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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-00150-01

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-00150-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte, portador de la tarjeta profesional 111.852 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura pública visible en el índice 10 de la plataforma SAMAI. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2020-00150-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2020-00150-01 (6653-2022)
Demandante: Gladys Hurtado Abril
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plaza del orden nacional en el Colegio de Boyacá.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda.

ANTECEDENTES

La señora GLADYS HURTADO ABRIL instauró demanda en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones 30393 del 4 de julio de 2008 y de las
anteriores proferidas por la UGPP mediante las cuales, despachó de manera
desfavorable las peticiones presentadas de manera reiterada sobre el
reconocimiento de la pensión gracia.

1 Proceso digitalizado- documento 15001233300020200015000-C4.pdf- índice 3 de SAMAI.

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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y
pagar al accionante la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio
salarial mensual devengado en el año anterior a la constitución del estatus
pensional. Asimismo, que se cancelen los reajustes sobre la prestación y la
indexación de la primera mesada pensional.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS 2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirs e de la siguiente
manera.

Que la señora Gladys Hurtado Abril, prestó sus servicios como docente de
secundaria por nombramiento nacional, agotando así el requisito de 20 años de
servicios en colegios sin distinguir si son de tipo nacional, departamental, municipal
o distrital. Que, además, cumplió 50 años y su labor se desempeñó con buena
conducta.

Que presentó varias solicitudes para obtener de la extinta Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal) hoy UGPP, el reconocimiento de la pensión gracia, las
cuales fueron resueltas en forma negativa bajo el argumento que la docente al haber
desempeñado su labor, con una vinculación nacional, no era merecedora del
reconocimiento de la pensión.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 14 de diciembre de 20203 y notificada
a la UGPP 4, quien, a través de memorial de contestación 5, se opuso a las
pretensiones de la demanda. Advirtió que solamente se solicita la nulidad de la
Resolución 30393 del 4 de julio de 2008 porque planteó de manera indeterminada
los demás actos que negaron lo requerido. Que dadas las condiciones de la
vinculación de la señora Gladys Hurtado Abril, no son computables los tiempos
prestados a la nación porque su nombramiento fue realizado por el Ministerio de
Educación para laborar como docente en el Colegio de Boyacá.

2 ibidem.
3 Ïndice 11 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.
4 Índice 17 ibidem.
5 Índice 20.

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Propuso como excepciones que denominó ineptitud sustantiva de la demanda,
inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales, prescripción de mesadas y reconocimiento
oficioso de excepciones.

En la audiencia inicial 6 del 15 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Boyacá, fijó el litigio en el sentido de determinar si la vinculación de la demandante
en el tiempo laborado en el magisterio, lo fue de carácter nacional o territorial, mismo
para ser tenido en cuenta en el reconocimiento de la pensión gracia; declaró fallida
la oportunidad de conciliación que regula el numeral 8 del artículo 180 del CPACA.
Sobre el decreto de pruebas, decidió oficiar algunos certificados ante las
autoridades respectivas para esclarecer el tipo de vinculación de la señora Gladys
Hurtado.

En auto del 11 de marzo de 2022 7, procedió a declarar cerrada la etapa probatoria
al verificar la existencia de todas las pruebas decretadas y corrió traslado para
presentar alegatos de conformidad al artículo 181 del CPACA.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 10 de agosto de 2022
negó las pretensiones de la demanda, al sostener que tal y como lo ha dispuesto la
normativa y jurisprudencia, los docentes que tenían derecho a la pensión grac ia son
aquellos con una vinculación laboral como docente con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y la acreditación de 20 años de servicio en planteles educativos
del orden municipal o departamental, sin que sea posible acumular tiempos del
orden nacional.

Del material probatorio pudo constatar que la señora Gladys Hurtado Abril, fue
nombrada a través de la Resolución 006 del 5 de marzo de 1975 como docente de
tiempo completo de primaria al servicio del Colegio de Boyacá, expedida por el
rector de dicha institución, quien se posesionó el 12 del mismo mes y año hasta la
fecha de presentación de la demanda.

Que el Colegio de Boyacá desde su creación con la Ley 2 de 1972 se reconoció
como un establecimiento del orden nacional y luego en acuerdo 008 de 2005,
cambió su naturaleza a establecimiento público adscrito a la Secretaría de
Educación de Tunja. Sin embargo, que del certificado emitido el 18 de noviembre
de 2021, los recursos con los que se sufrago el servicio de la docente fueron del

6 Índice 36.
7 Índice 43.
8 Folios 258 a 274.

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tesoro nacional.
Por lo que, los tiempos desempeñados entre el 11 de febrero de 1975 y 13 de abril
de 2005, lo fueron del orden nacional dada la naturaleza del Colegio de Boyacá y
como la docente no demostró que laboró en calidad de territorial o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980, no cumple con tal requisito.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La demandante presentó escrito de apelación en el que solicitó, revocar la
sentencia de primera instancia y reconocer lo pretendido, para ello pese a que los
argumentos son un poco extensos y pretenden controvertir las normativas y las
interpretaciones que se han dado a las mismas a nivel jurisprudencial sobre los
beneficiarios de la pensión gracia, puede extraerse lo siguiente:

Que no existe una ley que excluya los tiempos desempeñados en Instituciones
Educativas del orden nacional y que solo se incluyan aquellos que se
desempeñaron en entidades territoriales (departamentales, municipales, distritales)
sean los únicos para acreditar el requisito.

Sostuvo que en razón de lo regulado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 «la
pensión gracia es compatible con la pensión derecho» así esta última provenga total o
parcialmente de la nación y que además de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60
de 1993, todos los docentes tenían derecho al reconocimiento de la prestación
objeto de discusión.

Que el artículo 4 de la Ley 114 de 1913 dispuso «que quien hubiera recibido o estuviera
recibiendo actualmente en 1913 repito, que quien hubiera recibido o estuviera recibiendo
actualmente en 1913, en 1913, pensión o recompensa de la nación no accedería a la
pensión gracia, esta disposición rigió solo para 1913, pues por efectos del adverbio
circunstancial de tiempo representado en la palabra actualmente su vigencia se limitó al
año de expedición de la Ley 114 de 1913, o sea solo rigió para 1913 y por efecto de lo
dispuesto en la Ley 91 de 1989 en su artículo 15 fue completamente derogado, así lo
reconoció el ponente de la ilegal, engañosa, inconstitucional, fraudulenta y contradictoria
sentencia S-699 de 1997 que 8 años después de expedida la Ley 91 de 1989, manifestó
respecto a la expedición de la Ley 91 de 1989 que esta era un “hecho que modificó la Ley
114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto esta señalaba que no podía disfrutar de la
pensión gracia quien recibiera” otra pensión o recompensa de carácter nacional».

También que de acuerdo con la Ley 60 de 1993 la plaza ocupada fue de carácter
«departamentalizada» por tanto procedía el reconocimiento de la pensión, esto,
además que la Ley 37 de 1933 no distingue origen o fuente de nombramiento

9 Folios 280 a 296.

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nacional, departamental, o municipal, ni propiedad de la plaza a ocupar nacional,
departamental o municipal para obtener dicha prestación.
Que la sentencia desconoce el derecho fundamental a la igualdad sobre los
profesores nacionalizados en atención a la Ley 43 de 1975 y los nacionales
nombrados por el Ministerio de Educación Nacional.

Que en el escrito petitorio se allegaron distintos precedentes del Consejo de Estado
en los cuales se concedió la pensión gracia a los docentes nacionales «pues la
interpretación razonable y lógica de las leyes así lo disponía, posición que cambió desde
1997 en razón a lo dispuesto en la engañosa, inconstitucional, ilegal, fraudulenta y
contradictoria sentencia S-699 de 1997 que por un lado dispuso que los tiempos laborados
en las normales nacionales no acreditaban para la pensión gracia a pesar de que la Ley
116 de 1928 se expidió para favorecer a los docentes de las normales nacionales».

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El señor procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado, rindió
concepto10, a través del cual, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al
advertir que la docente se desempeñó en el Colegio de Boyacá a partir del 5 de
marzo de 1975 hasta el 13 de abril de 2005 (cuando el colegio cambió de naturaleza
a establecimiento público adscrito a la Secretaría de Educación de Tunja por
Acuerdo 008 de 2005). Por lo tanto, como la vinculación fue de carácter nacional no
satisfizo el requisito de los 20 años como docente territorial y nacionalizado.

La UGPP en escrito11 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.

La demandante guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente, el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial
o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar

10 Índice 9 de SAMAI – Consejo de Estado.
11 Índice 10 ibidem.

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cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 12. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio» .

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(..)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesad a
pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su

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reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 13 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 14
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
14 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto
original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir entre otros observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

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Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento» .

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

15 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

En el asunto en estudio deberá enfocarse dicho análisis en el entendido de que los
motivos de inconformidad del apelante único (los que circunscriben por congruencia
la competencia de decisión en esta instancia), se centran y limitan a verificar si para
acreditar en el caso de la demandante, la satisfacción del requisito de 20 años de
servicio como docente para acceder a la prestación debatida, pueden considerarse
los tiempos laborados por aquella en una plaza de un Colegio del orden nacional,
pero que no puede ser excluida por tal condición.

Frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se observa que la
señora Gladys Hurtado Abril nació el 13 de octubre de 1956, y cumplió los 50 años
el 13 de octubre de 2006.

Sobre el segundo y tercer requisito atinentes a la vinculación con anterioridad al
31 de diciembre de 1980 y a la acumulación de 20 años de servicio de la reclamante
como docente territorial o nacionalizada (el cual es punto de debate en esta
instancia), se precisa que estos se estudiarán de manera conjunta en esta
oportunidad.

Pues bien, frente al lapso de labor comprendido entre el 12 de marzo de 1975 al 3
de octubre de 2017, se destaca que al plenario fueron aportados tanto la
Resolución de nombramiento 6 del 5 de marzo de 1975 como el acta de posesión
048 del mismo mes y año donde consta que la señora Gladys Hurtado Abril fue
nombrada, en el cargo de profesora de primaria, en el Colegio de Boyacá, tal como
puede observarse:

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De los anteriores actos se advierte que los efectuó de manera directa el rector del
Colegio de Boyacá, al respecto, sobre la naturaleza, dirección y recursos
financiados al interior de este, debe indicarse:

El mencionado Colegio fue creado por el Congreso de Cúcuta mediante el Decreto
55 del 17 de mayo de 1822 por orden del entonces General Francisco de Paula
Santander, considerado así, como el Colegios pionero en la educación pública en
Colombia, hermano de las 20 instituciones oficiales creadas por el mencionado
general.

Posteriormente, con ocasión al sesquicentenario de su creación, el Gobierno
Nacional expidió la Ley 2 del 28 de febrero de 1972, dentro de la cual dispuso
reorganizar el establecimiento público de carácter docente con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de
Educación Nacional 16.

Asimismo, reglamentó la integración del Consejo Directivo 17, el cual estaría
presidido por el ministro de Educación o su delegado y también dispuso que el rector
de dicho establecimiento ostentaría la calidad de libre nombramiento y remoción a
cargo del presidente de la República18 y, señaló que el patrimonio del colegio estaría
constituido por partidas del presupuesto nacional 19.

De lo expuesto anteriormente, se tiene que la administración del establecimiento
estaba a cargo del gobierno nacional por medio de la cartera ministerial de manera
directa y a través de sus delegados, por tanto, es considerado como una entidad
del orden nacional y las personas que allí se vincularan también ostentaban dicha
calidad.

La situación antes descrita, ha sido objeto de estudio en reiteradas ocasiones por
esta Corporación entre otras 20, en las sentencias del 5 de julio de 2018 21, 4 de

16 «Artículo 1°. Reorgan[i]zase el Colegio de Boyacá como establecimiento público de carácter docente, con

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación
Nacional. Su domicilio será la ciudad de Tunja».
17 «Artículo 4º. El Consejo Directivo estará integrado por: 1. El Ministro de Educación o su delegado, quien lo

presidirá».
18 «Artículo 6º. El rector es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República».
19 «ARTÍCULO 8o. El patrimonio del colegio estará constituido por:

1. Las partidas que con destino al colegio se incluyan anualmente en el presupuesto nacional ».
20 Sentencias del 29 de marzo de 2007, radicación: 15001-23-31-000-2000-01024-01(10096-2005); 29 de julio

de 2010, radicación:15001-23-31-000-2007-00443-01(2025-2009); 7 de abril de 2011, radicación: 15001-23-31-
000-2006-02942-01(1739-2010); 30 de noviembre de 2011, radicación: 15001-23-31-000-2004-02059-01(1802-
2009); 17 de abril de 2013, radicación: 15001-23-31-000-2005-04061-01(2386-2011); 8 de octubre de 2020,
radicación: 15001-23-33-000-2017-00613-01(2360-2018); 2 de febrero de 2023, radicación: 15001-23-33-000-
2018-00683-01( 3256-2021); 24 de agosto de 2023, radicación: 15001233300020190025001 (2740-2020).
21 Radicación: 15001-23-33-000-2015-00518-01(5179-16).

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agosto de 2022 22, 6 de octubre de 2022 23, a través de las cuales, se ha determinado
que los docentes vinculados en el Colegio de Boyacá ostentan una vinculación
nacional y por lo tanto no pueden ser beneficiarios de la pensión gracia.

Así, el nombramiento de la docente para el caso concreto lo realizó directamente el
rector del Colegio de Boyacá en ejercicio de la facultad que de acuerdo con la
normativa deriva del gobierno nacional y que efectúo en cumplimiento de sus
funciones 24, es decir, que se encuentra inmerso en lo previsto en el artículo 1. ° de
la Ley 91 de 1989 «Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional», porque tal como se expuso la administración de personal
estaba a cargo del nivel central.

Aunado a lo anterior, la naturaleza de dicha relación legal y reglamentaria y la
claridad de la plaza ocupada por la docente se ratifica con otros medios probatorios
como certificaciones, constancias y su respectiva valoración bajo elementos propios
de la sana crítica, pues tal posibilidad incluso fue contemplada por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 cuando se señaló lo
relacionado con la prueba de calidad de docente territorial, mismas circunstancias
que pueden adaptarse al validar la vinculación de docente nacional o nacionalizado,
pues la regla que dispuso permite adaptar otros medios de prueba para resolver el
caso, tal como lo advirtió en la regla que se relaciona:

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial. […]»

Es así como del certificado expedido por el director general del Colegio de Boyacá,
se extrae que la plaza ocupada por la docente fue del orden nacional, tal como se
observa:

22 Radicación: 15001-23-33-000-2014-00518-01 (4095-2017).
23 Radicación: 15001 23 33 000 2015 00376 01 (5638–2018).
24 Numeral 3 del artículo 6 de la Ley 2 de 1972 «Nombrar y remover, conforme a las disposiciones legales,

reglamentarias y estatutarias pertinentes, el personal del colegio, con excepción de aquellos funcionarios cuya
designación se reserva el Consejo Directivo conforme a los estatutos».

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Según este último aspecto, se debe reiterar que, según lo previsto en el artículo 1.
° de la Ley 114 de 1913 los maestros de escuelas primarias tendrían el derecho a
la pensión gracia, siempre y cuando cumpliera con los requisitos contenidos en el
artículo 3 ibidem y que posteriormente en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928
dicha pensión se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales
y a los inspectores de la instrucción pública, pero solo aquellos que laboraran en
colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la
prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la
ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos
que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el
cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 25 y que,
además, con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este
derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, sin que
variaran las condiciones para obtenerla.

Así, de lo expuesto puede advertirse que, si bien es cierto tal y como lo alega la
apelante en el recurso, la norma de manera expresa no determinó que la pensión
gracia estaba exceptuada para los docentes con vinculación nacional, lo cierto es
que en la misma se derivó de la disposición según la cual no podían ser beneficiarios

25 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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aquellos que han «recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional».

Situación está que ha sido desarrollada en el transcurso del tiempo con distinta
jurisprudencia en la que ha prevalecido esta interpretación a partir de la cual, la
sentencia proferida por la la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de 26 de agosto de 1997 26, se impartió que solamente tenían derecho a
la pensión gracia, los docentes que hubieran prestado los servicios en planteles
municipales, distritales o departamentales y quedaban excluidos los docentes que
prestaron sus servicios en centros educativos de carácter nacional.

Lo anterior, sin perjuicio que previo a mencionada sentencia surgieron análisis que
derivaron interpretaciones disimiles en las autoridades judiciales que pudieron de
manera errónea conceder dicho beneficio a los docentes que ostentaron una
vinculación nacional, sin embargo, se reitera, esta condición no ha sido el
precedente imperante en la jurisdicción, tanto así que de acuerdo con la sentencia
de unificación proferida el 21 de junio de 2018 esta Corporación reiteró: «en cuanto
al personal nacional la regla es clara. Tanto el marco jurídico que rige la aludida prestación
como la doctrina legal en la materia son explícitos en advertir que los docentes nacionales
no tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo laborado en esa condición no se
puede computar con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial».

En todo caso, las conclusiones anteriores se convalidan por el hecho de que, en
asuntos como el particular donde se advierte la vinculación de la docente para
prestar su servicio en el Colegio de Boyacá, es posible extraer que la plaza ocupada
fue en condición de nacional y cuyo nombramiento estuvo de igual manera regulado
por la normativa expresa que otorgó facultades al director para realizar las
actuaciones administrativas al interior del instituto en representación del gobierno
nacional.

Por tanto, al no cumplir la exigencia de la vinculación de la docente como territorial
o nacionalizada previa al 31 de diciembre de 1980, porque tal como quedó
demostrado la señora Gladys Hurtado Abril se desempeñó a partir del
nombramiento que efectúo el rector del Colegio de Boyacá mediante la Resolución
6 de 1975 como docente y que de manera posterior no tuvo vinculación distinta a la
mencionada ni existe prueba que así lo controvierta, por lo que, se llega a la
conclusión que entre 1975 y 1980 prestó sus servicios como docente nacional sin
solución de continuidad, por lo tanto resulta inane verificar el segundo y cuarto
requisito sobre los tiempos faltantes así como la buena conducta en el desempeño

26
Sentencia S-699 de agosto 29 de 1997.

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de sus labores.

En cuanto a los demás argumentos relacionados por la apelante sobre el
desconocimiento de los derechos y garantías entre los docentes nacionales y los
nacionalizados en virtud de la Ley 43 de 1975, así como la incidencia del proceso
de descentralización regulada en las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, en el Colegio
de Boyacá, esta Sala se abstiene de emitir pronunciamiento al respecto, al
advertirse que la docente ostentó el carácter de nacional hasta la fecha de su retiro,
por lo que los argumentos que puedan desarrollarse en virtud del proceso de
descentralización y nacionalización de la educación no dan lugar al reconocimiento
del derecho, en consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia de primera
instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación y de los alegatos de conclusión presentados
por las partes no presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la
condena en costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron
planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte,
portador de la tarjeta profesional 111.852 del Consejo Superior de la Judicatura, en
calidad de apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado
mediante escritura pública visible en el índice 10 de la plataforma SAMAI.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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