Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00480-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00480-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2021-00480-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00480-02 (0540-2025)
Demandante: Gilma Aurora Real Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
71 de 1988
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto al
reconocimiento de la la pensión de jubilación por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988, y modificarla para precisar
que las actuaciones administrativas tendientes al cobro de
las cuotas partes pensionales derivadas de los períodos
cotizados ante CAJANAL a nombre de la actora deberán
adelantarse ante la UGPP y no ante COLPENSIONES.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 10 de diciembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Gilma Aurora Real Gómez interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad de la Resolución 1603 del 9 de abril de 2021, por medio de
la cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la citada
prestación con base en la Ley 33 de 1985, equivalente al 75 % del promedio de
lo devengado durante el año anterior a la consolidación del estatus jurídico; (ii)
declarar que los tiempos de servicio prestados como auxiliar de servicios
generales en el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., así como de los
laborados como docente en el departamento de Boyacá mediante contratos de
prestación de servicios son computables para obtener la prestación social; (iii)
pagar las mesadas causadas desde la adquisición del derecho; (iv) indexar las
sumas adeudadas y ordenar e incluir los intereses moratorios que se generen
después de la ejecutoria del fallo; (v) dar cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y (vi) condenar en costas a la
parte demandada.
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3. Como hechos relevantes expuso que nació el 21 de septiembre de 1954 y
laboró en como auxiliar de servicios generales en el Instituto Nacional de
Cancerología E.S.E. desde el 16 de septiembre de 1978 hasta el 18 de mayo de
1982.
4. Posteriormente, prestó sus servicios docentes en el departamento de
Boyacá mediante contratos de prestación de servicios en los siguientes periodos:
del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 1995; del 15 de septiembre al 15 de
diciembre de 1996; del 3 de febrero al 30 de junio de 1997; del 1 de febrero al 30
de noviembre de 1999; del 6 de marzo al 24 de noviembre de 2000; del 21 de
febrero al 21 de noviembre de 2001; del 3 de abril al 30 de noviembre de 2002; y
del 10 de marzo al 30 de noviembre de 2003. Mediante sentencia del 20 de
febrero de 2019, el Juzgado Primero Administrativo de Duitama declaró la
existencia de la relación laboral respecto de dichos períodos.
5. Relató que el 3 de agosto de 2004 se posesionó como docente en propiedad
de la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, cargo que ejercía al
momento de la presentación de la demanda.
6. En el concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse1, teniendo en cuenta que la señora Real Gómez
se vinculó al servicio oficial docente con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable para el reconocimiento y pago
de su pensión de vejez es el consagrado en la Ley 33 de 1985.
7. Igualmente, sostuvo que el acto acusado adolece de falsa motivación por
cuanto la actora cumple los requisitos previstos en el artículo 1 ibidem para el
reconocimiento de la pensión solicitada, a saber: más de 20 años de servicios en
el sector público y 55 años de edad.
Contestación de la demanda
8. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
al considerar que el régimen pensional aplicable a la actora era el previsto en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, dado que se vinculó al servicio público oficial
el 25 de agosto de 2004, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003.
9. En consecuencia, adujo que los factores salariales que integran el ingreso
base de liquidación son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron
aportes y que se encuentran previstos en el Decreto 1158 de 1994.
10. Igualmente, solicitó la vinculación al proceso del departamento de Boyacá,
en calidad de litisconsorte necesario, por ser la entidad territorial competente de
elaborar y suscribir el acto demandado.
1 Artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de
1985; Ley 91 de 1989; 279 de la Ley 100 de 1993.
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11. Propuso como excepciones la falta de integración del litisconsorcio
necesario, la legalidad del acto acusado, la ineptitud de la demanda por carencia
de fundamento jurídico, el cobro de lo no debido, la improcedencia de la condena
en costas y la excepción genérica.
12. Por su parte, el departamento de Boyacá alegó falta de legitimación en la
causa por pasiva, al estimar que el reconocimiento y el pago de la pensión
solicitada corresponden al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), a través de la Fiduprevisora.
Sentencia apelada
13. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante la sentencia del 10 de
diciembre de 2024 declaró la nulidad de la Resolución 1603 del 9 de abril de 2021
y, en consecuencia, condenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a
la actora la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
14. En la providencia se declaró la prescripción de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 18 de febrero de 2017.
15. Como fundamento principal, sostuvo que el régimen pensional aplicable a
los docentes oficiales se determina con base en la fecha de su vinculación al
servicio público. Así, quienes ingresaron antes del 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se rigen por las normas anteriores;
mientras que aquellos que se vincularon con posterioridad se someten al régimen
de prima media con prestación definida contenido en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003.
16. Con base en el material probatorio, estableció que la actora se vinculó al
servicio público docente el 1 de septiembre de 1995, es decir, antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, el régimen aplicable era el consagrado
en la Ley 71 de 1988, la cual permite «la sumatoria de aportes a uno o varias
entidades de previsión».
17. Al estudiar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación por aportes, evidenció que la señora Gilma Aurora Real Gómez cumplió
los 55 años de edad el 21 de septiembre de 2009 y acumuló 20 años de servicios
el 11 de agosto de 2016, así: 176,00 semanas como auxiliar de servicios
generales en el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.; 234,57 semanas
reconocidas judicialmente por servicios prestados mediante contratos de
prestación de servicios; y 799,00 semanas correspondientes a su vinculación
legal y reglamentaria como docente.
18. En ese orden de ideas, determinó que la demandante tiene derecho a (i)
que se le pague la respectiva mesada a partir del 11 de agosto de 2016,
equivalente al 75 % de la asignación básica y bonificación mensual docente
devengadas durante el año anterior a la consolidación de su estatus pensional; y
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(ii) a percibir de manera simultánea la pensión de jubilación y el salario que
devenga como docente oficial.
19. También aclaró que si bien la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá fue la competente de elaborar y expedir el acto administrativo
demandado, la obligación de pago de la prestación reconocida recaía en el
FOMAG.
20. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas y ordenó al
FOMAG «disponer para con Colpensiones» (sic) el soporte financiero
correspondiente al tiempo efectivamente laborado por la actora en el Instituto
Nacional de Cancerología E.S.E. y cotizado a CAJANAL.
Recurso de apelación
21. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, argumentando que el régimen pensional aplicable a la
señora Real Gómez no era el previsto en la «la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de
1988», debido a que la vinculación legal y reglamentaria al servicio docente se
produjo en 2010, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003.
22. En ese sentido, agregó que los períodos laborados mediante contratos de
prestación de servicios pueden computarse para efectos pensionales, pero no
para asumir la existencia de una relación laboral.
23. Mencionó que la demandante no cumple los requisitos del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el 1 de abril de 1994
no acreditaba el tiempo de servicios exigido.
24. Sostuvo que la mesada pensional debía liquidarse únicamente con los
factores sobre los cuales se efectuaron aportes y que se encuentran enlistados
en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
25. Adicionalmente, afirmó que el FOMAG carece de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que la responsabilidad derivada de la decisión corresponde
a la entidad territorial, al ser la encargada de elaborar y emitir el acto
administrativo acusado.
26. Por último, objetó la condena en costas al considerar que esta no es de
carácter objetivo.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
27. En auto del 10 de marzo de 20252, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.
2 Índice 4 del aplicativo SAMAI.
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28. Las partes no presentaron alegatos de conclusión y el agente del
ministerio público no rindió concepto en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
29. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico
30. De conformidad con los reparos planteados en la apelación, corresponde
a la Sala determinar si la señora Real Gómez es beneficiaria del régimen previsto
en la Ley 71 de 1988; adicionalmente, deberá establecerse si el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio carece de legitimación en la causa por
pasiva por cuanto el acto acusado fue elaborado y expedido por la entidad
territorial; y finalmente, habrán de analizarse los reproches relativos a los factores
salariales incluidos en el ingreso base de liquidación y a las costas procesales.
Análisis del problema jurídico
31. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, al verificarse que el
régimen pensional aplicable a la actora es el previsto en la Ley 71 de 1988, por
cuanto su vinculación al servicio educativo se produjo con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
32. Asimismo, se desestimará el reparo relativo a la liquidación de la mesada
pensional y a las costas, pues el Tribunal limitó el ingreso base de liquidación a
la asignación básica y la bonificación mensual docente. Además, se modificará
la decisión para precisar que las actuaciones administrativas tendientes a obtener
el cobro de los aportes pensionales registrados en CAJANAL a nombre de la
actora deberán adelantarse ante la UGPP y no ante COLPENSIONES.
33. Como cuestión preliminar, la Sala advierte que aunque el Tribunal
reconoció la pensión de jubilación con fundamento en la Ley 71 de 1988, del
acervo probatorio se desprende que la totalidad del tiempo computado
corresponde a servicios en el sector público; en consecuencia, la actora satisface
los requisitos de la pensión de jubilación del artículo 1 de la Ley 33 de 1985,
régimen invocado en las pretensiones.
34. No obstante, esta precisión no altera la prestación reconocida, por cuanto
los requisitos de edad (55 años) y tiempo de servicio (20 años), el ingreso base
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de liquidación (promedio del último año de servicios con los factores salariales
previstos en la Ley 62 de 1985 y decretos posteriores) y la tasa de reemplazo (75
%) coinciden en ambos regímenes, por tanto, no se modificará la decisión en ese
sentido.
35. Igualmente, se observa que la accionante consolidó el estatus pensional
el 6 de julio de 20163, al cumplir 20 años de servicio en el sector público; sin
embargo, este aspecto no será objeto de modificación, pues no fue materia de
inconformidad por parte de la demandada y la actora no apeló la sentencia de
primera instancia.
36. A continuación, la Sala relacionará los hechos probados con fundamento
en los documentos que obran en el expediente, que la llevan a las conclusiones
que se han enunciado:
i) La señora Gilma Aurora Real Gómez nació el 21 de septiembre de
1954.
ii) Conforme a la certificación de información laboral del 3 de abril de
20184, prestó servicios como auxiliar de servicios generales en el
Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. entre el 16 de septiembre de
1978 y el 18 de febrero de 1982; en ese periodo consta la realización
de los aportes a CAJANAL.
iii) Asimismo, las certificaciones de historial laboral expedidas por el
FOMAG dan cuenta de que la demandante prestó servicios como
docente ante la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá,
durante los siguientes periodos:
Tipo de vinculación Desde - Hasta Tiempo de servicios
Orden de prestación de 01/09/95 al 30/11/95 91 días
servicios 795
Orden de prestación de 15/09/96 al 15/12/96 92 días
servicios sin núm.6
Orden de prestación de 03/02/97 al 30/06/97 148 días
servicios sin núm.7
Orden de prestación de 01/02/99 al 30/11/99 303 días
servicios sin núm.8
Orden de prestación de 06/03/00 al 24/11/00 264 días
servicios sin núm.9
Orden de prestación de 21/02/01 al 21/11/01 274 días
servicios 00310
3
La fecha del 6 de julio de 2016 se estableció al acumular los periodos de 3 años, 5 meses y 7 días laborados
como auxiliar de servicios generales, junto con 16 años, 6 meses y 23 días prestados en el servicio docente,
para un total de 20 años de servicio en el sector público.
4 Folio 22, índice 3 del aplicativo Samai del Tribunal. Demanda.
5 Folios 42 a 43, ibidem.
6
Folios 40 a 41, ibidem.
7
Folios 38 a 39, ibidem.
8 Folios 34 a 35, ibidem.
9
Folios 36 a 35, ibidem.
10 Folios 32 a 33, ibidem.
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Orden de prestación de 03/04/02 al 30/11/02 242 días
servicios 0311
Orden de prestación de 13/03/03 al 12/12/03 275 días
servicios 273512
Resolución 142013 05/08/04 al 30/05/19 5.412 días
(nombramiento en
propiedad)
7.101 días, equivalentes a
19 años, 5 meses y 16 días.
iv) Adicionalmente, obra en el expediente la sentencia del 20 de febrero
de 201914, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Duitama, dentro del radicado 15236333300120170019200,
mediante la cual se declaró la existencia de una relación laboral entre
la señora Real Gómez y el departamento de Boyacá durante el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 1995 y el 30 de noviembre
de 2003, salvo sus interrupciones, por servicios docentes prestados
mediante contratos de prestación de servicios sucesivos.
37. En cuanto al argumento según el cual el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) carece de legitimación en la causa por pasiva,
dado que la competencia para elaborar y expedir el acto acusado recaía en la
Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, conviene aclarar que la
excepción no fue planteada en la contestación de la demanda, sino introducida
de manera extemporánea en la apelación.
38. Sin perjuicio de lo anterior, aun si se efectuara un análisis material del
reproche planteado, se considera que carece de respaldo jurídico, toda vez que,
conforme al numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de 1989, la financiación y pago
de las prestaciones sociales de los docentes afiliados corresponde al FOMAG.
39. Esta obligación fue reforzada por el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 15,
al disponer que las pensiones de los docentes beneficiarios de la Ley 91 de 1989
«serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad
territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio».
40. En esa medida, aunque la elaboración y expedición del acto acusado
correspondió a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, la
obligación económica derivada de su contenido recae en el FOMAG, por lo que
no prospera la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por dicha
entidad.
41. Precisado lo anterior, se pone de presente que el artículo 81 de la Ley 812
de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política
11
Folios 30 a 31, ibidem.
12
Folios 28 a 29, ibidem.
13 Folios 24 a 27, ibidem.
14
Folios 48 a 61, ibidem.
15 En relación con la vigencia de esta norma, ver el artículo 372 de la Ley 2294 de 2023.
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(adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005) establecen que el
régimen pensional de los docentes vinculados al servicio educativo oficial antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003) es el
previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión a la Ley 71 de 198816.
42. De igual manera, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de prestación
de servicios con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 son
válidos para efectos de acceder al régimen pensional de que trata la Ley 71 de
1988 y acreditar los 20 años de servicio que esta última exige para adquirir el
derecho a una pensión de jubilación, aun sin que haya sentencia judicial que
declare la configuración de una relación laboral encubierta, teniendo en cuenta
que la labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición
de docente oficial17.
43. En ese contexto, los períodos comprendidos entre el 1 de septiembre de
1995 y 12 de diciembre de 2003, durante los cuales la actora prestó sus servicios
docentes en la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, de forma
discontinua y mediante contratos de prestación de servicios, son computables
para establecer su vinculación al servicio educativo oficial antes del 27 de junio
de 2003.
44. De lo dispuesto en los artículos 48 de la Constitución Política (parágrafo
transitorio 1) y 81 de la Ley 812 de 2003, no se desprende la exigencia de
acreditar una vinculación legal y reglamentaria al servicio educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley para acceder al régimen
pensional previsto en la Ley 91 de 1989, que remite a la Ley 71 de 1988. Tales
disposiciones únicamente aluden a la fecha de ingreso al servicio docente oficial,
sin distinguir entre modalidades de vinculación.
45. Así las cosas, como la señora Real Gómez acreditó su vinculación al
servicio docente oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, el régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley 91 de 1989, que
remite a la Ley 71 de 1988.
46. Igualmente, la actora se encuentra amparada por el régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1 de abril de 1994 contaba con 39
años de edad. Sin embargo, la primera instancia determinó que en el caso sub
examine la aplicación de la Ley 71 de 1988 no dependía de dicho régimen, sino
del previsto en la Ley 91 de 1989, cuyo presupuesto es la vinculación al servicio
educativo oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, lo que lleva a que la
prestación se liquide con base en lo devengado en el último año de servicios.
16
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 17 de julio de 2025, expediente 52001-23-33-000-2018-00464-01
(1334-2022).
17
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
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47. Por otro lado, se advierte que la entidad demandada cuestionó la
liquidación de la mesada, al sostener que debía efectuarse únicamente con los
factores sobre los cuales se realizaron aportes y que se encuentran
taxativamente previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
48. Sobre el particular, resulta pertinente acudir a la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 20196, en la cual el Consejo de Estado
sentó jurisprudencia respecto al «ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
49. En dicha providencia se estableció que el ingreso base de liquidación de
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, como es el caso de la actora, debe determinarse conforme
a los siguientes parámetros:
(i) El período correspondiente al año anterior a la consolidación del
estatus pensional, esto es, al cumplimiento de los requisitos de edad y
tiempo de servicios; o a la terminación del vínculo legal y reglamentario.
(ii) Los factores computables son exclusivamente los previstos en la Ley
62 de 1985, a saber: asignación básica, gastos de representación,
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación,
dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios
prestados y trabajo suplementario o nocturno.
50. A su vez, los Decretos 633 y 634 de 2007, el Decreto 1566 de 2014 y el
Decreto 2354 de 2018 introdujeron y reglamentaron nuevos factores salariales
aplicables a los docentes oficiales, los cuales también integran el ingreso base
de liquidación, siempre que hayan servido de base para realizar aportes al
sistema pensional. Dichos factores son: (i) asignación adicional para directivos
docentes; (ii) bonificación mensual de docentes; y (iii) bonificación pedagógica.
51. Estos conceptos al haber sido incorporados expresamente en la normativa
y configurarse como factores salariales sujetos a cotización, resultan
computables para efectos del cálculo del IBL.
52. Al comparar los factores salariales percibidos por la señora Gilma Aurora
Real Gómez entre el 11 de agosto de 2015 y el 10 de agosto de 2016, año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, con los
enlistados en las disposiciones aplicables, se advierte que solo percibió la
asignación básica y la bonificación mensual docente.
53. Por consiguiente, no le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que
el Tribunal incurrió en error al incluir factores distintos de los taxativamente
previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, pues lo cierto es que la decisión
de primera instancia se limitó a reconocer como computables la asignación
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Demandante: Gilma Aurora Real Gómez
básica y la bonificación mensual docente, en concordancia con la normativa
aplicable y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado.
54. En lo relativo a que se revoque la condena en costas, advierte la Sala que
la sentencia impugnada exoneró a la demandada en ese punto, de manera que
su reparo no tiene asidero alguno y por consiguiente no hay lugar a que esta
Corporación se ocupe de dicho aspecto.
55. Finalmente, la Sala advierte una imprecisión en la orden impartida en el
ordinal cuarto de la providencia apelada, al disponer que el FOMAG adelante
ante Colpensiones las actuaciones tendientes a obtener el traslado de los aportes
registrados en la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) a nombre de la
actora. Dado que la administración de tales recursos corresponde actualmente a
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), la gestión debe
promoverse ante esta y no ante Colpensiones.
56. En consecuencia, para garantizar el financiamiento de la prestación
reconocida y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 5 del artículo 5 de la
Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, se modificará el
ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia en el sentido de ordenar al
FOMAG que adelante ante la UGPP las gestiones necesarias para el cobro de
las cuotas partes correspondientes a los aportes pensionales recibidos por
CAJANAL a nombre de la actora.
Condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
59. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
60. En consecuencia, se condenará en costas al FOMAG, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para tal efecto, de
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conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 10 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el
cual quedará de la siguiente manera:
CUARTO. ORDENAR a Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que adelante ante la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales las gestiones necesarias para
el cobro de las cuotas partes correspondientes a los aportes pensionales
recibidos por la Caja Nacional de Previsión Social a nombre de la señora
Gilma Aurora Real Gómez.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada, las cuales serán liquidadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 366 del CGP.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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