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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01505-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01505-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020, por medio la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Neyla Beatriz Castillo Vizcaíno en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- ADICIONAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, señalada en el numeral anterior, para 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 08001-23-33-000-2016-01505-01 (2406-2023) D em andante: N eyla B eatri z C asti ll o V izcaíno señalar que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social deberá realizar los descuentos en aportes en pensión sobre los factores cuya inclusión en la liquidación pensional se ordena. Para ello se autoriza a la entidad, descontar de los valores adeudados a la libelista en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen por concepto de aportes a pensión que en la proporción que como trabajadora le correspondía efectuar por el período de su relación laboral con la Rama Judicial. Igualmente, la UGPP deberá realizar las actuaciones interadministrativas correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante la Rama judicial frente a las sumas faltantes por concepto de cotizaciones a pensión que le habría correspondido como empleadora. Lo anterior, sin interrumpir la efectividad de la mesada pensional. TERCERO.- CONDENAR en costas de segunda instancia a la UGPP. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico. CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-01505-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2016-01505-01 (2406-2023)
Demandante: Neyla Beatriz Castillo Vizcaíno
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-
Tema: Reliquidación pensional. Régimen pensional de la Rama
Judicial. Decreto 546 de 1971.
Decisión: Confirma la decisión que accede parcialmente a las
pretensiones. Condena en costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la
sentencia del 13 de noviembre de 2020, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Atlántico1 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2. La señora Neyla Beatriz Castillo Vizcaíno, actuando por conducto de apoderado
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo demandó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con el fin
de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

2.1.1. Pretensiones

• Declarar la nulidad parcial de la Resolución 28543 de 19 de junio de 2007 proferida
por la Caja Nacional de Previsión Social a través de la cual se le reconoció la
pensión de jubilación, esto es sin aplicación del Decreto 546 de 1971.

1 Con ponencia del magistrado Ángel Hernández Cano.
2 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Opción: «Visualizar expediente». Archivo «01. DEMANDA-
ANEXOS.pdf».

Radicado: 08001-23-33-000-2016-01505-01 (2406-2023)
D em andante: N eyla B eatri z C asti ll o V izcaíno

• Declarar la nulidad de la Resolución RDP 054693 de 18 de diciembre de 2015 a
través de la cual la UGPP le negó su solicitud de reliquidación de la pensión
reconocida a su favor.

• Declarar la nulidad parcial de la Resolución RDP 024756 de junio 30 de 2016,
expedida por el director de pensiones de la UGPP, mediante la cual se declaró
fundado el recurso de queja presentado contra el auto del 1.° de abril de 2016 y se
revocó el auto ADP 004385, con lo que se resolvió el recurso de apelación
interpuesto en contra de la Resolución RDP 054693 del 18 de diciembre de 2015,
confirmándola en todas las partes

3. Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación de conformidad con lo señalado
por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y con aplicación del Decreto 546
de 1971 teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último
año de servicios, comprendido entre el 1.° de mayo de 2014 y el 30 de abril de
2015, con inclusión de la asignación básica mensual, la bonificación por servicios
prestados, las prima de productividad de los dos semestres y las primas de navidad,
de servicios y vacacional.

4. Igualmente solicitó que se condene a la entidad demandada al pago de la
mesada catorce dado que adquirió el estatus pensional el 1.° de julio de 2002, fecha
anterior a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005; que las diferencias
adeudadas sean actualizadas de acuerdo con el IPC sobre las diferencias dejadas
de reconocer desde el 1.° de abril de 2015 y hasta cuando se pague su totalidad,
que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 del
CPACA y que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada.

2.1.2. Fundamentos fácticos

5. Como sustento de las pretensiones se enunciaron los siguientes hechos:

6. La demandante nació el 27 de julio de 1949 y prestó sus servicios a la Rama
Judicial desde el 1.° de julio de 1982 hasta el 30 de abril de 2015, durante más de
32 años y 4 meses.

7. Dado que al 1.° de abril de 1994 se encontraba prestando sus servicios en la
Rama Judicial y contaba con 44 años de edad, es beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.

8. Mediante Resolución 28543 del19 de junio de 2007, le fue reconocida la pensión
de vejez por aportes, de conformidad con la Ley 71 de 1988.

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9. Según lo indicó, el valor de la pensión de jubilación debe ser equivalente al 75%
de lo devengado entre el 1.° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2015, su último
año de servicio. Por ello, el 8 de septiembre de 2015 solicitó la reliquidación
pensional para que se le incluyeran los valores causados en el último año de
servicios, incluida la bonificación judicial, de conformidad con el artículo 1.° del
Decreto 383 del 6 de marzo de 2013 del Departamento Administrativo de la Función
Pública.

10. Mediante la Resolución 054693 de 15 de diciembre de 2015 la UGPP le negó a
la demandante su solicitud de reliquidación de la pensión con base en que ésta
debía liquidarse de acuerdo con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y con
la inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales
se hubieren efectuado aportes. Contra esta Resolución se interpusieron los
recursos de reposición y apelación. A través de Auto 4385 de 1.° de abril de 2016
se rechazó el recurso de reposición.

11. La demandante interpuso recurso de queja el 22 de abril de 2016, que fue
declarado fundado mediante la Resolución RDP 024756 de 30 de junio de 2016,
acto administrativo en el que además se estudió la apelación, por lo que se confirmó
la Resolución RDP 054693 de 18 de diciembre de 2015.

12. En el último año de servicios devengó salario mensual, bonificación judicial
2015, bonificación por servicios prestados, prima de productividad I, prima de
productividad II, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas los artículos 1.°,
2.°, 4.°, 13, 25, 29, 53, 58, 90 y 209 de la Constitución Política; 6.° del Decreto 546
de 1971; 45 del Decreto 1045 de 1978; 36, inciso 2.° de la Ley 100 de 1993; 9.° de
la Ley 71 de 1988 y el Decreto 0383 de 2013.

14. Al desarrollar el concepto de la violación, indicó que, la UGPP, al expedir los
actos demandados incurrió en desconocimiento de las normas en que debería
fundarse porque desconoció que era beneficiaria del régimen de transición y con
ello del régimen especial establecido en el Decreto 546 de 1971 artículo 6.°, que
no le fue tomado en cuenta en el reconocimiento inicial.

15. Según se indicó en la demanda, laboró más de 20 años al servicio de la Rama
Judicial, con lo que le asiste el derecho a que la pensión se liquide de acuerdo con
las pautas establecidas en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, esto es, en
suma equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicios, y a considerarse como factores salariales
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todas las sumas que habitual y periódicamente percibió como retribución de sus
servicios, en atención a lo dispuesto en los artículos 6.° del Decreto 546 de 1971
y 12 del Decreto 717 de 1978.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. La UGPP3, a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la
demanda indicando que, los actos administrativos cuestionados fueron proferidos
acorde con el ordenamiento jurídico, porque se atendió al régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

16. Además, revisado el expediente administrativo de la parte demandante se tiene
que registró aportes al ISS por el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 1971
y el 5 de julio de 1982, así como aportes a CAJANAL entre el 1.° de julio de 1982
al 30 de noviembre de 2005. En ese sentido le fue reconocida la pensión por aportes
a través de la Resolución RDP 28543 de 19 de junio de 2007 atendiendo a lo
establecido en la Ley 71 de 1988 y en cuanto a su liquidación se tuvo en cuenta el
inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que si le faltan menos de los
10 años el ingreso base de liquidación el IBL sería el determinado de acuerdo con
el promedio de lo cotizado en el tiempo que le hiciere falta, pero si le faltaren más
de 10 años a la misma fecha el ingreso base de liquidación es el determinado en
el artículo 21 de la misma Ley 100 de 1993 y los factores salariales son los
señalados en el Decreto 1158 de 1994.

17. Finalmente adujo que en el caso hipotético de aplicarse a la parte demandante
el Decreto 546 de 1971, la forma de liquidar la prestación sería conforme al inciso
3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, liquidación que tiene su respaldo legal
constitucional y jurisprudencial como es la de la Corte Constitucional (sentencias
SU-427 de 11 de agosto de 2016, sentencia SU- 230 de 2015, C- 258 de 2013), por
lo que la entidad liquidó en debida forma la pensión de la demandante.

18. Propuso las excepciones de «inexistencia de las obligaciones reclamadas»,
«cobro de lo no debido», «compensación», «buena fe», «prescripción» e
innominada.

2.3. Sentencia de primera instancia4

19. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 13 de
noviembre de 2020 accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la
señora Castillo Vizcaíno y se abstuvo de imponer condena en costas.

3 Ibidem. Archivo «02. ADMISON-CONTESTACION.pdf». Folios 12 y s.s. del archivo PDF.
4 Ibidem. Archivo «06. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 13 NOV 2020.pdf»

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20. Para tal efecto se refirió al régimen general establecido en la Ley 100 de 1993,
su régimen de transición y con ello a la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso radicado CE- SUJ S2-
021-20 de 11 de junio de 2020 referente al personal de la Rama Judicial y el
Ministerio Público, regido por el Decreto 546 de 1971.

21. A partir del acervo probatorio allegado destacó que la accionante acreditó el
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de la pensión establecida en el
Decreto 546 de 1971 toda vez que nació el 27 de julio de 1949 e ingresó a la Rama
Judicial el 1.° de julio de 1982 y laboró de manera ininterrumpida hasta el 30 de
abril de 2015; además verificó que la Caja Nacional de Previsión Social previamente
le reconoció una pensión de jubilación por aportes a través de la Resolución 28543
de 19 de junio de 2007, teniendo en cuenta tanto los tiempos de labor en la Rama
Judicial como los cotizados en el Instituto de Seguros Sociales.

22. En escrito de 8 de septiembre de 2015 la demandante solicitó la reliquidación
pensional en aplicación de lo establecido en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971,
así como la inclusión de todos los factores salariales devengados durante su último
año de servicio a la Rama Judicial, en el cargo de secretaria del Juzgado Veinte
Civil Municipal de Barranquilla por ser beneficiaria del régimen de transición, pero
esta le fue denegada a través de los actos administrativos demandados.

23. Estimó que a la demandante sí le era aplicable el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 dado que contaba con 44 años de edad al momento de su entrada
en vigencia, además, también acreditaba el requisito de edad y tiempo de servicios
exigidos en el Decreto 546 de 1971; en se sentido, al 1.° de abril de 1994 le hacía
falta para consolidar su derecho pensional un equivalente a 8 años y 3 meses de
tiempo de servicio lo que ocurrió el 1.° de julio de 2002.

24. De acuerdo con esto y las pautas de la sentencia de unificación coligió que la
pensión de jubilación de la señora Neyla Beatriz Castillo Vizcaino debía liquidarse
con una tasa de remplazo del 75%, teniendo en cuenta el ingreso base de
liquidación establecido en los artículos 21 y 36, inciso 3.° de la Ley 100 de 1993,
esto es, el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir
el derecho pensional

25. En cuanto a los factores estableció que devengado en el año 2010 asignación
básica, bonificación judicial, bonificación por servicios prestados, prima de
servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de productividad I y II. Así
entonces, de conformidad con las pautas de la sentencia de unificación, la pensión
de la demandante debía liquidarse con la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados (Decreto 1158 de 1994), la prima de productividad (Decreto
2460 de 2006) y la bonificación judicial (Decreto 383 de 2013) que no fueron tenidos
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en cuenta por la Caja Nacional de Previsión Social al momento del reconocimiento
pensional.

26. De acuerdo con ello estimó que le asistía razón a la señora Castillo Vizcaíno
por lo que debía declararse la nulidad de los actos administrativos demandados,
para ordenar a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación de conformidad con lo
señalado por el Decreto 546 de 1971, en virtud de su condición de beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Estimó que como en las certificaciones
aportadas no se podía verificar sobre cuáles factores se habían realizado aportes,
en la eventualidad de que en su momento no se hubieren realizado se debía
ordenar el descuento sobre los mismos.

27. En cuanto a la mesada catorce, consagrada en el artículo 14 de la ley 100 de
1993, señaló que ésta sería desmontada de forma gradual, pero continuaría vigente
para quienes adquirieron su derecho prestacional antes de la entrada en vigencia
del Acto Legislativo 01 de 2005 y de manera excepcional para quienes adquirieron
su derecho antes del 31 de julio de 2011 y cuya mesada sea igual o inferior a 3
smmlv. Por tanto, como la demandante adquirió el derecho pensional el 1.° de julio
de 2002 tenía derecho a devengar la mesada catorce, por cuanto adquirió el
derecho antes del 25 de julio de 2005.

28. Así mismo consideró que en este caso no ocurrió el fenómeno de la prescripción
dado que la pensión se causó desde el 1.° de julio de 2002, sin embargo, su retiro
definitivo se produjo el 30 de abril de 2015 y la demanda fue presentada el 15 de
diciembre de 2016.

29. En consecuencia declaró la nulidad solicitada frente a los actos administrativos
demandados y a título de restablecimiento ordenó a la UGPP reliquidar la pensión
de jubilación de la señora Neyla Beatriz Castillo Vizcaino, desde el 1.° de mayo de
2015 (fecha de retiro del servicio) en adelante, con fundamento en el Decreto 546
de 1971, en monto equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el tiempo
que le hiciere falta para adquirir el derecho pensional, a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, por «ocho (8) años y tres (8) meses». Esto teniendo en cuenta
«[…] además de los factores salariales consagrados en el artículo 1° del Decreto
1158 de 1994, los contemplados en los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992, con la
modificación de la Ley 332 de 1996; Decreto 284 del Decreto 610 de 1998; 1° del
Decreto 1102 de 2012; 1° del Decreto 2460 de 2006; 1° del Decreto 3900 de 2008;
y 1° del Decreto 383 de 2013. Que, en el caso de la señora Neyla Beatriz Castillo
Vizcaino, son los siguientes: asignación básica, bonificación por servicios
prestados, bonificación judicial y prima de productividad».

30. Finalmente ordenó actualizar las sumas adeudadas de acuerdo con el IPC y
dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del
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CPACA y se abstuvo de imponer condena en costas a cargo de la accionada.

2.5. El recurso de apelación

31. El apoderado de la UGPP5 presentó recurso de apelación, donde solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de
la demanda.

32. Al efecto, explicó que no compartía la decisión adoptada en la sentencia dado
que las peticiones de la parte actora iban encaminadas a que se le reliquidara su
pensión con base en todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios tal como lo consagra el Decreto 546 de 1971, en consecuencia, los
pronunciamientos de la UGPP estaban relacionados bajo criterios diferentes a los
que se accedió en la sentencia, por lo que esta no es congruente con lo que se
demanda ni lo que se reclama en sede administrativa.

33. Además, adujo que no estaba acreditado que sobre los factores ordenados
incluir en la liquidación se hayan realizado los aportes al sistema de seguridad
social, siendo insuficiente que se encuentren enlistados en los Decretos 1158 de
1994, 2460 de 2006 y 383 de 2013, pues debía recordarse que el Consejo de
Estado, en sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, radicado
52001-23-33-000-2012-00143-01, dejó claro que los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos
beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones, por lo que para tal
efecto debe atenderse a lo que señalan los formularios CLEPB para compararlos
con el reporte de semanas cotizadas y de esta forma establecer si sobre los mismos
se efectuaron o no aportes al Sistema General de Pensiones.

34. Por este motivo dijo que no compartía la orden de inclusión de la bonificación
judicial y además no estaba enlistada en el Decreto 1158 de 1994. Así mismo la
sentencia no explica si la mencionada bonificación judicial se debía incluir en una
doceava parte.

35. Finalmente se refirió a las particularidades del caso de «Camargo Infante
Martina», sobre los que no se referirá la Sala, dado que no corresponde a la
demandante.

2.6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

2.6.1. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público

5 Idem.
Archivo «07.1 RECURSO DE APELACION SENTENCIA NYR NEYLA BEATRIZ CANTILLOVS UGPP
RAD 2016-01505-00-H.pdf ».
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guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

36. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.

37. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3287 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes
hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

38. En el presente caso, la demandada es apelante única, razón por la cual la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo
del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.

3.2. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala de Subsección determinar ¿si las órdenes de
restablecimiento impartidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico frente a los
factores que deben incluirse para el cómputo de la prestación se encuentran
acordes con el régimen normativo aplicable al reconocimiento y liquidación de la
pensión de jubilación de la señora Neyla Beatriz Castillo Vizcaíno?

3.3. Marco normativo

40. Para resolver este cuestionamiento la Sala se referirá a las reglas
jurisprudenciales sobre la interpretación del régimen de transición y sus
implicaciones frente a los funcionarios de la Rama Judicial, establecidas en la

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
7 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
8

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sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-208, de 11 de junio de 2020, proferida por
la Sección Segunda de esta Corporación, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 15001233300020160063001 (4083-2017),
y, con posterioridad, se verificarán las pruebas que reposan en el expediente.

3.3.1. Sentencia SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 2020, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-
2017).

41. En primer lugar es menester indicar que la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencia SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 20209, estableció, la
necesidad de unificar jurisprudencia toda vez que tanto en la Corte Constitucional
como en el Consejo de Estado existían diversas posiciones frente al régimen
pensional de los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público y su relación
con la Ley 100 de 1993.

42. En efecto, se tiene que la Corte Constitucional sostenía dos posturas jurídicas:
(i) La primera, en sus salas de revisión, según la cual, a quienes eran beneficiarios
del régimen especial contemplado por el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, por
virtud del régimen de transición, se les debía aplicar en su integridad dicho régimen
con fundamento en el principio de inescindibilidad de las normas; (ii) la otra, en la
que en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, la Corte determinó que
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición para
salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la
creación del sistema general de seguridad social, beneficio que consiste en la
aplicación ultractiva de los regímenes anteriores a los que se encontraba afiliado el
peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de
servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de
liquidación que corresponde al determinado por la misma Ley 100 de 1993 en sus
artículos 21 y 36 inciso 3.º.

43. En la citada providencia SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la Sección
Segunda de esta Corporación unificó su postura en torno a establecer el ingreso
base de liquidación (periodo de liquidación y factores a incluir) de las pensiones de
los servidores y ex servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público regulados
por el Decreto 546 de 1971, que causaron su derecho en virtud del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

44. Para tal efecto, la Corporación explicó que al reunirse las condiciones

8 No se identifica el consejero ponente porque se trata de una sentencia de unificación.
9 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001233300020160063001

(4083-2017).
9

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establecidas en el régimen de transición del sistema de seguridad social para la
fecha en la cual inició la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.º de abril de
1994 en el ámbito nacional o el 30 de junio de 1995 en el orden territorial,
correspondientes a tener cumplidos 35 o más años de edad en el caso de las
mujeres, 40 o más años de edad en el de los hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, se adquiere el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión al
amparo del régimen anterior bajo el cual trabajaron o cotizaron, que para el caso
de los que fueron funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio
Público corresponde al consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971.

45. Recordó la Corporación que este Decreto a su vez exige, para tener derecho al
reconocimiento de la pensión a su amparo, el cumplimiento de 50 años edad si se
trata de mujer, o 55 años para el caso del hombre y el tiempo de 20 años de
servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho
decreto10, de los cuales, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la
Rama Judicial o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

46. Por tanto, se estableció que cuando se es beneficiario del régimen de transición
por edad o por tiempo de servicios reunidos para la fecha de vigencia de la Ley 100
de 1993, que permite la aplicación del régimen anterior, y, a su vez, se adquirió el
estatus pensional con el cumplimiento de los requisitos de la edad y el tiempo de
servicios de ese régimen anterior, contemplado por el Decreto 546 de 1971 en el
artículo 6.º, ello implica que la pensión se debe reconocer al funcionario o empleado
de la Rama Judicial y del Ministerio Público, con una tasa de reemplazo del 75% y
en lo referente al ingreso base de liquidación, no se liquida con el del régimen
anterior, es decir, con la asignación más alta devengada el último año dedicado a
la actividad judicial, como reza en el artículo 6.º11 en mención, pues el que se debe
aplicar es el establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 21 y en el inciso 3.º
de su artículo 36.

47. Con fundamento en lo anterior explicó la Corporación que según el artículo 21 12
el ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esa ley, corresponde al

10 Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación

en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971, por lo que su
vigencia corresponde al 16 de julio de 1971.

11 Artículo 6. «Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55

años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al 75% de la asignación mensual mas elevada que hubiere devengado en el último año de servicio
en las actividades citadas» (Resalta la Sala).

12 Artículo 21. «INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones

previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso
de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
10

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promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE y que el inciso 3.º de su artículo 3613 dispone que el ingreso
base para liquidar la pensión de vejez de las personas que les faltare menos de 10
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. Al efecto puntualizó:

«[…]
4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los
siguientes presupuestos:

i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial,
tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o
más de servicios efectivamente cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar
el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o
de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de
1971;14 c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior
consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años
si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos
o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20
años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo
del 75%, e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso
3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base
en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con
los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994

13 Artículo 3 inciso 3. «El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso

anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE».

14 Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación

en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.

11

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al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332
de 1996;15 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto
2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se
trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre
que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas».

48. Específicamente en cuanto a los factores de liquidación la decisión de
unificación determinó que se debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de
1994, es decir: la asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima
técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad, ascensional de
capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por trabajo dominical
o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado
en jornada nocturna; y la bonificación por servicios prestados.

49. Asimismo, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes:

(a) Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de
1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial.

(b) La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para
los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes del
Ministerio Público ante magistrados de tribunales.

(c) La prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el
Decreto 2460 de 2006.

(d) La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de 2008
para los jueces y procuradores judiciales 1.

(e) La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los
servidores de la Rama Judicial.

50. Lo anterior, toda vez que, las normas señaladas establecieron que constituyen
factores de salario por lo que se tienen en cuenta para efectos de determinar el
ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado
los aportes correspondientes.

51. De ahí que la providencia en cita consideró que prestaciones tales como las
primas de vacaciones, de servicios y de navidad no deben ser incluidas en la
liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor salarial.

15 Artículo 1.°

12

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3.3.2. Lo acreditado en el proceso

52. En este caso, no se encuentra en discusión que la señora Neyla Beatriz Castillo
Vizcaíno se encontraba amparada por el régimen de transición de la Ley 100 de
1993, artículo 36, por cuanto:
▪ De la copia de su cédula de ciudadanía aportada al proceso indica que nació
el 27 de julio de 194916, por lo que al 1.° de abril de 1994 contaba con 44
años de edad.

▪ De conformidad con la certificación allegada a folio 28 ibidem, expedida por
la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla de 26 de agosto de 2015, la
demandante venía laborando en la Rama Judicial desde el 1.° de julio de
1982 y para esa fecha se desempeñaba como «secretaria municipal» en el
Juzgado 20 Civil Municipal de Barranquilla en propiedad. Allí se reportó que
desde el 1.° de abril de 2014 y al 31 de marzo de 2015 venía devengado
salario básico mensual, bonificación, bonificación judicial, prima de servicio,
«prima de productividad 180» (junio), prima de vacaciones, prima de
navidad, «prima de productividad 180» (diciembre), bonificación por
servicios, prima de servicios, prima de productividad 180 (abril).

▪ A folio 60 ibidem obra certificación expedida por el área de Recursos
Humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de 13 de
diciembre de 2016 donde se indicó además de los factores ya señalados lo
percibido en el mes de junio de 2015. Allí no se incluyó la prima de
productividad del mes de abril de 2015, relacionada en la anterior
certificación.

▪ Se allegó certificación17 de la coordinadora del Área de Talento Humano de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Atlántico en
la que se señaló que la señora Castillo Vizcaíno prestó sus servicios en la
Rama Judicial hasta el 30 de abril de 2015.

▪ Así mismo se reportaron los factores percibidos desde el 1.° de enero de
2005 hasta el 30 de abril de 2015. Estos son: sueldo mensual, bonificación
por servicios prestados, bonificación judicial, primas de servicios, de
vacaciones y de navidad, prima de productividad y «prima de producción».

16Expediente digitalizado. Sistema Samai. Opción: «Visualizar expediente». Archivo «01. DEMANDA-
ANEXOS.pdf». Folio 2 del archivo PDF.

17 Ibidem. Archivo «04. ACTAA.I.-PRUEBAS.pd». Folio 15 del documento pdf.

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▪ Mediante la Resolución 28543 de 9 de junio de 200718, la Caja Nacional de
Previsión Social reconoció a favor de la demandante una pensión de
jubilación por aportes, allí se relacionó entre los tiempos de servicios,
cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales desde el 26 de mayo de 1971
hasta el 5 de julio de 1982. Así mismo se tuvieron en cuenta los tiempos que
a esa fecha se habían reportado como laborados en la Rama Judicial desde
el 1.° de julio de 1982 hasta el 30 de noviembre de 2005. De acuerdo con
ello dedujo que la fecha de la adquisición del estatus fue el 27 julio de 2004:

53. Allí se indicó que la liquidación pensional se realizaría sobre el 75% del salario
promedio devengado durante los últimos 10 años, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia 168 de 20 de abril de 1995
de la Corte Constitucional, por lo que tomaría el tiempo comprendido entre el 1.° de
diciembre de 1995 y el 30 de noviembre de 2005. Esto, con el 75% del promedio
de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, conforme a lo establecido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En cuanto a los factores, la liquidación
indica (f. 1619) que se tuvo en cuenta la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados, la «prima de nivelación», lo que arrojó una tasa de reemplazo
de $1´228.129 pesos, con cuota parte a cargo del Instituto de Seguros Sociales y
del Fondo de Pensiones Púbicas del nivel nacional. Lo anterior, a partir del 1.°de
diciembre de 2005 y con efectividad desde la demostración del retiro del servicio.

➢ Actuación Administrativa.

▪ A folio 2220 obra copia de memorial de 8 de septiembre de 201521 elevado
por la demandante donde le solicitó a la UGPP reliquidar su pensión dado,
que a la fecha en que solicitó por primera vez el reconocimiento pensional
(29 de diciembre de 2005) ya contaba con 23 años de servicios en la Rama
Judicial y más de 50 años de edad, por lo que en su consideración debió
aplicársele el Decreto 546 de 1971, artículo 6.°. Por tanto, solicitó

18 Folio 13 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Opción: «Visualizar expediente». Archivo «01. DEMANDA-

ANEXOS.pdf». Folio 2 del archivo PDF.
19 Ibidem. Folio 2 del archivo PDF.

20 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Opción: «Visualizar expediente». Archivo «01. DEMANDA-
ANEXOS.pdf». Folio 22 del archivo PDF.
21 A la fecha de presentación del memorial se hace alusión en el Aco demandado RDP 054693 de 18 de

diciembre de 2015. Folio 31.
14

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nuevamente la aplicación del Decreto en mención y con ello la reliquidación
de la mesada con base en los factores salariales percibidos entre el 1.° de
abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015, eso es con la inclusión del sueldo
mensual, la bonificación judicial, la bonificación por servicios prestados, la
prima de productividad I, la prima de productividad II, la prima de navidad, la
prima de vacaciones y la prima de servicios.

▪ A través de la Resolución RDP 054693 de 18 de diciembre de 201522, la
UGPP le negó a la accionante la reliquidación de su pensión de jubilación,
con base en que las reclamaciones de casos como el suyo, se debían
resolver de acuerdo con lo desarrollado por los artículos 21 y 36 de la Ley
de 100 de 1993, con respeto de la edad, tiempo y monto del régimen anterior,
pero con liquidación de la mesada con los últimos 10 años de servicio o el
tiempo que les hiciere falta y la inclusión únicamente de los factores
salariales sobre los que hubieren efectivamente realizado aportes y que se
encuentren establecidos por el Decreto 1158 de 1994. En consecuencia, la
prestación se debía liquidar con el 75% del promedio de las reglas
establecidas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100.

▪ Contra esta decisión la demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación23.

▪ Por auto RDP 04385 de 1.° de abril de 201624 fue rechazado el recurso de
apelación. Así mismo interpuso recurso de queja ante la entidad25.

▪ A través de la Resolución RDP 024756 de 30 de junio de 201626 la UGPP
resolvió el recurso de queja y lo declaró fundado; allí mismo resolvió el
recurso de apelación interpuesto, con lo que confirmó la decisión inicial de
no acceder a la reliquidación pensional solicitada.
3.3.3. Análisis de la Sala.
54. Como ya se indicó, es evidente que la accionante se encontraba amparada por
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que a la entrada en vigencia
de la norma acreditaba 44 años de edad. Además, ingresó a la Rama Judicial antes
de la entrada en vigor de la norma y laboró allí desde el 1.° de julio de 1982 hasta
el 30 de marzo de 2015.
55. Si bien es cierto que se acreditaron cotizaciones en el Instituto de Seguros
Sociales desde el 26 de mayo de 1971 hasta el 5 de julio de 1982, no obstante,
para la fecha en que solicitó por primera vez el reconocimiento de su pensión de

22 Ibidem. Folios 31 y s.s.
23 Ibidem. Folio 36 y s.s. del archivo PDF.
24 Ibidem. Así se indicó en el folio 47 en la Resolución RDP 024756 de 30 de junio de 2016.
25 Ibidem. Folios 46 y s.s.
26 F o l i o s 47 y s.s. ibidem.
15

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jubilación (26 de diciembre de 2005 como se lee a folio 13 ibidem) la señora Castillo
Vizcaíno ya acreditaba 20 años de servicios en la Rama Judicial, por lo que le
asistía el reconocimiento a la pensión de jubilación de acuerdo con el Decreto 546
de 1971, pues no era necesario computar el tiempo laborado en el Instituto de
Seguros Sociales completar los años de servicios exigidos.
56. Por tanto, con mayor razón, al momento de solicitar la reliquidación pensional
la demandante ya contaba tanto con la edad, como con el tiempo de servicios que
exige el Decreto 546 de 1971 para obtener el derecho a la prestación solicitada y
en este sentido el reconocimiento efectuado por la entidad a la luz de lo establecido
por la Ley 71 de 1988 no guardaba relación con la situación fáctica puesta de
presente a la entidad.
57. De acuerdo con ello, le asistió razón al Tribunal cuando declaró la nulidad de
los actos demandados, dado que la Resolución 28543 de 19 de junio de 2007 le
reconoció la pensión a la señora Castillo Vizcaíno bajo los parámetros de la Ley 71
de 1988 y, además, por cuanto a través de las Resoluciones RDP 054693 de 18 de
diciembre de 2015, 024756 de junio 30 de 2016, se le negó la reliquidación
pensional a la cual le asistía derecho.
58. Ahora bien, la entidad apelante señaló que las peticiones de la parte actora iban
encaminadas a que se le reliquidara su pensión con base en todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios tal como lo consagra el Decreto
546 de 1971, en consecuencia, los pronunciamientos de la UGPP estaban
relacionados bajo criterios diferentes a los que se accedió en la sentencia, por lo
que esta no es congruente con lo que se demanda ni lo que se reclama en sede
administrativa.

59. No le asiste razón en este argumento a la UGPP, comoquiera que las
pretensiones formuladas en la demanda se propusieron a la luz de lo establecido
por el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971 y a la anterior concepción de la
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a los funcionarios que
acreditaron los requisitos exigidos en el citado decreto, donde se reconocía la
pensión con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado
en el último año de servicio, empero, lo que se advierte de los antecedentes de
esta providencia, es que la sentencia apelada acató la postura unificadora de la
Sección Segunda de esta Corporación de 11 de junio de 2020, radicado 15001 23
33 000 2016 00630 01 (4083-2017), donde incluso no se atiende de todos los
factores devengados ni al último año de servicio como lo solicitó la accionante,
siendo evidente que no se rebasó el marco de las pretensiones de la demanda.

60. Ahora bien, es menester recordar al apelante que, en la citada sentencia de
unificación, se determinó que las consideraciones allí expuestas tenían aplicación
retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada era vinculante en los siguientes
casos:
16

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(i) Respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando
en el seno de la administración;
(ii) Respecto de los procesos similares que se están adelantando en
juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado.

61. En esa medida, como en el sub lite se solicitó la reliquidación de la pensión con
base en lo dispuesto por el Decreto 546 de 1971, en virtud de la aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era imperante que el Tribunal
Administrativo del Atlántico aplicara las pautas allí impartidas, como en efecto lo
hizo, al ordenar la reliquidación de la prestación con fundamento en el Decreto 546,
en suma equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el tiempo que le
hiciere falta para adquirir el derecho pensional, a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, ( 8 años y 3 meses); esto con inclusión, además de los factores
salariales consagrados en el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, los
contemplados en los artículos 14 de la Ley 4a de 1992, con la modificación de la
Ley 332 de 1996; Decreto 284 del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de
2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto
383 de 2013 y que en el sub lite son los siguientes: asignación básica, bonificación
por servicios prestados, bonificación judicial y prima de productividad.
62. Ahora bien, resulta necesario precisar que la sentencia de unificación examinó
la naturaleza jurídica de los factores salariales definidos por el legislador, con el
propósito de identificar aquellos que, por su carácter remuneratorio, integran el
ingreso base de cotización al Sistema General de Pensiones. Si bien en dicha
providencia la Sección indicó que deben incorporarse al IBL los factores respecto
de los cuales se hubieren efectuado aportes efectivamente, lo cierto es que en esa
oportunidad no se abordó la hipótesis en la que el empleador incumple la obligación
legal de practicar los descuentos y realizar los aportes pensionales sobre factores
que, por mandato expreso del legislador, son objeto de cotización obligatoria.
Conviene recordar que la realización de tales aportes no constituye una facultad
dispositiva del trabajador, sino un deber jurídico imperativo a cargo del empleador,
derivado tanto del régimen legal de la seguridad social como de la condición de
norma de orden público que ostentan las disposiciones que regulan la materia.

63. En esa medida, dado que la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020
no examinó la situación específica relativa a la omisión del empleador en realizar
los aportes en pensión sobre los citados factores en casos de los servidores
amparados por el régimen de transición a quienes resultan aplicables los criterios
del Decreto 546 de 1971, es claro que dicha arista no fue objeto de unificación
jurisprudencial.
64. Por consiguiente, el Tribunal, al resolver el caso concreto, estaba habilitado
para pronunciarse sobre el problema jurídico, estableciendo cuáles factores
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salariales pueden integrarse al ingreso base de liquidación conforme a su
naturaleza jurídica acorde a lo señalado por la Unificación. Y como no fue aspecto
de unificación, frente a aquellos factores respecto de los cuales no se hubieren
efectuado aportes por parte del empleador, resultaba jurídicamente viable ordenar
los descuentos correspondientes para garantizar la integridad del ingreso base de
cotización y con ello la sostenibilidad del sistema pensional.

65. Al respecto, el a quo señaló que «[…] en las certificaciones inmersas en el
expediente, no fluye lo relativo a los factores salariales respecto de los cuales la
accionante efectuó los aportes para la inclusión de los aquí ordenados, en la
eventualidad de que en su momento no se hayan realizado, se deberá ordenar el
descuento de los aportes sobre dichos factores». Empero advierte la Sala que la
citada orden no fue incluida en la parte resolutiva por lo que deberá adicionarse la
sentencia apelada en lo pertinente para garantizar el efectivo cumplimiento de la
decisión, sin que esto afecte el principio de la non reformatio in pejus
66. Finalmente es de señalar que el apoderado manifiesta su disenso frente a la
orden de inclusión de la bonificación judicial, dado que no se impuso ser atendida
por doceavas al momento de incluirla en el IBL.
67. Sobre este punto, es importante indicar que la bonificación judicial fue creada a
través del Decreto 383 de 2013 en su artículo 1.º en el que estableció para los
servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica
el régimen salarial y prestacional fijado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de
1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las
disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, que se
reconocerá mensualmente a partir del 1.° de enero de 2013 mientras el servidor
público permanezca en el servicio, y constituirá únicamente factor salarial para la
base de cotización al sistema general de pensiones.
68. Así mismo, el artículo 3.º ordenó que, en concordancia con el artículo 10.° de la
Ley 4ª. de 1992, ninguna autoridad puede establecer o modificar «el régimen
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto» y que
cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos. En esa medida, dado que la bonificación judicial debe pagarse
mensualmente no es viable acceder a que se incluya en el IBL por doceavas como
ocurre con otro tipo de factores cuya periodicidad en su pago es semestral o anual.

69. De acuerdo con lo anterior, se confirmará la sentencia dictada el 13 de
noviembre de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas. Se adicionará para ordenar el descuento sobre los aportes en pensión
sobre los factores cuya inclusión se ordena, en caso de que estos no se hayan
realizado.

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3.5. Condena en costas.

70. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

71. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

72. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

73. En consecuencia, se impondrán costas de esta instancia a la entidad apelante
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

74. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020, por
medio la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda instaurada por la señora Neyla Beatriz Castillo
Vizcaíno en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por las razones expresadas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- ADICIONAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020 por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, señalada en el numeral anterior, para

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señalar que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social deberá realizar los descuentos
en aportes en pensión sobre los factores cuya inclusión en la liquidación pensional
se ordena. Para ello se autoriza a la entidad, descontar de los valores adeudados
a la libelista en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en
su contra si existen por concepto de aportes a pensión que en la proporción que
como trabajadora le correspondía efectuar por el período de su relación laboral con
la Rama Judicial. Igualmente, la UGPP deberá realizar las actuaciones
interadministrativas correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante
la Rama judicial frente a las sumas faltantes por concepto de cotizaciones a pensión
que le habría correspondido como empleadora. Lo anterior, sin interrumpir la
efectividad de la mesada pensional.

TERCERO.- CONDENAR en costas de segunda instancia a la UGPP. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la
plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código General
del Proceso.

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