeto pasivo del IPU 2018, frente al pago efectuado por dicho
concepto -bajo protesta, reconocido por el tribunal- se configura un pago de lo no debido. En
consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará devolver la suma
pagada por la entidad -$2.214.417.222, de los cuales $1.968.370.864 corresponde al IPU y
$246.046.358 a la sobretasa ambiental-36, sin perjuicio de las constataciones a que haya lugar,
y sin reconocimiento de intereses, por no haber sido solicitados. Y se negarán las demás
pretensiones de la demanda.
Conclusión
4- Por lo razonado en precedencia, se establece que, tratándose del medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho, únicamente se encuentra legitimada para
comparecer como parte demandada la autoridad administrativa que haya expedido y
suscrito el acto objeto de control judicial. En este caso, dado que el predio objeto del litigio
conserva su condición de bien de uso público, aun cuando haya sido entregado en
concesión, y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, se
encuentra excluido del IPU, salvo respecto de las áreas explotadas comercialmente
mediante establecimiento mercantil, cuyo sujeto pasivo es el concesionario y no la
entidad propietaria, el INVIAS no ostenta la calidad de sujeto pasivo del tributo -como se
indicó en los actos demandados-, por lo que no puede ser compelido al pago del impuesto. El
pago efectuado carece de causa legal y constituye un pago de lo no debido, lo que hace
procedente su devolución.
Costas
5- Acorde con los artículos 188 del CPACA, 361 y ss. del CGP y el Acuerdo PCSJA25
del 28 de noviembre de 2025, por el cual se adicionó el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-
10544 del 05 de agosto de 2016, ambos expedidos por el Consejo Superior de la
Judicatura, se condenará en costas -agencias en derecho- en ambas instancias a la parte
demandada, en la medida en que se revoca la providencia apelada y hubo una parte
vencida en el proceso. Así, se fijarán como agencias en derecho en cada instancia el
equivalente a un smlmv al momento de la ejecutoria de la providencia. Por lo tanto, se
ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación de la condena en
costas, conforme con las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares -de oficio-. En consecuencia, quedan desvinculadas del presente proceso.
2. Revocar la sentencia apelada. En su lugar, declarar la nulidad de la Factura 0321.1.54-
1504-2018 del 01 de junio de 2018 y de la Resolución 0321-54-0039-2018 del 04 de
septiembre de 2018, que la confirmó. A título de restablecimiento del derecho, ordenar la
devolución a la parte actora de la suma de $2.214.417.222, de acuerdo con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.
36
Como se reseñó, con Resolución 07874 del 17 de diciembre de 2018, expedida por el Ministerio de Transporte, se ordenó el pago
bajo protesta del IPU del predio que interesa en este caso -para evitar intereses de mora, sin desistir de reclamar- vigencia 2018.
Aspecto reconocido por la contraparte en la contestación de la demanda y referido por el tribunal -la demandada reconoció que la
parte actora pagó el impuesto predial y ello extinguió la obligación fiscal-.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 76001-23-33-003-2018-01112-01 (29920)
Demandante: INVIAS
3. Negar las demás pretensiones de la demanda.
4. Condenar en costas a la parte demandada en ambas instancias. En consecuencia,
ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
5. Reconocer personería al abogado Manuel Fernando Rodríguez Soto como apoderado
de la parte demandante, de conformidad con el poder allegado al expediente37.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
37
Samai CE, índice 13.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.