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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00685-01

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00685-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia del 15 de agosto de 2023 del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento de la 22 Al respecto pueden consultarse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de octubre 2 de 2020, expediente 25000-23-41-000-2020-00372- 01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia de octubre 8 de 2020, expediente 25000-23-41-000-2020-00255, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de octubre 19 de 2020, expediente 25000-23-41-000-2020-00477-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del 10 de agosto de 2023, expediente 41001-23-33-000-2023-00102-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; y sentencia del 24 de agosto de 2023, expediente 05001-23-33-000-2023- 00671-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Calle 12 núm. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Demandante: Nancy Lucía Pérez González Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil Radicación: 05001-23-33-000-2023-00685-01 referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2023-00685-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

14 de septiembre de 2023

Demandante: Nancy Lucía Pérez González
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00685-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00685-01
Demandante: NANCY LUCÍA PÉREZ GONZÁLEZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Tema: Revoca decisión de primera instancia, para en su lugar,
declarar improcedencia de la acción de cumplimiento.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la
sentencia de 15 de agosto de 2023. En la providencia mencionada, la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia negó las
pretensiones de la demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Nancy
Lucía Pérez González, en nombre propio, demandó a la Comisión Nacional
del Servicio Civil (CNSC) con el fin de que se le ordenara el acatamiento de
los artículos 53 de la Constitución Política, 21 del Código Sustantivo del
Trabajo y la «VIÑETA (•) No 10 del numeral 4.2.1.de la Guía de Orientación al
aspirante para la presentación de las pruebas escritas, Anexo No.1, Licitación
Pública CNSC - LP- 002 de 2022». En la demanda se plantearon las siguientes
pretensiones:

PRIMERO: lo señalado en escrito, me permito constituirlo EN RENUENCIA, Por
el no cumplimiento, de las siguientes normas:

ARTICULO 53. (CN) El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a

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la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

ARTICULO 21(CST). NORMAS MAS FAVORABLES. En caso de conflicto o
duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más
favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad.

VIÑETA (•) No 10 del numeral 4.2.1.de la GUÍA DE ORIENTACIÓN AL
ASPIRANTE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS,
ANEXO No 1, LICITACIÓN PÚBLICA CNSC - LP- 002 DE 2022 (página 32).

Los diferentes escenarios de calificación para las pruebas eliminatorias,
buscando el escenario de mayor favorabilidad para los aspirantes, pudiendo ser:
la escala de centil, baremo normalizado o no normalizado y/o puntuación directa.

Lo anterior teniendo en cuenta que poseo 80 aciertos de 110 preguntas donde
hubo

Y una vez aplicadas las anteriores normas, Se ordene a LA CNSC me califique
las pruebas sobre competencias básicas y Funcionales y pruebas sobre
competencias comportamentales para el cargo al cual me presente, con
PUNTUACION DIRECTA. Y No CON PUNTUACION DIRECTA AJUSTADA, ya
que se me debe aplicar la norma más favorable, y en este caso la norma que me
es más favorable es la de calificación directa, para que a cada pregunta le den
una puntuación promediada que saldría de dividir el número de preguntas (110)
por la máxima posible calificación (100) y se multiplica por el número de aciertos
(80) para una calificación de Directa de 72.72 puntos1.

2. Hechos

Del expediente digital contenido en el aplicativo SAMAI2, la Sala resume los
supuestos fácticos más relevantes de la siguiente manera:

La accionante indicó que la CNSC expidió el Acuerdo 297 del 6 de mayo de
2022, por el cual se convocó a proceso de selección para proveer
definitivamente por concurso abierto de méritos, los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la entidad
territorial certificada en educación «Municipio de Medellín Directivos Docentes
y Docentes».

Seguidamente manifestó que para desarrollar el proceso de selección se abrió
la licitación pública CNSC - LP-002 de 2022, en la que se indicó «viñeta (•)
diez del numeral 4.2.1. de la “GUÍA DE ORIENTACIÓN AL ASPIRANTE PARA
LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS, ANEXO No. 1,
LICITACIÓN PÚBLICA CNSC - LP- 002 DE 2022”» que en los escenarios de
calificación para las pruebas eliminatorias se buscaría el de mayor
favorabilidad para los aspirantes.

La actora sostuvo que las etapas señaladas por la CNSC en la «convocatoria
2174 de 2021», fueron: convocatoria y divulgación; inscripción; verificación de
requisitos mínimos; aplicación de pruebas sobre competencias básicas y

1 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
2 Índice 2.

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funcionales; pruebas sobre competencias comportamentales; valoración de
antecedentes; entrevista; conformación de lista de elegibles y periodo de
prueba.

La accionante afirmó la accionante que se encuentra en la etapa de
reclamación de pruebas de aptitudes y competencias básicas, porque le
aplicaron la calificación directa ajustada, la opción que menos le favorecía.

Asimismo, resaltó que en ninguna parte del acuerdo ni en el anexo de la
convocatoria se hace mención a la forma de evaluar las pruebas, ni el valor
de cada pregunta, tampoco se explica exactamente cuál es el criterio de esa
calificación, solo se precisa que el puntaje clasificatorio es entre 70 y 100.

A su vez manifestó que la «Guía de orientación al aspirante -pruebas escritas-
proceso de selección No. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 y 2406 de 2022, zonas
rural y no rural», en la página 34 hace mención a la calificación con puntuación
directa o directa ajustada, pero no informó, ni especificó los criterios para
escoger una u otra forma de calificar, desconociendo la ley de favorabilidad
prevista en el anexo, «viñeta (•) 10 del numeral 4.2.1. de la citada guía».

Destacó que el día que presentó la prueba, constató que varias de las
preguntas no correspondían a los lineamientos de la guía de orientación ni a
las competencias básicas, funcionales y comportamentales diseñada para la
presentación del examen, así como tampoco correspondían a sus
conocimientos y experiencia, ello en razón a que se presentó al mismo empleo
que desempeña desde hace once años en encargo.

Agregó que el 3 de noviembre de 2022, la CNSC publicó los resultados de las
pruebas básicas, funcionales y comportamentales, obteniendo un puntaje de
70, a pesar de que considera que tuvo 80 aciertos.

Señaló que la CNSC y la Universidad Libre, la citaron para el acceso a
pruebas el 27 de noviembre de 2022, y le permitieron revisar el cuadernillo,
las claves de respuesta y copia de sus contestaciones; no obstante, no le
dieron a conocer la metodología de evaluación que utilizaron, ni el tipo de
calificación que aplicaron, por tanto, no se cumplieron con todas las garantías
para la efectiva reclamación.

Precisó que la entidad demandada respondió en Oficio de febrero de 2023,
que se confirmaban los resultados publicados el 3 de noviembre de 2022, esto
es, para la prueba de aptitudes y competencias básicas un puntaje de 69.16
y en la prueba psicotécnica 71.24. Se le informó que tal decisión se
comunicaría en la página web de la CNSC y que no procedía ningún recurso.

El 7 de junio de 2023, la actora constituyó en renuencia a la CNSC y le solicitó
el cumplimiento de los artículos 53 de la Constitución Política, 21 del Código
Sustantivo del Trabajo y la «viñeta (•) No 10 del numeral 4.2.1.» de la Guía de
orientación al aspirante para la presentación de las pruebas escritas, Anexo
No. 1 Licitación Pública CNSC – LP – 002 de 2022 (página 32), con el fin de

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que se le calificara de nuevo las pruebas sobre competencias básicas,
funcionales y comportamentales, con puntuación directa y no directa ajustada .

Mediante oficio 2023RS083308 del 23 de junio de 2023, con asunto:
«respuesta – Proceso de Selección Convocatoria Directivos Docentes y
Docentes 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022», la CNSC, le respondió que
no era válido acceder a lo solicitado, en razón a que las pruebas escritas
fueron calificadas de igual forma entre todos los participantes y no se observó
ninguna ilegalidad, error u omisión que afectara de manera grave el proceso.

3. Admisión de la demanda y decreto de pruebas

En providencia de 13 de julio de 2023, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Antioquia admitió la demanda. En consecuencia, ordenó
notificar a la CNSC, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado; dispuso la vinculación de quienes presentaron las
pruebas de aptitudes y competencias básicas adelantadas en el proceso de
selección núm. 2211 de 2021.

Asimismo, se les dio el valor legal a los documentos allegados con la demanda
y las que se aportaran por las partes. Adicionalmente, se le solicitó a la CNSC
que remitiera copia del proceso administrativo adelantado y enviara informe
respondiendo los cuestionamientos planteados por la actora.

Por otra parte, frente a la solicitud de que la entidad accionada expusiera las
razones por las que no se le dio aplicación al numeral 4.2.1 de la Guía de
Orientación al aspirante para la presentación de las pruebas escritas, anexo
núm. 1, Licitación Pública CNSC – LP 002 de 2022, fue negada «en tanto lo
cuestionado atiende al aspecto que se discute, y por consiguiente es propio
de la decisión que ponga fin al proceso».

4. Informe

La CNSC solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, al estimar
que la actora tiene otro instrumento judicial para lograr el efectivo
cumplimiento de las normas demandadas.

Afirmó que la CNSC no ha incurrido en ningún incumplimiento de aplicación
de ley, norma o acto administrativo que desconociera los derechos de acceder
a la carrera administrativa, máxime que no existe petición expresa de la
señora Pérez González para hacer cumplir la supuesta norma violada.

Señaló que no se ha desatendido el mandato del artículo 53 de la Constitución
Política, ni lo previsto en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, toda
vez que el acuerdo de convocatoria y sus respectivos anexos son la ley
exclusiva que rige el concurso de méritos, a través de los cuales se determina
en forma clara y transparente las reglas del concurso, que rige todo el proceso
de convocatoria, las cuales, se dieron a conocer en forma previa a todos los
interesados.

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Manifestó que la acción de la referencia tiene como finalidad hacer cumplir el
ordenamiento jurídico existente, que debe ser claro y preciso, no se trata de
reconocer un derecho que pueda tener quien promueve la demanda.

Resaltó que el Acuerdo 2168 del 29 de octubre de 20213, en su artículo 5.º
señaló como normas que rigen el concurso las Leyes 115 de 1994, 715 de
2001, 1033 de 2006, los Decretos Ley 1278 de 2002, 760 de 2005, 1075 de
2015; 915 de 2016, 574 de 2022, la Resolución 3842 del 18 de marzo de 2022,
el Manual de Funciones Requisitos y Competencias para los cargos docentes
y directivos docentes y del Sistema Especial de Carrera Docente, y demás
normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

Indicó que en relación con la accionante se verificó que se inscribió para el
empleo de rector de la entidad territorial certificada en educación «Municipio
de Medellín –No Rural» identificado con el código OPEC 184235, que para
superar la prueba de aptitudes y competencias básicas, debía obtener un
puntaje igual o superior a 70 puntos.

Adujo que los resultados preliminares de las pruebas de aptitudes y
competencias básicas y la prueba psicotécnica fueron publicados el 3 de
noviembre de 2022, «de ahí que, la Comisión Nacional del Servicio Civil
mediante aviso publicado el día 27 de octubre de 2022, notificó a los
aspirantes la apertura de la etapa de reclamaciones que se surtió los días 4,
8, 9, 10 y 11 de noviembre del mismo año».

Explicó que, superada la etapa de reclamaciones, mediante aviso en el sitio
web de la entidad del 15 de noviembre de 2022, se informó a los concursantes
que el acceso a pruebas se llevaría a cabo el 27 de noviembre de la misma
anualidad, por ende, conforme con las reglas del proceso de selección, la fase
de complementación a las reclamaciones se surtiría el 28 y 29 de noviembre
de 2022, como en efecto se hizo.

Mencionó que en la etapa de acceso a pruebas los participantes tienen acceso
al cuadernillo, la hoja de respuestas diligenciada y la hoja de respuestas clave
(hoja con las respuestas correctas), para que los aspirantes puedan contar
con información necesaria para que, en caso de considerarlo pertinente,
complementen la reclamación en los términos señalados para ello.

Precisó que, si los concursantes deseaban conocer de forma detallada la
metodología de calificación, así como el método de evaluación de cada una
de las pruebas aplicadas una vez conocido el material, podía formularse la
respectiva complementación dentro de los dos días hábiles posteriores al
acceso, prerrogativa de la que hizo uso la accionante dentro del término

3 “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección para proveer los

empleos en vacancia definitiva de Directivos Docentes y Docentes pertenecientes al Sistema
Especial de Carrera Docente, que prestan su servicio en instituciones educativas oficiales que
atienden población mayoritaria de la entidad territorial certificada en educación del MUNICIPIO
DE MEDELLÍN – Proceso de Selección No. 2211 de 2021 – Directivos Docentes y Docentes”.

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previsto, que fue resuelta de fondo y publicada en el aplicativo SIMO el 2 de
febrero de 2023.

Sostuvo que lo pretendido por la parte actora al acudir a este medio de control
es revivir términos procesales ordinarios que ya fenecieron y propiciar un
debate judicial que, por falta de conocimiento en la prueba escrita, conllevaron
a que no obtuviera el número de respuestas correctas necesarias para
continuar en el concurso de méritos.

Resaltó que, en el caso concreto la señora Pérez González contaba con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto
administrativo que determinó los resultados definitivos de las pruebas en el
marco del proceso de selección núm. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de
2022 «Directivos Docentes y Docentes».

Afirmó que la accionante con anterioridad acudió a la acción de tutela, ante el
Juzgado Veinticinco Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, con
radicado 05001-33-33-025-2023-00070-00, autoridad judicial que declaró
improcedente el mecanismo constitucional a través de fallo del 10 de marzo
de 2023, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 25 de abril de 2023.

Explicó que todas las actuaciones adelantadas por la CNSC y la Universidad
Libre se han regido bajo un marco de legalidad que gobierna el concurso de
méritos, en cuanto se establecieron las directrices aplicables al proceso de
selección 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022, norma rectora que
establece los derechos y deberes que les atañen a las personas que deciden
ser parte de él.

5. Sentencia de primera instancia

Por medio de fallo del 15 de agosto de 2023, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, negó las pretensiones de la demanda, al
encontrar que no se cumplen los presupuestos necesarios para la procedencia
de la acción de cumplimiento, toda vez que las normas que se dicen
incumplidas, no contienen el mandato imperativo e inobjetable que la parte
actora busca derivar de ellas y, adicionalmente, porque advirtió que la
discusión que aquella persigue dilucidar no corresponde a este mecanismo
constitucional, en tanto existe otro medio de control, como es la nulidad y
restablecimiento del derecho.

Resaltó que del análisis de las normas cuyo cumplimiento se exige, no se
desprende un deber claro, expreso y exigible, como lo pretende señalar la
parte actora, consistente en que la autoridad accionada estaba obligada a
definir el método de puntuación directo por resultarle más favorable a su caso
particular.

Precisó que el contenido de la «viñeta (•) No 10 del numeral 4.2.1. » de la Guía
de Orientación al Aspirante para la presentación de las pruebas escritas,

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Anexo núm. 1 Licitación Pública CNSC – LP – 002 de 2022, lo que prevé es
el requerimiento para el contratista que realizaría las pruebas escritas, de
incluir en la «Guía de Orientación al Aspirante» la información sobre el método
de calificación, que en efecto fue insertado al indicar que se determinaría
conforme con los parámetros previstos en los actos de la convocatoria y a
partir de la determinación de grupos de referencia.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal estimó que el reclamo de la
accionante respecto del método de calificación aplicado, que a su juicio, debía
ser el más favorable a los concursantes, conlleva un análisis que escapa al
ámbito de la acción de cumplimiento, en cuanto el reproche es propio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que aquella
«puede» ejercer contra la decisión definitiva que la excluyó del proceso al no
superar la etapa de pruebas de conocimientos.

6. Impugnación

La actora impugnó la decisión del 15 de agosto de 2023 y pidió que se
decretaran las pruebas solicitadas en la demanda, porque son necesarias
para demostrar que a la mayoría de los concursantes no se les aplicó la
favorabilidad y como consecuencia, declarar que la CNSC ha incumplido las
disposiciones invocadas en la demanda, teniendo en cuenta que obtuvo «83
aciertos de 110 preguntas».

A su vez, sostuvo que no se estudió de fondo el caso, pues el solo hecho de
que se negara el decreto de pruebas conlleva a que no se dictara un fallo en
derecho. En ese sentido, manifestó lo siguiente:

[E]n una misma situación fáctica y jurídica otros Honorables si decretaron el
decreto de pruebas y hay se pudo comprobar que de que al cargo que me
postule se presentaron 997 aspirantes y solo pasaron 76, pasando únicamente
el 7.62% donde se demuestra que a la CNSC únicamente le interesa sacar el
concurso al mayor número de participantes para bajar costos al tener que
seguir calificando menos concursantes4.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia
del 15 de agosto de 2023 de la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo
13, numeral 7.º, del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la
Sección Quinta de esta corporación para conocer de «las apelaciones contra
las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

4 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.

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2. Problema jurídico a revolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
de 15 de agosto de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes
problemas jurídicos a resolver:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución
en renuencia a la CNSC, respecto de los artículos 53 de la Constitución
Política, 21 del Código Sustantivo del Trabajo y la «VIÑETA (•) No 10 del
numeral 4.2.1.de la “Guía de Orientación al aspirante para la presentación de
las pruebas escritas, Anexo No.1, Licitación Pública CNSC - LP- 002 de
2022»?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la
acción?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii)
requisito de procedibilidad de la renuencia; y (iii) requisitos de procedencia en
el caso concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo5 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el
artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir
ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que
dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otros, para asegurar el
obedecimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
(artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de control permite la
realización de este postulado para lograr la eficacia material de la ley y de los

5 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,

Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-
2016-00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017,
radicación n.º 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-
00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en atención de
sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad
de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La
Corte Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o
jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la
autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge
de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el
particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se
encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos
administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del
Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo6.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos.
Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]7.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los
tres puntos descritos, la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia
del medio de control.

6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara.
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales
se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos
5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de
la/s pretensión/es formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio
de control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa
dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades
conferidas por los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución
Política8.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de
contenido general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad
unilateral de la Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no
es dable este mecanismo constitucional para pretender la observancia de
normas constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas»9.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar
que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es
necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una
solicitud expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al
particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo
objeto de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de
petición pero enfocado al fin reseñado10.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley
o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación
gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como
salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la
tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.

8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez

Arce, providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º

44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º

76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).

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Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar
frente a normas que generen gastos,11 a menos que estén apropiados;12 o
cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último
caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto
por el artículo 86 superior13.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de
este14 y que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el
plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo
en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia
para los fines de la acción de cumplimiento»15. Igualmente, esta Sección16 ha
dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y
la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no
está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al
menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza
material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la
disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en
el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con
relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de
procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a
cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del

11 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º

05001-23-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º

25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
13 Sentencia antes citada.
14Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de

constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en
ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del
deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se
consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible…».
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación

n.º 2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º

47001-23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.

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destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del
incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario
estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió
formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico
sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o actos administrativos [17] (Negrillas fuera de
texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece
que «[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del
deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su
incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que,
de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito
de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, «resulte contraria al
querer del ciudadano»18

En el caso concreto, la señora Nancy Lucía Pérez González, en escrito del 7
de junio de 2023 solicitó a la CNSC el cumplimiento de los artículos 53 de la
Constitución Política, 21 del Código Sustantivo del Trabajo y la «viñeta (•) No
10 del numeral 4.2.1.» de la Guía de Orientación al Aspirante para la
presentación de las pruebas escritas, Anexo núm. 1 Licitación Pública CNSC
– LP – 002 de 2022 (página 32), con el fin de que se le calificara de nuevo las
pruebas sobre competencias básicas, funcionales y comportamentales, con
puntuación directa y no directa ajustada.

Mediante oficio del 23 de junio de 2023, la CNSC, respondió que no era válido
acceder a lo solicitado, en razón a que las pruebas escritas fueron calificadas
de igual forma entre todos los participantes y no se observó ninguna
ilegalidad, error u omisión que afectara de manera grave el proceso.

17 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia

del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»].
18 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre

de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-
01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016,
radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez, entre otras.

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En consecuencia, se encuentra probado que la parte accionante sí constituyó
en renuencia a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

3.4. Procedencia de la acción.

En este punto, la Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectivo
el obedecimiento de normas con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la respectiva
autoridad, es decir, su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico
vigente.

En relación con el artículo 53 de la Constitución Política invocado por la parte
actora, se precisa que este medio de control no es el mecanismo procedente
para exigir el acatamiento de normas constitucionales19 , en razón a que la
finalidad de esta acción es la de hacer exigible a las autoridades públicas o
particulares que ejerzan funciones públicas, la observancia de disposiciones
con fuerza material de ley y actos administrativos. En ese orden, se declarará
la improcedencia de la acción respecto de esta disposición.

Ahora bien, en cuanto al artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo y la
«viñeta (•) No 10 del numeral 4.2.1.» de la Guía de orientación al aspirante
para la presentación de las pruebas escritas, Anexo No. 1 Licitación Pública
CNSC – LP – 002 de 2022 (página 32), que prevén lo siguiente:

Artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo:

...NORMAS MAS FAVORABLES. En caso de conflicto o duda sobre la
aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al
trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad.

viñeta (•) N° 10 del numeral 4.2.1. de la Guía de Orientación al aspirante
para la presentación de las pruebas escritas, anexo N° 1, Licitación pública
CNSC- LP- 002 de 2022

[…]

4.2.1. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL ASPIRANTE PARA LA PRESENTACIÓN
DE LAS PRUEBAS ESCRITAS.

El contratista debe elaborar y entregar un documento para la prueba escrita en
el sitio web de la CNSC para consulta de los aspirantes, denominados Guía de
orientación al aspirante, en un lenguaje sencillo y sin entrar en tecnicismos, para
facilitar su entendimiento.

La Guía debe construirse teniendo en cuenta que los aspirantes pertenecen a
los niveles Directivo y Docentes de aula, por lo que la redacción debe ajustarse
para la comprensión de estos.

Las Guías deben incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de junio de 2004, expediente 44001-

23-31-000-2004-00047-01, M.P. Darío Quiñones Pinilla.

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[…]

 Los diferentes escenarios de calificación para las pruebas eliminatorias,
buscando el escenario de mayor favorabilidad para los aspirantes pudiendo
ser: la escala de centil, baremo normalizado o no normalizado y/o puntuación
directa.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pidió el acatamiento de normas
cuya vigencia no se advierte afectada por otra disposición o decisión judicial.
Por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se encuentra
acreditado.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393
de 1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga
o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo
obedecimiento de las disposiciones, salvo que se cause un perjuicio grave e
inminente para el accionante. Igualmente, esta Sección en reiterada
jurisprudencia20 ha desarrollado «la existencia de otro mecanismo judicial»,
como causal de improcedencia.

En este asunto, la Sala advierte que la accionante busca que en atención al
artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo y la VIÑETA (•) No. 10 del
numeral 4.2.1.de la Guía de «orientación al aspirante para la presentación de
las pruebas escritas, Anexo No. 1, Licitación Pública CNSC - LP- 002 de 2022
(página 32)», se le ordene a la entidad accionada que vuelva a calificar las
pruebas sobre competencias básicas, funcionales y comportamentales con
puntuación directa y no directa ajustada, por resultar más favorable en su caso.

Al impugnar la decisión que negó la acción de cumplimiento, la actora adujo
que las normas invocadas le son aplicables toda vez que obtuvo 80 aciertos
de 110 preguntas, en esa medida la decisión no se ajusta a los hechos y
antecedentes que motivaron la presente acción, por lo que pidió que se
decretaran las pruebas solicitadas en la demanda, para demostrar que a la
mayoría de los concursantes no se les aplicó la favorabilidad y como
consecuencia, se declare que la CNSC ha incumplido las normas invocadas.

Al respecto, la Sala considera que las pretensiones de la demandante no
están limitadas simplemente al acatamiento de las normas que se dicen
incumplidas, sino que involucran directamente un cuestionamiento al Oficio
de febrero de 202321, dirigido a la señora Pérez González, en la que se le
confirmaron los resultados publicados el 3 de noviembre de 2022, esto es,
para la prueba de aptitudes y competencias básicas un puntaje de 69.16 y en
la prueba psicotécnica 71.24. Acto administrativo en el que se le indicó que
tal decisión se comunicaría en la página web de la CNSC y que no procedía
ningún recurso.

20 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-
01(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-
23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de
2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
21 Revisado el documento, se advierte que no se precisa el día, solo se indica febrero de 2023

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Lo anterior, implica la discusión sobre la validez de la forma que empleó la
CNSC para calificar las pruebas escritas presentadas por la accionante dentro
del concurso de méritos en el que participó -OPEC 184235-, pues a su juicio,
el método que debía aplicarse era el de puntuación directa, norma más
favorable en su caso.

Desde este punto de vista, se advierte que la pretensión de la parte actora
plantea una controversia sobre la legalidad del Oficio de febrero de 2023, por
el cual se dio respuesta a la reclamación que presentó respecto de los
resultados publicados el 3 de noviembre de 2022 y se le reiteraron las reglas
del concurso que se aplicaron a su calificación. Por tanto, como lo tiene
reconocido esta corporación al resolver casos semejantes y recientes sobre
trámites similares22 la acción de cumplimiento no es el mecanismo idóneo
para llevar a cabo el juicio de legalidad de las decisiones proferidas por la
CNSC, pues estaba el objeto de la acción.

La controversia jurídica expuesta por la parte actora, alrededor del método de
calificación usado por la entidad demandada en las pruebas escritas que
presentó en desarrollo de la convocatoria en la que participó, debió ser
resuelta por el juez natural, para lo cual, tenía a su alcance el mecanismo
ordinario de defensa judicial para defender sus intereses, previsto en el artículo
138 del CPACA, el cual no se puede suplir a través de esta acción.

En este orden de ideas, es claro que la acción es improcedente porque, por
un lado, este medio de control no procede respecto del artículo 53 de la
Constitución Política y, por otra parte, lo perseguido con este medio de control
es lograr un pronunciamiento sobre la legalidad del oficio de respuesta de
febrero de 2023, en relación con la metodología utilizada para la calificación
de las pruebas escritas.

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia, para declarar
la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia del 15 de agosto de 2023 del Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda, para,
en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento de la

22 Al respecto pueden consultarse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, sentencia de octubre 2 de 2020, expediente 25000-23-41-000-2020-00372-
01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia de octubre 8 de 2020, expediente
25000-23-41-000-2020-00255, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de octubre 19
de 2020, expediente 25000-23-41-000-2020-00477-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 10 de agosto de 2023, expediente 41001-23-33-000-2023-00102-01, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil; y sentencia del 24 de agosto de 2023, expediente 05001-23-33-000-2023-
00671-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Demandante: Nancy Lucía Pérez González
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00685-01

referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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