Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2024-00086-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2024-00086-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 27001-23-33-000-2024-00086-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
31 de octubre de 2024
Radicado: 27001-23-33-000-2024-00086-01
Demandantes: Municipio de Socha y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 27001-23-33-000-2024-00086-011
Demandantes MUNICIPIO DE SOCHA Y OTROS
Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ
Tema: Acción de tutela contra providencia que decretó embargo en
proceso ejecutivo. No cumple el requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide las impugnaciones interpuestas por la Agencia Nacional de Minería, el
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, Procuraduría General de la Nación y los municipios de Aracataca
(Magdalena), Buenos Aires (Cauca), Cartago (Valle del Cauca, Guaduas
(Cundinamarca), Quípama (Boyacá), San Pablo de Borbur (Boyacá), Socha (Boyacá),
Sogamoso (Boyacá), Villa de Leiva (Boyacá) y Villa del Rosario (Norte de Santander)
contra la sentencia del 3 de septiembre de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, dispuso:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR ACTIVA, respecto al MUNICIPIO DE SOCHA - MUNICIPIO DE IQUIRA - MUNICIPIO DE BUENOS
AIRES - MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA - MUNICIPIO DE TITIRIBI - MUNICIPIO DE
CAPARRAPÍ - MUNICIPIO DE CARTAGO - MUNICIPIO DE SATIVASUR - MUNICIPIO DE BOAVITA -
MUNICIPIO DE TUTA - MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN - MUNICIPO DE AGUSTÍN CODAZZI-
MUNICIPIO DE SAMACÁ- MUNICIPIO DE CHISCAS- MUNICIPIO DE PALERMO- MUNICIPIO DE
TAURAMENA- MUNICIPIO DE TADÓ - MUNICIPIO DE BECERRIL - MUNICIPIO DE GIRARDOTA-
MUNICIPIO DEL BAGRE- MUNICIPIO DE ARACATACA- MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-
MUNICIPIO DE SOGAMOSO - MUNICIPIO DE DURAN lA- MUNICIPIO DE MARIPI- MUNICIPIO DE
SAN PABLO DE BORBUR- MUNICIPIO DE RIOFRIO- MUNICIPIO DE GUADUAS- MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA- MUNICIPIO DE QUÍPAMA- MUNICIPIO DE SONSON, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR PASIVA, respecto al MINISTERIO DE VIVIENDO, CIUDAD Y TERRITORIO, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de está providencia.
TERCERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los accionantes
MUNICIPIO DE SOCHA - MUNICIPIO DE IQUIRA – MUNICIPIO DE BUENOS AIRES - MUNICIPIO DE
1 En este asunto constitucional se acumularon las tutelas 27001-23-33-000-2024-00087-00, 27001-23-33-000-2024-
00088-00, 27001-23-33-000-2024-00089-00, 27001-23-33-000-2024-00090-00, 27001-23-33-000-2024-00091-00,
27001-23-33-000-2024-00092-00, 27001-23-33-000-2024-00093-00, 27001-23-33-000-2024-00094-00, 27001-23-33-
000-2024-00095-00, 27001-23-33-000-2024-00096-00, 27001-23-33-000-2024-00097-00, 27001-23-33-000-2024-00098-
00, 27001-23-33-000-2024-00099-00, 27001-23-33-000-2024-00100-00, 27001-23-33-000-2024-00101-00, 27001-23-33-
000-2024-00102-00, 27001-23-33-000-2024-00103-00, 27001-23-33-000-2024-00104-00, 27001-23-33-000-2024-00105-
00, 27001-23-33-000-2024-00106-00, 27001-23-33-000-2024-00108-00, 27001-23-33-000-2024-00109-00, 27001-23-33-
000-2024-00110-00, 27001-23-33-000-2024-00111-00, 27001-23-33-000-2024-00112-00, 27001-23-33-000-2024-00114-
00, 27001-23-33-000-2024-00115-00, 27001-23-33-000-2024-00116-00, 27001-23-33-000-2024-00117-00, 27001-23-33-
000-2024-00118-00, 27001-23-33-000-2024-00119-00, 27001-23-33-000-2024-00123-00 y 27001-23-33-000-2024-
00125-00.
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Radicado: 27001-23-33-000-2024-00086-01
Demandantes: Municipio de Socha y otros
UNIÓN PANAMERICANA - MUNICIPIO DE TITIRIBÍ - MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - MUNICIPIO DE
CARTAGO – MUNICIPIO DE SATIVASUR - MUNICIPIO DE BOAVITA - MUNICIPIO DE TUTA –
MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN - MUNICIPO DE AGUSTÍN CODAZZI- MUNICIPIO DE MARMATO-
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA- MUNICIPIO DE SAMACÁ- MUNICIPIO DE CHISCAS- MUNICIPIO
DE PALERMO- MUNICIPIO DE TAURAMENA- MUNICIPIO DE TADÓ - MUNICIPIO DE BECERRIL –
MUNICIPIO DE GIRARDOTA-MUNICIPIO DEL BAGRE-MUNICIPIO DE ARACATACA-MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO-MUNICIPIO DE SOGAMOSO – MUNICIPIO DE DURANIA-MUNICIPIO DE
MARIPI-MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR-MUNICIPIO DE RIOFRIO-MUNICIPIO DE
GUADUAS-MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA-MUNICIPIO DE QUÍPAMA-MUNICIPIO DE SONSÓN,
contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, por las razones aquí expuestas.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 14 de agosto de 20242, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
el Municipio de Socha pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
A juicio de la parte demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta
con ocasión del auto del 24 de julio de 2024, a través del cual el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó decretó el embargo de los dineros de la Agencia Nacional de
Minería, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó y del municipio de Río Quito (Chocó),
dentro del proceso ejecutivo con radicado No.27001-33-31-001-2009-00224-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Se solicita declarar la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
justicia en condiciones de igualdad, y en su lugar:
ORDENAR el levantamiento del EMBARGO y CONGELAMIENTO de los recursos del Sistema General
de Regalías de mi municipio contenido en la cuenta de ahorros No. 0000629006 del Banco de Bogotá.
3. Hechos
Del expediente y de la información consignada en el aplicativo Samai, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:
3.1 Acción de grupo 27001-33-31-001-2009-00224-00/01
El 18 de abril de 2009 el señor Cristóbal Mena Córdoba, junto con 7005 personas más,
promovieron acción de grupo contra la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Agencia Nacional de Minería y el municipio de Río Quito (a la que se le asignó el número
de radicación 27001-33-31-001-2009-00224-00/01), con el propósito de que se les
declarara administrativamente responsables de los deterioros que producía la actividad
minera ilegal en el río Quito, situado en el departamento del Chocó, y se les ordenara
indemnizarles los correspondientes perjuicios.
En la demanda se indicó que la actividad minera se realizaba con dragas que ocupaban
2 Índice 1 de Samai.
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Radicado: 27001-23-33-000-2024-00086-01
Demandantes: Municipio de Socha y otros
más de 200 m2, las cuales desviaron el cauce del afluente y produjeron inundaciones en
sus viviendas y cultivos, contaminación del agua por la utilización de mercurio, mortandad
de peces, afectación a la salud de los moradores, entre otras problemáticas.
Del asunto conoció el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, que el 12 de mayo de
2009 lo admitió, el 3 de septiembre de 2010 admitió la reforma a la demanda y el 3 de
marzo de 2016 accedió a las pretensiones, por lo que, entre otras cosas, le reconoció a
cada damnificado 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)3, los cuales
ordenó cancelar a través del Fondo para la Protección de los Derechos e Intereses
Colectivos, administrado por la Defensoría del Pueblo.
Señaló que las pruebas practicadas daban cuenta de los daños que provocaba la
explotación minera en el río Quito, que la actividad minera no estaba controlada por las
autoridades competentes y aunque emitieron varios actos administrativos orientados a
prohibirla, resultaron ineficaces, lo que comprometía la responsabilidad patrimonial del
Estado.
Inconforme, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible4 apeló. El primer ente estatal señaló que dentro de sus funciones no estaba
la de combatir la minería ilegal (lo que era del resorte de las autoridades locales) y solo
le correspondía verificar y controlar los títulos mineros otorgados. Por su parte, el
Ministerio sostuvo que los hechos expuestos en la acción de grupo no le eran atribuibles
al Estado, dado que comportaban acciones ilícitas de terceros, y no se acreditaron los
perjuicios que se ordenaron indemnizar.
Mediante sentencia del 27 de enero de 2017, el Tribunal Administrativo del Chocó resolvió
los recursos y confirmó el fallo de primera instancia, en razón a que la actividad minera
adelantada en el río Quito no estuvo sometida a un plan de manejo ambiental, lo que
produjo efectos adversos en el ecosistema y en los habitantes del afluente.
El 15 de febrero de 2017, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado formuló
solicitud de eventual revisión del anterior fallo, pero fue denegada el 3 de octubre de 2018
el Consejo de Estado, Sección Tercera, al estimar que no se cumplían los presupuestos
para seleccionar la providencia cuestionada, pues quien decía actuar en representación
del organismo no allegó poder debidamente otorgado.
Contra la sentencia que decidió en segunda instancia la acción de grupo 27001-33-31-
001-2009-00224-00/01, el 25 de noviembre de 2019 la Agencia Nacional de Minería y
otros promovieron acción de tutela 11001-03-15-000-2019-04839-00/01, con el propósito
de que se dejara sin efectos.
De esa tutela conoció el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que el 9 de
septiembre de 20215 accedió al amparo, pues en la sentencia cuestionada no se
analizaron todos los motivos de inconformidad propuestos por las apelantes, lo que
comportaba un defecto procedimental absoluto y ordenó al Tribunal Administrativo del
Chocó que, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la decisión, dictara un
nuevo fallo en el que estudiara todos los motivos de inconformidad formulados en los
3 30 smlmv correspondieron a los perjuicios inmateriales y 20 smlmv concernían a los materiales.
4 Cabe resaltar que las apelaciones presentadas por el municipio Río Quito, la Corporación Autónoma Regional para
el Desarrollo Sostenible del Chocó y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se tuvieron en cuenta por
allegarse de manera extemporánea.
5 Luego de decidirse una serie de impedimentos y sortear conjueces.
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Radicado: 27001-23-33-000-2024-00086-01
Demandantes: Municipio de Socha y otros
respectivos recursos.
Esa determinación fue impugnada por los integrantes del grupo afectado y confirmada el
2 de mayo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con
fundamento en las mismas consideraciones expuestas por el a quo.
En cumplimiento de lo decidido en la acción de tutela 11001-03-15-000-2019-04839-
00/01, el 27 de mayo de 2022 el Tribunal Administrativo del Chocó dictó sentencia de
reemplazo, en la que confirmó la de 3 de marzo de 2016 del Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó, al considerar que los daños ambientales provocados por la
minería ilegal que se adelantaba en el río Quito eran atribuibles al Estado, dado que no
los evitó, y no se configuraba el eximente de responsabilidad hecho de un tercero porque
se reprochaba la omisión administrativa de adoptar medidas para prohibir esa actividad.
Además, tampoco se acreditó que los allí demandantes hubieran incidido en la ocurrencia
de los perjuicios.
3.2 Proceso ejecutivo No. 27001-33-31-001-2009-00224-00/01
En razón a que las entidades demandadas no pagaron la condena impuesta en la
mencionada acción de grupo, el 1º de febrero de 2024 el grupo demandante promovió
acción ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del
Chocó y el municipio de Río Quito, de la que conoció el Juzgado Primero Administrativo
de Quibdó que, el 12 de febrero de 2024 libró mandamiento de pago, al considerar que
la obligación contenida en las sentencias condenatorias era clara, expresa y exigible.
Por auto del 12 de marzo de 2024, el Juzgado de conocimiento rechazó de plano la
excepción de «falta de claridad del título ejecutivo», ya que no estaba contemplada en el
artículo 442 del Código General del Proceso (CGP) como una de mérito, ordenó seguir
adelante con la ejecución de la obligación reclamada conforme al artículo 278 ibidem, al
considerar que no habían pruebas por practicar, estas daban cuenta de que no se sufragó
la condena y las ejecutadas no plantearon la excepción de pago; y requirió a las partes
para que presentaran la liquidación del crédito, en los términos del artículo 446 de la
norma en cita.
Contra la anterior decisión, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia
Nacional de Minería interpusieron recursos de apelación; el primer ente estatal con el
argumento de que la obligación exigida no era clara, porque no se estableció la autoridad
encargada de pagarla. Por su parte, la Agencia señaló que no se individualizaron a las
personas que integraban el grupo afectado, por ende, no era dable inferir que la deuda
era expresa.
Por auto del 4 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión
inicial. También estimó que la excepción falta de claridad del título ejecutivo se ajustaba
al ordenamiento jurídico por no estar enunciada en el artículo 442 del CGP. Que,
además, no era dable emitir un pronunciamiento del auto que libró mandamiento de pago,
por cuanto esa decisión solo era reprochable a través del recurso de apelación.
Con auto del 24 de julio de 2024, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó (i) decretó
el embargo y retención de los dineros de la Agencia Nacional de Minería, del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó y del municipio de Río Quito, «hasta la suma de
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Radicado: 27001-23-33-000-2024-00086-01
Demandantes: Municipio de Socha y otros
$370.275´657.012» y (ii) ordenó depositarlos en la cuenta del líder del grupo ejecutante.
Para ello las ejecutadas debían «suministrar de manera inmediata a este Despacho, el número
de la cuenta y la entidad financiera en la que maneja los recursos destinados al pago de condenas
judiciales y conciliaciones y aquellos de libre destinación sobre los cuales deberá recaer está la
medida cautelar».
Inconforme, la Agencia Nacional de Minería interpuso recurso de apelación.
Por su parte, el municipio de Río Quito pidió la aclaración del auto del 24 de julio de 2024,
ya que en la parte considerativa se indicó que el dinero debía girarse a la cuenta del
juzgado de conocimiento y en la resolutiva se dijo que había que transferirlo a uno de los
ejecutantes. Asimismo, mediante otro memorial dicho ente territorial interpuso recursos
de reposición y en subsidio de apelación, ya que en el proveído no se hizo «limitación
alguna» y los dineros públicos son inembargables conforme al artículo 594 del CGP.
El 1º de agosto de 2024, la Agencia Nacional de Minería promovió «incidente de
desembargo», con el argumento de que la medida cautelar decretada afectada a los
recursos del Sistema General de Participaciones y ellos son inembargables.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante, luego de efectuar un extenso estudio sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y de enunciar aspectos que no conciernen
a la cuestión que aquí se ventila6, indicó que el auto del 24 de julio de 2024, mediante el
cual el Juzgado Primero Administrativo del Chocó decretó el embargó, «no se encuentra en
firme por cuanto frente al mismo se interpuso recurso de apelación por parte de la Agencia Nacional
de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente».
Que el 30 de julio de 2024 la Agencia Nacional de Minería «conoció el congelamiento de la
cuenta de ahorros 629006 del Banco de Bogotá», donde se encontraban depositados los
recursos del Sistema General de Regalías, lo que desconocía la prohibición de embargarlos
señalada en el artículo 133 de la Ley 2056 de 2020 y en el «concepto jurídico 1-2021-35664»
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Señaló que el embargo comprometía dineros que no son de la Agencia Nacional de Minería
sino de los municipios del país, pues integran su presupuesto y estaban orientados a ejecutar
proyectos de desarrollo local, los cuales no podrían culminarse, en afectación del interés
general.
Que la medida de embargo podría afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
de los entes territoriales que recibían dinero por concepto de regalías, lo que derivaría en
afectación del equilibrio económico de los contratos y posibles condenas judiciales en contra
de aquellos. Asimismo, dicho embargo afectaba el principio de autonomía territorial, situación
que hacía imperioso acceder al amparo pretendido.
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia.
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 15 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, no obstante, como los entes estatales
6 En varios acápites de la solicitud de amparo se hace alusión al señor Néstor Alfonso Gutiérrez Romero y se plantearon
reproches contra una providencia del 13 de febrero de 2020, emitida en un proceso de controversias contractuales por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que no tiene relación con los hechos discutidos en la acción de la
referencia.
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Radicado: 27001-23-33-000-2024-00086-01
Demandantes: Municipio de Socha y otros
que se relacionan a continuación reprodujeron de manera integral el escrito de amparo
presentado por el municipio de Socha (salvo la formulada por la Agencia Nacional de
Minería, aunque versaba sobre los mismos hechos y pretensiones, por lo que también fue
acumulada), la aludida Corporación ordenó su acumulación, así:
Acción de tutela Municipio accionante Auto de acumulación
1. 27001-23-33-000-2024-00087-00 Íquira (Huila) Auto del 15 de agosto de 2024
2. 27001-23-33-000-2024-00088-00 Becerril (Cesar) Auto del 23 de agosto de 2024
3. 27001-23-33-000-2024-00089-00 Buenos Aires (Cauca) Auto del 15 de agosto de 2024
4. 27001-23-33-000-2024-00090-00 Tadó (Chocó) Auto del 23 de agosto de 2024
5. 27001-23-33-000-2024-00091-00 Girardota (Antioquia) Auto del 23 de agosto de 2024
6. 27001-23-33-000-2024-00092-00 Unión Panamericana (Chocó) Auto del 15 de agosto de 2024
7. 27001-23-33-000-2024-00093-00 Titiribí (Antioquia) Auto del 15 de agosto de 2024
8. 27001-23-33-000-2024-00094-00 El Bagre (Antioquia) Auto del 23 de agosto de 2024
9. 27001-23-33-000-2024-00095-00 Caparrapí (Cundinamarca) Auto del 16 de agosto de 2024
10. 27001-23-33-000-2024-00096-00 Aracataca (Magdalena) Auto del 23 de agosto de 2024
11. 27001-23-33-000-2024-00097-00 Villa del Rosario (N. de Santander) Auto del 23 de agosto de 2024
12. 27001-23-33-000-2024-00098-00 Cartago (Valle del Cauca) Auto del 16 de agosto de 2024
13. 27001-23-33-000-2024-00099-00 Sativasur (Boyacá) Auto del 16 de agosto de 2024
14. 27001-23-33-000-2024-00100-00 Sogamoso (Boyacá) Auto del 23 de agosto de 2024
15. 27001-23-33-000-2024-00101-00 Durania (Norte de Santander) Auto del 23 de agosto de 2024
16. 27001-23-33-000-2024-00102-00 Boavita (Boyacá) Auto del 28 de agosto de 2024
17. 27001-23-33-000-2024-00103-00 Maripí (Boyacá) Auto del 23 de agosto de 2024
18. 27001-23-33-000-2024-00104-00 Tuta (Boyacá) Auto del 16 de agosto de 2024
19. 27001-23-33-000-2024-00105-00 Medio San Juan (Chocó) Auto del 16 de agosto de 2024
20. 27001-23-33-000-2024-00106-00 San Pablo de Borbur (Boyacá) Auto del 23 de agosto de 2024
21. 27001-23-33-000-2024-00108-00 Agustín Codazzi (Cesar) Auto del 16 de agosto de 2024
22. 27001-23-33-000-2024-00109-00 Río Frio (Valle del Cauca) Auto del 23 de agosto de 2024
23. 27001-23-33-000-2024-00110-00 Agencia Nacional de Minería Auto del 20 de agosto de 2024
24. 27001-23-33-000-2024-00111-00 Guaduas (Cundinamarca) Auto del 23 de agosto de 2024
25. 27001-23-33-000-2024-00112-00 Marmato (Caldas) Auto del 20 de agosto de 2024
26. 27001-23-33-000-2024-00114-00 Samacá (Boyacá) Auto del 23 de agosto de 2024
27. 27001-23-33-000-2024-00115-00 Villa del Leiva (Boyacá) Auto del 23 de agosto de 2024
28. 27001-23-33-000-2024-00116-00 Chiscas (Boyacá) Auto del 23 de agosto de 2024
29. 27001-23-33-000-2024-00117-00 Palermo (Huila) Auto del 23 de agosto de 2024
30. 27001-23-33-000-2024-00118-00 Tauramena (Casanare) Auto del 23 de agosto de 2024
31. 27001-23-33-000-2024-00119-00 Quípama (Boyacá) Auto del 23 de agosto de 2024
32. 27001-23-33-000-2024-00123-00 Sonsón (Antioquia) Auto del 28 de agosto de 2024
33. 27001-23-33-000-2024-00125-00 Planeta Rica (Córdoba) Auto del 28 de agosto de 2024
Mediante auto del 23 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo del Chocó aceptó como
coadyuvantes a la Federación Colombiana de Municipios y vinculó a la Procuraduría General
de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. El 29 de mismo mes y año, la autoridad judicial también aceptó como coadyuvantes
a los municipios de Teruel (Huila), Lenguazaque (Cundinamarca), Sutatausa
(Cundinamarca), Cucunubá (Cundinamarca) y Ubaté (Cundinamarca), que allegaron el
mismo escrito que reprodujeron los entes territoriales señalados en el cuadro precedente.
6. Intervenciones
El Juzgado Primero Administrativo de Quibdó adujo que en la providencia
cuestionada no ordenó el embargo de las cuentas de ninguno de los entes territoriales
que promovieron acción de tutela, pues esa medida recayó sobre los dineros de la
Agencia Nacional de Minería, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó y del municipio
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Demandantes: Municipio de Socha y otros
de Río Quito, que fueron los condenados en la respectiva acción de grupo.
Que los municipios accionantes no son parte en el proceso ejecutivo 11001-03-15-000-
2019-04839-00/01, situación de la que se infería que carecían de legitimación en la causa
por activa en esta tutela, circunstancia que imponía declararla improcedente, máxime
cuando no se habían resuelto los recursos interpuestos contra al auto censurado, de lo
que se colegía que la acción no cumplía la exigencia de subsidiariedad.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló que debía accederse a la
solicitud de amparo, pues la providencia cuestionada desconocía la prohibición
constitucional (artículo 63 superior) y legal (artículo 594 del CGP) de embargar los
recursos públicos del Sistema General de Regalías, y generó afectación a varias
entidades estatales, como los municipios accionantes, pues se congelaron dineros que
emplearían en la ejecución de proyectos que beneficiaban a la comunidad.
Que si bien la jurisprudencia constitucional7 establece que es posible embargar recursos
públicos cuando con ellos se pretendiera cumplir obligaciones laborales, ese presupuesto
no acontecía en el proceso ejecutivo en el que se dictó el auto atacado, de ahí que
contrariara el ordenamiento jurídico.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio indicó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, ya que no era parte en el proceso ejecutivo en el que se dictó la
providencia cuestionada y tampoco fue condenada en la acción de grupo en la que se
impuso la condena exigida, de ahí que no le asistiera interés en lo que aquí se decidiera.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado afirmó que los recursos
embargados por conducto de la providencia cuestionada no son de la Agencia Nacional
de Minería sino de los municipios que reciben dineros del Sistema General de Regalías,
por ende, no eran pasibles de la referida medida cautelar, máxime cuando esos entes
territoriales no fueron parte en la acción de grupo en que se impuso la respectiva
condena.
Que, si bien no se han desatado los recursos interpuestos contra el auto atacado, ello no
conducía a declarar improcedente la tutela, toda vez que los municipios accionantes se
encontraban frente a un perjuicio irremediable derivado de la imposibilidad de garantizar
la ejecución de los contratos celebrados por falta de presupuesto, circunstancia por la
que, dijo, debía accederse a las pretensiones de los tutelantes.
La Procuraduría General de la Nación sostuvo que el auto que decretó el embargo
debatido fue incongruente, porque en la parte considerativa señaló que los dineros
debían ser girados a la cuenta de ahorros del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó,
pero en la resolutiva indicó que debían consignarse en la cuenta del abogado de los
demandantes en la correspondiente acción de grupo. Asimismo, esa medida contrariaba
la prohibición señalada en el ordenamiento jurídico de que los recursos del Sistema
General de Regalías son inembargables.
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, la
Defensoría del Pueblo y el municipio de Río Quito guardaron silencio, pese a que se
les notificó el auto admisorio de la acción de la referencia y las providencias que
ordenaron la acumulación de tutelas.
7 Sentencias C-1154 de 2008, T-873 de 2012.
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7. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, mediante sentencia del
3 de septiembre de 2024, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa de los municipios accionantes, la falta de legitimación en la causa por
pasiva del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, e improcedente la acción de tutela
por no cumplir el requisito general de subsidiariedad.
Que los municipios demandantes tenían legitimación en la causa por activa porque
podrían resultar afectados por el embargo decretado por el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó, ya que involucraba el posible congelamiento de recursos del
Sistema General de Regalías. No obstante, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
no le asistía el deber de acudir a este asunto constitucional, ya que no fue parte en la
acción de grupo, por tanto, no le concernía el pago de la condena exigida.
Sostuvo que la tutela de la referencia no satisfacía la exigencia de procedibilidad de
subsidiariedad, por cuanto el auto cuestionado no se encontraba ejecutoriado, ya que no
se habían decidido los recursos interpuestos en su contra por la Agencia Nacional de
Minería y el municipio de Río Quito. Asimismo, el «incidente de desembargo» no se había
desatado, lo que denotaba la falta de agotamiento de los instrumentos judiciales que el
ordenamiento jurídico contemplaba para controvertir el embargo cuestionado en este
trámite constitucional.
8. Impugnaciones
La Agencia Nacional de Minería impugnó el fallo de primera instancia, con el argumento
de que el problema jurídico allí planteado no fue adecuado, ya que el análisis debió
circunscribirse a la afectación que producía en los municipios demandantes la orden de
embargo reprochada y no a la satisfacción de los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela, ya que aquellos se encontraban frente a un perjuicio irremediable.
Que era imperioso que el juez de tutela se pronunciara sobre la inembargabilidad de los
recursos del Sistema General de Regalías y advirtiera que la providencia reprochada
desconocía de manera flagrante el sistema normativo, en especial, los artículos 63 de la
Constitución Política y 594 del CGP, cuanto más si afectó a entidades territoriales que no
fueron condenadas en la respectiva acción de grupo.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado adujo que no era factible declarar
improcedente la tutela pues que los municipios tutelantes no integraban alguna de las partes
en el proceso ejecutivo en el que se dictó el auto atacado, por tanto, no se les podía exigir el
agotamiento de los recursos interpuestos en su contra, máxime cuando esa decisión les
provocaba un perjuicio irremediable.
La Procuraduría General de la Nación señaló que el fallo de primera instancia debía ser
revocado, para en su lugar acceder a las pretensiones de la tutela, ya que el agotamiento de
los recursos interpuestos contra el auto censurado no les concernía a los entes territoriales
accionantes, porque no fueron convocados al proceso ejecutivo en el que se dictó, y esa
decisión contrariaba de manera fragrante el ordenamiento jurídico.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dijo que la sentencia impugnada no
delimitó correctamente los asuntos jurídicos que debía abordar, pues no tuvo en cuenta que
la vulneración de los derechos fundamentales invocados no solo provenía del auto que
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decretó el embargo reprochado, sino también de inobservar la prohibición constitucional y
legal de embargar dineros públicos pertenecientes al Sistema General de Regalías.
Los municipios de Aracataca (Magdalena), Buenos Aires (Cauca), Cartago (Valle del
Cauca, Guaduas (Cundinamarca), Quípama (Boyacá), San Pablo de Borbur
(Boyacá), Socha (Boyacá), Sogamoso (Boyacá), Villa de Leiva (Boyacá) y Villa del
Rosario (Norte de Santander) también impugnaron el fallo de primera instancia, con
fundamento en los mismos argumentos ya expuestos por las entidades estatales aludidas
en precedencia, esto es, que no era dable por conducto del auto cuestionado ordenar el
embargo de dineros públicos concernientes al Sistema General de Regalías y no les era
exigible el agotamiento de los recursos interpuestos contra esa providencia, dado que no
eran parte en el proceso ejecutivo en el que se emitió.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera
de Decisión, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa de los municipios tutelantes, probada la de falta de legitimación en la causa por
pasiva del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible e improcedente la acción
de tutela, por no cumplir la exigencia de subsidiariedad.
La Sala anticipa que revocará el ordinal primero de la parte decisoria del fallo impugnado,
para, en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los municipios
accionantes, y confirmará en lo demás esa providencia, en razón a que aquellos no están
facultados para controvertir el auto atacado y el amparo no cumple la exigencia de
subsidiariedad.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la legitimación en la causa por activa,
(ii) la acción de tutela contra providencias judiciales, (iii) la improcedencia general de la
acción de tutela cuando el proceso judicial se encuentra en curso, y, finalmente, (iv) al
análisis del caso concreto.
2. Legitimación en la causa por activa
El artículo 86 de la Constitución Política prevé que la tutela puede ser promovida por
cualquier persona, «por si misma o por quien actúe en su nombre », en aras de obtener la
protección de sus derechos fundamentales.
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 estipula:
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
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De la mencionada disposición se colige que una de las formas en que es factible
promover la tutela es por conducto de la agencia oficiosa, entendida como una figura
procesal en virtud de la cual una persona asume la defensa de los derechos de otra que
no está en la posibilidad de exigir su protección, sin necesidad de poder.
La jurisprudencia constitucional8 ha indicado que para que opere la agencia oficiosa en
sede de tutela, es necesario cumplir las siguientes exigencias: (i) la manifestación
expresa de que el demandante actúa como agente oficioso, (ii) la individualización del
titular de las garantías superiores presuntamente desatendidas, (iii) la imposibilidad del
agenciado de exigir la salvaguarda de sus prerrogativas y (iv) la ratificación de los hechos
expuestos en la tutela por parte de este, siempre que ello no constituya una carga
desproporcionada.
Ahora bien, cuando por conducto de la tutela se controvierten pronunciamientos
judiciales, la legitimación en la causa por activa recae en las personas que son parte en
el proceso en el que aquellos se dictaron, por cuanto son ellas las titulares de los
derechos fundamentales que puedan resultar afectados por las providencias allí emitidas,
de manera que carece de ese presupuesto procesal quien no esté vinculado a las
diligencias y aun así reproche a través del amparo alguna decisión9.
Cabe aclarar que el Consejo de Estado10 ha admitido que se cuestione a través de la
tutela una determinación judicial proferida en un proceso en el que el tutelante no es
parte, no obstante, para ello es necesario acreditar que el pronunciamiento censurado
causa afectación de sus derechos fundamentales.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales11 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos12 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. Improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso
En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso se encuentra
en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la
acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales ».
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable la intromisión de
la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan
unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo ».
8 Sentencia T-144 de 2019, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9 Sentencia T-151 de 2024, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
10 Sección quinta, sentencia de 21 de abril de 2016, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente 11001-03-
15-000-2015-03250-01(AC).
11 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
12 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que la
acción de tutela no podía ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual «no
se ha proferido ningún fallo definitivo» y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a su
disposición otros medios de defensa judicial.
5. Análisis del caso concreto
5.1 Legitimación en la causa por activa de los municipios accionantes
Al analizar las pruebas que reposan en el expediente, la Sala encuentra que mediante
sentencia del 3 de marzo de 2016 el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó accedió
a las pretensiones de la acción de grupo 27001-33-31-001-2009-00224-00/01, y declaró
responsable al Estado de los perjuicios que producía la minería ilegal adelantada en el
río Quito y condenó a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible
del Chocó, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Agencia Nacional de
Minería y al municipio de Río Quito a cancelarle 50 smlmv a los 7006 demandantes,
quienes resultaron perjudicados por la omisión de evitar dicha actividad y adoptar
medidas de mitigación.
La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó, a través de
fallo del 27 de mayo de 2022, al considerar que los daños ambientales provocados por la
minería ilegal surtida en el río Quito eran atribuibles al Estado, por cuanto acontecieron
por la omisión de cumplir sus funciones de preservación del medio ambiente.
Como los allí demandados no pagaron la respectiva condena, el grupo accionante inició
proceso ejecutivo en su contra, dentro del cual el Juzgado Primero Administrativo de
Quibdó libró mandamiento de pago el 12 de febrero de 2024 y decretó el embargo de las
cuentas de las accionadas el 24 de julio del año en curso, en los siguientes términos:
PRIMERO: DECRETAR EL EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que posee las entidades
ejecutadas Agencia Nacional de Minería, (NIT: 900.500.018-2), Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (NIT: 830.115.395-1), Corporación Autónoma Regional Para El Desarrollo Sostenible del
Choco “CODECHOCO” (NIT: 899999238-5), Municipio de Rio Quito (NIT: 818000899-1) en las cuentas
corrientes y de ahorro, que existan a nombre de las entidades ejecutadas en los bancos: POPULAR,
AV VILLAS, BOGOTA, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, BANCOLOMBIA, BBVA, COLPATRIA, CITY
BANC, SUDAMERIS, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO CAJA SOCIAL, CONAVI, DAVIVIENDA,
FINANCIERA JURISCOOP, BANCO SANTANDER, BANCO PICHINCHA, BANCO ITAÚ, BANCO
ITAÚ, CAIXABANK Y SUS PRODUCTOS BANCARIOS INNOVADORES, BANCO MACRO, DE LA
MANO DE SUS CLIENTES, BANCAMÍA, INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN, CITI COLOMBIA,
CORFICOLOMBIANA, BANCO FALABELLA, LULO BANK, NUBANK, hasta la suma de TRESCIENTOS
SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL DOCE PESOS COLOMBIANOS Y QUINCE CENTAVOS (370.275.657.012,15).
[…]
Adicionalmente, la entidad condenada, dentro del mismo término de 3 días siguientes a la comunicación
de esta providencia, garantizando los principios de lealtad procesal y los derechos de los accionantes,
deberán suministrar de manera inmediata a este Despacho, el número de la cuenta y la entidad
financiera en la que maneja los recursos destinados al pago de condenas judiciales y
conciliaciones y aquellos de libre destinación sobre los cuales deberá recaer está la medida
cautelar,
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Demandantes: Municipio de Socha y otros
Efectuadas las anteriores precisiones fácticas, la Sala evidencia que los municipios
tutelantes13 no fueron parte ni en la acción de grupo 27001-33-31-001-2009-00224-00/01
ni en el proceso ejecutivo en el cual se dictó la providencia que cuestionan, esto es, el
auto que decretó el embargo de las condenadas en aquel expediente.
Así las cosas, los aludidos entes territoriales carecen de legitimación en la causa por
activa, dado que no son titulares de los derechos fundamentales que pudieren resultar
afectados por el auto atacado, ya que no son parte en el proceso ejecutivo, en
consecuencia, sobre sus cuentas no recayó de manera directa la medida cautelar
cuestionada.
Además, las pruebas allegadas a estas diligencias no acreditan que la providencia
censurada les cause a los entes territoriales alguna afectación a sus derechos
fundamentales, pues afirman que el embargo reprochado comprendió los recursos del
Sistema General de Regalías, los cuales son inembargables, y ello podía generar
incumplimientos contractuales de su parte, pero no aportaron pruebas para soportar su
dicho. De hecho, ni siquiera enunciaron los contratos que supuestamente resultaban
afectados con la medida.
Cabe advertir que los entes territoriales se limitaron a reproducir un mismo escrito de
tutela, pero no determinaron su situación particular, lo que impide asumir que la
providencia cuestionada trasgrede sus garantías superiores y que, por lo tanto, gozan de
legitimación en la causa por activa, máxime cuanto en aquella se expresó que el embargo
recaía en los «recursos destinados al pago de condenas judiciales y conciliaciones y aquellos
de libre destinación» y no en los del Sistema General de Regalías.
En ese orden de ideas, la Sala revocará el ordinal 1º de la parte resolutiva de la sentencia
impugnada, que declaró no probada la excepción de legitimación en la causa por activa
de los municipios tutelantes, para en su lugar, declararla.
5.2 Requisito de subsidiariedad
Al estudiar las pruebas allegadas al expediente de la referencia y la información que
reposa en el aplicativo Samai, se observa que el auto aquí censurado fue apelado por la
Agencia Nacional de Minería. También se constata que contra ese proveído el municipio
de Río Quito formuló solicitud de aclaración y recursos de reposición y en subsidio de
apelación.
Por su parte, el municipio de Río Quito pidió la aclaración del auto del 24 de julio de 2024
e interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en su contra. Además, el 1º
de agosto de 2024 la Agencia Nacional de Minería promovió « incidente de desembargo».
Los anteriores recursos, solicitud de aclaración y trámite incidental no se han decidido,
por ende, la Sala encuentra que en este trámite constitucional se cuestiona una
providencia judicial que se dictó en un proceso ejecutivo que aún se encuentra en trámite
13 Íquira (Huila), Becerril (Cesar), Buenos Aires (Cauca), Tadó (Chocó), Girardota (Antioquia), Unión Panamericana
(Chocó), Titiribí (Antioquia), El Bagre (Antioquia), Caparrapí (Cundinamarca), Aracataca (Magdalena), Villa del Rosario
(N. de Santander), Cartago (Valle del Cauca), Sativasur (Boyacá), Sogamoso (Boyacá), Durania (Norte de Santander),
Boavita (Boyacá), Maripí (Boyacá), Tuta (Boyacá), Medio San Juan (Chocó), San Pablo de Borbur (Boyacá), Agustín
Codazzi (Cesar), Río Frio (Valle del Cauca), Guaduas (Cundinamarca), Marmato (Caldas), Samacá (Boyacá), Villa del
Leiva (Boyacá), Chiscas (Boyacá), Palermo (Huila), Tauramena (Casanare), Quípama (Boyacá), Sonsón (Antioquia) y
Planeta Rica (Córdoba).
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y que, en consecuencia, aquella no se encuentra en firme, conforme al artículo 30214 del
CGP, lo que restringe la actuación del juez de tutela.
Ahora, eventualmente puede activarse la competencia del juez de tutela si la providencia
vulnera flagrantemente derechos fundamentales y causa un perjuicio irremediable, puede
otorgarse el amparo transitorio. Por eso, le corresponde a la Sala determinar si se
configura el perjuicio irremediable que justifica la intervención excepcional por vía de
tutela.
Sobre el particular, conviene precisar que el perjuicio irremediable que hace procedente
la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente
desde la perspectiva de las consecuencias adversas que pueda producir una decisión
judicial. Esas decisiones están revestidas de legalidad y, por tanto, las consecuencias
perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas.
Una decisión puede resultar adversa a los intereses de una de las partes, pero no por eso
debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse mediante la acción de
tutela. De lo contrario, todas las decisiones de los jueces que establezcan situaciones
desfavorables a los destinatarios tendrían que ser suspendidos por vía de tutela.
El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza
o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegarse a producir no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del
perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados contra los
derechos fundamentales.
En el caso concreto, la Sala no encuentra que la Agencia Nacional de Tierras acredite que
la decisión cuestionada le cause un perjuicio irremediable que amerite la intervención
excepcional del juez de tutela, pues si bien indicó que en cumplimiento de la providencia
cuestionada se congelaron recursos del Sistema Nacional de Regalías y ello podría afectar
a los entes territoriales, no demostró afectación de las garantías superiores de las que es
titular, es decir, de sus propias prerrogativas. Además, no allegó prueba siquiera sumaria
que la medida afectó de manera efectiva los referidos dineros.
En ese orden de ideas, se evidencia que la tutela de la referencia deviene en improcedente,
en razón a que no ha finalizado el proceso ejecutivo 27001-33-31-001-2009-00224-00/01,
ya que no se han resuelto las solicitudes de aclaración el incidente de desembargo ni los
recursos de apelación, es decir, que la providencia cuestionada aún no está surtiendo
efectos, por lo que se confirmará la sentencia impugnada sobre el particular.
En virtud de lo anterior, la Sala revocará el ordinal 1º de la parte decisoria del fallo
impugnado, que declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
14 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o
no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez
resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando
queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos».
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activa, para declararla respecto de los municipios tutelantes 15, y lo confirmará en lo
demás.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Revocar el ordinal 1º de la parte decisoria del fallo impugnado, por las razones
expuestas en esta providencia. En su lugar.
2. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los municipios
tutelantes, de acuerdo a la motivación.
3. Confirmar en los demás la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva.
4. Corregir en el aplicativo Samai el nombre del municipio demandante en la acción de
tutela de la referencia, pues quedó registrado como Soacha y es Socha.
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
6. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
15 Íquira (Huila), Becerril (Cesar), Buenos Aires (Cauca), Tadó (Chocó), Girardota (Antioquia), Unión Panamericana
(Chocó), Titiribí (Antioquia), El Bagre (Antioquia), Caparrapí (Cundinamarca), Aracataca (Magdalena), Villa del Rosario
(N. de Santander), Cartago (Valle del Cauca), Sativasur (Boyacá), Sogamoso (Boyacá), Durania (Norte de Santander),
Boavita (Boyacá), Maripí (Boyacá), Tuta (Boyacá), Medio San Juan (Chocó), San Pablo de Borbur (Boyacá), Agustín
Codazzi (Cesar), Río Frio (Valle del Cauca), Guaduas (Cundinamarca), Marmato (Caldas), Samacá (Boyacá), Villa del
Leiva (Boyacá), Chiscas (Boyacá), Palermo (Huila), Tauramena (Casanare), Quípama (Boyacá), Sonsón (Antioquia) y
Planeta Rica (Córdoba).
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