Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2022-00194-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2022-00194-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2022-00194-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
16 de junio de 2022
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00194-01
Demandante: Helkin Mauricio Duarte Cristancho
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00194-01
Demandante: HELKIN MAURICIO DUARTE CRISTANCHO
Demandado: JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE TUNJA
Temas: Tutela contra providencia. Defectos sustantivo y procedimental
absoluto. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Acumulación subjetiva de pretensiones
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección General del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC contra la sentencia del 12 de mayo de
2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que resolvió:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del accionante HELKIN MAURICIO DUARTE CRISTANCHO
y de los 58 demandantes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 15001 33 33 010 2019 00124 - 00, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Tunja, que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la presente providencia
proceda a dejar sin efectos los autos del 25 de febrero y 25 de marzo de 2022, de
acuerdo a las consideraciones precedentes y en consecuencia, proceda a DICTAR un
auto de reemplazo en el que decida sobre la admisión de la demanda presentada por
el accionante HELKIN MAURICIO DUARTE CRISTANCHO y los demás demandantes
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15001 33 33 010 2019
00124, bajo el entendido de que no es viable nuevo pronunciamiento en cuanto a la
acumulación de pretensiones previamente resuelta mediante auto de fecha 20 de
noviembre de 2019.”
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Helkin Mauricio Duarte Cristancho, mediante apoderado judicial, interpuso acción
de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales de acceso a la administración de Justicia,
debido proceso e igualdad. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“3.2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva ORDENAR al JUZGADO DECIMO
ADMINISTRATIVO DE TUNJA – JUEZ JAVIER LEONARDO LÓPEZ HIGUERA, que en
un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, REVOQUE los efectos de los autos
del 25 de febrero de 2022 y 25 de marzo de 2022, proferidos dentro de la acción de
Nulidad y restablecimiento del Derecho que conocer bajo radicado N° 150013333010-
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Demandante: Helkin Mauricio Duarte Cristancho
2019-00124-00 y en consecuencia proceda con la admisión de la demanda sobre la
totalidad de los demandantes (59), esto es, bajo los parámetros de la acumulación
subjetiva de pretensiones.
3.3. Como consecuencia de lo anterior, se sirva EXTENDER los efectos positivos de la
sentencia de tutela a todos los demás demandantes que junto con el aquí tutelante
presentaron la demandada en ejercicio del medio de control de Nulidad y
restablecimiento del Derecho en contra del INPEC, dentro del proceso radicado N°
150013333010-2019-00124-00 que se tramita a instancia del Despacho del Juez
JAVIER LEONARDO LÓPEZ HIGUERA – JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE
TUNJA.”
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Helkin Mauricio Duarte Cristancho, junto con otras 58 personas, promovieron
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, con el fin de que se ordenara la adecuación de
la jornada laboral para que fuera proporcional al sobresueldo devengado
mensualmente y para que se les reconociera y pagara el retroactivo desde el 12 de
enero de 2016, por concepto de la diferencia entre lo pagado a título de sobresueldo
y lo que realmente debieron percibir en proporción al trabajo realizado.
En auto del 12 de septiembre de 2019, el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja
inadmitió la demanda al considerar que existía una indebida acumulación subjetiva
de pretensiones y falta del requisito de procedibilidad de conciliación.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
por el Juzgado en auto del 20 de noviembre de 2019, en el que repuso el auto que
inadmitió la demanda en cuanto a la parte de la acumulación subjetiva de
pretensiones, señalando la procedencia de esta dentro del proceso. Sin embargo,
no repuso la providencia en cuanto al requisito de procedibilidad de la conciliación.
Mediante auto del 6 de agosto de 2020, se rechazó la demanda, por no haberse
subsanado el requisito de conciliación prejudicial. Contra esa decisión se interpuso
recurso de apelación.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en proveído del 15 de septiembre de 2021,
revocó el anterior auto, al considerar que. por tratarse de un asunto laboral donde
se debaten derechos ciertos e indiscutibles. no era procedente la exigencia del
requisito de conciliación prejudicial.
En cumplimiento de la anterior decisión, el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja
profirió el auto del 25 de febrero de 2022, en el cual se admitió la demanda de la
referencia, solo respecto del señor Alfonso Alvarado Granados y ordenó el desglose
sobre los otros 58 demandantes, por considerar que existía acumulación subjetiva
de pretensiones y no existe vinculo suficiente entre lo pretendido por cada uno de
los accionantes, debido a las marcadas diferencias entre sus situaciones fácticas y
jurídicas.
El señor Duarte Cristancho interpuso recurso de reposición, con el fin de que se
admitiera la demanda respecto de los 59 demandantes, pero dicha solicitud se
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Demandante: Helkin Mauricio Duarte Cristancho
resolvió de forma negativa en auto del 25 de marzo de 2022, reiterando los
argumentos expuestos en el auto admisorio.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del tutelante, los autos de 25 de febrero y 25 de marzo de 2022, proferidos
por la autoridad judicial accionada son contradictorios con el proveído del 6 de
agosto de 2020 respecto de la procedencia de la acumulación subjetiva de
pretensiones. Lo anterior, teniendo en cuenta que en principio se admitió su
procedencia y, posterior a la decisión de segunda instancia del 15 de septiembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, se determinó la
improcedencia de dicha figura, disponiendo la admisión de la demanda ordinaria
respecto de uno de los demandantes y el desglose del libelo introductorio para los
restantes 58 accionantes.
Que el eje central de discusión en el proceso cuestionado fue la acumulación
subjetiva de pretensiones, que fue declarado por el juzgado en primera instancia y
posteriormente se negó, manteniendo la procedencia del mismo.
Aseguró que los autos referidos incurrieron en defecto sustantivo al realizar una
interpretación fáctica y normativa que no se encuentra dentro de los parámetros
razonables y en defecto procedimental absoluto por apartarse del trámite que está
previsto para la demanda y por omisión de etapas sustanciales del procedimiento
establecido legalmente en los artículos 169, 170 y 171 del CPACA.
Que, acorde con lo previsto en el artículo 88 del Código General del Proceso, no se
requiere del cumplimiento de todos lo requisitos enunciados para la procedencia de
la acumulación subjetiva de pretensiones, por el contrario, señala que es viable en
cualquiera de los eventos allí aludidos, es decir, cuando provengan de la misma
causa, cuando versen sobre el mismo objeto, cuando se hallen entre sí en relación
de dependencia y cuando deban servirse de unas mismas pruebas.
4. Oposición
El Juez 10 Administrativo Oral del Circuito de Tunja pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no ha vulnerado los
derechos fundamentales deprecados por el actor.
Lo anterior, teniendo en cuenta que los proveídos cuestionados no adolecen del
defecto sustantivo o procedimental absoluto, por cuanto se fundaron en el artículo
88 del CGP, aplicable de forma plena al caso analizado y bajo los criterios que ha
previsto el Consejo de Estado, como órgano de cierre de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Aunado a ello, indicó que adelantó el procedimiento debido para la admisión de la
demanda y concedió la oportunidad de recurrir la decisión, tal y como se evidencia
con el auto del 25 de marzo de 2022, en el cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra el auto admisorio.
Trajo a colación apartes de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, del 15 de septiembre de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez, el radicado nro. 11001031500020210514700, la cual aseguró que sirvió
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Demandante: Helkin Mauricio Duarte Cristancho
como sustento jurisprudencial de los proveídos cuestionados, en donde se expresa
de manera clara que la procedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones
debe cumplir todas las exigencias previstas en el artículo 88 de la Ley 1564 de 2012
y no solamente una de ellas.
Que la interpretación y aplicación de la norma procesal referida se encuentra dentro
de los parámetros de plausibilidad y razonabilidad, por lo tanto, la acción de tutela
no es procedente para cuestionar esa interpretación. Que la inconformidad del actor
es frente al desglose de las demandas para que sean repartidas a despachos
judiciales en forma individual, situación que no amenaza o vulnera derecho
fundamental alguno de los demandantes.
5. Tercero interesado
La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
pidió que se declarara improcedente y/o se negaran las pretensiones de la acción
de tutela, porque que no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales
descritos en la acción de tutela.
Además, indicó que en el presente caso no se cumple el requisito de subsidiariedad,
pues considera que la parte actora están en capacidad de agotar los recursos que
dispone la jurisdicción administrativa, dentro del trámite del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
6. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 12 de mayo de 2022,
tuteló lo derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia del actor; como consecuencia, dejó sin efecto los autos del 25 de febrero
y 25 de marzo de 2022, y le ordenó al Juzgado 10 Administrativo de Tunja que se
volviera a pronunciar sobre la admisión de la demanda, sin que fuera viable hacer
pronunciamiento sobre la acumulación de pretensiones, por haber sido resuelta en
proveído del 20 de noviembre de 2019.
Lo anterior, al considerar que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo, al considerar que no justificó suficientemente su actuación, toda vez que,
en auto del 12 de septiembre de 2019, estimó que no era procedente la acumulación
subjetiva de pretensiones por cuanto para verificar la condición de cada
demandante era necesario valorar documentos autónomos. Sin embargo, al
resolver la reposición, en auto del 20 de noviembre del mismo año, dijo que sí se
cumplían las exigencias legales para la acumulación subjetiva de pretensiones de
acuerdo al artículo 165 del CPACA y finalmente, transcurridos 27 meses, por auto
del 25 de febrero de 2022, cuando lo que procedía era dar curso a la admisión con
fundamento en la decisión del recurso de apelación que revocó el rechazo, hizo
nueva valoración del tema de la acumulación de pretensiones y sostuvo que no
procedía por no existir vínculo suficiente entre lo pretendido por cada uno de los
accionantes, debido a las diferentes situaciones fácticas y jurídicas.
Aseguró que no había razón jurídica aceptable para que el juzgado se pronunciara
nuevamente sobre la acumulación de pretensiones, más aún, cuando habían
transcurrido más de 27 meses desde la decisión en la cual había aceptado su
procedencia, creando en esa oportunidad confianza legítima para los demandantes
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de que su causa sería tramitada como favorablemente se había aceptado, es decir,
dando trámite al asunto bajo la óptica de la acumulación subjetiva de pretensiones.
Que el juez no advirtió una razón suficiente para revalorar de manera oficiosa el
criterio que había expuesto en el auto anterior, más si se tiene en cuenta que el
trámite había avanzado – después de casi tres años desde su radicación.
7. Impugnación
La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
impugnó el fallo de primera instancia, pidió que se revoque la decisión y, en su lugar,
se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, por lo siguiente:
Indicó que la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito de
subsidiariedad, porque el tutelante disponía de todos los recursos al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Que el fallo de tutela que se
impugna constituye una tercera instancia del proceso ordinario.
Aseguró que acorde con lo previsto en el artículo 88 del CGP, para que proceda la
acumulación subjetiva de pretensiones, se deben cumplir algunos requisitos, que
en el presente caso no se cumple porque, las fechas de posesión de los iniciales
accionantes no es la misma y los salarios de éstos, es distinto, teniendo en cuenta
sus grados asignados. En esa medida la decisión de la autoridad judicial accionada
de no admitir la demanda para todos los accionantes está acorde a derecho.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
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Demandante: Helkin Mauricio Duarte Cristancho
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
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mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
3. Problema jurídico
Acorde con el escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si fue
acertada la decisión del a quo de acceder a las pretensiones de la acción de tutela,
por considerar que el Juzgado 10 Administrativo de Tunja incurrió en defectos
sustantivo y procedimental absoluto, al proferir los autos del 25 de febrero y 25 de
marzo de 2022, en los cuales se ordenó la admisión de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho respecto de un demandante y se dispuso el desglose
respecto de los otros 58, dentro de los cuales se encuentra el actor.
4. Solución al problema jurídico planteado
En el fallo de primera instancia, se concluyó que el Juzgado 10 Administrativo de
Bogotá incurrió en defecto sustantivo y procedimental absoluto, toda vez que, en
auto del 28 de noviembre de 2019, había determinado que procedía la acumulación
subjetiva de pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que se cuestiona, por lo que no era dable que, en los autos del 25 de
febrero y 25 de marzo de 2022, se volviera a pronunciar sobre este mismo aspecto
y adoptara un criterio diferente.
Al respecto, lo primero que la Sala debe indicar es que la decisión del juzgado
accionado de admitir la demanda respecto de un demandante y ordenar el desglose
respecto de los otros 58 demandantes, compete a un aspecto procedimental, más
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se
destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad supone que la providencia controvertid a haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Helkin Mauricio Duarte Cristancho
no sustancial, por lo tanto, no puede hablarse de la existencia de cosa juzgada en
el presente caso.
Ahora, acorde con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, “los
procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución
Política y la ley y la preservación del orden jurídico”.
Aunado a lo anterior, el artículo 207 ejusdem previó como un deber del juez, que
una vez agotada cada etapa del proceso, “sanear los vicios que acarrean
nulidades”. En concordancia con el numeral 5 del artículo 180 de la misma norma,
en la cual se establece la obligación para el funcionario judicial, de “decidir, de oficio
o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las
medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias”.
A su vez, el Código General del Proceso en su artículo 42, establece como deberes
del juez “sanear los vicios de procedimiento o precaverlos”.
Entonces, la facultad de saneamiento le impone al Juez la obligación de revisar la
regularidad del proceso, la existencia de irregularidades o vicios y subsanarlos, para
que el proceso pueda seguir y culminar normalmente con sentencia de mérito. Con
tal propósito la ley le asignó al juez facultades dirigidas a controlar la legalidad y, en
tal virtud, adoptar las medidas necesarias en orden a encauzar las acciones con el
propósito de garantizar su continuidad y finalización.
En consecuencia, la Sala advierte, que el Juez 10 Administrativo de Tunja estaba
facultado para pronunciarse sobre la acumulación subjetiva de pretensiones que se
dio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se promovió
contra el INPEC, aunque en una providencia previa hubiese tomado una decisión
diferente.
Frente a ello, conviene recordar que la actuación irregular del juez, en un proceso,
no puede atarlo en el mismo para que siga cometiendo errores, más aún tratándose
de decisiones directamente relacionadas con la aptitud de la demanda para activar
el aparato judicial y la posibilidad de acceder a la administración de justicia.
Ahora, debe entrarse a analizar, si la decisión adoptada por el juez se encuentra
acorde con las disposiciones legales que regulan la acumulación subjetiva de
pretensiones dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho.
Acorde con el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho que se
cuestiona y que fue aportado al trámite de tutela, la Sala evidencia que:
Mediante auto del 12 de septiembre de 2019, el Juzgado 10 Administrativo de Tunja
inadmitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el
señor Helkin Mauricio Duarte Cristancho y otras 58 personas, contra el INPEC, al
considerar que no cumplía los requisitos de conciliación prejudicial y acumulación
subjetiva de pretensiones.
Posteriormente, al resolver el recurso de reposición contra la anterior decisión, el
juzgado, en auto del 28 de noviembre de 2019, reconsideró su decisión y al respecto
señaló:
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“De manera reciente el Consejo de Estado en sede de tutela, ha indicado que respecto
de la acumulación subjetiva de pretensiones que no resulta procedente acudir al
procedimiento civil para determinar su procedencia, pues el artículo 165 de la Ley 1437
de 2011, norma especial, no prohíbe que se de la acumulación de varios demandantes,
siempre que se cumplan los requisitos enlistados en esa norma.
(…)
En punto de lo anterior, debe señalar el Despacho que el estudio de admisión de la
demanda, en cuanto a la acumulación de pretensiones subjetiva, debe realizarse desde
la óptica de lo dispuesto en el artículo 165 del C.P.A.C.A. exclusivamente:
En el sub examine, se tiene en primera medida que se cumple el primer requisito
previsto en dicha norma, toda vez que el despacho es competente para conocer de
todas las pretensiones, dado que se trata de la nulidad del mismo acto para todos los
integrantes de la parte activa, y las pretensiones de restablecimiento del derecho,
aunque con resultados diferentes para cada uno, son idénticas, atendiendo también al
factor cuantía por cuanto discriminada por cada actor no supera el monto de los 50
SMLMV.
Igualmente, no se excluyen entre sí las pretensiones, pues como se acabo de indicar,
se refiere al mismo acto ficto, producto de la petición presentada en común y que no
tuvo respuesta por parte de la entidad accionada, es decir, existe afinidad en sus
peticiones y el reconocimiento de alguna de ellas no implica desfavorecer el interés de
los otros.
Adicional a lo anterior, en tratándose de un acto ficto, no se habla de término de
caducidad, por cuanto la ley autorizar accionar contra estos en cualquier tiempo,
conforme el literal d del 1 (sic) del artículo 164 del C.P.A.C.A.
Finalmente, todas las pretensiones deben tramitarse bajo el mismo procedimiento por
tratarse, se reitera, de nulidad del mismo acto administrativo y pretender los mismos
reconocimientos.
Corolario de lo expuesto, a la luz de los requisitos de los artículos 165 de la Ley 1437
de 2011, resulta procedente la acumulación subjetiva de pretensiones presentada en la
demanda, motivo por el cual se repondrá el auto que inadmitió la demanda en ese
sentido.”
Luego, en auto del 6 de agosto de 2020, el juzgado rechazó la demanda, por no
haberse subsanado el requisito de conciliación prejudicial.
Contra esa decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, en proveído del 15 de septiembre de 2021, en
el cual se revocó el auto de rechazo y ordenó al juzgado proveer sobre la admisión
de la demanda, al considerar que en el presente asunto se están reclamando
derechos ciertos e indiscutibles, respecto de los cuales es innecesario agotar el
requisito de conciliación prejudicial para demandar.
En cumplimiento del anterior proveído, el Juzgado 10 Administrativo de Tunja
profirió el auto del 25 de febrero de 2022, en el cual admitió la demanda solo
respecto de un demandante y ordenó desglosar del expediente digital las
demandas, junto con los anexos respectivos de los otros 58 demandantes, aunado
a ello, ordenó remitirlos al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos de
Tunja, junto con copia de las actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que fueran sometidas a nueva radicación
y reparto. Los argumentos principales de la decisión fueron los siguientes:
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Radicado: 15001-23-33-000-2022-00194-01
Demandante: Helkin Mauricio Duarte Cristancho
“(…) Sin embargo, advierte el despacho, que en sub lite existe una acumulación
subjetiva de pretensiones, respecto de la cual, si bien en proveído del 28 de noviembre
de 2019, se arguyó que cumplía con los requisitos previstos en el artículo 165 del
CPACA, el criterio más reciente del Consejo de Estado, apunta a que la procedencia de
la figura debe ser analizada a la luz de los presupuestos establecidos en el artículo 88
del CGP.
(…)
En este sentido, se pasará a analizar si existe la necesaria interdependencia entre las
pretensiones de cada uno de los accionantes, de acuerdo con las causales previstas en
el artículo 88 del CGP:
A) Que exista identidad de causa: Se encuentra, que, si bien la totalidad de las
pretensiones devienen de la declaración de nulidad del acto administrativo ficto derivado
de la no contestación de la solicitud elevada a la entidad accionada el 12 de enero de
2019, la disonancia entre las condiciones fácticas de cada caso individualmente
analizado, no permite establecer que haya identidad de causa entre ellos, siempre que
la repercusión de la manifestación de voluntad de la administración es diferente para
cada uno de los accionantes y erraría el despacho en contemplar que sus efectos son
idénticos o cuanto menos asimilables en todos los casos, pues la vinculación de cada
integrante de la parte actora al INPEC, su cargo, tiempo de servicios, entre otras
circunstancias, son diferentes a las de los demás.
B) Que exista identidad objeto: En este punto, debe destacarse que el fin perseguido
por cada uno de los accionantes difiere del de los demás, es decir, no existe identidad
entre lo que cada uno pretende a título de restablecimiento del derecho, dado que los
accionantes se han desempeñado en cargos diferentes y por lo tanto han devengado
sumas diversas como contraprestación por sus servicios, aunado a que su vinculación
con la entidad accionada ocurrió en momentos diversos, concretos para el caso
particular de cada uno de los ellos.
C) Que exista relación de dependencia: Aquí es claro, que las pretensiones de los
accionantes no se encuentran necesariamente vinculadas, ni dependen de las de los
demás, por lo que el reconocimiento de lo reclamado por unos, no implicaría per se, que
se acceda a las solicitudes de todos, en la misma forma que la negación de las
pretensiones de uno, no implica que lo pretendido por el resto sufra la misma suerte.
C) Que deban servirse de las mismas pruebas: En este punto, es claro que al analizar
el caso de cada uno de los accionantes, deben considerarse las pruebas
correspondientes a su situación particular, hecho que se refleja claramente al examinar
el acápite de pruebas de la demanda, donde se requiere solicitar a la accionada copias
del acta de nombramiento y posesión, certificaciones de tiempo de servicio,
desprendibles de pago emitidos desde el 2015 a la fecha de recaudo de la prueba, entre
otras, de cada uno de los 59 accionantes.
Siendo así, no puede entenderse que la existencia de convergencias entre los casos de
los accionantes, den pie a la acumulación subjetiva de pretensiones, pues no existe
vinculo suficiente entre lo pretendido por cada uno de los accionantes, debido a las
marcadas diferencias entre sus situaciones fácticas y jurídicas.”
El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición contra la
anterior decisión, el cual fue resuelto de manera negativa por el juzgado en auto del
25 de marzo de 2022, por las siguientes razones:
“A.- SOBRE LA IDENTIDAD DE CAUSA: En este sentido, concuerda el despacho con
lo indicado por el recurrente en el escrito allegado, pues como se destaca en el cuerpo
de la demanda, los accionantes en su conjunto incoaron el medio de control bajo
estudio, en aras de que se ordene adecuar su jornada laboral y se reconozca, liquide y
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Demandante: Helkin Mauricio Duarte Cristancho
pague la diferencia monetaria entre lo cancelado a título de sobresueldo y lo que
estiman que debieron recibir en proporción a la cantidad de trabajo realizado.
Pese a lo expuesto anteriormente, debe resaltarse que el sustento factico de la misma
no se limita a la respuesta negativa del INPEC frente a la solicitud impetrada, pues la
situación de cada uno de los accionantes difiere de la del otro, dado que, entre otras
cosas, se vincularon a la entidad accionada en momentos distintos, mediante actos
administrativos independientes, han percibido distintos emolumentos y han prestado
sus servicios a la entidad de forma disímil respecto de sus cargos y antigüedad, con lo
que no se puede entender, como erradamente sostiene el apoderado recurrente, que
los hechos que fundamentan la demanda sean los mismos en todos los casos, lo cual
conlleva la necesidad de estudiarlas de forma individualizada, con el fin de pronunciarse
de fondo sobre las particularidades que reviste cada caso en concreto.
B.- SOBRE LA IDENTIDAD DE OBJETO: En este aspecto, se encuentra que dentro del
recurso interpuesto se sostiene que existe identidad de objeto entre los demandantes,
pues todos ellos persiguen la declaratoria de nulidad del acto ficto o presunto a través
del que el INPEC negó sus pretensiones en sede administrativa. Sobre el particular, es
preciso insistir en que la identidad solamente se predica de la pretensión anulatoria, en
tanto que la fundabilidad de la pretensión de reconocimiento, liquidación y pago de la
diferencia monetaria entre lo pagado a título de "sobresueldo" y lo que realmente
debieron recibir en proporción a la cantidad de trabajo realizado, depende de un análisis
individual del tiempo de servicios y particularmente de los turnos de trabajo prestados
por cada uno de los demandantes como dragoneante al servicio del INPEC.
C.- SOBRE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Concluyó el apoderado accionante en
este aspecto, que la modificación de la jornada laboral de los demandantes y el
reconocimiento y cancelación de las diferencias monetarias entre lo pagado por
concepto de sobresueldo y lo que considera debió habérseles cancelado, implica una
dependencia entre las pretensiones de los accionantes, pues el reconocimiento del
derecho a uno de ellos, conllevaría que frente a los demás siguiera la misma suerte.
D.- SOBRE LA IDENTIDAD DE PRUEBAS: Se argumentó en el escrito del recurso, que
la identidad de las pruebas de las que deben servirse los accionantes para perseguir
sus respectivas pretensiones, de acuerdo con el artículo 88 del C.G.P., se limitan a
aquellas que soportan las pretensiones acumuladas, por lo que la decisión adoptada en
la providencia del 25 de febrero del corriente es contraria a derecho, siempre que basta
con que para todos los casos se analice dentro del soporte probatorio el acto
administrativo demandado, la reclamación administrativa realizada el 19 de enero de
2019 y las demás solicitadas en el escrito de la demanda.
En este sentido, recalca el despacho, que como se expuso en auto del 25 de febrero de
2022 (archivo 30) y dentro de esta misma providencia, la pluralidad de situaciones
jurídicas entre los demandantes es clara y se encuentra originada en las profundas
diferencias de cada una de sus situaciones fácticas, por lo que no es dable, como lo
hace el apoderado accionante, concluir en este momento procesal que la decisión
adoptada para todos los accionantes vaya a ser idéntica, siempre que es necesario
hacer un análisis riguroso de las condiciones fácticas en cada uno de sus casos.
Por lo tanto, aunque, de acuerdo con lo expuesto por el apoderado demandante, se
estime que la simple existencia de pruebas comunes es causa suficiente para justificar
la acumulación subjetiva de pretensiones, ello no basta para que opere dicha figura,
pues las pruebas requeridas deben tener la transversalidad y contundencia suficientes
respecto de las pretensiones acumuladas, para conducir a que los fallos proferidos en
la totalidad de los casos observen el mismo sentido.
En segunda medida, es preciso destacar que las pruebas que en el recurso interpuesto
se denominan como: “Todas aquellas pruebas que en la demanda fueron solicitadas.”,
corresponden, como posteriormente lo admitió el accionante, a las documentales
requeridas en sede administrativa, es decir, los desprendibles de pago de cada uno de
los accionantes expedidos desde octubre de 2016 a la fecha, lo que, como ya se ha
dicho, soporta situaciones jurídicas diferentes, derivadas de los distintos tiempos de
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vinculación, entre otras circunstancias disimiles, que contrarían el sentido de la norma,
pues llevan intrínseca la necesidad de hacer un estudio particular del caso de cada uno
de los accionantes, con lo cual carece de sentido la aplicación de la figura de la
acumulación subjetiva.
Debe insistir el despacho en que, al analizar el caso de cada uno de los accionantes,
deben considerarse las pruebas correspondientes a su situación particular, hecho que
se refleja claramente al examinar el acápite de pruebas de la demanda, donde se
requiere solicitar a la accionada, copia del acta de nombramiento y posesión,
certificaciones de tiempo de servicio, desprendibles de pago emitidos desde el 2015 a
la fecha de recaudo de la prueba, entre otras, de cada uno de los 59 accionantes.
Siendo así, no puede entenderse que la existencia de convergencias entre los casos de
los accionantes, den pie a la acumulación subjetiva de pretensiones, pues no existe
vinculo suficiente entre lo pretendido por cada uno de los accionantes, debido a las
marcadas diferencias entre sus situaciones fácticas y jurídicas.”
Al respecto, se tiene que la Ley 1437 de 2011, en el artículo 165 del CPACA previó
la acumulación objetiva de pretensiones, que permite que en una demanda se
acumulen pretensiones de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho.
Aunque la ley en comento, de manera expresa, no contempla la acumulación
subjetiva de pretensiones, tampoco la prohíbe, por ello, la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha indicado que, en atención a la remisión del artículo 306
esjudem, es viable siempre que se cumplan los supuestos del artículo 88 del CGP,
que prevé:
ARTÍCULO 88. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. El demandante podrá
acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque
no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la cuantía.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como
principales y subsidiarias.
3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.
4. En la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene al
demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y el
cumplimiento de la sentencia definitiva.
También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios
demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de
unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando provengan de la misma causa.
b) Cuando versen sobre el mismo objeto.
c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.
d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.
En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas
que persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del demandado. (Negrillas de
la Sala).
Los jueces ordinarios, al interpretar la anterior disposición, han previsto la
procedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones siempre que se cumplan
estos requisitos: (i) que provengan de la misma causa; (ii) que las pretensiones
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versen sobre el mismo objeto; (iii) que las pretensiones se hallen entre sí en relación
de dependencia y (iv) que deban servirse de unas mismas pruebas.
Con base en lo anterior, en los proveídos cuestionados se concluyó que no se
cumplían los requisitos para la acumulación subjetiva de pretensiones, pues la
situación fáctica de cada demandante es distinta, ya que tienen una vinculación
diferente y un tiempo de servicios que debe examinarse de forma independiente. Y
que pese a demandarse el mismo acto administrativo, el juez competente es el
mismo en todos los casos y que el trámite y procedimiento que se debía impartir era
igual, no había identidad de objeto, porque el análisis debe hacerse de forma
individualizada, teniendo en cuenta tiempo de servicios y particularmente, los turnos
de trabajo prestados por cada uno de los demandantes como dragoneantes al
servicio del INPEC.
Aunque, tal y como se indicó en el escrito de tutela, de la lectura del artículo 88 del
CGP, no se advierte que se exija el cumplimiento de todos los requisitos enlistados
en la norma, sino que basta con que se configure alguno de ellos para su
procedencia.
Conforme con lo anterior, para la Sala sí era procedente la acumulación subjetiva
de pretensiones propuesta en el proceso cuestionado, por lo siguiente:
• Se trata de varios demandantes contra un mismo demandando.
• Provienen de la misma causa, pues se trata de dragoneantes del INPEC que
buscan la adecuación de la jornada laboral para que fuera proporcional al
sobresueldo devengado mensualmente y para que se les reconociera y
pagara el retroactivo desde el 12 de enero de 2016, por concepto de la
diferencia entre lo pagado a título de sobresueldo y lo que realmente debieron
percibir en proporción al trabajo realizado.
• Versan sobre el mismo objeto, en la medida en que se cuestiona el mismo
acto administrativo y pretenden el reconocimiento y pago de las referidas
prestaciones sociales.
• Adicionalmente, existe conexidad, se deben tramitar por igual procedimiento
y el juez competente es el mismo para todos los casos.
En esa medida, advierte la Sala que los proveídos del 25 de febrero y 25 de marzo
de 2022, proferidos por el Juzgado 10 Administrativo de Tunja, incurrieron en
defecto sustantivo por indebida interpretación de la norma, al exigir que para la
procedencia de la acumulación subjetiva de pretensiones se debían cumplir todos
los requisitos señalados en el artículo 88 del CGP.
La Sala coincide con la conclusión del juez de tutela de primera instancia, toda vez
que, de la lectura literal de la norma, no se advierte que exija el cumplimiento de
todos los requisitos. Es más, si se analiza de manera integral el artículo 88 ídem, se
encuentra que la primera parte de la norma, que regula acumulación objetiva,
dispone que procederá “siempre que concurran los siguientes requisitos” mientras
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que en la acumulación subjetiva de pretensiones refiere que será procedente “ en
cualquiera de los siguientes casos” 4.
Entonces, la Sala considera que el a quo acertó al concluir que las providencias
acusadas, al denegar la acumulación subjetiva de pretensiones, incurrieron en
defecto sustantivo por indebida interpretación de los artículos 165 del CPACA y 88
del CGP.
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada, pero por las precisas
razones expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 12 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, pero por las precisas razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por
cualquier otro medio expedito.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
4 Alrespecto, ver sentencia proferida el 24 de junio de 2021, Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp.
11001031500020200436901, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
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