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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02312-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02312-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2020-02312-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2020-02312-01 (3712-2024)
Demandante: Nubia Estella Forero Sánchez
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial.
Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. Fecha de vinculación posterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003. Las cotizaciones efectuadas al entonces
ISS antes de dicha data, que no se deriven de vínculos como
educador estatal, no son válidas para determinar el régimen
aplicable. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintitrés (23) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Nubia Estella Forero Sánchez instauró demanda1 en contra de la Nación
• Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 00315 del 12 de mayo de 2020 expedida
por la Secretaría de Educación de Tunja, por medio de la cual se negó la pensión
de jubilación por aportes.

1 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo:
8_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_SUBSANACIONDEMANDA.

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Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, que se reconozca una
pensión de jubilación equivalente al 75% de los emolumentos percibidos antes del
cumplimiento del estatus jurídico, esto es, a partir del 10 de agosto de 2018, cuando
cumplió los 55 años de edad y 1.000 semanas cotizadas; sin que se le exija el retiro
definitivo del cargo.

Que el valor a reconocer sea debidamente indexado, que la entidad demandada
reconozca los intereses moratorios, que sea condenada en costas, y que dé
cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que cuenta con 55 años de edad y realizó aportes al antiguo ISS sumando 429
semanas.

Que fue vinculada por la Secretaría de Educación de Tunja como docente desde el
23 de noviembre de 2005. Que la referida entidad la vinculó en carrera el 31 de
mayo de 2007, y que al menos hasta la presentación de la demanda ha
desempeñado sus labores en el servicio educativo.

Que tiene derecho a la pensión de jubilación por aportes conforme se establece en
la Ley 812 de 2003 y en la Ley 71 de 1988, en compatibilidad con el salario.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Consideró vulnerados los artículos: 7 de la Ley 71 de 1988; 15 numerales 1 y 2 de
la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la
Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003, y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

Expresó que, a los docentes vinculados antes del 2003 les aplica la Ley 71 de 1988,
bien sea como trabajadores privados, o prestando el servicio público o privado con
aportes al antiguo ISS.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 29 de noviembre de 2022 fue admitida la demanda2, la cual se notificó a la Nación
– Ministerio de Educación – FOMAG, quien contestó3 que el régimen aplicable a
la parte actora, en consideración a su fecha de vinculación (23 de noviembre de
2005), corresponde al contenido en la Ley 100 de 993 y Ley 797 de 2003, y que,
para el 1.º de abril de 1994 tenía aproximadamente 30 años de edad y no contaba

2 Ibid, archivo: 11_AUTOADMITEDEMANDASISTEMAORAL.
3 Ibid, archivo: 13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda_Indice_20_1.

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con 15 años de servicio, por lo que no es beneficiaria del régimen de transición.
Propuso como excepción la que denominó «legalidad del acto administrativo
demandado».

El 19 de enero de 20244 el tribunal de origen consideró procedente dar aplicación a
la figura de la sentencia anticipada del artículo 182 A, por tanto, fijó el litigio,
incorporó las pruebas documentales allegadas al expediente, y en cuanto a la
solicitud de la demandada de requerir a la entidad territorial para que remitiera los
antecedentes administrativos, se abstuvo de ordenarlo. Corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión, y al Ministerio Público para que presentara concepto, si
a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 23 de febrero de 2024,
negó las pretensiones. Expresó que la actora no tiene derecho al reconocimiento de
la pensión en los términos de la Ley 71 de 1988 porque al 26 de junio de 2003 no
se encontraba afiliada al FOMAG ni demostró una vinculación anterior a dicha fecha.

Que si bien realizó cotizaciones al ISS entre el 28 de enero de 1988 y el 30 de enero
de 2006, equivalentes a 903,14 semanas que correspondieron a sus vínculos en el
sector privado, lo cierto es que su afiliación por primera vez al FOMAG fue a partir
del 23 de noviembre de 2005 en virtud del nombramiento efectuado mediante
Decreto 944 del 24 de octubre de 2005, esto es, con posterioridad al 26 de junio de
2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812.

Que dentro de las oportunidades procesales previstas, la demandante no aportó
prueba que acreditara la prestación del servicio en la Escuela Urbana de Motavita
ni en la Concentración Alianza del municipio de Chiquinquirá, vínculos mencionados
por la misma en sus alegatos de conclusión.

Sin condena en costas.

RECURSO DE APELACIÓN6

La demandante interpuso recurso de apelación. Afirmó que tiene más de 20 años o
1000 semanas de cotización a pensión considerando las 903,14 semanas cotizadas
junto con el servicio prestado en la Escuela Urbana Motavita desde el 1.° de
septiembre de 1987 hasta el 30 de septiembre de 1987, en la Concentración Alianza
del municipio de Chiquinquirá del 1.° de noviembre de 1987 al 30 de noviembre de

4 Ibid, archivo: 021_AUTOFIJALITIGIO.
5 Ibid, 028SENTENCIADEPR01020200231200PENSIONPORAPORTESPDF.
6 Ibid, 029_MemorialWeb_Recurso.

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1987, y en la Secretaría de Educación de Tunja desde el 23 de noviembre de 2005
el 24 de julio de 2020, fecha de presentación de la demanda.

Indicó que los documentos que soportan dichos tiempos se encuentran en el
expediente, y que, conforme al artículo 213 del CPACA, el juez pueden decretar
pruebas de oficio para esclarecer la verdad, lo cual reviste especial relevancia al
tratarse de derechos pensionales de una persona de la tercera edad; esto además
por considerar que el departamento de Boyacá respondió a la petición que realizó
sobre el particular, el 28 de agosto de 2023.

Afirmó que demostró una vinculación como docente oficial antes del 27 de junio de
2003, por lo que es beneficiaria del régimen de transición del sector docente previsto
en la Ley 91 de 1989.

En relación con los periodos laborados bajo órdenes de prestación de servicios,
invocó la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual dichos tiempos deben
contabilizarse para efectos pensionales sin necesidad de declarar la existencia de
la relación laboral, pues se presumen configurados los elementos que constituyen
una relación laboral. Añadió que, aun sin las cotizaciones a un fondo de pensiones,
se debe tener en cuenta como tiempo de servicio.

Que la prohibición constitucional de recibir doble asignación por parte del erario no
aplica en el caso de los docentes, ya que el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 mantuvo
las compatibilidades existentes, como la de recibir pensión y salario al mismo
tiempo, sin necesidad de retirarse del servicio.

Anexo al escrito de apelación, aportó pruebas con el fin de sustentar lo expuesto en
el mismo.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 16 de agosto de 20247 se admitió el recurso de apelación y por no haber pruebas
que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio y el Ministerio
Público no emitió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si a la demandante, en su calidad de docente oficial
con acumulación de aportes del sector privado y público, le asiste el derecho al

7 Ver índice 4 de SAMAI.

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reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del FOMAG, según la
Ley 71 de 1988, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales
devengados el año anterior a la adquisición del estatus jurídico respectivo y con
efectividad desde tal fecha sin retiro definitivo del servicio, o si lo propio está
regulado por la Ley 100 de 1993.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación a
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado,8 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados
remisorios de la Ley 91 de 1989.

Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.

Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más
amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 9 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.

Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según
el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones
pendientes de definición y que no se hayan consolidado bajo el fenómeno de cosa
juzgada.

Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el marco
jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación
al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de

8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
9 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a) En

la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»

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junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa relación inicial fue
continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de prestación de servicios,
con un nombramiento legal y reglamentario en provisionalidad, en propiedad o
temporal como una interinidad, así como tampoco si para la mencionada fecha la
reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.

Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones del maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,10 es claro que esta situación corresponde
a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa legítima que tenía el maestro de pensionarse con una
regulación más favorable.

Resolución del caso concreto

Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la normativa
que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer ingreso al
servicio educativo oficial.11

Ahora, se aprecia a partir del reporte de semanas cotizadas al entonces ISS (hoy
Colpensiones),12 que la reclamante realizó aportes a dicha entidad por un total de
903,14 semanas, todas derivadas de relaciones laborales con diferentes
empleadores del sector privado.

Aun así, respecto de dichas cotizaciones comprendidas entre 1988 y 2006, lo cierto
es que no se alegó en la demanda ni se demostró a través de las pruebas que la
actora hubiese aportado a pensión ante esa o alguna otra entidad de previsión, pero
que ello correspondiera a vínculos con autoridades del sector educativo donde
ejerciera la labor docente al menos mediante contratos u órdenes de prestación de
servicios.

Lo que sí se extrae, tras verificarse los certificados de tiempo de servicio n.° 004913
y 034314, es que la demandante fue nombrada inicialmente en período de prueba,

10 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
12 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 3_ED_DEMANDA Y ANEXOS_1 DEMANDA - NUBIA

STELLA FORERO SANCHEZ_.pdf., páginas 38 a 39.
13 Ibid, página 46.
14 Ibid, página 47.

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por Decreto 944 del 24 de octubre de 2005, para prestar sus servicios como maestra
oficial del municipio de Tunja en el Colegio de Educación Básica El Cerro-Chiquiza,
desde el 23 de noviembre de 2005 hasta el 30 de mayo de 2007.

Sobre el punto se recuerda conforme al desarrollo del marco jurídico y
jurisprudencial propio del presente caso que, en lo atinente a los servidores del
magisterio, la aplicación de uno u otro régimen pensional está condicionada a la
acreditación de la primera fecha de vinculación de cada docente como tal.

En la controversia bajo análisis, se encuentra debidamente demostrado que la fecha
a partir de la cual la apelante comenzó a ejercer funciones propias de una docente
del Estado fue el 23 de noviembre de 2005, cuando inició el ejercicio del aludido
cargo para el cual fue nombrada, data que definitivamente es posterior a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

La Sala advierte que, al comprobarse que la accionante tuvo su primera relación
legal y reglamentaria como educadora, pero consolidada tras la promulgación de la
norma anterior, se torna inviable e innecesario verificar si su situación pensional
eventualmente podía haberse definido conforme a las previsiones anteriores como
sería eventualmente la Ley 71 de 1988, en la medida en que lo propio
indiscutiblemente estaría regulado por la Ley 100 de 1993.

Lo expuesto se afirma incluso en el entendido de que la recurrente hubiese sido
nombrada después de 1990 como lo prevé el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 15, o
que hubiese ejercido labores como profesora en instituciones educativas privadas,
pues tales circunstancias no enervan ni modifican la línea jurisprudencial de
obligatoria observancia para definir litigios como el presente, creada mediante la

15 «ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el
que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada
entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones
económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.
2. Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976
y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C
489 de 2000, siempre y cuando se entienda que las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de
1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el
legislador no podía desconocer.
Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que
se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima
de medio año equivalente a una mesada pensional. […]».

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sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2-2019 del 25 de abril de 201916, según la
cual, la fecha relevante para los mentados efectos es la de la vinculación como
docente estatal anterior o posterior al 27 de junio de 2003, momento que para el
caso en estudio es este último supuesto, que a su vez conlleva acudir a la segunda
regla jurisprudencial planteada en la citada providencia.17

Ahora, en el recurso de apelación la actora afirmó haber prestado sus servicios
antes de la entrada en vigencia de Ley 812 de 2003, específicamente del 1.° de
septiembre de 1987 al 30 de septiembre de 1987 en la Escuela Urbana Motavita y
del 1.° de noviembre de 1987 al 30 de noviembre de 1987 en la Concentración
Alianza del municipio de Chiquinquirá. Sin embargo, lo que se aprecia es que, en
ejercicio de la libertad probatoria prevista en el artículo 165 del CGP18 que habilita
a las partes a recurrir a cualquier tipo de prueba útil y conducente orientada a
corroborar los hechos alegados, la accionante no aportó ningún medio de convicción
tendiente a determinar la vinculación anterior que alega.

En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal, quien
sostiene la ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas, el concepto de la
violación, y además, desplegar una actividad probatoria 19 suficiente y adecuada
para lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho
reclamado a través de un medio de control como el de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado
adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del CGP20 .

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ-

014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-2017).
17 «[…] Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones. […]»
18Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el

testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios
semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.
19 El concepto de carga procesal debe entenderse, tal y como fue definido por la Corte Constitucional, en
Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta
de realización facultativa, normalmente establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae aparejada
para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una carga procesal, cuya inobservancia
genera una desestimación de las pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales».
20 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»

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8

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02312-01 (3712-2024)

Además, el cumplimiento de la mentada carga debe efectuarse dentro de las etapas
establecidas para ello, y en este caso, se aprecia que la demandante en su recurso
relacionó los mencionados tiempos con base en documentos que obran en el
expediente según su dicho, y sostuvo que, conforme al artículo 213 del CPACA, el
juez puede decretar pruebas de oficio, afirmando que ello es procedente al tratarse
de derechos pensionales de una persona de la tercera edad. También indicó que el
departamento de Boyacá respondió su petición solo hasta el 28 de agosto de 2023
y adjuntó para el efecto los soportes de su petición y la respuesta de la entidad.

Al respecto, el artículo 213 del CPACA20 establece que las pruebas de oficio pueden
ser decretadas cuando se consideren necesarias para esclarecer puntos oscuros
del caso, siendo tal facultad de exclusiva discreción del juez, y, en el asunto
particular, con los elementos probatorios legalmente recaudados no se advierte la
existencia de dudas que requieran aclaración; por el contrario, se evidencia la
inactividad probatoria de la actora que no le permite demostrar los hechos en los
que sustenta la reclamación21.

En cuanto a los documentos anexos al recurso de apelación, su presentación no se
ajusta a la oportunidad probatoria en segunda instancia22, que se limita a la solicitud
de pruebas y no a su aporte directo. En consecuencia, y en garantía de los derechos
de contradicción, defensa y debido proceso, tales documentos no pueden valorarse
ni integrar el acervo probatorio.

21 «En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que
considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con
las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá
disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda.
Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar
o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas
decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al
auto que las decrete.»
22 Artículo 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán

solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este
Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su
contestación; la ref orma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las
excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a
la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la
designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que
admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple
coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de
practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en
primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán
solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02312-01 (3712-2024)

Al respecto, esta corporación en anteriores oportunidades23 se ha pronunciado
sobre el tema, estableciendo que:

«[…]en virtud de los principios de autorresponsabilidad y eventualidad, resulta
fundamental que las partes aporten y soliciten las pruebas dentro de los precisos
términos que contempla la ley, bajo la amenaza de asumir “las consecuencias de su
inactividad, de su descuido, inclusive de su equivocada actividad como
probadoras”36

En ese sentido, no pueden ser valorados por el despacho aquellos documentos que
la demandante aportó, dado que la ley establece oportunidades procesales en cada
juicio para llevar a cabo las actuaciones pertinentes como se indicó en la parte
considerativa, garantizando de esta forma, los derechos constitucionales de
contradicción, defensa y debido proceso de las partes que se involucran en un
pleito.[…]»

Por otro lado, tampoco pueden ajustarse dichas pruebas documentales a un evento
excepcional que permita una valoración probatoria aun por fuera del término, esto
al encontrarse que estas no surgieron con ulterioridad a la situación fáctica ni
propendió con estas la demandante demostrar circunstancias posteriores que
fueron imposibles de aportar con anterioridad.

Como consecuencia de lo anterior, se precisa que la inobservancia de la carga de
la prueba trae consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface, puesto
que al no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que la decisión se
profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado por la otra parte o
por la ausencia de medios de comprobación.

Pues bien, como el acto negativo objeto de censura en esta causa judicial implica
la negación de la prestación en los términos requeridos por la actora, esto bajo los
lineamientos de la Leyes 100 de 1003 y 797 de 2003, consideradas por la entidad
como las aplicables al caso, se concluye que tal decisión es acertada, ya que se
ajusta a los aludidos planteamientos jurisprudenciales de unificación, pues no era
procedente que la parte demandada analizara la pensión de jubilación por aportes
como había sido solicitada.

Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo apelado.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202124 en el que se

23 Auto que Resuelve recurso de súplica – pruebas en segunda instancia- Proceso 76001-23-33-000-2014-

00152-01 (0343-2016).
24 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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Radicado: 15001-23-33-000-2020-02312-01 (3712-2024)

indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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