Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00627-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00627-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2021-00627-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00627-01 (5460-2023)
Demandante: Myriam del Carmen Briceño de Acero
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
71 de 1988.
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque el
régimen pensional aplicable a la actora es el previsto en la
Ley 71 de 1988.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 21 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Myriam del Carmen Briceño de Acero interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
objeto de que se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio
administrativo negativo que se configuró el 22 de mayo de 2021, por la omisión
en atender la petición presentada el 22 de febrero de 2021.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la pensión de
jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas en
el año anterior al «15 de octubre de 2016», fecha en la que adquirió el estatus
pensional, sin que se le exija el retiro definitivo del servicio; (ii) pagar las mesadas
causadas desde la adquisición del derecho; (iii) indexar las sumas adeudadas y
ordenar e incluir los intereses moratorios que se generen después de la ejecutoria
del fallo; (iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192
y 195 del CPACA; y (v) condenar en costas a la parte demandada.
3. Como hechos relevantes de la demanda expuso que nació el 20 de mayo
de 1961 y que su primera vinculación a la docencia oficial tuvo lugar el 1 de marzo
de 1982, cuando se posesionó como docente interino en la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá.
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4. Posteriormente, laboró en el sector privado y realizó aportes al Instituto de
Seguros Sociales (hoy Colpensiones) entre 1992 y 2004, de manera discontinua.
5. Relató que el 16 de enero de 2006 se vinculó como docente en propiedad
en la Secretaría de Educación Municipal de Duitama, cargo que continuaba
desempeñando al momento de presentar la demanda.
6. Como concepto de la violación, argumentó que la administración
desconoció las normas1 que sustentaban sus pretensiones, en atención a que la
señora Briceño de Acero se vinculó al servicio oficial docente con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable para el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez es el consagrado en la Ley 71 de
1988.
Contestación de la demanda
7. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
al considerar que el régimen pensional aplicable a la actora era el previsto en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, dado que se vinculó al servicio público oficial
el 16 de enero de 2006, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.
8. En consecuencia, adujo que los factores salariales que integran el ingreso
base de liquidación son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron
aportes y que se encuentran previstos en el Decreto 1158 de 1994, mas no los
invocados por la demandante con fundamento en la Ley 62 de 1985.
9. Propuso como excepciones: (i) legalidad del acto acusado; (ii) ineptitud de
la demanda por carencia de fundamento jurídico; (iii) cobro de lo no debido; (iv)
improcedencia de la condena en costas; y (v) la genérica.
Sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante la sentencia del 21 de
septiembre de 2022 declaró la nulidad del acto ficto originado por el silencio
administrativo frente a la solicitud presentada el 22 de febrero de 2021, y en
consecuencia, condenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a la señora
Myriam del Carmen Briceño de Acero la pensión de jubilación por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988.
11. En la providencia declaró de oficio probada la excepción de prescripción
respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 22 de febrero
de 2018.
1
Artículos 7 de la Ley 71 de 1988; Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989, numerales 1 y 2; 6 de la Ley
60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del
Decreto 3752 de 2003.
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12. Como fundamento principal, señaló que el régimen pensional aplicable a
los docentes oficiales se determina con base en la «primera fecha de vinculación»
al servicio público. En tal sentido, quienes ingresaron antes del 27 de junio de
2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se rigen por las normas
anteriores; mientras que aquellos que se vincularon con posterioridad se someten
al régimen de prima media con prestación definida previsto en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
13. Con base en el material probatorio, estableció que la actora se vinculó al
servicio público docente el 1 de marzo de 1982, es decir, antes de la vigencia de
la Ley 812 de 2003. En consecuencia, el régimen aplicable era el consagrado en
la Ley 71 de 1988, la cual permite acumular tiempos cotizados en los sectores
público y privado.
14. Al estudiar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación por aportes, evidenció que la señora Briceño de Acero cumplió los 55
años de edad el 20 de mayo de 2016 y acumuló los 20 años de servicios el 26
de agosto de 2016, así: 1 mes y 26 días mediante la vinculación interina, 9 años,
3 meses y 24 días cotizadas a Colpensiones, y 10 años, 7 meses y 10 días como
docente en propiedad.
15. En ese orden de ideas, determinó que la actora tiene derecho a (i) que se
le pague la respectiva mesada a partir del 26 de agosto de 2016, equivalente al
75 % del promedio de la asignación básica y bonificación mensual cotizada en el
año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, esto es,
entre el 26 de agosto de 2015 y el 25 de agosto de 2016; y (ii) a percibir de
manera simultánea la pensión de jubilación y el salario que devenga como
docente.
16. Respecto a los factores salariales que integran el ingreso base de
liquidación, el a quo concluyó que correspondían a los definidos en el artículo 1
de la Ley 62 de 1985, así como en el Decreto 1566 de 2014 y demás
disposiciones concordantes aplicables al régimen docente.
17. Finalmente, ordenó a la entidad demandada adelantar las gestiones
necesarias para el cobro de las cuotas partes correspondientes a los aportes
pensionales que Colpensiones haya recibido a nombre de la actora, y se abstuvo
de imponer condena en costas.
Recurso de apelación
18. La apoderada de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia argumentando que el régimen pensional aplicable
a la señora Briceño de Acero no era el previsto en la Ley 71 de 1988, sino el de
prima media con prestación definida consagrado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, dado que su afiliación al FOMAG ocurrió en el año 2006, en vigencia de
la Ley 812 de 2003.
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19. Además, señaló que a la demandante no le resulta aplicable el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que para el 1.º de
abril de 1994 contaba con 32 años de edad y no acumulaba los 15 años de
servicios exigidos en dicha disposición.
20. Por consiguiente, solicitó revocar la decisión apelada y negar las
pretensiones de la demanda.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
21. En auto del 19 de septiembre de 20242, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la accionada.
22. En sus alegatos, la parte actora solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia3, bajo el entendido de que (i) los cuestionamientos planteados en el
recurso de apelación sobre el régimen aplicable ya fueron resueltos en dicha
providencia; y (ii) los aportes pensionales son imprescriptibles, de manera que
aun cuando la señora Briceño de Acero hubiese sido afiliada al FOMAG durante
la vigencia de la Ley 812 de 2003, corresponde a la entidad efectuar el respectivo
cobro.
23. El ministerio público no rindió concepto en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico
25. De acuerdo con los reproches planteados en el recurso de apelación, la
Sala debe establecer si la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, teniendo en
cuenta que su afiliación al FOMAG se produjo en el año 2006 y que no cumplía
los requisitos para acogerse al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
Análisis del problema jurídico
2 Índice 13 del aplicativo Samai.
3 Índice 19 del aplicativo Samai.
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26. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, al encontrar
acreditado que el régimen pensional aplicable a la actora es el previsto en la Ley
71 de 1988, por cuanto su vinculación al servicio educativo se produjo con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
27. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:
i) La señora Myriam del Carmen Briceño de Acero nació el 20 de mayo
de 19614 y trabajó como docente oficial en los siguientes periodos:
Tipo de Entidad Desde - Hasta Tiempo de
vinculación contratante o servicios
empleadora
Resolución 6035 Secretaría de 01/03/82 a 25/04/82 56 días
(nombramiento en Educación
interinidad) Departamental de
Boyacá
Decreto 1706 Secretaría de 16/01/06 a 26/08/16 3.876 días
(nombramiento en Educación
propiedad) Municipal de
Duitama
3.932 días,
equivalentes a 10
años, 11 meses y 2
días.
ii) La actora también registra 467,71 semanas de cotización en
Colpensiones7, producto de labores realizadas en el sector privado
entre el 4 de marzo de 1992 y el 30 de noviembre de 2004, de manera
discontinua, equivalentes a 9 años, 1 mes y 4 días.
28. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el régimen
prestacional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «que se
encuentren vinculados» a la docencia pública es el previsto para el magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha ley. A su turno, los
maestros que se vinculen al servicio educativo oficial a partir del 27 de junio de
2003 gozan de los derechos pensionales del régimen de prima media con
prestación definida de que tratan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con sus
requisitos, salvo el de la edad que es de 57 años para hombres y mujeres.
29. Ese beneficio se predica incluso de quienes no se encontraban vinculados
estrictamente el 27 de junio de 2003 (fecha de la entrada en vigor de la Ley 812
4 Folios 28 a 30, índice 2 del aplicativo Samai.
5 Folios 24 a 27, índice 2 del aplicativo Samai.
6 Folios 46 a 47, índice 2 del aplicativo Samai. En el expediente obra certificado laboral expedido por el
FOMAG en el que se indica que la actora se vinculó como docente en propiedad a partir del 16 de enero de
2006 mediante el Decreto 089; no obstante, el acto administrativo aportado corresponde al Decreto 170,
razón por la cual se tendrá en cuenta este último.
7 Folios 31 a 35, índice 2 del aplicativo Samai.
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de 2003), pero que en todo caso hayan ejercido como maestros antes de la
expedición de la norma.
30. Lo anterior, en atención al principio de la condición más beneficiosa, el
cual se distingue por:
«(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen
de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una
vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta,
la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora»8.
31. En ese sentido, es necesario señalar que, debido a que la Ley 812 de 2003
no consagró un régimen de transición para quienes tuvieran una expectativa
legítima de pensionarse como docentes, es necesario recurrir a las normas
anteriores que regían la materia, las cuales se aplicarán de forma ultractiva en
aplicación del aludido principio de condición más beneficiosa.
32. Para resolver el caso es preciso tener en cuenta que el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto
Legislativo 01 de 2005, dispuso que el régimen pensional de los maestros
nacionales, nacionalizados y territoriales «vinculados» a la docencia oficial es el
establecido para el magisterio en las normas legales vigentes antes del 27 de
junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, mientras que los que se
vinculen a partir de la fecha mencionada son beneficiarios de los derechos del
régimen de prima media con prestación definida regulados por las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
33. A través de la Sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, la
Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en el sentido
de precisar que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio
educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, mientras que
el derecho pensional de los maestros públicos que se vinculen después de esa
fecha, afiliados al FOMAG, está sometido al régimen de prima media definido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en cuanto al requisito de la edad,
que es de 57 años para hombres y mujeres.
34. Adicionalmente, en la citada sentencia de unificación se precisó que, si el
derecho pensional está regido por la Ley 33 de 1985, la mesada correspondiente
debe liquidarse con los factores «sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985»,
lineamiento que se ha complementado en razón a normas posteriores que han
dispuesto que otros emolumentos también deben incluirse en el cálculo de la
8
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 15 de febrero de 2011,
Radicación: 40.662.
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mesada pensional9, como ocurre con la bonificación pedagógica10 y la
bonificación mensual de docentes y directivos docentes11, por ejemplo.
35. A su vez, la sentencia de unificación determinó que cuando el derecho
pensional se establece conforme con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los
factores salariales computables para liquidar la mesada son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron los aportes. Esta directriz
debe interpretarse en conjunto con las normas posteriores que han establecido
el carácter salarial para efectos pensionales de ciertos emolumentos (como es el
caso de las bonificaciones mencionadas), teniendo en consideración que se trata
de disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades señaladas en el artículo
150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y en la Ley 4.ª de 1992.
36. Ahora bien, resulta importante precisar que en la Sentencia SUJ-014-CE-
S2-19 del 25 de abril de 2019 se indicó que el régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 es el previsto
en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, pero nada se dijo en torno a la posibilidad
de aplicar o no la Ley 71 de 1988. Tal circunstancia se produjo porque en esa
oportunidad se analizó la situación pensional de una persona beneficiaria de la
Ley 33 de 1985, por lo que el estudio acerca de las normas anteriores a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 se limitó a aquella12.
37. Sin embargo, como el régimen pensional de los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 está previsto en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 15 (numeral 2, inciso 2) remite al régimen jurídico de los
pensionados del sector público nacional (en el caso de los docentes nacionales
y nacionalizados vinculados a partir del 1.° de enero de 1981 y de los maestros
que ingresaron al servicio desde el 1.° de enero de 1990), aquellos no solo
pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988. Así se desprende de los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989,
teniendo en cuenta que en la ponencia para primer debate en el Senado de la
República se expresó lo siguiente:
EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES
9
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de agosto de 2024, expediente 44001-23-40-000-2018-00143-01 (5066-2022); y
sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
10
El Decreto 2354 de 2018 creó la bonificación pedagógica y estableció que constituye factor salarial para
tofos los efectos legales (artículo 3, numeral 4).
11
El Decreto 1566 de 2014 creó la bonificación mensual docente y dispuso que constituye factor salarial
para todos los efectos legales (artículo 1, inciso 2). Este decreto fue derogado por normas posteriores, las
cuales han señalado que en el valor de las asignaciones básicas está incluida la bonificación mensual
docente.
12 En sentencia del 19 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
indicó que la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 «solo desarrolló la
determinación de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido
prestado únicamente en el sector público y cotizado exclusivamente al FNPSM. No obstante, dicha
providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como sucede en el sub iudice, el
educador también tiene acumulados tiempos cotizados como contratista y aportados a otra administradora
como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones).
Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a la Ley 71 de 1988 que
regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley 33 de 1985». Ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
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[…]
Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley
71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del
movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la
repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios
asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera
lo permite.13
38. Así las cosas, dentro del escenario pensional que tuvo en cuenta el
legislador para elaborar el texto de la Ley 91 de 1989 estuvo la aceptación de
que la Ley 71 de 1988 beneficia al personal del magisterio, hecho que se dio por
sentado e hizo innecesaria la reproducción o previsión expresa de la posibilidad
de aplicar dicha ley a los docentes oficiales.
39. En igual sentido lo han considerado ambas Subsecciones de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de manera reciente14.
40. En ese contexto, el periodo comprendido entre el 1 de marzo y 25 de abril
de 1982, durante el cual la demandante prestó sus servicios como docente
interina en la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, es computable
para establecer su vinculación al servicio educativo oficial antes del 27 de junio
de 2003.
41. Cabe aclarar que la vinculación inicial de la actora a la docencia oficial se
dio bajo la modalidad de interinidad, la cual se utilizó «como mecanismo mediante
el cual la [A]dministración, ante la imposibilidad de contar con docentes de
carrera, designaba con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio
de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la
efectiva prestación de los servicios educativos»15.
42. En consecuencia, como la señora Briceño de Acero se vinculó a la
docencia oficial antes de que entrara en vigencia la Ley 812 de 2003, su régimen
pensional está previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión a la Ley 71
de 1988.
43. La Sala advierte que a la demandante no le resultan aplicables las
disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en tanto ingresó a la
docencia oficial antes del 27 de junio de 2003. Por lo tanto, su acceso al régimen
pensional de la Ley 71 de 1988 no está condicionado al cumplimiento de los
requisitos de la transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 199316.
13 Gaceta del Congreso de la República 103 del 17 de octubre de 1989.
14 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, i) Subsección A,
sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022); y ii)
Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2024, expediente 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-
2022).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 30 de octubre de 2024, expediente 25000-23-25-000-2012-01551-01 (1135-2018).
16
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-
2017).
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44. En este asunto, se encuentra demostrado que la señora Myriam del
Carmen Briceño de Acero cumple con ambos requisitos, pues: (i) según copia
del registro civil de nacimiento, nació el 20 de mayo de 1961, por lo que alcanzó
la edad de 55 años el 20 de mayo de 2016; y (ii) conforme a las resoluciones y
certificaciones laborales allegadas, el 20 de agosto de 2016 completó 20 años
de servicios en los sectores público y privado.
45. No obstante, no se modificará lo decidido frente a este punto, dado que la
parte interesada no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia.
46. Finalmente, en el recurso de apelación se alegó que la actora no se
encontraba afiliada al FOMAG para el 27 de junio de 2003, fecha de entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. No obstante, dicha circunstancia no impide el
reconocimiento de los periodos previos, pues los docentes que acreditan
vinculación al servicio oficial antes de esa fecha y cumplen los requisitos
establecidos en la Ley 91 de 1989 conservan su derecho pensional conforme al
principio de la condición más beneficiosa, como se señaló previamente.
47. Por lo expuesto, se confirmará íntegramente la decisión apelada.
Condena en costas
48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080
de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. En consecuencia, se impondrán costas al FOMAG, por cuanto se
confirma 21 de septiembre de 2022, que accedió a las pretensiones. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00627-01 (5460-2023)
Demandante: Myriam del Carmen Briceño de Acero
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Boyacá que accedió a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de la presente sentencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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