Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2014-00116-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2014-00116-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2014-00116-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 63001-23-33-000-2014-00116-02 (3761-2016)
Demandante: Amparo Gómez Isaza
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP.
Tema: Reliquidación pensión régimen de transición Decreto 546
de 1971. Bonificación por actividad judicial, como factor
salarial. REVOCA Y NIEGA LAS PRETENSIONES
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016) por el
Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Amparo Gómez Isaza interpuso demanda en contra de la UGPP,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Resolución 48092 del 16 de septiembre de 2008, expedida por la Caja Nacional de
Previsión Social, CAJANAL, por medio de la cual se dio cumplimiento parcial al fallo
de tutela proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, en la que
reliquidó la pensión de vejez sin incluir todos los factores salariales devengados,
específicamente la bonificación por actividad judicial y la prima de navidad, en los
términos de los Decretos 546 de 1971, 717 y 911 de 1978.
Resolución UGM 027510 del 19 de enero de 2012, a través de la cual se omitió la
bonificación por actividad judicial para efectos de la liquidación pensional.
Resolución RDP 039194 del 26 de agosto de 2013, que negó la reliquidación
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pensional y las Resoluciones RDP 044898 del 26 de septiembre de 2013 y 045358
del 30 de septiembre de 2013 que resolvieron los recursos de reposición y
apelación, respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho se ordene reliquidar y pagar, de forma
indexada, la pensión de vejez, desde el retiro definitivo del servicio el 28 de mayo
de 2008, con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado
en el último año de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.° del
Decreto 546 de 1971, y los Decretos 717 y 911 de 1978, teniendo en cuenta los
siguientes factores: «salario básico, prima especial de servicios, bonificación por
servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, BONIFICACIÓN POR
ACTIVIDAD JUDICIAL y prima de navidad». Que la bonificación por servicios
prestados debe considerarse en un 100 % y no en una doceava parte.
4. Que se ordene el pago de los intereses corrientes desde que empezó a
disfrutar de la prestación, y los que se generen por mora.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que CAJANAL, mediante Resolución 03561 de 2008, le reconoció su pensión
de vejez, liquidada con base en la Ley 100 de 1993.
6. Que, a través de fallo de tutela del 3 de abril de 2008, el Juzgado Décimo
Laboral del Circuito de Bogotá ordenó reliquidar la pensión conforme al artículo 6
del Decreto 546 de 1971, equivalente al 75 % de la asignación mensual más
elevada del último año de servicio; y que el 14 de mayo de 2008 solicitó dar
cumplimiento a tal decisión.
7. Que la entidad expidió la Resolución 48092 del 16 de septiembre de 2008,
dando cumplimiento parcial al fallo, pues omitió incluir como factores salariales
la bonificación por actividad judicial y la prima de navidad, y liquidó la bonificación
por servicios prestados solo en una doceava parte.
8. Que el 29 de agosto de 2011 solicitó nuevamente el cumplimiento integral del
fallo de tutela y la reliquidación pensional; y CAJANAL, por Resolución UGM 027510
del 19 de enero de 2012 reajustó la pensión, pero continuó omitiendo la inclusión
de la bonificación por actividad judicial.
9. Que el 17 de julio de 2013 pidió ante la UGPP el cumplimiento del fallo con
la inclusión de todos los factores salariales, específicamente la bonificación por
actividad judicial, la cual fue negada por Resolución RDP 039194 del 26 de agosto
de 2013.
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10. Que mediante Resoluciones RDP 044898 del 26 de septiembre de 2013 y
045358 del 30 de septiembre de 2013 la UGPP confirmó la negativa.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
11. Considera violados los artículos: 1, 2, 6, 13, 25, 33 y 58 de la Constitución
Política; 1 de la Ley 33 de 1985; 36 de la Ley 100 de 1993; 63 del Decreto 1848 de
1969; 6 y 32 del Decreto 546 de 1971; 2, 3 y 84 del Código Contencioso
Administrativo y los decretos 717 y 911 de 1978.
12. Que la entidad debió liquidar la pensión de jubilación, en los términos del
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, desde su causación, con el 75 % de la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado durante el último año
laborado, teniendo en cuenta como factores salariales todas las sumas recibidas
como retribución del servicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del
Decreto 717 de 1978, específicamente, la bonificación por actividad judicial y prima
de navidad, así como el 100 % de la bonificación por servicios prestados.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
13. El 31 de julio de 2015 fue admitida la demanda. La entidad1 señaló que las
pretensiones no estaban llamadas a prosperar, por cuanto las prestaciones cuya
inclusión solicitó ya habían sido consideradas como factores en la Resolución
UGM027510 del 19 de enero de 2012.
14. Que la bonificación por actividad judicial no podía ser incluida para efectos
pensionales porque, para la época del retiro, no constituía factor salarial. Sostuvo
que la bonificación por servicios prestados, al ser reconocida y pagada anualmente,
debía computarse en una doceava parte.
15. Propuso como excepciones las de «indebida integración del contradictorio por
pasiva», «legalidad de los actos administrativos», «falta de legitimación en la causa
por pasiva», «inexistencia de la obligación», «cobro de no debido», «buena fe» y
«prescripción».
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
16. El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del veintinueve
(29) de junio de dos mil dieciséis (2016)2, accedió parcialmente a las pretensiones
y condenó en costas a la entidad. Señaló que la señora Amparo Gómez Isaza prestó
sus servicios en la Rama Judicial desde el 1 de septiembre de 1977 hasta el 27 de
1 Folios 177 a 193.
2 Folios 216 a 226.
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septiembre «sic» de 20083, y está amparada por el régimen especial previsto en el
Decreto 546 de 1971, el cual prevé que la liquidación debe realizarse con la
asignación más alta percibida en el último año de servicios.
17. Que los conceptos que sirven de base para el cómputo de la pensión de
jubilación son todos aquellos que se reciben como retribución de sus servicios, salvo
que se trate de un factor excluido expresamente por la ley. Concluyó que la
prestación de la actora debía calcularse considerando todos los factores
devengados y acreditados, entre ellos, la bonificación por actividad judicial. Como
fundamento, aludió a la noción de salario con base en la Ley 65 de 1946 y citó
apartes de la sentencia dictada por esta corporación el 28 de octubre de 1993 4, y
de un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil5.
18. Declaró la nulidad de los actos demandados y condenó a la UGPP a
reliquidar la pensión de jubilación, en cuantía del 75 % del salario más alto
devengado en el último año laborado, teniendo en cuenta la bonificación por
actividad judicial y a pagar las diferencias que resulten del reajuste. Aclaró que la
entidad descontará los aportes correspondientes a los factores sobre los cuales no
se haya realizado deducción legal.
19. Tuvo como fecha de reclamación administrativa la respuesta de la entidad el
26 de agosto de 2013, de la que se desprende que el derecho fue solicitado, en
tanto que no obra petición elevada ante CAJANAL. Declaró la prescripción trienal
de las diferencias de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 26 de
agosto de 2010.
20. De otra parte, afirmó que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado6, la bonificación por servicios prestados debe estimarse en una doceava
parte y no sobre el 100 % del valor percibido, tal y como lo advirtió, en su momento,
CAJANAL – EICE.
RECURSOS DE APELACIÓN
21. La parte demandada7 interpuso recurso de apelación en el que solicitó
revocar la sentencia. Sostuvo que el derecho pensional fue reconocido y liquidado
con base en la normativa aplicable. Que, en virtud del principio de legalidad, no hay
3 Según certificación expedida el 25 de septiembre de 2013, la actora laboró hasta el 27 de mayo de 2008.
Folios 46 a 47. Mediante Resolución 042 del 13 de marzo de 2008, se aceptó la renuncia presentada por la
señora Amparo Gómez de Restrepo, a partir del 28 de mayo de 2008.
4 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 28 de octubre de 1993, Expediente 5244. Dra. Dolly
Pedraza de Arenas».
5 No identificó el concepto al que se refirió.
6 «[…] Providencia del 23 de febrero de 2012, Consejero Ponente DR. ALFONSO VARGAS RINCÓN […]
Radicación número: 63001-23-31-000-2007-00054-01 (0662-10)» y «sentencia con ponencia de la Dra.
BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ, del mismo 23 de febrero de 2012, dentro del proceso con radicado: 52001-
23-31-000-2009-00288-01 (1072-11)» […].
7 Folios 235 a 238.
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lugar a incluir la bonificación por actividad judicial, porque, para la época del retiro,
el 28 de mayo de 2008, no constituía factor salarial.
22. Que el juez no se pronunció sobre la vinculación de la Rama Judicial, Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pese a que
fue llamada en garantía. Afirmó que, de ordenarse la inclusión de determinados
factores salariales, los aportes al sistema de seguridad social a cargo del empleador
deben ser asumidos por dicha entidad, al haber efectuado los pagos sin realizar las
respectivas deducciones.
23. Solicitó dar aplicación al numeral 5 del artículo 365 del CGP y revocar la
condena en costas, dado que las pretensiones no prosperaron en su totalidad, pues
no se accedió a lo relativo a la bonificación por servicios prestados, y además se
declaró la prescripción trienal.
24. Que en caso de confirmar la decisión se adicione el numeral segundo, con el
fin de indicar que los descuentos autorizados comprenderán no solo las cotizaciones
en pensión sino también en salud.
25. La parte demandante8 también apeló y expresó que no se configuró el
fenómeno de la prescripción ya que reclamó de manera continua e ininterrumpida
la reliquidación de la pensión desde la fecha de su retiro, ocurrido el 28 de mayo de
2008. Afirmó que entre las sucesivas solicitudes y actuaciones administrativas no
transcurrieron tres años, por lo que, de aplicar la prescripción, esta solo podría
afectar las mesadas anteriores al 19 de enero de 2009.
26. Que se debió reconocer el 100 % de la bonificación por servicios prestados
como factor para la liquidación pensional, porque el derecho se causa íntegramente
al cumplir el año de servicio y no de forma proporcional. Para ello, invoca
jurisprudencia del Consejo de Estado que sostiene que, antes de cumplirse el
tiempo para obtener «la bonificación del quinquenio» y «la bonificación por
recompensa», existe una mera expectativa y que, una vez causado el derecho, no
procede la fracción.9
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
27. El 1 de diciembre de 2016 se admitieron los recursos. El 2 de marzo de 2017
se corrió traslado por 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión,
posteriormente se corrió el mismo término para que el Ministerio Público presentara
concepto.
8 Folios 239 a 241.
9 No identificó puntualmente las providencias, solo citó unos apartes, y mencionó que se trataba de las
sentencias dictadas el «26 de junio de 1998, Magistrada Ponente: Doctora DOLLY PEDRAZA DE ARENAS» y
el «30 de septiembre de 1999 Magistrada Ponente: Doctora ANA MARGARITA OLAYA FORERO».
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28. La demandante10 reiteró los argumentos expuestos, citó providencia
proferida por la corporación el 25 de febrero de 201611 y solicitó confirmar la decisión
en lo que concierne a liquidar su pensión teniendo en cuenta la bonificación por
actividad judicial. Finalmente, pidió acceder a que el cálculo se efectué sobre el 100
% de la bonificación por servicios prestados.
29. La demandada12 insistió en que liquidó la pensión de forma correcta, y que
las pretensiones no tienen vocación de prosperidad, por lo que la sentencia debe
revocarse.
30. El agente del Ministerio Público no se pronunció.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
31. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso. Por ello, se avocará
conocimiento del proceso.
32. Deberá resolver la subsección si la demandante tiene derecho a que su
pensión de jubilación, reconocida bajo el régimen especial previsto en el Decreto
546 de 1971, sea reliquidada con la inclusión de la bonificación por actividad judicial
y a que la bonificación por servicios prestados sea computada en el 100 % de su
valor. En caso de que sea procedente el reajuste, deberá establecerse si se
configuró el fenómeno de la prescripción; la forma en que deben efectuarse los
descuentos por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones y Salud respecto de los emolumentos que se incorporen; y si hay lugar
a revocar la condena en costas impuesta.
Marco normativo y jurisprudencial
Régimen de transición artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y Régimen especial
de pensión establecido en el Decreto 546 de 1971.
33. La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones», en su artículo 3613, consagró un régimen
10 Folios 315 a 318.
11
«Expediente: 25000234200020130154101 Referencia: 4683-2013» Actor: Rosa Ernestina Agudelo Rincón.
12 Folios 320 a 322.
13 «Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto
de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años
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de transición en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas
que estaban próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes
pensionales que quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de
mantenerles algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones
particulares más favorables.
34. De lo anterior, se deduce que, ante el nuevo marco regulatorio de la pensión
de vejez en el Sistema General de Pensiones, el legislador quiso establecer un
régimen de transición para garantizar a un grupo de personas el beneficio de una
pensión de vejez con los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas
y monto del régimen pensional anterior, mientras que las demás condiciones y
requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100 de 1993, toda vez que
la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.
35. En sentencias C258 de 2013, SU230 de 2015 y SU247 de 2016, entre otras,
la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el
régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en
la citada ley, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y
tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el
régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.
36. Ahora, en lo relativo al reconocimiento de la pensión de los servidores de la
Rama Judicial y el Ministerio Público a quienes se les aplica el Decreto 546 de 1971
por ser beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, siguiendo el criterio de la Sala Plena, la Sección Segunda del Consejo
de Estado emitió sentencia de unificación jurisprudencial el 11 de junio de 2020, en
la que definió los parámetros para liquidar esa prestación, de la siguiente manera:
«[…] Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b)
el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a
la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo
hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que
tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si
le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación
será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base
en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el
artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª.
de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.°
de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en
la presente Ley. […]»
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del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de
2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de
la Rama Judicial o del Ministerio Público […]». (Negrita fuera de texto).
37. Específicamente en cuanto a los factores de liquidación determinó que se
debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, es decir: la asignación
básica mensual; los gastos de representación; la prima técnica, cuando sea factor
de salario; las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean
factor de salario; la remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración
por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la
bonificación por servicios prestados.
38. También, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes:
Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de
1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial.
La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para
los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes
del Ministerio Público ante magistrados de tribunales.
La prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el
Decreto 2460 de 2006.
La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de
2008 para los jueces y procuradores judiciales 1.
La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los
servidores de la Rama Judicial.
39. Lo anterior, porque, las normas señaladas establecieron que constituyen
factores de salario por lo que se tienen en cuenta para efectos de determinar el
ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado
los aportes correspondientes. De ahí que la providencia en cita consideró que
prestaciones tales como las primas de vacaciones, de servicios y de navidad no
deben ser incluidas en la liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor
salarial.
40. Las reglas de unificación citadas constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en
estudio en la vía judicial y administrativa.
41. Acerca de la omisión de los empleadores en efectuar las cotizaciones
obligatorias sobre los factores de ley percibidos por los empleados durante su
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vinculación laboral, la sala recientemente14 manifestó que es un supuesto que no
fue analizado en la sentencia de unificación 11 de junio de 2020 15 y por ende, no
podría extenderse la interpretación que corresponde incluir «solo aquellos factores
que establezca la ley y sobre los cuales se hicieron cotizaciones», pues la
realización de tales aportes no constituye una facultad del trabajador, sino un deber
jurídico imperativo a cargo del empleador, derivado tanto del régimen legal de la
seguridad social como de la condición de norma de orden público que ostentan las
disposiciones que regulan la materia.
42. Bajo ese supuesto, la subsección considera que como no fue aspecto de
unificación, resultaba jurídicamente viable ordenar los descuentos correspondientes
para garantizar la integridad del ingreso base de cotización y con ello la
sostenibilidad del sistema pensional.
Creación y naturaleza jurídica de la bonificación por actividad judicial
43. El Decreto 3131 del 8 de septiembre de 2005 creó la bonificación por
actividad judicial, en favor de los jueces y fiscales, entre otros, siempre que cumplan
el 100 % de las metas de calidad y eficiencia, que de forma semestral determine la
autoridad correspondiente. En el artículo 2 previó que tal emolumento no constituía
factor salarial ni prestacional. Para el efecto, señaló «no se tendrá en cuenta para
determinar elementos salariales o prestaciones sociales».
44. El 19 de junio de 2008, la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó la
legalidad de los artículos 1 y 2 del mencionado decreto y concluyó que fueron
expedidas conforme a la ley, y que considerar que dicha prestación no tenga
carácter salarial no desconocía ningún derecho ni vulneraba las normas invocadas
en dicha acción16.
45. Posteriormente, el Gobierno nacional expidió el Decreto 3900 de 2008, cuyo
artículo 1 previó que, a partir del 1 de enero de 2009, la aludida prestación
constituiría factor para determinar el ingreso base de cotización del Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones y Salud. También dispuso que «el artículo 2° del
Decreto 3131 de 2005 y demás disposiciones que le sean contrarias» quedarían
derogadas a partir del 1 de enero de 2009.
46. En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos lineamientos.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, 08001-23-33-000-2016-01505-01
(2406-2023)
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas. Radicado, 15001 23 33 000
2016 00630 01 (4083-2017).
16 «los artículos 53, 150 – 19 – e) de la Constitución Política; 1°, 2° y 15 de la Ley 4ª de 1.992; y, 127 y 128 del
Código Sustantivo del Trabajo por infracción directa de la ley, por cuanto limitan el carácter salarial haciendo
imposible su determinación para prestaciones sociales; desconociendo que la bonificación por actividad judicial
es una contraprestación, de carácter permanente y no ocasional, por el servicio que cumple el funcionario
judicial».
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Radicación: 63001-23-33-000-2014-00116-02 (3761-2016)
Resolución del caso concreto
47. De conformidad con los problemas jurídicos planteados, corresponde
determinar, si la señora Amparo Gómez Isaza tiene derecho a que la bonificación
por actividad judicial sea incorporada como factor salarial para la liquidación de su
pensión, pese a que el retiro del servicio se produjo el 27 de mayo de 2008, y si la
bonificación por servicios prestados debe computarse en el 100 % de su valor o,
como lo hizo la entidad, en una doceava parte. El estudio de estos aspectos
determinará el análisis de los demás puntos de inconformidad.
48. Se encuentra acreditado que la demandante adquirió el estatus pensional el 8
de marzo de 2003, al cumplir los requisitos previstos en el Decreto 546 de 1971,
como beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Lo anterior, teniendo en cuenta que nació el 8 de marzo de 195317 y laboró
en la Rama Judicial desde el 1.° de septiembre de 1977 hasta el 27 de mayo de
2008. Según la certificación emitida el 25 de septiembre de 201318, durante el último
año de servicio devengó los siguientes emolumentos: salario básico, prima especial
de servicios, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, vacaciones,
prima de vacaciones, bonificación por actividad judicial y prima de navidad.
49. Se advierte que la pensión fue reconocida por la extinta CAJANAL por medio
de la Resolución 03561 del 6 de febrero de 200819, conforme al Decreto 546 de
1971, tomando como ingreso base de liquidación el promedio de lo devengado
durante los últimos 10 años de servicio. No obstante, el 3 de abril de 2008, el
juzgado décimo laboral del circuito dispuso: «TUTELAR de manera definitiva, los
derechos fundamentales invocados por la señora AMPARO GÓMEZ ISAZA» y
ordenó reconocer la pensión de vejez equivalente al 75 % de la asignación mensual
más elevada correspondiente al último año laborado, «aplicando en su totalidad el
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, sin limitación alguna»20.
50. El 16 de septiembre de 2008, CAJANAL EICE expidió la Resolución 48092, en
cumplimiento del fallo de tutela, en la que incluyó como factores devengados en el
último año la asignación básica, la prima de servicios, la prima de vacaciones, la
prima especial de servicios; y la bonificación por servicios prestados, en una
doceava parte.
51. Posteriormente, por Resolución UGM 027510 del 19 de enero de 2012 21 la
entidad efectuó una nueva reliquidación, en la que además de los emolumentos ya
17
Archivo denominado «10-Fotocopia del documento de identidad-Causante». Ver CD ubicado a continuación
del folio 142 del expediente «24570667». Se precisa que los archivos a los que se haga alusión en adelante
se encuentran en este soporte digital.
18 Folios 46 a 47.
19 Archivo denominado «28-Resoluciones que resuelve de fondo la petición-Causante».
20 Archivo denominado «26-Fallo de tutela-Causante».
21 «Por la cual se ordena la reliquidación de una pensión mensual vitalicia de VEJEZ» Folios 29 a 33.
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mencionados22 incluyó «la prima de navidad»23. Sin embargo, mantuvo por fuera
del reajuste la bonificación por actividad judicial, al considerar que para la época del
retiro del servicio no constituía factor salarial. Argumento que reiteró en las
Resoluciones RDP 039194 del 26 de agosto de 201324, RDP 044898 del 26 de
septiembre de 201325 y RDP 045358 del 30 de septiembre de 201326.
52. Sobre la incorporación de la bonificación de actividad judicial, se advierte que,
en mayo de 2008, época en la que culminó la relación laboral, de acuerdo con la
Resolución 042 de 2008, en la que se aceptó la renuncia presentada por la actora
al cargo de jueza primera penal del circuito de Armenia27, se encontraba vigente el
Decreto 3131 de 2005, cuyo artículo 2 excluía dicho concepto como factor salarial
y prestacional. En ese sentido, la accionante no tiene derecho a que la referida
bonificación sea incluida en la liquidación de su pensión, como lo señaló la
demandada.
53. Si bien el Decreto 3900 de 2008 modificó la naturaleza de este haber laboral, el
retiro se produjo con anterioridad a la fecha desde la cual se le atribuyó la condición
de factor para determinar el ingreso base de cotización del sistema general de
seguridad social, esto es, a partir del 1 de enero de 2009. Acceder al reajuste en
estas condiciones implicaría aplicar el Decreto 3900 de 2008 a una situación jurídica
que debe estudiarse a la luz del Decreto 3131 de 2005, otorgándole efectos
retroactivos28.
54. Al respecto, se reitera lo manifestado por esta corporación en sentencia de
unificación del 12 de mayo de 202229, al concluir que, tanto el Gobierno en su
configuración legislativa, así como el legislador, tienen la facultad de regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así como decidir qué
emolumentos constituyen factor salarial para efectos de liquidar prestaciones
sociales y cuáles no, potestad que no vulnera derechos de los trabajadores pues no
existe una obligación constitucional que exija que todos los ingresos deban ser
tenidos en cuenta como base para dichas prestaciones. Situación que también se
predica respecto de aquellos que se establecen como factores para efectos
pensionales.
22 «asignación básica $3.631,662; bonificación por servicios prestados en una doceava parte $105.923; prima
de servicios $147.348; prima de vacaciones $153.488 y prima especial de servicios $1.089.499».
23
«$319.767».
24 «Por la cual se niega la reliquidación de una pensión de VEJEZ».
25 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución 39194 del 26 de agosto de
2013».
26 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 39194 del 26 de agosto de
2013».
27 Archivo denominado «34-Acto Administrativo de Retiro del Servicio Oficial-Causante».
28 La discusión sobre este factor ha sido abordada por la sección segunda de la corporación. Sentencia del 17
de febrero de 2015. Expediente: 660012333000201200023 01 (2572-2013). C.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren. Sentencia del 17 de febrero de 2022. Expediente: 17001-23-31-000-2010-00405-01(1896-13). C.P
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022. Exp. 05001-33-33-
000-2013-01009-01(2263-2018).
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55. En ese orden, la sala se aparta de la conclusión a la que llegó el tribunal para
declarar la nulidad de los actos administrativos y ordenar el reajuste de la
prestación, pues el hecho de recibir un concepto de forma habitual o periódica como
retribución del servicio no determina, por sí solo, su inclusión en la liquidación
pensional. Es necesario establecer si, para el período que sirve de fundamento para
el cómputo, se le atribuía tal naturaleza. Situación que en este caso resulta
relevante, pues el factor en discusión fue objeto de regulación.
56. La demandante también controvirtió la decisión al manifestar que la
bonificación por servicios prestados debe incluirse en el ingreso base de liquidación
en el 100 % de su valor, porque el derecho se causa al cumplir un año de servicio
«cosa que es tan cierta que, si un funcionario se retira con anterioridad […] no tiene
derecho a suma proporcional alguna; si ello fuera así, mal podría la entidad liquidar
en forma proporcional la bonificación».
57. La sala advierte que la recurrente parte de una confusión entre la causación
de la bonificación y su incorporación como factor salarial en la liquidación pensional.
En efecto, satisfecho el requisito del tiempo contemplado en el artículo 45 del
Decreto 1042 de 1978, el servidor adquiere el derecho a recibir la totalidad del valor
correspondiente por ese concepto, lo cual no significa que deba tomarse esa misma
suma para que integre el ingreso base de liquidación de la prestación económica.
Al tratarse de una bonificación que se genera al cumplirse un año continuo de labor,
para fines pensionales, el monto debe dividirse con el propósito de establecer la
parte que corresponde a cada mes de ese período, esto es, una doceava parte. 30
58. Así lo ha entendido la sección segunda de la corporación que ha sostenido
de forma pacífica, al pronunciarse sobre la bonificación por servicios prestados, que
los factores «causados anualmente, o en periodos distintos al mensual, deben ser
fraccionados para su respectiva inclusión»31. Esta interpretación fue igualmente
acogida por la Corte Constitucional32, en la que se concluyó que, para efectos
pensionales, debe tomarse la doceava parte y no el 100 % de aquella. De manera
que, la liquidación efectuada en relación con este haber laboral fue realizada de
forma correcta.
59. Definidos estos aspectos, se advierte que la decisión de primera instancia
debe ser revocada, dado que no resulta procedente la inclusión de la bonificación
por actividad judicial, como factor salarial para reajustar la pensión de la
30 Se destaca que, en sentencia del 28 de junio de 2018, expediente: 11001-03-25-000-2013-01128-00 (2665-
13), se precisó: «tal cuestionamiento, desde sus inicios, fue decidido jurisprudencialmente […], el cual ha sido
pacífico y reiterado, tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado y de él se puede concluir,
[…] que el monto total reconocido por ese concepto no remunera una mensualidad sino un año, es decir, doce
meses de servicio, y ello justifica que su inclusión dentro de la base salarial para liquidar la pensión de los
beneficiarios del Decreto 546 de 1971, tan solo sea en una doceava parte».
31 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2020. Expediente:
11001-03-25-000-2013-00116-01 (0262-2013). C.P. William Hernández Gómez.
32 Sentencia T-831 de 2012. Corte Constitucional. Sentencia del 22 de octubre de 2012. Referencia. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Radicación: 63001-23-33-000-2014-00116-02 (3761-2016)
demandante. Por sustracción de materia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento
de fondo sobre los demás motivos de inconformidad planteados en los recursos.
De la condena en costas en ambas instancias
60. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
61. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
62. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
63. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto ante la prosperidad parcial de la apelación de la
demandada, se revocará el fallo impugnado y, por tanto, la decisión proferida es
contraria a los intereses de la primera, lo que implica que ha resultado vencida en
juicio. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo: REVOCAR la sentencia del veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis
(2016) proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío que accedió parcialmente
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a las pretensiones para, en su lugar, negarlas, por las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta decisión.
Tercero: Condenar en costas a la parte demandante en ambas instancias.
Cuarto: Reconocer personería a la abogada Angélica María Medina Herrera,
identificada con cédula 1.143.366.390 y tarjeta profesional 272.397 para actuar
como apoderada de la UGPP, de conformidad con el poder visible en el índice 89
de SAMAI.
Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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