RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2023-00311-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2023-00311-02

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2023-00311-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 13 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2023-00311-02

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

8 de mayo de 2025

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE (E): WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.
Demandado: DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
Tercero: INVIAS

Temas: Impuesto predial años 2020, 2021 y 2022. Bienes de uso
público y bienes fiscales. Sujeción pasiva.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 13 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en
costas1.

ANTECEDENTES

La Superintendencia General de Puertos y la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura S.A. (en adelante, SPRBUN, la sociedad o la compañía),
suscribieron el contrato de concesión nro. 009 de 1994 para la construcción y
puesta en funcionamiento de un puerto de servicio público habilitado para el
comercio exterior y prestación de servicios a toda clase de carga, ubicado en el
Distrito Especial de Buenaventura. La concesión se otorgó con el derecho para el
concesionario de ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los
terrenos de bajamar y zonas accesorias en un área específica.

El 13 de febrero de 2023, la SPRBUN fue notificada de la Resolución Factura
Oficial N° 2310-0910-000005 del 8 de febrero de 2023, mediante la cual se
determinó y liquidó el impuesto predial unificado (capital $1.168.014.438 e
intereses $834.723.694 con corte al 08/02/2023) a favor del Distrito Especial de
Buenaventura, correspondiente al bien inmueble con referencia catastral
010100020009000 y folio de matrícula inmobiliaria 372-20490, por las vigencias
fiscales de los años 2020, 2021 y 2022, a cargo de la demandante en su condición
de concesionaria.

Mediante Resolución nro. 0321- 54-0036-2023 del 20 de abril del 2023, se resolvió
el recurso reconsideración, confirmando la decisión.

1 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Índice 83 de Samai. 1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
FALLO

DEMANDA

La SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A., en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, formuló las siguientes pretensiones2:

“1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.1. Resolución Factura Oficial No. 2310-0910-000005 datada el 8 de
febrero de 2023, suscrita por MOISES CUERO HERNÁNDEZ,
Profesional Universitario de la Oficina de Administración Tributaria
Distrital de Buenaventura y por la cual se determina y liquida el
impuesto predial, por vigencias fiscales de los años 2020, 2021 y 2022
sobre el predio con referencia catastral 010100020009000.

1.2. Resolución No. 0321-54-0036-2023 datada el 20 de abril de 2023,
proferida por el señor MOISES CUERO HERNÁNDEZ Jefe de la Oficina
de Rentas de la Dirección de Administración y Gestión Financiera de la
Alcaldía Distrital de Buenaventura y por la cual se resuelve el recurso
de reconsideración formulado en contra de la Resolución Factura Oficial
No. 2310-0910-000005 datada el 8 de febrero de 2023.

1.3. Los actos administrativos fictos en virtud de los cuales la Gerencia
de Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Distrital de
Buenaventura haya afectado al uso público el inmueble con referencia
catastral 010100020009000 y matrícula inmobiliaria No. 372-20490 y,
en consecuencia, que la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A. fuere sujeto pasivo del Impuesto Predial
Unificado, al tenor de lo previsto en el Artículo 150 de la Ley 2010 de
2019. En cuanto al acto presunto mediante el cual el Distrito de
Buenaventura afectó este bien fiscal, propiedad del Instituto Nacional de
Vías – INVIAS, al uso o dominio público (como bien común a todos los
habitantes).

2. Que, como consecuencia de las declaratorias de nulidad de los actos
que se demandan y a título de restablecimiento del derecho, se declare
que la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA
S.A. no es la responsable del pago del impuesto predial que recae
sobre el inmueble con referencia catastral 010100020009000 y folio de
matrícula inmobiliaria 372-20490, propiedad del INSTITUTO NACIONAL
DE VÍAS – INVIAS para las vigencias fiscales años 2020, 2021 y 2022.

3. En subsidio de lo anterior, y en el evento en que en el proceso se
acredite que el bien inmueble con referencia catastral
010100020009000 y folio de matrícula inmobiliaria 372-20490 es un
bien de uso público, se declare la nulidad de los actos demandados y
se ordene al ente demandado que proceda a excluir de la base
gravable del impuesto lo corrrespondiente al área de terreno y la

2 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Índice 3 de Samai - Demanda.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
FALLO

infraestructura portuaria exsitente en el mismo y se atenga a lo previsto
en la Ley aplicable en esta materia y por lo cual la SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. no es sujeto
pasivo del impuesto por estar el bien y su infraestructura excluidos de
dicha carga tributaria”.

Normas violadas

La demandante invocó como normas violadas los artículos 6, 29, 83, 209, 338 de
la Constitución Política; 1, 3 y 34 del CPACA; 177 de la Ley 1607 de 2012; 1, 2 y
49 de la Ley 1579 de 2012; 354 de la Ley 1819 de 2016; 150 de la Ley 2010 de
2019; Estatuto Tributario Nacional y Estatuto Tributario Distrital de Buenaventura.

El concepto de la violación se sintetiza así3:

La Administración desconoce la naturaleza jurídica que tiene el inmueble sobre el
cual recae el impuesto (bien fiscal), y al mismo tiempo le asigna otra condición que
es la de bien de uso público, desconociendo que la ley expresamente excluye a
estos bienes (correspondientes a bienes de uso público e infraestructura portuaria
y aeroportuaria) del impuesto predial unificado.

Los actos administrativos demandados fueron expedidos con infracción en las
normas en que debían fundarse e incurren en falsa motivación, por cuanto
configuraron como sujeto pasivo del tributo a la SPRBUN, siendo que el inmueble
es de propiedad del INVIAS y que la SPRBUN no explota el bien mediante
establecimiento mercantil dentro de las áreas del contrato de concesión.

Concluyó que el único responsable del pago del impuesto predial es el INVIAS en
su condición de propietario del bien inmueble de naturaleza fiscal.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Distrito Especial de Buenaventura se opuso a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos4:

Señaló que la sociedad portuaria no desestimó la condición de responsable del
pago del impuesto predial, por el contrario, el solo hecho de ser la concesionaria
de los predios y ejercer una explotación económica le impone el deber de cumplir
la obligación tributaria.

Sostuvo que en los actos acusados no se cambió ni se desconoció la naturaleza
jurídica del bien inmueble, por el contrario, la motivación se ajustó a la realidad del
predio, según la cual, es un bien inmueble de uso público entregado en concesión.
El hecho de que el propietario del bien sea la Nación – INVIAS no exime a la
actora del pago del tributo, dada su condición de concesionaria que lo explota en
la actividad portuaria.

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), en su calidad de tercero interesado5,
solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que la SPRBUN

3 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Índice 3 de Samai - Demanda.
4 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Índice 83 de Samai.
5 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Índice 61 de Samai.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
FALLO

tiene la calidad de sujeto pasivo del impuesto predial porque está explotando un
bien de uso público entregado en concesión para ser destinado al transporte
marítimo de carga.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas, bajo los siguientes argumentos6:

Sostuvo que a pesar de que la SPRBUN afirme que no se le debe cobrar el IPU
sobre el bien identificado con cédula catastral 010100020009000, sí hay lugar a
ello toda vez que hay explotación económica de ese inmueble, pues hace parte
del conjunto de bienes que utiliza el concesionario para ejecutar los servicios
portuarios por los que se lucra.

Dijo que el predio es un área destinada por la SPRBUN a la administración del
terminal portuario y según la cláusula primera del contrato de concesión, los
terrenos entregados son para prestar un servicio público. En consecuencia, no se
utilizan por la administración para el ejercicio de sus funciones (como los bienes
fiscales), ya que fueron entregados a un tercero para el ejercicio de una finalidad
pública del Estado (el servicio público esencial del transporte marítimo de carga).

Señaló que los puertos son bienes de uso público, y por lo tanto, como en el
presente caso, están siendo explotados por particulares a través de contratos de
concesión, el IPU lo deben cancelar única y exclusivamente la SPRBUN.

Concluyó que se deben negar las pretensiones de la demanda debido a que los
actos administrativos demandados no infringieron norma alguna, toda vez que el
inmueble con número catastral 010100020009000 y matrícula inmobiliaria 372-
20490 es un bien de uso público, que no está exento del impuesto predial
unificado al ser explotado económicamente por la SPRBUN.

Finalmente, no condenó en costas porque no se encuentran acreditadas en el
proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante presentó recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia por las razones que se resumen a continuación7:

Sostuvo que el Tribunal en la sentencia de primera instancia concluyó
erróneamente que el inmueble tiene la naturaleza de bien de uso público, es decir,
generaliza la naturaleza de los bienes inmuebles relacionados con servicios
portuarios, como bienes de uso público, sin considerar que también es posible que
existan bienes asociados a servicios portuarios que tengan la naturaleza de bienes
fiscales.

6 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Índice 83 de Samai.
7 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Índice 86 de Samai.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
FALLO

Indicó que si en gracia de discusión se aceptara la tesis del Tribunal en el sentido
que el inmueble es un bien de uso público, en todo casi habría incurrido en un
error de derecho al omitir la aplicación del artículo 27 del E.T., según el cual los
bienes de uso público están excluidos del IPU.

Manifestó que el Tribunal dio al artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por
el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, un alcance distinto al previsto en la norma,
en el sentido de considerar que bastaba la tenencia en concesión del inmueble y
el desarrollo de actividades portuarias, para concluir que la SPRBUN estaba
obligada a asumir el IPU.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandada y el tercero (INVIAS) no se pronunciaron frente al recurso
de apelación presentado por la parte demandante en los términos previstos en el
numeral 4º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Por su parte el Ministerio Público guardó silencio durante la oportunidad prevista
en numeral 6º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandante, le
corresponde a la Sala determinar sí el inmueble sobre el que se cobró el impuesto
predial por los años 2020, 2021 y 2022 en el Distrito de Buenaventura es un bien
de uso público o de naturaleza fiscal. Definido lo anterior, se analizará sí la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. es sujeto pasivo del tributo.

Naturaleza de los bienes entregados en concesión – sujeción pasiva

Para efectos de calificar la naturaleza del bien entregado en concesión a la
SPRBUN, se reitera el criterio de la Sala en procesos similares, en donde se ha
llegado a la conclusión de calificar la naturaleza de los bienes entregados en
concesión a la Sociedades Portuarias como bienes de uso público8.

El artículo 5 de la Ley 9 de 1989, define el espacio público como “el conjunto de
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por uso o afectación, a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de
los habitantes”. Adicionalmente enuncia las áreas que constituyen el espacio
público, indicando que “los necesarios para la preservación y conservación de las
playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos
vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente
proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que
constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo”.

8 Exp. 27748, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Reiteración de la sentencia del 30 de marzo de 2023, Exp.

26785, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
FALLO

Por su parte, el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984 establece que “las
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por
tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo podrán obtener
concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las
disposiciones del presente Decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no
confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo”.

El artículo 5, numeral 5.2 de la Ley 1ª° de 1991, en concordancia con las
disposiciones precedentes, define la concesión portuaria como “un contrato
administrativo en virtud del cual la Nación, por intermedio de la Superintendencia General
de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y
exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para
la construcción y operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica a
favor de la Nación, y de los municipios o distritos donde operen los puertos”.

Se advierte que la SPRBUN ostenta la calidad de concesionaria sobre el bien
inmueble ubicado en el Distrito de Buenaventura e identificado con matrícula
inmobiliaria 372-20490, de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión
nro. 009 del 21 de febrero de 1994 celebrado con la Superintendencia de
Puertos9.

En la cláusula primera se describe el objeto del contrato de concesión, en los
siguientes términos:

“CLAUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO. LA
SUPERINTENDENCIA en virtud del presente contrato, otorga a la SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A, una concesión portuaria
en los siguiente términos: a) se otorga a EL CONCESIONARIO el derecho
para ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de
baja mar y zonas accesorias a aquellas y éstos, descritos en la Cláusula
Segunda del presente contrato, a cambio de la contraprestación económica de
que trata la Cláusula Décima Primera de este contrato, a favor de la Nación y
del Municipio de Buenaventura, donde operará el mencionado puerto. El
puesto será de servicio a toda clase de carga. b) Se otorga a EL
CONCESIONARIO el derecho a utilizar temporalmente los muelles, bodegas,
cobertizos, edificios, patios, obras de urbanismo, muros de cerramiento, vías y
en general los bienes relacionados en las Cláusulas Tercera y Quinta del
presente contrato, a cambio de la contraprestación económica de que trata la
Cláusula Décima Primera del mismo, a favor de la Nación exclusivamente.”

Posteriormente, en la cláusula segunda del contrato se especifica el área
entregada en concesión, de la siguiente forma:

“CLAUSULA SEGUNDA. AREA ENTREGADA EN CONCESIÓN:
DESCRIPCION EXACRA DE LA UBICACIÓN, LINDEROS Y EXTENSION DE
LOS BIENES DE USO PUBLICO ENTREGADOS EN CONCESION. Los
bienes de uso público entregados en concesión en virtud del presente contrato
están ubicados en el Municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del
Cauca. El terminal de Buenaventura se localiza en la ciudad y bahía del
mismo nombre, en la costa del Océano Pacífico de Colombia, Departamento
del Valle del Cauca. El terminal ocupa el costado Norte de la Isla de Cascajal,
en el externo Nor-Oriental de la bahía de Buenaventura. DESCRIPCIÓN DE
LA LINEA DE PLAYA Y ZONA DE BAJAMAR: La línea de playa y zona de

9 6
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Índice 3 de Samai – Anexos (Contrato de concesión).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
FALLO

bajamar se desarrolla a lo largo de 2.001 Mts. así: partiendo de la línea
exterior del denominado Muelle No. 1, continúa por la cara exterior del llamado
Muelle Comercial en donde se encuentran los atracaderos Nos. 2 al 9, luego
continúa por la cara exterior del Muelle Nuevo conformando los atracaderos
Nos. 10 al 12. Luego se encuentra el frente de playa que corresponde al
Muelle Petrolero. La longitud promedio de esta playa y zona de bajamar que
se entrega en concesión o sea los 2.001 metros, es la considerada para el
cálculo de la contraprestación. Para utilizar mayor línea de playa de la
entregada en concesión debe EL CONCESIONARIO solicitar por escrito a LA
SUPERINTENDENCIA aprobación, con el fin de recalcular el valor de la
contraprestación.”

En la cláusula tercera del contrato se lleva a cabo la descripción exacta de la
“UBICACIÓN, LINDEROS Y EXTENSIÓN DE LAS ZONAS ADYACENTES EN DONDE
SE ENCUENTRAN LOS BIENES DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA – EN
LIQUIDACIÓN ENTREGADOS EN CONCESIÓN”, destacándose que “los bienes
entregados en concesión en virtud de este contrato, están ubicados en el Municipio de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca [se detallan los linderos (puntos,
secuencias, coordenadas, etc.) de los predios que hacen parte integral del contrato.”

La cláusula quinta contiene la “DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS EN
CONCESIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, de los cuales se destacan los
muelles, las áreas de almacenamiento como bodegas, patios, cobertizos,
edificaciones, casetas, talleres de mantenimiento y almacén, etc.

En el otrosí nro. 01 se acordó reemplazar en el contrato al Ministerio de
Transporte y/o Superintendencia General de Puertos, por Instituto Nacional de
Concesiones – INCO, y en ese sentido la entidad contratante es ésta. Por su
parte, en el otrosí nro. 2, se evidencia la incorporación de áreas que fueron
solicitadas su adición por el concesionario10.

Es un hecho no discutido, que uno de los predios entregados en concesión es el
identificado con la matrícula inmobiliaria 372-20490 (entregado en concesión a la
SPRBUN), respecto del cual, el Distrito de Buenaventura determinó el impuesto
predial unificado a cargo de la SPRBUN, por las vigencias 2020, 2021 y 2022, en
cuantía de $1.168.014.438 e intereses de $834.723.694 con corte al 08/02/2023 11.

De acuerdo con lo establecido en las normas mencionadas anteriormente, el
predio objeto del cobro del impuesto predial que se discute, es catalogado como
un bien de uso público debido a que, como se describe en el contrato de
concesión, para poner en funcionamiento el puerto de servicio público habilitado
para el comercio exterior y la prestación del servicio a toda clase de carga que se
encuentre ubicada en el Municipio de Buenaventura, se otorga el derecho al
concesionario de ocupar y utilizar, temporalmente y de manera exclusiva, las
playas, los terrenos de bajamar y las zonas accesorias en un área específica, lo
que comprende, según las cláusulas referenciadas, los muelles, las bodegas, los
talleres de mantenimiento, almacén general, patios, edificaciones de capacitación,
obra de urbanismo, entre otras.

10
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Índice 3 de Samai – Anexos (Otrosí nro. 1 y 2).
11 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Índice 3 de Samai – Anexos (Resolución Factura Oficial N°
7
2310-0910-000005 del 8 de febrero de 2023 – páginas 15 a 17).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
FALLO

A la misma conclusión llegó la Sección en la sentencia del 30 de marzo de 2023 12
al calificar la naturaleza de los bienes entregados en concesión a la Sociedad
Portuaria Regional de Santa Marta S.A., en la que se precisó que «[d]e acuerdo
con los artículos 5 de la Ley 9 de 1989 y 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, las
playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son bienes de uso público». De
igual forma, «[l]as zonas accesorias a los anteriores bienes también pueden tener
la calidad de bienes de uso público, si se considera que pueden destinarse a una
finalidad pública. En este sentido el artículo 6 de la Ley 1ª de 1991 establece que
bajo el contrato de concesión portuaria se permite a una sociedad portuaria que
ocupe y utilice de “forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y
zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un
puerto, a cambio de una contraprestación económica a favor de la Nación, y de los
municipios o distritos donde operen los puertos» [subraya de la sentencia que se
cita].

Y adicionalmente indicó, en cuanto a los terrenos entregados en concesión, como
lo es el caso bajo estudio, que al estar “[...] destinados a la prestación de un servicio
público de transporte marítimo. Se observa entonces que dichos predios [...] no son
utilizados directamente por el Estado para el ejercicio de sus funciones, sino que fueron
entregados por este para que a través de una concesión se destinen a una finalidad
pública del Estado, como lo es la de los puertos, para promover el transporte, en virtud del
derecho constitucional a la locomoción establecido en el artículo 24 de la Constitución
Política”.

Por los motivos expuestos, la Sala considera que el inmueble objeto del proceso
se clasifica como un bien de uso público de acuerdo con las características del
bien y las pruebas aportadas a este despacho tales como el contrato de
concesión, el objeto del contrato y las cláusulas antes transcritas.

Considerando entonces que el inmueble se enmarca como un bien de uso público,
corresponde definir sí existe una explotación comercial por parte de la SPRBUN
mediante establecimiento mercantil dentro del inmueble y si la Sociedad Portuaria
es sujeto pasivo del impuesto predial unificado conforme con lo previsto en el
artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 150 de la Ley 2010
de 2019:

“ARTÍCULO 150. Modifíquese el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010,
modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 54. SUJETOS PASIVOS DE LOS IMPUESTOS TERRITORIALES.
Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las
personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se
realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales,
patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto.

En materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y obra
de infraestructura continuarán excluidos de tales tributos, excepto las áreas
ocupadas por edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos para los
usuarios internos o externos de los aeropuertos, así como los establecimientos
mercantiles y las áreas que proporcionen bienes y servicios relacionados con
la explotación comercial de los aeropuertos. En todo caso, no estarán
gravados los aeropuertos y puertos no concesionados, las pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de

12 Exp. 26785, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
FALLO

aeronaves. Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a
título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación
comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las
áreas objeto del contrato de concesión correspondientes a puertos
aéreos y marítimos. (…)

PARÁGRAFO 1o. La remuneración y explotación de los contratos de
concesión para la construcción de obras de infraestructura continuará sujeta a
todos los impuestos directos que tengan como hecho generador los ingresos
del contratista, incluidos los provenientes del recaudo de ingresos.

PARÁGRAFO 2o. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos
los fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las obligaciones
formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos pasivos. En los
contratos de cuenta de participación el responsable del cumplimiento de la
obligación de declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o partícipes
de los consorcios, uniones temporales, lo será el representante de la forma
contractual. Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad Tributaria respectiva
de señalar agentes de retención frente a tales ingresos. …”.

Respecto a la explotación comercial, en la sentencia que se reitera se indicó que 13
“la misma consiste en ejercer una actividad con ánimo de lucro, y, de acuerdo con el
artículo 515 del Código de Comercio, “se entiende por establecimiento de comercio un
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”.
Es decir, el establecimiento mercantil es una unidad económica que comprende todos
aquellos bienes que estén destinados a los fines de la actividad ejercida por el
comerciante, y en esa medida no se limita a un único tipo de bien.”

En el caso concreto, como lo establece el Certificado de Existencia y
Representación Legal de la SPRBUN, tiene por objeto principal: “A) Administrar el
puerto de servicio público de Buenaventura que venía siendo administrador por la
empresa puertos de Colombia, en liquidación; la inversión en la construcción,
mantenimiento, expansión y modernización del mismo; la prestación de servicios
directamente relacionado con la actividad portuaria, de acuerdo con la concesión portuaria
otorgada por la superintendencia general de puertos mediante la Resolución 1.003 del 13
de septiembre de 1993, y la ejecución de todas las funciones que las normas atribuyen a
las sociedades portuaria regionales. B) Prestar servicios portuarios y permitir la prestación
de servicios por parte de otros operadores portuarios dentro de sus instalaciones, siempre
y cuando cumplan con los requisitos legales y normas técnicas elaboradas por la empresa
y aprobadas por la autoridad competente. C) Asociarse con otras sociedades portuarias o
titulares de autorizaciones especiales a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 01 de
1991, en forma transitoria o permanente, con el propósito de facilitar la utilización de las
zonas naranjas de uso común adyacentes al puerto, mediante la realización de obras
tales como: dragado, relleno y obras de ingeniería oceánica, y prestar los servicios de
beneficio común que resulten necesarios; D) Promover la creación de otras sociedades,
con cualquier objeto social, por acto único o por suscripción sucesiva, que pueda operar
en la ciudad sede o en cualquier lugar del país o del extranjero, participando dentro de su
capital accionario o recibiendo a cambio, los beneficios del proceso de creación como
entidad promotora; E) Comprar, vender o fundar sociedades, con cualquier objeto social,
participando dentro del capital accionario por aporte de capital o recibiendo acciones a
cambio del aporte de tecnología; F) Comprar, vender, alquilar los bienes muebles e
inmuebles; G) Comprar, vender, importar, exportar, adquirir u obtener a cualquier título y
utilizar toda clase de bienes y servicios; H) Celebrar contratos de compra, venta, permuta,
arrendamiento, usufructo, y anticresis sobre inmuebles; constituir y aceptar prenda e
hipotecas, tomar dinero en mutuo, con interés o sin él, y dar en garantía sus bienes

13 Sentencia del 30 de marzo de 2023, Exp. 26785, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
FALLO

muebles e inmuebles; I) Girar, adquirir, cobrar, aceptar, protestar, cancelar o pagar letras
de cambio, cheques, pagares, y en general cualesquiera títulos valores o aceptarlos en
pago; J) Celebrar contratos de sociedad con personas naturales o jurídicas, ya sea
mediante la constitución de otras empresas o la adquisición de acciones o cuotas o partes
de interés; K) Celebrar cualquier otra clase de negocios, actos o contratos. L) Garantizar
obligaciones de las sociedades en las cuales tenga participación en su capital social hasta
por el monto porcentual de dicha participación, dando obligación a lo previsto en el
numeral 20 del artículo 42. M) Servir de garante de las obligaciones de la fundación
sociedad portuaria regional de buenaventura “Fabio Bejarano”, previa aprobación de la
junta directiva de la SPRBUN.”14

Así mismo, se evidencia que a nombre de la sociedad existe un establecimiento
de comercio para desarrollar la actividad de “almacenamiento de cargas para
apoyo de las operaciones portuarias” que están localizadas “en el puerto de
Buenaventura aledaños al denominado Muelle 13, que hace parte del Terminal
marítimo de Buenaventura, ubicado en la Isla Cascajal en Jurisdicción de
Municipio de Buenaventura departamento del Valle del Cauca”.

También se advierte que en virtud del contrato de concesión celebrado entre la
Superintendencia General de Puertos y la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura S.A, concesión que sigue vigente hasta el 21 de febrero de 2034,
de acuerdo con la cláusula sexta del Otrosí nro. 002 realizado al contrato de
concesión nro. 009 del 21 de febrero de 1994, la SPRBUN realiza actividades
portuarias en las instalaciones del inmueble con el propósito de generar ingresos
que le permitan incrementar el patrimonio.

Lo anterior denota que hubo explotación comercial con ánimo de lucro del predio
de naturaleza pública [bien de uso público], ya que la SPRBUN ejerce dicha
actividad sobre el inmueble mediante la prestación de operaciones portuarias. De
manera que, la condición de sujeto pasivo del IPU del predio entregado en
concesión recae en la SPRBUN, como se estableció en los actos acusados.

Conclusión

Por lo razonado en precedencia, se advierte que el inmueble identificado con
referencia catastral 010100020009000 y folio de matrícula inmobiliaria 372-20490,
es un bien de uso público; y que la SPRBUN es sujeto pasivo del impuesto predial
unificado respecto del inmueble citado por las vigencias fiscales de los años 2020,
2021 y 2022, pues ejerce explotación comercial sobre el bien de naturaleza
pública otorgado en concesión. Razón por la cual, tiene la obligación de pagar el
tributo al Distrito de Buenaventura.

Condena en costas

Acorde con el criterio de la Sección, por no estar probadas en el expediente, no se
condenará en costas en esta instancia, conforme con lo previsto en los artículos
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y 365 numeral 8 del Código General del Proceso.

14 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Índice 3 de Samai – Anexos (Certificado de existencia10
y
representación legal – páginas 2 y 3).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00311-02 (29745)
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
FALLO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 13 de septiembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.