Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00316-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00316-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2025-00316-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
11 de junio de 2026
Demandante: Wilmer Castellanos Hernández
Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-
Radicación: 15001-23-33-000-2025-00316-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Cumplimiento
Radicación: 15001-23-33-000-2025-00316-01
Demandante: Wilmer Castellanos Hernández
Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-
Tema: Revoca orden de cumplimiento y niega pretensiones
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionada contra la sentencia de
12 de marzo de 2026. En la providencia mencionada, la Sala de Decisión 5 del
Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones de la acción de
cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Wilmer
Castellanos Hernández demandó a Instituto Nacional de Vías, en adelante INVÍAS,
para que se ordene el cumplimiento del artículo 22 de la Ley 105 de 1993. Las
pretensiones formuladas fueron las siguientes:
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Demandante: Wilmer Castellanos Hernández
Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-
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2. Hechos
Del expediente digital contenido en el aplicativo SAMAI, la Sala resume los
supuestos fácticos de la demanda a continuación:
El actor expuso que, en ejercicio del derecho de petición, solicitó información al
INVÍAS sobre la asignación de los recursos recaudados por peajes en el
departamento de Boyacá y su correspondiente inversión, con el propósito de
verificar el cumplimiento de la referida disposición legal. Indicó que la entidad dio
respuesta, mediante oficio del 11 de abril de 2025.
A partir de la información suministrada por la entidad, el accionante elaboró un
cuadro comparativo en el que confrontó el 50% del monto total asignado como
umbral de referencia con la inversión efectivamente realizada.
Con fundamento en lo anterior, afirmó que durante las vigencias 2022 y 2023 el
INVÍAS no destinó al departamento de Boyacá el porcentaje mínimo previsto en el
artículo 22 de la Ley 105 de 1993, pues la inversión habría alcanzado únicamente
el 41% y el 37%, respectivamente. En consecuencia, sostuvo que la entidad dejó
de invertir en obras de construcción, rehabilitación y conservación vial en ese
departamento las sumas de $ 3.718.809.857 para la vigencia 2022 y $
3.434.932.640, para la vigencia 2023, para un total de $ 7.153.742.498 [sumatoria
de los valores de la columna «Diferencia absoluta» correspondientes a los años
2022 y 2023].
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También indicó que, con el propósito de constituir en renuencia a la entidad, el 27
de mayo de 2025, presentó solicitud formal para que se cumpliera el artículo 22 de
la Ley 105 de 1993 respecto de las vigencias 2022 y 2023.
El INVÍAS respondió, el 12 de junio de 2025, mediante oficio 2025S-VBOG-039470,
que sí había dado cumplimiento a la norma, porque las inversiones realizadas en
Boyacá se proyectaron con ingresos de peajes relacionados en el presupuesto de
la entidad.
En términos de la accionada «[…] [l]as inversiones en el departamento de Boyacá
en las vigencias relacionadas en su misiva de recursos propios se proyectaron con
los ingresos de peajes, relacionados en el presupuesto de la entidad (Peajes +
Titularización). Lo cual supera los recursos de las inversiones por peaje. Si bien el
ingreso de recursos de titularización no fue el proyectado, el Instituto garantizó con
los recursos de peajes las inversiones para el departamento de Boyacá, a través de
estos recursos».
En ese sentido, la Administración a través del siguiente cuadro informó cómo
complementó los recursos para el departamento en las vigencias 2022-2023:
El actor controvirtió esa explicación y sostuvo que el argumento del INVÍAS era
incorrecto, pues, a su juicio, la titularización no equivale a recursos efectivamente
recaudados, sino a una movilización de ingresos futuros respaldada en el flujo
proyectado de peajes. En esa medida, afirmó que no podían contabilizarse
anticipos, créditos, recursos proyectados o ingresos futuros para acreditar el
cumplimiento de una norma que, según su interpretación, exige invertir recursos
efectivamente recaudados dentro de la respectiva vigencia fiscal.
Adujo, además, que la inclusión de recursos provenientes de titularización
desconocía el principio de anualidad presupuestal, en tanto el presupuesto debe
basarse en los ingresos efectivamente obtenidos dentro de la vigencia fiscal
correspondiente. Por ello, sostuvo que el INVÍAS omitió incorporar y destinar los
recursos que, según la demanda, debieron invertirse en Boyacá durante las
vigencias 2022 y 2023, sin que la entidad pudiera justificar el cumplimiento con
ingresos anticipados o proyectados.
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3. Admisión de la demanda
En providencia de 12 de noviembre de 2025, el magistrado ponente de la Sala de
Decisión 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la solicitud de
cumplimiento1. En consecuencia, ordenó notificar al accionante y a la autoridad
accionada. Luego, a través de providencia 9 de febrero de 2026, se decretaron las
pruebas en el presente trámite.
4. Informe
El INVIAS se opuso a la prosperidad de la acción de cumplimiento, señaló que no
se agotó el requisito de constitución en renuencia. Aparte, alegó que no incumplió
el artículo 22 de la Ley 105 de 1993, porque ha adelantado las gestiones necesarias
para que los recursos provenientes del recaudo de peajes se destinen a la
construcción, rehabilitación y conservación de vías en el departamento donde se
recaudan. Explicó que las inversiones efectuadas en Boyacá se proyectaron con
base en los ingresos derivados de peajes, incluidos los recursos provenientes de
mecanismos de titularización, los cuales permiten anticipar ingresos futuros
mediante la emisión de títulos para financiar proyectos de infraestructura vial.
Agregó que, para las vigencias 2022 y 2023, realizó inversiones en el departamento
de Boyacá que, al sumar recursos propios adicionales a los provenientes de peajes,
superaron el porcentaje mínimo del 50% previsto en la norma. Por ello, sostuvo que
no existió déficit de inversión y que la interpretación del actor desconocía la forma
en que se estructuran y ejecutan financieramente los proyectos de infraestructura
vial. También afirmó que ha ejecutado distintos contratos e inversiones de
mantenimiento, rehabilitación y operación vial en corredores del departamento, lo
que demostraría la adecuada destinación de los recursos.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 12 de marzo de 2026, la Sala 5 de Decisión del Tribunal Administrativo
de Boyacá dispuso lo siguiente:
PRIMERO: Declarar que el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS incurrió en
incumplimiento de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 105 de 1993, en lo relacionado
con la obligación de invertir como mínimo el 50 % de los recursos recaudados por
concepto de peajes en el departamento de Boyacá, en la construcción, rehabilitación
y conservación de vías en dicha entidad territorial, para las vigencias 2022 y 2023,
conforme a lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: Ordenar al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS que, adopte las medidas
necesarias para subsanar el incumplimiento del porcentaje mínimo de inversión
previsto en el artículo 22 de la Ley 105 de 1993 respecto de los recursos recaudados
por concepto de peajes en el departamento de Boyacá durante las vigencias 2022 y
2023, de la siguiente manera:
a) Dentro del término de 5 días contados a partir de la ejecutoria de esta
1 Previo a la admisión, el asunto fue remitido por competencia funcional por parte del Juzgado 17 Administrativo
de Bogotá, a través de auto de 24 de agosto de 2023.
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sentencia, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS deberá determinar el valor
actualizado del monto equivalente a la inversión que dejó de realizarse en el
departamento de Boyacá durante las vigencias 2022 y 2023 en contravía de lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 105 de 1993, tomando como base las
sumas establecidas en esta providencia. Para el efecto, las sumas se ajustarán
tomando como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con lo
reglado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, y con aplicación de la
siguiente fórmula:
R = Rh x Índice Final/Índice Inicial
En donde el valor presente (R) se determinará al multiplicar el valor histórico
(Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de la
sentencia), por el índice inicial (vigente a la fecha en que debió realizarse la
inversión).
b) Dentro del término de 3 meses siguientes al fenecimiento del anterior plazo,
el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS deberá elaborar un plan que garantice la
compensación del monto determinado en el numeral anterior, en la
construcción, rehabilitación y conservación de vías en el departamento de
Boyacá. en el cual se identifiquen las obras o intervenciones viales específicas
en las que se destinarán dichos recursos.
c) Dicho plan deberá identificar las obras o intervenciones viales específicas en
las que se destinarán dichos recursos y prever que la precitada compensación
se realice progresivamente dentro de las 3 vigencias fiscales siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia, iniciando su programación presupuestal
y ejecución desde la vigencia fiscal inmediatamente siguiente a dicha ejecutoria.
d) La programación y ejecución de esta compensación deberá efectuarse con
sujeción a las apropiaciones autorizadas en las respectivas leyes anuales de
presupuesto, a los actos de liquidación correspondientes y a las demás reglas
previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
e) Dentro de los 3 días siguientes a la adopción del plan, el Instituto Nacional
de Vías – INVÍAS deberá remitir a esta Corporación copia del mismo, junto con
la certificación del monto actualizado determinado en el literal a).
f) A partir de la adopción del plan, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS deberá
remitir informes semestrales a esta Corporación sobre el avance en la
programación y ejecución de las inversiones previstas, hasta tanto se verifique
el cumplimiento total de lo ordenado en la presente providencia.
TERCERO: Ordenar al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS que, en adelante,
garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 105 de 1993,
en relación con los recursos recaudados por concepto de peajes en el
departamento de Boyacá, de manera que, en cada vigencia fiscal, asegure la
inversión de como mínimo el 50% de dichos recursos en la construcción,
rehabilitación y conservación de vías en el referido departamento, con sujeción a
las apropiaciones autorizadas en las respectivas leyes anuales de presupuesto, a
los actos de liquidación correspondientes y a las demás reglas previstas en el
Estatuto Orgánico del Presupuesto.
CUARTO: Sin condena en costas de segunda instancia.
El Tribunal estimó acreditada la renuencia, pues el actor solicitó a la entidad el
cumplimiento de esa disposición respecto de las vigencias 2022 y 2023, y el INVÍAS
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respondió que ya había satisfecho la obligación bajo un criterio de contabilización
que incluía recursos propios y de titularización. Para el Tribunal, esa respuesta
implicó una negativa material a cumplir en los términos reclamados. Consideró que
la acción cumplía los presupuestos de procedencia, porque el artículo 22 de la Ley
105 de 1993 es una norma vigente con fuerza de ley que contiene un imperativo,
expreso e inobjetable en cabeza del INVÍAS: invertir como mínimo el 50% de los
recursos recaudados por peajes en la construcción, rehabilitación y conservación
de vías del departamento donde se recauden, y el excedente en la respectiva zona
de influencia.
En cuanto al fondo, concluyó que el cumplimiento del artículo 22 de la Ley 105 de
1993 debía verificarse con base en los recursos provenientes exclusivamente del
recaudo de peajes, sin que fuera jurídicamente admisible contabilizar recursos
propios de otras fuentes ni de titularización, máxime cuando el propio INVÍAS
informó que los recursos de titularización fueron programados excepcionalmente,
pero no ingresaron efectivamente al presupuesto y el trámite no culminó. Encontró
que en 2022 y 2023 la inversión realizada en Boyacá fue inferior al mínimo legal,
pues ascendió al 41,13% y al 37%, respectivamente. Por ello, tuvo por demostrado
el incumplimiento del mandato legal y ordenó al INVÍAS adoptar las medidas
necesarias para subsanar el déficit de inversión y garantizar hacia futuro la
destinación mínima prevista por la norma.
6. La impugnación
El INVÍAS impugnó la sentencia de primera instancia al considerar que el Tribunal
adoptó una interpretación restrictiva del artículo 22 de la Ley 105 de 1993, al concluir
que únicamente podían contabilizarse los recursos efectivamente recaudados por
peajes y excluir los provenientes de titularización o de otras fuentes propias
destinadas a infraestructura vial. Según la entidad, la titularización constituye un
mecanismo legítimo para anticipar recursos derivados del mismo flujo de peajes, de
modo que no se trataría de una fuente ajena sino de una forma de financiación
pública vinculada al recaudo futuro de esos ingresos.
Sostuvo que en las inversiones realizadas en Boyacá no existió déficit real, pues
durante las vigencias 2022 y 2023 se ejecutaron recursos superiores al mínimo
exigido por la norma. Para el INVÍAS, el Tribunal desconoció que la finalidad del
artículo 22 no es imponer una lectura contable rígida sobre la fuente exacta del
dinero, sino garantizar una inversión mínima en la infraestructura vial del
departamento donde se recaudan los peajes; finalidad que, en su criterio, fue
satisfecha con inversiones propias y de Nación en los corredores viales de Boyacá.
Finalmente, alegó que la orden de compensar los supuestos déficits de las vigencias
2022 y 2023 desconoce el principio de anualidad presupuestal y desborda el
alcance de la acción de cumplimiento, porque implica trasladar obligaciones a
presupuestos futuros, imponer planes de inversión y someter la programación y
ejecución presupuestal a seguimiento judicial. En su criterio, aunque el fallo intentó
sujetar la orden al sistema presupuestal, terminó interfiriendo en la planeación,
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priorización y ejecución del gasto público, materia que corresponde a la
administración y no al juez de cumplimiento.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 12
de marzo de 2026 de la Sala 5 de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125,
150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm.
080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer
de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se
dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 12
de marzo de 2026. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes interrogantes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento de la disposición invocada en
la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
De ser superados los anteriores interrogantes, ¿existe un mandato imperativo,
expreso e inobjetable de la disposición invocada en la demanda y se debe ordenar
el cumplimiento?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto;
y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
2 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de
1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en
esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo3.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]4.
3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
4 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios
y directrices.
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(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política5.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción
constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»6.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado7.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-
00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
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Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior10.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
8 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
10 Sentencia antes citada.
11
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-
00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
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la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»15.
Para este caso, el accionante acompañó copia del escrito de 12 de junio de 2025,
en el que requirió al INVIAS el cumplimiento del artículo 22 de la Ley 105 de 1993,
respecto de las vigencias 2022 y 2023, toda vez que la información suministrada
sobre la inversión realizada en el departamento de Boyacá no correspondía con el
50% de los recursos asignados de recaudados por peajes.
El INVÍAS respondió, el 12 de junio de 2025, mediante oficio 2025S-VBOG-039470,
que «[…] [l]as inversiones en el departamento de Boyacá en las vigencias
relacionadas en su misiva de recursos propios se proyectaron con los ingresos de
peajes, relacionados en el presupuesto de la entidad (Peajes + Titularización). Lo
cual supera los recursos de las inversiones por peaje. Si bien el ingreso de recursos
de titularización no fue el proyectado, el Instituto garantizó con los recursos de
14
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
15
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.
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peajes las inversiones para el departamento de Boyacá, a través de estos
recursos».
Lo anterior, evidencia que el requisito de procedibilidad se encuentra acreditado
toda vez que la respuesta de la Administración es contraria al querer del ciudadano.
Por tanto, conforme se explicó en las consideraciones de este acápite, tal situación
permite tener por acreditada la renuencia de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393
de 1997.
3.4. Procedencia de la acción
En este caso, la accionante exigió a la accionada el obedecimiento del artículo 22
de la Ley 105 de 1993 que dispone lo siguiente:
Ley 105 de 1993
(diciembre 30)
Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se
redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades
Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones.
[…]
ARTICULO 22. Destino de los Recursos del Peaje. En la asignación de los recursos
del Instituto Nacional de Vías, recaudados por peajes, como mínimo será invertido el
50 por ciento, para construcción, rehabilitación y conservación de vías en el respectivo
departamento donde se recaude y el excedente en la respectiva zona de influencia.
[…]
La referida norma se encuentra vigente dado que no se encuentra derogada o con
alguna afectación judicial que no permita tener por acreditado el primer requisito de
procedencia.
Además, la Sala considera que el presente caso cumple con el requisito de la
subsidiariedad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya
tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de
la disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia16 ha desarrollado
«la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en
aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.
En este caso, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro medio de
defensa para lograr que el INVIAS cumpla con el porcentaje de inversión de
recursos por peaje asignados para las vigencias 2022 – 2023, lo que, en principio,
torna procedente el ejercicio de la acción.
16 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU).
MP. Mauricio Torres Cuervo.
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Tampoco se evidencia que lo pretendido pueda ser discutido vía acción de tutela, ni
que el cumplimiento de la norma que se pide acatar implique un gasto no
presupuestado. En este sentido, la Sala advierte que la accionada sostiene que la
acción deviene improcedente porque la norma que se pide hacer cumplir implica
gasto, según lo dispone el parágrafo17 del artículo 9.º de la Ley 393 de 1997;
empero, debe destacarse que esta Sección ha concluido que esa causal puede ser
superada cuando dicho gasto está debidamente presupuestado18.
En este caso, debe advertirse que la disposición invocada parte de la premisa de
invertir en obras de mantenimiento o construcción de vías, mínimo el 50 % de los
recursos asignados por recaudo de peajes. Así las cosas, si bien en principio es
acertado afirmar que el cumplimiento de las disposiciones que requiere la parte
demandante implica la ejecución de gasto, también lo es que tales recursos son los
asignados por recaudo de peajes y, por ende, ello es suficiente para concluir que
se trata de un gasto ya previsto o presupuestado, por lo que no se configura la
causal de improcedencia19. En consecuencia, se procederá al estudio del fondo del
asunto.
3.5. De la existencia de mandatos imperativos, expresos e inobjetables
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin embargo,
a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones,
sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes20.
Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, imperativo e inobjetable en los términos
de los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo, si la
norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito
bajo estudio y no prosperarán las pretensiones de la demanda.
Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los mandatos imperativos, expresos e inobjetables
que son susceptibles de ser materializados por medio de este mecanismo judicial.
Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la siguiente manera:
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
17
PARÁGRAFO. La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento de
normas que establezcan gastos». (Negrilla fuera de texto).
18
Al respecto puede consultarse la sentencia de 3 de abril de 2014, Rad. No. 2013-01288-01, actor:
María Luisa Guerrero Narváez, M.P. Alberto Yepes Barreiro
19
Sobre esta postura puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado Sección Quinta sentencia
de 22 de octubre de 2020, radicado 25000-23-41-000-2020-00185-01 y sentencia de 3 de junio de
2021, radicado 25000-23-41-000-2021-00164-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
20 Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas.
(Diccionario de la Real Academia Española).
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imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de
la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»21.
El problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si, en el caso
concreto, debe mantenerse la orden al INVIAS de adoptar medidas de
compensación por el presunto incumplimiento del artículo 22 de la Ley 105 de 1993,
respecto de los recursos recaudados por concepto de peajes en el departamento
de Boyacá durante las vigencias 2022 y 2023.
La Sala advierte, en primer lugar, que el artículo 22 de la Ley 105 de 1993 contiene
una regla legal de destinación específica, conforme con la cual, en la asignación de
los recursos del INVÍAS recaudados por peajes, como mínimo debe invertirse el
50% en construcción, rehabilitación y conservación de vías en el respectivo
departamento donde se recauden, y el excedente en la respectiva zona de
influencia. Se trata, por tanto, de una disposición exigible que impone a la entidad
un deber de observancia en la programación y ejecución de tales recursos.
No obstante, la existencia de ese mandato no conduce automáticamente a confirmar
la orden impartida por el a quo. En sede de acción de cumplimiento, además de
identificar una norma con deberes imperativos expresos e inobjetables, corresponde
verificar si existe un incumplimiento actual y objetivo que habilite al juez
constitucional para impartir una orden de acatamiento.
En el presente asunto, esa exigencia se desdibuja a partir de la explicación ofrecida
por el INVÍAS sobre la forma en que estructuró y ejecutó las inversiones en el
departamento de Boyacá durante las anualidades cuestionadas.
En efecto, la entidad accionada informó que, si bien los valores reportados bajo la
fuente específica de recursos provenientes del recaudo de peajes no alcanzaron,
en estricto sentido, el 50% exigido para las vigencias 2022 y 2023, el porcentaje
faltante fue cubierto con otros recursos asignados a la entidad y destinados a
infraestructura vial en el departamento de Boyacá. Así, según lo expuesto por el
INVÍAS, no existió un déficit material de inversión en el territorio, sino una
controversia sobre la fuente presupuestal y el mecanismo financiero utilizado para
atender esa inversión.
21
Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del
Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
14
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La Sala no desconoce que, de acuerdo con el tenor literal del artículo 22 de la Ley
105 de 1993, el parámetro de referencia corresponde a los recursos recaudados por
peajes y no a recursos propios de otra naturaleza. Tampoco pasa por alto que la
entidad acudió a una modalidad de titularización o proyección financiera asociada a
flujos futuros de peajes, mecanismo que finalmente no permitió acreditar, en
términos estrictos, que los recursos de esa fuente hubieran ingresado y se hubieran
ejecutado como recaudo efectivo de peajes en las vigencias respectivas.
Sin embargo, esa circunstancia no permite concluir, sin más, que subsista un
incumplimiento actual susceptible de ser corregido mediante una orden de
compensación judicial. Lo relevante para efectos de esta acción es que el INVÍAS
explicó que el eventual faltante derivado de la fuente de peajes fue suplido con
recursos asignados a la entidad, los cuales se destinaron a obras e inversiones en
infraestructura vial en Boyacá. Esa afirmación no fue desvirtuada por la parte actora
con elementos que permitieran concluir que, pese a la explicación de la entidad,
subsiste una omisión material de inversión en el departamento.
En ese contexto, la Sala estima que la discusión se traslada a un escenario distinto
al propio de la acción de cumplimiento. Lo que se debate ya no es únicamente si la
entidad omitió ejecutar una inversión mínima en Boyacá, sino si la forma como
planificó, sustituyó, financió y ejecutó los recursos durante las vigencias 2022 y 2023
se ajustó al régimen presupuestal, financiero y de planeación aplicable. Esa
controversia involucra juicios sobre la legalidad, oportunidad, conveniencia y
corrección de la gestión presupuestal del INVÍAS, materias que exceden el carácter
objetivo y sumario de este medio de control.
La acción de cumplimiento no está concebida para que el juez reconfigure la
planeación presupuestal de una entidad, ni para definir si debió acudirse a una
fuente de financiación en lugar de otra, ni para establecer cómo deben sacrificarse,
reasignarse o priorizarse los recursos propios de una entidad pública. Su finalidad
es obtener el acatamiento de deberes legales o administrativos claros, expresos y
exigibles, pero no sustituir a la administración en la escogencia de los instrumentos
técnicos, financieros y presupuestales mediante los cuales atiende sus
competencias.
Desde esa perspectiva, la orden de primera instancia, al disponer que el INVÍAS
determine el valor actualizado del monto supuestamente dejado de invertir, elabore
un plan de compensación, identifique obras específicas, programe la ejecución
progresiva en vigencias fiscales futuras y rinda informes periódicos al juez, termina
trasladando al escenario judicial decisiones que corresponden a la órbita funcional
y presupuestal de la Administración. En particular, implica reconstruir la ejecución
de vigencias ya cerradas y condicionar la programación futura del gasto a una
fórmula judicial de compensación.
La Sala considera que esa orden desborda el alcance del juez de cumplimiento. Si
bien es posible exigir a la Administración el acatamiento de una regla legal de
destinación, no corresponde al juez establecer la forma concreta en que el INVÍAS
15
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debe garantizar que se cubra el porcentaje del 50 % previsto en el artículo 22 de la
Ley 105 de 1993, ni definir la fuente presupuestal, los proyectos, los contratos, los
instrumentos de planeación o las vigencias mediante las cuales la entidad debe
organizar sus inversiones.
De ahí que, aunque la Sala advierte que el INVÍAS al acudir a la titularización o a
proyecciones financieras, para justificar el cumplimiento de una regla que se refiere
a recursos recaudados por peajes, esa circunstancia no habilita por sí sola una
orden judicial de compensación. La utilización de ese mecanismo y la posterior
necesidad de cubrir el faltante con recursos propios de la entidad pueden revelar
una controversia sobre la legalidad o corrección de la planeación presupuestal, pero
no permiten tener por incumplido el deber reclamado, pues determinar si la forma
de financiación de inversión estuvo bien o mal no es del resorte de la acción
constitucional.
Por tanto, la Sala concluye que la sentencia de primera instancia debe revocarse.
En su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda, en tanto no se acreditó un
incumplimiento actual susceptible de orden de cumplimiento, sino una discusión
sobre la forma en que el INVÍAS planificó y resolvió presupuestalmente la inversión
de las vigencias 2022 y 2023, asunto que no corresponde definir mediante este
medio de control.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO. Revocar la sentencia de 12 de marzo de 2026 de la Sala 5 de Decisión
del Tribunal Administrativo de Boyacá que accedió a las pretensiones de la acción
de cumplimiento promovida por Wilmer Castellanos Hernández contra el Instituto
Nacional de Vías –INVÍAS– para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado
GLORIA MARIA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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