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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00250-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00250-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las súplicas de la demanda presentada por Luis Rafel Barón Fernández contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de www.consejodeestado.gov.co 31 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020190025001 (2740-2020) Demandante: Luis Rafael Barón Fernández conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia, según lo expuesto. TERCERO. Reconocer personería al abogado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren , portador de la tarje ta profesional 15.338 del C.S. de la J., como apoderado sustituto de la parte demandante . CUARTO. Reconocer personería a la Gloria X imena Arellano Calderón , portadora de la tarjeta profesional 123.175 del C.S. de la J., como apoderada de la entidad demandada –UGPP. QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2019-00250-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 15001233300020190025001 (2740-2020)
Demandante: Luis Rafael Barón Fernández
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 1.

Temas: Pensión gracia. Tipo de vincu lación nacional. Ley 1437 de
2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso d e apelación
interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 12
de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que
negó las súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

El señor Luis Rafel Barón Fernández , por intermedio de apoderado
en ejercicio del me dio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, deprecó
declarar la nulidad de las Resoluci ones RDP 02282 del 24 de
enero de 2018 y RDP 014514 del 24 de abril de 2018, por medio

1 En adelante UGPP.
2 Folios 1 a 11
3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA.

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Demandante: Luis Rafael Barón Fernández

de las cuales, la UGPP negó la so licitud de reconocimiento y pago
de la pensión gracia .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia a
partir del 3 de marzo de 2008 en cuantía de $ 2.070.547,78; (ii)
reajustar la pensión según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
100 de 1993; (iii) realizar los ajustes de valor conforme al Índice
de Precios al Consumidor tal y como lo autoriza el ar tícu lo 187 del
CPACA; (iv) cumplir la sentencia dentro del término previsto en el
artículo 192 ejusdem; (v) pagar intereses moratorios de acuerdo
con el artículo 192 idem; y (vi) sufrag ar las costas del proceso.

1.2. Hechos que funda mentan la demanda

El señor Luis Raf el Barón Fernández expuso que nació el 7 de
agosto de 1953. Además, estuvo vinculado como docente
nacionalizado del 24 de julio de 197 6 al 23 de abril de 1978; y del
26 de abril de 1978 al 13 de febrero de 1994. Luego, fue nombrado
docente nacional el 14 de febrero de 1994 en la Institución
Educativa Colegio de Boyacá, carácter que, en su criterio, mutó a
municipal el 10 de septiembre de 2005, y se retiró del servicio el 9
de enero de 2017.

Indicó que el 27 de septiembre de 2017 solicitó a nte la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia y le fue
negada mediante los actos administrativos demandados.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

El accionante manifestó que la entidad incurrió en falsa motivación,
toda vez que sí cumple con todos los requisitos para que le sea
reconocida la pensión gracia.

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Señaló que se vinculó inicialmente como maestro director m ediante
el Decreto 637 del 19 de agosto de 1976 suscrito por el gobernador
de Boyacá y pres tó sus servicios del 24 de julio de 1976 en el
municipio de Guacamayas hasta el 23 de abril de 1978.

Posteriormente fue nombrado profesor mediante el Decreto 616 del
19 de junio de 1978, suscrito también por el gobernador de Boyacá
y laboró del 26 de abr il de 1978 hasta el 13 de febrero de 1994.
Indicó que la naturaleza jurídica de ambas vinculaciones fue
nacionalizada.

Luego, fue nombrado docente de educación básica, según
Resolución 027 del 11 de febrero de 1994, emanado del rector de
la Institución E ducativa Colegio de Boyacá, establecimiento público
del orden nacional y tomó posesión del cargo desde el 14 de febrero
de 1994, por lo que su vinculación fue de carácter nacional.

Agregó que dicho vínculo mutó a municipal en virtud del Acuerdo
0008 del 13 de abril de 2005, proferido por el Concejo Municipal de
Tunja, mediante el cual se creó el esta blecimiento público del orden
municipal denominado Colegio de Boyacá y que, posterior mente,
por medio del Decreto 3176 del 9 de septiembre de 2005, el
Ministerio de Educación Nacional ordenó el traspaso de la
institución educativa al municipio de Tunja, así como el traspaso de
la planta de personal vigente, sin solución de continuidad.

En consecuencia, afirmó que los tiempos que corren desde el 10 de
septiembre de 2005 hasta el 9 de enero de 2017 son de carácter
territorial municipal y, en ese orden, estos resultan aptos para el
reconocimiento de la pensión gracia.

Con base en lo expues to, solicitó que le sea reconocida la pensión
gracia al cumplir con todos los requisitos establecidos para acceder
a dicha prestación.

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2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 4

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda al considerar que los actos administrativos se encuentran
ajustados a derecho y pidió condenar en costas al demandante.

Adujo que no es posible reconocer la pensión gracia a los docentes
que han ostentado un tipo de vinculación nacional, tal y como ocurre
en el presente caso, pues, según se aprecia en los certificados de
tiempo de servicios, a partir de 1994, el tipo de vinculación fue del
orden nacional.

Adicionalmente, indicó que el actor no a llegó en sede administrativa
los actos de nombramiento y posesión que permitieran a la entidad
determinar la acreditación de la relación legal y reglamentaria
anterior al 31 de diciembre de 1980, por lo que se desconoce si
cumplió con ese requisito.

Propuso las excepciones de (i) inexistencia de la obligación o cobro
de lo no debido; (ii) inexistencia de vulneración de princip ios
constitucionales y legales; (iii) prescripción de mesadas; y (iv) el
reconocimiento oficioso de las que encuentre probadas.

3. AUDIENCIA INI CI AL 5

El Tribunal Administrativo de Boyacá, e n acatamiento al artículo
180 del CPACA, llevó a cabo la audiencia inicial conju nta el 3 de
diciembre de 2019, oportunidad en la que fijó el problema jurídico
en los siguientes términos:

«Así las cosas, e l l it igio s e cont r ae a det er m inar si el dem an dant e,
LUI S RAFAEL BAR O N FERNAND EZ, quien de conf or m idad con
pr uebas all egadas p or el dem andant e r ecibe pens ión de j ubi lació n
r econocida por l a UG PP, cum ple con los r equis it os que el
or denam ient o j ur í dico consagr a par a acceder al r econocim ient o y
pago de la pens ión gr acia.

4 Folios 1240 a 1261.
5 Folios 1279 a 1977 Vto. CD allegado a folio 1273.

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Especí f icam ent e, en lo que at añe a l r equisit o de t iem po de
ser vicios, par a lo cual se t endr á que det er m inar : ( i) si e l
dem andant e pr est ó ser vicios docent es d esde el 24 de j ulio d e 1976
hast a el 23 de abr il de 1978 al Depar t am ent o de Boyacá y si ese
t iem po de ser vicio d ocent e es o no válid o par a acr edit ar el r equisit o
de t iem po de ser vici os par a acceder a la pensión gr aci a, ( i i ) si el
dem andant e pr est ó ser vicios docent es e nt r e el 26 de abr il d e 1978
hast a el 13 de f ebr ero de 1994 al Depar t am ent o de Boyacá y si est e
es o no válido par a acr edit ar el r equisi t o de t iem po de servicios
par a acceder a la pensión gr ac ia, ( i i i) si el dem anda nt e pr est ó
ser vicios docent es al Coleg io de Boyacá desde el 14 de f ebr er o de
1994 hast a el 9 de ener o de 2017, y ( i v) si el ví nculo labo r al de
car áct er nacional d el Co legi o de Boyac á m ut ó, a part ir del 10 de
sept iem br e de 2005, par a t ener a par t ir de e nt onces car áct er
t er r it or ial - m unici pal y por t ant o pasó a ser apt o par a el
r econocim ient o de p ensión gr acia.

De encont r ar se acredit ado lo ant er ior , se deber á det er m inar si el
dem andant e t iene der echo a que la pensión gr acia le sea liquidad a
en cuant í a de $2. 070. 547, 78 o en cuant ía dif er ent e. » ( sic)

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Boyacá, el 12 de diciembre de 2019 ,
dictó sentencia en la que negó las súplicas de la demanda y
condenó en costas al demandante por haber resultado vencido.

Como fundamento de la decisión, la autoridad judicial expuso que
el actor cumplió con los requisitos de edad y buena conducta. Sin
embargo, en cuanto al tiempo de servicios no completó los 20 años
antes del 31 de diciembre de 1989, dado que sólo laboró como
docente departamental 4 años, 4 meses y 6 días, pre vio al 31 de
diciembre de 1980, y posterior a esa f echa hasta el «14 de febrero
de 1994» (sic).

Indicó que los docentes del Colegio de Boyacá vinculados antes del
año 2005 fueron nacionales y dichos tiempos no pueden ser tenidos
en cuenta. Lo anterior con la precisión de que a pesar de los
tiempos posteriores a 2005 fueron prestados al municipio tamp oco
pueden incluirse para reconocer la pensión gracia.

6 Folios 239 a 245 Vto.

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Sobre el particula r, destacó que la razón por la que en el año 2005
dichos docentes pasaron a prestar el servicio al municipio fue con
ocasión de que el Concejo Municipal de Tunja expidió el Acuerdo
0008 del 13 de abril de 2005, mediante el cual creó el Colegio de
Boyacá como entidad descentralizada adscrita a la Secretaría de
Educación Municipal, como receptor de la Institución Educativa
Colegio de Boyacá, y mediante el Decreto 3176 del 9 de septiemb re
de 2005 el presidente de la República traspasó el Colegio de
Boyacá al municipio de Tunja.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La parte demandante solicitó revocar la decisión y , en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda.

Precisó que el tribunal incurrió en un error fáctico en cuanto a la
sumatoria de los tiempos, toda vez que al 13 de febrero de 1994
acumuló 17 años, 6 meses y 7 días.

Argumentó que en la sentencia apelada el tribunal acepta
implícitamente que el Colegio de Boyacá, habiendo sido nacional
adquirió carácter municipal a partir del 2005, sin embargo, no
desarrolló lo que ocurre con los tiempos prestados por los docentes
a partir de la municipalización de dicha institución, y si bien no
desecha los tiempos de servicio prestados entre el 10 de
septiembre de 2005 al 9 de enero de 2007 porque estos sean
nacionales, si lo hace por considerar que la acreditació n de los 20
años de servicio debió hacerse antes del 31 de diciembre de 1989.

Al respecto, precisó que tal exigencia viola e l artí culo 15, numeral
segundo, literal A de la Ley 91 de 1989, en cuanto que no exige que
el educador cumpla todos los requisitos a la referida fecha, sino
que limita el derecho a los vinculados hasta el 31 de diciembre de

7 Folios 250 a 269.

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1980.

En cuanto a la condena en costa s solicitó revocarlas, puesto que
estas no se pueden fundar en la derrota de las p retensiones, sin
atender los principios de buena fe y confianza legítima, dado que,
a partir de las se ntencias del Consejo de Estado y decisiones
proferidas por la e ntidad de mandada, fueron concedidas pensiones
gracia con tiempos nacionales, creando expectativas en favor de
tales educadores para que les fuera reconocido también el
mencionado derecho.

Sumado a ello, ha actuado de buena fe, pues la reclamación
elevada no ha si do temeraria o sin arreglo a los procedimientos
establecidos en el ordenamiento jurídico, tanto en sede
administrativa como en sede judicial. Además, las costas serán
procedentes siempre que dentro del expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación, lo que no ocurrió, ya
que no existe prueba que corrobore la causación de honorarios.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

6.1 La parte dema ndante 8 allegó un escrito que no corre sponde al
presente caso, por lo que no será tenido en cuenta.

6.2 La entidad demandada 9 solicitó confirmar la sentencia
recurrida al resalt ar que los 20 años de servicio co mo docente
nacionalizado o del orden territorial, d ebían acreditarse al momento
de entrar en vigencia la Ley 91 de 1989, esto es , al 29 de diciembre
de 1989, fecha para la cual el actor había laborado por 4 años, 4
meses y 6 días.

El Min isterio Público y la Agencia Na cional de Defensa Jurídica del
Estado guard aron silencio .

8 Obrante en la plataforma SAMAI, visible a índice 12.
9 Obrante en la plataforma SAMAI, visible a índice 13 y 14.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

El Consejo de Est ado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto , de acuerdo con el artículo 150 de l Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10.
De igual manera, se resalta que la competencia en esta instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante único,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 11.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por el
demandante corresponde a la Sala determinar :

1. ¿El señor Luis Rafael Barón Fernández , en su calidad de
docente oficial, acreditó los requisit os para acceder a l
reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del
régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás
normas que regulan dicha prestación?

2. ¿Le asistió razón al a quo al condenar en costas al
demandante por haber sido vencido en primera instancia?

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia.

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias

10 « E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio , en los casos previstos
por la ley.»

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oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.

Respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración
y buena conducta; ii) no haber recib ido o recibir ot ra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.
Por su parte, la L ey 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucció n pública y
autorizó la suma de servicios prest ados en diversas épocas al
computar los años en la enseñanza primaria, la norm alista y la
inspección, con el f in de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Con la Ley 37 de 1933, el beneficio se hizo extensivo a los maestros
de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios
señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º , distinguió
entre los conceptos de docente «nacional», «nacionalizado» y
«territoria l».

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer
que, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos.
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En ese orden, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir,
con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la
Sala Plena del Co nsejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de
agosto de 1997 señaló con claridad dicha exclusión.

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 previó las
pautas jurisprudenciales a seguir en relación con el presupuesto
proveniente del situado fiscal y la titularidad de los recursos
provenientes del sistema general de participaciones.

Dicha decisión hizo también referencia a los fondos educativos
regionales, los cuales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados y
en ese sentido se aclaró que el universo de esos recursos con los
que se financiaban, le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas, por lo que no es dable inferir que los
docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial,
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administrado ra del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con
la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente
en la Nación.

12Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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La sentencia en mención, se refirió a la prueba de calidad de
docente territorial para lo cual, determinó que se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que
además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha pre visto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva cert ifica ción de la autoridad nominadora que dé cuenta
de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

En cuanto al origen de los recursos de la entidad nominadora, se
señaló que lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territo rial o nacio nalizada.

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 13 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacion alizada con antelación al 31 de diciem bre de 1980
y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

13Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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En conclusión, queda claro que, para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales,
en primaria o en secundaria o como normalista o in spector de
instrucción pública , o en calidad de docente nacionalizado, con
alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo,
siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos, es decir, haber alcanzado la
edad de 50 años y haber observado buena conducta.

2.4. Caso concreto

2.4.1 Actuación admini strativa

1) El accionante solicitó el 27 de septiembre de 2017 el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.

2) La UGPP mediante la Resolución RDP 002282 del 24 de
enero de 2018 negó el reconocimiento pensional, para lo cual tuvo
en cuenta que el actor nació el 7 d e agosto de 1953, por lo que
contaba con 64 años de edad y acreditaba los siguientes tiempos
de servicio:

Al respecto, señaló que « los tiempos de servicios a partir del año
1994 prestados al Colegio de Boyacá, no se tuvieron en cuenta toda
vez que verificada la resolución (sic) No.027 del 11 de febrero de
1994 expedida por el Ministerio de Educación Nacional se logra
establecer que fu e nombrado por el Ministerio de Educación
Nacional por lo cu al dicho tiempo de servicio es con nombramiento
del orden NACIONAL. »

3) El actor interpuso recurso de apelación en contra de la
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decisión, el cual f ue resuelto por medio de la Resolución RDP
014514 del 24 de abril de 2018, por medio de la cual la UGPP
confirmó la negativa con los mismos argumentos.

2.4.2 Análisis de la Sala.

La Sala procederá a examinar las pruebas obrantes en el
expediente a fin de verificar si al demandante le asiste el derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, por cumplir con los
requisitos legales.

2.4.2.1 El demandante nació el 7 de agosto de 1953 14, por tanto,
el mismo día y mes de 200 3 cumplió 50 años de edad.

2.4.2.2 Respecto al tiempo de servicio docente, se observa lo
siguiente:

A) Del periodo comprendido entre el 24 de julio de 1976 hasta
el 23 de abril de 1978 , nombrado mediante el Decreto 637
del 19 de agosto de 1976 15:

[…]

[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
[…]

14 A s í
consta en la cédula de ciudadanía visible a folio 172 y el registro civil
de nacimiento a folios 50 y 72.
15 F o l i o
361 a 363 y visible en el expediente administrativo digital, allegado a
folio 1207.

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GOBERNADOR

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

• Según el Acta (f. 40) del 1 de septiembre de 1976 16, el
accionante tomó posesión ante el secretario de educación de
Boyacá y el jefe de División de Docencia, del cargo de
«DIRECTOR DE L A R.D. “RITA NGA” EN EL MUNI CIPIO DE
GUACAMAYAS.

Obra nota aclaratoria «ESTA POSESIÓN TIENE CARÁCTER
RTROACTIVO A PARTIR DEL VEINTI CUATRO (24) DE JULIO
DEL AÑO EN CURSO (1.976).»

• De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Hist oria Laboral emitido por la Secretaría de
Educación de Boyacá del 25 de agosto de 2017 17, «TIPO DE
VINCULACIÓN» es «Departamental»; fue nombrado en el
cargo de docente, en primaria en propiedad y los aportes a
seguridad social fueron realizados a la Caja de Previsión
Social.

En cuanto al retiro voluntario, refiere que se consolidó el 23
de abril de 1978, mediante el Decreto 918 del 17 de agosto
de 1978.

B) Del período comprendido entre el 26 de abril de 1978 al 13
de febrero de 1994 , nombrado mediante el Decreto 616 del
19 de junio de 1978 18:

16 F o l i o 364.
17 F o l i o 354 y 355.
18Folio 365 y visible en el expediente administrativo digital, allegado a folio
1207.

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[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
[…]
GOBERNADOR

SECRETARIO DE EDUCACIÓN

• De acuerdo con el Acta del 3 de agosto de 1978 19, el actor
tomó posesión ante el secretario de educación y el jefe
División de Docencia del cargo de «PROFESOR DEL
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DEL
MUNI CIPIO DE GUACAMAYAS.

• El Certificado de Tiempo de Servicios emitido por la
Secretaría de Educación de Boyacá el 31 de julio de 2003
(Núm. 2686), así como los del 21 de septiembre de 2005
(Núm. 308 6), 16 de julio de 2008 (Núm. 2894), y el del 16 de
diciembre de 2008 (Núm. 6254), dan cuenta de que el actor
prestó sus servicios en el nivel básica secundaria,
«vinculación: en Propiedad, como Nacionalizado.»

Se relacionan los siguientes tiempos de serv icio:

19 F o l i o 329.

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Del análisis de los actos de nombramiento relacionados, lo que
constituye relevancia para determinar si el docente tiene el derecho
o no al reconocimiento de la pensión gracia, es si ocurri eron antes
del 31 de diciembre de 1980, y si se trató de vinculaciones de
carácter territorial o nacionalizada.

El actor fue nombrado por disposición de la máxima autoridad
departamental (gobernador de Boyacá), en uso de sus a tribuciones
legales y sin que obrara referencia a alguna ley que permita inferir
que su nombramiento se realizaba en nombre de la Nación.
Además, estos fueron suscritos el gobernador y el secretario de
educación, es decir, que no hubo intervención alguna por parte del
Ministerio de Educación Nacional.

Adicionalmente, estos actos de designación fueron expresos al
establecer que se trataba de nombramient os como director de la
Escuela Rural Departamental sede Ritanga en el primero, y
posteriormente, como profesor del Colegio Departamental de
Bachillerato Agrícola en Guacamayas, planteles educativos del
departamento de Boyacá, esto es, que ocupó plazas
correspondientes al ente territorial.

Cabe advertir que los mencionados decretos fueron emitidos antes
de 1980, y con posterioridad a la nacionalización adelantada por la
Ley 43 de 1975 . Sumado a ello, las certificaciones re lacio nadas dan
cuenta que el tipo de vinculación fue nacionalizada.

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Ahora bien, para efectos de esclarecer la naturaleza jurídica del
vínculo laboral del demandante previo a 1980, resulta pertinente
señalar que desde la expedición de la Ley 39 de 1903, las entidades
territoriales, por regla general, estuvieron únicamente a cargo y
bajo la dirección de la educación primaria (artículo 3), sin embargo,
por disposición expresa , conforme al artículo 4 ibidem también
quedaron habilitadas para administrar establecimientos de
enseñanza secundaria, por lo que el nombramiento que aqu í se
analiza, sería consecuente con la atribución que con antelación
había otorgado el legislador , toda vez que fue nombrado como
director y docente en secundaria, según se explicó.

Resulta relevante destacar que la Corte Constitucional, en
sentencia C-084 de 1999, al analizar la constitucionalidad del
artículo 15, numeral 2, lite ral b), de la Ley 91 de 1989, precisó que
antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme
a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos
categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales. Específicamente,
expuso:

«3. 2. 2. Así m ism o, se obser va por la Cor t e que, ant es de la
" naciona lizac ión" de la educación pr i m ar ia y secundar ia of icia l
decr et ada por la Le y 43 de 1975 par a ser cum plida en un p er í odo
de cinco a ños, es de ci r hast a el 31 de di ci embre de 1980, ex i st í an
dos cat egorí as de docent es of i ci al es, a saber: l os naci o nal es,
vi ncul ados l aboral ment e de manera di rect a al M i ni st eri o de
Educaci ón Naci ona l ; y l os t errit ori al es, vi ncul ados l aboralmen t e
a l os depart ament os , en nada se oponí a a la Const it ución en t onces
en vigor , que exist ier a par a ést os últ im os la denom inada " pensión
gr acia" , de que t r at a la Ley 114 de 1913, post er ior m ent e ext endida
a ot r os docent es por las leyes 11 6 de 1928 y 37 de 193 3, com o
t am poco se opone la pr olongac ión de su s ef ect os en el t iem po par a
quienes act ualm ent e la disf r ut an, o r eunier on los r equisit os
sust anciales par a t ener der echo a ella ant es del 31 de dicie m br e de
1980, pues la diver sidad del em pleado r ( nación o depa r t am ent o) ,
per m it í a, conf orm e a la Car t a, est ablecer un t r at o dist int o y una
excepción al pr in cipio gener a l pr ohibit iv o de devengar dos
asignac iones de l Tesor o Públ ico, si t uación ést a que r esult a
igua lm ent e acom pasada con la Const it uc ión Po lí t ica de 199 1 , pues
la nor m a acusada ( ar t í culo 4º , num er al 3º Ley 114 de 1913) , en nada
vulner a e l pr inc ipi o de la igua ldad cons agr ado por el ar t í cul o 13 de
la Car t a M agna, el cual pr ohibe ( sic) dispensar t r at o dif er ent e y
discr im inad o " por r azones de sexo, r aza, or igen nac iona l o f a m iliar ,
lengua, r elig ión, opi nión polí t ica o f ilosóf ica" , nada de lo cual ocur r e
en est e caso. [ …] » (Negr il la de la S ala)
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Por su parte, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado
de la designación […] encuentra respaldo en el artícu lo 1 de la Ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territ orial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha , de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar
sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C -085 de 2002,
indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades terri toria les».

De lo anteriormente expuesto se colige que la naturaleza jurídica
de las vinculaciones fue nacionalizada, situación que se encuentra
acorde con las certificaciones emitid as donde consta el vínculo y
se establece con claridad y de manera inequí voca dicha
información. Lo que resulta coherente con lo decidido en sede
administrativa y ju dicial.

Así las cosas, se puede verificar que esta vinculación ocurrió antes
del 31 de diciembre de 1980 y, por tanto, se debe incluir d icho
período en los cálculo s, a efecto s de acreditar lo s 20 años
requeridos para la pensión gracia.

Se advierte que se debe descontar el período correspondiente a la
licencia no remunerada otorgada mediante la Resolución 335 del 17
de marzo de 1989, entre el 6 y el 17 de marzo de 1989.

C) Del período comprendido entre el 14 de febrero de 1994 de
abril de 1974 y el 10 de enero de 2017, nombrado mediante
la Resolución Rec toral 27 del 11 de febrero de 1994 20:

20 F o l i o 330.

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• Según el Acta del 14 de febrero de 1994 21, el actor to mó
posesión ante el rector del Colegio de Boyacá como
«PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO».

21 F o l i o 332.

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• Obra constancia emitida por la subdirectora administrat iva y
financiera del Colegio de Boyacá (120C. 133 -05), emitida el
19 de septiembre de 2005 22, en la que se indica que el actor:

«[ …] pr est a sus ser vicios a l Cole gio de B oyacá desde el 14 d e
f ebr er o de 1994, com o Docent e de Tiem po Com plet o.

Nom br ado m ediant e Resoluci ón Rect or al No. 27 del 11 de
f ebr er o de 1994. Tom ó posesión del car go el 14 de f ebr er o de
1994.

22 V i s i b l e en el expediente administrativo digital, allegado a folio 1207.

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Ha labor ado si n int e r r upción alguna hast a la f echa. »

La anterior información resulta coincidente con la constancia
emanada del subdirector general encargado del Colegio de
Boyacá, del 15 de julio de 2008 (120-28-055) 23, en la que
adicionalmente se afirma:

«[ …]

M ediant e Reso luci ó n No. 167 de l 14 d e j ulio de 2006, se le
encar gó las f unciones de Coor dinador de Sección, car go que
desem peña en la ac t ualidad. Tom ó pose sión de l car go el 17 de
j ulio de 2006.

[ …] »

Fue allegada una constancia adicional emitida por el subdirector
administrativo y financiero del Cole gio de Boyacá , del 15 de
diciembre de 2008, a través del cual se señala:

Respecto de este tiempo, resulta pertinente indicar que, desde el
momento de la reclamación administrativa, así como en el escrito
de demanda y en el recurso de apelación, la parte activa ha
afirmado que el nombramiento materializado en la Resolución 27
del 11 de febrero de 1994, fue expedido por el rector del Colegio
de Boyacá y que la naturaleza jurídi ca del vínculo fue nacional .

Así, se tiene que lo que es objeto de controversia no es el tipo de
vinculación inicial, sino que, de acuerdo con la interpretación del
demandante, este vínculo estuvo vigente sólo hasta el 10 de
septiembre de 2005, momento en el cual, la Institución Educa tiva
Colegio de Boyacá perdió su carácter nacional y mutó a municipal,
por lo que considera que, sobre este último período ostentó una

23 I d e m .

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vinculación municipal y debe tenerse en cuenta para la pensión
gracia.

Ahora bien, de acuerdo con la decisión recurrida y los argumentos
del recurso de apelación, el a quo, no analizó lo concerniente a la
naturaleza del vínculo del actor que presuntamente mutó de
nacional a municipal a partir del 10 de septiembre de 2005, y
simplemente se limitó a expresar que estos no pod ían ser tenidos
en cuenta dado que no acreditó los requisitos exig idos (edad y
tiempo de servicio), antes del 31 de diciembre de 1989, fecha de
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

Sobre este último aspecto , vale la pena aclarar que la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá no se ajusta a
las normas y a la jurisp rudencia vigente para el estudio de la
pensión gracia, t oda vez que no resulta co rrecto exigir el
cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio para la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, en la medida que , la
norma en mención no determina ese presupuesto dentro de su
texto, circunstancia aclarada en la sentencia de unificación SUJ-
030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022, en la cual, la Sección
Segunda, fijó como regla jurisp rudencial sobre la interpretación del
artículo 15, numeral 2.º, literal a), de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, lo sigu iente :

«Los docent es pue den acceder a la p ensión gr ac ia ant es y
después del 29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando
acr edit en una vinc ulaci ón t er r it or ial o naciona lizad a con
ant elació n al 31 de d iciem br e de 1980 y c um plan con los dem ás
r equisit os le galm ent e est ablecidos par a su r econocim ient o». 24

La anterior senten cia de unificación jurisprudencial definió que
tendría efectos retrospectivos, razón por la cual resulta de

24Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución
tanto en sede administrativa como judicial.

Ahora bien, del acto de nombramiento se extrae que el accionante
fue nombrado por el rector del Colegio de Boyacá, para lo cual, este
invocó las facultades que le fueron conferidas por medio de la Ley
2ª de 1972 «Por la cual la Nación se asocia al sesquicent enario del
Colegio Boyacá, se reorganiza dicha institución y se ordena la
construcción de un edificio.»

Dicha norma dispuso lo siguiente:

«ARTÍ CU LO 1o. Reor ganiz ase el Coleg io de Boy ar á com o
est ablecim i ent o públ ico de car áct er docent e, con per soner í a jur í dica,
aut onom í a adm inist r at iva y pat r im onio indepen dient e, ad scr it o al
M inist er io de Educa ción Nacion al. Su dom icil io ser á la ciudad de
Tunj a.

ARTÍ CULO 2o. El C oleg io de Boyacá t endr á com o obj et o pr incipa l la
enseñanza pr im ar ia y secundar ia.

ARTÍ CULO 3o. La dir ección del cole gio e st ar á a car go de un Consej o
Dir ect ivo, y de un r ect or , quien ser á el r epr esent ant e legal del
coleg io.

ARTÍ CULO 4o. El C onsej o Dir ect ivo est ar á int egr ado por :
1. El m inist r o de Educación o su dele ga do, quien lo pr esid ir á.
2. Un r epr e sent ant e del Pr esident e de la Repúbl ica, escogi do ent re
los exalum nos del pl ant el, r esident es en el depar t am ent o de Boyacá.
3. El Secr et ar io de Educació n del depar t am ent o o su delegado.
4. Un r epr esent ant e de los pr of esor es del coleg io, elegid o por vot o
dir ect o y secr et o.
5. Un r epr esent ante de los est udiant es del Coleg io de Boyacá,
eleg ido en la f or m a que lo det er m inen lo s est at ut os.
6. Dos r epr e s ent antes de la Asam blea D epar t am ent al.
7. Un r epr esent ant e del Concej o M unic ip al de Tunj a.

[ …]

ARTÍ CULO 6o. El r ect or es de libr e n om br am ient o y r emoción de l
Pr esident e de la Re públ ica y t iene las si guient es f uncion es:

1. [ …]
3. Nombrar y remover, conf orme a l as di sposi ci ones l egal es,
regl ament ari as y est at ut ari as pert i nent es, el personal del
col egi o, con excepción de aquellos f uncionar i os cuya designac ión
se r eser va el Consej o Dir ect ivo conf or m e a los est at ut os.
[ …] » (resaltado de la Sala)

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Pues bien, resulta evidente que el Colegio de Boyacá, para el
momento de la vinculación, era un establecimiento público adscrito
al Ministerio de Ed ucación Nacional según lo establecido en la Ley
2ª del 28 de febrero de 1972, y de acuerdo con las funciones que
le fueron conferidas en el artícu lo 6.º, el recto r podía nombrar en el
cargo de docente al actor.

En lo que tiene que ver con la institución educativa, se encuentra
que, en cumplimiento de la Ley 715 de 2001, el Concejo Municipal
de Tunja expidió el Acuerdo Municipal 0008 del 13 de abril de 2005
«Por medio de l cual se crea un establecimiento público del orden
Municipal denominado Colegio de Boyacá» (sic), en la que se
estableció de manera expresa que, teniendo en cuenta que la Ley
715 de 2001 dispuso el traslado de los establecimientos públicos
educativos del orden nacional, acordó:

«ARTICULO PRI M ERO : Cr ease el Est a blecim i ent o Pub lico del
O r den M unicipal, denom inado " Coleg io de Boyacá" , com o ent idad
descent r aliza adscr i t a a la Secr et ar í a de Educación M unicipa l, con
dom icil io e n la c iud ad de Tunj a, per so ner í a j ur í dica, aut onom í a
adm inist r at iva y pat r im onio in depend ient e.

PARAG RA FO : El Est ablecim ie nt o Públic o cr eado en ést e art í culo
ser á el r ecept or de la I nst it ución Educat i va Coleg io de Boyac á. la
cual hace par t e del pat r im onio de l Est ablec im ient o Púb lic o del
O r den Nacional Co l egio de Boyacá.

ARTÍ CULO SEG UND O : El Est ablecim ie nt o Público que se cr ea por
el pr esent e acuer do, t endr á com o obj et o pr incipa l la pr est aci ón del
ser vicio educat iv o en los nivel es de pr eescolar básica y m edia en
el M unicip io de Tunj a.

[ …] » ( sic)

Por su parte, el Gobierno nacional mediante el Decreto 3176 del 9
de septiembre de 2005 «Por el cu al se traspasa el Colegio de
Boyacá al Municipio de Tunja», protocolizó el referido tra spaso, por
lo que, consecuentemente, se cancela la adscripción al Ministerio
de Educación Nacional y e n cuanto a los derechos de los
trabajadores de dicho establecimiento , se dispuso lo siguiente:

«Ar t í culo 40. Tr aspaso de plant as de per sonal. El per sonal
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vincul ado a la plant a de per sonal, vigen t e a la f e cha de aprobación
del pr esent e decr et o, del Colegi o de Boyacá, est ableci m ient o
públ ico que se t r aspasa, cont inuar á pr est ando sus ser vici os sin
soluci ón de cont in ui dad en la e nt idad cr eada en el Acuer do 008 del
13 de abr il de 2005 del Concej o M unic ip al de T unj a .

En t odo caso, la aut or idad com pet ent e deber á aj ust ar la pla nt a de
per sonal adm in ist r at ivo al r égim en de n om enclat ur a y clasif icació n
de em pleos pú bl icos del or den t er r it or ia l pr evist o en el Decr e t o 785
de 2005.

Los act uales ser vidor es públ icos de l Col egio de Boyacá
incor por ados en la nueva plant a de p er sonal de em pleos a los
cuales cor r esponda una asignac ión bási ca m ensual inf er ior a la que
vení an per cibiendo, cont inuar án con la r em uner ación super ior
m ient r as per m anezcan en dicho em pleo.

De igua l m aner a los ser vidor es incor por ados a la nueva p la nt a de
per sonal cont i nuar á n per cibie ndo los b enef icios sa lar ia les en los
t ér m inos y condicion es pr evist os en el decr et o Ley 1042 de 1978 y
dem ás disposici one s que lo m odif iquen, adicionen o sust it uyan . »
(subraya de la Sala)

Así las cosas, en el acto administrativo que dispuso la modificación
en la naturaleza jurídica del Colegio de Boyacá quedó consagrado
que las personas que conformaban su planta de personal para el
año 2005 , no verían afectados sus derec hos laborales , es decir,
que implicó una continuidad de la relación laboral en todos los
aspectos.

Conviene precisar que el establecimiento público en el cual el actor
fungía como docente cambió su naturaleza de nacional a municipal,
en virtud de lo dispu esto en la Ley 715 de 2001 25, y la
administración del personal docente como del servicio educativo,
quedó radicada en cabeza de l ente territorial (municipal). Sin
embargo, tal modificación no implicó u n cambio en la naturaleza de
la vinculación prim igenia de los docentes nacionales que permita
equipararlos a quienes fueron caracterizados como grupo que
requirió de esta especial prestación , c oncebida como compensación

25 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado
66001233300020120012701, del 21 de junio de 2016; radicado 2014 -00136,
del 10 de mayo de 2018 - Exp. 73001233300020140018501.Sala de Consulta
y del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2 016, radicado
110010306000020160010900.

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Demandante: Luis Rafael Barón Fernández

con base en la diferencia salarial q ue existía con los docentes
territoriales y nacionalizados, es decir, que de ninguna manera se
pretendió extender este beneficio a ot ros sectores de la educación.

En ese orden, no es dable tenérseles como docentes del nivel
departamental o municipal para efectos del reconocimiento de la
pensión gra cia a docentes cuyo carácter de la vinculación fue
nacional, máxime cuando en la pluricitada sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018, se explicó la forma en que se acredita el
tipo de vinculación , sin que se haya mencionado de forma alguna
que el traspaso de las instituciones y plantas docentes a los entes
territoriales conlleve implícita la mo dificación de su vínculo, de
nacional a territorial para los efectos del reconocimiento de la
pensión gracia.

Resulta pertinente indicar que la Ley 60 de 1993 26 estableció que
dentro del proceso de descentralización y previo el cumplimiento de
determinados requisitos, las entidades territoriale s podrían
administrar el servicio de educación con cargo al Situa do Fiscal 27,
y para ello esos recursos eran cedido s a las entidades territoriales
con destinación específica.

En ese orden, se distribuyeron las competencias educativas entre
la Nación y los entes territoriales, de manera que , a los
departamentos se les atribuyó la dirección y administración directa
y conjuntamente con los municipios de los servicios de e ducación y

26 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución
Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
27ARTÍCULO 9o. NATURALEZA DEL SITUADO FISCAL.<Ley derogada por el
artículo 113 de la Ley 715 de 2001> El situado fiscal, establecido en el artículo
356, de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de
la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los
servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El
Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y
distritos de conformidad con la Constitución Política.

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los docentes dejaron de ser nacionales y nacionaliza dos, para
denominarse del orden nacional , departamental, distrital o
municipal, según el caso.

Así, el artículo 6.º de la mencionada ley dis puso:
«[ …]

El r égim en pr est a ciona l apl icab le a los act uales do cent es
naciona les o nacio naliz ados que se incor por en a las plant as
depar t am ent ales o dist r it ales sin sol uc ión de cont inu idad y las
nuevas vincu lacio ne s ser á el r econocido por la Ley 91 de 1989 , y
las pr est aciones e n ellas r econoc ida s ser án com pat ibles con
pensiones o cua lesq uier a ot r as clases de r em uner aciones.

[ …] ».

A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º indicó que el personal
nacional son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno nacional, a diferencia de los nacionalizados y territo riales,
que son los vinculados por nombramiento de entidad territ oria l.

Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001, se
reiteró que « los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los
requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad .»

Luego, so pretexto de la descentralización de la educación, no
puede soslayarse dicha regulación y mucho menos dejar de lado
que las características de la vinculación labora l con la
administración se adquieren al momento en que se profiere el
acto de nombramiento y en este se establecen las condiciones
jurídicas del ca rgo a desempeñar y las repercusiones a las cuales
queda sometido el servidor 28.

Además, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en la mentada

28 A l
respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección
B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079 -2009, C.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 201 2, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo
Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación
68001233100020040276201.

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sentencia de unificación, en la que se precisó que el origen de los
recursos destinados a financiar las prestacione s de los docentes,
en modo alguno permite alterar la naturaleza del vínculo laboral del
docente.

Lo anterior cobra relevancia en el presente caso a la luz de lo
dispuesto en el Decreto 3176 del 9 de septiembre de 2005, que
señaló de manera expresa que los servidores incorpo rados a la
nueva planta de personal continuarán percibiendo los beneficios
salariales toda vez que se continu ó prestando los servicios
educativos sin solución de continuidad en la entidad creada
mediante el Acuerdo 008 del 13 de abril de 2005 del Concejo
Municipal de Tunja.

Bajo esa línea, queda claro que las condiciones de la vinculación
inicial del docente no se modificaron a pesar del traspaso de la
planta al municipio, pues el último nombramiento del que fue objeto,
se efectuó por p arte del Ministerio de Educación en 1994.

De ahí en adelante se pudieron presentar novedades
administrativas, tal como aquella que se verificó en una de las
constancias, cuando le fue encargada la función de coordinador de
sección, sin que ello afectara sus prestaciones salariales o régimen
de pensiones y cesantías, pues como se indicó, la vinculación con
la que venía se mantuvo incólume en tanto que no hubo solución de
continuidad.

Conforme a lo explicado , los argumentos expuestos por la parte
apelante carecen de fundamento fáctico y legal por cu anto, como
quedó demostrado, no acreditó el cumplimiento de los requisitos
legales y jurisp ru denciales exigidos para ser beneficiari o de la
prestación reclamada.

3. Conclusión

Conforme a lo expuesto, a l señor Luis Rafel Barón Fernández no le

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asiste el derecho a la pensión gracia, por lo que esta Subsección
confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá el 12 de diciembre de 2019, que ne gó las súplicas de la
demanda.

• ¿Le asistió razón al a quo al condenar en costas al
demandante por haber sido vencido en primera i nstancia?

En el presente caso el demandante solicitó revocar la condena en
costas que le fue impuesta por considerar que no debió realizarse
una valoración meramente objetiva de cara a lo establecido en el
artículo 365, numeral 1 del Código General del Proceso –CGP–, ya
que debía tenerse en cuenta que la sola denegación de las
pretensiones no implica la condena en costas , pues debe tenerse
en cuenta que actuó de buena fe y con base en decisiones
proferidas previamente tanto por la entidad demandada como por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Además, las costas
deben probarse y sustentarse en debida forma, lo que no ocurrió.

Al respecto, esta Sección había sostenido la tesis de que el
concepto de las costas del proceso estaba relacionado c on todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprendía los denominados gastos o expensas del
proceso llamados en el CPACA gast os ordinarios del proceso y
otros (traslado de testigos , práctica de la prueba pericia l, l o s
honorarios de auxiliares de la just icia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc. )

A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente
sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la
condena de manera «automática» u «objetiva», frente a aquel que
resultara vencido en el lit igio. Ello, en consideración a que debían
observarse una serie de factores tales como la temeridad, la mala
fe y la existencia d e prueba s en el proceso sobre los gast os y costas

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en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de
análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunsta ncias para
imponerla o no.

Con posterioridad, esta Subsección en providencia del 7 de abril de
2016, varió aquella posición y a cogió el criteri o objetivo -
valorativo al concluir que no se debe evaluar la conducta de las
partes –temeridad o mala fe –, sino los aspectos previstos en e l
CGP, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365.

Sin embargo, resulta necesario recordar que la condena en costas
no surge automáticamente en favor de quien obtuvo decisión
favorable, puesto que de acuerdo con lo establecido en el numeral
8.º del artículo 365 idem, corresponde al juez la valoración de la
causación de las costas, dado que éste observa el procedimiento
de las partes desplegado en el trámite de instancia, por lo cual,
esta Sala considera que fue razonable la decisión del tribuna l,
máxime cuando , contrario a lo manifestado por el demandante , la
entidad demandada tuvo que incurrir en gastos para contratar un
abogado que contestara la demanda y llevara adelante el proceso ,
con las implicacion es que ello acarrea.

Por lo anterior, habrá de confirmarse lo dispuesto en la sentencia
recurrida sobre ese tópico.

4. Condena en costa s de segunda instancia

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas al demandante , comoquiera que , si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de

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fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión del
recurso de apelación, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, en el recurso se sustentaron las razones en
defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en
costas a la parte vencida.

5. Otras órdenes.

Mediante memorial allegado a SAMAI, visible a índice 12, el
apoderado de demandante sustituyó el poder al abogad o Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren, identificad o con la cédula de
ciudadanía 19.138.292 y portador de la tarjeta profesio nal 15.338
del C.S. de la J. , a quién habrá de reconocérsele personería para
actuar al cumplir lo s requisitos legale s.

Según consta en el aplicativo SAMAI, mediante memorial visible a
índice 14, fue allegado poder general otorgado por la entidad
demandada a la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón,
identificada con cédula de ciudadanía 31.578.572 y portadora de la
tarjeta profesional 123.175 del C.S. de la J. , por lo que, previo
cumplimiento de los requisitos legales, le será reconocida
personería para actuar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Col ombia y
por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las
súplicas de la demanda presentada por Luis Rafel Barón Fernández
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de
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conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de la presente sentencia.

SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia, según lo
expuesto.

TERCERO. Reconocer personería al abogado Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren , portador de la tarje ta profesional 15.338 del C.S.
de la J., como apoderado sustituto de la parte demandante .

CUARTO. Reconocer personería a la Gloria X imena Arellano
Calderón , portadora de la tarjeta profesional 123.175 del C.S. de la
J., como apoderada de la entidad demandada –UGPP.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del veinticuatro (24) de agost o de dos mil veintitrés (2023)

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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