Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-31-000-2010-00405-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-31-000-2010-00405-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-31-000-2010-00405-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., 17 de febrero de 2022.
Radicación número: 17001-23-31-000-2010-00405-01(1896-13)
Actor: GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIERREZ
Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL hoy UGPP
Tema: Reliquidación pensional Decreto 546/71 a beneficiario de
transición – ingreso base de liquidación – cumplimiento a
sentencia SU 114 de 2018 de la Corte Constitucional
DECRETO 01 DE 1984
__________________________________________________________________
En cumplimiento de la sentencia SU 114 de 20181 proferida por la Corte
Constitucional, la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de 12 de julio de 2012, emanada del Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada
por Gloria Cecilia Patiño Gutiérrez en contra de la Caja Nacional de Previsión
Social, CAJANAL E.I.C.E. hoy UGPP, encaminadas a la reliquidación de su
pensión de jubilación.
1. La demanda
1. Con el libelo inicial se persiguieron las siguientes pretensiones:
2. La nulidad de la Resolución No. 1152 de 23 de septiembre de 2009, por medio
de la cual el Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL E.I.C.E.
negó la liquidación de la pensión de vejez de la demandante.
1
Que en lo pertinente al asunto de la referencia ordenó:
«SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia
del 27 de febrero de 2014 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la ciudadana el
GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIÉRREZ contra la Caja Nacional de Previsión ─CAJANAL
E.I.C.E.─. En consecuencia, ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, emita un nuevo
fallo de segunda instancia en torno a la demanda de reliquidación pensional reclamada por
GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIÉRREZ, en el que se atienda a las consideraciones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia en relación con las reglas judiciales sobre el abuso palmario del
derecho y la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 frente a la composición del régimen
de transición. »
2
REF: EXPEDIENTE No. 170012331000201000405 01-
No. INTERNO: 1896-2013-
ACTORA: GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIÉRREZ-
3. Como consecuencia de la anterior declaración solicitó condenar a la parte
demandada a reliquidar la pensión de vejez de la accionante desde el 27 de
diciembre de 2007 con el salario más alto devengado en el último año de
servicios, incluyendo todos los factores salariales y la bonificación de servicios en
su totalidad; pagar dentro del término que establece el artículo 176 del C.C.A.,
todos los valores dejados de recibir por la incorrecta liquidación, sin perjuicio de
los reajustes anuales que ha realizado el Gobierno Nacional desde el año 2008;
ajustar las anteriores sumas en los términos del artículo 178 del C.C.A. y de
acuerdo con la Sentencia de 13 de julio de 2006 del Consejo de Estado2; y, a
pagar las costas.
2. Fundamentos fácticos.
4. Se indica que la demandante prestó sus servicios como funcionaria de la Rama
Judicial, en los cargos de Juez y Magistrada, en los Distritos Judiciales de Armenia
y Manizales en forma continua desde el 1º de julio de 1988 hasta el 31 de agosto
de 2007, que estuvo afiliada a la Caja Nacional de Previsión Social, incluso, desde
el 28 de abril de 1978 hasta el 30 de junio de 1988, tiempo en el cual fungió como
Secretaria de Educación de Caldas.
5. Precisa que a pesar de que el último cargo que ejerció fue el de Juez Civil del
Circuito de Manizales, el salario más alto que devengó durante el último año de
servicios fue el de Magistrada por haberse desempeñado como tal en el Tribunal
Superior de Manizales, desde el 1º de noviembre de 2005 hasta el 16 de octubre
de 2006.
6. Informa que el retiro del servicio se produjo a partir del 1º de septiembre de
2007 pero el estatus pensional lo alcanzó el 27 de diciembre de este año, al
cumplir la edad de 50 años. Para este particular, revela que es beneficiaria del
régimen de transición, porque reúne los requisitos exigidos por el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.
7. Alega que mediante Resolución No. 58506 de 28 de noviembre de 2008 el ente
demandado le reconoció la pensión de jubilación de conformidad con lo previsto
en el Decreto 546 de 1971, pero liquidada con la Ley 100 de 1993, al haber
alcanzado el estatus en vigencia de esta norma, desconociendo así la integralidad
del régimen especial que la cobija.
2
Radicado No. 5116-05, C. P. Dra. Ana Margarita Olaya.
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REF: EXPEDIENTE No. 170012331000201000405 01-
No. INTERNO: 1896-2013-
ACTORA: GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIÉRREZ-
8. Señala que la accionante en procura de una solución anticipada respecto de la
pensión devengada, instauró acción de tutela como mecanismo transitorio, con el
fin de que se le reliquidara cumpliendo con la normatividad especial aplicable, la
cual fue fallada el 9 de marzo de 2009 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Manizales, accediendo a las pretensiones del mecanismo constitucional.
9. Explica que pese a lo anterior, CAJANAL profirió la Resolución No. 1152 de 23
de septiembre de 2009, en donde se le negó la reliquidación de la pensión,
manteniendo en firme el reconocimiento inicial.
10. Finalmente expresa que inconforme con tal determinación, presentó incidente
de desacato, el cual fue resuelto a su favor, provocando la expedición de la
Resolución No. 4506 de 13 de mayo de 2010 por parte de CAJANAL, en donde
siguiendo las orientaciones del fallo de tutela, reliquidó la pensión como
mecanismo transitorio hasta que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
profiriera el fallo definitivo.
3. Normas violadas y concepto de violación.
Como disposiciones violadas citó las siguientes:
11. Constitución Política, los artículos 2, 29, 48 y 53; Código Sustantivo del
Trabajo, artículos 21 y 127; Ley 65 de 1946, artículo 2; Decretos Nos. 1848 de
1969, artículo 73; 546 de 1971, artículos 6 y 32; 717 de 1978, artículo 12; 1660 de
1978, artículo 132; 247 de 1997, artículo 1.
12. Como concepto de violación sostiene la demandante que según la
jurisprudencia de la sección segunda del Consejo de Estado, el régimen de
transición es una de las muestras del principio de favorabilidad reconocido por el
legislador en materia laboral, debiéndose aplicar a sus beneficiarios conforme el
Decreto 546 de 1971 a través de la liquidación de su pensión con el 75% de la
asignación más elevada del último año de servicio; cuestionando así el
reconocimiento que obtuvo en vía gubernativa con el régimen anterior.
4. Contestación de la demanda.
13. CAJANAL se opuso a las pretensiones, precisando que a través de Resolución
No. 58506 de 28 de noviembre de 2008 reconoció pensión de vejez a la señora
Gloria Cecilia Patiño Gutiérrez, teniendo en cuenta los factores salariales del
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ACTORA: GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIÉRREZ-
Decreto 1158 de 1994, estos son, asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, primas de antigüedad, ascensional y de
capacitación, remuneración por trabajo dominical o festivo, remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y
bonificación por servicios prestados. Esto en apego a la manera que describe la
Ley 100 de 1993 para liquidar las pensiones de quienes son beneficiarios del
régimen de transición.
14. Indica así, que el ingreso base de liquidación para quienes se les aplica el
régimen de transición tiene una regulación concreta en el inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, esto es, que si faltan menos de 10 años para adquirir el
estatus de pensionado a la fecha de la entrada en vigencia del sistema, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si éste fuere superior.
15. Así mismo, que el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 establece que en todo caso
el monto de la cotización mantendrá una relación directamente proporcional al
monto de la pensión, y el artículo 1 del Acto Legislativo de 2005, fija que para la
liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los
cuales cada persona efectuó las cotizaciones.
5. Sentencia apelada.
16. El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia de 12 de julio de
2012 declaró la nulidad de la Resolución No. 1152 de 23 de septiembre de 2009 y
condenó al ente demandado a reliquidar y pagar la pensión de jubilación que
devenga la demandante desde el 27 de diciembre de 2007 con la asignación
mensual más elevada percibida durante el último año de servicios, incluyendo los
factores que integran el salario conforme al artículo 6º del Decreto 546 de 1971,
aplicando la correspondiente indexación.
17. Para fundamento de lo anterior, precisa que de acuerdo a lo establecido por el
artículo 7 del Decreto 546 de 1971, los funcionarios que hayan laborado en la
Rama Jurisdiccional y/o en el Ministerio Público, por un lapso no menor a 10 años,
tienen derecho a disfrutar de una pensión equivalente al 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicios.
18. Así mismo, que el artículo 12 de la Decreto No. 717 de 1978 ha señalado, por
su parte, que además de la asignación mensual, constituyen factores de salario
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todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el servidor como retribución
por sus servicios.
19. Sobre el punto trajo a colación la jurisprudencia del Consejo de Estado3 según
las cual las pensiones de los funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio
Público deben regirse por los requisitos previstos en el Decreto 546 de 1971.
20. En tal virtud, considera que la reliquidación es procedente tal como se pidió en
la demanda, correspondiendo a la asignación más elevada percibida en el último
año de servicios y con la totalidad de los factores devengados; puesto que la
demandante contaba con más de 35 años edad para el momento en que entró en
vigencia la Ley 100 de 1993, y además, el artículo 12 del Decreto 717 de 1978
dispuso que la asignación mensual comprende todos los factores que
habitualmente fueron reconocidos y pagados en el mes como retribución del
servicio, y el hecho de que la administración no hubiese descontado los aportes
correspondientes sobre algunos factores, no impide su reconocimiento para
efectos pensionales.
21. Por lo tanto, condena al ente demandado a pagar la pensión de jubilación de la
actora desde el 27 de diciembre de 2007, con la inclusión de la asignación básica,
las primas de navidad, especial, de vacaciones y las bonificaciones por gestión
judicial y por servicios.
22. En cuanto a este último emolumento, indica que la jurisprudencia no ha sido
pacifica, pues se han encontrado decisiones donde han aceptado que se debe
reconocer en un 100%4 y en otras se ha dicho que como el pago es anual, el
mismo debe realizarse fraccionándolo en doceavas partes5.
23. Por tal motivo, y atendiendo el principio de favorabilidad, ordenó la inclusión de
la bonificación por servicios devengada por la demandante en el último año de
servicios en un 100%, autorizando a la demandada a descontar de la liquidación
correspondiente, los valores que por aportes haya lugar.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 3 de junio de 2004, Radicación No. 17001-
23-31-000-2001-00481-01.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 8 de junio de 2006, Número Interno No.
2294-05, C. P. Ana Margarita Olaya Forero.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 6 de agosto de 2008, Radicado Interno No.
0640-2008, C. P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
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REF: EXPEDIENTE No. 170012331000201000405 01-
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ACTORA: GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIÉRREZ-
6. Recurso de apelación.
24. La parte demandada, interpuso recurso de apelación alegando que para
efectos del ingreso base de liquidación y teniendo en cuenta que la actora se
encontraba en el régimen de transición, dio aplicación al inciso 3º del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, el cual determina que si a la persona le faltan menos de 10
años para adquirir el estatus de pensionado a la fecha de la entrada en vigencia
del sistema, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior.
25. Que a partir de la incorporación de los servidores públicos en el Sistema
General de Pensiones, el ingreso base de liquidación debe calcularse sobre los
factores relacionados en el Decreto 1158 de 1994. Adicionalmente, debe tenerse
presente que el artículo 11 del Decreto No. 389 de 2006, señaló que las pensiones
de la Rama Judicial se liquidarán sobre los factores que constituyen el ingreso
base de cotización dispuesto por el artículo 6º del Decreto 691 de 1994, la Prima
Especial de Servicios de que trata la Ley 332 de 1996 y la bonificación adicional
prevista en el Decreto 664 de 1999 o la bonificación de gestión judicial de que
trata el Decreto 4040 de 2004.
26. Con relación a la bonificación por servicios prestados, precisa que contrario a
lo planteado por la primera instancia, el Consejo de Estado6 ha indicado que se
reconoce y paga al empleado una vez cumple el año de servicios, y por ende, el
computo de este factor debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100%;
en esas condiciones se tiene que, el ente demandado ha dado cumplimento a lo
ordenado.
27. Finalmente indica que reconocer una pensión de vejez en las condiciones
ordenadas por el a quo, viola el derecho de igualdad del resto de pensionados del
país, máxime cuando ni siquiera las cotizaciones realizadas al Sistema General de
Pensiones corresponden a los porcentajes para acceder a la pensión, lo cual
constituye una lesión y detrimento para el patrimonio público.
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 14 de agosto de 2009, Número Interno:
0427-2008, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
7
REF: EXPEDIENTE No. 170012331000201000405 01-
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ACTORA: GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIÉRREZ-
7. Concepto del Ministerio Público.
28. El Procurador Segundo (e) Delegado ante esta Corporación, rindió Concepto
pidiendo que se modifique la sentencia apelada, en el sentido de señalar que la
bonificación por servicios se debe incluir en una doceava parte y no en un 100%.
29. Advierte que el ente demandado liquidó la pensión en un porcentaje
equivalente al 75% del promedio de lo devengado en los últimos 10 años, esto es,
entre el 13 de agosto de 1994 y 30 de agosto de 2007 e incluyó como factores la
asignación básica, los gastos de representación, prima de servicios especial, los
gastos de representación, primas especial de servicios, de nivelación y
bonificación por servicios.
30. Explica que a pesar de que la Ley 100 de 1993, hizo más gravoso los
requisitos para acceder a la pensión, previó un régimen de transición para dejar a
salvo aquellas personas que al 1º de abril de 1994 tuvieran más de 35 años de
edad si es mujer, 40 si es hombre ó 15 años de servicios cotizados. Por
consiguiente, de acuerdo con el último inciso de la Ley 33 de 1985, la demandante
quedó a salvo dentro del régimen especial de los empleados de la Rama Judicial y
del Ministerio Público estipulado en el Decreto 546 de 1971.
31. Bajo ese entendido, señala que la asignación básica más elevada para efectos
de determinar la base de la pensión de jubilación en el régimen salarial de los
funcionarios de la Rama Judicial, incluye la asignación básica mensual para el
empleo y las sumas que habitual y periódicamente reciba el empleado como
retribución a sus servicios, a menos que se trate de un factor excluido por la ley.
32. Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala
a decidir previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR.
Problema Jurídico.
33. De acuerdo con el cargo formulado en el recurso de apelación, le corresponde
a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿cuál es el ingreso base de
liquidación de las pensiones del Decreto 546 de 1971 reconocidas a quienes son
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993?, y una vez
dilucidado lo anterior; establecer si, ¿comprende la asignación más elevada del
8
REF: EXPEDIENTE No. 170012331000201000405 01-
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ACTORA: GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIÉRREZ-
último año de servicio; o solo los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 y
en todo caso, los objetos de cotización en consideración de las variables del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993?
Resolución a los problemas planteados.
34. Con la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema General de Pensiones para todos
los habitantes del territorio nacional con el fin de garantizar con amplia cobertura,
a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte7. Pero con dicha implementación el legislador quiso proteger
a las personas que se encontraban bajo regímenes pensionales anteriores que
quedarían derogados ante la entrada en vigencia del nuevo sistema.
35. El artículo 36 de la mencionada ley, estableció el régimen de transición como
mecanismo de protección frente al impacto del tránsito legislativo en materia
pensional para quienes no hubieren consolidado el derecho a la pensión durante
la vigencia normativa anterior, pero que estaban próximos a cumplir los requisitos,
caso en el cual se les mantendrían algunos presupuestos para acceder a la
pensión en condiciones particulares, más favorables y diferentes frente a quienes
fueran incluidos al Sistema General de Pensiones. Respecto de esta norma, la
Corte Constitucional8 en sede de control de constitucionalidad precisó:
[…] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al
introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 19939, tal como se desprende del
texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un
régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa
legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían
derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de
transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las
reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas
7 La fecha de entrada en vigencia del sistema de pensiones fue el 1 de abril de 1994 para el sector
privado y el sector público nacional; y el 30 de junio de 1995 para el sector público territorial, salvo
que la respectiva autoridad territorial anticipara la citada fecha (Ley 100/93, art. 151).
8 Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
9 El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la
pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para
los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir,
será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de
vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de
vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35)
o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso
base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les
faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto).
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REF: EXPEDIENTE No. 170012331000201000405 01-
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con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa
de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido
a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […]
36. Para efectos del ingreso base de liquidación pensional, la Corte Constitucional
señaló que se establece a partir de la regla general prevista en los artículos 21 y
36 de la Ley 100. De este modo, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en
la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años
para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o
(b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es
decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban
más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de
regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem
solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes
especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de
reemplazo, se les debe aplicar la regla general de aquella norma.
37. Es importante señalar que, bajo esa línea, la Sala Plena de la Corporación 10
unificó su jurisprudencia sobre la manera de definir el ingreso base de liquidación
respecto de las pensiones ordinarias reconocidas en virtud del régimen de
transición, en sus variables periodo y factores, precisando una regla así:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas
personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos
de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985.
38. También fijó una subregla referida al periodo para liquidar las pensiones, y
otra relativa a factores en los siguientes términos:
«[…]
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
10 Sentencia del 18 de agosto de 2018, exp. 4403-2013. CP. César Palomino Cortés.
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REF: EXPEDIENTE No. 170012331000201000405 01-
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ACTORA: GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIÉRREZ-
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.[…]»
« […] que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones».
39. También es de la mayor importancia, recordar que por virtud de la transición
de la Ley 100 de 1993, a sus beneficiarios, es posible la aplicación de normas
pensionales especiales, dentro de las cuales se encuentra el Decreto 546 de
1971, aplicable a los empleados de la rama judicial y del ministerio público, que
dispone:
Artículo 6°. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto,
tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si
son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo
menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de
jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.
40. Conforme a la disposición, los empleados de la rama judicial y del ministerio
público gozan de un régimen especial para efecto de la pensión de jubilación, que
les permite acceder al derecho al cumplir 55 años de edad, si son hombres, 50, si
son mujeres, con 20 años continuos o discontinuos de servicios, de los cuales por
lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente en las entidades que comprenden
aquellos sectores, liquidada con la tasa de reemplazo del 75% del ingreso base.
41. Es del caso resaltar que, en sede de revisión de tutelas, de cara a resolver
defectos imputados a múltiples fallos dictados por la jurisdicción aislados de las
orientaciones jurisprudenciales antes anotadas, la Corte Constitucional
principalmente al amparo de la sentencia C-258 de 2013, dejó sin efectos muchas
de las providencias acusadas. Una de esas decisiones trascendentales
corresponde a la sentencia SU-114 del 8 de noviembre de 2018, con ponencia de
Alberto Rojas Ríos, en donde se dejó establecido que:
La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido de manera
reiterada que quienes son beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se les calculará el IBL
con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el
promedio de los factores salariales devengados durante los últimos 10
años. Dicha regla fue fijada por este Tribunal en la sentencia C-258 de
2013 y fue extendida a todos los beneficiarios del régimen de transición
en virtud de la Sentencia SU-230 de 2015.
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[…]
La mencionada interpretación ha sido reafirmada por la Corte en las
providencias SU-417 de 2016, SU-210 de 2017, y SU-631 de 2017. En
esas sentencias se ha manifestado que el modo de promediar la base
de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en
razón de que el régimen de transición solo comprende los conceptos
de edad, monto y semanas de cotización. Ese beneficio excluye el
ingreso base de liquidación. De manera que, con base en tales reglas,
la Corte ha concluido que no es procedente un reajuste de la pensión si
se efectuó sin tener en cuenta la hermenéutica constitucional del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cual deriva en un abuso del
derecho, ya que dispone el aumento injustificado de la prestación. En
esas circunstancias, la Sala ha señalado que se debe dejar sin efecto
las decisiones atacadas en tutela.
Así las cosas, la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia
C-258 de 2013 y que reiteró en las SU-230 de 2015, SU-417 de 2016,
SU-210 de 2017, y SU-631 de 2017, es el precedente constitucional en
la materia, y que señala que el ingreso base de liquidación no era un
aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta
materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por tal
razón, a los beneficiarios del régimen de transición se les calcula el IBL
con base en el promedio de los factores salariales sobre los cuales se
cotizó durante los últimos 10 años de servicio.
42. Con estos antecedentes, la sección segunda en lo que tiene que ver con el
ingreso base de las pensiones reconocidas a los beneficiarios del régimen
pensional analizado, en reciente sentencia de unificación CE-SUJ-SII-021-2020
del 11 de junio de 202011, estableció que el reconocimiento prestacional opera de
así:
iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del
Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años
si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de
servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de
reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan los
artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si
le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el
DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo,
el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por
el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.°
del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de
1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 297 1.° del Decreto 610 de
1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del
11
Consejo de Estado, sección segunda. Sentencia de unificación de 11 de junio de 2020,
expediente 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
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Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público.
43. Lo anterior, al concluir que «la jurisprudencia imperante tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado, propende por la armonía que debe
existir entre el sistema integral de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993,
en cuyo artículo 36 estableció el régimen de transición general, y las dimensiones
en las cuales la seguridad social en sí misma se manifiesta, que son las de
servicio público obligatorio, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad
solidaridad y sostenibilidad fiscal, y de derecho público con carácter constitucional,
general, exigible e irrenunciable».
44. De acuerdo con lo expuesto, los problemas planteados se resuelven indicando
que el IBL de las pensiones reconocidas en virtud del Decreto 546 de 1971 a los
beneficiarios del régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del
artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. En
cuanto a factores, se atienden las previsiones del Decreto 1158 de 1994, al igual
que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de
1996; 297 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del
Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de
2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del
Ministerio Público. Lo anterior, en consonancia con el principio de sostenibilidad
fiscal desarrollado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Estas personas se
pensionan con los requisitos de edad y tiempo de servicio previstos en la norma
especial mencionada.
Caso concreto.
45. Como se indicó en líneas anteriores, este proveído se dicta en cumplimiento
de la sentencia SU-118 del 8 de noviembre de 2018, cuyos apartes pertinentes al
caso son del siguiente tenor:
7.3. Configuración del defecto por desconocimiento del
precedente constitucional en el expediente T-6.487.740 (Caso
número 1)
En demanda de tutela, la UGPP cuestionó la sentencia del 27 de
febrero de 2014 por la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, confirmó la decisión adoptada el 12 de julio de 2012 por
el Tribunal Administrativo de Caldas, en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Gloria
13
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Cecilia Patiño Gutiérrez contra CAJANAL para obtener la reliquidación
de su pensión.
En virtud de la providencia censurada, se ordenó a la entonces
CAJANAL reliquidar y pagar a la demandante los ajustes económicos a
la pensión de jubilación desde el 27 de diciembre de 2007, teniendo en
cuenta todos los factores que integran el salario y la asignación
mensual más elevada que hubiere devengado durante el último año de
servicios. Esto implicó que la pensión de la citada se computara con el
salario percibido mientras ocupó por 1 mes y 16 días el cargo de
Magistrada de Tribunal Superior de Distrito Judicial, lo que
adicionalmente condujo a un incremento excesivo en su mesada.
Analizada, entonces, la presente controversia conforme a las
consideraciones antes descritas, la Sala Plena observa que la señora
Gloria Cecilia Patiño ciertamente es beneficiaria del régimen de
transición pensional. Empero, en oposición a lo resuelto por los jueces
de lo contencioso administrativo, la prestación de que se trata ha
debido calcularse a partir del promedio de los factores salariales
cotizados durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si
este fuere superior o inferior, a la luz de lo prescrito en la Ley 100 de
1993.
Por lo tanto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, desconoció el precedente aplicable al caso de señora Gloria
Cecilia Patiño Gutiérrez, a la luz de la regla establecida en la C-258 de
2013 y reiterada en las sentencias SU-230 de 2015, SU-417 de 2016,
SU-210 de 2017 y SU-631 de 2017 y, en consecuencia, se configuró
el defecto alegado.
Verificada así la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de que es titular la
UGPP, la Sala revocará los fallos de tutela proferidos por las Secciones
Quinta y Cuarta del Consejo de Estado, en segunda y primera
instancias, respectivamente, para, en su lugar, conceder la protección
invocada.
En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 27 de febrero
de 2014, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, con el fin de que dicha autoridad emita un nuevo
pronunciamiento con base en las consideraciones expuestas en esta
sentencia. (subrayado fuera de texto original)
46. Claramente, la orden de la Corte Constitucional está orientada a que el nuevo
pronunciamiento de la Sala sobre la situación de la demandante, atienda los
parámetros de liquidación de las pensiones de quienes son beneficiarios del
régimen de transición, esto es, a considerar en la base de liquidación pensional
solo los factores que fueron objeto de cotización pensional aplicados a los
periodos dispuestos por la Ley 100 de 1993 según sea el caso.
47. Lo anterior parte de la premisa de que no está en discusión el beneficio de
transición que tiene la demandante conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993
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y, que le permitió pensionarse con los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa
de reemplazo del Decreto 546 de 1971. Tampoco se debaten las cuantías de los
factores incluidos en la liquidación pensional.
48. Así las cosas, para resolver se tendrá en cuenta que:
1. Mediante Resolución 58506 del 28 de noviembre de 2008, CAJANAL le
reconoció a la accionante una pensión de vejez de conformidad con el
Decreto 546 de 1971 al ser esta beneficiaria del régimen de transición. En
el mencionado acto se consideró una tasa de reemplazo del 75% del
promedio cotizado durante el periodo de 10 años anteriores al
reconocimiento, el cual está regulado en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, corrido desde agosto 1994 hasta agosto de 2007, teniendo en cuenta
interrupciones en dicho lapso. La cuantía pensional correspondió a la suma
de $3.624.899.93, efectiva desde el 27 de diciembre de 200712.
En cuanto a factores incluyó en el IBL pensional: por 1994 Asignación
básica y gastos de representación: por 1995 asignación básica y gastos de
representación; por 1996 asignación básica, gastos de representación y
prima especial de servicios; por 1997 asignación básica, bonificación por
servicios presados, gastos de representación, prima especial de servicios y
prima de nivelación; por 1998 asignación básica, bonificación por servicios,
gastos de representación y prima especial de servicios, por 2001, 2002,
2003, 2004, 2005. 2006 y 2007 la asignación básica, la bonificación por
servicios y la prima especial de servicios.
2. A través de la Resolución PAP 4506 del 13 de mayo de 2010, CAJANAL, en
cumplimiento del fallo de tutela dictado en favor de la demandante por el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales el 9 de marzo de 2009, le
reliquidó su pensión con el 75% del promedio de la asignación mensual
más elevada devengada durante el último año de servicio -agosto 2006 a
agosto de 2007-, conforme al Decreto 546 de 1971, a partir de la misma
fecha del reconocimiento inicial, incluyendo los siguientes factores de
salario: asignación básica, prima de navidad, bonificación por servicios,
prima de servicios, prima de vacaciones, prima especial y bonificación por
12
Folios 16 a 19 del cuaderno principal.
15
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gestión judicial. La cuantía pensional correspondió a la suma de
$10.264.719.6213.
3. Conforme a certificado expedido por el Jefe del Área Financiera de la
Dirección Ejecutiva de Administración de Judicial de Manizales - Caldas, la
demandante laboró al servicio de la Rama Judicial desde el 1º de julio de
1988 hasta el 12 de enero de 1998 registrando como último cargo del
periodo el de Juez Segundo Laboral del Circuito de Manizales; y desde el 1º
de febrero de 2001 al 31 de agosto de 2007, siendo su último cargo el de
Juez Quinto Civil del Circuito de Manizales. Además, indicó que durante los
periodos 1993 a 1997 y de 2001 al mes e de agosto de 2007 percibió los
siguientes emolumentos14:
13
Folios 29 a 32 ibídem.
14
Folios 14 y 15 ib.
16
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49. Registrado lo anterior, la aplicación del régimen de transición para el
reconocimiento pensional en favor de la actora de acuerdo con el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, sería como a continuación se muestra:
Consolidación del Derecho Ingreso Base de Liquidación Tasa de
Beneficio de la (Artículo 6 Decreto 546 de (artículo 21 de la Ley 100 de 1993 / reemplazo,
transición pensional 1971) Decreto 1158 de 199415) Artículo 6
(Artículo 36 de la Ley Decreto 546
100 de 1993) Tiempo de de 1971
Edad servicio Periodo Factores
10 años anteriores al Los del Decreto
50 años 20 años reconocimiento. 1158 de 1994 y
Tenía más de 35 años, demás objeto de
al 1 de abril de 1994, cotización por
pues nació el 27 de autorización de la
diciembre de 1957.16 Estatus jurídico de ley. 75%
pensionado el 27 de
diciembre de 2007.
50. Conforme a los criterios jurisprudenciales mencionados, y atendiendo
particularmente lo ordenado por la Corte Constitucional a través de la sentencia
SU-118 de 2018, el ingreso base de la pensión de la demandante debió
corresponder con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, al
75% del «promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.[…]».
51. Por lo dicho, la demandante no tiene derecho a que su pensión reconocida con
fundamento en el Decreto 546 de 1971 al ser beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, sea reliquidada con la asignación más elevada
del último año de servicio, incluyendo la totalidad de factores salariales en tanto
solo algunos fueron objeto de cotización pensional de conformidad con la ley, y
porque además estas variables del ingreso base de liquidación -periodo y factores-
escapan del beneficio de transición.
15
Artículo 1º:
-La asignación básica mensual
-La bonificación por servicios prestados
-La prima técnica, cuando sea factor de salario
-Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario
-La remuneración por trabajo dominical o festivo
-La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna
-Los gastos de representación.
16
Folio 63 del cuaderno 2.
17
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52. En este particular hay que mencionar que el reconocimiento pensional inicial,
efectivamente tuvo en cuenta las directrices determinadas por el Decreto 1158 de
1994 para efectos de determinar los factores a incluir en la base de liquidación
justamente por haber hecho parte de la base de cotización durante el periodo de
cálculo, descartando aquellos emolumentos que sin distinguir si eran o no salario,
no fueron base de aportes pensionales. Esto resulta consonante con los mandatos
contenidos en el artículo 48 superior después de las modificaciones efectuadas
por el Acto Legislativo 01 de 2005.
53. Sin embargo, considerando el principio constitucional de sostenibilidad fiscal,
según el cual, las pensiones se liquidan sobre la base efectivamente aportada, se
tiene que en determinados sectores de la función pública, la ley le asigna a sus
empleados algunos emolumentos que adicional a lo previsto en la norma general -
Decreto 1158 de 1994-, también constituyen base de cotización pensional. Lo
anterior fue reconocido por la sección segunda17 al analizar en concreto el sistema
salarial y prestacional de la rama judicial para determinar las conclusiones de
liquidación pensional de quienes sean pensionados conforme al Decreto 546 de
1971.
54. Tratándose de magistrados de tribunales superiores, de tribunales
administrativos, de magistrados auxiliares, entre otros, por virtud del Decreto 4040
de 200418 percibían la denominada bonificación por gestión judicial, la cual fue
regulada en los siguientes términos:
«Artículo 1º. A partir de la vigencia del presente Decreto, créase una
Bonificación de Gestión Judicial, con carácter permanente, que sumada a
la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de
las Altas Cortes, para los funcionarios de la Rama Judicial, incluida la
Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional, que a
partir de la misma fecha se vinculen al servicio en los empleos que se
señalan a continuación:
[…]
La Bonificación de Gestión Judicial, pagadera mensualmente, solo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de
vejez, invalidez y sobrevivientes, y hará parte integral del ingreso base de
liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado,
incluyendo esta Bonificación.» (subrayado fuera de texto original)
17
Consejo de Estado, sección segunda. Sentencia de unificación de 11 de junio de 2020,
expediente 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
18
Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios.
18
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55. Es importante mencionar que el mencionado Decreto 4040 de 2004 fue
anulado por esta corporación mediante fallo del 14 de diciembre de 2011 dictado
por la Sala de Conjueces de la sección segunda, con ponencia de Carlos Arturo
Orjuela Góngora, expediente 10067-2005. Esta decisión, revivió el régimen de la
bonificación por compensación previsto en el Decreto 610 de 199819, cuya materia
había sido suplida con la expedición de aquel decreto, siendo común en ambas
regulaciones que los mencionados emolumentos fueran objeto de cotización
pensional.
56. De ahí que sea plausible afirmar, que en vigencia del Decreto 610 de 1998
hasta que entró en vigor el Decreto 4040 de 2004, quienes percibieron la
bonificación por compensación tienen derecho a que sea incluida en la base de
liquidación de su pensión si corresponde al periodo de cálculo. Igual situación se
predica de quien a partir del segundo acto general, percibió la denominada
bonificación por gestión judicial hasta que la decisión del Consejo de Estado la
anuló, porque en todo caso por ministerio fueron objeto de cotización pensional.
57. Así las cosas, la Sala encuentra de acuerdo con lo certificado en el proceso,
que la demandante fungió como magistrada de tribunal superior desde el 1 de
noviembre de 2005 hasta el 16 de octubre de 2006, periodo durante el cual
devengó la bonificación por gestión judicial.
58. Este factor, pese a ser devengado durante el periodo base de liquidación
pensional inicialmente considerado para el reconocimiento a través de la
Resolución 58506 del 28 de noviembre de 2008, esto es, agosto de 1994 hasta
agosto de 2007, teniendo en cuenta interrupciones en dicho lapso; no fue incluido
en la base de liquidación pensional, contrariándose así aquel mandato superior
tantas veces aludido en esta providencia de que no podrá liquidarse una pensión
sino solo sobre la base efectivamente cotizada.
59. Es necesario señalar en este particular, que la situación puntual que motivó el
ejercicio de la magistratura en distrito judicial por parte de la demandante por ese
lapso corto, en juicio de la Sala, no constituye una vinculación precaria o anómala
que impida que las cotizaciones pensionales efectuadas allí sean consideradas
legítimamente para la liquidación pensional, pues, en todo caso, lo que así lo
19
Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y
otros funcionarios.
19
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justifica es el aporte financiero para el sustento continuo y periódico de la
prestación que con base en tal deber se calcula o liquida.
60. En cuanto a la denominada bonificación por actividad judicial creada por el
Decreto 3131 de 2005 en beneficio de los jueces de la república, encuentra la Sala
que solo constituye base de cotización pensional desde el 1 de enero de 2009, a
razón de lo previsto en el Decreto 3900 de 200820. Por tanto, para que la inclusión
de dicho factor sea viable en el IBL pensional, debió percibirse después de dicha
fecha y coincidir con el periodo de cálculo. En el caso, se observa que la
demandante en su condición de juez del circuito, la percibió durante el año 2005 y,
por tanto, no debía considerarse para la liquidación de su pensión.
Decaimiento del acto de reliquidación pensional.
61. Como se indicó en el numeral 48.2 de esta sentencia, mediante Resolución
PAP 4506 del 13 de mayo de 2010, CAJANAL, en cumplimiento del fallo de tutela
dictado en favor de la demandante por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Manizales el 9 de marzo de 2009, le reliquidó su pensión con el 75% del promedio
de la asignación mensual más elevada devengada durante el último año de
servicio -agosto 2006 a agosto de 2007-, conforme al Decreto 546 de 1971, a
partir de la misma fecha del reconocimiento inicial, incluyendo los siguientes
factores de salario: asignación básica, prima de navidad, bonificación por
servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, prima especial y bonificación
por gestión judicial. La cuantía pensional correspondió a la suma de
$10.264.719.6221.
62. Se había mencionado también que la tutela impetrada por la demandante
había sido concedida como mecanismo transitorio, y en tal condición el amparo a
la reliquidación de su pensión tiene vigencia hasta tanto la jurisdicción contenciosa
dictara sentencia definitiva sobre su prestación22.
20
ARTÍCULO 1°. A partir del 1° de enero de 2009, la bonificación de actividad judicial creada
mediante Decreto 3131 de 2005, modificada por el Decreto 3382 de 2005 y ajustada mediante
Decretos 403 de 2006, 632 de 2007 y 671 de 2008 para jueces, fiscales y procuradores judiciales
1, constituirá factor para efectos de determinar el ingreso base de cotización del Sistema General
de Pensiones, y de acuerdo con la Ley 797 de 2003, para cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
21
Folios 29 a 32 ibídem.
22
Decreto 2591 de 1991 que reglamenta el ejercicio de la acción de tutela. ARTICULO 8o. LA
TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO. Aun cuando el afectado disponga de otro medio de
20
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63. La decisión definitiva justamente corresponde a este proveído, que dada las
connotaciones particulares que adopta fruto de la evolución jurisprudencial en
relación con el ingreso base de liquidación pensional, y a las directrices dispuestas
por la sentencia SU-114 de 2018, que se acata; provoca que el derecho pensional
que la demandante disfruta tenga unas modificaciones importantes en razón a su
cuantía.
64. La resolución en comento, empero, dictada en cumplimiento de fallo de tutela
que otorgó protección en forma transitoria a la demandante, pierde fuerza
ejecutoria23 porque desaparece su fundamento de derecho, debiendo impartir la
Sala las ordenes pertinentes a incluir en la base de liquidación pensional de la
demandante, la percibida bonificación por gestión judicial mientras fungió como
magistrada de tribunal superior, lapso comprendido dentro del periodo de cálculo.
Esto en juicio de la Sala, no implica un desacato a las órdenes dadas a través de
la sentencia SU-114 de 2018, por cuanto su ratio decidendi, en últimas, es la
integración del IBL solo con la base de aportes pensionales, adecuándose a este
precepto la bonificación por gestión judicial por las razones dadas en esta
providencia.
65. En suma, para resolver la apelación interpuesta por el ente previsional
demandado, la Sala concluye que efectivamente el beneficio de transición no
ampara el ingreso base de liquidación de la pensión que en tal virtud se reconoce,
por lo que resulta inviable una reliquidación pensional con las reglas de la norma
especial anterior, esto es, Decreto 546 de 1971. Sin embargo, tal aseveración no
provoca el fracaso absoluto de las pretensiones que fueron acogidas en primera
instancia, puesto que como quedó evidenciado, la demandante, durante el periodo
de liquidación contemplado en la Ley 100 de 1993 (10 años anteriores al
defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para
decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado.
En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a
partir del fallo de tutela.
Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.
Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela
también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente
podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya
protección se solicita, mientras dure el proceso.
23
Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.
21
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reconocimiento) devengó un concepto salarial (bonificación por gestión judicial)
sobre el cual se cotizó para pensión, sin ser tenido en cuenta para el cálculo de
prestación.
66. Con fundamento en lo expuesto, la Sala modificará la orden estimatoria de la
sentencia de primera instancia, para restablecer el derecho de la accionante con la
reliquidación de su pensión de jubilación, con el 75% del promedio de salarios
cotizados durante el periodo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
incluyendo además de los factores ya incorporados, la bonificación por gestión
judicial devengada mientras fungió como magistrada de tribunal superior,
considerando que tal concepto fue base de cotización pensional conforme a la ley,
y por tanto, es viable su inclusión en el ingreso base de liquidación pensional.
67. Es importante aclarar, que la orden anterior si bien aplica desde el estatus
pensional esto es, 27 de diciembre de 2007, solo tendrá efecto a partir de la
ejecutoria de esta providencia, y no generará ningún retroactivo pensional en favor
de la demandante, atendiendo que desde el cumplimiento del amparo tutelar,
percibió una mesada pensional superior a la que de conformidad con la ley, se le
debió liquidar, esto es, sobre la base de los factores previstos en el Decreto 1158
de 1994 y en el Decreto 4040 de 2004 mientras percibió la bonificación por gestión
judicial y estuvo vigente tal acto.
68. También dejar claro en cuanto a la inclusión del valor total de la bonificación
por servicios ordenada en el fallo de primer grado, que al modificarse la manera de
integrar el ingreso base de liquidación a través de esta sentencia, se retoma la
manera proporcional como fue incorporada24 en el acto de reconocimiento, razón
por la cual, se estima innecesario hacer alguna alusión sobre dicho factor.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia del 12 de julio de 2012 dictada
por el Tribunal Contencioso Administrativo Caldas, que accedió a las pretensiones
de la demanda incoada por Gloria Cecilia Patiño Gutiérrez contra la Caja Nacional
24
Esto acorde con la jurisprudencia pacífica de la sección segunda.
22
REF: EXPEDIENTE No. 170012331000201000405 01-
No. INTERNO: 1896-2013-
ACTORA: GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIÉRREZ-
de Previsión Social – CAJANAL, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP- para la
reliquidación de su pensión de vejez, salvo el NUMERAL SEGUNDO que se
MODIFICA y queda así:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que a partir de la
ejecutoria de este fallo y sin que genere retroactivo alguno, a que
reliquide la pensión de jubilación de Gloria Cecilia Patiño Gutiérrez
reconocida en los términos previstos en el Decreto 546 de 1971, con el
75% del promedio de salarios cotizados durante el periodo previsto en
el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, incluyendo además de los factores
ya incorporados en el IBL, la bonificación por gestión judicial
percibida durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre
de 2005 a 16 de octubre de 2006, por las razones expuestas en la
parte motiva.
Por la Secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al Tribunal de
origen.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Los Consejeros,
Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
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