Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00354-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00354-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2019-00354-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Temas: Pensión gracia – Tiempos válidos para el reconocimiento
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida 6 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1 En adelante UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
Dora Isabel Barón Parra, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, presentó una
demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones: i)
RDP 1939 del 24 de enero de 2019, ii) RDP 4963 del 25 de febrero de 2019 y, iii)
RDP 10241 del 28 de marzo de 2019, por medio de las cuales la UGPP le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que: i) se pague a partir del 3 de agosto de 2009 la prestación solicitada sobre el
75% del promedio de todos los factores salariales devengados entre los años 2010
y 2011; ii) se indexen los valores reconocidos y las sumas adeudas, de acuerdo con
el índice de precios al consumidor (IPC) y conforme a los artículos 4 de la Ley 4 de
1966, 5 del Decreto 1743 de 1966 y al Decreto 1160 de 1947, iii) se reconozcan los
intereses moratorios y, iv) se condene en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Dora Isabel Barón Parra nació el 9 de septiembre de 1956 y adquirió el estatus de
pensionada en el año 2011.
• Entre 1975 y 2011, prestó sus servicios como docente en el municipio de
Chitaraque (Boyacá), esto es por más de 20 años, así: i) desde el 22 de agosto de
1975 hasta el 28 de febrero de 1977; ii) desde el 1 de febrero de 1990 hasta el 30
de noviembre de 1994, a través de órdenes de prestación de servicios (OPS); y iii)
desde el 16 de febrero de 1995 al 2 de agosto de 2011, períodos en los que se
desempeñó con honradez, idoneidad y buena conducta.
2 En adelante CPACA.
2
Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
• El 26 de septiembre de 2018 solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión gracia.
• Con Resolución RDP 1939 del 24 de enero de 2019 la subdirectora de
determinación de derechos pensionales de la UGPP le negó dicho reconocimiento
al considerar que los tiempos de servicio de la peticionaria fueron de orden nacional,
razón por la cual no contaba con los 20 años de servicio para acceder al beneficio
pensional. Esta decisión fue confirmada a través de las Resoluciones RDP 4963 del
25 de febrero de 2019 y RDP 10241 del 28 de marzo de 2019.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 48 y 53 de la Constitución Política; las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975, 4 de 1976, 71 de 1988, 6
de 1992; el Decreto 2108 de 1992; y la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018, expediente 25000-23-42-000-2013-04683-01, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
En cuanto al concepto de violación, se expuso lo siguiente3:
• La entidad demandada desconoció los preceptos del artículo 15 de la Ley 91 de
1981, al exigirle a la solicitante, que cumpliera todos los requisitos para el
reconocimiento pensional para antes de 1980, por cuanto la norma en mención solo
exigió una vinculación antes del 31 de diciembre de ese año.
• Durante su vida laboral, Dora Isabel Barón Parra se desempeñó como docente
con carácter territorial y nacionalizado, pues en sus nombramientos nunca intervino
el Ministerio de Educación Nacional.
3 SAMAI, Documentos visibles en el radicado de primera instancia. 14_ Radicación de Proceso _001
Demanda.pdf(.PDF) NroActua 1, folios 1 al 8, y 18_Recepción correo ventanilla
_004SubsanacionDemanda.pdf(.PD F) NroActua 6, folios 1 al 13.
3
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Demandante: Dora Isabel Barón Parra
• La demandante cumple con lo dispuesto en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928,
37 de 1933 y 91 de 1989 para acceder al reconocimiento y pago de la pensión
gracia, pues cuenta con más de 20 años de servicios como educadora, se vinculó
como docente oficial antes del 31 de diciembre de 1980 y en el momento de solicitar
el reconocimiento de la prestación ya había alcanzado los 50 años de edad.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación4:
• No es procedente realizar el reconocimiento de la prestación solicitada por Dora
Isabel Barón Parra, en consideración a que los tiempos laborados fueron de carácter
nacional, así como también lo fueron los recursos para el pago de las acreencias
laborales.
• Al 31 de diciembre de 1989, la demandante no cumplía con la edad ni el tiempo
de servicios para el reconocimiento de la pensión gracia.
• Con ocasión de la expedición de la Ley 91 de 1989, a partir del 1° de enero de
1990 se unificó el régimen pensional de los docentes oficiales, por tanto las
vinculaciones posteriores a la entrada en vigencia de la ley, cuentan con el mismo
régimen prestacional de los servidores públicos y solo tienen derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación.
Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales, ii) cobro de lo no debido, iii) prescripción, y iv)
reconocimiento oficioso de excepciones.
1.3. La sentencia apelada
4 SAMAI, Documentos visibles en el radicado de primera instancia. 3_Recepción correo ventanilla_
001ContestacioDemanda.pdf(.PDF ) NroActua 12, folios 1 al 28.
4
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Demandante: Dora Isabel Barón Parra
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia proferida el 6 de
septiembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en
consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó reconocer a
favor de Dora Isabel Barón Parra, la pensión gracia liquidada con el 75% del
promedio recibido durante el año anterior a la adquisición de su estatus como
pensionada.
Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:5
• Está demostrado que el 9 de septiembre de 2006 la demandante cumplió 50 años
de edad y que a la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento pensional
tenía más de 20 años de servicios como docente territorial y nacionalizado.
• Asimismo, se acreditó que se vinculó como directora de la escuela R.D. Tune
Grande del municipio de Chitaraque (Boyacá) antes del 31 de diciembre de 1980 y
por un lapso de un 1 año y 6 meses.
• Contrario a lo afirmado por la entidad demandada no es necesario cumplir la
totalidad de los requisitos para el reconocimiento pensional antes de la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, puesto que lo que importa es el tipo de vinculación y
no el momento en que se acrediten los requisitos de edad y tiempo de servicio.
• En ese sentido, la demandante cumple con los requisitos del artículo 4 de la Ley
114 de 1913, para ser beneficiaria de la pensión gracia.
Por último, declaró probada la excepción de prescripción trienal propuesta por la
entidad demanda para las mesadas causadas con anterioridad al 26 de septiembre
de 2015.
5 SAMAI, Documentos visibles en el radicado de primera instancia.
43_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA _SENTENCIA(.pdf) NroActua 40.
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Demandante: Dora Isabel Barón Parra
1.4. El recurso de apelación
La UGPP interpuso recurso de apelación6 y lo sustentó así:
• La demandante no cumple con los requisitos para el reconocimiento pensional, ya
que el período comprendido entre 1990 y 2011 fue con vinculación nacional, en
tanto que sus salarios fueron reconocidos con recursos provenientes del situado
fiscal.
• La pensión gracia solo subsiste para los docentes vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980, territoriales y nacionalizados, para los demás y para aquellos
vinculados con posterioridad se deberá reconocer la pensión de jubilación. De tal
forma que, para proceder al reconocimiento de la prestación solicitada por la
demandante es indispensable que hubiese cumplido la totalidad de los requisitos
antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes guardaron silencio.
1.6. El Ministerio Público
En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿Dora Isabel Barón Parra cumple con los
6 SAMAI, Documentos visibles en el radicado de primera instancia.
45_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_2 019354APELACIONS(.pdf) NroActu a 44.
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Demandante: Dora Isabel Barón Parra
requisitos legales para ser beneficiaria de una pensión gracia, en aplicación del
régimen prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan,
pese a que no completó el tiempo de servicios antes de la entrada en vigencia de la
Ley 91 de 1989?
Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo, (2) caso
concreto, (3) costas, y (4) conclusión.
2.2. Marco normativo
La Ley 114 de 19137, creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años
de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera
otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad,
siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y que observara buena conducta.
En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación 8, señaló que
«(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían
los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».
7 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Dora Isabel Barón Parra
Posteriormente, las Leyes 116 de 19289 y 37 de 193310, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así11:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales.»
Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley
43 de 197512 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198913, en
la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «(…) colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200014 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
10 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado No. S-699.
12 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
13 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
14 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
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Demandante: Dora Isabel Barón Parra
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala15 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198916 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
15 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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Demandante: Dora Isabel Barón Parra
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta
Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201817, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -
situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas
fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.»
En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
202218, explicó lo siguiente:
17 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».19
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados los tiempos
laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
19 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
2.4. Caso concreto
En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:
• Dora Isabel Barón Parra nació el 9 de septiembre de 195620, tal y como se acredita
en la copia del registro civil de nacimiento.
• A través del Decreto 630 del 16 de septiembre de 197521, expedido por el
gobernador de Boyacá nombró a Dora Isabel Barón Parra como directora de la
escuela Tume Grande del municipio de Chitaraque en remplazo de Ana Tulia
Serrano de Sánchez, cargo del que tomó posesión el 22 de agosto de 197522, de
acuerdo con lo consignado en el «acta de presentación».
• Acorde con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
expedido el 24 de mayo de 201923 por la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá, tuvo una vinculación del orden nacionalizado como docente en propiedad del
nivel primaria y con el siguiente tiempo de servicios:
Acto Administrativo Novedad Desde Hasta
Decreto 630 del 16 de Ing y reing. Plantel 01/02/1976 28/02/1977
septiembre de 1975 educativo sede Tume
Grande del municipio de
Chitaraque (Boy)
Total tiempo laborado 1 año y 1 mes
RETIRO
Fecha de retiro: 28/02/1977 Causa de retiro: Voluntario
• De acuerdo con el formato 1 certificado de información laboral expedido el 17 de
agosto de 201824 por el municipio de Chitaraque (Boyacá) se advierte que la
demandante prestó sus servicios, así:
20 SAMAI, Documentos visibles en el radicado de primera instancia. 14_ Radicación de Proceso _001
Demanda.pdf(.PDF) NroActua 1, folios 9 al 11.
21 Ibidem, folios 13 al 16.
22 Ibidem, folios 17 al 19.
23 Ibidem, folios 20 y 21.
24 Ibidem, folio 27.
12
Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
Período de vinculación laboral Entidad empleadora Cargo /
Desde Hasta observaciones
Día Mes Año Día Mes Año
01 02 1990 30 11 1990 Municipio de Chitaraque Docente
01 02 1991 30 11 1991 Municipio de Chitaraque Docente
01 02 1992 30 11 1992 Municipio de Chitaraque Docente
01 02 1993 30 11 1993 Municipio de Chitaraque Docente
01 02 1994 30 11 1994 Municipio de Chitaraque Docente
Los anteriores tiempos de servicio se efectuaron mediante contratos de prestación
de servicio celebrados entre la docente Dora Isabel Barón Parra y el municipio de
Chitaraque25, según los contratos y las ordenes de trabajo allegados al expediente.
• Por medio del Decreto 16 del 2 febrero de 199526, expedido por el alcalde municipal
de Chitaraque (Boyacá), en uso de las facultades que le confería el artículo 106 de la
Ley 115 de 1994 y de conformidad con la Ley 60 de 1993, nombró en propiedad a
Dora Isabel Barón Parra para desempeñar el cargo de docente de primaria en la
concentración urbana mixta del municipio, cargo del que tomó posesión el 10 de
febrero de esa anualidad27.
• Conforme con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
expedido el 13 de agosto de 201828 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, se observa que laboró al servicio de la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá como docente en propiedad del nivel primaria, así:
Acto Administrativo Novedad Desde Hasta
Ing y Reing. Colegio San
Decreto 16 del 2 de febrero
Pedro Claver del municipio 10/02/1995 31/12/2005
de 1995
de Chitaraque (Boy)
Cambio de sueldo. Colegio
San Pedro Claver del
01/01/2006 31/05/2006
municipio de Chitaraque
(Boy)
Ascensos. Colegio San
Pedro Claver del municipio 01/06/2006 31/12/2006
de Chitaraque (Boy)
25 Ibidem, folios 29 al 41.
26 Ibidem, folios 46 y 47.
27 Ibidem, folio 48.
28 Ibidem, folios 42 y 43.
13
Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
Cambio de sueldo. Colegio
San Pedro Claver del
01/01/2007 31/12/2007
municipio de Chitaraque
(Boy)
Cambio de sueldo. Colegio
San Pedro Claver del
01/01/2008 31/12/2008
municipio de Chitaraque
(Boy)
Cambio de sueldo. Colegio
Decreto 700-702 del 3 de San Pedro Claver del
01/01/2009 31/10/2009
junio de 2009 municipio de Chitaraque
(Boy)
Cambio de sueldo. Sede
Decreto 700-702 del 3 de
urbana mixta (del municipio 01/11/2009 31/12/2009
junio de 2009
de Chitaraque (Boy)
Cambio de sueldo. Sede
Decreto 1367-1369 del 26
urbana mixta (del municipio 01/01/210 31/07/2010
de abril de 2010
de Chitaraque (Boy)
Continuidad. Sede urbana
Decreto 1367-1369 del 26
mixta (del municipio de 01/08/2010 31/12/2010
de abril de 2010
Chitaraque (Boy)
Cambio de sueldo. Sede
Decreto 1055-1027 del 4 de
urbana mixta (del municipio 01/01/2011 24/04/2011
abril de 2011
de Chitaraque (Boy)
Continuidad. Sede urbana
mixta (del municipio de 25/07/2011 02/08/2011
Chitaraque (Boy)
Total tiempo laborado 24 días, 2 meses y 16 años
RETIRO
Resolución 3827 del 2 de
Causa de retiro: Voluntario
agosto de 2011
En el tipo de vinculación contenido en el documento en mención se señala que fue
de carácter nacional.
• En declaración juramentada del 7 de febrero de 201929, Dora Isabel Barón Parra
afirmó que se desempeñó «como docente con honradez, idoneidad, consagración, y
buena conducta». Además, no registra sanciones ni inhabilidades vigentes según
certificado de antecedentes disciplinarios 130491998 del 15 de julio de 201930,
expedido por la Procuraduría General de la Nación.
29 Ibidem, folio 94.
30 Ibidem, folio 103.
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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
De la valoración probatoria, se tiene que la demandante cumplió 50 años de edad
el 9 de septiembre de 2006, por cuanto nació en este día y mes de 1956, y fue
nombrada por el gobernador de Boyacá mediante Decreto 630 del 16 de septiembre
de 1975 para desempeñarse como directora de la escuela Tume Grande del
municipio de Chitaraque (Boyacá), cargo que desempeñó hasta el 28 de febrero de
1977, cuando le fue aceptada su renuncia, lo que denota su vinculación con carácter
nacionalizado y con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Este período no fue
objeto de controversia.
Asimismo, tuvo una segunda vinculación como docente comprendida entre el 1° de
febrero de 1990 y el 30 de noviembre de 1994, estos tiempos de servicios se
materializaron a través de los contratos de prestación de servicios celebrados por
la demandante con el municipio de Chitaraque, los cuales son válidos para el
cómputo de los 20 años de servicio exigidos por la ley para el reconocimiento
pensional, toda vez que en el ejercicio de sus funciones cumplió las del titular y
debió acreditar iguales condiciones para ejercer dicho cargo. Período que es objeto
de controversia.
Por último, se encuentra que la demandante tuvo un tercer período de vinculación
a partir del nombramiento efectuado por alcalde municipal de Chitaraque (Boyacá),
a través del Decreto 16 del 2 febrero de 1995, como docente de primaria en la
concentración urbana mixta del municipio, y se posesionó el 10 de febrero de esa
anualidad. Período que es objeto de controversia.
Ciertamente, frente a las vinculaciones realizadas mediante contratos de prestación
de servicios, del acervo probatorio allegado a este plenario se tiene que el objeto
contractual estaba encaminado a adelantar labores de docencia en el municipio de
Chitaraque, y que por estas labores, el municipio como contraprestación de sus
servicios se obligó a reconocer una remuneración con cargo al presupuesto
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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
ordinario de rentas y gastos para cada vigencia fiscal31, lo que permite inferir el
carácter territorial y/o nacionalizado de la demandante.
Al respecto, resulta pertinente recordar que, según la sentencia de unificación del 21
de junio de 201832, antes mencionada, para definir el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa, lo verdaderamente importante es que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales.
En efecto, de acuerdo con el contenido de los contratos de prestación de servicios,
las órdenes de trabajo y los actos administrativos que dispusieron sobre el pago de
honorarios por los servicios profesionales de Dora Isabel Barón Parra, se advierte
que prestó sus servicios en la Escuela Urbana del Centro – Sección Prescolar y que
estos se financiaron con «cargo al presupuesto ordinario de rentas y gastos» municipales,
lo que reafirma el carácter territorial y/o nacionalizado de la plaza ocupada.
Así las cosas, en relación con los tiempos de servicios prestados por vinculación de
docentes bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, tal como lo ha
señalado la jurisprudencia de esta Corporación33, a través de este tipo de
vinculación, se pueden configurar los elementos de la relación laboral de los
maestros, razón por la cual es viable computar este período para el reconocimiento
de la pensión gracia34. Por tanto, para la Sala este tiempo es válido con el fin de
contabilizar el tiempo de servicio exigido por la ley.
31 Para cada contrato, según la cláusula titulada «SUJECIÓN DE LOS PAGOS Y LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES»
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, expediente 2500023420000130468301 (3805-
2014).
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2 No. 5 de 2016, expediente 23001233300020130026001
(00088-2015).
34 Léase entre otras las siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, expedientes 19001-23-33-000-2015-00142-01 (3023-16), 52001-23-33-000-
2016-00499-01, 54001-23-33-000-2014-00106-01, 52001-23-33-000-2014-00394-01, 54001-23-33-
000-2012-00180-01, 25000234200020150003201.
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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
Por otra parte, en relación con el período siguiente se tiene que, de acuerdo con el
material probatorio que obra en el expediente, Dora Isabel Barón Parra demostró su
vinculación como docente territorial entre el 10 de febrero de 1995 y el 2 de agosto
de 2011, según consta en los actos administrativos y certificaciones expedidas por la
entidad nominadora en los cuales aparece como suscriptor una autoridad de este
orden, que de acuerdo con las reglas de la jurisprudencia vigente denota la calidad
del lugar en el cual prestó sus servicios.
Ahora, si bien en el certificado expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio el 13 de abril de 2018, se indica que entre el 10 de febrero de 1995 y el
2 de agosto de 2011, fecha de retiro voluntario, la demandante tuvo una vinculación
nacional, lo cierto es que el Decreto 16 del 2 febrero de 1995 -mediante el cual se
nombró en propiedad a la Dora Isabel Barón Parra para desempeñar el cargo de
docente de primaria en la concentración urbana mixta del municipio de Chitaraque-,
fue expedido con fundamento en el artículo 106 de la Ley 115 de 1994 y conforme a
la Ley 60 de 1993.
En efecto, el artículo 106 de la Ley 115 de 199435 confirió a los alcaldes la facultad de
realizar nombramientos del personal docente con cargo a los recursos propios de la
entidad territorial, para lo cual determinó:
«ARTÍCULO 106. NOVEDADES DE PERSONAL. Los actos administrativos de
nombramientos, traslados, permutas y demás novedades del personal docente y
administrativo de la educación estatal se harán por los gobernadores y por los
alcaldes de los distritos o municipios que estén administrando la educación
conforme a lo establecido en la Ley 60 de 1993.
Todo nombramiento deberá ajustarse a los plazos y procedimientos legales y a
disponibilidad presupuestal.
PARÁGRAFO. Los alcaldes municipales pueden nombrar educadores con cargo a
los recursos propios del municipio, cumpliendo los requisitos exigidos por la ley».
[Resalta la Sala].
35 «Por la cual se expide la ley general de educación».
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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
Por su parte la Ley 60 de 199336, en materia de educación revisitó a los municipios
de las siguientes competencias:
«Artículo 2. Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios, a través de
las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas
municipales competentes, en su carácter de entidades ejecutoras principales de las
acciones en materia social, dirigir, prestar o participar en la prestación de los servicios
directamente, conforme a la ley, a las normas técnicas de carácter nacional, a las
ordenanzas y a los respectivos acuerdos municipales, así:
1.- En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las disposiciones
legales sobre la materia:
-. Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica primaria
y secundaria y media.
-. Financiar las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su
mantenimiento y participar con recursos propios y con las participaciones
municipales en la financiación de los servicios educativos estatales y en la
cofinanciación de programas y proyectos educativos.
-. Ejercer la inspección y vigilancia, supervisión y la evaluación de los servicios
educativos estatales». [Resalta la Sala].
Aunado a lo expuesto, debe precisarse que la vinculación reseñada en precedencia,
fue pagada con cargo al presupuesto del Fondo Educativo Regional (FER), tal y
como se advierte en el referido acto administrativo en el cual en su artículo 3 se
determinó que «los salarios y demás emolumentos que ocasionen este nombramiento
[el de Dora Isabel Barón Parra] serán pagados con cargo al Fondo Educativo Regional
de Boyacá». De esta manera, es dable concluir que, conforme lo expresó la
sentencia de unificación del 21 de junio de 201837, estos tiempos pueden ser
computados para efectos del reconocimiento deprecado.
De ahí que, de acuerdo con lo expuesto, y contrario a lo manifestado por la entidad
demandada, todos los tiempos laborados por la demandante tienen la denominación
36 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, expediente 2500023420000130468301 (3805-
2014).
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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
de territoriales y/o nacionalizados y, en todo caso, no podrían ser considerados de
ningún modo como nacionales en atención a que no existe prueba alguna dentro
del proceso que dé cuenta de ello, al paso que sí obra suficiente material probatorio
que respalde las pretensiones de la actora.
Finalmente, esta Sala encuentra que no le asiste razón al recurrente al señalar que,
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, la solicitante debió cumplir los
requisitos para beneficiarse de la pensión gracia, por cuanto tal y como lo ha
señalado la jurisprudencia de esta Corporación38, «la condición para el reconocimiento
de la pensión gracia es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de
diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como
nacionalizados o territoriales» puesto que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
las autoridades administrativas y judiciales deberán declarar «el derecho a la pensión
gracia del docente que haya tenido una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y
que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron,
sin importar el momento en que logre acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicio,
es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989».
De este modo, la Sala observa que la actora cumple los requisitos necesarios para
acceder a la pensión gracia y, en consecuencia, sobre este aspecto se confirmará
la sentencia de primera instancia
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.39
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la UGPP debe reconocer la
pensión gracia solicitada por Dora Isabel Barón Parra en aplicación del régimen
prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
39En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
20
Radicado: 15001-23-33-000-2019-00354-01 (6494-2022)
Demandante: Dora Isabel Barón Parra
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda incoada por Dora Isabel Barón Parra contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Ausente en comisión
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
21
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