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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02179-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02179-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 2026 del 19 de mayo de 2020, por la cual la Secretaría de Educación de departamento de Boyacá negó al demandante el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con las disposiciones contenidas en las leyes 33 y 62 de 1985. Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985, a partir del 13 de noviembre de 2018, con el 75% de lo devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la inclusión de los factores salariales que debieron servir de base de cotización, de conformidad con lo previsto en la Ley 62 de 1985, así como los creados a favor de los docentes con posterioridad a esta disposición que tengan carácter prestacional. Cuarto. El pago de la pensión de jubilación reconocida a Juan Alfredo Rincón Rincón se efectuará a partir del 13 de noviembre de 2018, sin que tenga que acreditar el retiro del servicio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 40 Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024) Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial Sexto. Exhortar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2020-02179-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón1
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Pensión jubilación docente, Ley 33 de 1985. Docente vinculación
por contratos de prestación de servicios antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala Primera de Decisión mediante la cual se denegaron las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Juan Alfredo Rincón Rincón presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 2026 del 19 de mayo de 2020, por medio
de la cual se negó el reconocimiento de la pensión por aportes.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,

1 Si bien en el aplicativo Samai el nombre del demandante figura como Juan Rincón, lo cierto es que

en la demanda como en la cédula de ciudadanía se identifica como Juan Alfredo Rincón Rincón,
motivo por el cual este último nombre se usará en la providencia.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

solicitó: i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación equivalente al 75%
de lo devengado antes de la adquisición del estatus [13 de noviembre de 2018]; ii)
el cumplimiento al fallo de acuerdo con los artículos 192 y 195 del CPACA; iii) el
reajuste de las sumas adeudadas; iv) el pago de intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la sentencia; y v) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Juan Alfredo Rincón Rincón nació el 13 de noviembre de 1963, por lo que cuenta
con más de 55 años de edad.

3.2. Prestó sus servicios en el sector público, en los siguientes periodos:

Novedad / Entidad Desde Hasta
Contraloría General – Boyacá [empleado público] 18-11-1983 02-08-1985
10-02-1986 05-11-1987
Gobernación de Boyacá [empleado público] 19-04-1989 28-12-1990
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 07-07-1991 20-03-1995
[empleado público]
20-04-1995 31-12-1995
Municipio de Susacón [Boyacá] [docente oficial] 05-02-1996 05-12-1996
Vinculación mediante OPS
03-02-1997 03-12-1997
15-09-1999 26-11-1999
04-02-2000 09-06-2000
Secretaría de Educación de Boyacá 10-07-2000 01-12-2000
Vinculación mediante OPS 13-02-2001 09-03-2001
01-02-2002 30-06-2002
18-07-2002 30-11-2002
11-02-2003 12-12-2003

3.3. En el 2008 fue nombrado docente oficial en propiedad, vinculación que se
encontraba vigente en la fecha en la que presentó la demanda.

3.4. Solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir del 13 de noviembre
de 2018, porque contaba con 55 años de edad y 20 años de servicio. La prestación
fue negada a través del acto demandado, con fundamento en el incumplimiento de
los requerimientos dispuestos en la Ley 812 de 2003.

3 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada:
3_ED_002Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3.

2

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Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1º de la Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91
de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de
1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 4:

5.1. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se
vincularan después de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, se regirían por las disposiciones de las que eran beneficiarios los
servidores públicos del orden nacional; lo cual también era extensivo a los docentes
que realizaran aportes al ISS y en el sector público.

5.2. Lo anterior, permite concluir que «para los servidores públicos docentes vinculadas
después de 1990, se UNIFICÓ EL RÉGIMEN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, con
el resto de empleados públicos del orden nacional […] En este sentido, los docentes
vinculados con anterioridad al año 2003, se le aplican las normas anteriores a la expedición
de la Ley 812, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores públicos regulares, o si se trataba
de docentes que tenían aportes al sector privado de la Ley 71 de 1988 para la pensión por
aportes».

5.3. La Ley 812 de 2003 estableció un régimen de transición para los docentes que
al momento de la entrada en vigencia contaran con cierta edad, tuvieran alguna
experiencia laboral y fueran vinculados después del 23 de junio de 2003 «al momento
en que fue expedida la Ley 812 de 2003, coincidió con una reforma al régimen salarial
(estatuto docente decreto 1278 de 2002) y se quedó pensando el Fondo Prestacional del
Magisterio, QUE TODO DOCENTE DEL RÉGIMEN DEL 1278 DE 2002, se le aplica la Ley 100 de
1993, cuando este tema no es absoluto. Esta clase de docentes del nuevo escalafón,
podían haber sido: 1. Docentes que trabajaron antes del año 2003 y que habían renunciado
a la docencia oficial y se habían dedicado a alguna actividad que les resultó fallida y tuvieron
que volver al sector docente oficial vinculado con un nuevo decreto salarial, que nada tiene
que ver con el régimen PRESTACIONAL […] 3. Puede tratarse de un docente, que ejerció
alguna actividad en el sector público diferente a la docencia, como por ejemplo, haber
trabajado en la DIAN, en la POLICÍA, en la CONTRALORÍA, en la RAMA JUDICIAL, en el AGUSTIN
CODAZZI, en una UNIVERSIDAD PÚBLICA […], y se le aplica la Ley 33 de 1995, dentro de la
normatividad anterior como lo contempla la Ley 812 de 2003. 4. Así mismo podría tratarse
del docente haber laborado en actividades como docente vinculado bajo modalidad de
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O POR ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
donde nunca les pagaron prestaciones o les realizaron aportes para pensión, y luego

4 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada:
3_ED_002Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3.

3

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Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

acredita la reclamación judicial de este tiempo de servicio para que sea tenido en cuenta
para efectos pensionales» [sic].

5.4. Es decir que, si el docente «se encuentra vinculado con anterioridad al 23 de junio de
2003 y a partir de ese momento se entiende como vinculado para los efectos del
cumplimiento al artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [sic].

5.5. En ese orden y en consideración a que, si el docente estuviera «VINCULADO
DESPUÉS DEL AÑO 2003, se le aplicaría el Decreto 2278 de 2002, en cuanto a escalafón
Docente y no el Decreto 2277 de 1979, pero esta circunstancia no tiene nada que ver con
el régimen pensional de la Ley 812 de 2003, de los docentes que fueron vinculados antes
del año 2003, a quienes se les debe respetar el régimen anterior de esta disposición
normativa» [sic].

1.2. Contestación de la demanda

6. Mediante el auto proferido el 1º de diciembre de 2021 se tuvo como no contestada
la demanda5.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión mediante
sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024 negó las pretensiones de la
demanda6. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:

7.1. El demandante acreditó una vinculación legal y reglamentaria, en
provisionalidad, desde el 29 de abril de 2004 hasta el 22 de marzo de 2022, es decir
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, puesto que no fue
reconocido el tiempo laborado a través de órdenes de prestación de servicios, al no
realizar cotizaciones al sistema de seguridad social. Al respecto «se evidencia que la
no cotización de aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, durante el
interregno en que prestó sus servicios como docente entre 1996 y 2003, no permite
otorgarle el derecho a que la liquidación de su pensión de jubilación se realice conforme a
las leyes 33 y 62 de 1985, siempre y cuando cumpliera con los requisitos adicionales de
edad -55 años- y tiempo de servicios cotizados -20 años-».

7.2. Asimismo, se encuentra que el 13 de noviembre de 2018 el demandante cumplió

5 Índice 13 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada
13_ASECRETARIA_MARCELA2020021790(.PDF) NroActua 13.
6 Índice 50 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada:

66SentenciadePr_SENTENCIA_00020200217900PENSIO(.pdf) NroActua 50.

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Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

55 años de edad; sin embargo, solo completó 17 años, 7 meses, 21 días de
cotizaciones, pues no fue posible computar los 12 años, 9 meses, 7 días que trabajó
en ejercicio de las órdenes de prestación de servicios, frente a los que no realizó las
cotizaciones correspondientes.

7.3. Ahora, de tener en cuenta el tiempo sobre el cual realizó aportes al Sistema
General de Seguridad Social, cuando laboró como empleado público desde el año
1983 hasta 1995, por 8 años, 10 meses y 6 días, completaría 26 años, 5 meses y
27 días, lo que le daría derecho al reconocimiento de la pensión por aportes, en
virtud de lo previsto en las leyes 71 de 1988 y 33 de 1985; no obstante, lo que le
habilitaba la posibilidad de alcanzar ese reconocimiento era estar vinculado como
docente antes del 27 de junio de 2003, exigencia que no fue acreditada.

7.4. Así las cosas, «el reconocimiento pensional deprecado por el demandante sólo podrá
tener lugar si se hubiera acreditado que el tiempo laborado por OPS fue objeto de cotización
al sistema pensional, lo cual debió reflejarse en su historial laboral donde debía reposar las
cotizaciones correspondientes a los tiempos de servicios prestados a través de OPS. Así,
una vez registrados los aportes anteriores a la Ley 812, y cumplidos los requisitos legales,
será procedente el otorgamiento de la pensión, desde que atienda a los factores cotizados
y tiempos de cotización realmente pagados, a efectos de no propiciar la evasión del aporte
económico al sistema pensional» [sic].

1.4. El recurso de apelación

8. Juan Alfredo Rincón Rincón solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia7 y como consecuencia se accediera a las pretensiones de la demanda,
toda vez que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 eran beneficiarios de las disposiciones que en materia pensional estaban
vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, sin que pudiera exigirse
requisito alguno diferente de la vinculación previa a esa vigencia, ni mucho menos
requerirle al extrabajador la presentación de una demanda con el fin de que se
declarara la existencia de una la relación laboral encubierta.

9. Asimismo, al momento de solicitar la pensión acreditó los requisitos previstos en
las leyes 33 y 62 de 1985 para su reconocimiento, esto es 55 años de edad y más
de 20 años de servicio, de manera que era «dable concluir que por remisión directa del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003» le correspondía el reconocimiento de una prestación
con el 75% «como ingreso base de liquidación […] conformado por todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios».

7 Índice 56 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada:
68_MemorialWeb_Recurso-APELACIONJUANALFRE(.pdf) NroActua 56.

5

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Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

10. Entonces, el docente «ha laborado y cotizado aportes a pensión desde el 18 de
noviembre de 1983 y fue vinculado por primera vez al sector educativo oficial el día 20 de
abril de 1995, tal y como se puede constatar tanto en los contratos de prestación de
servicios y [en las] certificaciones expedidas por la entidad territorial, cumpliendo a la fecha
con más de 20 años al servicio en el sector público docente, de los mismos se puede extraer
que cumple con los requisitos de la edad toda vez que el demandante nació el 13 de
noviembre de 1963, por lo que en atención a los principios constitucionales de favorabilidad
en materia laboral y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades […]
permite al fallador […] restablecer el derecho particular por ser esta la norma más
beneficiosa» [sic].

1.5. Trámite en segunda instancia

11. Por medio de auto del 11 de diciembre de 20248, el magistrado ponente admitió
el recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

1.6. Concepto Ministerio Público

12. El procurador delegado ante esta corporación no emitió concepto en el presente
asunto.

2. Consideraciones

2.2. El problema jurídico

13. Se circunscribe a resolver ¿si el tiempo de servicio prestado por Juan Alfredo
Rincón Rincón en ejercicio de órdenes de prestación de servicios lo hacen
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003 y como consecuencia al reconocimiento de la pensión de jubilación en los
términos previstos en las leyes 33 y 62 de 1985?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al FOMAG

14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de

8 Índice 4 de Samai, actuación denominada: 4Autoqueadmite_ADMITE_64952024Admiterecurs(.pdf)

NroActua 4.

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Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte9. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas10.

15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción11. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»12. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos13. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

9 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
10 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
11
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
12
Preámbulo y artículo 6.
13
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

7

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al FOMAG,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

19. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200314.

20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

21. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

14
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

8

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

23. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

9

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Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

15
24. La Ley 60 de 1993 asignó la administración de los servicios educativos estatales
a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su
participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6
ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental,
distrital y municipal al FOMAG, así como la conservación del régimen prestacional
anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.
En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al
señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por
la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren
realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad,
que estarán a cargo del indicado fondo.

25. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga

15
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

10

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»

26. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

27. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.3.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales

28. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).

16
29. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de

16
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.

11

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».

30. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201917, precisó:

«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».

31. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de

17
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

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Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

2003, determinó:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:

13

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]

32. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años18. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».

33. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección19, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 812
del 2003.

2.3.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional

34. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores20. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos

18 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación

47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20
Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
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laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.

35. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.

36. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 21, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación22 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.

23
37. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.

38. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199424 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban

21
Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
22
Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
24
«Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».

15

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.

39. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo
se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.

40. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria,
pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales
de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene
justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia
citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 25 y luego
en el artículo 105 de la Ley 115 de 199426; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados
públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos
laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que
históricamente se han pretendido eliminar27. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.

41. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:

25
El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
26 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
27
En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.

Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores».

42. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.

43. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado28, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)

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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».

44. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»29. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»30.

45. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.

46. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.

47. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la

29 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
30 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:

05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.

18

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.

48. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación31, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.

49. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200332 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.

50. En efecto, el artículo 2333 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
32
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
33
«Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.

Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».

19

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2434 y 5735 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.

51. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».

2.3.4. Compatibilidad pensional de los docentes

52. Desde 1886 el constituyente estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público, en ese sentido la norma constitucional
disponía:

«Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes» [Se resalta].

53. Como se advierte de la disposición en cita, el constituyente previó la posibilidad
de que se establecieran excepciones a la prohibición contenida en el artículo 64, las
cuales inicialmente fueron «determinadas» por el presidente de la República, quien
en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 196036,
dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que provengan de establecimientos
docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo37».
Esta excepción fue reiterada en artículo 32 del Decreto 1042 de 1978.

54. Asimismo, el legislador extraordinario a través del Decreto 224 de 197238, incluyó

34
«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
35
«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
36
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
37
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
38
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.

20

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

de manera expresa dentro de las mencionadas salvedades, la compatibilidad entre
la pensión y el ejercicio docente, así:

«Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y
cinco (65) años de edad.» [Se resalta]

55. Posteriormente, con ocasión del cambio de régimen constitucional de 1991, se
mantuvo la mencionada prohibición de recibir simultáneamente más de una
erogación del erario en los siguientes términos:

«Articulo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.»

56. Ahora bien, la anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a
través de la Ley 4 de 1992, la cual en su artículo 19 dispuso:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:

[…]

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]» [Se resalta]

57. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó39:

«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

39
Sentencia del 6 de marzo de 2003. Radicado: 05001-23-31-000-1995-01799-01 (Radicado interno:
1577-2001). Consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado.

21

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]» [se resalta].

58. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:

58.1. i)
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del
Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].

58.2. ii) El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « […] [e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones
será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y

58.3. iii) El artículo 19 de Ley 344 de 199640 dispuso:

«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»

59. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por una
de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir la
edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán disfrutar
de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin embargo,
nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes oficiales, por

40
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

22

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:

«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.» [Se resalta]

60. Adicional a lo expuesto, se advierte que en los decretos a través de los cuales el
gobierno nacional41 «modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y
directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se
dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal», de manera
expresa se reitera la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un
empleo público, pero se mantiene la excepción en relación con «las asignaciones
de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992», lo que permite evidenciar la vigencia
de la compatibilidad entre el salario y la pensión de quienes desarrollan una labor
docente.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

61. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

61.1. Juan Alfredo Rincón Rincón nació el 13 de noviembre de 196342.

61.2. La oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
liquidó el bono pensional tipo A del demandante, el 3 de marzo de 1999, en los
siguientes términos:

«Sector público sin afiliación al ISS (total o parcialmente)
Contraloría General de Boyacá
Nov/1983 Ingreso

41
Por ejemplo: decretos 887 de 2023, 284 de 2024 y 596 de 2025.
42 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada:
3_ED_002Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3. Según las copias de la cédula de ciudadanía y el registro
civil de nacimiento, folios 35 y 36.

23

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

Ago71985 Retiro $17.700
Ene/1986 Ingreso
Nov/1987 Retiro $28.600
Caja de previsión social de Boyacá
Abr/1989 Ingreso
Dic/1990 Retiro $69.031 (…)
Liquidación del bono
Modalidad 2
[…] Base $86.940 en 17/Dic/1990
tiempo trabajado: 1.868 días, 266.85 semanas (sin traslapos)
(ilegible)
Valor del bono a 01/ene/1995 $3´546.000».

61.3. En la Orden de prestación de servicios 1414 del 15 de septiembre de 1999, la
gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá y el demandante
pactaron la prestación de sus servicios profesionales como licenciado en idiomas
en el Instituto Integrado Nacionalizado Guillermo León Valencia, de Duitama
[Boyacá], cuyo valor mensual del contrato fue «el equivalente a la categoría que acredite
en el escalafón nacional docente, título profesional y técnico, por concepto de honorarios»,
con vigencia desde el 15 de septiembre de 1999 hasta el 26 de noviembre de 1999.
Con certificado de disponibilidad presupuestal 2943 del 16 de septiembre de 1999.

61.4. El 17 de septiembre de 1999, la rectora y la secretaria del Instituto Integrado
Nacionalizado Guillermo León Valencia de Duitama [Boyacá] constataron que el
demandante asistió el 15 de septiembre de 1999 en la Rectoría del plantel como
profesor de tiempo completo. El 27 y 28 de septiembre de 1999 el director de núcleo,
la rectora y la secretaria del Instituto Integrado suscribieron constancias del periodo
de duración [15 de septiembre y el 26 de noviembre de 1999] de la OPS 1414.

61.5. Mediante la Orden de prestación de servicios 508 del 4 de febrero de 2000, la
gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá y el demandante
pactaron la prestación de sus servicios profesionales como licenciado en idiomas
en el Instituto Integrado Nacionalizado Guillermo León Valencia, de Duitama
[Boyacá], cuyo valor mensual del contrato fue «el equivalente a la categoría que acredite
en el escalafón nacional docente, título profesional o técnico, por concepto de honorarios»,
con vigencia desde el perfeccionamiento hasta el 9 de junio de 2000.

61.6. El 7 de febrero de 2000, el director de núcleo educativo de Duitama [Boyacá]
suscribió constancia en la cual indicó que el 4 de febrero de 2000 se presentó el
demandante en el Instituto Integrado Nacionalizado Guillermo León Valencia en
virtud de la Orden de servicio 508. En términos similares fueron proferidas [el 10 y
el 24 de febrero de 2000] las constancias suscritas por la rectora y la secretaria del
plantel, en las cuales indicaron que el periodo de duración del contrato fue desde el
4 de febrero hasta el 9 de junio de 2000.

24

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

61.7. Mediante la Orden de prestación de servicios 1283 del 10 de julio de 2000, la
gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá y el demandante
pactaron la prestación de sus servicios profesionales como licenciado en idiomas
en el Instituto Integrado Nacionalizado Guillermo León Valencia, de Duitama
[Boyacá], cuyo valor mensual del contrato fue «el equivalente a la categoría que acredite
en el escalafón nacional docente, título profesional o técnico, por concepto de honorarios»,
con vigencia «a partir de la fecha de su perfeccionamiento, hasta el 01 de diciembre del año
2000».

61.8. El
10 de julio de 2000, la rectora y la secretaria del Instituto Integrado
Nacionalizado Guillermo León Valencia de Duitama [Boyacá] constataron que el
demandante asistió ese 10 de julio a la Rectoría del plantel como profesor de tiempo
completo, en virtud de la OPS 1283. El 10 de julio de 2000 el director de núcleo de
desarrollo educativo de Duitama suscribió la constancia del inicio del periodo
contractual.

61.9. Mediante la Orden de prestación de servicios 259 del 12 de febrero de 2001, la
gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá y el demandante
pactaron la prestación de sus servicios profesionales como licenciado en idiomas
en la Escuela Normal Superior de Socha [Boyacá], cuyo valor mensual del contrato
fue «el equivalente a la categoría que acredite en el escalafón nacional docente, título
profesional o técnico, por concepto de honorarios», con vigencia «a partir de la fecha de su
perfeccionamiento, hasta el 15 de junio del año 2001».

61.10. El 14 de febrero de «2000», el rector de la Escuela Normal Superior de Socha
[Boyacá] constató que el demandante asistió el 13 de febrero de 2001 a la Rectoría
del plantel como profesor de tiempo completo, en virtud de la OPS 259 y que el
periodo de duración contractual se extendió hasta el 15 de junio de 2001.

61.11. El 15 de febrero de 2001, el director de núcleo de desarrollo educativo de
Socha [Boyacá] suscribió el acta de presentación de un docente en esa
dependencia en la cual indicó que el 13 de febrero de 2001 el demandante se
presentó «para prestar sus servicios en materia educativa en el establecimiento ‘INSTITUTO
INTEGRADO PEDRO JOSÉ SARMIENTO’ del municipio de Socha, en la especialidad de licenciado
en Idiomas». Asimismo, el 28 de marzo de 2001, el rector de la Escuela Normal
Superior de Socha [Boyacá] certificó que el demandante laboró en ese establecimiento
como profesor por OPS desde el 13 de febrero hasta el 9 de marzo de 2001.

61.12. Mediante la Orden de prestación de servicios 0981 del 1° de febrero de 2002,
la gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá y el demandante
pactaron la prestación de sus servicios profesionales como profesor de primaria en

25

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

Con. Urb. Policarpa Salavarrieta en Toca [Boyacá], cuyo valor anual del contrato fue
«($7’166.310) por concepto de honorarios, que serán cancelados por mensualidades, previa
certificación de cumplimiento de la prestación del servicio», con vigencia «a partir del 01 de
febrero hasta el 30 de noviembre de 2002».

61.13. El 28 de febrero de 2002, la directora de la Concentración Urbana Policarpa
Salavarrieta constató que el demandante laboró en esa institución desde el 4 de
febrero de 2002, en el horario de 7:20 am. a 12:50 pm. Asimismo, el director de
núcleo de desarrollo educativo de Toca [Boyacá], el 4 de febrero de 2002, suscribió
el acta de presentación en la cual indicó que el demandante manifestó que fue
autorizado para prestar sus servicios como docente de primaria en el mencionado
plantel.

61.14. El 17 de julio de 2002, el demandante fue notificado de la cancelación de la
orden de servicios como docente en la Concentración Urbana Policarpa Salavarrieta
de Toca [Boyacá], a partir del 21 de junio de 2002.

61.15. Mediante la Orden de prestación de servicios 1576 del 17 de julio de 2002, la
gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá y el demandante
pactaron la prestación de sus servicios profesionales como profesor de tecnología
e informática en el Colegio Plinio Mendoza Neira de Toca [Boyacá], cuyo valor anual
del contrato fue «($3’579.214) por concepto de honorarios, que serán cancelados por
mensualidades, previa certificación de cumplimiento de la prestación del servicio», con
vigencia «a partir del 16 de julio hasta el 30 de noviembre de 2002».

61.16. El 3 de septiembre de 2002, la rectora y la secretaria del Colegio Nacionalizado
Plinio Mendoza Neira de Toca [Boyacá] constataron que el demandante prestó sus
servicios en ese plantel como docente de tiempo completo en el área de idiomas a
partir del 18 de julio de 2002, en virtud de la OPS del 17 de julio de 2002.

61.17. Mediante la Orden de prestación de servicios 1484 del 11 de febrero de 2003,
la gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá y el demandante
pactaron la prestación de sus servicios profesionales como profesor de informática
en el Colegio Nacionalizado Plinio Mendoza Neira de Toca [Boyacá], cuyo valor
anual del contrato fue «($8’182.912) por concepto de honorarios, que serán cancelados por
mensualidades, previa certificación de cumplimiento de la prestación del servicio», con
vigencia «a partir del 7 de febrero al 30 de noviembre de 2002». Asimismo, el 7 de febrero
de 2003 fue proferido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1111 de la vigencia
fiscal de 2003. La OPS 1484 fue prorrogada desde el 1° hasta el 12 de diciembre de
2003, con el fin de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio educativo [según
el documento de autorización de prórroga suscrito por la secretaria de educación de
Boyacá].

26

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

61.18. El 12 de febrero de 2003, la rectora y la secretaria del Colegio Nacionalizado
Plinio Mendoza Neira suscribieron el acta de presentación del docente el 11 de
febrero de ese año, con el fin de iniciar labores de tiempo completo en el área de
informática, en virtud de la OPS 1484. Lo anterior fue certificado por el director de
núcleo de desarrollo educativo de Toca [Boyacá], el 17 de febrero de 2003.

61.19. El 24 de febrero de 2003, la rectora del Colegio Nacionalizado Plinio Mendoza
le informó al secretario de educación de Boyacá que regresaba la orden de trabajo
dada al docente licenciado en idiomas y especialista en literatura y semiótica «quien
habían comisionado para el área técnica de informática, al Colegio Técnico Nueva Colombia
antes Colegio Nacionalizado Plinio Mendoza Neira del Municipio de Toca». Según el acta de
presentación 17 el demandante se presentó en el despacho de la rectora del Liceo
Nacional José Joaquín Casas de Chiquinquirá (Boyacá), en el área de idiomas, en
virtud de la OPS 1484, «Esta orden de prestación de servicios tendrá vigencia a partir del 7
de febrero al 30 de noviembre de 2003».

61.20. El 25 de febrero de 2003, la rectora del Colegio Técnico Nueva Colombia de
Toca [Boyacá] constató que el docente prestó sus servicios en el plantel de tiempo
completo desde el 11 al 24 de febrero de 2003.

61.21. Según consta en el formato 1 para la expedición de certificado de historia
laboral, proferido el 25 de abril de 2019 por el departamento de Boyacá, el
demandante ejerció el cargo de auxiliar de servicios generales, en la Caja de
Previsión Social de Boyacá, entre el 19 de abril de 1989 y el 28 de diciembre de
1990, periodo durante el cual fueron realizados aportes a la Caja de Previsión Social
de Boyacá.

61.22. Según consta en el formato 1 para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido el 29 de abril de 2019 por la Contraloría General de Boyacá, el
demandante acreditó el siguiente tiempo de servicio en el sector público
departamental o distrital, [fecha en que entró en vigencia el SGP para este
empleador 30/6/1996]:

Periodos de vinculación Entidad Cargo La entidad a la cual
laboral empleadora se realizaron los
aportes
Desde el 18 de noviembre de Contraloría
Caja de previsión
1983 hasta el 2 de agosto de General de Secretario VI-2
social
1985 Boyacá
Desde el 10 de febrero de Contraloría
Caja de previsión
1986 hasta el 5 de General de Certificador VI-3
social
noviembre de 1987 Boyacá

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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

61.23. La secretaria de educación de Duitama [Boyacá], el 6 de mayo y el 17 de
diciembre de 2019, mediante formato único para la expedición de la historia laboral,
certificó que el demandante ejerció como docente de secundaria, en provisionalidad,
con tipo de vinculación nacional, en el Colegio Guillermo León Valencia de Duitama,
desde el 29 de abril de 2004 [nombramiento mediante el Decreto 150 del 23 de abril
de 2004] hasta el 16 de enero de 2006.

Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta Total
Ing. y Reing.
Colegio Guillermo León 2 meses, 12
Otro [OPS 1414] 15-09-1999 26-11-1999
Valencia días
Duitama (Boyacá)
Retiro [Terminación del
Otro 1414 26-11-1999
contrato/Sin aportes]
Ing. y Reing.
Colegio Guillermo León 4 meses, 12
Otro [OPS 508] 04-02-2000 09-06-2000
Valencia días
Duitama (Boyacá)
Retiro [Terminación del
Otro 508 15-06-2000
contrato/Sin aportes]
Ing. y Reing.
Colegio Guillermo León 4 meses, 22
Otro [OPS 1283] 10-07-2000 01-12-2000
Valencia días
Duitama (Boyacá)
Retiro [Terminación del
Otro 1283 01-12-2000
contrato/Sin aportes]
Ing. y Reing.
Colegio Guillermo León 25 días
Otro [OPS 259] 13-02-2001 09-03-2001
Valencia
Duitama (Boyacá)
Retiro [Terminación del
Otro 259 09-03-2001
contrato/Sin aportes]
Ing. y Reing.
Sección Policarpa Otro [OPS 981] 04-02-2002 30-06-2002 4 meses, 6
Salavarrieta Toca (Boyacá) días
Retiro [Terminación del
Otro «901» 09/06/2002
contrato/Sin aportes]
Ing. y Reing.
IE. Plinio Mendoza Neira Otro [OPS 1576] 18-07-2002 30-11-2002 4 meses, 13
Toca (Boyacá) días
Retiro [Terminación del
Otro 1576 30-11-2002
contrato/Sin aportes]

28

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

Ing. y Reing.
IE. Liceo Nacional José 10 meses, 2
Otro [OPS 1484] 11-02-2003 12-12-2003
Joaquín Casas días
Chiquinquirá (Boyacá)
Retiro [Terminación del
Otro 1484 11-02-2003
contrato/Sin aportes]

Ing. y Reing.
1 año, 9
Colegio Guillermo León Decreto 150
29-04-2004 16-01-2006 meses, 17
Valencia 23-04-2004
días
Duitama (Boyacá)

Ing. y Reing.
I.E. Liceo Nacional José Decreto 646 13 días, 8
19-04-2006 31-12-2006
Joaquín Casas – Sede 17-04-2006 meses
Chiquinquirá (Boyacá)
Cambios de sueldo
Liceo Nacional José 1 año
01-01-2007 31-12-2007
Joaquín Casas
Chiquinquirá (Boyacá)
Cambios de sueldo
Liceo Nacional José Decreto 714 6 meses, 29
01-01-2008 29-07-2008
Joaquín Casas 06-03-2008 días
Chiquinquirá (Boyacá)
Decreto 1293
Retiro 29-07-2008
30-07-2008
Ing. y Reing. Periodo de
prueba Decreto 1087 1 mes
01-08-2008 31-08-2008
Esc Capilla N 09-07-2008
Villa de Leyva (Boyacá)
Cambios
Decreto 714
Esc. Capilla N 01-09-2008 31-12-2008 4 meses
06-03-2008
Villa de Leyva (Boyacá)
Cambios
Decreto 1238
Esc. Capilla N 01-01-2009 31-10-2009 10 meses
13-04-2009
Villa De Leyva (Boyacá)
Cambios
I.E. Luis Carlos Galán – 8 días
01-11-2009 08-11-2009
Sede principal
Villa De Leyva (Boyacá)
Continuidad Nom
Propiedad 1 mes, 23
Decreto 2907
I.E. Luis Carlos Galán – 09-11-2009 31-12-2009 días
09-11-2009
Sede principal
Villa De Leyva (Boyacá)
Cambios de sueldo
I.E. Luis Carlos Galán – Decreto 2940 7 meses
01-01-2010 31-07-2010
Sede principal 05-08-2010
Villa De Leyva (Boyacá)

29

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

Continuidad
I.E. Luis Carlos Galán – Decreto 1367-1369 5 meses
01-08-2010 31-12-2010
Sede principal 26-04-2010
Villa De Leyva (Boyacá)
Cambios de sueldo
I.E. Luis Carlos Galán – Decreto 1055-1027 1 año
01-01-2011 31-12-2011
Sede principal 04-04-2011
Villa De Leyva (Boyacá)
Cambios de sueldo
I.E. Luis Carlos Galán – Decreto 826-827 1 año
01-01-2012 31-12-2012
Sede principal 25-04-2012
Villa De Leyva (Boyacá)
Cambios de sueldo
I.E. Luis Carlos Galán – Decreto 1001-1002 1 año
01-01-2013 31-12-2013
Sede principal 21-05-2013
Villa De Leyva (Boyacá)
Cambios de sueldo
I.E. Luis Carlos Galán – Decreto 171-172 1 año
01-01-2014 31-12-2014
Sede principal 07-02-2014
Villa De Leyva (Boyacá)
Cambios de sueldo
I.E. Luis Carlos Galán – Decreto 1092-1116 1 año
01-01-2015 31-12-2015
Sede principal 26-05-2015
Villa De Leyva (Boyacá)
Cambios de sueldo
I.E. Luis Carlos Galán – Decreto 120-122 1 año
01-01-2016 31-12-2016
Sede principal 26-01-2016
Villa De Leyva (Boyacá)
Cambios de sueldo
I.E. Luis Carlos Galán – Decreto 980-982 6 meses, 10
01-01-2017 10-07-2017
Sede principal 09-06-2017 días
Villa De Leyva (Boyacá)
Ascensos
I.E. Luis Carlos Galán – Resolución 006455 5 meses, 21
11-07-2017 31-12-2017
Sede principal 12-09-2017 días
Villa De Leyva (Boyacá)
Cambios de sueldo
I.E. Luis Carlos Galán – Decreto 316-317 1 año
01-01-2018 31-12-2018
Sede principal 19-02-2018
Villa De Leyva (Boyacá)
Cambios de sueldo
I.E. Luis Carlos Galán – Decreto 1016-1017
01-01-2019
Sede principal 06-06-2019
Villa De Leyva (Boyacá)
Tiempo total 14 años, 3 meses, 16 días

61.24. El 19 de julio de 2019, fue expedida la certificación electrónica de tiempos
laborados, mediante la cual se indicó que el demandante trabajó en el Ministerio de
Justicia, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, entre el 4 de julio de

30

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

1991 y el 29 de diciembre de 1992, entre el 30 de diciembre de 1992 y el 20 de
marzo de 1995 con el tipo de vinculación laboral, como empleado público, en el
cargo de auxiliar administrativo, cuyo fondo de aporte fue la Caja Nacional de
Previsional43.

61.25. El 3 de enero de 2020, la Secretaría Educación de Boyacá certificó los salarios
devengados por el demandante, en calidad de docente de secundaria, en
propiedad, a tiempo completo, con régimen nacional, durante el periodo
comprendido entre abril de 2011 y diciembre de 2019. Con aportes realizados al
Fondo prestacional del magisterio.

61.26. El 21 de enero de 2020, el demandante solicitó el reconocimiento de la pensión
de jubilación y el 19 de mayo de 2020, mediante la Resolución 2026 el secretario
de educación de Boyacá negó por improcedente la prestación, con fundamento en
que «NO PROCEDE EL PAGO DE LA PRESTACIÓN […] Dar aplicación del precedente
jurisprudencial de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del Consejo de Estado.
Después de la vigencia de la Ley 812 de 2003, se tomarán los contemplados en Ley 1158
de 1994 […]

De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, los docentes
que se vinculen a partir del 27 de junio de 2003, tendrán derechos pensionales del régimen
de prima media con prestación definida establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
y deberán cumplir con los requisitos, con excepción de la edad de pensión de vejez que
será de 57 años para hombres y mujeres […]

Por otra parte, las cuotas partes entre entidades territoriales y entre entidades nacionales y
territoriales siguen vigentes y no son objeto de supresión contable, por lo que frente a estas
se debe continuar con el procedimiento vigente.

-Consulta de cuota partes: Los docentes a los que se le realizaron aportes en entidades del
orden territorial se consulta cuota parte dando aplicación al artículo 2 de la Ley 33 de 1985.
La docente tiene tiempos de servicios con la Contraloría de Boyacá, Gobernación de
Boyacá y el Inpec. No se evidencia consulta alguna de cuota parte. Se niega la aprobación
del proyecto de resolución por cuanto no hubo consulta de cuota parte y esto da lugar
también a determinar si tiene las 1.300 semanas requeridas» [sic].

2.4.2. Análisis sustancial

62. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, negó las
pretensiones al considerar que el demandante no era beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 812 de 2003, porque ostentó una vinculación legal y

43 En adelante Cajanal.

31

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

reglamentaria en el 2004, toda vez que no era posible computar las vinculaciones a
la docencia con ocasión de contratos de prestación de servicios, pues no se
efectuaron aportes a pensión.

63. El demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, al
considerar que tenía derecho a que le fueran computadas para efectos del
reconocimiento pensional las vinculaciones que ostentó a través de órdenes de
prestación de servicios sin que se requiriera la declaratoria de la existencia de una
relación laboral.

2.4.2.1. En cuanto a la posibilidad de computar para el reconocimiento
pensional el tiempo de servicios que los docentes prestaron a través de
órdenes o contratos de prestación de servicios

64. De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para esta Subsección es claro que por virtud de los principios de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine, el
tiempo de servicio que los docentes prestaron con ocasión de una vinculación
contractual debe ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación, sin diferenciar el régimen pensional que rija su situación.

65. Lo anterior porque como lo ha sostenido esta Corporación, en aquellos casos en
los que los docentes prestaron sus servicios con ocasión de una vinculación
diferente de la legal y reglamentaria fueron desconocidas disposiciones legales y
reglamentarias, así como los derechos mínimos e irrenunciables de estos
trabajadores, pues no se les reconocieron las prestaciones propias de los
empleados públicos.

66. En línea con lo anterior, se encuentra pertinente recordar lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia con la que declaró inexequibles las normas que
autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de prestación de
servicios44:

«No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del
Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de
acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en
cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las
dos formas.

A esta posibilidad se oponen varias consideraciones. El ejercicio permanente de una
función pública, como ocurre con los "docentes temporales", no sólo se revela en el afán
del legislador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su

44
Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.

32

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la
ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).

A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la
función pública (CP art. 125).

Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no
confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo
que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad
no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art.
13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna
arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en
la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta,
comparten una misma naturaleza y características45».

67. En consonancia, se concluye que existe una «prohibición constitucional» de
vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de contratos de
prestación de servicios. Por lo que excluir de la transición prevista en la Ley 812 de
2003, a quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de una relación
contractual, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que, conllevaría a una
interpretación desfavorable con sustento en una situación que, como se explicó
anteriormente, se aparta de las normas constitucionales, esto es, la vinculación de
docentes a través de un contrato.

68. Así las cosas, las vinculaciones contractuales que ostentó el docente entre los
años 1999 y 2003 serán tenidas en cuenta para verificar el cumplimiento de las
exigencias para el reconocimiento de la prestación de jubilación, en tanto, se insiste,
la falta de vinculación como empleados públicos a través de una relación legal y
reglamentaria obedeció al incumplimiento de un deber legal por parte del Estado,
que no puede ser utilizado para afectar sus derechos laborales mínimos e
irrenunciables.

2.4.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003

69. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social […]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional46», con

45
Corte Constitucional sentencia C-555 de 1994.
46 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.

33

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

excepción de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, esto es los docentes oficiales.

70. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin embargo,
el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese momento
habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de transición,
según el cual, esta reforma solo les sería aplicables a quienes a partir del 26 de
junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.

71. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [Se resalta].

72. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 26 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.

73. En esa línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-014 -
CE-S2 de 25 de abril de 201947, precisó que para efectos de establecer el régimen
prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i) quienes
se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 [fecha de entrada en
vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a los
servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen pensional de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del
requisito de la edad.

74. De acuerdo con lo anterior y con la orden de prestación de servicios 1414 del 15
de septiembre de 1999, la constancia suscrita el 17 de septiembre de 1999, por la

47
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

34

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

rectora y la secretaria del Instituto Integrado Nacionalizado Guillermo León Valencia
de Duitama [Boyacá] y la certificación proferida por la secretaria de educación de
Duitama [Boyacá], el 6 de mayo y el 17 de diciembre de 2019, mediante el formato
único para la expedición de la historia laboral, fue acreditado el único requisito
previsto por el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 para ser beneficiario de la transición
prevista en esa disposición, esto es, una vinculación al servicio educativo oficial
previa a su entrada en vigor.

75. Al respecto, se advierte que el a quo concluyó que «la no cotización de aportes al
sistema general de seguridad social en pensiones, durante el interregno en el que prestó
sus servicios como docente entre 1996 y 2003, no permite otorgarle el derecho a que la
liquidación de su pensión de jubilación de realice conforme a las Leyes 3 y 62 de 1985,
siempre y cuando cumpliera con los requisitos adicionales de edad -55 años- y tiempo de
servicios cotizados -20 años-. Lo cual no se logra verificar».

76. En relación con lo anterior, se encuentra que dicha interpretación no tiene asidero
para la sala, en primer lugar, puesto que la norma de manera expresa señala que
el «régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley», es decir, lo que determina quiénes son beneficiarios de esta
prerrogativa es el ejercicio de la docencia oficial y no la realización de aportes.

77. En suma, lo que le permite a Juan Alfredo Rincón Rincón mantener el régimen
pensional del cual eran beneficiarios los empleados públicos del orden nacional
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, no son los aportes sino las
vinculaciones que ostentó como docente oficial [sin diferenciar la fuente de esta]
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Asimismo, se advierte que
el régimen prestacional aplicable en el sub judice es el de la Ley 33 de 1985, puesto
que pretende dicho reconocimiento con base en el tiempo de servicios que prestó
en el sector público.

2.4.2.1. En torno a la verificación de los requisitos previstos en el régimen de
pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985

78. Como se explicó en líneas anteriores, para el reconocimiento de la prestación de
jubilación de los docentes a quienes su situación pensional se rige por lo dispuesto
en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, deben acreditar 55 años de edad y 20 años
de servicios.

79. En cuanto al requisito de la edad: Juan Alfredo Rincón Rincón nació el 13 de
noviembre de 1963, por lo que en la fecha en la que presentó ante la entidad

35

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

demandada la solicitud de reconocimiento pensional [21 de enero de 2020], contaba
con más de 55 años de edad.

80. En cuanto al tiempo de servicio: en el expediente, el demandante acreditó el
siguiente tiempo de servicio, de conformidad con las pruebas relacionadas en el
capítulo de hechos probados:

80.1. Con ocasión de órdenes de prestación de servicios, como docente, 2 años, 7
meses y 2 días, así: i) entre el 15 de septiembre de 1999 y el 26 de noviembre de
199948: 2 meses y 12 días; ii) entre el 4 de febrero de 2000 y el 9 de junio de 200049:
4 meses, 12 días; iii) entre el 10 de julio y el 1º de diciembre de 200050: 4 meses y
22 días; iv) entre el 13 de febrero y el 9 de marzo de 2001: 25 días 51; v) entre el 4
de febrero y 30 de junio de 2002: 4 meses, 6 días52; vi) entre el 18 de julio y el 30
de noviembre de 200253: 4 meses, 13 días; vii) entre el 11 de febrero y el 12 de
diciembre de 200354: 10 meses, 2 días.

80.2. Con ocasión de vinculaciones legales y reglamentarias, 21 años, 6 meses y 11
días: i) en la Contraloría General de Boyacá entre el 18 de noviembre de 1983 y el
2 de agosto de 1985: 1 año, 8 meses y 14 días55 y entre el 10 de febrero de 1986 y
el 5 de noviembre de 1987: 1 año, 8 meses y 25 días56; ii) en el departamento de
Boyacá entre el 19 de abril de 1989 y el 28 de diciembre de 1990: 1 año, 8 meses y
9 días57 y en calidad de docente entre el 29 de abril de 200458 y el 22 de septiembre
de 2020 [fecha de la presentación de la demanda]59: 16 años, 4 meses y 23 días.

81. Así las cosas, el demandante adquirió el estatus pensional el 13 de noviembre
de 2018, fecha en la que cumplió 55 años de edad y contaba con 22 años, 3 meses
y 4 días de servicio60. En ese orden se desvirtuó la presunción de legalidad del acto

48 En virtud de las certificaciones proferidas por la secretaria de educación de Duitama [Boyacá], el

6 de mayo y el 17 de diciembre de 2019, mediante formato único para la expedición de la historia
laboral, las órdenes de prestación de servicios y las actas contractuales. Párrafos 61.3, 61.4, 61.22.
49 Párrafos 61.5, 61.6, 61.23.
50 Párrafos 61.7, 61.8, 61.23.
51 Párrafos 61.9, 61.11, 61.23.
52 Párrafos 61.12, 61.14, 61.23.
53 Párrafos 61.15, 61.16, 61.23.
54 Párrafos 61.17, 61.18, 61.23.
55 Párrafo 61.22
56 Párrafo 61.22.
57 Párrafo 61.21.
58 Párrafo 61.23.
59 Índice 1 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá.
60 22 años, 3 meses y 4 días de servicio, así: i) tiempo laborado con ocasión de órdenes de prestación

de servicios: 2 años, 7 meses, 2 días + ii) tiempo laborado con ocasión de vinculaciones legales y
reglamentarias: 21 años, 6 meses, 11 días [sin embargo, de este tiempo solo se contará hasta el 13
de noviembre de 2018].

36

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

demandado, puesto que se advierte que contrario a la decisión que adoptó el Fomag
a través de este, la situación pensional de Juan Alfredo Rincón Rincón se regía por
las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985, en tanto era beneficiario del
régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003, y acreditó los requisitos
previstos en dichas normas para el reconocimiento de la prestación de jubilación.

82. Además de lo anterior, el reconocimiento pensional se rige por las siguientes
reglas: i) una tasa de remplazo del 75% y ii) el ingreso base de liquidación se
determinará con base en lo devengado durante el año anterior a la fecha en la que
adquirió el estatus, con la inclusión de los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, estos son, asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio. Asimismo, deberán incluirse aquellos creados por la autoridad
competente como factor salarial para efectos pensionales y que haya devengado el
docente durante el periodo que se tendrá en cuenta para la liquidación.

83. Por lo que se ordenará al Fomag efectuar el reconocimiento a Juan Alfredo
Rincón Rincón, de una pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, esto es con el 75% del salario devengado durante
el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la inclusión de los factores
salariales que debieron servir de base de cotizaciones, de conformidad con lo
previsto en la Ley 62 de 1985, así como los creados a favor de los docentes con
posterioridad a esta disposición que tengan carácter prestacional.

84. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, la caja
de previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos», por lo que se exhortará al Fomag
para que efectúe las gestiones necesarias con el fin de adelante ante las entidades
de previsión, los municipios de Duitama, Toca y Chiquinquirá y el departamento de
Boyacá con el fin de que la prestación sea financiada con los aportes que se
debieron efectuar durante toda la vida laboral del docente.

85. Ahora bien, como se explicó en líneas anteriores, el personal docente se
encuentra exceptuado de la prohibición de devengar doble asignación del erario, en
el entendido de que el reconocimiento y disfrute de la pensión no se encuentra
supeditado al retiro del servicio, es decir, están habilitados para percibir la mesada
pensional y continuar ejerciendo el cargo de docente hasta que llegue a la edad de
retiro forzoso. En ese orden, en el caso en estudio, Juan Alfredo Rincón Rincón
tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión, de acuerdo con las

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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

disposiciones contenidas en las leyes 33 y 62 de 1985, a partir de la fecha en la que
adquirió el estatus pensional, esto es, del 13 de noviembre de 2018, sin que debiera
acreditar el retiro del servicio.

86. Finalmente, según las normas aplicables al caso concreto en torno a la
configuración del fenómeno jurídico de la prescripción, encuentra la sala que el
demandante adquirió el estatus pensional el 13 de noviembre de 2018 y presentó la
solicitud de reconocimiento de la prestación el 22 de septiembre de 2020, por lo que
interrumpió el término de prescripción, de conformidad con lo previsto en los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en
consecuencia no se configuró el fenómeno de la prescripción.

87. Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada en cuanto negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar se anulará la Resolución 2026 del 19 de
mayo de 2020, a través de la cual se negó el reconocimiento pensional. A título de
restablecimiento del derecho se condenará a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y
pagar al demandante pensión de jubilación con el 75% del promedio de lo
devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la
inclusión de los factores salariales que debieron servir de base de cotización, de
conformidad con lo previsto en la Ley 62 de 1985, así como los creados a favor de
los docentes con posterioridad a esta disposición que tengan carácter prestacional.

2.5. Costas

88. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

89. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

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Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

90. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma61.

91. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

92. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.

3. Conclusión

93. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las vinculaciones
contractuales que ostentó el docente entre los años 1999 y 2003 debían ser tenidas
en cuenta para verificar el cumplimiento de las exigencias para el reconocimiento
de la prestación de jubilación, en tanto, la falta de vinculación como empleados
públicos a través de una relación legal y reglamentaria obedeció al incumplimiento
de un deber legal por parte del Estado, que no puede afectar sus derechos laborales
mínimos e irrenunciables.

94. En ese orden, en tanto el demandante se vinculó por primera vez al servicio
público educativo oficial el 15 de septiembre de 1999, esto es antes de la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, era beneficiario del régimen de transición previsto
en el artículo 81 de esta, por lo que su situación pensional se regía por las
disposiciones contenidas en las leyes 33 y 62 de 1985.

95. Así las cosas y en la medida en que acreditó más de 55 años de edad y 20 de
servicio, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación,
sin que tenga que acreditar el retiro del servicio.

96. Por lo anterior, se revocará la sentencia apelada en cuanto negó las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, se anulará la Resolución 2026 del 19 de mayo de

61En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

2020, a través de la cual se negó el reconocimiento pensional. A título de
restablecimiento del derecho se condenará a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y
pagar a el demandante pensión de jubilación con el 75% del promedio de lo
devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la
inclusión de los factores salariales que debieron servir de base de cotización, de
conformidad con lo previsto en la Ley 62 de 1985, así como los creados a favor de
los docentes con posterioridad a esta disposición que tengan carácter prestacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión que negó las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en
su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 2026 del 19 de mayo de 2020, por
la cual la Secretaría de Educación de departamento de Boyacá negó al demandante
el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con las disposiciones
contenidas en las leyes 33 y 62 de 1985.

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con las leyes 33
y 62 de 1985, a partir del 13 de noviembre de 2018, con el 75% de lo devengado
durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la inclusión de
los factores salariales que debieron servir de base de cotización, de conformidad
con lo previsto en la Ley 62 de 1985, así como los creados a favor de los docentes
con posterioridad a esta disposición que tengan carácter prestacional.

Cuarto. El pago de la pensión de jubilación reconocida a Juan Alfredo Rincón
Rincón se efectuará a partir del 13 de noviembre de 2018, sin que tenga que
acreditar el retiro del servicio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

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Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Sexto. Exhortar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para
que adelante las gestiones necesarias ante las entidades de previsión, los
municipios de Duitama, Chiquinquirá y Toca y el departamento de Boyacá con el fin
de que la prestación sea financiada con los aportes patronales que se debieron
efectuar durante toda la vida laboral del docente.

Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Octavo. Sin condena en costas en esta instancia.

Noveno. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara Voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02179-01 (6495-2024)
Demandante: Juan Alfredo Rincón Rincón

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

VMT

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