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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2024-00420-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2024-00420-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia proferida el 15 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 3 que negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora María Consuelo Ávila Ávila, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2024-00420-01 Demandante: María Consuelo Ávila Ávila 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 15001-23-33-000-2024-00420-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de marzo de 2025

Radicado: 15001-23-33-000-2024-00420-01
Demandante: María Consuelo Ávila Ávila

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 15001-23-33-000-2024-00420-01
Demandante MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA
Demandado JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DE TUNJA
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico.
Sustitución pensional. Excepción de pleito pendiente. Requisitos de
procedencia de tutela contra providencia judicial: la subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de
15 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Sección Nro. 3 que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora María
Consuelo Ávila Ávila contra el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja.»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de diciembre de 20241, la señora María Consuelo Ávila Ávila interpuso acción
de tutela contra el Juzgado Once Administrativo de Tunja por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas
respetuosamente solicito al señor Juez Constitucional le sean tutelados los derechos
fundamentales de: DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURIDICA Y SEGURIDAD SOCIAL DE
LOS PENSIONADOS, y sea ordenando de ser posible en alcance jurídico se decrete la
excepción de pleito pendiente, dentro del proceso con radicado no.
15001333301120230016900.
SUBSIDIARIA
Se declare la nulidad de todo lo actuado en audiencia decretada el 03 de diciembre de 2.024
dentro del proceso con radicado no. 15001333301120230016900 y en su lugar se suspenda
el proceso hasta tanto el Juzgado Segundo Laboral resuelva la excepción de FALTA DE
JURISDICCION Y COMPETENCIA, dentro del proceso 15001310500220220029500».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 17 de septiembre de 1960 el señor José de Jesús Santamaría Díaz (q.e.p.d.),
contrajo matrimonio con la señora Ruth Marina Valbuena de Santamaría y,
fruto de esa unión tuvieron 3 hijos. Según se informa en la demanda de tutela,
convinieron hasta el 31 de diciembre de 1974.

1
Escrito de tutela radicado a través del portal SAMAI. Índice 1.
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Radicado: 15001-23-33-000-2024-00420-01
Demandante: María Consuelo Ávila Ávila

2.2. La señora María Consuelo Ávila Ávila manifestó que, en calidad de compañera
permanente convivió con el señor José de Jesús Santamaría Díaz a partir del
año 1975 y hasta la fecha de su fallecimiento.

2.3. Mediante la Resolución Nro. 1290 de 1993 le fue reconocida pensión de vejez
al actor por parte de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal, por haber
prestado sus servicios como docente en la Secretaría de Educación del
departamento de Boyacá.

2.4. El señor José de Jesús Santamaría Díaz falleció el 17 de mayo de 2021.

2.5. La accionante solicitó al Departamento de Boyacá la sustitución pensional, al
igual que la señora Ruth Marina Valbuena de Santamaría.

Mediante la Resolución Nro. 0425 del 25 de agosto de 2022, la Dirección de
Pasivos Pensionales del departamento de Boyacá, resolvió dejar en suspenso
las solicitudes de sustitución pensional presentadas por las mencionadas
señoras, hasta tanto la jurisdicción ordinaria decidiera y hubiera sentencia
ejecutoriada.

Proceso ordinario laboral Nro.15001-31-05-002-2022-00295-00

2.6. El 29 de septiembre de 2022, la hoy tutelante presentó demanda ordinaria
laboral en contra de la señora Ruth Marina Valbuena de Santamaría y del
departamento de Boyacá, que por reparto le correspondió conocer al Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Tunja.

2.7. La demanda fue admitida por auto del 16 de diciembre de 2022; fue contestada
la demanda y se presentó un incidente de nulidad por parte de la señora Ruth
Marina Valbuena de Santamaría por falta de competencia.

Proceso ordinario laboral Nro. 15001-31-05-003-2022-00294-00

2.8. Por su parte, el 13 de octubre de 2022 la señora Ruth Marina Valbuena de
Santamaría presentó demanda ordinaria laboral en contra de la señora María
Consuelo Ávila Ávila y el departamento de Boyacá, que le correspondió al
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja; autoridad judicial que, por
auto del 23 de febrero de 2023 resolvió declarar la falta de competencia para
conocer del asunto y ordenó la remisión del caso a los juzgados
administrativos de Tunja.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 15001-33-33-
011-2023-00169-00

2.9. Por reparto correspondió conocer al Juzgado Once Administrativo de Tunja
que, por auto del 23 de octubre de 2023 avocó el conocimiento del asunto y
concedió el término de 10 días para adecuar la demanda a las exigencias de
la jurisdicción.

Por auto del 30 de noviembre de 2023 se inadmitió la demanda para que fuera
subsanada.

Cumplido lo anterior, por auto del 26 de enero de 2024 se admitió la demanda.

2.10. Mediante providencia del 17 de mayo de 2024 (notificada por correo electrónico
el 20 de mayo de 2024), se resolvieron las excepciones propuestas por la parte
demandada.

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Demandante: María Consuelo Ávila Ávila

2.11. Posteriormente, el 3 de diciembre de 2024, se llevó a cabo audiencia inicial en
la que, se resolvió sobre la excepción de pleito pendiente, en el sentido de
negarla. Contra esa decisión, la hoy tutelante presentó recurso de apelación
el que se rechazó por improcedente y se resolvió de oficio el recurso de
reposición confirmando la decisión.

2.12. Luego de agotada esta etapa, se llegó a la audiencia de pruebas en la que
dispuso fecha para llevar a cabo diligencias de testimonios. Las decisiones allí
adoptadas quedaron notificadas en estrados.

3. Fundamentos de la acción

La accionante en las pretensiones de la acción de tutela pide que se resuelva de
forma favorable la excepción de pleito pendiente que propuso en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la que advierte la Sala que
cuestiona la providencia del 3 de diciembre de 2024, por la que se llevó a cabo la
audiencia inicial y se resolvió sobre la excepción mencionada, por el Juzgado Once
Administrativo de Tunja (radicación Nro. 15001-33-33-011-2023-00169-00).

En ese sentido, la parte actora alegó la configuración de un defecto fáctico. Sostuvo
que hubo una falta de análisis o valoración de las demandas radicadas en el
Juzgado Segundo Laboral y Tercero Laboral de Tunja, este último enviado por
competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa y que fue asignado por
reparto al Jugado Once Administrativo de Tunja.

Precisó que no se realizó un estudio concreto de la causa y las pretensiones y que
ambas persiguen el reconocimiento de la sustitución pensional, es decir, que van
encaminadas a dirimir a cuál de las dos señoras le asiste derecho a que se le
reconozca la sustitución pensional, con ocasión del fallecimiento del señor José de
Jesús Santamaría Díaz.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 10 de diciembre de 2024, el despacho ponente admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso
vincular como terceros con interés al Ministerio de Educación – FOMAG, al
departamento de Boyacá y a la señora Ruth Marina Valbuena De Santamaria,
quienes actúan dentro del proceso ordinario.

4.2. El Juzgado Once Administrativo de Tunja, rindió informe en el que hizo un
recuento de las actuaciones que se han llevado a cabo en ese despacho
judicial. Acto seguido y en relación con la excepción previa de pleito pendiente
propuesta por la parte actora, dijo que si bien inicialmente se resolvieron las
excepciones en providencia del 17 de mayo de 2024, frente a esta
puntualmente se dispuso el decreto de pruebas para poder definir si se
estructuraba o no, por lo que por auto del 18 de julio de 2024 se había oficiado
al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja para que allegara la
totalidad del expediente identificado con el Nro. en el que la señora María
Consuelo Ávila Ávila es parte demandante.

Que, finalmente en audiencia inicial llevada a cabo el 3 de diciembre de 2024,
se había resuelto la excepción declarándola no probada, al encontrar que no
existía una identidad de los elementos para que se hablara de un pleito
pendiente, decisión con respecto a la que el apoderado de la hoy accionante
presentó recurso de apelación el que fue rechazado por improcedente. Sin
embargo, explicó que dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 318 del
Código General del Proceso, tramitó recurso de reposición y se resolvió no

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reponer la decisión. Incluso, se refirió a una solicitud de nulidad propuesta por
la parte actora y que se había desestimado igualmente.

Por lo anterior, advirtió que las decisiones habían sido garantes de los
derechos fundamentales de la actora, por lo que pidió se declarara la
improcedencia de la presente acción.

4.3. El Ministerio de Educación, se pronunció, anunció que en el presente caso
se estaba discutiendo un aspecto meramente económico y que, correspondía
a la parte accionante si existía una eventual trasgresión de derechos, lo que
no se evidenciaba en el caso. También se refirió a la autonomía judicial con la
que contaban los jueces y el respeto por sus decisiones.

Finalmente pidió que se declarara la improcedencia de la presente acción.

4.4. La Fiduprevisora S.A., en su calidad de administradora del patrimonio
autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
FOMAG, rindió informe en el que manifestó que la decisión había sido
proferida en atención a las facultades con las que contaba el juez y conforme
a lo evidenciado en el expediente, por lo que no se advertía vulneración alguna
y por lo que pidió se declarara la improcedencia de la presente acción.

4.5. El departamento de Boyacá presentó informe en el que indicó que no le
asistía legitimación en la causa por activa, al no tener injerencia en las
decisiones judiciales que se cuestionaban a través de la presente acción.

4.6. La señora Ruth Marina Valbuena De Santamaria, no se pronunció en esta
oportunidad.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia del 15 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Despacho Nro. 6, negó las pretensiones de la demanda de tutela.

Explicó que la excepción de pleito pendiente busca la terminación del proceso,
cuando simultáneamente se están tramitando asuntos idénticos en cuanto a las
partes, objeto y causa y dijo que esta excepción tiene como propósito evitar la
duplicidad de procedimientos y proteger la eficiencia del sistema judicial.

Dijo que para que proceda la excepción referida, debían cumplirse ciertos requisitos:
i) el pleito debe estar en curso, no puede ser una demanda pasada o resuelta, ii)
que el tema o la cuestión que se está discutiendo en ambos litigios sea el mismo,
iii) las partes involucradas en ambos pleitos deben coincidir y, iv) el proceso se debe
adelantar ante un tribunal con jurisdicción sobre el caso y agregó que también se
busca que sobre la misma pretensión se dicten dos fallos contradictorios.

Anunció que, en el caso concreto la jurisdicción competente era la contenciosa
administrativa y que, en ese orden de ideas, no era posible concluir que pudieran
proferirse dos fallos que definieran el asunto, porque ante la falta de jurisdicción lo
que podía ocurrir era que de superarse el examen que propuso la señora Ruth
Marina Valbuena Moreno ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, esto es, la
solicitud que hizo allá de falta de competencia, llevara a un fallo inhibitorio de cara
a lo preceptuado en los artículos 2 y 104 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Agregó que no podía perderse de vista la posibilidad que ofrecía el ordenamiento
legal para que se llevara a cabo el reconocimiento de la pensión de manera

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compartida entre la cónyuge y la compañera permanente en proporción al tiempo
que cada una convivió con el pensionado.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia. Dijo que el fallo se limitó
a analizar en el caso en concreto la competencia del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Tunja, pero que en ese proceso la parte demandante propuso la
excepción de falta de competencia la cual no ha sido resuelta por el respectivo
despacho, razón por la que insiste que se debe respetar el turno en la presentación
de demandadas y se debe revisar que las dos demandas persiguen el mismo fin
que es el reconocimiento de acceso a la sustitución pensional del causante José de
Jesús Santamaría Díaz.

Sostuvo que, si bien las pretensiones difieren porque una pretende el
reconocimiento como compañera permanente y la otra como cónyuge, se persigue
el mismo objeto que es la sustitución pensional.

Finalmente dijo que no existía disposición legal en el que la competencia fuera
requisito para negar una excepción de pleito pendiente como lo hacía ver el fallo
impugnado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
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3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta que se discute una providencia judicial de un proceso que
actualmente se encuentra en trámite, corresponde a la Sala previamente determinar
si se cumple con el requisito de procedencia de la subsidiariedad.

De encontrar acreditado el mencionado requisito, corresponderá a la Sala
determinar si, de acuerdo con el escrito de tutela y el de impugnación, en armonía
con los antecedentes del caso, asistió o no razón al juez de tutela de primera
instancia en negar las pretensiones del escrito de tutela, al no encontrar
estructurado el defecto fáctico en la decisión del 3 de diciembre de 2024 proferida
por el Juzgado Once Administrativo de Tunja, en cuanto negó la excepción de pleito
pendiente propuesta por la parte actora en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (radicación Nro. 15001-33-33-011-2023-00169-00).
4. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad cuando la acción de tutela
se interpone contra una decisión emitida en un proceso en curso

Dada su naturaleza subsidiaria, la acción de tutela solo procede cuando no existan
otros medios de defensa para amparar los derechos fundamentales invocados. O
en su defecto, siempre que sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la
existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente la acción de
tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas circunstancias su carácter
subsidiario y residual puede llegar a tener algunas excepciones.

La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20151 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos
y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando tales medios
de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de
protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales y (iii) Cuando
el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad,
personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.),
y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."2

Y si bien la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para
determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar
a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de
defensa; que a pesar de existir no es idóneo, ni eficaz; que se pretende evitar un
perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional. Lo anterior, en consideración a que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del
otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable. Circunstancias que
son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional
en el caso concreto.
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Ahora bien, al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia de tutela contra
providencia judicial, pueden suceder dos escenarios: que el proceso judicial haya
concluido o que se encuentre en curso, como ocurre en este caso. En principio, si
el proceso se encuentra en curso, la intervención del juez de tutela es aún más
restrictiva, por virtud del principio de subsidiariedad, que señala que la tutela no es
un mecanismo alternativo o paralelo a los legalmente establecidos.

La Corte Constitucional4 ha manifestado que las razones que explican esta
procedencia excepcionalísima, en el caso de los actos interlocutorios cuando el
proceso está en curso, son las siguientes: (i) que no se trata de providencias
judiciales definitivas; (ii) los sujetos procesales tienen la posibilidad de controvertir
las decisiones a través de los mecanismos que disponga la Ley para tal fin; además
(iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final.

De lo anterior deriva que, procederá de manera excepcionalísima la acción de tutela,
aunque el proceso judicial esté en curso, cuando: la protección de los derechos
presuntamente conculcados no se pueda procurar a través de otros medios de
defensa y se hubieren ejercido los recursos ordinarios procedentes contra la
decisión que se ataca; cuando a pesar de existir otros mecanismos de defensa
judicial estos no son idóneos; y/o cuando la protección constitucional es urgente
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

Adicionalmente, cuando se alega una irregularidad procesal, es necesario que la
decisión cuestionada sea determinante en el proceso y con potencialidad de
trasgredir los derechos fundamentales de las partes e intervinientes.

En conclusión, el Tribunal Constitucional estima que “(…) uno de los escenarios en los
cuales podría resultar procedente la acción de tutela interpuesta contra autos interlocutorios de
procesos en curso, se da cuando la decisión cuestionada es de una manifiesta importancia de
cara al trámite judicial en curso y, por tanto, tiene una naturaleza determinante dentro del
mismo, con la potencialidad de trasgredir derechos fundamentales de las personas
involucradas.”

5. Análisis del caso concreto

5.1. Advierte la Sala que en el presente caso, insiste la accionante en la existencia
de un pleito pendiente, al cursar actualmente una demanda por ella presentada
en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja (radicación Nro.15001-31-
05-002-2022-00295-00), pues en su sentir, al existir ese proceso en el que se
busca la sustitución pensional del causante José de Jesús Santamaría Díaz y,
existir coetáneamente el proceso que actualmente se tramita ante el Juzgado
Once Administrativo de Tunja y cuya demandante es la señora Ruth Marina
Valbuena de Santamaría en busca igualmente de que le sea reconocida
sustitución pensional a su favor, hace que deba declararse probada la
excepción propuesta.

5.2. De la revisión de las piezas procesales del expediente a cargo del Juzgado
Once Administrativo de Tunja, se advierte que, en efecto, la excepción fue
resuelta por la autoridad judicial accionada en el curso de la audiencia inicial
llevada a cabo el 3 de diciembre de 2024, en la que, luego de analizar las
pruebas y verificar el contenido de la demanda que cursa en el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Tunja y el que se adelanta en el despacho
judicial accionado, es posible concluir que sobre el punto, se hizo un análisis
detallado de las razones por las que no podía declararse probada la excepción
de pleito pendiente y, frente a la que la parte actora contó con la posibilidad de
presentar recursos, siendo interpuesto el recurso de apelación que, como lo
afirmó la autoridad judicial en la decisión, era improcedente por lo que se
rechazó y se adecuó al de reposición, en aplicación del artículo 318 del Código
General del Proceso, y confirmó lo inicialmente resuelto, esto es, que,
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Demandante: María Consuelo Ávila Ávila

confrontados los dos procesos en curso, no estaban acreditados los elementos
para que pudiera hablarse de pleito pendiente.

En la providencia cuestionada, el Juzgado Once Administrativo de Tunja indicó
lo siguiente:
“…siguiendo lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 175 de la Ley 1437 modificado por el artículo 38
de la Ley 2080 de 20213, corresponde decidir en esta etapa de la actuación la excepción previa de
“PLEITO PENDIENTE” formulada por la demandada- MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA, respecto de la
cual se realizó el correspondiente decreto probatorio.
[…] dicho medio exceptivo se encuentra consagrado como una excepción previa de acuerdo con el
artículo 100 del CGP, y que su objeto es impedir que se tramiten dos o más procesos judiciales con
identidad de partes, de causa y de pretensiones, en aras de que no se profieran fallos contradictorios.
[…]
En cuanto a este medio exceptivo, la demandada -señora MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA-, adujo que
el día 29 de septiembre de 2022 se radicó demanda laboral que cursa en el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Tunja con radicado 15001310500220220029500 donde se indica funge como demandante la
señora MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA y por otro lado como demandados la señora RUTH MARINA
VALVUENA DE SANTAMARÍA y el Departamento de Boyacá por los mismos hechos, motivos y
pretensiones narradas en esta demanda. Expresa además que la fecha en que se presentó la demanda
laboral fue con anterioridad a la presente acción; reiterando que las pretensiones son idénticas y que las
mismas se encuentran encaminadas a que la autoridad judicial resuelva a cuál de las dos señoras se le
debe reconocer la sustitución pensional. Afirma a su vez, que las partes en los proceso son las mismas, indicando que la apoderada de la señora
RUTH MARINA VALVUENA DE SANTAMARÍA contestó la demanda en fecha 17 de noviembre de 2023,
y que con anterioridad ya conocía de la misma en tanto desde el 24 de enero de 2023 solicitó se le
reconociera la correspondiente personería dentro del proceso ordinario laboral. Para dar sustento a lo anterior se allegó copia del proceso ordinario laboral con radicado No. 15001310500220220029500 tramitado ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja en el cual
funge como demandada la señora MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA y demandados son la señora RUTH
MARINA VALVUENA DE SANTAMARÍA y el Departamento de Boyacá, y en donde se discute el derecho
a la sustitución pensional que fuera dejado en suspenso mediante Resolución No. 0425 del 25 de agosto
de 2022…”
[…]
“…para decidir este (sic) excepción el Despacho con auto del 18 de julio de 2024 decretó como prueba
oficiar al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja, para que allegara copia digitalizada e integra
del proceso adelantado bajo el radicado No. 15001310500220220029500 (índice 39 SAMAI). Al respecto se recibió copia del expediente el radicado No. 15001310500220220029500 del Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Tunja (índice 46 SAMAI), el cual se tendrá por incorporado a esta
actuación. Por lo anterior procede al Despacho a analizar el medio exceptivo de “PLEITO PENDIENTE” formulado
por la demandada- MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA, bajo los siguientes aspectos: 1. Existencia de proceso en curso: Este requisitos se cumple pues en efectos se adelanta proceso
laboral radicado No. 2022-00295 tramitado ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja. 2. Identidad de pretensiones: Al respecto, debe señalarse que el proceso con radicación No. 2022-
00295 fue instaurado por la señora - MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA en contra del Departamento
de Boyacá y la señora RUTH MARINA VALVUENA DE SANTAMARÍA, en procura que se le declarara
como acreedora beneficiaria de la sustitución pensional a la señora MARÍA CONSUELO ÁVILA
ÁVILA en calidad de compañera permanente del causante señor JOSÉ DE JESÚS SANTAMARIA
DÍAZ.

Se verifica además, que en efecto en el mencionado trámite procesal la señora RUTH MARINA
VALVUENA DE SANTAMARÍA presentó demanda de intervención ad excludendum, con la que se
procura la acumulación del derecho de acción de la demandante inicial con el derecho de acción de
la interviniente ad excludendum, pretensiones que debe decidirse en el mismo proceso6. En
ese caso la señora VALVUENA DE SANTAMARÍA, pretende lo siguiente:
“4.1.-Declarar que mi representada tiene derecho a las pensiones de sobreviviente que en vida
disfrutaba su cónyuge JOSE DE JESUS SANTAMARIA DIAZ. 4.2.- Como consecuencia de lo anterior ordenar al demandado DEPARTAMENTO DE BOYACA el
reconocimiento y pago de las prestaciones-económicas antes indicadas, a favor de mi'
mandante RUTH MARINA VALBUENA DE SANTAMARIA, dese el momento de fallecimiento
de su cónyuge JOSE DE JESUS SANTAMARIA DIAZ
4.3.- Declarar que la demandada DEPARTAMENTO.DE BOYACA deberá reconocer el retroactivo
que se hubiera generado desde el momento de la causación del derecho hasta su pago
efectivo”. Ahora bien, el presente medio de control se inició conforme la demanda que interpusiera la señora RUTH
MARINA VALVUENA DE SANTAMARÍA, con la que pretende lo siguiente:

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“5.1.- Declarar la nulidad del acto administrativo No 0425 del 25 de agosto de 2022 y de todos los
que eventualmente resolvieran algún recurso algún recurso que se hubiese presentado.
5.2.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho declarar que mi
representada RUTH MARINA VALBUENA DE SANTAMARIA, tiene derechos a las pensiones
contenidas en las resoluciones 1290 del 21 de julio de 1993 y 1348 del 18 septiembre de 2002
o demás actos administrativos que dieron lugar a las mismas en la modalidad de sustitución
pensional de su cónyuge pensionado JOSE DE JESUS SANTAMARIA DIAZ Q.E.P.D”.
En ese sentido para este estrado judicial, no existiría identidad de pretensiones en lo demandado a través
de este medio de control por la señora RUTH MARINA VALVUENA DE SANTAMARÍA y lo procurado en
la actuación laboral por la señora MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA, en tanto el derecho que reclaman
si bien tendría el mismo origen, no se pretende en el mismo sentido pues cada una reclama un interés
particular sobre una prestación social, que si bien requiere en este caso de la intervención de ambas- para
el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción-, no por esto podría asemejarse lo pretendido en
ambos casos.
Por otra parte, si bien se reconoce que la señora RUTH MARINA VALVUENA DE SANTAMARÍA
presentó intervención ad excludendum, con pretensiones que podrían equivaler a las tramitadas en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que conoce este Despacho, revisada la
actuación no existe prueba de que a la fecha el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja haya
admitido tal solicitud procesal, y por lo tanto no puede señalarse que se haya trabado la litis en tal sentido.
Por lo anterior, es que para este Despacho no existe identidad de pretensiones.
3. Identidad de partes: Tal como se expuso en precedencia, en este caso no habría identidad de partes,
pues es evidente que en el proceso con radicación No. 2022- 00295 funge como demandante la señora
• MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA y demandados el Departamento de Boyacá y la señora RUTH
MARINA VALVUENA DE SANTAMARÍA, mientras que en la presente actuación constituye la parte activa
de la litis la señora RUTH MARINA VALVUENA DE SANTAMARÍA, y en el extremo pasivo se encuentra
tanto la señora MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA, el Departamento de Boyacá, y por la vinculación que
se hiciera, la Nación- Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
4. Identidad fáctica: Igualmente no puede decirse en este estado de cosas que los procesos sobre los
cuales se adelanta este análisis se funden en los mismos hechos, pues se observa que en el trámite
llevado ante la jurisdicción ordinaria laboral con radicación No. 2022- 00295, si bien se soportan
inicialmente en el fallecimiento del señor JOSÉ DE JESÚS SANTAMARIA DÍAZ refieren a la condición
de compañera permanente de la señora MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA.
En cambio, los hechos planteados en el libelo introductorio que dio origen a este medio de control se
concentran en lo relacionado con la relación matrimonial entre la señora RUTH MARINA VALVUENA DE
SANTAMARÍA y el señor JOSÉ DE JESÚS SANTAMARIA DÍAZ.
En este sentido, de acuerdo a las pruebas obrantes en la actuación, se puede concluir, que en esta etapa
del proceso no es posible declarar la excepción de “PLEITO PENDIENTE” que presentara por parte de
la demandada- MARÍA CONSUELO ÁVILA ÁVILA, dado que para este estrado judicial no puede
asegurarse que exista la total identidad entre este medio de control y el proceso laboral con radicación
No. 2022- 00295 adelantado ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja. Por lo que se
declarará NO CONFIGURADO.

5.3. Por regla general, tratándose de tutela contra providencia judicial, no se
cumple con el requisito de subsidiariedad en los eventos en que el proceso
judicial continúa en curso. Justamente, en el caso la Sala considera que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad en lo que respecta a la decisión
adoptada en la audiencia inicial del 3 de diciembre de 2024 en relación con la
decisión de declarar no configurada la excepción de pleito pendiente propuesta
por la señora María Consuelo Ávila Ávila, quien funge como parte demandada
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por la señora Ruth Marina Valvuena de Santamaría.

Desconocer lo anterior, sería desatender la existencia de los mecanismos de
defensa dispuestos en los procesos ordinarios o especiales, lo que no
responde a la naturaleza y propósito de la acción de tutela. Como se explicó
previamente, cuando está en curso un proceso judicial la tutela se torna en un
mecanismo realmente excepcional para aquellos casos en los que se
evidencie la posibilidad de configurarse un perjuicio irremediable.

Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que cuando el
proceso judicial se encuentra en trámite la acción de tutela es improcedente.
En palabras de la Corte Constitucional, «la intervención del juez constitucional está
vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o

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paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite
ordinario»3 (Negrillas propias).

Lo anterior, porque «Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso,
son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido
que la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo
acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas
las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales
que puedan afectarle»4.

5.4. Con todo, es preciso observar que se pueden presentar casos excepcionales
en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial ordinario no necesariamente significa la
improcedencia de la acción de tutela.

Sin embargo, en el caso no se configuran tales eventos excepcionales, debido
a que el medio de control promovido es idóneo y eficaz para acreditar a quién
le asiste mejor derecho, o si hay lugar al reconocimiento compartido de la
sustitución pensional del causante teniendo en cuenta que la cónyuge
supérstite y la compañera permanente reclaman dicha sustitución pensional.
Además, se debe resaltar que en el medio de control la hoy tutelante contó
con las garantías y herramientas que le provee el debido proceso que
caracteriza el proceso judicial.

Adicionalmente, en el caso no existe un perjuicio irremediable en los términos
dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una afectación grave,
inminente y que requiera medidas impostergables, pues incluso, a pesar de
haberse interpuesto un recurso improcedente contra el auto que negó la
excepción de pleito pendiente, propuesta por la señora Ávila Ávila, dicho medio
de impugnación fue adecuado al procedente, en aplicación del artículo 318
CGP, y debidamente resuelto.

El perjuicio irremediable que habilita la acción de tutela como mecanismo
transitorio no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de los efectos
desfavorables que pueda generar una decisión judicial. Estas decisiones, por
estar revestidas de legalidad, no pueden considerarse ilegítimas o contrarias
al orden jurídico solo porque afecten a alguna de las partes5.

El hecho de que una decisión judicial sea desfavorable para alguna de las
partes no significa, por sí solo, que exista un perjuicio irremediable que deba
ser atendido mediante una acción de tutela. Si se asumiera lo contrario,
cualquier decisión adversa podría ser suspendido por este medio, lo que iría
en contra del carácter excepcional de la tutela. Por tanto, se considera que en
el caso no se configuran las condiciones necesarias para que la tutela proceda
como mecanismo transitorio, pues no se advierte la falta de idoneidad o
ineficacia del medio de control en curso y porque no existe perjuicio
irremediable alguno. A causa de lo anterior, se debe concluir que no existe
razón válida que permita la procedencia excepcional de la tutela en el caso.

5.5. Por último, se recuerda que en los eventos en que se pretende cuestionar una
decisión judicial a través de la tutela su procedencia está sujeta a que se

3 Corte Constitucional. Sentencia T -600 de 2017.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-103 de 2014.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de tutela del 31 de octubre de 2024, proceso nro. 27001-
23-33-000-2024-00086-01. M.P. Wilson Ramos Girón.
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cumplan a cabalidad los requisitos generales. Tal obligación no es producto
del capricho o del deseo de privilegiar las formas sobre los derechos
sustanciales. Los requisitos de procedibilidad obedecen a que al cuestionar
una decisión proferida por un juez mediante la acción de tutela
automáticamente entran en juego los principios de independencia, autonomía
funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre
la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos y tales principios es
imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los requisitos señalados
jurisprudencialmente.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos planteados por la parte
tutelante.

5.6. En este orden de ideas, es claro que en la actualidad está en curso el
mecanismo judicial idóneo para resolver sobre la sustitución pensional
derivada del fallecimiento el señor José de Jesús Santamaría Díaz y sobre los
aspectos de orden procesal que puedan resolverse en el curso del proceso en
la medida en que este vaya avanzando y se surtan las etapas respectivas, de
manera que, no puede el juez constitucional soslayar los mecanismos
judiciales que establece el ordenamiento procesal, para decidir la causa, pues
ello implicaría una intromisión indebida de las funciones del juez natural.

Para la Sala, el medio de defensa que se encuentra en curso es el idóneo y
eficaz para buscar la defensa de los derechos fundamentales invocados en el
escrito de tutela, en el que la parte accionante cuenta con las garantías y
herramientas que le provee el debido proceso que caracteriza el trámite
judicial.

6. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la decisión de tutela de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión Nro. 3 que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar
improcedente la solicitud de amparo por no cumplirse con el requisito de la
subsidiariedad al estar el otro medio en trámite.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia proferida el 15 de enero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 3 que negó las pretensiones
de la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, declarar improcedente
la acción de tutela presentada por la señora María Consuelo Ávila Ávila, por
las razones expuestas en la motivación precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
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4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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