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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00300-01

Fecha
16 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00300-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia proferida el 26 de septiembre del 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone: Segundo. Declarar la existencia del acto ficto, como consecuencia del silencio administrativo negativo configurado frente a la petición de reconocimiento pensional presentada el 11 de noviembre de 2020, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Tercero. Declarar la nulidad del acto ficto generado como consecuencia del silencio administrativo negativo configurado frente a la petición de reconocimiento pensional presentada el 11 de noviembre de 2020, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Cuarto. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag] al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a partir del 15 de octubre de 2019, 43 Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024) Demandante: Martha Helena Arias Plazas con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicio anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 33 de 1985, el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, los decretos 633 y 634 de 2007, Decreto 1566 de 2014, y Decreto 2354 de 2018, y demás normas especiales. Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial Sexto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag], podrá reclamar la cuota parte a las […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2021-00300-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Pensión de jubilación docente, Ley 33 de 1985. Docente
vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Vinculación a través de contratos de prestación de servicios

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión 4, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Martha Helena Arias Plazas presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que

1 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folios 2 a 20.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

se declarara la nulidad del acto administrativo negativo ficto derivado de la petición
del «12 de noviembre de 2020»3, presentada ante el Fomag en cuanto al
reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en las disposiciones
contenidas en la Ley 33 de 1985.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación equivalente al 75%
de los salarios y las primas devengados con anterioridad al estatus de pensionada,
a partir del 1 de junio de 2019; ii) el reajuste de la pensión conforme con el IPC; iii)
el pago de los intereses moratorios; iv) el pago de las sumas que resultaren; v) el
cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y vi) la
condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Martha Helena Arias Plazas nació el 10 de febrero de 1963, por lo que contó con
más de 55 años de edad.

3.2. Prestó sus servicios como docente en instituciones educativas del municipio de
Sogamoso [Boyacá], a través de las siguientes vinculaciones:

Tipo de vinculación Desde Hasta
1-02-1994 30-11-1994
13-02-1995 12-12-1995
5-02-1996 4-12-1996
1-03-1997 31-10-1997
26-03-1998 30-11-1998
Contratos de prestación de servicios
1-02-1999 30-11-1999
1-02-2000 30-11-2000
1-02-2001 30-11-2001
1-02-2002 30-11-2002
3-02-2003 5-12-2003
Provisionalidad 28-01-2004 -
«fecha presentación
Propiedad 31-12-2010 demanda» [8-04-2021]

3.3. En consecuencia, prestó sus servicios como docente oficial por más de 20 años,
y se vinculó con anterioridad al 23 de junio de 2003, por lo tanto, acreditó los

3 De acuerdo con la petición fue presentada el 11 de noviembre de 2020, la cual se encuentra en

Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,
carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 103.

2

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

requisitos legales para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 812 de 2003, la cual es compatible con el salario.

3.4. El «12 de noviembre de 2020» solicitó al Fomag el reconocimiento y pago de la
«pensión de Jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores
al cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir a partir de 1 de junio de 2019.»
[sic]. Petición respecto de la cual se configuró el silencio administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1 inciso 2 de la Ley 33 de 1985; 15
numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115
de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto
3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 4:

5.1. La entidad desconoció los postulados legales, y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, porque se vinculó como docente oficial con anterioridad al 23 de junio de
2003, por lo cual era beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 812
de 2003.

5.2. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que «[e]l régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

5.1. En tal sentido, los docentes vinculados con anterioridad al año 2003, se les debía
aplicar las normas anteriores a la expedición de la Ley 812 de 2003, es decir la Ley
33 de 1985 como servidores públicos.

5.3. Además, para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, se debió
computar el tiempo prestado con órdenes de prestación de servicios, por cuanto el
beneficio del régimen de transición de la norma mencionada no estableció alguna
condición adicional respecto la modalidad de vinculación, pues fue «una figura que
utilizaron las entidades territoriales para cumplir con el servicio de educación.».

4 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folios 5 a 18.

3

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

1.2. Contestación de la demanda

6. El
Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes
argumentos5:

6.1. De acuerdo con las pruebas aportadas, se vinculó como docente oficial con
posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual no era beneficiaria del
régimen de transición previsto en esa norma, y no era procedente el reconocimiento
y pago de la «pensión de jubilación por aportes con el 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios».

6.2. En tal sentido, era beneficiaria del régimen de prima media establecido en las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en las cuales se estableció que para el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación se debía cumplir los requisitos de
57 años para hombres y mujeres, y 1300 semanas cotizadas.

6.3. Propuso las excepciones que denominó: i) «legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad»; ii) el «demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas
que se alegan»; iii) «factores salariales que integran el ingreso base de liquidación –
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado
(argumento subsidiario)»; iv) «ineptitud de la demanda por carencia de fundamento
jurídico»; y v) improcedencia de condena en costas; y vi) genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, mediante sentencia
proferida el 26 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la demandante, para tal efecto, después de
realizar un recuento legal y jurisprudencial, fundamentó su decisión en lo siguiente 6:

7.1. De acuerdo con el régimen previsto en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, no
era posible computar el tiempo que laboró como docente mediante órdenes de
prestación de servicios, porque no se acreditó que se hubieran realizado los aportes
en pensiones, y tampoco se declaró la relación laboral encubierta mediante
sentencia o conciliación.

5 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo
11_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTESTACIONDEMANDA.pdf.
6 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 064_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.pdf.

4

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

7.2. La aplicación del régimen previsto en la Ley 33 de 1985, o las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, está condicionada a la fecha de vinculación en el servicio educativo
oficial que acreditó la docente, es decir si el ingresó fue antes o después a la fecha
de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

7.3. Eneste caso, se demostró que la vinculación legal y reglamentaria de la
demandante en el servicio educativo oficial se efectuó con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 28 de enero de 2004.

7.4. En tal sentido, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, contenida en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,
para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, los docentes vinculados
con posterioridad al 27 de junio de 2003 deben acreditar los requisitos de i) 57 años
de edad y; (ii) las semanas de cotización que prevé el artículo 33-2 de la Ley 100
de 1993 [modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003], esto es, 1.000 semanas
en cualquier tiempo, las cuales se incrementaron gradualmente, así «[a] partir del 1o.
de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o. de
enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año
2015.».

7.5. Martha Helena Arias Plazas nació el 10 de febrero de 1963 y cumplió 57 años el
10 de febrero de 2020, por lo que se acreditó el primer requisito.

7.6. En cuanto al número de semanas cotizadas [1300], se demostró que laboró con
contratos de prestación de servicios desde el 1 de febrero de 1994 por el lapso de
7 años, 11 meses y 29 días, y mediante vinculación legal y reglamentaria, desde el
28 de enero de 2004, durante 13 años, 10 meses y 5 días, por lo tanto, laboró por
21 años, 10 meses y 4 días.

7.7. Ahora bien, el valor de 1300 semanas se divide entre 51.43, que equivale a un
año de cotización [conforme a la sugerencia de la Superintendencia Financiera en
Concepto 2006065392-001 del 21 de diciembre de 2006], lo cual arroja un resultado de
25,28 años, pero la demandante acumuló un tiempo de servicio de 21 años, 10
meses, 4 días.

7.8. Por lo anterior, Martha Helena Arias Plazas no cumplió con el requisito del tiempo
de servicio para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de acuerdo
con las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

1.4. El recurso de apelación

8. La demandante interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así7:

8.1. El a quo determinó que laboró como docente oficial desde el 1 de febrero de
1991, pero no es beneficiaria del régimen de la Ley 33 de 1985, porque no es posible
computar el tiempo mediante contratos de prestación de servicios, toda vez que no
acreditó que se hayan realizado los aportes a pensión; no obstante, en el artículo
81 de la Ley 812 de 2003, se dispuso que el régimen prestacional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraran vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

8.2. Es beneficiaria de la transición prevista en la Ley 812 de 2003, porque se vinculó
con anterioridad al 26 de junio de 2003, fecha de entrada en videncia de esa ley, en
la cual se indicó que el docente debía estar «vinculado, situación probada dentro del
proceso, sin que deba exigírsele al docente demás requisitos, al ser una carga
desproporcionada», teniendo en cuenta que el tiempo laborado fue prestado por
nombramiento para cubrir una licencia de maternidad y comisiones como docente
oficial, por lo cual la entidad territorial debió realizar la afiliación al Fomag, o por lo
contrario el pago de las acreencias laborales, y los aportes para pensión.

8.3. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
contenida en la sentencia del 17 de junio de 2022, en el proceso con radicado
interno 4678-2021, C.P. William Hernández Gómez, se precisó «que el tiempo de
laborado como docente por medio de órdenes de prestación de servicio, se debe tener en
cuenta, sin que haya necesidad de que se haya declarado relación laboral, teniendo en
cuenta que la labor docente independiente del tipo de contratación, se entiende que en este
vínculo se encuentran configurados los tres elementos que constituyen una relación
laboral.».

8.4. El tiempo laborado como docente mediante órdenes de prestación de servicios
se debió contabilizar, y como su vinculación fue anterior a la vigencia de la Ley 812
de 2003 [27 de junio de 2003], no es aplicable lo previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

8.5. De acuerdo con el material probatorio Martha Helena Arias Plazas cumplió los
requisitos legales para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de
acuerdo con la Ley 33 de 1985, porque era beneficiaria de la transición prevista en

7 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 065_MemorialWeb_Recurso_Indice_61.pdf.

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

la Ley 812 de 2003, nació el 10 de febrero de 1963, en la actualidad tiene más 55
años de edad, y prestó sus servicios como docente por más de 20 años así:

Tipo de vinculación Desde Hasta Días, Meses y Años
1-02-1994 30-11-1994 9 meses, 29 días
13-02-1995 12-12-1995 9 meses, 29 días
5-02-1996 4-12-1996 9 meses, 29 días
1-03-1997 31-10-1997 7 meses, 30 días
Contratos de prestación de 26-03-1998 30-11-1998 8 meses, 4 días
servicios 1-02-1999 30-11-1999 9 meses, 29 días
1-02-2000 30-11-2000 9 meses, 29 días
1-02-2001 30-11-2001 9 meses, 29 días
1-02-2002 30-11-2002 9 meses, 29 días
3-02-2003 5-12-2003 10 meses, 2 días
1 años, 11 meses, 18
28-01-2004 15-01-2006
días
Provisionalidad
8-05-2007 9-12-2007 7 meses, 1 días
12-12-2007 20-07-2007 7 meses, 8 días
Periodo de Prueba 12-07-2010 30-12-2010 5 meses, 18 días
10 años, 3 meses, 10
Propiedad 31-12-2010 8-04-2021
días

8.6. Se demostró que se vinculó en el servicio público con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, en consecuencia, el régimen aplicable para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, es el previsto en la Ley 33 de 1985.

8.7. En cuanto a la prohibición de devengar salario y pensión de jubilación prevista
en la Constitución Política, el sector de la docencia oficial se encuentra excluido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 224 de 1972 y 277 de la
Ley 100 de 1993, razón por la cual para disfrutar de esa prestación no se requiere
del retiro del servicio.

8.8. En consecuencia, solicitó que fuera revocada la sentencia de primera instancia,
se accedieran a las pretensiones de la demanda, y se reconociera la pensión de
jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985, «en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los salarios que sirvieron de base para realizar los aportes pensionales durante
el año de consolidación del status pensional, otorgando efectos fiscales a la prestación que
se consolidó el derecho, lo anterior sin exigir retiro del cargo para proceder a su cancelación
en compatibilidad con el salario en la docencia oficial.» (sic)

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

artículo 247 del CPACA8.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, los
problemas jurídicos se contraen a establecer:

11.1. ¿SiMartha Helena Arias Plazas es beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003?

11.2. ¿Siel tiempo laborado por Martha Helena Arias Plazas con órdenes de
prestación de servicios puede ser computado para efectos del reconocimiento de la
pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte10. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas11.

13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de

8 Samai, índice 4, 6AUTOQUEADMITE_08622024ADMITERECURS(.pdf) NroActua 4.
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
10 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
11 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción12. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»13. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos14. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

12 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia

racionalmente enlazados entre sí».
13 Preámbulo y artículo 6.
14 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes

pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

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16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

17. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200315.

18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

15 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

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Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado ese personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

22. La Ley 60 de 199316 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes

16 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

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de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

23. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a
las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en
la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o
derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo.
Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a
la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para
los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley

[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.»

24. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

25. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.2.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales

26. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).

27. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200317, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los

17 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el

artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.

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derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de
pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.
[…]».

28. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201918, precisó:

«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».

29. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre
los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio
público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

18 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

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• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de
la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta
pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que
están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del
1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de
enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». [Se resalta]

30. En cuanto a las reglas anteriores, en particular sobre los factores que se deben
tener en cuenta, es necesario precisar que esta Sala ha sostenido que además de
los previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, deben incluirse todos aquellos
que han sido señalados en las normas expedidas por el Gobierno Nacional para los
docentes en los que se establezca otro emolumento con carácter salarial, siempre
que se hubiere devengado por el docente, los que, entonces, deben integrar la base
de la liquidación pensional.

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31. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años19. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».

32. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección20, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 812
del 2003.

2.2.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional

33. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores21. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.

19 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación

47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de

Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

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34. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.

35. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 22, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación23 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.

36. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1624 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.

37. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199425 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto

22 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades

estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
23 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-

33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
25 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero

del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».

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de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.

38. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley
solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.

39. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y
reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de
vinculación que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo
expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la
Ley 60 de 199326 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199427; y el hecho de
que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los
empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los
derechos laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales
que históricamente se han pretendido eliminar28. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.

40. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:

«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y

26 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y

administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
27 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
28 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de

mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

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la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.

Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»

41. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un
obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las
normas prevén. Una interpretación contraria conllevaría a mantener las
condiciones de desigualdad e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como
principio fundante del Estado social de derecho, de un grupo importante de la
población, que desarrolla una labor trascendental para la sociedad.

42. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado29, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:

16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)

19

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».

43. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»30. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»31.

44. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.

45. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.

46. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció

30 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
31 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:

05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.

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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.

47. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación 32, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.

48. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200333 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.

49. En efecto, el artículo 2334 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-

000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
33 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley

715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
34 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados

para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».

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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2435 y 5736 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.

50. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».

2.3. Caso concreto

51. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

51.1. Martha Helena Arias Plazas nació el 10 de febrero de 196337.

51.2. Suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios como docente en
instituciones educativas oficiales, así38:

Contrato Entidad Área o lugar de Periodo
contratante prestación de servicios
3 meses [a partir del
182 del Municipio de Plantel Educativo 1/febrero/1994 hasta
28/enero/1994 Sogamoso Concentración La Manga 30/abril/1994]
8 meses [a partir del
257 del Municipio de Plantel Educativo 1/mayo/1994 hasta
1/mayo/1994 Sogamoso Concentración La Manga 30/diciembre/1994]
125 del Municipio de Plantel Educativo 7 meses [a partir del
17/marzo/1995 Sogamoso Concentración La Manga 13/febrero/1995]
110 Municipio de Plantel Educativo 3 meses [a partir del
12/octubre/1995 Sogamoso Concentración La Manga 13/septiembre/1995]

35«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes

regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
36«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso

Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
37 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folios 25 y 26, en la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento.
38 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folios 30 a 81.

22

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

Secretaría de Educación
003 Municipio de del municipio de 3 meses [a partir del
5/febrero/1996 Sogamoso Sogamoso 5/febrero/1996]
Secretaría de Educación
117 Municipio de del municipio de 1 mes [a partir del
6/mayo/1996 Sogamoso Sogamoso 5/mayo/1996]
Secretaría de Educación 1 mes [a partir del
251 Municipio de del municipio de 5/junio/1996 hasta
5/junio/1996 Sogamoso Sogamoso 4/julio/1996]
Secretaría de Educación 1 mes [a partir del
349 Municipio de del municipio de 5/julio/1996 hasta
30/julio/1996 Sogamoso Sogamoso 4/agosto/1996]
Secretaría de Educación 1 mes [a partir del
454 Municipio de del municipio de 5/agosto/1996 hasta
3/septiembre/1996 Sogamoso Sogamoso 4/septiembre/1996]
Secretaría de Educación 1 mes [a partir del
534 Municipio de del municipio de 5/septiembre/1996 hasta
16/octubre/1996 Sogamoso Sogamoso 4/octubre/1996]
Secretaría de Educación 2 meses [a partir del
676 Municipio de del municipio de 5/octubre/1996 hasta
sin fecha Sogamoso Sogamoso 4/diciembre/1996]
Secretaría de Educación 30 días [a partir del
Municipio de del municipio de 1/marzo/1997 hasta
• Sogamoso Sogamoso 30/marzo/1997]
Secretaría de Educación 30 días [a partir del
010 Municipio de del municipio de 1/abril/1997 hasta
sin fecha Sogamoso Sogamoso 30/abril/1997]
Secretaría de Educación 30 días [a partir del
207 Municipio de del municipio de 1/mayo/1997 hasta
26/mayo/1997 Sogamoso Sogamoso 30/mayo/1997]
Secretaría de Educación 1 mes [a partir del
408 Municipio de del municipio de 1/octubre/1997 hasta
3/octubre/1997 Sogamoso Sogamoso 31/octubre/1997]
Secretaría de Educación
003 Municipio de del municipio de [a partir del 26/marzo/1998
26/marzo/1998 Sogamoso Sogamoso hasta 30/noviembre/1998]
002 Municipio de [a partir del 1/febrero/1999
1/02/1999 Sogamoso Concentración La Manga hasta 28/febrero/1999]
067 Municipio de [a partir del 1/marzo/1999
1/marzo/1999 Sogamoso Escuela La Manga hasta 30/noviembre/1999]
001 Municipio de [a partir del 1/febrero/2000
1/marzo/2000 Sogamoso Concentración La Manga hasta 29/febrero/2000]
120 Municipio de [a partir del 1/marzo/2000
1/marzo/2000 Sogamoso Concentración La Manga hasta 31/marzo/2000]
237 Municipio de [a partir del 1/abril/2000
1/abril/2000 Sogamoso Concentración La Manga hasta 30/abril/2000]
354 Municipio de [a partir del 1/mayo/2000
1/mayo/2000 Sogamoso Concentración La Manga hasta 30/noviembre/2000]
001 Municipio de [a partir del 1/febrero/2001
1/febrero/2001 Sogamoso Concentración La Manga hasta 28/febrero/2001]
153 Municipio de [a partir del 1/marzo/2001
1/marzo/2001 Sogamoso Concentración La Manga hasta 30/abril/2001]
[a partir del 1/mayo/2001
271 Municipio de hasta «el último día del mes
7/abril/2001 Sogamoso Concentración La Manga de mayo de 2001»]

23

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

383 Municipio de [a partir del 1/junio/2001
30/mayo/2001 Sogamoso Concentración La Manga hasta 30/junio/2001]
[a partir del 1/julio/2001
497 Municipio de La Concentración La hasta «el último día del mes
29/junio/2001 Sogamoso Manga de julio de 2001»]
[a partir del 1/agosto/2001
607 Municipio de La Concentración La hasta «el último día del mes
31/julio/2001 Sogamoso Manga de agosto de 2001»]
[a partir del
1/septiembre/2001 hasta «el
727 Municipio de La Concentración La último día del mes de
31/agosto/2001 Sogamoso Manga septiembre de 2001»]
[a partir del 1/octubre/2001
839 Municipio de La Concentración La hasta «el último día del mes
28/septiembre/2001 Sogamoso Manga de octubre de 2001»]
[a partir del
1/noviembre/2001 hasta «el
954 Municipio de La Concentración La último día del mes de
30/octubre/2001 Sogamoso Manga noviembre de 2001»]
10 meses [a partir del
1/febrero/2002 hasta «el
057 Municipio de último día del mes de
30/enero/2002 Sogamoso Concentración La Manga noviembre de 2002»]
Institución Educativa [a partir «de la fecha de su
057 Municipio de Gustavo Jiménez – La perfeccionamiento, el
3/febrero/2003 Sogamoso Manga 3/febrero/2003» hasta el 31
de marzo de 2003]
Institución Educativa [a partir «de la fecha de su
184 Municipio de Gustavo Jiménez – La perfeccionamiento, el
1/abril/2003 Sogamoso Manga 1/abril/2003» hasta el 30 de
junio de 2003]
Institución Educativa [a partir «de la fecha de su
361 Municipio de Gustavo Jiménez – Sede perfeccionamiento, el
1/julio/2003 Sogamoso La Manga 1/julio/2003» hasta el 30 de
agosto de 2003]
Institución Educativa
629 Municipio de Gustavo Jiménez – Sede 30 días [a partir del
1/septiembre/2003 Sogamoso La Manga 1/septiembre/2003]
Institución Educativa
705 Municipio de Gustavo Jiménez – Sede [a partir del 1/octubre/2003
1/octubre/2003 Sogamoso La Manga hasta 5/diciembre/2003]

51.3. Certificado laboral 271 del 7 de abril de 200639, suscrito por el jefe de unidad de
talento humano de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de
Sogamoso, en el cual se indicó que Martha Helena Arias Plazas prestó sus servicios
como docente de preescolar en la Institución Educativa Gustavo Jiménez - Sede La
Manga, en provisionalidad entre el 28 de enero de 2004 y el 15 de enero de 2006,
y con contratos de prestación de servicios, así:

39 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 27.

24

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

«[…] - Laboró en el año 1994 del 1º de Febrero al 30 de noviembre según OPS Nro 182
y 257 en la institución asignada por el municipio.

• Laboró en el año 1995 del 13 de febrero al 12 de diciembre según OPS Nro 110, 125
en la institución asignada por el municipio.

• Laboro en el año 1996 del 05 de febrero al 04 de diciembre según OPS Νro 003, 117,
349, 251, 454, 676 en la institución asignada por el municipio.

• Laboró en el año 1997 del 1 de marzo al 31 de octubre según OPS No 010, 295 408,
en la institución asignada por el municipio.

• Laboró en el año 1998 del 26 de marzo al 30 de noviembre según OPS Nro 003 en la
institución asignada por el municipio.

• Laboró en el año 1999 del 1º de febrero al 30 de noviembre según OPS Nro 059, 124
en la Escuela La Manga.

• Laboró en el año 2000 del 1º de febrero al 30 de noviembre según OPS Nro 001, 120,
237, 354 en la Concentración La Manga.

• Laboró en el año 2001 del 1º de febrero al 30 de noviembre según OPS Nro 153 271,
303, 497, 607, 727, 839, 954 en la Concentración La Manga.

• Laboro en el año 2002 del 1 de febrero al 30 de noviembre según OPS Nro 057, en la
Concentración La manga.

• Laboró en el año 2003 del 03 de febrero al 05 de diciembre según OPS 097, 184, 361,
705, en la Institución Educativa Gustavo Jiménez Sede La Manga

• Nombramiento en provisionalidad según decreto No 014 del 21 de enero de 2004 hasta
la fecha, desde el 28 de enero de 2004 hasta el 15 de enero de 2006 según decreto de
terminación de provisionalidad No 009 de 13 de enero de 2006. […]».

51.4. Certificado laboral 113 del 26 de marzo de 200840, suscrito por el jefe de unidad
de talento humano de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de
Sogamoso, en el cual se precisó que Martha Helena Arias Plazas prestó sus
servicios como docente en provisionalidad, y con contratos de prestación de
servicios, así:

«[…] - Laboró en el año 1994 del 1º de febrero al 30 de diciembre según OPS Nro 182 y
257 en Concentración La Manga, PREESCOLAR.

• Laboró en el año 1995 del 13 de febrero al 12 de diciembre según OPS Nro 110, 125

40 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 28.

25

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

en Concentración La Manga. PREESCOLAR.

• Laboró en el año 1996 del 05 de febrero al 04 de diciembre según OPS Nro 003, 117,
349, 251, 454, 676 en Concentración La Manga. PREESCOLAR.

• Laboró en el año 1997 del 1º de marzo al 31 de octubre según OPS Nro 010, 295, 406,
en Concentración La Manga. PREESCOLAR.

• Laboró en el año 1998 del 26 de marzo al 30 de noviembre según OPS Nro 003 en La
Concentración La Manga. GRADOS BÁSICA PRIMARIA.

• Laboró en el año 1999 del 1º de febrero al 30 de noviembre según OPS Nro 059, 124
en la Escuela La Manga. GRADOS BÁSICA PRIMARIA.

• Laboró en el año 2000 del 1° de febrero al 30 de noviembre según OPS Nro 001, 120,
237, 354 en la Concentración La Manga. GRADOS BÁSICA PRIMARIA.

• Laboró en el año 2001 del 1 de febrero al 30 de noviembre según OPS Nros 153, 271,
383, 497, 607, 727 ,839, 954 en la Concentración La Manga. GRADOS BÁSICA
PRIMARIA.

• Laboró en el año 2002 del 1º de febrero al 30 de noviembre según OPS Nro 057, en la
Concentración La Manga. GRADOS BÁSICA PRIMARIA.

• Laboró en el año 2003 del 03 de febrero al 05 de diciembre según OPS
097,184,361,705 en la Institución Educativa Gustavo Jiménez Sede La Manga.
PREESCOLAR.

• Nombramiento en PROVISIONALIDAD según decreto No 014 de 21 de enero de 2004
hasta la fecha desde el 28 de enero de 2004 hasta el 15 de enero de 2006.

• Terminación de Provisionalidad según decreto No 009 de 13 de enero de 2006 a partir
del 16 de enero de 2006.

• Nombramiento provisionalidad temporal según decreto No 269 de 08 de mayo de 2007
hasta el 31 de agosto de 2007.

• Nombramiento en provisionalidad temporal según decreto No 297 de 19 septiembre de
2007 hasta el 10 diciembre de 2007.

• Aceptación de renuncia decreto No 367 del 10 de diciembre de 2007.

• Nombramiento en Provisionalidad temporal según decreto No 369 de 12 diciembre
de 2007 hasta la fecha. […]».

51.5. Certificado laboral 312 del 10 de septiembre de 200941, suscrito por el

41 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 29.

26

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

profesional especializado administrativo y financiero de la Secretaría de Educación
y Cultura del municipio de Sogamoso, en el cual se señaló que Martha Helena Arias
Plazas prestó sus servicios como docente de básica primaria, en provisionalidad, y
con contratos de prestación de servicios, así:

«[…] - Laboró en el año 1994 del 1º de febrero al 30 de diciembre según OPS Nro 182 y
257 en Concentración La Manga. PREESCOLAR.

• Laboró en el año 1995 del 13 de febrero al 12 de diciembre según OPS Nro 110, 125
en Concentración La Manga. PREESCOLAR.

• Laboró en el año 1996 del 05 de febrero al 04 de diciembre según OPS Nro 003, 117,
349, 251, 454, 676 en Concentración La Manga. PREESCOLAR.

• Laboró en el año 1997 del 1º de marzo al 31 de octubre según OPS Nro 010, 295 408,
en Concentración La Manga. PREESCOLAR.

• Laboró en el año 1998 del 26 de marzo al 30 de noviembre según OPS Nro 003 en La
Concentración La Manga. GRADOS BÁSICA PRIMARIA.

• Laboró en el año 1999 del 1º de febrero al 30 de noviembre según OPS Nro 059, 124
en la Escuela La Manga GRADOS BÁSICA PRIMARIA.

• Laboró en el año 2000 del 1º de febrero al 30 de noviembre según OPS Nro 001, 120,
237, 354 en la Concentración La Manga. GRADOS BÁSICA PRIMARIA.

• Laboró en el año 2001 del 1º de febrero al 30 de noviembre según OPS Nros 153, 271,
383, 497,607, 727, 839, 954 en la Concentración La Manga GRADOS BÁSICA
PRIMARIA.

• Laboró en el año 2002 del 1º de febrero al 30 de noviembre según OPS Nro 057, en la
Concentración La Manga. GRADOS BÁSICA PRIMARIA.

• Laboró en el año 2003 del 03 de febrero al 05 de diciembre según OPS 097, 184, 361,
705, en la Institución Educativa Gustavo Jiménez Sede La Manga PREESCOLAR.

• Nombramiento en PROVISIONALIDAD según decreto No 014 de 21 de enero de 2004
hasta la fecha desde el 28 de enero de 2004 hasta el 15 de enero de 2006.

• Terminación de Provisionalidad según decreto No 009 de 13 de enero de 2006 a partir
del 16 de enero de 2006.

• Nombramiento provisionalidad temporal según decreto No 269 de 08 de mayo de 2007
hasta el 31 de agosto de 2007.

-Nombramiento en Provisionalidad temporal según decreto No 297 de 19 septiembre de
2007 hasta el 10 diciembre de 2007.

• Aceptación de renuncia decreto No 367 de 10 de diciembre de 2007

27

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

• Nombramiento en Provisionalidad temporal según decreto No 369 de 12 diciembre de
2007 hasta el el 20 de julio de 2008.

• Terminación provisionalidad decreto 122 de 22 de junio de 2008 a partir del 21 de julio
de 2008. […]».

51.6. Acta de posesión 700 del 28 de enero de 2004 42, suscrita por el alcalde del
municipio de Sogamoso, el secretario de educación y cultura, y Martha Helena Arias
Plazas, en la cual se indicó que se posesionó en el cargo de docente en
provisionalidad, en el nivel de preescolar, y fue nombrada según el Decreto 014 del
21 de enero de 2004.

51.7. Acta de posesión 314 del 19 de septiembre 2007 43, suscrita por el alcalde del
municipio de Sogamoso, el secretario de educación y cultura, y Martha Helena Arias
Plazas, en la cual se indicó que se posesionó en el cargo de docente en
provisionalidad, en el nivel de primaria, y fue nombrada mediante el Decreto 297 del
19 septiembre de 2007.

51.8. A través del Decreto 369 del 12 de diciembre de 200744 «[p]or el cual se hace un
nombramiento como docente en provisionalidad temporal de la planta del sector educativo
del municipio de Sogamoso», suscrito por el alcalde del municipio de Sogamoso, y el
secretario de educación y cultura, se nombró como docente en provisionalidad, en
el nivel de básica primaria, en la planta del sector educativo de esa entidad territorial.
Se posesionó el 12 de diciembre de 200745.

51.9. Con el Decreto 399 del 30 de diciembre de 201046 «[p]or medio del cual se nombra
en propiedad un personal docente en la planta del sector educativo del municipio de
Sogamoso», proferido por el alcalde del municipio de Sogamoso, y el secretario de
educación y cultura, se nombró en propiedad en el cargo docente del área

42 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 82.
43 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 83.
44 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folios 84 y 85.
45 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 86.
46 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folios 88 a 90.

28

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

preescolar, en la planta del sector educativo de esa entidad territorial. En el cual se
posesionó el 31 de diciembre de 201047.

51.10. Constancia 35 del 19 de octubre de 202048, expedida por el secretario de
educación del municipio de Sogamoso, en la cual se precisó lo siguiente:

«[…] Que revisados los registros de planta de: ARIAS PLAZAS MARTHA HELENA
identificado con C.C. número 46356323 expedida en Sogamoso (Boy) ingresó a esta
entidad el 12/07/2010. Desempeña el cargo de Docente de aula grado 2BE en la
institución Educativa Técnico Industrial Gustavo Jiménez, en la ciudad de Sogamoso
(Boy), con tipo de nombramiento Propiedad, con una asignación básica mensual de
3,068,621

Total días: 3.752
Tiempo total: 7 Dia(s) 3 Meses 10 Año(s) […]». [sic]

51.11. Certificado de historia laboral con consecutivo 80 del 19 de octubre de 202049,
expedido por la Secretaría de Educación del municipio de Sogamoso, en el cual se
señaló que presta sus servicios como docente de preescolar, en propiedad, con tipo
de vinculación nacional, de la siguiente forma:

Detalle Acto Fecha Desde Hasta Total Entidad de
Posesión d-m-a Previsión
Nombramiento en
Provisionalidad
IE Técnico Gustavo Decreto 014 Fondo de
Jiménez del 21-01- 28-01- 28-01- 12-01- 705-23.5- Prestaciones
Sogamoso 2004 2004 2004 2006 1.95 del Magisterio
Terminación
Provisionalidad
IE Técnico Gustavo Decreto 009
Jiménez del 13-01- 13-01-
Sogamoso 2006 - 2006 - - -
Nombramiento en
Provisionalidad
IE Politécnico
Álvaro González Decreto 145 Fondo de
Santana del 08-05- 08-05- 08-05- 13-08- 96-3.2- Prestaciones
Sogamoso 2007 2007 2007 2007 0.26 del Magisterio
Nombramiento en
Provisionalidad

47 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 87.
48 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 92.
49 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 93.

29

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

IE Marco Antonio Decreto 297 Fondo de
Quijano Rico del 19-09- 19-09- 19-09- 09-12- 81-2.7- Prestaciones
Sogamoso 2007 2007 2007 2007 0.22 del Magisterio
Aceptación
Renuncia
IE Marco Antonio Decreto 367
Quijano Rico del 10-12- 10-12- 10-12-
Sogamoso 2007 - 2007 2007 - -
Nombramiento en
Provisionalidad
IE Marco Antonio Decreto 369 Fondo de
Quijano Rico del 12-12- 12-12- 12-12- 20-07- 219-7.3- Prestaciones
Sogamoso 2007 2007 2007 2008 0.6 del Magisterio
Nombramiento
Periodo de Prueba
IE Nuestra Señora Decreto 166 Fondo de
de Morca del 09-06- 21-06- 12-07- 30-12- 169-5.6- Prestaciones
Sogamoso 2010 2010 2010 2010 0.46 del Magisterio
Nombramiento
Propiedad
IE Nuestra Señora Decreto 399 Fondo de
de Morca del 30-12- 31-12- 31-12- Prestaciones
Sogamoso 2010 2010 2010 - - del Magisterio

51.12. Certificado de historia laboral con consecutivo 80 del 19 de octubre de 202050,
expedido por la Secretaría de Educación del municipio de Sogamoso, en el cual se
señaló que prestó sus servicios como docente de preescolar, en propiedad, con tipo
de vinculación nacional, de la siguiente forma:

Detalle Acto Fecha Desde Hasta Total Entidad de
Posesión d-m-a Previsión
Traslado
Institución
Educativa Los Resolución Fondo de
Libertadores 185 del 30- 30-01- 19-02- 1820- Prestaciones
Sogamoso 01-2013 - 2013 2018 60.7-5.06 del Magisterio
Reubicación
Institución
Educativa Técnico Resolución Fondo de
Gustavo Jiménez 454 del 19- 20-02- Prestaciones
Sogamoso 02-2018 - 2018 - - del Magisterio

50 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 94.

30

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

51.13. Certificado de salarios con consecutivo 207 del 12 de junio de 201851, proferido
por la Secretaría de Educación del municipio de Sogamoso, en el cual se señaló
que prestó sus servicios como docente de preescolar, en propiedad, sin indicar el
tipo de vinculación, y los factores salariales devengados en los años 2017 y 2018.

51.14. Certificadode salarios con consecutivo 62 del 19 de octubre de 2020 52,
proferido por la Secretaría de Educación del municipio de Sogamoso, en el cual se
señaló que presta sus servicios como docente de preescolar, en propiedad, con tipo
de vinculación nacional, y los factores salariales devengados en los años 2019 y
2020.

51.15. El 11 de noviembre de 202053, solicitó al Fomag el reconocimiento de la
pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985. No obstante, dentro
del material probatorio no se acreditó que la entidad haya proferido respuesta de la
solicitud.

2.4.2. Análisis sustancial

52. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, mediante sentencia
proferida el 26 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda porque
consideró que no cumplió los requisitos legales de 55 años de edad y 20 años de
servicio como docente oficial, para el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985; toda vez que no es posible computar
el tiempo que laboró con órdenes de prestación de servicio, en tanto no se acreditó
que efectuó los aportes en pensiones, y tampoco que se haya declarado la relación
laboral mediante sentencia o conciliación.

53. La demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal, pues consideró que cumplió con los requisitos de
55 años de edad y 20 años de servicio, y demostró una vinculación como docente
oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pues laboró
mediante contratos de prestación de servicio; por lo cual es beneficiaria del régimen

51 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folio 95.
52 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folios 97 a 101.
53 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf,
visible a folios 103 a 110.

31

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

de transición previsto en esa norma, y tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985.

2.4.2.1. Sobre la aptitud legal para el reconocimiento de la pensión de
jubilación [tiempo de servicio], y el derecho a la prestación de acuerdo con la
Ley 33 de 1985

54. De las pruebas aportadas al expediente se advierte que Martha Helena Arias
Plazas prestó sus servicios como docente así:

Total
Entidad Modalidad Cargo Desde Hasta tiempo de Años Meses Días
servicio
1 de febrero 30 de abril de 2 meses,
docente 0 2 29
de 1994 1994 29 días
30 de
1 de mayo 7 meses,
docente diciembre de 0 7 29
de 1994 29 días
1994
13 de 12 de
6 meses,
docente febrero de septiembre de 0 6 30
30 días
1995 1995
13 de 13 de
docente septiembre diciembre de 3 meses 0 3 0
de 1995 1995
Municipio 5 de febrero 4 de mayo de 2 meses,
de Sogamoso docente 0 2 29
de 1996 1996 29 días
[Plantel
Educativo
docente 5 de mayo 4 de junio de 30 días 0 0 30
Concentración
de 1996 1996
La Manga,
Concentración OPS
docente 5 de junio de 4 de julio de 0 0 29
La Manga, 29 días
1996 1996
Escuela La
Manga,
docente 5 de julio de 4 de agosto de 30 días 0 0 30
Institución
1996 1996
Educativa
4 de
Gustavo
docente 5 de agosto septiembre de 30 días 0 0 30
Jiménez - Sede
La Manga] de 1996 1996
5 de
docente septiembre 4 de octubre de 29 días 0 0 29
de 1996 1996
5 de octubre 4 de diciembre
docente 1 mes, 29 0 1 29
de 1996 de 1996
días

docente 1 de marzo 30 de marzo de 29 días 0 0 29
de 1997 1997

docente 1 de abril de 30 de abril de 29 días 0 0 29
1997 1997

32

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

1 de mayo 30 de mayo de
docente 29 días 0 0 29
de 1997 1997
1 de octubre 31 de octubre
docente 30 días
de 1997 de 1997 0 0 30
30 de
26 de marzo
docente noviembre de 8 meses, 0 8 4
de 1998
1998 4 días
1 de febrero 28 de febrero
docente 27 días 0 0 27
de 1999 de 1999
30 de
1 de marzo
docente noviembre 8 meses, 0 8 29
de 1999
de 1999 29 días
1 de febrero
docente 29 de febrero 28 días 0 0 28
de 2000
de 2000
1 de marzo 31 de marzo
docente 30 días 0 0 30
de 2000 de 2000
1 de abril de 30 de abril
docente 29 días 0 0 29
2000 de 2000
30 de
1 de mayo
docente noviembre 6 meses, 0 6 29
de 2000
de 2000 29 días
1 de febrero 28 de febrero
docente 27 días 0 0 27
de 2001 de 2001

1 de marzo 30 de abril
docente 1 mes, 29 0 1 29
de 2001 de 2001
días
1 de mayo 31 de mayo de
docente 30 días 0 0 30
de 2001 2001
1 de junio de 30 de junio de
docente 29 días 0 0 29
2001 2001
1 de julio de 31 de julio de
docente 30 días 0 0 30
2001 2001
1 de agosto 31 de agosto
docente 30 días 0 0 30
de 2001 de 2001
1 de 30 de
docente septiembre septiembre de 29 días 0 0 29
de 2001 2001
1 de octubre 31 de octubre
docente 30 días 0 0 30
de 2001 de 2001
1 de 30 de
docente noviembre noviembre de 29 días 0 0 29
de 2001 2001
30 de
1 de febrero
docente noviembre de 9 meses, 0 9 29
de 2002
2002 29 días
3 de febrero 31 de marzo de
docente 1 mes, 28 0 1 28
de 2003 2003
días

33

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

1 de abril de 30 de junio de
docente 2 meses, 0 2 29
2003 2003
29 días
1 de julio de 30 de agosto
docente 1 mes, 29 0 1 29
2003 de 2003
días
1 de 30 de
docente septiembre septiembre de 29 días 0 0 29
de 2003 2003
1 de octubre 5 de diciembre
docente 2 meses, 0 2 4
de 2003 de 2003
4 días
Municipio
de Sogamoso
[Institución 1 años, 11
Laboral - 28 de enero 13 de enero de
Educativa docente meses, 16 1 11 16
provisionalidad de 2004 2006
Técnico Gustavo días
Jiménez]

Municipio
de Sogamoso
[Institución
Educativa Laboral - 8 de mayo 13 de agosto
docente 3 meses, 0 3 5
Politécnico provisionalidad de 2007 de 2007
5 días
Álvaro González
Santana]

Municipio
de Sogamoso
[Institución 19 de
Laboral - 9 de diciembre 2 meses,
Educativa Marco docente septiembre 0 2 20
provisionalidad de 2007 20 días
Antonio Quijano de 2007
Rico]

Municipio
de Sogamoso
[Institución 12 de
Laboral - 20 de julio de 7 meses,
Educativa Marco docente diciembre de 0 7 8
provisionalidad 2008 8 días
Antonio Quijano 2007
Rico]

Municipio
de Sogamoso
[Institución Laboral – 30 de
12 de julio 5 meses,
Educativa periodo de docente diciembre de 0 5 18
de 2010 18 días
Nuestra Señora prueba 2010
de Morca]

Municipio
30 de 9 años, 9
de Sogamoso Laboral - 19 de octubre
docente diciembre de meses, 19 9 9 19
[Institución propiedad de 202054
2010 días
Educativa

54
De acuerdo con el certificado de salarios para la época en que fue expedido (19 de octubre de
2020), la demandante se encontraba activa en la prestación de sus servicios como docente en
propiedad.

34

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

Nuestra Señora
de Morca]

10 96 1084
11 36 /30
21 132 36,13
/12 4
11,0
0

55. De acuerdo con lo anterior, acreditó 21 años, y 4 días de servicio. Además,
cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, pues
estuvo vinculada al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley, a través de contratos de prestación de servicio y en
provisionalidad, por lo que es beneficiaria del régimen de transición fijado en ese
aparte normativo.

56. Aunado a lo anterior, Martha Helena Arias Plazas adquirió el estatus pensional,
el 15 de octubre de 2019, época para la cual acreditó 20 años de servicio
(contabilizados a partir del 1 de febrero de 1994 hasta el 15 de octubre de 2019), y
contaba con 56 años de edad [nació el 10 de febrero de 1963] por lo cual acreditó
los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento de la pensión
de jubilación.

57. Se precisa que es irrelevante que el periodo anterior a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de contratos y órdenes de prestación de
servicios, y no a través de una vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el
beneficio del régimen de transición de la norma antes mencionada no establece
condición alguna adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo
oficial, bien sea como docente nacional, nacionalizado o territorial55.

58. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario»56.

55 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-

000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.
56 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),

proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

35

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)
Demandante: Martha Helena Arias Plazas

59. Por lo que esta Subsección ha considerado que los tiempos de servicio
acreditados bajo la modalidad contractual son útiles para el reconocimiento de la
pensión reclamada, aun cuando no se haya adelantado el debate en torno al
reconocimiento de la relación laboral encubierta, pues los derechos en materia
laboral en favor del docente contratista surgen con independencia del tipo de vínculo
en virtud del cual se prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia
del Estado da lugar a una verdadera relación laboral con él, lo que le permite el
reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de las
prestaciones sociales.

60. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de ingreso al servicio docente no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.

61. De esta manera, si bien Martha Helena Arias Plazas estuvo vinculada a través
de una relación contractual por 7 años, 8 meses, 7 días, esa situación desconocía
las disposiciones del legislador y desatendía las interpretaciones judiciales según
las cuales la diferenciación entre los docentes de planta y los contratistas no tenía
justificación constitucional en la medida en que realizaban igual actividad; y, en
contraste, vulneraba los derechos laborales irrenunciables de aquellos que tenían
previsto un régimen o unas prerrogativas particulares, esto es aquellas contenidas
en la ley y no en el contrato.

62. En ese sentido, no solo una vinculación legal y reglamentaria es útil para acceder
al derecho reclamado, pues esta Subsección ha señalado que no es el acto por el
cual se vincula a una persona lo que define su relación con el Estado 57, sino lo que

57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:

16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
«[...] La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial
[...] La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

se evidencia de esa relación, de forma que el ejercicio de la función docente a través
de otras modalidades, como la vinculación por contratos de prestación de servicios,
por virtud de los principios de la primacía de la realidad sobre las formalidades, de
favorabilidad y pro homine y por las características de la labor desempeñada en
estos casos, permite su cómputo para efectos pensionales.

63. Sobre la posibilidad de tener en cuenta los servicios que los docentes prestaron
con ese tipo de vinculaciones, la Corte Constitucional cuando declaró inexequibles
las normas que autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de
prestación de servicios indicó58:

«No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del
Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de
acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en
cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las
dos formas.

A esta posibilidad se oponen varias consideraciones. El ejercicio permanente de una
función pública, como ocurre con los "docentes temporales", no sólo se revela en el afán
del legislador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su
incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la
ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).

A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la
función pública (CP art. 125).

Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no
confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo
que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad
no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art.
13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna
arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en
la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta,
comparten una misma naturaleza y características59.»

64. En consonancia con lo anterior, se concluye que existe una «prohibición
constitucional» de vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de
contratos de prestación de servicios. Por lo que excluir de la transición prevista en
la Ley 812 de 2003, a quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de

trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario.» (sic)
58 Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.
59
Corte Constitucional sentencia C-555 de 1994.

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

una relación contractual, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que,
conllevaría a una interpretación desfavorable con sustento en una situación que,
como se explicó anteriormente, se aparta de las normas constitucionales, esto es,
la vinculación de docentes a través de un contrato.

65. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide darle la razón a la entidad
recurrente al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria. Así
pues, los servicios prestados por la demandante en la modalidad contractual o de
OPS en el municipio de Sogamoso [Boyacá], resultan válidos para determinar que
estuvo vinculada en el servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, podía pensionarse con las normas
vigentes aplicables, la cual, para su caso era la Ley 33 de 1985.

66. Ahora bien, la naturaleza de la pensión obliga a que los aportes se realicen, lo
que permite garantizar su financiación. Por ende, corresponderá al Fomag adelantar
las actuaciones administrativas necesarias para recibir las cotizaciones en favor de
la demandante, por los períodos en los que estuvo contratada a través de órdenes
de prestación de servicios, pues lo cierto es que se constituye en un deber de la
entidad acudir a los mecanismos legales para recaudar esas sumas de dinero
necesarias para financiar la pensión, pues así se desprende de la lectura de los
artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley 100 de 1993, en armonía con
lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003. Además, podrá reclamar la
cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los
que realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de
1994.

67. Asimismo, Martha Helena Arias Plazas tendrá la carga de realizar los aportes
que tenía a su cargo en calidad de trabajadora en el porcentaje que le correspondía
por el tiempo en que fue vinculada a través de la relación contractual, salvo que
acredite que los efectuó.

68. En este punto, esta Sala debe precisar que la omisión del empleador de realizar
los descuentos en el porcentaje a su cargo y los del empleado, destinados a las
cotizaciones para el sistema pensional que de conformidad con la ley debiera hacer,
no es un asunto que sea oponible al interesado para que la pensión reclamada le
sea reconocida y liquidada, pues lo cierto es que las entidades de previsión deben

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

adelantar las gestiones pertinentes para su cobro, tal y como lo dispuso esta
corporación en la sentencia de unificación del 28 de julio de 202260.

69. Por otro lado, se precisa que el derecho pensional es de carácter imprescriptible
y en cuanto a las mesadas pensionales adeudadas, tampoco se configuró la
prescripción, comoquiera que entre la fecha de adquisición del estatus pensional de
la demandante [15 de octubre de 2019] y la petición de reconocimiento pensional
[11 de noviembre del 2020] no trascurrieron más de 3 años, según el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, por ende el pago de las correspondientes mesadas procede
a partir del 15 de octubre de 2019.

70. Así las cosas, se revocará la sentencia del 26 de septiembre de 2023, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, negó las
pretensiones de la demanda, y en su lugar se anulará el acto ficto por el cual se
negó el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de
1985. A título de restablecimiento del derecho se condenará a la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
[Fomag] al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a partir del 15 de
octubre de 2019, con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones
durante el último año de servicio anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 33 de
1985, el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, los decretos 633 y 634 de 2007, Decreto
1566 de 2014, y Decreto 2354 de 2018, y demás normas especiales.

2.4.2.2. En torno a la compatibilidad entre el salario y la pensión

71. Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido
permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se
desempeñen como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin que
por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón no es dable
condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del servicio.

72. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado61 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa

60 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,

radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
61 En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,

expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»62.

73. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
ordinaria y/o gracia con posterioridad»63 [Se resalta].

74. Lo anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, de manera
que el disfrute de la prestación no debe condicionarse al retiro del servicio «dado
que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce
de la pensión de jubilación’»64.

75. Ahora bien, durante la vigencia de la Ley 60 de 1993 en el artículo 6 se determinó
que «[e]l régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución
de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las
prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra
clase de remuneraciones». De manera que no es acertado el argumento según el
cual la única previsión en torno a la referida compatibilidad se deriva de la Ley 91
de 1989 en torno a la pensión gracia y del sueldo.

76. En este punto resulta necesario precisar que el artículo 15, numeral 3, literal b),
de la aludida Ley 91 dispuso que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada
entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y ii) aquellos que
ingresaron a partir del 1° de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tendrían
derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de
pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª
de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de
la Ley 33 de 1985.

62 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado

05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
63 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,

radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado

05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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77. Además, el artículo 6 de la Ley 60 de 199365 dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado
fondo. Sobre el particular, el Consejo de Estado66 precisó que «los docentes
nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales
de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en
cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a
la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales
no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones
dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales
resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-
1 de la Ley 100/93».

78. Ahora bien, la Ley 344 de 1996 sí mantuvo la vigencia de la aludida
compatibilidad pues aun cuando ordenó que la asignación pensional se pagara
después de haberse producido la terminación de los servicios, advirtió que esto se
daría «[s]in perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994»
que, como se dijo, permiten la compatibilidad entre el salario y la pensión; y de
acuerdo con la Real Academia Española, la expresión sin perjuicio de significa
«dejando a salvo»67.

79. En tal medida, la demandante tiene derecho a que se reconozca el derecho

65 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,

radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
67 https://dle.rae.es/perjuicio#31keUjC

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pensional con efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin
condicionarlo a su retiro del servicio por no ser incompatible con el ejercicio de la
docencia.

2.5. Costas

80. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

81. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

82. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma68.

83. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
las costas.

84. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas, pues no se
observa que hubiese realizado análisis de temeridad o mala fe.

68En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

3. Conclusión

85. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el tiempo laborado por la
demandante con órdenes de prestación de servicio puede ser computado para
efectos de acreditar la vinculación exigida para ser beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, Martha
Helena Arias Plazas era beneficiaria del régimen pensional contenido en la Ley 33
de 1985, toda vez que acreditó los requisitos legales, por lo cual le será reconocida
la pensión de jubilación, con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó
cotizaciones durante el último año anterior al estatus de pensionada.

86. En consecuencia, se revocará la sentencia proferida el 26 de septiembre del 2023
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, y en su lugar se
accederá a las pretensiones de la demanda.

87. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 26 de septiembre del 2023 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, que negó las pretensiones
de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y
en su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la existencia del acto ficto, como consecuencia del silencio
administrativo negativo configurado frente a la petición de reconocimiento pensional
presentada el 11 de noviembre de 2020, a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Tercero. Declarar la nulidad del acto ficto generado como consecuencia del silencio
administrativo negativo configurado frente a la petición de reconocimiento pensional
presentada el 11 de noviembre de 2020, a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Cuarto. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag] al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a partir del 15 de octubre de 2019,

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con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último
año de servicio anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 33 de 1985, el artículo 1 de
la Ley 62 de 1985, los decretos 633 y 634 de 2007, Decreto 1566 de 2014, y Decreto
2354 de 2018, y demás normas especiales.

Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

Sexto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio [Fomag], podrá reclamar la cuota parte a las
demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los que Martha Helena
Arias Plazas realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709
de 1994, así como adelantar las actuaciones administrativas necesarias para recibir
las cotizaciones en favor de la demandante, por los períodos en los que estuvo
contratada a través de órdenes de prestación de servicios.

Séptimo. La pensión de jubilación reconocida es compatible con el salario que
devengue Martha Helena Arias Plazas mientras continúe en el ejercicio de la
docencia oficial. No lo será en otro tipo de empleos.

Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Noveno. No condenar en costas en esta instancia.

Décimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.

Undécimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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Demandante: Martha Helena Arias Plazas

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KGO

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