Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2019-00299-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2019-00299-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2019-00299-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
21 de noviembre de 2024
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Radicación núm.: 15001233300020190029901
Demandante: Departamento de Boyacá
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá DC., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024)
Referencia: Medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos
Radicación núm.: 15001233300020190029901
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura – CSS
Constructores S.A. y otros
ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Agencia
Nacional de Infraestructura y la sociedad C.S.S., Constructores S.A., contra la
sentencia del 29 de septiembre de 2021 emitida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, previo
recuento de los siguientes antecedentes.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Señala el actor que en el corredor vial Briceño – Tunja – Sogamoso se presenta
una situación de riesgo permanente para los peatones por la falta de
construcción de puentes peatonales, lo que afecta directamente los derechos
colectivos a la seguridad, moralidad administrativa, goce del espacio público y
la prevención de riesgos técnicamente previsibles.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: DECLARAR probada la existencia de amenaza, de los derechos
colectivos a la Seguridad Pública, Desastres Técnicamente Previsibles,
Moralidad Administrativa, respetando las disposiciones jurídicas de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes
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Demandante: Departamento de Boyacá
de los sectores indicados, por parte del CONSORCIO SOLARTE Y SOLARTE y la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
SEGUNDO: ORDENAR la realización de un estudio de Consultoría, a efectos
que se establezca cuáles son las obras públicas que se deben construir en cada
uno de los puntos señalados en la Acción Popular, para evitar poner en riesgo
la vida de los transeúntes que deben atravesar dichos sectores en su cotidiano
vivir.
Se manifiesta en todo caso, que en mi calidad de GOBERNADOR, asumo los
compromisos que sean necesarios, para adelantar las gestiones a que haya
lugar para efectos de determinar cuáles son las obras que se requieren en la
vía Tunja- Sogamoso, para lo cual se apropiarán los recursos del caso y si lo
considera pertinente el Despacho, suscribir los convenios de consultoría con la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para realizar los estudios
necesarios para establecer de manera certera, qué construcciones se deben
ejecutar para que cese el peligro para las personas que transitan por la vía
señalada.
TERCERO: ORDENAR a los demandados adoptar las medidas necesarias para
construir y poner en funcionamiento las obras públicas que se indiquen de
forma específica para cada uno de los sectores objeto de la demanda.
CUARTO: CONFORMAR el COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO de lo
que se ordene en la respectiva sentencia, de la siguiente manera: las partes,
el Defensor del Pueblo por conducto de quien se sirva designar para el efecto,
además de las autoridades que el Despacho Considere para efectos del cabal
cumplimiento de la sentencia”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
II.1. Mediante auto del 12 de junio de 2019 el Tribunal admitió la demanda y
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la sociedad C.S.S.,
Constructores S.A.1.
II.2. Mediante auto del 1° de agosto de 2019 se admitió la reforma a la
demanda, así como la solicitud de coadyuvancia presentada por los municipios,
y se ordenó notificar a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado2.
1 Fl 185 cuaderno nro. 01
2 Fl. 193 cuaderno nro. 01
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Demandante: Departamento de Boyacá
II.3. La sociedad C.S.S., Constructores S.A., contestó la demanda. Señaló que,
según el contrato de concesión 377 de 2002, se contempló la construcción de
6 puentes peatonales que se encuentran en operación.
Indicó que las intervenciones viales estaban supeditadas a los términos del
contrato y que la sociedad las entregó en su totalidad, como se podía advertir
del informe de interventoría Nro. 18 radicado el 18 de abril de 2017, por lo
que no era cierto que la sociedad no hubiese adelantado ninguna acción
encaminada a atender las necesidades de la vía.
En cuanto a los derechos que se solicitó amparar, señaló respecto de la
moralidad administrativa no se allegó ningún medio probatorio que acredite
su vulneración.
Respecto del derecho al goce del espacio público, indicó que las obras
desarrolladas por la sociedad fueron las definidas en el contrato de concesión,
por lo que no podía ejecutar ninguna actividad adicional.
En relación con el derecho colectivo a la prevención de desastres técnicamente
previsibles, reiteró que las obras desarrolladas fueron las definidas en el
contrato, las cuales incluían pasos a desnivel y puentes peatonales que fueron
construidos y entregados, en ese mismo sentido se pronunció respecto del
derecho colectivo a la seguridad pública.
En consecuencia, propuso las excepciones de inexistencia de los elementos
esenciales para la prosperidad de la acción popular, falta de legitimación en la
causa por pasiva y cualquiera otra que quede probada3.
II.4. La ANI contestó la demanda. En cuanto a los hechos tuvo por ciertos unos
y otros no. En general destacó que la vía estaba debidamente señalizada
indicando los puntos por donde los peatones podían circular. Respecto de los
accidentes, señaló que, mediante el Plan Operativo de Gestión Social, en
ejecución de la estrategia de cultura vial, se realizan actividades preventivas
con la comunidad y la población ubicada en el área de influencia del proyecto.
En cuanto a las pretensiones, indicó que la parte demandante no explicó de
qué manera, a título de acción u omisión, le era atribuible la vulneración a los
derechos colectivos invocados.
En consecuencia, planteó las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues no le compete a la ANI ejecutar y adelantar obras de
3 Fl. 290 cuaderno nro. 01
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construcción, reconstrucción o rehabilitación de obras de infraestructura, ya
que sus funciones se limitan a la administración de los contratos de concesión.
Manifestó que resolver la problemática planteada en la demanda les
correspondía a las entidades territoriales, pues, según lo dispuesto en el
decreto 80 de 1997, los municipios deben adecuar la estructura de las vías
nacionales dentro del respectivo perímetro urbano, que incluye la construcción
de los pasos peatonales.
Por otro lado, indicó que el contrato 0377 de 2002 superó los topes máximos
adicionales permitidos, por lo que no era posible acometer cualquier obra con
cargo a éste.
Propuso las excepciones de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad
e inexistencia de amenaza o vulneración a los derechos colectivos por parte
de la ANI.
En cuanto a las pruebas fotográficas aportadas, indicó que no procedía su
valoración, pues no se podía determinar su autoría, el momento de su
elaboración, el lugar y la época en que fueron tomadas, por lo que cuestionó
su autenticidad.
Finalmente, solicitó vincular al INVIAS.
II.5. Mediante auto del 22 de octubre de 2019 se fijó fecha para celebrar la
audiencia de pacto de cumplimiento y se admitió la solicitud de coadyuvancia
presentada por los alcaldes de los municipios de Firavitoba, Tasco, El Cocuy,
Guicán, Villa de Leyva, Sotaquirá, Monguí, Santa Rosa de Viterbo, Muzo y
Socotá, y rechazar la de los alcaldes de los municipios de Ventaquemada,
Tibasosa, Soatá, Toca, Boyacá, Tunungua y Otanche4.
II.6. Mediante auto del 6 de noviembre de 2019 se resolvió vincular al proceso
como partes demandadas al Instituto Nacional de Vías y a los municipios de
Ventaquemada, Tunja, Paipa, Duitama, Tibasosa y Sogamoso5.
II.7. El municipio de Duitama, mediante apoderado judicial, contestó la
demanda y señaló que, al tratarse de una vía de carácter nacional, es la ANI
y el concesionario quienes deben responder por los derechos colectivos
invocados como vulnerados.
4 Fl. 345 cuaderno nro. 02
5 Fl. 362 cuaderno nro. 02
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Adicionalmente, indicó que la entidad territorial en varias oportunidades le
informó a la ANI que en el tramo de 2.7 kms que atraviesa por el casco urbano
se cruza con tres avenidas municipales y sobre las cuales no se han dispuesto
las obras de infraestructura necesarias, lo que ha derivado en elevar el índice
de accidentalidad en el sector.
Mencionó que en varias oportunidades solicitaron la ejecución de las obras
necesarias de interconexión de estas avenidas, y la ANI contestó que no se
contaba con la disponibilidad presupuestal para acometerlas.
Entre las actividades que desarrolló, destaca un proyecto de semaforización
en el punto de intersección de la carrera 42 con calle 15 que, con ocasión de
la entrada en funcionamiento del terminal de transporte, empezó a registrar
altos niveles de accidentalidad.
En otro punto de intersección, precisamente en el paso para ingresar a la
central mayoritaria de abastos, se necesita la construcción de un puente
peatonal que debe ser ejecutado por la ANI y el Concesionario.
En consecuencia, planteo la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva6.
II.8. El municipio de Tunja contestó la demanda. En cuanto a los hechos tuvo
por ciertos unos y otros se atuvo a lo que quede probado en el proceso.
Respecto a las pretensiones, indicó que era la ANI y el Concesionario los
llamados a responder, pues, según el contrato 0377, de 2002 era quienes
debían acometer la construcción de los puentes y las obras necesarias para
garantizar la protección de los derechos colectivos invocados.
En consecuencia, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva y la inexistencia de la vulneración de derechos colectivos por parte del
municipio.
II.9. El municipio de Tibasosa, mediante apoderado judicial, contestó la
demanda. En cuanto a las pretensiones manifestó allanarse a la existencia de
la amenaza a los derechos colectivos invocados, precisando que la
responsabilidad era únicamente de la ANI y el Concesionario. En cuanto a los
pasos urbanos en su jurisdicción, indicó que, como se trata de una vía de
carácter nacional, la construcción de los puentes peatonales o pasos a desnivel
le corresponde a la Nación.
6 Fl 397 cuaderno nro. 02
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En consecuencia, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
II.10. El INVIAS contestó la demanda. Señaló que el contrato si lo celebró,
pero fue cedido y subrogado a título gratuito al entonces INCO, ahora ANI. En
cuanto a las pretensiones, indicó que no es el llamado a responder, pues el
corredor vial se concesionó, por lo que eventualmente serían la ANI y el
Concesionario quienes deberían responder, de encontrarse probada la
vulneración a los derechos colectivos.
En consecuencia, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
II.11. El municipio de Paipa contestó la demanda. En cuanto a las pretensiones
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
comoquiera que no tiene competencia para intervenir el corredor vial, pues se
trata de una vía de carácter nacional.
II.12. El municipio de Sogamoso contestó la demanda. A su vez, propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva con ocasión de la
naturaleza de vía nacional del corredor vial objeto de la demanda.
II.13. Mediante auto del 4 de marzo de 2020 se citó para audiencia de pacto
de cumplimiento7.
II.14. Mediante auto del 18 de noviembre de 2020 se decretó como pruebas
los documentos aportados por la parte demandante, las allegadas por la ANI
y la Sociedad C.S.S. Constructores S.A., así como las allegadas por el
municipio de Duitama, Tibasosa e INVIAS.
Adicionalmente, como prueba de oficio ordenó oficiar a la Agencia Nacional de
Seguridad Vial para que rindiera un informe que determine si la señalización
en la vía Ventaquemada, Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso se encuentra
acorde con el manual de señalización vigente; si la misma garantiza la
seguridad de los transeúntes, y finalmente, realice las recomendaciones para
aquellos lugares, puntos o sectores que requieran implementación o mejoría
en la señalización existente.
A los municipios de Ventaquemada, Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso para
que remitieran al proceso la información correspondiente para acreditar la
existencia de iglesias, colegios, cementerios, zonas comerciales, entre otros,
7 Fl. 530 cuaderno nro. 02
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que puedan tenerse como puntos de alto tráfico peatonal sobre la doble
calzada, a fin de demostrar la afluencia de público o tránsito de personas por
la vía Briceño-Tunja-Sogamoso.
Finalmente requirió a la interventoría del contrato de concesión con el objeto
de que, en el término de diez (10) días contados a partir del recibo de la
respectiva comunicación, remitiera con destino a este proceso, informes y
auditorías correspondientes al proyecto de concesión Briceño-Tunja-
Sogamoso del cual es concesionario la Sociedad C.S.S. Constructores S.A.
(CONSORCIO SOLARTE Y SOLARTE) en virtud del contrato N.º 0377 de 2002.
II.15. Mediante auto del 16 de abril se corrió traslado para alegatos de
conclusión.
II.16. El Ministerio Público rindió concepto. Solicitó se acceda a las
pretensiones de la demanda, toda vez que, a partir del acervo probatorio, tuvo
por probado que las características de la vía no eran las adecuadas para la
zona de influencia, por lo que el incremento en los accidentes era atribuible a
título de omisión a la ANI.
II.17. Mediante auto del 4 de noviembre de 2021 se concedió el recurso de
apelación presentado por la ANI y la Sociedad CSS Constructores S.A.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones de la
demanda. A continuación, se transcribe la parte resolutiva:
“Primero: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Instituto Nacional de Vías –INVIAS-, los municipios
de Tunja, Paipa, Duitama, Tibasosa y Sogamoso.
Segundo: Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva respecto al municipio de Ventaquemada.
Tercero: Declarar probada las excepciones de “inexistencia de vulneración
de los derechos colectivos por parte del Municipio de Tunja” y de “Inexistencia
de conculcación de los derechos colectivos por parte del INVIAS” propuestas
por el Municipio de Tunja y el Instituto Nacional de Vías respectivamente.
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Cuarto: Declarar no probadas la excepción de falta de legitimación en la
causa, inexistencia de los elementos esenciales para la prosperidad de la
acción, el supuesto agravio no se encuentra en cabeza de la Agencia Nacional
de Infraestructura e Imposibilidad de acometer obra con cargo al contrato de
concesión No. 377 de 2002 por haber superado el tope máximo de adicionales
permitido en la Ley propuestas por Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
y CSS Constructores S.A. por las razones expuestas por la parte motiva de la
esta providencia.
Quinto: Amparar los derechos colectivos a la seguridad pública, a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la
infraestructura vial amenazados por la Agencia Nacional de infraestructura –
ANI y CSS Constructores S.A., conforme a lo expuesto en la parte motiva.
Sexto: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Agencia Nacional de
Infraestructura–ANI-, para que dentro de los seis (6) meses siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, realice las gestiones y trámites administrativos,
técnicos, presupuestales de planeación y contratación, orientados a la
realización de un estudio de consultoría para establecer las obras de
infraestructura incluidos puentes peatonales así como otras alternativas
técnicas que garanticen el tránsito seguro de peatones y usuarios de la doble
calzada Briceño-Tunja- Sogamoso, entre los cuales se encuentran menores de
edad, adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Una vez se
cuente con ese insumo proceder en los seis (6) meses siguientes a efectuar el
proceso contractual para la construcción de aquellas obras de infraestructura
vial de seguridad necesarias para minimizar el riesgo de accidente que resulten
de la Consultoría.
Séptimo: Ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura que dentro de la
órbita de sus competencias, inmediatamente proceda y hasta cuando se
realice la Consultoría y las obras producto de la misma conforme ordenado en
el numeral anterior, formule planes para controlar el exceso de velocidad de
los vehículos y la realización de campañas pedagógicas y sancionatorias para
la utilización del paso peatonal a nivel existente en la forma adecuada, Todo
ello, en concordancia y en perfecta armonía con lo dispuesto en la Ley 769 de
2002.
Octavo: Ordenar a CSS Constructores S.A. de conformidad con las
obligaciones contractuales derivadas del objeto del contrato de concesión 377
de 2002 proceder a ubicar, mejorar y/o instalar los elementos y mecanismos
de señalización pertinentes que permitan evitar accidentes en los que se vean
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involucrados peatones, atendiendo las recomendaciones dadas en el informe
de Auditoría de Seguridad vial efectuado por el Consorcio Visi Tunja
Noveno: Para la vigilancia y cumplimiento de la decisión que esta providencia
se adopta, según es previsto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998,
CONFORMAR el comité para la verificación de la sentencia, de la siguiente
manera: El actor popular y el Gobernador de Boyacá o su delegado, el
delegado del Ministerio Público que intervino dentro del presente asunto, un
delegado de la Defensoría del pueblo, un representante del nivel ejecutivo de
la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- con capacidad de comprometer
a la entidad, los Alcaldes de los municipios de Ventaquemada, Tunja, Paipa,
Duitama, Tibasosa y Sogamoso o el Secretario de Planeación de dichos
municipios en calidad de delegado.
Décimo: Denegar las demás pretensiones de la demanda”.
El Tribunal inició por declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de
los municipios de Tunja, Paipa, Duitama, Tibasosa y Sogamoso, así como del
INVIAS.
En cuanto a los derechos colectivos invocados en la demanda, negó el amparo
respecto de la moralidad administrativa y a la realización de edificaciones,
construcciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes,
y protegió los derechos a a la seguridad pública, la seguridad y prevención de
desastres técnicamente previsibles, y el derecho colectivo a la infraestructura
vial.
Previo al estudio de la responsabilidad de las entidades accionadas concluyó
que el corredor vial Briceño – Tunja – Sogamoso es una carretera que
pertenece a la red vial nacional y su manejo, administración y conservación
corresponde a la Nación.
En cuanto a los hechos probados, señaló que, sobre los accidentes vinculados
al paso y presencia peatonal en el corredor vial, se derivan de la velocidad, el
inadecuado uso de la infraestructura, la falta de señalización adecuada y el
simple hecho de la afluencia de peatones en zonas escolares o comerciales,
que incrementan el riesgo a sufrir un accidente vial.
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Así mismo, tuvo por cierto que, sobre el área de influencia, existen zonas que
tienen un alto volumen de tráfico peatonal, según así lo certificaron los
municipios.
También tuvo por cierto que sobre el corredor vial existen 20 puntos críticos
de accidentalidad, según el informe de auditoría de seguridad vial rendido por
la interventoría del contrato nro. 0377 de 2002.
A partir de lo anterior, pasó el Tribunal a estudiar la responsabilidad de la ANI
y el Concesionario, en especial de este último; respecto a las condiciones del
contrato 0377 de 2002 determinó lo siguiente:
“Sin embargo, como se deriva de las obligaciones de rehabilitación y
mantenimiento de trayectos para el uso de la infraestructura concesionada, y
en la medida, que no hay prueba que el contrato de concesión 377 de 2002,
se haya liquidado, por el contrario, se refiere por la interventoría que el mismo
se encuentra en la etapa de construcción al no haberse suscrito acta de inicio
de la fase de operación y mantenimiento de la concesión, aunado al hecho que
existen recomendaciones que realizó la interventoría en la Auditoría de
Seguridad de Vial y que estas se dirige al concesionario, para que, entre otras,
en el Plan Operativo de Gestión Social, se adopten medidas de prevención de
la accidentalidad reportada en la vía, encuentra la Sala que a dicho contratista
le compete adoptar tales medidas de seguridad y atender las recomendaciones
que sobre el particular haya hecho la firma interventora.
127. Ahora, cosa distinta sería si en caso de encontrarse amenazados o
vulnerados los derechos colectivos se diera la orden de realizar algún tipo de
infraestructura como puentes peatonales, pues al respecto como se deduce de
los hechos probados, CSS Constructores S.A. efectuó las obras incluidas en el
contrato conforme a lo solicitado por la entidad contratante, al construir los
puentes peatonales solicitados por la Agencia nacional de Infraestructura, los
cuales, fueron entregados y se encuentran en operación, entonces como
sucede con la realización de consultoría en caso de que en esta sentencia se
llegaré a emitir orden en ese sentido, no habría lugar, a que CSS Constructores
concurriera a dar cumplimiento a la misma, pues ya ejecutó las obras que a
ese respecto se comprometió con la ANI”.
En cuanto a la vulneración de los derechos colectivos invocados, estudió al
tiempo los correspondientes a seguridad y prevención de desastres, seguridad
pública e infraestructura vial y concluyó que se cumplían con los elementos
para ampararlos así:
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“Revisadas las pruebas que obran en el expediente, las entidades responsables
de atender las medidas vertidas en los informes sobre seguridad vial allegados,
no aportaron ningún elemento de juicio que permitiera a la Sala establecer
qué acciones han realizado frente a las condiciones y recomendaciones
acabados de recopilar, que, en todo caso, dan cuenta de la existencia de
condiciones de inseguridad y deficiencias en la infraestructura vial, así como
del diagnóstico completo de las condiciones en esta materia en el corredor
vial, entonces como no se demostró que se acataron esas recomendaciones,
se realizaron las obras en materia de infraestructura y señalización, concluye
la Sala que concurre la omisión del cumplimiento de dichas obligaciones, por
parte de las demandadas.
147. Ahora, frente al segundo elemento de procedencia de la acción
popular, la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o
vulneración de derechos o intereses colectivos, resalta la Sala que en el
presente caso, se limita a un daño de naturaleza contingente, es decir, que se
estructura la existencia del mismo en la condición de amenaza o riesgo que
ponga en peligro los derechos colectivos invocados, aclarado lo anterior,
encuentra la Sala, que en la medida que existen reportes sobre la
accidentalidad en la vía BTS, en los que una de las causas probables la
constituye la inexistencia de señalización adecuada en sitios de aglomeración
y/o tránsito peatonal y la falta de obras de infraestructura que permitan
mitigar el riesgo de accidente, tal como lo señalan tanto la Interventoría como
la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los informes analizados, sin mayor
dificultad se concluye que existe riesgo y amenaza que se concreta en la
posibilidad de que los peatones y usuarios de la vía sufran un accidente de
tránsito.
148. Si bien, de acuerdo a lo informado por la Agencia Nacional de
Infraestructura en repuesta al requerimiento previo, formulado por la parte
actora, se señaló que se ha realizado socialización con los usuarios viales con
el fin de brindar capacitación y enseñanza sobre el buen uso del corredor vial
y medidas de precaución, dichas medidas resultan insuficientes tal como lo
destaca la Interventoría en la Auditoría de Seguridad Vial en los siguientes
términos: no deben enfocarse únicamente en la educación vial o en sanciones
contravencionales puesto que estas significan más tiempo y recursos para su
ejecución. Cuando se buscan acciones de intervención más efectiva se
deben analizar medidas de ingeniera que influyan o afecten el
comportamiento humano de esta manera resultan más sencillas y
factible la medición de resultados”.
(…)
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151. En este orden, se tiene que las medidas pedagógicas y de enseñanza
realizadas a los diferentes usuarios de la vía Briceño-Tunja-Sogamoso,
resultan insuficientes y que se hace necesario la realización de obras de
infraestructura (entre ellas puentes y andenes peatonales) y medidas sobre la
señalización en la vía.
152. En relación con la seguridad y prevención de desastres se tiene que este
derecho reclama que “(…) las autoridades públicas adopten medidas,
programas y proyectos de carácter preventivos que resulten necesarios y
adecuados para salvaguardar, de manera efectiva, los derechos de la
comunidad que resulten amenazados por previsibles desastres naturales o
antrópicos”, entonces, las situaciones descritas en el párrafo precedente sin
duda, conllevan a señalar que concreta el daño contingente de este derecho,
en tanto, hay amenaza que ocurran accidentes de tránsitos ligados al tránsito
peatonal, entendidos como desastres antrópicos, los cuales pueden ser
prevenidos de manera técnica.
153. Ahora, en relación con el derecho a la seguridad pública, la
materialización de esta garantía colectiva, entre otras formas se concreta al
brindar a la comunidad el acceso a una infraestructura que garantice la
seguridad, entendida como la protección de la vida y la integridad de las
personas, a voces del Consejo de Estado, ello se logra al “(…) garantizar
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad (…)”
y “(…) la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes
naturales y las calamidades humanas (…)”, por medio de la adopción de “(…)
las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en
las condiciones de salud y seguridad de los asociados”, entonces, se deduce
que las condiciones descritas atentan contra este derecho colectivo y lo ponen
en riesgo, y por esta misma vía, se concluye que se desconoció el derecho
colectivo a la infraestructura vial, el cual, si bien no fue invocado en la
demanda, será objeto de análisis en virtud de las facultades extra y ultra petita
del juez popular.
154. Por último, frente al tercer elemento de procedencia de la acción
popular, la relación de causalidad entre la acción u omisión atribuida a la
entidad, y la afectación de los derechos e intereses mencionados, dirá la Sala
que la omisión tanto, de la ANI, como del Concesionario de realizar las
actividades tendientes a garantizar un acceso seguro a los servicios vinculados
a la infraestructura vial, está ligada a la afectación de los derechos de
prevención de desastres, seguridad pública e infraestructura vial, en la
medida, que precisamente esa omisión conlleva a que se presente el riesgo
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que los peatones y usuarios de la vía Briceño- Tunja-Sogamoso, de sufrir
accidente ante la falta de señalización y obras de infraestructura que permitan
mitigar dicho peligro. Entonces, serán amparados tales derechos colectivos.
155. Ha de anticipar la Sala que como se vio, existe omisiones que únicamente
resulta imputable a la ANI, como aquella vinculada a la planeación de las obras
y construcciones a efectuar en las vía que administra, mientras que existen
otras, como la señalización y mantenimiento que le son imputables al
concesionario, en virtud del contrato 377 de 2002, el cual no se ha liquidado,
y que siguen a su cargo, como se deriva de las recomendaciones vertidas en
Auditoría de Seguridad Vial adelantada por la firma interventora del
mencionado contrato. Así las cosas, las órdenes que se den para conjurar la
amenaza de los derechos atenderá dichos límites”.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN
IV.1. La ANI interpuso recurso de apelación y solicitó la revocatoria de la
decisión, comoquiera que no se podía imputarles la vulneración a los derechos
colectivos con ocasión de la celebración del contrato de concesión 0377 de
2002; para ello sustentó los siguientes argumentos.
Señaló la ANI que, según el informe de la agencia nacional de seguridad vial
que sirvió de sustento en la decisión de primera instancia para declarar el daño
contingente, se podía llegar a una conclusión diferente.
Indicó que en el informe de accidentalidad rendido por la Policía Nacional
Metropolitana de Boyacá se identificaron las siguientes causas:
• Impericia en el manejo
• Girar bruscamente
• Adelantar invadiendo carril de sentido contrario
• Cruzar sin observar
• Desobedecer señales de tránsito
• Embriaguez o sustancias alucinógenas
• Falta de precaución por niebla, lluvia o humo
• No hacer uso de señales reflectivas o luminosas
• No mantener distancia de seguridad
• Vehículo mal estacionado
• Adelantar cerrando
• Carga sobresaliente sin señales
• Cruzar en estado de embriaguez
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• Exceso de velocidad
• No respetar prelación
• Salirse de la calzada
• Superficie húmeda
• Transitar en contravía
• Transitar por la calzada
• Transporte de carga sin seguridad
• Otras
A partir de lo anterior, según la ANI, la causa eficiente de la accidentalidad en
la vía es el componente humano, derivado de la inobservancia a la
señalización, por lo que no se acreditó en debida forma la vulneración a los
derechos colectivos invocados. Expresamente así lo indicó la ANI:
“De allí que al momento de realizar la valoración de las pruebas que reposan
en el expediente, en conjunto, debería concluirse que el actor popular no logró
acreditar la vulneración a derechos colectivos por parte de la ANI, pues si bien
es cierto existen reportes de accidentalidad y de interventoría; los mismos
atribuyen, en mayor proporción, la causación de los insucesos al factor
humano.
De tal suerte que ordenar la realización de una consultoría, como en el sub
lite, cuando no se encuentra acreditada la vulneración a derechos colectivos,
por el incumplimiento del actor popular a la carga que le impone el artículo 30
de la Ley 472 de 1998, se traduciría en un mal precedente en materia
contencioso administrativa; por cuanto bastaría con las afirmaciones del actor
popular y la presencia de algunas pruebas para que entidades estatales se
vean avocadas a invertir cuantiosas sumas de dinero para desvirtuar lo
afirmado por el demandante, maxime cuando en el marco del proceso no logró
demostrarse más allá de toda duda razonable la vulneración a dichos derechos
y, es en un escenario posterior y eventual en el que debe arribarse a la
conclusión de la presunta vulneración o no, mediante una consultoría o prueba
ordenada mediante sentencia.
Este aspecto reviste mayor importancia en asuntos como el que ocupa la
atención de la Sala, en los que se señala la vulneración de derechos colectivos
en una vía concesionada, a lo largo de un Departamento, pues se impone no
solo por parte del actor popular cumplir con su carga de la prueba, sino que
impone al juez hacer un examen serio y ponderado del material probatorio;
además, de considerarlo necesario, hacer uso de sus poderes como conductor
del proceso, dentro de los cuales se encuentra el de decretar pruebas de oficio,
para satisfacer la necesidad de verdad procesal”.
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Por otra parte, señaló la ANI que el Tribunal no tuvo en cuenta las condiciones
de tiempo, modo y lugar en la época que se suscribió el contrato 0377 de 2002
y los cambios del área de influencia del proyecto, el cual ha tenido una
expansión demográfica con ocasión de la construcción del corredor vial, y que,
si se necesita un cambio después de ejecutado el contrato, es responsabilidad
de las entidades territoriales y no a las partes del contrato, quienes cumplieron
con los términos definidos en su momento.
Otro de los argumentos corresponde a que, según la ley contractual, el
contrato 0377 de 2002 llegó al tope máximo de adiciones, por lo que no es
posible ejecutar alguna obra adicional con cargo a éste, lo que no implica que
se desconozca la posición del Consejo de Estado en cuanto a que la falta de
recursos no puede constituirse en una razón para eximirse de responsabilidad.
Por lo anterior, insiste en que no se debió declarar la falta de legitimación en
la causa por pasiva del INVIAS, pues, si se confirma la decisión respecto a la
vulneración de los derechos colectivos, según el artículo 105 de la ley 1955 de
2019, esta entidad debe participar en la solución de la problemática.
Por otro lado, indica la ANI que, al no ser autoridad de tránsito, no le
corresponde velar porque los usuarios de la vía acaten la señalización, que es
una función de las autoridades territoriales.
IV.2. La Sociedad C.S.S. Constructores S.A., interpuso recurso de apelación y
solicitó “revocar los numerales cuarto, quinto y octavo de la sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y, en su
lugar, declarar probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por
pasiva” presentada por mi representada dentro del presente acción judicial de
corte constitucional”.
La razón para sustentar su solicitud se puede sintetizar de la siguiente manera.
Indicó la sociedad que, si bien actuó en el proceso desde la contestación de la
demanda, al momento de presentar los alegatos de conclusión manifestó al
Tribunal que, a partir del 30 de octubre de 2020, quien asumió la condición de
concesionaria fue la sociedad BTS Concesionaria SAS, en virtud de un contrato
de cesión autorizado por la ANI.
En consecuencia, expresamente indicó que: “Sobre la orden judicial contenida
en esta consideración y en el artículo octavo de la sentencia, objeto de
impugnación, es menester señalar que mi representada no tiene la capacidad
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jurídica ni material de acatar y dar cumplimiento a lo dispuesto por el A quo,
pues el día 30 de octubre de 2020 dejó de ser la concesionaria del Contrato
de Concesión 377 de 2002 y, por tanto, no puede acatar en forma directa la
orden judicial, porque ello sería desconocer a la actual titular de los derechos
y obligaciones del referido contrato, es decir, a BTS CONCESIONARIO SAS
actual contratista concesionario”.
Adicionalmente, señaló que, en lo que tiene que ver con el cumplimiento del
contrato, según informe mensual nro. 18 suscrito con la firma interventora del
contrato para el 2017, había cumplido en un 100% todas las actividades
definidas.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el
artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
proferido por el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para
conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las
sentencias emitidas por los Tribunales Administrativos en los medios de control
de defensa de intereses y derechos colectivos.
V.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia.
Según lo dispuesto en los recursos de apelación, le corresponde a la Sala
establecer si procede revocar la decisión de primera instancia y en su lugar
negar el amparo de los derechos colectivos a la seguridad pública, derecho a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la
infraestructura vial, analizando previamente si es cierto que no está probado
el daño contingente.
Si la respuesta a este problema es negativa, debe la Sala establecer si procede
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Sociedad C.S.S.
Constructores S.A. y de INVIAS, así como establecer la responsabilidad de las
entidades accionadas.
V.3. De la prueba del daño contingente.
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En la decisión de primera instancia el Tribunal tuvo por probado el daño
contingente, a partir de un informe de seguridad vial de la interventoría del
contrato de concesión, así como de un informe rendido por la agencia de
seguridad vial, pues, según su entender, la inexistencia de señalización
adecuada y la falta de obras de infraestructura amenazan los derechos
colectivos a la seguridad pública, prevención y atención de desastres e
infraestructura vial, ya que existe una “posibilidad de que los peatones y
usuarios de la vía sufran un accidente de tránsito”.
Por su parte, la ANI, en su recurso de apelación, señala que, si bien es cierto
en el corredor vial se presentan accidentes, las causas eficientes de los mismos
son, primero, que la actividad de conducción se entiende como una actividad
peligrosa, y segundo, la conducta humana, tanto de los conductores como de
los peatones, que no acatan la señalización y las normas de tránsito.
En el caso concreto, al estudiar con detalle los hechos de la demanda, estamos
frente a la posible amenaza del derecho colectivo a la seguridad pública, y no
ante la posible vulneración del derecho colectivo a la prevención y atención de
desastres previsibles técnicamente, comoquiera que el hecho en discusión es
si el estado del corredor vial, con ocasión de la ejecución de un contrato de
obra pública, reviste un estado permanente de peligro para los habitantes del
área de influencia, como para los usuarios, que, según la jurisprudencia, debe
ser excepcional8.
Las pruebas obrantes en el caso concreto, a partir de las cuales el Tribunal
tuvo por probado el daño contingente, son las siguientes:
Informe presentado por el consorcio concesión Visi-Tunja encargado de la
interventoría para el contrato de concesión 0377 de 2002, del cual se puede
destacar lo siguiente:
1. Según otrosí de modificación al contrato 0377 se redefinió la localización
de seis puentes peatonales, que quedaron ubicados en los siguientes
sitios:
Trayecto Localización Abscisa
1. 8 Cfr sentencia del 26 de noviembre de 2020, radicado 2017-00446-01 AP, CP Roberto Augusto
Serrato. “Como se observa en los citados antecedentes jurisprudenciales, entre otros, el juez popular antes
de emitir las órdenes de amparo debe identificar circunstancias excepcionales que motiven la modificación
del proceso nacional de planeación vial que adelantan las autoridades integrantes del Sistema Nacional de
Transportes”.
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Aproximada
1 Zona industrial Canavita– La Estación K2+500
4 Nueva Escuela Sesquilé K19+900
7 Municipio de Villapinzón K51+850
13 Cementerio de Tunja K112+600
15 Villa Olímpica Duitama K158+080
16 Complejo Industrial Bavaria. K161+340
Estos puentes peatonales fueron construidos y entregados por parte de la
sociedad concesionaria y están en plena operación, según lo informa así la
interventoría: “Así las cosas, los puentes peatonales del objeto del
Contrato de Concesión Nº. 0377 de 2002, se encuentran terminados y
en servicio.
Cabe resaltar que, actualmente se adelanta la construcción de un puente
peatonal en el sector del caserío del puente de Boyacá en el PR 108+400 de
la Ruta 5501, sin embargo, este puente no se encuentra dentro del alcance de
contrato de concesión ni de la interventoría y las obras se adelantan bajo un
contrato de obra y un contratista ajeno a la concesión”.
Adicionalmente a este informe de los puentes peatonales en funcionamiento,
la interventoría presentó un aparte relacionado con la seguridad vial del
corredor vial, del cual podemos extraer lo siguiente:
La fecha del recorrido fue el 16 de enero de 2020, en los tramos 1 al 5 la
condición climática fue lluvioso, en los demás, esto es, tramos del 6 al 18 fue
seco.
Según datos de los peajes el tránsito anual de circulación corresponde a:
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En cuanto al análisis de accidentalidad se estableció lo siguiente:
Para el trayecto 1: “Este trayecto presenta un crecimiento de la accidentalidad
hasta el año 2018, con una caída para el año 2019, de igual manera se
evidencia que los meses críticos corresponden a diciembre y enero. La mayor
cantidad de accidentes se dieron el día lunes y los incidentes más usuales
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corresponden a accidentes con motos involucradas y accidente de vehículos –
colisión de vehículos, las principales causas de la accidentalidad
corresponden a fallas humanas con el 81%. Es importante resaltar que,
del total de los accidentes, el 1% tuvo resultados con muertos”.
Para el trayecto 2: Este trayecto presenta un decrecimiento de la
accidentalidad con un máximo para el año 2016, de igual manera se evidencia
que los meses críticos corresponden a diciembre y enero. La mayor cantidad
de accidentes se dieron los días sábado y domingo y los incidentes más usuales
corresponden a accidente de vehículos – colisión de vehículos, las principales
causas de la accidentalidad corresponden a fallas humanas con el
77%. Es importante resaltar que, del total de los accidentes, el 4% tuvo
resultados con muertos.
Para el trayecto 3: Este trayecto presenta un decrecimiento de la
accidentalidad con un máximo para los años 2016 y 2017, de igual manera se
evidencia que los meses críticos corresponden a diciembre y mayo. La mayor
cantidad de accidentes se dieron los días viernes, sábado y domingo y los
incidentes más usuales corresponden a accidente de vehículos – colisión de
vehículos, las principales causas de la accidentalidad corresponden a
fallas humanas con el 80%. Es importante resaltar que, del total de los
accidentes, el 4% tuvo resultados con muertos.
Para el trayecto 3B: Este trayecto presenta un crecimiento de la accidentalidad
con un máximo para los años 2018 y 2019, de igual manera se evidencia que
los meses críticos corresponden a julio y diciembre. La mayor cantidad de
accidentes se dieron los días lunes y martes y los incidentes más usuales
corresponden a accidente de vehículos – colisión de vehículos, las principales
causas de la accidentalidad corresponden a fallas humanas con el
77%. Es importante resaltar que, del total de los accidentes, el 1% tuvo
resultados con muertos.
Para el trayecto 4: Este trayecto presenta un crecimiento de la accidentalidad
con un máximo para el año 2019, de igual manera se evidencia que los meses
críticos corresponden a diciembre y enero. La mayor cantidad de accidentes
se dieron los días sábado y domingo y los incidentes más usuales corresponden
a accidente de vehículos – colisión de vehículos, las principales causas de
la accidentalidad corresponden a fallas humanas con el 71%. Es
importante resaltar que, del total de los accidentes, el 7% tuvo resultados con
muertos.
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Para el trayecto 5: Este trayecto presenta un crecimiento de la accidentalidad
con un máximo para el año 2019, de igual manera se evidencia que los meses
críticos corresponden a abril y diciembre. La mayor cantidad de accidentes se
dieron los días sábado y domingo y los incidentes más usuales corresponden
a accidente con moto involucrada y accidente de vehículos – colisión de
vehículos, las principales causas de la accidentalidad corresponden a
fallas humanas con el 65%. Es importante resaltar que, del total de los
accidentes, el 3% tuvo resultados con muertos.
Para el trayecto 6: Este trayecto presenta un comportamiento constante de la
accidentalidad con un máximo para los años 2018 y 2019, de igual manera se
evidencia que los meses críticos corresponden a enero y diciembre. La mayor
cantidad de accidentes se dieron los días sábado y domingo y los incidentes
más usuales corresponden a accidente con moto involucrada y accidente de
vehículos – colisión de vehículos, las principales causas de la
accidentalidad corresponden a fallas humanas con el 76%. Es
importante resaltar que, del total de los accidentes, el 5% tuvo resultados con
muertos.
Para el trayecto 7: Este trayecto presenta un crecimiento de la accidentalidad
con un máximo para los años 2018 y 2019, de igual manera se evidencia que
los meses críticos corresponden a marzo y diciembre. La mayor cantidad de
accidentes se dieron los días sábado y domingo y los incidentes más usuales
corresponden a accidente con moto involucrada y accidente de vehículos –
salida de calzada, las principales causas de la accidentalidad
corresponden a fallas humanas con el 70%. Es importante resaltar que,
del total de los accidentes, el 10% tuvo resultados con muertos.
Para el trayecto 8: Este trayecto presenta un comportamiento variable de la
accidentalidad con un máximo para los años 2016 y 2018, de igual manera se
evidencia que los meses críticos corresponden a septiembre y diciembre. La
mayor cantidad de accidentes se dieron los días sábado y domingo y los
incidentes más usuales corresponden a accidente con moto involucrada y
accidente de vehículos – colisión de vehículos, las principales causas de la
accidentalidad corresponden a fallas humanas con el 66%. Es
importante resaltar que, del total de los accidentes, el 4% tuvo resultados con
muertos.
Para el trayecto 9: Este trayecto presenta un decrecimiento de la
accidentalidad con un máximo para los años 2016 y 2018, de igual manera se
evidencia que los meses críticos corresponden a septiembre y diciembre. La
mayor cantidad de accidentes se dieron los días sábado y lunes y los incidentes
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más usuales corresponden a accidente de vehículos – salida de calzada y
accidente de vehículos – colisión de vehículos, las principales causas de la
accidentalidad corresponden a exceso de velocidad con el 63%. Es
importante resaltar que, del total de los accidentes, el 4% tuvo resultados con
muertos.
Para el trayecto 10: Este trayecto presenta un crecimiento de la accidentalidad
con un máximo para el año 2018, de igual manera se evidencia que los meses
críticos corresponden a junio y octubre. La mayor cantidad de accidentes se
dieron los días sábado y viernes y los incidentes más usuales corresponden a
accidente de vehículos – salida de calzada y accidente de vehículos – colisión
de vehículos, las principales causas de la accidentalidad corresponden
a exceso de velocidad con el 63%. Es importante resaltar que, del total de
los accidentes, el 5% tuvo resultados con muertos.
Para el trayecto 10B: Este trayecto presenta un comportamiento variable de
la accidentalidad con un máximo para el año 2018, de igual manera se
evidencia que el mes crítico corresponde al mes de diciembre. La mayor
cantidad de accidentes se dieron los días martes y viernes y los incidentes más
usuales corresponden a accidente con moto involucrada y accidente de
vehículos – colisión de vehículos, las principales causas de la
accidentalidad corresponden a exceso de velocidad y fallas humanas
con el 46% cada uno. Es importante resaltar que, del total de los accidentes,
el 8% tuvo resultados con muertos.
Para el trayecto 11: Este trayecto presenta un comportamiento variable de la
accidentalidad con un máximo para los años 2017 y 2018, de igual manera se
evidencia que el mes crítico corresponde a los meses de septiembre y octubre.
La mayor cantidad de accidentes se dieron los días miércoles y las principales
causas corresponden otras causas. Es importante resaltar que, el 100%
de los accidentes tuvo como resultados solo daños.
Para el trayecto 12: Este trayecto presenta un comportamiento constante de
la accidentalidad con un máximo para el año 2018, de igual manera se
evidencia que el mes crítico corresponde al mes de diciembre. La mayor
cantidad de accidentes se dieron los días sábado y viernes y los incidentes más
usuales corresponden a accidente -salida de calzada y accidente de vehículos
– colisión de vehículos, las principales causas de la accidentalidad
corresponden a exceso de velocidad y fallas humanas. Es importante
resaltar que, del total de los accidentes, el 5% tuvo resultados con muertos.
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Para el trayecto 13: Este trayecto presenta un comportamiento decreciente de
la accidentalidad con un máximo para el año 2016, de igual manera se
evidencia que el mes crítico corresponde al mes de febrero. La mayor cantidad
de accidentes se dieron los días sábado y domingo y los incidentes más usuales
corresponden a accidente con moto incluida y accidente de vehículos – colisión
de vehículos, las principales causas de la accidentalidad corresponden
a exceso de velocidad y fallas humanas. Es importante resaltar que, del
total de los accidentes, el 4% tuvo resultados con muertos.
Para el trayecto 13B: Este trayecto presenta un comportamiento creciente de
la accidentalidad con un máximo para el año 2019, de igual manera se
evidencia que el mes crítico corresponde al mes de marzo. La mayor cantidad
de accidentes se dieron los días sábado y miércoles y los incidentes más
usuales corresponden a accidente con moto involucrada y accidente de
vehículos – colisión de vehículos, las principales causas de la
accidentalidad corresponden a exceso de velocidad y fallas humanas.
Es importante resaltar que, del total de los accidentes, el 6% tuvo resultados
con muertos.
Para el trayecto 14: Este trayecto presenta un comportamiento variable con
un ligero crecimiento para el año 2019 no obstante el pico máximo de
accidentalidad se presenta el año 2017, de igual manera se evidencia que el
mes crítico corresponde al mes de septiembre. La mayor cantidad de
accidentes se dieron los días sábado y domingo y los incidentes más usuales
corresponden a accidente de vehículos – salida de calzada y accidente de
vehículos – colisión de vehículos, las principales causas de la
accidentalidad corresponden a exceso de velocidad y fallas humanas.
Es importante resaltar que, del total de los accidentes, el 4% tuvo resultados
con muertos.
Para el trayecto 15: Este trayecto presenta un comportamiento creciente,
presentado un pico máximo en el año 2019, de igual manera se evidencia que
el mes crítico corresponde al mes de diciembre, aunque también se presenta
un pico en el mes de junio. La mayor cantidad de accidentes se dieron los días
viernes y sábado y los incidentes más usuales corresponden a accidente de
vehículos – salida de calzada y accidente con moto involucrada, las
principales causas de la accidentalidad corresponden a exceso de
velocidad y fallas humanas. Es importante resaltar que, del total de los
accidentes, el 6% tuvo resultados con muertos.
Para el trayecto 16: Este trayecto presenta un comportamiento decreciente,
presentado un pico máximo en el año 2016, de igual manera se evidencia que
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el mes crítico corresponde al mes de abril, aunque también se presenta un
pico en el mes de junio. La mayor cantidad de accidentes se dieron los días
sábado y los incidentes más usuales corresponden a accidente de vehículos –
colisión de vehículos y accidente con moto involucrada, las principales
causas de la accidentalidad corresponden a exceso de velocidad y
fallas humanas. Es importante resaltar que, del total de los accidentes, el
2% tuvo resultados con muertos.
Para el trayecto 17: Este trayecto presenta un comportamiento decreciente,
presentado un pico máximo en el año 2016, de igual manera se evidencia que
los meses críticos corresponden a diciembre y enero. La mayor cantidad de
accidentes se dieron los días sábado y los incidentes más usuales
corresponden a accidente de vehículos – colisión de vehículos y accidente con
moto involucrada, las principales causas de la accidentalidad
corresponden a exceso de velocidad y fallas humanas. Es importante
resaltar que, del total de los accidentes, el 6% tuvo resultados con muertos.
Para el trayecto 18: Este trayecto presenta un comportamiento variable,
presentado un pico máximo en el año 2016, de igual manera se evidencia que
los meses críticos corresponden a octubre y julio. La mayor cantidad de
accidentes se dieron los días domingo y lunes y los incidentes más usuales
corresponden a accidente de vehículos – colisión de vehículos y accidente con
moto involucrada, las principales causas de la accidentalidad
corresponden a exceso de velocidad y fallas humanas. Es importante
resaltar que, del total de los accidentes, el 4% tuvo resultados con muertos.
En cuanto a la evaluación de las circunstancias de riesgo en el corredor vial el
resultado del informe arrojó lo siguiente:
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Finalmente, las conclusiones plasmadas en el informe fueron las siguientes:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Del análisis de la información de accidentalidad suministrada por parte
del concesionario, se logra evidenciar que en mayor proporción los
accidentes presentados en el corredor tiene como causa el exceso de
velocidad y las fallas humanas (las fallas humanas se pueden asociar al
exceso de velocidad debido a la disminución en la capacidad de reacción
de los conductores a altas velocidades) razón por la cual se hace
necesario que se enfatice en generar todas las condiciones necesarias
para el control de las velocidades en el corredor.
• De acuerdo con los recorridos de campo realizados y tomando en cuenta
lo anteriormente descrito, se recomienda realizar un estudio de
velocidades en el corredor motivo de estudio, con el fin de establecer las
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velocidades de operación del mismo y que así mismo se implementen
todos los dispositivos necesarios para garantizar dichas velocidades.
• A partir de los hallazgos encontrados y la evaluación del riesgo realizada
en cada uno los tramos viales y en especial los sectores críticos
definidos, se han encontrado unas situaciones particulares que se tornan
reiterativas a lo largo de los diferentes trayectos del corredor Briceño –
Tunja – Sogamoso que es preciso mencionar:
o Se evidencia la ausencia de tachas reflectivas a lo largo del
corredor (bien sea las que deberían estar localizadas junto a la
línea de borde o las que se localizan en el eje de las calzadas) las
cuales juegan un papel muy importante en cuanto a seguridad vial
sobre todo en los periodos nocturnos y en los sectores en donde
se presenta condiciones climáticas desfavorables, tales como lluvia
y niebla, dado que sirven como guía a seguir en los recorridos para
los usuarios de la vía, por tal motivo se hace necesario recomendar
la implementación de estos dispositivos tipo tacha reflectiva en
estos sectores.
o Se encontraron diferentes obras de arte (alcantarillas, pontones,
puentes entre otros) cuyos cabezotes sobresalen de la vía en gran
medida, y los cuales se encuentran cercanos a las calzadas de
circulación vehicular que en gran medida representan una
situación de riesgo para los usuarios, debido a que al ser
estructuras sobresalientes pueden convertirse en factores de
accidentalidad, lo anterior teniendo en cuenta que estas
estructuras no presentan señalización que les haga visible, sobre
todo en los periodos nocturnos y en condiciones climáticas
desfavorables. Por lo anterior, se recomienda la aplicación de
pintura color amarillo en estas estructuras y la implementación de
dispositivos tipo captafaros a fin de hacerles visibles dichas
estructuras.
o Situación similar a la anterior, ocurre con los muros de contención
localizados a lo largo de la vía los cuales al no ser visibles en los
periodos nocturnos y en condiciones climáticas desfavorables se
convierten en factores de riesgo para la accidentalidad de la vía.
Por lo anterior, se recomienda la aplicación de pintura color
amarillo en estas estructuras y la implementación de dispositivos
tipo captafaros a fin de hacerles visibles dichas estructuras.
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o En algunos de los retornos localizados a lo largo del corredor, se
evidencio la ausencia de señalización horizontal y vertical que
indique al usuario que debe darle prelación a los vehículos que se
encuentran sobre el flujo principal, incorporando señalización de
ceda el paso. Así mismo se encontró ausencia de canalizaciones
que no permitan la incorporación directa de los vehículos que salen
o ingresan desde o hacia los retornos, y que por el contrario se
generen las debidas transiciones de incorporación para evitar los
conflictos vehículo – vehículo de manera directa.
o Por otra parte, se halló en diferentes sectores del corredor la
presencia de defensas metálicas que presentan terminaciones que
pueden ser un factor de riesgo de accidentalidad en lugar de una
medida de mitigación, toda vez que cuando una barrera metálica
paralela a la vía tenga por objeto evitar que un vehículo alcance
un desnivel o un obstáculo de grandes dimensiones como
(conjunto de árboles, terraplenes, edificaciones, estructuras etc.)
esta debe contar con una sección que se encuentra bifurcada
(hacia afuera de la vía) a fin de evitar que ante una eventual salida
del vehículo se produzca una colisión directa con la sección
trasversal de la defensa.
o No se evidencia sobre la vía señalización suficiente que indique la
presencia de ciclo usuarios, lo cual es un factor de riesgo para este
tipo de usuarios del corredor vial. Lo anterior se menciona
tomando en cuenta la localización del corredor vial motivo de
estudio y los arraigos del sector hacia el ciclismo, ya que este se
presenta como uno de los sitios predilectos por los diferentes
practicantes del deporte debido a su tipología de terreno.
Si bien el presente informe presenta los hallazgos encontrados por el equipo
auditor, se hace necesario efectuar un análisis detallado metro a metro del
proyecto desde las diferentes áreas inherentes a la seguridad vial, a fin de
establecer las mejores opciones de solución a las situaciones encontradas.
• De acuerdo con el proceso de revisión de los diferentes aspectos técnicos
del tramo concesionado, se evidencia que existen sectores en el corredor
que no cumplen con las especificaciones técnicas vigentes emitidas en
relación con las bermas de acuerdo con las características operativas de
la vía; si bien es cierto, que el concesionario desarrolló el proyecto en la
vigencia de una normatividad anterior, la presente auditoría hace la
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revisión de los diferentes componentes relacionados con la seguridad
vial a la luz de la normatividad actual.
• En general se han evidenciado inconsistencias en la señalización
implementada en el corredor, tales como tamaños de señales,
actualización de la señalización, complemento de la señalización
existente entre otros hallazgos referenciados en las fichas. Razón por la
cual se recomienda realizar una revisión detallada de acuerdo a lo
indicado en el Manual de Señalización Vial de 2015 Resolución 1885-
2015
• Otro factor importante evidenciado en el desarrollo de la auditoría,
corresponde al factor de comportamiento de los usuarios, los cuales
juegan un papel relevante en el desarrollo de la seguridad vial del
corredor, razón por la cual es preciso recomendar, se realicen campañas
de pedagogía para concientizar a los usuarios de los diferentes
comportamientos inadecuados que se presentan a lo largo de la vía
• En zonas escolares y/o pasos peatonales se recomienda revisar el estado
actual de las condiciones de señalización implementadas a fin de reforzar
los elementos instalados y complementarlos conforme a las
consideraciones particulares que se definen en el manual de señalización
vial vigente, resolución 1885 de 2015. En este punto es preciso indicar
que para efectuar la valoración de cada tipo de dispositivo a implementar
se deberán hacer análisis particulares de cada sector, a partir de los
volúmenes vehiculares y peatonales que se presenten y la posibilidad de
contar con la presencia de usuarios en condiciones vulnerables y/o
condiciones de movilidad reducida, esta situación se presenta en general
para todos los tramos en cercanía a centros generadores de viajes
peatonales, y/o pasos urbanos.
• Como medidas complementarias se recomienda estudios de caso
partiendo de inspecciones visuales, en donde se evalué alternativas de
solución para las amenazas sobre áreas laterales, y proponiendo
medidas con propuestas de ingeniería a implementar.
• Si bien el factor humano se encuentra aparentemente implicado en la
mayoría de los accidentes de tránsito, las acciones tendentes a disminuir
el número de accidentes y el número de víctimas no deben enfocarse
únicamente en la educación vial o en sanciones contravencionales
puesto que estas significan más tiempo y recursos para su ejecución.
Cuando se buscan acciones de intervención más efectiva se deben
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analizar medidas de ingeniera que influyan o afecten el comportamiento
humano de esta manera resultan más sencillas y factible la medición de
resultados, para lo cual se recomienda acciones inmediatas a corto plazo
como los son:
o Revisión, ajuste, mejora y mantenimiento permanente de la
señalización vial establecida, valorando las condiciones en horas
nocturnas como diurnas, situación en la cual se observa necesaria
la instalación de tachas, delineadores de curva, hitos de borde y
demás elementos que garanticen al usuario adecuadas
condiciones de orientación en todas las posibles configuraciones
de iluminación y estados climáticos que se puedan presentar,
destacando dentro de estos las condiciones en horario nocturno y
con fuertes lluvias.
o Revisión y mantenimiento de las condiciones de señalización
horizontal tanto en el corredor principal como en las
intersecciones, esto a fin de mantener siempre una adecuada
orientación del usuario en su desplazamiento por la vía.
Se han observado algunos sitios en los cuales se presenta el deterioro de los
elementos establecidos como zona de separador central en los tramos de doble
calzada, sitios donde los usuarios de la vía generan maniobras de cruce
vehicular indiscriminadas y peligrosas, lo cual obliga a tomar medidas
contundentes que permitan una adecuada permanencia de las condiciones de
seguridad del corredor y de sus elementos de diseño y para lo cual se considera
importante solicitar al Concesionario la evaluación en la instalación de
elementos tipo defensa metálica, barreras tipo new jersey u otro tipo de
elemento de difícil retiro que permita eliminar todos aquellos puntos donde se
generan cruces irregulares por parte de los usuarios.”
De este informe se puede destacar que la principal causa de accidentalidad
son fallas humanas, que coincide con los datos de evaluación de riesgo, pues
en todos los trayectos resalta como factor el comportamiento humano.
Adicionalmente se advierte una situación “crítica” respecto de la señalización
en la vía.
Ahora bien, respecto de la señalización, debe precisarse que el estándar o
referencia correspondió a la Resolución 1885 de 2015, que fue expedida con
posterioridad a la suscripción del contrato 0377, y, por consiguiente, a la
definición de los términos de referencia; de ahí que en las conclusiones se
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habla de revisar y complementar, que para efectos de la prueba del daño e
imputación resulta determinante, pues el Tribunal concluyó que era atribuible
a la ANI y a la sociedad concesionaria a título de omisión.
El segundo elemento probatorio corresponde al informe presentado por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el cual se consignaron las siguientes
conclusiones:
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo esencial es realizar una Inspección de Seguridad Vial en los puntos
críticos detectados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en la
Concesión Vial Briceño - Tunja – Sogamoso; por el método de frecuencia de
siniestros los cuales demuestran una concentración de víctimas, lo que
permitió priorizar la evaluación desarrollada por el grupo de auditores
designados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Estos tramos evaluados son potencialmente peligrosos y las circunstancias
encontradas tanto en la infraestructura como en el comportamiento
de las personas pueden generar la posibilidad de errores en el
adecuado uso de la infraestructura, los cuales puedan afectar la
integridad física de las personas, causar daños materiales y
económicos de todos los bienes incluidos en el transporte y en los
ecosistemas circundantes.
Por lo anterior, el equipo auditor destacó las condiciones de la vía que deben
ser analizadas por el encargado de la vía, para prevenir la ocurrencia de
siniestros viales, o para minimizar los efectos negativos de éstos en caso de
que se produzcan; de esta manera se destaca:
En términos generales en la concesión Briceño - Tunja – Sogamoso,
existe un comportamiento indebido frente a la velocidad, lo que
aumenta de manera importante la posibilidad de ocurrencia de un
siniestro vial, aunado a la imprudencia de los diferentes usuarios que
hacen caso omiso de los lugares con disposiciones especiales respecto
a la reglamentación como los son los pasos peatonales y los cruces
escolares. En la mayoría de los tramos analizados la velocidad de operación
es superior a la máxima permitida; los pasos peatonales se encuentran
reglamentados a 50km/h y las zonas escolares a 30 km/h, en los cruces a
nivel autorizados por la concesión siendo irrespetados permanentemente.
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Algunos usuarios como peatones, ciclistas y motociclistas vulnerables
por su condición, realizan comportamientos imprudentes utilizando
lugares de cruces no autorizados para pasar de un costado de la vía al
otro o fabrican lugares de paso irregulares (no autorizados) para
retornar o simplemente cruzar la vía o también utilizan los pasos
peatonales autorizados para realizar retornos, cruces directos y en
general movimientos que comprometen su integridad.
De lo anterior se quiere resaltar que el uso inadecuado de la infraestructura
debe ser motivo de análisis y como se evidencio en el documento deben
utilizarse las mejores prácticas de la ingeniería para eliminar y mitigar los
riesgos viales encontrados en la inspección de seguridad vial; se recomienda
hacer un seguimiento a las estadísticas de siniestralidad, continuar con el
desarrollo de inspecciones de seguridad vial, coordinar las respectivas
actividades de control y educación vial y por su puesto realizar las mejoras en
la infraestructura necesaria para eliminar o disminuir los riesgos encontrados.
La coordinación con las autoridades de los municipios aledaños a la vía debe
ser continúa dado que varios de los trayectos analizados corresponden a zonas
con aumento en la concentración de generadores de tránsito peatonal o
vehicular lo que induce al aumento de los conflictos y la necesidad de
solucionarlos.
Se evidencia que bajo las condiciones geométricas de la BTS se debe brindar
especial atención y seguimiento a la operación de carriles de aceleración y
desaceleración, control de velocidad, restricción de adelantamiento y
complementar la señalización existente, dado que estos elementos
constituyen un factor de suma importancia para garantizar la
seguridad vial del corredor.
Se recomienda revisar detenidamente el diseño de las zonas laterales y
separador central, priorizando los puntos de concentración de accidentes por
salida de vía o choque contra objeto fijo y definir las medidas correctivas
atendiendo las recomendaciones realizadas en este informe.
También se recomienda el diseño y uso de sistemas de contención vehicular
certificados bajo los estándares Americano (Norma ICONTEC END 095 de 2018
la cual es equivalente al reporte NCHRP 350) o Europeo (Norma NTC 6037 de
2013, partes 1 a 5, las cuales son equivalentes a la norma UNE-EN 1317 de
2010).
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Se recomienda reforzar la señalización vertical de los cruces a nivel
autorizados, utilizando la señalización vertical con un tamaño de 90
cm de lado o diámetro y en los dos costados de cada calzada dadas las
características predominantes en la vía (velocidad de diseño 80
Km/h), así como prolongar la longitud de la cebra demarcada con el
fin de hacerlas más visibles y actualizar el pictograma demarcado para
cruces peatonales o escolares.
Se recomienda el uso de baliza destellante para cruces escolares que
motiven la disminución de la velocidad en los horarios de ingresos y
salida de estudiantes. En los cruces no autorizados se recomienda realizar
un trabajo de socialización y educación con la comunidad para incentivar el
uso de los puentes peatonales, analizar sitios en los que se requiera la
instalación de mallas similares a la variante de Tocancipá y concertar con la
comunidad el cierre de los cruces a nivel informales.
Se recomienda realizar los estudios, diseño e implementación de la alternativa
más favorable para la corrección de la geometría de la vía, en el giro Samacá-
Ventaquemada de incorporación.”
Como se puede leer en los aspectos destacados en negrita, las conclusiones
de este informe coinciden con los de la interventoría en cuanto a que las causas
que generan riesgo en el corredor vial son la conducta humana y la necesidad
de revisar y complementar la señalización existente.
Conforme a lo anterior, coincide la Sala con el Tribunal en cuanto a que existe
un daño contingente, pues la deficiente señalización, que no se adecúa al
estándar actual, deviene en una situación de peligro para los usuarios del
corredor vial, que amenaza directamente el derecho colectivo a la seguridad
pública, toda vez que el sistema de señalización está dispuesto para prevenir
la ocurrencia de los siniestros viales.
V.4. De la responsabilidad de las entidades demandadas.
En la decisión de primera instancia, el Tribunal declaró probada la falta de
legitimación en la causa por pasiva del INVIAS y los municipios de Tunja,
Paipa, Duitama, Tibasosa y Sogamoso, sustentado en lo dispuesto en los
decretos 2618 de 2013, 1800 de 2003 y 4165 de 2011, mediante los cuales
se establecen las funciones del INVIAS y del anterior INCO, ahora ANI,
respecto de las vías en concesión.
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Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 769 de 2002, son
autoridades de tránsito las siguientes:
“ARTÍCULO 3°. AUTORIDADES DE TRÁNSITO. Para los efectos de la
presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden,
las siguientes:
El Ministro de Transporte.
Los Gobernadores y los Alcaldes.
Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o
Distrital.
La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.
Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o
quien haga sus veces en cada ente territorial.
La Superintendencia General de Puertos y Transporte.
Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el
parágrafo 5° de este artículo.
Los Agentes de Tránsito y Transporte.
PARÁGRAFO 1°. Las entidades públicas o privadas a las que mediante
delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de
tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.
PARÁGRAFO 2°. El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos
de tránsito las funciones que por ley le corresponden al Ministerio de
Transporte.
PARÁGRAFO 3°. Las Autoridades, los organismos de tránsito, las
entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo
serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y
Transporte.
PARÁGRAFO 4°. La facultad de Autoridad de Tránsito otorgada a los
cuerpos especializados de la Policía Nacional se ejercerá como una
competencia a prevención.
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PARÁGRAFO 5°. Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de
regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de
Autoridad de Tránsito.
PARÁGRAFO 4. La facultad de autoridad de tránsito otorgada a los
cuerpos especializados de la Policía Nacional se ejercerá como una
competencia a prevención.
PARÁGRAFO 5o. Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de
regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de
autoridad de tránsito.
Entre las funciones que deben cumplir las autoridades de tránsito está el velar
por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública, es decir, son de
carácter regulatorio y sancionatorio, orientadas a la prevención y la asistencia
técnica a los usuarios de las vías9. En cuanto a la instalación de las señales de
tránsito, esta misma ley establece que corresponde a las autoridades
nacionales, departamentales o municipales, dependiendo de la clase de vía;
es decir, si se trata de una vía nacional, departamental o municipal,
respectivamente10.
9 Cfr artículo 7 ley 769 de 2002
10 ARTÍCULO 110. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES. Clasificación y definición de las señales de
tránsito:
Señales reglamentarias: Tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones,
prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta que se sancionará conforme
a las normas del presente código.
Señales preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la
naturaleza de éste.
Señales informativas: Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la
información que pueda necesitar.
Señales transitorias: Pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja.
Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía.
PARÁGRAFO 1. Las marcas sobre el pavimento constituyen señales de tránsito horizontales. Y sus
indicaciones deberán acatarse.
PARÁGRAFO 2. Es responsabilidad de las autoridades de tránsito la colocación de las señales
de tránsito en los perímetros urbanos inclusive en las vías privadas abiertas al público. Las
autoridades locales no podrán ejecutar obras sobre las vías públicas sin permiso especial de
las autoridades de tránsito que tendrán la responsabilidad de regular los flujos de tránsito
para que no se presenten congestiones.
Para la ejecución de toda obra pública que genere congestiones, la autoridad de tránsito local deberá
disponer de reguladores de tráfico. Su costo podrá calcularse dentro del valor de la obra y la vigencia de
la vinculación podrá hacerse durante el plazo del contrato de obra respectivo.
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Nótese entonces que la instalación de la señalización en las vías es una
actividad plenamente reglada, de competencia de las entidades territoriales
en los casos en que la vía es departamental o municipal y al Ministerio de
Transporte cuando se trate de una vía nacional.
Sin perjuicio de lo hasta aquí explicado, es cierto que el corredor vial BTS es
una vía concesionada que se rige bajo los términos de la ley contractual y del
contrato de concesión, a partir de los cuales el concesionario tiene unas
obligaciones contractuales y legales, así como el Estado en su carácter de
concedente11.
Establece la clausula 29.4. del contrato de concesión 0377 de 2002 que,
“cuando, de acuerdo con las específicaciones técnicas de operación y
mantenimiento, sea necesario renovar equipos o elementos de operación,
seguridad o señalización, el CONCESIONARIO deberá hacerlo de tal manera
que los nuevos equipos correspondan a tecnología al momento de la
renovación”.
Obsérvese entonces que la eventual problemática de señalización en la vía
debe ser atendida en el marco del contrato, como quiera que el concesionario
está presente en la vía y debe contar con los elementos que se requieren para
renovar equipos o elementos de operación, seguridad o señalización. Ello,
independientemente de que deba o no asumir los costos que conlleve la
atención, pues en esta acción popular no se definen los temas contractuales,
sino que se atiende el derecho colectivo, teniendo en cuenta las competencias
y capacidades existentes entre los vinculados al proceso.
Para hacer efectiva la protección del derecho que aquí se encuentra
amenazado, corresponderá entonces a la entidad competente, en este caso al
concesionario, renovar la señalización en la vía con el propósito de adecuarla
al estándar vigente; ello, teniendo en cuenta que, en su calidad de tal y de
conformidad con los elementos de que debe disponer, es el indicado para
realizar las labores de señalización en la vía, con el propósito de adaptarla a
11 Ley 80 de 1993. Artículo 80. 4.Contrato de concesión Son contratos de concesión los que celebran
las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación,
operación explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción,
explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así
como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a
cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual
y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.
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las condiciones establecidas en la legislación actual, y de conformidad con los
informes a los que se ha hecho referencia. En sentido en el cual se confirmará
parcialmente la decisión de primera instancia.
Aclara la Sala en este aspecto que la decisión que aquí se adopta no resuelve
conflicto alguno de carácter contractual, pues la acción popular se vale de los
mejores recursos que poseen los vinculados para superar la amenaza o la
vulneración del derecho colectivo; por lo que la orden que aquí se imparte va
dirigida a que la ANI, en su calidad de administradora del contrato de
concesión 0377, adopte las medidas administrativas necesarias, en el marco
del contrato o con los mecanismos legales que la ley le otorga, para que, quien
tenga la calidad de concesionario actual y pueda solucionar la problemática
que aquí se identificó como amenaza al derecho colectivo a la seguridad,
realice las actividades requeridas.
Ahora bien, reitera la sala que el presente pronunciamiento en acción popular
no implica resolución de controversia contractual alguna. En consecuencia, si
el concesionario actual considera que los costos que deba asumir para cumplir
la orden que le imparta la ANI deben ser asumidos por ésta, o por su cedente,
o por un tercero, lo aquí dispuesto no es obstáculo para que adelante las
acciones y reclamaciones del caso.
Ahora bien, indica la ANI en su recurso de apelación que, según lo dispuesto
en el artículo 105 de la ley 1955 de 2019, no hay lugar a declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva del INVIAS.
Este artículo señala lo siguiente:
ARTÍCULO 105. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA. Modifíquese el artículo 205 de la Ley 1753 de 2015, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 205. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA. El Instituto Nacional de Vías -
INVÍAS y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -
Aerocivil podrán, excepcionalmente, celebrar y ejecutar contratos de
obra pública para realizar obras complementarias sobre infraestructura
concesionada, sin que sea necesaria la desafectación de la
infraestructura a intervenir, con el fin de garantizar la continuidad de la
prestación del servicio en condiciones de seguridad, transitabilidad,
funcionalidad y/o seguridad de la infraestructura de transporte; impedir
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el deterioro de la infraestructura o la afectación de la comunidad; y
mitigar el riesgo de pérdida del patrimonio vial.
El objeto de dichos contratos de obra pública no podrá comprender obras
o inversiones que cambien sustancialmente el alcance del proyecto. La
realización de la obra pública deberá ser pactada mediante convenio a
celebrarse entre el INVÍAS o la Aerocivil y la entidad pública a cargo del
contrato de concesión. En estos convenios se definirá la fuente de
financiación y entidad responsable de la ejecución y mantenimiento de
la obra, así como las demás condiciones necesarias para el efecto.
Previamente, la entidad estatal concedente de la infraestructura y el
concesionario, deberán acordar los términos en que este colaborará y
apoyará la realización de dichas obras.
PARÁGRAFO. La infraestructura de transporte-modo carretero a cargo
de la Nación, construida a partir de la fecha de expedición de la presente
Ley, entendiéndose tanto la concesionada como no concesionada deberá
garantizar la adecuada disponibilidad de zonas de servicios
complementarios como: estaciones de combustible, zonas de descanso,
servicios sanitarios y de alimentación para los usuarios de las
carreteras”.
De la lectura de esta norma, si bien le asiste razón a la ANI en cuanto a que,
con la modificación aquí descrita, el INVIAS podría celebrar contratos de obra
pública para realizar obras complementarias sobre la infraestructura
concesionada, se insiste en que, al estar un contrato de concesión en ejecución
y con ocasión de la cláusula arriba descrita, será en el marco de éste que
deban adoptarse las medidas necesarias para que se renueve y actualice al
estándar vigente el sistema de señalización vial, por lo que se confirmará la
decisión de primera instancia en cuanto a la falta de legitimación en la causa
por pasiva del INVIAS.
Ahora bien, respecto de los municipios de Tunja, Paipa, Duitama, Tibasosa,
Sogamoso y Ventaquemada, por donde pasa el corredor vial, resulta
pertinente recordar que, según lo dispuesto en el artículo 1° literal d) del
decreto 80 de 1987, “Corresponde a los municipios y al Distrito Especial de
Bogotá, a partir de un año de la vigencia del presente Decreto, el ejercicio de
las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas que le hayan sido atribuidas
por anteriores disposiciones: d) (…) iii) adecuar la estructura de las vías
nacionales dentro del respectivo perímetro urbano de conformidad
con las necesidades de la vida municipal.”
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En este sentido, no hay lugar a declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva de estos municipios, comoquiera que el corredor vial en algunos
puntos pasa por el casco urbano12, por lo que existen puntos en que las vías
municipales y los lugares que atraviesen, o estén ubicados en el área de
influencia, deben contar con un sistema de señalización que permita a los
conductores y peatones tener la información suficiente para evitar un siniestro
vial13.
12 Cfr artículo 31 ley 388 de 1997. “Suelo urbano. Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio
distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su
urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con
procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se
definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial.
“Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros
poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado
perímetro de servicios públicos o sanitario.” –Resalta la Sala-
Como puede observarse, el área urbana es catalogada como tal, en razón a sus particularidades, a las
cuales debe acomodarse o adecuarse la respectiva vía nacional ubicada en su perímetro, y fue eso,
precisamente, lo que previó la norma en comento. Siendo así, por el hecho de que la vía cuente
con esa naturaleza y, por tanto, sea responsabilidad del INVIAS, no impide que el municipio
la intervenga y adelante las obras o adecuaciones estructurales necesarias para garantizar el
normal funcionamiento de la “vida municipal”.
Los conceptos anteriores ofrecen claridad en cuanto a la obligación de los municipios en relación con las
vías del orden nacional que traspasan o se ubican en el perímetro o suelo urbano, toda vez que, cuando
el art. 1 en su letra d) del decreto 80 de 1987 les impone la obligación de adecuar o acomodar la
estructura de las vías o carreteras nacionales según las necesidades de la “vida municipal”, hace
referencia a la realización de las obras requeridas para el debido funcionamiento del municipio, esto es,
para la correcta prestación de los distintos servicios públicos -entre ellos los domiciliarios -, también para
garantizar la movilidad vehicular y peatonal en la zona y, así, facilitar la urbanización y edificación. Según
lo anterior, consecuencialmente, cuando el municipio, en desarrollo de las actividades necesarias para
la adecuación de la vía nacional, cause un daño antijurídico, el ente territorial responderá.
Es claro que el art. 1 en su letra d) del decreto 80 de 1987 otorga a los municipios la obligación
de realizar, sobre las vías nacionales, las obras estructurales requeridas para su debido
funcionamiento como ente territorial, aspecto que en todo caso requiere la intervención física
de la carretera; sin embargo, ese deber no conlleva la realización de obras relacionadas con
el mantenimiento o la señalización de la vía, pues estas son actividades atribuidas,
legalmente, al INVIAS, entidad que, incluso, en el presente caso, certificó que la conservación,
mantenimiento y señalización de la Av. Simón Bolívar de Buenaventura –vía nacional- era su
responsabilidad –fls. 4 y 5, cdno. 5-.
Bajo esta perspectiva, se observa que la norma otorga a los municipios la obligación y/o
potestad de adecuar o acomodar las vías nacionales de acuerdo con sus necesidades, a efectos
de garantizar la prestación de los servicios públicos, situación que exige la construcción de
diferentes redes físicas –alcantarillado, acueducto, etc.-; de regular la circulación vehicular o
peatonal en la zona, integrando o facilitando la convexidad de esa vía con las demás del orden
municipal –construyendo cruces viales y puentes peatonales-; facilitar la urbanización y
edificación en determinada área; entre otras actividades con similar finalidad y que no están
relacionadas con la construcción, el mantenimiento o la señalización de una vía nacional. Sin
embargo, no puede entenderse que dicha obligación de adecuar o acomodar signifique el
mantenimiento, sostenimiento o la señalización de la respectiva vía nacional.
(…)” (Se destaca)
13 Cfr Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente:
Enrique Gil Botero, Bogotá D.C., 22 de julio de 2009, radicación número: 76001-23-31-000-1995-
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En cuanto al argumento planteado por la sociedad CSS Constructores S.A.,
que con ocasión de la cesión del contrato no puede, legal ni contractualmente,
cumplir las órdenes dispuestas en la decisión de primera instancia, proceden
las siguientes consideraciones.
Con el recurso de apelación se aportó copia del contrato de cesión celebrado
con la sociedad BTS Concesionario S.A.S., el 30 de octubre de 2020, a partir
del cual la segunda aceptó la cesión del contrato de concesión 0377 de 2002,
según así se puede leer de la cláusula segunda: “CLÁUSULA SEGUNDA: EL
CESIONARIO a partir de la suscripción del presente documento ACEPTA la
cesión del Contrato de Concesión, el cual tiene por objeto el otorgamiento en
concesión del corredor vial Briceño, Tunja, Sogamoso, en los términos y
alcance previsto según el Contrato de Concesión, sus modificaciones, adiciones
y demás documentos contractuales, y en tal virtud se obliga a asumir la
posición contractual que hasta la fecha correspondía al CEDENTE
CONCESIONARIO.
PARÁGRAFO. El Contrato de Concesión se acepta en su estado actual
de ejecución, con todos los derechos y obligaciones que a éste
correspondan, obligándose el CESIONARIO, a continuar con su cabal
ejecución hasta la terminación del mismo, de conformidad con los
términos y condiciones pactados en el Contrato de Concesión, sus
modificaciones, adiciones, así como lo previsto en el pliego de
condiciones y la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral
del mismo. Incluyendo temas que las Partes tengan pendientes por
01182-01(16333), actor: Flor Delid Valencia Hincapie y otros, demandado: Instituto Nacional de Vías.
“En primer lugar, señaló el INVIAS que, considerando que el kilómetro 5 de la Av. Simón Bolívar –
ubicado frente al SENA- estaba ubicado en el perímetro urbano del municipio, su mantenimiento y
señalización era responsabilidad del ente territorial, según lo dispuesto en la letra d) del art. 1 del decreto
80 de 1987 y el art. 113 del decreto 1809 de 1990 –antes citado-.
Al respecto se tiene la certificación expedida por el Jefe de la Oficina Jurídica de la alcaldía de
Buenaventura, el 23 de junio de 1998, “el tramo del kilómetro 5 frente al SENA de la Avenida Simón
Bolívar, es zona urbana” –fl. 70, cdno. 3-.
No obstante, la letra d) del art. 1 del decreto 80 de 1987 no atribuye a los municipios el
mantenimiento y la señalización de las vías nacionales, pues prescribe, expresamente, que los
municipios tienen la obligación de “adecuar la estructura de las vías nacionales dentro del
respectivo perímetro urbano de conformidad con las necesidades de la vida municipal”. A su
vez, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el verbo “adecuar” como: “Proporcionar,
acomodar, apropiar algo a otra cosa”.
En efecto, la norma regula aquella situación fáctica en la que una vía nacional se ubica en el perímetro
urbano de un municipio, situación que le exige, eventualmente, intervenir la vía en su estructura
o realizar las obras que demande a efectos de acomodarla o adecuarla a las exigencias propias
del área o perímetro urbano.
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definir relacionados con el cumplimiento de obligaciones
contractuales y/o controversias de cualquier índole”.
Ahora bien, la ANI, mediante oficio Nro. 2020-500-0320081 del 22 de octubre
de 2020, autorizó la cesión del contrato a la sociedad BTS CONCESIONARIO
S.A.S.
Señala el artículo 62 del CGP, sobre los litisconsortes cuasi necesarios, que:
“Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las
mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada
relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la
sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser
demandados en el proceso.
Podrán solicitar pruebas si intervienen antes de ser decretadas las pedidas por
las partes; si concurren después, tomarán el proceso en el estado en que se
encuentre en el momento de su intervención”.
Conforme con lo anterior, en el caso concreto estamos frente a un caso en el
cual la Sociedad BTS CONCESIONARIO S.A.S. tiene la condición de
litisconsorte cuasi necesario14 de la parte demandada, pues surgió una relación
jurídica sustancial a partir de la suscripción de la cesión y, por ende, los efectos
de la sentencia le aplican. Ahora, en su carácter de litisconsorte cuasi
necesario, le es facultativo intervenir en el proceso, por lo que, en principio,
la decisión que se toma en la sentencia vincula directamente al cedente; ello
es evidente en especial cuando el cesionario no lo sustituye en el proceso, en
los términos del artículo 68 del CGP, y más aún, cuando se abstiene de
comparecer para intervenir como litisconsorte, como lo indica el mismo
artículo.
14 Cfr Sentencia 2005-00021 de agosto 16 de 2012, CP Hernán Andrade Rincón. “El litisconsorcio
cuasinecesario está regulado en el inciso 3º del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil y se
caracteriza porque no es obligatoria la comparecencia de otro sujeto y aunque no participe o no haya
sido citado, los efectos de la sentencia lo cobijan”. Auto del 10 de diciembre de 2019 radicado 2013-
00174 CP Guillermo Sánchez Luque “2. El artículo 224 del CPACA prevé que cualquier persona que tenga
interés directo en el proceso podrá pedir que se la tenga como litisconsorte desde la admisión de la
demanda y hasta antes de que se profiera el auto que fije fecha para la audiencia inicial. A su vez, el
artículo 62 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone que podrán
intervenir en el proceso como litisconsortes cuasinecesarios de una parte y con las mismas facultades
de esta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos
jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el
proceso. La intervención se produce por iniciativa propia, pero al quedar integrado el litisconsorcio
cuasinecesario se regula como la situación de los litisconsortes necesarios, incluida la comunidad de
suerte y unanimidad para disponer de los derechos en litigio”.
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Entonces, es manifiestamente improcedente sostener, como lo ha sostenido el
demandado CSS Constructores S.A., que le resulta imposible, legal y
materialmente, cumplir con las órdenes que aquí se le impartan, simplemente
porque cedió el contrato; ello, como quiera que, no obstante que puso de
presente la cesión, su cesionario se abstuvo de intervenir en el proceso, ya
fuere como litisconsorte o sustituto, como lo exige el artículo 68 del CGP. Lo
que implica que, en consecuencia, está en la obligación legal de cumplir con
las órdenes que aquí se impartan, ya sea directamente, o vinculando a su
cesionario para este efecto, en los términos de la cesión.
Nótese entonces que el efecto jurídico que tiene lo dispuesto en las normas
procesales sobre el litisconsorcio cuasi necesario y la suscripción del contrato
de cesión respecto de la sociedad BTS Concesionario S.A.S. es que, en su
calidad de concesionaria actual, BTS es la que está en la capacidad material
de realizar las actividades que garanticen la seguridad en el corredor vial, por
lo que, se reitera, la ANI, en su calidad de administradora del contrato, deberá
adoptar las medidas administrativas necesarias, para que la empresa que
actualmente o en el futuro tenga la calidad de concesionaria realice la
instalación de los mecanismos de prevención y seguridad, acorde con la norma
vigente.
A este efecto se observa que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre
los requisitos de la sucesión procesal; así, en sentencia C-1045 de 2000, M.P.
Dr. Álvaro Tafur Galvis, al estudiar la constitucionalidad de la expresión
“también podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo
acepte expresamente”, del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, indicó
que:
“Por consiguiente, no le asiste razón al actor al pretender que, en respeto
del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cedente y cesionario,
el juez deba vincular al adquirente del derecho litigioso a la relación
procesal en curso y desplazar al cedente, sin intervención del contradictor,
porque, si así fuera, se desconocería el derecho a la autonomía personal
de quien no intervino en la negociación, puesto que, sin haber
manifestado su consentimiento se le opondrían derechos y obligaciones
de otros.
Además, la expresión ‘También podrá sustituirlo en el proceso, siempre
que la parte contraria lo acepte expresamente’ que hace parte del inciso
tercero del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil en nada interfiere
con la libertad negocial de quienes convienen en la cesión de derechos
litigiosos, porque nada dice al respecto, simplemente controla los efectos
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de la negociación en el proceso en curso, porque es deber del órgano
legislativo diseñar mecanismos capaces de impedir la utilización de la
administración de justicia con fines que puedan serle contrarios.”
Finalmente y en aras de garantizar la efectividad de las órdenes dispuestas en
la parte resolutiva de esta providencia, advierte la Sala que el 1° de octubre
del presente año fue publicada y por ende entró a regir la Resolución
20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, por medio de la cual se
sustituye el capítulo 1 del Título 8 de la Resolución Única de Tránsito
20223040045295 de 2002 y se adopta el nuevo Manual de Señalización Vial
de Colombia, dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para la
regulación del tránsito y seguridad vial.
En el artículo 4 de este acto se indicó que esta Resolución deroga la Resolución
1885 de 2015, por lo tanto como se trata de una norma de orden público y
que su aplicación es inmediata, se dispondrá que los parámetros a tener en
cuenta para el estudio y la adopción de las medidas transitorias sean los del
nuevo manual, comoquiera que así se garantiza la efectividad de la orden.
V.5. De la integración del comité de verificación.
Advierte la Sala que en el numeral noveno de la decisión de primera instancia
se ordenó la constitución del comité de verificación; no obstante, se omitió
indicar que el Tribunal también lo debe integrar y quien lo presidirá es el
Magistrado Ponente. Por lo tanto, así se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.
V.6. De la condena en costas.
Según lo previsto en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019 1, en
donde se estableció que “[…] En cualquiera de los eventos en que cabe el
reconocimiento de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y
gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor
popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las
reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de
forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme
con lo previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso […]”.
No obstante, en el caso concreto no están probados los gastos del proceso ni
agencias en derecho, pues el actor actuó en nombre propio, por lo que no se
reconocerá monto alguno por este concepto.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el numeral PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de la
decisión de primera instancia, en cuanto declaran que no están legitimados
por activa los municipios demandados, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el numeral cuarto.
TERCERO: MODIFICAR el numeral QUINTO y amparar el derecho colectivo
a la seguridad pública.
CUARTO: MODIFICAR el numeral SEXTO y en su lugar, ordenar a la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI- que adelante las medidas administrativas
necesarias para que, en el marco del contrato de concesión 0377 de 2002 que
actualmente administra, la sociedad BTS Concesionario S.A.S. elabore un
estudio de seguridad vial en el corredor vial Briceño – Tunja – Sogamoso que
permita identificar los puntos donde se requiera renovar o instalar el sistema
de señalización vial, de acuerdo a los parámetros fijados en la Resolución
20243040045005 del 17 de septiembre de 2024.
Adicionalmente, en este estudio se debe analizar el estado actual de los
separadores viales y zonas laterales para adecuarlo al estándar Norma
ICONTEC END 095 de 2018 la cual es equivalente al reporte NCHRP 350) o
Europeo (Norma NTC 6037 de 2013, partes 1 a 5, las cuales son equivalentes
a la norma UNE-EN 1317 de 2010), según recomendación realizada por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Para este estudio se concede un plazo de seis (6) meses contados a partir de
la ejecutoria de la presente sentencia.
Una vez se tenga el resultado del estudio, en un plazo no mayor a un (1) año,
la ANI deberá adoptar las medidas administrativas necesarias para que el
concesionario ejecute las actividades correspondientes.
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En particular, respecto de los puntos críticos identificados en el informe de
Auditoría de Seguridad Vial presentado por el Consorcio Concesión Visi-Tunja,
la ANI deberá adoptar las medidas administrativas necesarias para que, en el
marco del contrato de concesión 0377 de 2002, la sociedad BTS Concesionario
S.A.S., mientras realiza el estudio aquí ordenado, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, ejecute las siguientes
actividades:
• Revisar el sistema de obras de arte cuyos cabezotes sobresalen de la vía
identificados en el informe de auditoría y proceder a aplicar pintura
amarilla en éstos.
• Revisar e instalar el sistema de señalización de los muros de contención
localizados a lo largo de la vía, para lo cual se deberá aplicar pintura de
color amarillo, así como implementar un sistema de dispositivos tipo
captafaros con el fin de hacerlos visibles.
• Instalar el sistema de señalización en los retornos localizados en el
corredor vial en los lugares donde no se encuentren, y en aquellos en
los cuales estén, revisar si se adecúan al estándar vigente.
• Revisar el sistema de defensas metálicas ubicados a lo largo del corredor
vial.
• Revisar e instalar el sistema de señalización vial pertinente de acuerdo
con el estándar vigente que permita la identificación de peatones y ciclo
usuarios en los lugares donde el corredor vial presenta mayor afluencia
de ciclo usuarios y peatones, como los lugares donde el corredor pasa
por cascos urbanos; esta orden deberá cumplirse en conjunto con la
entidad territorial correspondiente.
QUINTO: ORDENAR a los Municipios de Tunja, Paipa, Duitama, Tibasosa,
Sogamoso y Ventaquemada implementar, en los puntos de intersección que
correspondan a vías o espacios en su jurisdicción donde confluyan con el
corredor vial BTS, el sistema de señalización, acorde con lo dispuesto en la
Resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, para lo cual se
concede un plazo de seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la presente
sentencia.
SEXTO: CONFIRMAR el numeral SÉPTIMO de la decisión de primera
instancia.
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SÉPTIMO: REVOCAR el numeral OCTAVO de la decisión de primera instancia
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
OCTAVO: MODIFICAR el numeral NOVENO, para precisar que el Magistrado
Ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá presidirá el comité de
verificación.
NOVENO: Sin condena en costas.
DÉCIMO: REMITIR copia de la providencia a la Defensoría del Pueblo,
conforme lo dispuesto en el artículo 80 de la ley 472.
Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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