Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00249-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00249-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2026-00249-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 15001-23-33-000-2026-00249-01
Accionante: IVÁN JAVIER ALBARRACÍN GONZÁLEZ
Accionado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Temas: Nombramientos en periodo de prueba en el marco de un
concurso de méritos. Vigencias de listas de elegibles. Confirma
improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante en contra de
la sentencia del 3 de agosto de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Boyacá. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 1, 1502 y
2433 de la Ley 1437 de 20114, así como en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434 de 2024).
La impugnación fue concedida mediante auto del 25 de agosto de 2026, por lo que
la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en la Ley 393 de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 de la Constitución y
desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Iván Javier Albarracín González5
presentó demanda en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, con el
fin de obtener el cumplimiento de las resoluciones número 15-01199 de 29 de
1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].
5 Quien actúa por medio de apoderado judicial.
1
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Accionante: Iván Javier Albarracín González
Accionado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
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agosto de 2024 y 15-1688 de 21 de octubre de 2024, emitidas por el subdirector (e)
del Centro Minero del SENA – Regional Boyacá.
2. En consecuencia, el accionante formuló las siguientes pretensiones:
1. ORDENAR al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), y en
específico a su Representante Legal o a quien tenga la competencia de nominación,
que de forma inmediata y en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, dé
estricto cumplimiento a las Resoluciones No: 15-01199 del veintinueve (29) de
agosto de dos mil veinticuatro (2024), y 15-1688 del veintiuno (21) de octubre
de dos mil veinticuatro (2024), en concordancia igualmente con la Resolución
No. 8547 del 16 de marzo de 2024, “por la cual se conforma y adopta la lista de
elegibles para proveer dos (2) vacantes definitivas del empleo denominado
INSTRUCTOR, código 3010, grado 1, identificado con el código OPEC No 170137,
del sistema general de carrera administrativa de la planta de personal del
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA_EON_2020-2_ABIERTO”,
mediante la cual se expidió la respectiva lista de legibles.
2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al SENA efectuar el
correspondiente NOMBRAMIENTO EN PERÍODO DE PRUEBA de mi poderdante
IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía
N°74.184.826, en el cargo de INSTRUCTOR, código 3010, grado 1, identificado con
el código OPEC No 170137, del sistema general de carrera administrativa de la
planta de personal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -
SENA_EON_2020-2_ABIERTO”, mediante la cual se expidió la respectiva lista de
legibles y se proceda a agendar la respectiva diligencia de posesión.
1.2. Posición de la parte demandante
3. De acuerdo con la demanda, mediante Acuerdo 2099 de 2021, la Comisión
Nacional de Servicio Civil (CNSC) convocó a concurso público de méritos para
proveer vacantes del sistema general de carrera administrativa del SENA, en el
marco del proceso de selección de Entidades del Orden Nacional 2020.
4. Afirmó que, luego de culminadas las etapas del concurso, la CNSC expidió
la Resolución núm. 8547 de 16 de marzo de 2024 «por la cual se conforma la lista
de elegibles para proveer (2) vacantes definitivas del empleo denominado
INSTRUCTOR, código 3010, grado 1, identificado con el código OPEC No 170137»
de la planta de personal del SENA «EON_2020-2_ABIERTO».
5. El actor manifestó que ocupó el primer puesto en dicha lista de elegibles, con
un puntaje de 73.43, lo que, en su opinión, le otorga un derecho a ser nombrado en
periodo de prueba. Según el demandante, dicho nombramiento debió realizarse en
un plazo «perentorio e improrrogable» de 10 días; sin embargo, vencido tal término,
la entidad demandada no ha llevado a cabo el respectivo nombramiento.
6. Al respecto, el demandante sostuvo que el subdirector (e) del centro minero
del SENA, a través de la Resolución 15-00643 de 16 de mayo de 2024, no accedió
a su nombramiento6.
6 Del contenido de esta resolución, se observa que la entidad estimó que la formación académica
del actor (técnico en procesados cárnicos) no se relaciona con el cargo de Instructor, Grado 01, en
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7. Luego, el accionante presentó una acción de tutela, en la que, en primera
instancia se accedió a las pretensiones relacionadas con el nombramiento, pero, en
segunda instancia, se revocó tal decisión.
8. El señor Albarracín González indicó que, a través de las resoluciones núm.
15-01199 de 29 de agosto de 2024 y 15-01688 de 21 de octubre de 2024, el
subdirector (e) del Centro Minero del SENA hizo el respectivo nombramiento en
periodo de prueba.
9. No obstante, por medio de las resoluciones núm. 15-01612 de 11 de octubre
de 2024 y 15-02022 de 27 de noviembre de 2024, la entidad declaró la pérdida de
fuerza ejecutoria de las resoluciones núm. 15-01199 y 15-01688, respectivamente.
10. El accionante sostuvo que ya feneció el término legal para hacer efectivo el
nombramiento en periodo de prueba, sin que la entidad haya procedido con el
nombramiento o con su vinculación al cargo al que tiene derecho en virtud del
mérito.
11. Finalmente, señaló que, el 24 de abril de 2026, requirió al SENA el
cumplimiento de las resoluciones núm. 15-01199 de 29 de agosto de 2024 y 15-
01688 de 21 de octubre de 2024. Agregó que, el 7 de mayo de 2026, la entidad le
contestó en el sentido de informarle que se sustrae del cumplimiento de los
mencionados actos administrativos, por cuanto frente a aquellos se declaró la
pérdida de fuerza ejecutoria.
1.3. Posición de la parte demandada
12. El SENA solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto,
negar las pretensiones de la demanda. Frente a lo primero, adujo que no existe una
obligación clara, expresa, vigente y exigible que imponga el deber de realizar el
nombramiento del accionante, toda vez que los actos cuyo cumplimiento se
demanda fueron privados de fuerza ejecutoria mediante resoluciones posteriores,
por lo que no se encuentran produciendo efectos jurídicos.
13. También alegó que el objeto de la acción es controvertir la legalidad de las
resoluciones núm. 15-01612 de 11 de octubre de 2024 y 15-02022 de 27 de
noviembre de 2024, que declararon la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos sub
judice. Sobre el particular, enfatizó que tales actos se presumen legales mientras
no hayan sido suspendidos o anulados.
14. Finalmente, afirmó que la parte actora cuenta con otros medios de defensa
judicial (v.gr., nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho), los cuales no pueden
ser sustituidos por la acción de cumplimiento.
el área de joyería; y sin que fuese posible aplicar equivalencias entre los distintos cargos de
instructor.
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1.4. Fallo de primera instancia
15. En sentencia de 3 de agosto de 2026, la Sala de Decisión Tercera del
Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la improcedencia de la acción sub
examine, por las razones que se exponen a continuación.
16. Al respecto, el a quo puso de presente que la jurisprudencia de esta Sección
ha admitido la procedencia de la acción para exigir la observancia de las reglas que
imponen a la administración el deber de proveer los empleos en estricto orden de
mérito7. Sin embargo, también precisó que, en otras oportunidades, esta
corporación ha reiterado que el juez de cumplimiento carece de competencia para
prorrogar los efectos de listas de elegibles que ya perdieron vigencia o para efectuar
análisis de legalidad de los actos dictados en el marco del concurso. Para estos
fines, el ordenamiento prevé otros medios de control.
17. Así, en el caso concreto, concluyó que la acción se torna improcedente,
porque los actos que se piden acatar perdieron su fuerza ejecutoria y cualquier
orden que llegase a dictar el juez de cumplimiento implicaría pronunciarse sobre la
legalidad y los efectos de otras resoluciones que se presumen legales.
18. Al respecto, puso de presente las resoluciones núm. 15-00643 de 16 de mayo
de 2024, en la que se determinó no nombrar al demandante, por considerar que su
título académico no correspondía a la formación exigida para el empleo de instructor
de joyería; y la 15-01051 de 2 de agosto que la confirmó. Igualmente, destacó que
las resoluciones 15-01612 de 11 de octubre de 2024 y 15-02022 de 27 de noviembre
de 2024 —que declararon la pérdida de fuerza ejecutoria—, tampoco han sido
anuladas ni suspendidas por la jurisdicción contenciosa.
19. Por último, trajo a colación que la Resolución No. 8547 de 16 de marzo de
2024, que estableció la lista de elegibles, ya perdió su vigencia de dos años. Ello es
así, en tanto aquella fue comunicada el 3 de abril de 2024, por lo que, para el
momento de la presentación de la demanda (9 de julio de 2026), la lista ya no estaba
vigente, por lo que no es posible extender sus efectos a través de este mecanismos
constitucional.
1.5. Impugnación
20. El accionante solicitó que se revoque la sentencia del a quo y, en su lugar,
se ordene su nombramiento en periodo de prueba, con base en los siguientes cuatro
argumentos:
21. Primero, cuestionó que el a quo restringiera el objeto de su análisis a las
resoluciones núm. 15-01199 de 29 de agosto de 2024 y 15-01688 de 21 de octubre
7 En particular, citó la siguiente providencia: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 20001-23-39-000-2017-
00499-01».
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de 2024, puesto que también pidió la observancia de la Resolución No. 8547 de
2024, y los artículos 31.4 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.6.21 del Decreto 1083 de
2015.
22. Segundo, el tribunal de primera instancia desconoció que, pese a que la lista
de elegibles contenida en la Resolución No. 8547 perdió vigencia antes de la
interposición de la demanda, el actor tenía un derecho adquirido, y no «una mera
expectativa». Por lo demás, recalcó que él reclamó al SENA la materialización de
su nombramiento cuando dicha lista aún estaba produciendo efectos8, por lo que su
vencimiento posterior «no debe operar mecánicamente como si la situación jurídica
nunca hubiera existido».
23. Tercero, la existencia de las resoluciones que declararon la pérdida de fuerza
ejecutoria y, por ende, resolvieron no realizar el nombramiento del actor, no
tornaban improcedente cualquier orden de cumplimiento; máxime porque, en su
opinión, nunca cuestionó la legalidad de dichos actos. Entonces, el tribunal a quo
debió estudiar si el deber reclamado podía constatarse «autónomamente a partir de
la lista, la posición del actor, las vacantes originales y las normas de carrera».
24. Por último, solicitó que se evalúe la posible configuración de un perjuicio
irremediable en este caso.
II. CONSIDERACIONES
25. La Sala confirmará la sentencia del 3 de agosto de 2026, mediante la cual la
Sala de Decisión Tercera del Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la
improcedencia de la acción.
26. Para ello, analizará las siguientes cuestiones: (i) el agotamiento del requisito
de constitución en renuencia y (ii) el examen de los requisitos de procedencia de
este mecanismo constitucional.
2.1. Caso concreto
2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia
27. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la
acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al
particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del
mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el
actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin que
8 Para tal efecto, el actor hizo referencia a un fallo dictado en el proceso de tutela 25000-23-42-000-
2019-00730-01, en el que se indicó que «la expiración posterior de la lista no
constituía una justificación válida frente a vacantes ofertadas cuando la
interesada había solicitado oportunamente su nombramiento».
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la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la
solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento9.
28. Por tal motivo, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido no
es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»10. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de la
demanda.
29. En este caso, la Sala encuentra acreditada la constitución en renuencia. Con
la demanda, el accionante allegó copia de la «solicitud de cumplimiento cabal a las
resoluciones No. 15-01199 […] y No. 15-1688», ambas de 2024. Igualmente, anexó
el mensaje de datos del 24 de abril de 2024 en el que envió al SENA la «solicitud
de renuencia»11. A su vez la demandada afirmó haber dado respuesta a dicho
requerimiento12.
30. En tales términos, se acredita el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de la parte demandada.
2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia
31. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales, a saber:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1)13.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
9 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el
propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya
ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
11 Este requerimiento fue enviado al correo electrónico servicioalciudadano@sena.edu.co, el cual
corresponde con la dirección de correo institucional publicada en la página web de la entidad.
12 Ver respuesta al hecho décimo sexto de la contestación de la demanda.
13 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan
ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la administración (artículo 9).
32. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad implica la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores presupuestos
se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en
ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción; y, a
partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
33. Pues bien, en este caso, la Sala considera que la acción es improcedente,
por cuanto no se satisfacen los requisitos de vigencia y de subsidiariedad, como
pasa a explicarse:
34. En primer lugar, es menester precisar que el objeto de la presente acción es
que se ordene al SENA llevar a cabo el nombramiento en periodo de prueba del
señor Albarracín González, en «estricto cumplimiento a las Resoluciones No: 15-
01199 del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), y 15-1688 del
veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), en concordancia igualmente
con la Resolución No. 8547 del 16 de marzo de 2024». Lo anterior, comoquiera que
el actor estima tener un derecho adquirido al nombramiento al haber ocupado el
primer lugar en la lista de elegibles contenida en el último acto mencionado.
35. Pues bien, como lo señaló el Tribunal Administrativo de Boyacá y lo reconoce
el demandante, la Resolución núm. 8547 de 16 de marzo de 2024 ya no se
encuentra vigente, situación que se consolidó incluso con anterioridad a la
presentación de esta acción. En efecto, dicho acto fue comunicado el 3 de abril de
2024, por lo que para la fecha de interposición de la demanda (9 de julio de 2026)
ya había vencido el plazo de 2 años que dispuso su artículo octavo14.
36. En ese orden, es claro que la acción resulta improcedente por cuanto la lista
de elegibles de la que el actor deriva su derecho al nombramiento no se encuentra
vigente, conforme lo ha señalado la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta
Sección15.
14 «ARTÍCULO OCTAVO. La Lista de Elegibles conformada y adoptada mediante el presente acto
administrativo, tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha en que se produzca
su firmeza total, conforme a lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1960 de 2019 y el 6° de esa
misma Ley, que modificó el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004».
15 Al respecto, pueden consultarse, entre otras las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 13 de junio de 2024, rad. núm.
25000-23-41-000-2024-00624-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez; Consejo de Estado, Sala de
7
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37. Dicha conclusión no varía por el hecho de que el actor, en la impugnación,
insista en que el mandato también está comprendido, por ejemplo, en el artículo 125
de la Constitución Política, en algunas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y el
Decreto 1083 de 2015 o en las resoluciones núm. 15-01199 y 15-01688. Ello es así,
en tanto el debate propuesto está intrínsecamente ligado con el cumplimiento de la
Resolución núm. 8547, por medio de la cual se fijó la lista de elegibles para el cargo
en el que el accionante pretende ser nombrado.
38. Igualmente, para la Sala tampoco es de recibo el argumento de relacionado
con que el actor pidió el cumplimiento de la referida resolución antes de que esta
perdiera vigencia, pues, en su criterio, ello consolidó un derecho adquirido y no una
mera expectativa. Lo anterior, por dos razones. De un lado, porque ello implicaría
extender la vigencia de un acto administrativo más allá del plazo dispuesto por la
misma administración, lo cual desborda la competencia del juez de cumplimiento; y,
de otro, porque la tesis del demandante se funda en un supuesto derecho adquirido
al nombramiento, el cual fue negado por la demandada mediante la Resolución
núm. 15-00643 de 16 de mayo de 202416.
39. En tales términos, aun cuando el actor haya presentado su reclamación de
cumplimiento durante la vigencia de la Resolución núm. 8547 de 16 de marzo de
2024, ello no extiende los efectos de esta última ni desvirtúa que esta ya no
encuentre produciendo efectos, por lo que no es posible realizar un estudio de
fondo.
40. El segundo motivo por el cual esta Sección confirmará la decisión del a quo
es el incumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto, toda vez
que el cumplimiento de las resoluciones núm. 15-01199 y 15-01688, ambas de
2024, implica efectuar un estudio sobre la legalidad de otros actos administrativos.
41. Frente a dicho requisito de improcedencia, la jurisprudencia reiterada de esta
Sección ha sostenido que este mecanismo constitucional no es un instrumento
paralelo para reconocer derechos subjetivos17 o resolver controversias que cuentan
lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 16 de mayo de 2024, rad. núm. 20001-
23-33-000-2024-00070-01, M.P. Gloria María Gómez Montoya; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 9 de mayo de 2024, rad. núm. 68001-23-
33-000-2024-00216-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 10 de agosto de 2023, rad. núm. 41001-23-33-000-
2023-00102-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
16 En esta resolución el SENA resolvió no nombrar al actor, tras considerar que su formación
académica (técnico en procesados cárnicos) no se relaciona con el cargo de Instructor, Grado 01,
en el área de joyería; y sin que fuese posible aplicar equivalencias entre los distintos cargos de
instructor.
17 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-41-
000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia
del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01. Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia de 1 de noviembre de 2012. Rad. 76001-23-31-000-2012-00499-01. Consejo de
Estado, Sección Quinta. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Rad. 19001-23-33-000-2021-00086-
01. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de abril de 2025. Rad. 68001-23-33-000-
2025-00074-01.
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con otros medios de defensa. En efecto, la acción de cumplimiento «no tiene dentro
de su objeto el de dirimir controversias jurídicas, ni el de reconocer derecho
subjetivo alguno»18. De lo contrario, «si se autoriza al juez constitucional a que
resuelva de fondo todas las controversias jurídicas en torno a la aplicación del
derecho en el caso concreto, se anularía el principio de separación funcional de
jurisdicciones y se dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos procesales
ordinarios y contencioso administrativos»19.
42. Pues bien, en este caso, los actos respecto de los cuales el actor pide su
acatamiento no pueden ser estudiados, en el marco de esta acción, sin
consideración de la presunción de legalidad de las resoluciones núm. 15-00643 de
16 de mayo de 2024, en la que se determinó no nombrar al demandante, por
considerar que su título académico no correspondía a la formación exigida para el
empleo de instructor de joyería; y 15-01612 de 11 de octubre de 2024 y 15-02022
de 27 de noviembre de 2024, que declararon la pérdida de fuerza ejecutoria de los
actos de nombramiento.
43. Ninguno de esos actos se encuentra suspendido o anulado. De allí que
cualquier decisión que adopte el juez de cumplimiento en el sentido que pretende el
actor supondría invadir una competencia del juez de lo contencioso-administrativo,
como lo indicó el tribunal de primera instancia.
44. En efecto, esta Sección no podría ordenar el cumplimiento de los actos que,
en su momento, ordenaron el nombramiento en periodo de prueba del accionante,
dado que: (i) existe un acto administrativo que, expresamente, negó el
nombramiento por considerar que el señor Albarracín González no cumple con los
requisitos para acceder al empleo público al cual se postuló, sin que este juez
colegiado pueda hacer una valoración distinta en virtud de la presunción de
legalidad; y (ii) el nombramiento pretendido implicaría desconocer —o incluso
inaplicar— las resoluciones que declararon la pérdida de fuerza ejecutoria.
45. Por tanto, para la Sala el objeto de la acción supone la existencia de una
controversia jurídica, subjetiva y particular, la cual pudo ser formulada mediante
otros medios de defensa. Ciertamente, los actos señalados en el párrafo 42 de esta
providencia pudieron ser controvertidos oportunamente por el demandante en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se
advierta razón alguna que justifique emplear esta acción como mecanismo paralelo
para plantear cuestiones de mera legalidad; máxime cuando no se advierte ni se
alegó desde la primera instancia la configuración de perjuicio irremediable alguno,
que que justifique la intervención del juez de cumplimiento.
18 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-41-
000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia
del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
19 Id.
9
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Accionante: Iván Javier Albarracín González
Accionado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00249-01
2.2. Conclusión
46. La Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, que
declaró la improcedencia de la acción sub examine, por cuanto en este caso no se
cumplen los presupuestos de vigencia y subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de agosto de 2026, dictada por la Sala
de Decisión Tercera del Tribunal Administrativo de Boyacá.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
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