Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2023-00102-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2023-00102-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 41001-23-33-000-2023-00102-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de agosto de 2023
Demandante: Consuelo Herrera García
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00102-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00102-01
Accionante: CONSUELO HERRERA GARCÍA
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC
Tema: Confirma sentencia de primera instancia.
.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 29 de junio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila
– Sala Segunda de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. La señora Consuelo Herrera García, actuando en nombre propio, presentó
acción de cumplimiento contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (en
adelante CNSC). Su solicitud tiene como fin que se le ordene a la accionada el
acatamiento del numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 909 de 20041 y los artículos
14 y 15 del Decreto 760 de 20052.
2. Como resultado del obedecimiento de las normas invocadas, pidió, a título
de pretensiones, las siguientes:
PRIMERO: Se ordene a la CNSC, publicar la lista de elegibles contenida en la
resolución № 3976 del 04 de marzo de 2022, para proveer la OPEC 158717, con
la denominación de INSTRUCTOR, CODIGO 3010, grado 1, para dar la posibilidad
a la oponibilidad de la misma, en caso de que los concursantes vean vulnerado su
posición meritoria la cual debe ser en estricto orden de mérito en aplicación al
artículo 125 de la Constitución Nacional, además porque una lista de elegibles no
puede nacer a la vida jurídica inmodificable, lo anterior para que posteriormente la
CNSC le dé la Vigencia de dos años que tiene toda lista de elegibles, tal como se
encuentra estipulado en el numeral 4 del artículo 31 de la LEY 909 de 2004.
(Negrillas del texto original y sic a toda la cita).
1 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones.
2 Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del
Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.
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Demandante: Consuelo Herrera García
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00102-01
2. Hechos
3. Con ocasión del Acuerdo 201700000116 de 24 de julio de 2017, la CNSC
convocó a concurso público y abierto de méritos para proveer definitivamente
3.687 empleos, con 4.973 vacantes, pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA).
4. Mediante la Resolución 20182120186775 de 24 de diciembre de 2018, la
cual se publicó el 4 de enero de 2019 y cobró firmeza el 15 de enero siguiente,
se conformó la lista de elegibles para proveer una vacante del empleo de carrera
denominado instructor, código 3010, grado 01 del Área Temática de Gestión
Administrativa. En esa oportunidad, la señora Consuelo Herrera García ocupó la
segunda posición.
5. Posteriormente, por medio de la Ley 1960 de 2019 se modificaron algunas
disposiciones de la Ley 909 de 2004. La parte actora enfatizó en que el numeral
4.º del artículo 31, quedó de la siguiente manera:
ARTÍCULO 31. Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de
selección comprende:
(…)
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la
entidad contratada por delegación de aquella elaborara (sic) en estricto orden de
mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y
en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó
el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que
surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad.
6. Luego, el 16 de enero de 2020, la CNSC expidió el criterio unificado «Uso
de listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 2019». La accionante
aseveró que allí se dejó clara la obligatoriedad de hacer uso de las listas de
elegibles con los cargos no ofertados en las respectivas convocatorias, cuyas
vacantes surgieran con posterioridad.
7. Afirmó que, desde el 19 de junio de 2019, día en que entró en vigor la Ley
1960 de 2019, se han generado varias vacantes no ofertadas en el SENA en los
niveles profesional y técnico. Pese a que las plazas deben ser cubiertas con las
listas de elegibles vigentes, «la CNSC y el SENA, han hecho caso omiso para
dar aplicación a la LEY 1960 de 2019, se instauraron varias tutelas para que se
ordenara a dichas entidades a hacer el USO de lista de elegibles con los cargos
no ofertados».
8. Aludió que la señora Lisbeth Paola García Portala, quien ocupó la posición
dos dentro de la lista de elegibles 20182120182945 de 24 de diciembre de 2018,
la cual adquirió firmeza el 15 de enero de 2019, presentó acción de tutela contra
el SENA y la CNSC. Con ocasión de dicha acción constitucional, mediante
sentencia de 1.º de diciembre de 2020 el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga dispuso lo siguiente:
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Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC
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(…)
SEGUNDO.- CONCEDER el amparo constitucional a los derechos
fundamentales invocados por la señora LISBETH PAOLA GARCIA PORTALA,
bajo las razones expuestas en la parte motiva del proveído.
TERCERO.- ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC y al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación del presente fallo - conjuntamente - efectúen el estudio
de equivalencia de los empleos vacantes no convocados, en el territorio nacional,
respecto del empleo relacionado con la OPEC 59916, en la cual participó la
actora.
CUARTO.- Efectuado lo anterior y, de ser procedente, en el término de cinco (5)
días siguientes, la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC y el Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA deberán efectuar la consolidación de una lista
general de elegibles para ocupar los empleos vacantes no convocados que
tengan equivalencia al empleo relacionado con la OPEC 59916.
QUINTO.- Agotado lo anterior y, previo estudio del cumplimiento de los requisitos
mínimos, dentro de los cinco (5) días siguientes la Comisión Nacional del Servicio
Civil - CNSC y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA deberán efectuar el
nombramiento, en período de prueba, de quienes tienen el mejor derecho en los
cargos vacantes no convocados al cual optaron, respetando, en todo caso, el
orden de elegibilidad de la lista que se conforme para tal efecto.
9. Una vez realizado el respectivo estudio de equivalencia, se estableció que
surgió una vacante equivalente a la OPEC 59916 del empleo denominado
instructor, código 3010, grado 01. En ese sentido, se profirió la Resolución 1968
de 2021 «Por medio de la cual se expide la Lista Consolidada de Elegibles para
proveer una (1) vacante adicional reportada por el SENA del empleo denominado
Instructor, Código 3010, Grado 01, identificado con el código OPEC No. 158717,
en cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga, dentro de la Acción de Tutela con radicado No.
68001-3107-001-2020-00068-00, instaurada por la señora LISBETH PAOLA
GARCÍA PORTALA, en el marco de la Convocatoria No. 436 de 2017-SENA».
10. El anterior acto administrativo fue modificado por la Resolución 3976 de
2022, en el sentido de expedir la misma lista de elegibles consolidada, pero para
dos vacantes reportadas por el SENA.
11. A juicio de la accionante, a la Resolución 3976 de 2022 «se le debe dar
aplicación el artículo 14 y 15 del Decreto 760 de 2005». Refirió que, «como aún
no se ha dado la firmeza de esa nueva lista de elegibles y tampoco se le ha dado
la vigencia, en aplicación al numeral 4 del artículo 31 de la ley 909 de 2004 […]
solicito que se dé la firmeza y posterior vigencia de la Lista de elegibles contenida
en la resolución No 3976 de 2022».
12. Insiste en que se debe establecer un nuevo periodo de firmeza a la lista
de elegibles de la Resolución 3976 de 2022. Por ello, presentó una petición ante
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la CNSC con el fin de constituirla en renuencia por el incumplimiento de las
normas objeto de esta acción, pero en su sentir, la entidad vulnera el debido
proceso administrativo al no darles nuevo periodo de vigencia a las listas de
elegibles que surgen con ocasión de decisiones judiciales en el marco de
solicitudes de tutela.
3. Actuaciones procesales
13. Mediante auto de 23 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila
– Sala Segunda de Decisión admitió esta acción de cumplimiento respecto del
numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, y la rechazó en lo que tiene
que ver con los artículos 14 y 15 del Decreto 760 de 20053. Asimismo, ordenó
notificar a la CNSC en calidad de accionada.
4. Intervención de la CNSC
14. Indicó que, de conformidad con el Acuerdo 562 de 5 de enero de 2016
«Por el cual se reglamenta la conformación, organización y uso de las Listas de
Elegibles y del Banco Nacional de Listas de elegibles para las entidades del
Sistema General de Carrera Administrativa, a las que aplica la Ley 909 de 2004»,
el banco nacional de listas de elegibles integra las listas de elegibles en firme
resultantes de procesos de selección desarrollados por la CNSC.
15. Añadió que las listas de elegibles conformadas en el marco de procesos
de selección aprobados con anterioridad al 27 de junio de 2019, «deberán usarse
dentro de su vigencia para proveer las vacantes de los empleos que integraron
la oferta pública de empleos de carrera -OPEC- de Ia respectiva convocatoria y
para cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que
correspondan a los "mismos empleos” entiéndase, con igual denominación,
código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones, ubicación
geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso de
selección se identifica el empleo con un numero de OPEC».
16. Señaló que, las listas de elegibles expedidas con ocasión de la
Convocatoria 436 de 2017 solo pueden ser usadas para proveer las vacantes
ofertadas en el proceso de selección o las que surjan en los mismos empleos. Es
decir que, no es viable utilizarlas para nombrar personas en cargos creados con
posterioridad y equivalentes, como lo pretende la actora. Indicó que, «“mismo
empleo” corresponde a un empleo exactamente igual en todos los componentes
descritos y definidos anteriormente, es decir denominación, código, grado,
asignación básica mensual, propósito, funciones, ubicación geográfica y mismo
grupo de aspirantes».
17. Insistió en que las listas de elegibles que adquirieron firmeza y aquellas
expedidas como consecuencia de una convocatoria aprobada con antelación a
3 Dado que no se agotó el requisito de constituir a la demandada en renuencia respecto de estas
dos normas.
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la entrada en vigor de la Ley 1960 de 2019, seguirán las reglas previstas antes
de la modificación de la Ley 909 de 2004 y las establecidas en los respectivos
acuerdos de convocatoria.
18. Aclaró que, en efecto, la Resolución 20182120186775 del 24 de diciembre
de 2018 se conformó para proveer una vacante del empleo identificado con el
OPEC 58468 denominado instructor, código 3010, grado 1 en el área de temática
de gestión administrativa, el cual fue ofertado en la Convocatoria 436 de 2017.
De igual forma, es cierto que la señora Herrera García ocupó el segundo puesto.
Sin embargo, esta lista venció el 15 de enero de 2021. Explicó que, en atención
a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 760 de 2005, dado que no se presentó
solicitud de exclusión de las personas que ocuparon los dos primeros lugares en
la lista, esta cobró firmeza el 15 de enero de 2019.
19. Dado que la vigencia de la lista en la cual la actora ocupó el segundo lugar
perdió vigencia el 15 de enero de 2021, la señora Herrera García fue retirada del
banco nacional de listas de elegibles. Puso de presente que en el término de
vigencia de la Resolución 20182120186775 del 24 de diciembre de 2018, el
SENA no reportó vacantes adicionales a las ofertadas que cumplan con el criterio
de mismos empleos. Tampoco se encontraron actos administrativos que den
constancia de la movilidad de la lista. Por ello, se presume que no se revocó ni
derogó el acto administrativo de nombramiento, ni se declaró la vacancia
definitiva o una causal de retiro del cargo provisto.
20. Posteriormente, con ocasión de la orden judicial del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, en el marco de la acción de
tutela promovida por la señora García Portala, el SENA reportó la existencia de
1 vacante. Por ello, se conformó una nueva lista de elegibles mediante la
Resolución 1698 de 2021.
21. Pese a que en virtud de la decisión judicial mencionada se realizó el
respectivo estudio de equivalencia de cargos y en la nueva lista de elegibles se
incluyó a la accionante, su puntaje no le permitió alcanzar una posición meritoria.
Esto es así, puesto que ocupó la posición 20.
22. Precisó que la lista de elegibles anterior se expidió en estricto
cumplimiento de un fallo de tutela. Sin embargo, en esta se agruparon los
elegibles que integraron las listas de los empleos considerados como
equivalentes a los cargos cuyas vacantes surgieron con posterioridad, pero estos
se ciñen a los efectos producidos por las listas a las que pertenecieron, «por lo
que, no es cierto que se haya conformado “nueva lista de elegibles”». Es decir
que, no se surtió un nuevo proceso de selección ni hubo otros resultados de
pruebas.
23. Por lo expuesto, solicitó que se declare que la acción es improcedente,
pues la parte actora puede hacer uso de los medios ordinarios de defensa
diseñados por el legislador.
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5. Fallo de primera instancia
24. En sentencia de 29 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila
– Sala Segunda de Decisión declaró improcedente la acción constitucional de la
referencia. Explicó que los actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos son oponibles ante la jurisdicción contenciosa
administrativa. Recordó que en el curso de los respectivos procesos se pueden
solicitar medidas cautelares preventivas, conservativas, anticipadas o de
suspensión.
25. Añadió que el centro del problema jurídico gravita en torno a la vigencia
de la lista de elegibles primigenia de la Convocatoria 436 de 2017, esto es, de la
Resolución 20182120186775 del 24 de diciembre de 2018, y la aplicabilidad de
un nuevo término de vigencia de la lista de elegibles consolidada desarrollada en
la Resolución 1698 de 2021, la cual se expidió con ocasión de la orden de un
juez de tutela. Ello implica abordar un estudio de legalidad para el cual no fue
diseñada la acción de cumplimiento. Al respecto, citó la sentencia de 9 de
septiembre de 2021, en la que el Consejo de Estado dispuso, entre otras cosas,
lo siguiente4:
Ahora bien, en segundo lugar, también esta Sección ha indicado que definir si la
Ley 1960 de 2019 aplica o no a una situación como la planteada por la
demandante o si de ella se debe ordenar la conformación de nuevas listas, es
improcedente por cuanto conlleva toda una controversia legal que no es definible
vía este medio de control, toda vez que, según el “Criterio Unificado” del 16 de
enero de 2020 de la CNSC, los procesos de selección aprobados por la Sala
Plena antes de entrada en vigencia de la Ley 1960 de 2019, continuaban bajo las
disposiciones y lineamientos previstos en su respectivo acuerdo regulatorio, acto
vigente cuya presunción de legalidad no puede desconocer el juez de
cumplimiento.
Nótese que el asunto no se limita simplemente a concluir que existe
incumplimiento de las normas invocadas, pues un pronunciamiento en ese
sentido desconocería que el proceso en que participó la actora ya finalizó con la
respectiva lista de elegibles y que no está actualmente vigente.
6. Impugnación5
26. La parte accionante impugnó la decisión del a quo. Citó el numeral 4.º del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 14 y 15 del Decreto 760 de 2005,
en el sentido de indicar que son normas claras y concretas que continúan
incumpliéndose.
27. Discutió que, «[e]n ninguna parte de la Ley 1960 de 2019, hace referencia
a que los empleos no ofertados deban ser cubiertos con mismos empleos ya que
la norma es clara que deben ser provistos en estricto orden de mérito con cargos
equivalentes».
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Magistrado ponente:
Luis Alberto Álvarez Parra. Radicación: 17001-23-33-000-2021-00078-01. Sentencia del nueve
(9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
5 La sentencia de primera instancia se notificó el 10 de marzo de 2023 y el escrito de impugnación
se remitió el 16 de marzo siguiente.
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28. Indicó que la acción sí era procedente porque estaban en juego derechos
fundamentales y que «se le debe dar a la solicitud el trámite correspondiente al
derecho de tutela».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
29. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la accionante contra la sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila – Sala Segunda de Decisión. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1256, 1507 y 2438 de la Ley 1437 de 20119, así
como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación
para conocer de «…las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en
las acciones de cumplimiento».
2.2. Cuestión previa
30. Aclara la Sala que, si bien la accionante reiteró en su escrito de
impugnación que dentro de las normas objeto de esta acción se encuentran los
artículos 14 y 15 del Decreto 760 de 2005, lo cierto es que la demanda se rechazó
respecto de estas normas desde el auto de 23 de mayo de 2023. Se agrega que
frente a esa decisión no se presentó recurso alguno.
2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
31. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
32. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
6 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
7 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
8 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
9 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
[..].
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desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
33. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]10.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).
(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).
2.4. De la renuencia
34. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste11 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
10 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
4. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
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35. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”12.
36. Sobre este tema, esta Sección13 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos14. (Negrillas fuera de texto).
37. En efecto, el inciso 2.° del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
38. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
13 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
14 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
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no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
39. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia»15.
40. La parte actora probó que remitió una petición en abril de 2023 a la CNSC,
en la que le indicó que su fin era constituirlo en renuencia por el
desobedecimiento del artículo 4º de la Ley 909 de 2004. En esta oportunidad le
puso de presente los mismos elementos de juicio que relacionó como hechos
dentro de la presente acción.
41. La entidad le respondió mediante el Oficio 2023RS053984. Allí, le indicó
que la Resolución 20182120186775 del 24 de diciembre de 2018 estuvo vigente
hasta el 15 de enero de 2021 y que con posterioridad se le retiró del banco
nacional de listas de elegibles. De igual forma, le puso de presente que no era
posible acceder a lo pretendido, pues las Resoluciones 1968 de 2021 y 3976 de
2022 fueron expedidas en cumplimiento de una orden de tutela, en virtud de la
cual se hizo un estudio de equivalencia de las vacantes de adicionales a las
ofertadas en la Convocatoria 436 de 2017 reportadas por el SENA.
42. No obstante, ello no significó la elaboración de un proceso de selección
diferente, ni nueva vigencia a listas posteriores a las individuales, las cuales se
expidieron con ocasión de la convocatoria inicial.
43. Así las cosas, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de la
renuencia.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
44. La señora Consuelo Herrera García solicita que se le ordene a la CNSC el
acatamiento del numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en el sentido
de que frente a la Resolución 3976 de 2022, la cual fue expedida en virtud de una
orden de tutela, sea oponible a terceros interesados y se le otorgue una vigencia
de dos años desde su publicación.
45. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que el precepto que se pide
cumplir está contenido con una norma con fuerza de ley, en concreto en el
numeral 4.º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. Adicionalmente, no conlleva al
establecimiento de gasto, en la medida en que, lo perseguido a través de esta
acción consiste en que la demandada publique una lista de elegibles dictada en
el marco de un fallo de tutela, permita que se interpongan recursos y disponga
que su vigencia es de dos años a partir de que se declare en firme.
15 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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46. No obstante lo anterior, advierte la Sala que procede confirmar la decisión
del a quo, pues lo que se persigue con el ejercicio de la presente acción de
cumplimiento deviene en improcedente por las razones que pasan a exponerse.
47. Es importante destacar que la CNSC indicó que la lista de elegibles
contenida en la Resolución 3976 de 2022, en la cual figura la señora Herrera
García en la posición 20, se expidió en cumplimiento de un fallo de tutela con
ocasión al surgimiento de vacantes equivalentes para el cargo denominado
instructor, código 3010, grado 1 del área temática de gestión administrativa del
SENA, pero que no se trata de una nueva lista de elegibles.
48. La accionada reiteró que este nuevo acto no fue expedido en
consecuencia de otra convocatoria distinta a la 436 de 2017. Por ende, no son
oponibles los resultados dispuestos en el acto de 2022, pues son iguales a los
puntajes obtenidos en las pruebas llevadas a cabo en 2017. Por lo anterior,
aseveró que los efectos de vigencia de la Resolución 3976 de 2022 son los
mismos de las listas de elegibles iniciales, en virtud del criterio unificado de 16
de enero de 2020. Afirmó que la convocatoria que conllevó a la oferta pública en
la que concursó la accionante fue anterior a las modificaciones introducidas a la
Ley 909 de 2004, con la Ley 1960 de 2019.
49. Se aclara en este punto que, de conformidad con el artículo sexto de la
multicitada resolución, la misma fue publicada. Sin embargo, la accionada
manifiesta que al tratarse de una lista de elegibles consolidada que no requirió el
desarrollo de un proceso de selección distinto al llevado a cabo en la Resolución
436 de 2017, esta no es oponible pues se mantuvieron los resultados iniciales y
estos ya se encuentran en firme.
50. Por el contrario, la accionante alude que, en virtud de la Ley 1960 de 2019
a la lista de elegibles de la Resolución 3976 de 2022 se le debe dar un nuevo
periodo de vigencia y la posibilidad de que los resultados allí fijados sean
susceptibles de recursos.
51. De conformidad con lo expuesto, la discusión objeto de debate gira en
torno a la vigencia de la lista de elegibles de la Resolución 3976 de 2022 y a la
aplicación que sobre la misma se le deben dar a las disposiciones de la Ley 1960
de 2019. Al respecto, se precisa que en otras acciones de cumplimiento similares
a la presente, se ha indicado que pronunciarse sobre la utilización de listas de
elegibles en las que está en tema de discusión su temporalidad, con ocasión del
concepto de 16 de enero de 2020 «uso de listas de elegibles en el contexto de la
ley 1960 de 27 de junio de 2019», son improcedentes16.
52. Este mecanismo de origen constitucional procura por hacer efectivo el
16 En igual sentido se decidieron, entre otras, las acciones de cumplimiento con radicados 17001-
23-33-000-2021-00078-01, 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. sentencia
de 24 de septiembre de 2020, radicación 66001-23-33-000-2020-00368-01, MP Lucy Jeanette
Bermúdez Bermúdez y sentencia de 29 de abril de 2021, radicación 47001-23-33-000-2020-
00691-01, MP Rocío Araújo Oñate.
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cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos que
imponen determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad. Por ende,
es menester que la norma sobre la que versa la acción sea lo suficientemente
clara en cuanto a su aplicación al caso y la orden que se persigue dar por parte
del juez, de tal forma que no implique una interpretación o análisis de legalidad
de otras normas o actos administrativos a la hora de definir su procedencia.
53. Aceptar lo contrario implicaría desconocer los causes ordinarios
dispuestos por el legislador para controvertir las decisiones de la administración.
54. Es importante destacar que, además de ser expreso el mandato que se
pide cumplir, tiene que constar en una norma con fuerza material de ley o de un
acto administrativo actualmente exigible. En consecuencia, al ser un tema de
discusión entre las partes la vigencia o temporalidad de la lista de elegibles sobre
la cual se pide la aplicación de la norma en cuestión, pierde competencia el juez
de cumplimiento, porque su fin último es respetar el ordenamiento jurídico. Así,
el tener que definir si una disposición se encuentra aún en vida jurídica escapa
de la órbita de sus funciones porque recae en un análisis de legalidad o de
discusión frente a las consecuencias jurídicas de la decisión de la administración.
55. Tampoco se puede pasar por alto que, definir si la Ley 1960 de 2019 aplica
o no a una situación como la planteada por la demandante o si de ella se debe
ordenar la conformación de nuevas listas es improcedente por cuanto conlleva
toda una controversia legal que no es definible vía este medio de control. Se pone
de presente que, según el criterio unificado del 16 de enero de 2020 de la CNSC,
los procesos de selección realizados antes de entrada en vigencia de la Ley 1960
de 2019, continuaban bajo las disposiciones y lineamientos previstos en su
respectivo acuerdo regulatorio, acto vigente cuya presunción de legalidad no
puede desconocer el juez de cumplimiento.
56. Se insiste, el asunto no se limita simplemente a concluir que existe
incumplimiento de las normas invocadas. Por el contrario, implica definir si a la
Resolución 3976 de 2022 les son aplicables las disposiciones de la Ley 1960 de
2019 y definir su temporalidad.
57. En este orden de ideas, para la Sala existen dos claras causales de
improcedencia que impiden a esta colegiatura abordar el análisis de fondo de las
pretensiones de la demandante. La primera determinar la vigencia de la lista de
elegibles contenida en la Resolución 3976 de 2022 y la segunda el hecho de que,
dado que el mencionado acto no previó la posibilidad de interponer recursos en
sede administrativa, su legalidad puede ser debatida en sede de los medios
ordinarios de control.
2.4. Conclusión
58. De conformidad con lo expuesto, esta Sala confirmará la sentencia de 29
de junio de 2023 del Tribunal Administrativo del Huila – Sala Segunda de
Decisión. En efecto, como se decidió en primera instancia, para efectos de definir
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la legalidad de las decisiones de la administración el legislador diseñó los medios
de control dispuestos en la Ley 1437 de 2011. Por ende, la acción constitucional
de la referencia es improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de junio de 2023.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto
2364 de 2012.
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