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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00859-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00859-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. REVOCAR la sentencia proferida el seis (6) de junio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, se ACCEDE PARCIALMENTE a las pretensiones de la demanda, y SE DECLARA la nulidad parcial de las Resoluciones SUB-44036 del 21 de febrero, SUB- 152797 del 13 de junio y DIR -14375 del 8 de agosto de 2018. SE ORDENA A COLPENSIONES reliquidar la pensión reconocida al actor desde la fecha de su retiro 28 de febrero de 2017 en adelante, con fundamento en el Decreto 546 de 1971, en monto equivalente al 75% del promedio de lo devengado en los últimos diez años anteriores a su retiro con inclusión de los factores salariales consagrados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 y también los contemplados; artículo 1° del Decreto 2460 de 2006; y 1° del Decreto 383 de 2013, siempre y cuando al momento de dar cumplimiento a esta providencia se verifique que efectivamente hayan sido percibidos por el demandante. Colpensiones deberá pagar las diferencias que resulten entre las mesadas reconocidas y las que resulten al dar cumplimiento de lo ordenado en esta providencia en favor del demandante. Deberá realizar los descuentos en aportes en pensión sobre el/los factores cuya inclusión en la liquidación pensional se ordena. Para ello se autoriza a la entidad, en el evento de que no lo haya hecho, descontar de los valores adeudados a la actora en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen por concepto de aportes a pensión por los factores que se incluyan que en la proporción que como trabajadora le correspondía efectuar por el período de su relación laboral con la Fiscalía general de la Nación. Igualmente, deberá realizar las actuaciones interadministrativas correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante la Fiscalía general de la Nación frente a las sumas faltantes por concepto de cotizaciones a pensión que le habría Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicado: 25000234200020190085901 (3973-2023) correspondido como empleadora. Lo anterior, sin interrumpir la efectividad de la mesada pensional. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00859-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000234200020190085901 (3973-2023)
Demandante: Máximo Ordóñez Ordóñez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES

Tema: Reliquidación pensión régimen de transición Decreto 546 de 1971.
REVOCA SENTENCIA y ACCEDE PARCIALMENTE A LAS
PRETENSIONES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el seis (6) de junio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Máximo Ordóñez Ordóñez instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones SUB-44036 del 21 de
febrero, SUB-152797 del 13 de junio y DIR 14375 del 8 de agosto de 2018, por
medio de las cuales se reliquidó la pensión de vejez concedida mediante
Resolución GNR 26153 del 23 de enero de 2017, desconociendo, según afirma,
la aplicación del régimen de transición a su favor y el cómputo de los tiempos
cotizados.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a Colpensiones
reconocer y computar todos los períodos laborados. Inaplicar por
inconstitucionalidad las normas, sentencias de unificación y demás precedentes

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que resultes contrarios a lo pretendido.

4. Acceder a la reliquidación de la prestación con el 75% de la asignación mensual
más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971. Pagar
las diferencias producto del ajuste, desde la fecha de su efectividad hasta la
inclusión en nómina de tal reliquidación con los correspondientes intereses y
condenar en costas a la demandada.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

6. Que el actor laboró de forma continua al servicio de la Rama Judicial y
posteriormente de la Fiscalía General de la Nación desde el 1 de julio de 1974
hasta el 20 de febrero de 2017, periodo que equivale a 2.182 semanas de
trabajo.

7. Que COLPENSIONES al momento de estudiar si tenía derecho a la pensión le
reconoció parcialmente dicho tiempo, pues excluyó el período laborado entre el
1. ° de julio de 1974 y el 11 de marzo de 1988 pese a existir certificaciones
oficiales de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá que acreditan la totalidad de los periodos laborados, los cuales no
fueron objetados.

8. Que está demostrado que para el 1.º de abril de 1994, fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 15 años de servicios, razón
por la cual es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de dicha ley.
Que, cumplió 20 años de servicio el 30 de junio de 1994, alcanzó la edad de 55
años el 11 de mayo de 2009, y para 2005 había superado las 750 semanas
exigidas, sin perder el régimen transicional.

9. Que bajo el régimen pensional especial de la Rama Judicial, consolidó su
estatus pensional por edad el 11 de mayo de 2009, fecha a partir de la cual
adquirió el derecho a la pensión de vejez, conforme al régimen anterior que lo
amparaba por encontrarse vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Considera vulnerados los artículos 1,2,13, 23, 29, 42 a 77 de la Constitución

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Política, así como de normas legales en materia pensional, especialmente
Decreto 546 de 1971 y disposiciones concordantes sobre liquidación de
pensiones. También normas convencionales y constitucionales sobre el respeto
a los derechos adquiridos en materia laboral. Protocolo de San Salvador
artículos 1 y 2. Convención Americana sobre derechos humanos aprobada en
Colombia mediante Ley 16 de 1972. Pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales, artículos 6,7 y 8.

11. Manifestó que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, por haber acreditado más de 15 años de servicio
antes del 1.º de abril de 1994, razón por la cual debe aplicársele el régimen
pensional anterior vigente al momento de su vinculación.

12. Que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 19 años y
9 meses de servicios, y completó los 20 años exigidos por el régimen especial
de la Rama Judicial el 30 de junio de 1994. Por lo anotado, concluye los actos
demandados están falsamente motivados y vulneran las normas y derechos
constitucionales mencionados.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

13. La demanda fue admitida el 22 de noviembre de 2019, Colpensiones manifestó
que el demandante al 1. ° de abril de 1994 contaba con 39 años de edad y
acreditaba un total de 7 años de servicio, por lo cual no acredita ni la edad ni
los 15 años de servicios y/o cotizaciones (750 semanas) razón por la cual no
es beneficiario del régimen de transición, siendo procedente el estudio bajo lo
reglado en la Ley 797 de 2003. Que no le asiste el derecho a su pensión
aplicando el 75% del IBL teniendo en cuenta todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 546 de 1971.

14. Respecto de los tiempos certificados a través de formatos CLEBP por parte de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá para los
periodos desde el 01 de julio de 1974 hasta el 11 de marzo de 1988 cotizados
a CAJANAL, manifestó que presentan inconsistencias, por lo que al no ser
subsanados fueron desestimados.

15. Por auto de 19 de agosto de 2021 en virtud del artículo 42 de la Ley 2080 de
2021 se dio trámite para proferir sentencia anticipada.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 6 de junio
de 2022 negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
Consideró que la controversia gira en torno a determinar si el señor Máximo
Ordóñez Ordóñez tiene derecho a que su pensión sea reconocida teniendo en
cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado
en el último año de servicios.

17. La Sala advierte que el tribunal al relacionar las pruebas mencionó de manera
errónea actos administrativos proferidos por la UGPP y tuvo como demandante
a la señora Olga Luz Zapata Lotero, respecto de quien manifestó que era
beneficiaria del régimen de transición y a su vez, del régimen especial
establecido en el Decreto 546 de 1971.

18. Sin embargo más adelante en la providencia se concluyó que los actos
demandados se encuentran ajustados a derecho porque en los términos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la parte demandante no tiene derecho a la
reliquidación del beneficio pensional que le fuera reconocido teniendo en cuenta
el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el
último año de servicio, ya que el cálculo de su monto (IBL) debe realizarse
según las prescripciones establecidas en el artículo 36 ibidem, tal y como lo
hizo la entidad demandada.

19. Por lo anotado, negó las pretensiones de la demandada formulada por el señor
Máximo Ordóñez Ordóñez en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones – COLPENSIONES.

RECURSO DE APELACIÓN

20. La parte actora interpuso recurso de apelación en el que manifestó que en el
proceso quedó plenamente demostrado que laboró sin solución de continuidad
al servicio de la rama judicial y la fiscalía general de la Nación desde el 1.º de
julio de 1974 hasta el 20 de febrero de 2017, acreditando 2.182 semanas,
conforme a certificaciones oficiales, formularios 1, 2 y 3B y certificaciones
CETIL, las cuales no fueron objetadas y tienen plena eficacia probatoria.

21. Reprochó que tanto COLPENSIONES como el tribunal desconocieran tiempos
efectivamente laborados, particularmente entre 1980 y 1988, pese a estar
debidamente acreditados, lo que condujo a negar injustificadamente el régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

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22. Insistió en que para el 1.º de abril de 1994, acreditaba 19 años, 9 meses y 1 día
de servicio, superando ampliamente los 15 años exigidos, y que además
cumplió 20 años de servicio el 30 de junio de 1994. Que se encuentra probado
que nació el 11 de mayo de 1954, por lo que cumplió 55 años el 11 de mayo de
2009, consolidando su estatus pensional bajo el régimen especial de la Rama
Judicial, sin haber perdido el régimen de transición, ya que para 2005 superaba
las 750 semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005.

23. También cuestionó que la sentencia incurrió en falta de motivación, errores
fácticos graves, incongruencia procesal y defectuosa valoración probatoria, al
punto de referirse a hechos, entidades y situaciones ajenas al proceso.
Igualmente, criticó la indebida aplicación de las sentencias SU-230 de 2015 y
SU-0143 de 2018, al concluir erróneamente que al actor le faltaban menos de
diez años para pensionarse, cuando está acreditado que su estatus pensional
se configuró más de diez años después de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993.

24. Finalmente, solicitó la revocatoria total de la sentencia, y que se acceda a las
pretensiones, ordenando la reliquidación de la pensión aplicando el régimen de
transición, incluyendo el cómputo de todo el tiempo laborado actualizado con
IPC, en respeto del principio de favorabilidad, y de los derechos fundamentales
al debido proceso, seguridad social y acceso efectivo a la justicia.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

25. El 24 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación. Las partes
guardaron silencio.

26. El señor agente del Ministerio público emitió concepto, en el que solicitó se
revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda a las
pretensiones de la demanda, por considerar que de acuerdo con las pruebas
aportadas se puede observar que el actor al momento de entrar en vigencia la
Ley 100 de 1993 contaba con 39 años y más de 18 años de servicios, por lo
que, quedó cobijado por el régimen de transición de que trata el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.

27. Que por encontrase vinculado a la Fiscalía antes del 1º de abril de 1994, tiene
derecho a la aplicación de la normativa anterior, esto es el Decreto 546 de 1971,
pero solo en cuanto a la edad, el tiempo de servicio o las semanas cotizadas y
el monto entendido como tasa de reemplazo. En cuanto al IBL, las reglas
aplicables son las contenidas en el artículo 21 de la referida Ley 100 de 1993 y

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el Decreto 1158 de 1994, junto con las subreglas establecidas en la sentencia
CE-SUJ-S2-021-20 de fecha 11 de junio de 2020.

28. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

29. Corresponde a la Subsección determinar si el demandante es beneficiario del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y si
debido a eso, tiene derecho a la reliquidación de su pensión conforme al
régimen pensional especial establecido en el artículo 6 de Decreto 546 de 1971.

30. Para efectos de dar solución se tendrá en cuenta el siguiente marco normativo.

Régimen de transición artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y Régimen especial de
pensión establecido en el Decreto 546 de 1971.

31. La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones», en su artículo 361, consagró un régimen de
transición en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de
personas que estaban próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los
regímenes pensionales que quedarían derogados con su entrada en vigencia,
en el sentido de mantenerles algunos de los presupuestos para acceder a la
pensión en condiciones particulares más favorables.

32. De lo anterior, se deduce que, ante el nuevo marco regulatorio de la pensión de
vejez en el Sistema General de Pensiones, el legislador quiso establecer un
régimen de transición para garantizar a un grupo de personas el beneficio de
una pensión de vejez con los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas
cotizadas y monto del régimen pensional anterior, mientras que las demás
condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100 de
1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

1 «Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años

para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en
2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto
de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de
edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a
estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]»

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33. En sentencias C258 de 2013, SU230 de 2015 y SU247 de 2016, entre otras, la
Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el
régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto
en la citada ley, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad,
monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

34. Ahora, en lo relativo al reconocimiento de la pensión de los servidores de la
Rama Judicial y el Ministerio Público a quienes se les aplica el Decreto 546 de
1971 por ser beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, siguiendo el criterio de la Sala Plena, la Sección
Segunda del Consejo de Estado emitió sentencia de unificación jurisprudencial
el 11 de junio de 2020, en la que definió los parámetros para liquidar esa
prestación, de la siguiente manera:

«[…] Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del
Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si
es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de
servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de
reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos
21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más
de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado
el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de
liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que
por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332
de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del
Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de
2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del
Ministerio Público […]». (Negrita fuera de texto).

35. Específicamente en cuanto a los factores de liquidación determinó que se
debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, es decir: la
asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima técnica,
cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad, ascensional de
capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por trabajo
dominical o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas
extras, o realizado en jornada nocturna; y la bonificación por servicios
prestados.

36. También, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de

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Radicado: 25000234200020190085901 (3973-2023)
la Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales
en la liquidación de su pensión los siguientes:

Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó
la Ley 4ª. de 1992, para los magistrados y agentes delegados ante
la Rama Judicial.
La bonificación por compensación creada por el Decreto 610
de 1998 para los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para
los magistrados y agentes del Ministerio Público ante magistrados
de tribunales.
La prima de productividad para los empleados judiciales
ordenada por el Decreto 2460 de 2006.
La bonificación por actividad judicial establecida por el
Decreto 3900 de 2008 para los jueces y procuradores judiciales
1.
La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013
para los servidores de la Rama Judicial.

37. Lo anterior, porque, las normas señaladas establecieron que constituyen
factores de salario por lo que se tienen en cuenta para efectos de determinar el
ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan
efectuado los aportes correspondientes. De ahí que la providencia en cita
consideró que prestaciones tales como las primas de vacaciones, de servicios
y de navidad no deben ser incluidas en la liquidación de la pensión, dado que
no constituyen factor salarial.

38. Las reglas de unificación citadas constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en
estudio en la vía judicial y administrativa.

39. Acerca de la omisión de los empleadores en efectuar las cotizaciones
obligatoria sobre los factores de ley percibidos por los empleados durante su
vinculación laboral, la Sala recientemente2 manifestó que es un supuesto que
no fue analizado en la sentencia de unificación 11 de junio de 20203 y por ende,
no podría extenderse la interpretación que corresponde incluir «solo aquellos
factores que establezca la ley y sobre los cuales se hicieron cotizaciones», pues
la realización de tales aportes no constituye una facultad del trabajador, sino un
deber jurídico imperativo a cargo del empleador, derivado tanto del régimen
legal de la seguridad social como de la condición de norma de orden público
que ostentan las disposiciones que regulan la materia.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, 08001-23-33-000-2016-01505-01 (2406-

2023)
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas. Radicado, 15001 23 33 000 2016

00630 01 (4083-2017).

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Radicado: 25000234200020190085901 (3973-2023)
40. Bajo ese supuesto, la Subsección considera que como no fue aspecto de
unificación, resultaba jurídicamente viable ordenar los descuentos
correspondientes para garantizar la integridad del ingreso base de cotización y
con ello la sostenibilidad del sistema pensional.

41. En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos lineamientos.

Resolución al caso concreto

42. En principio se advierte que, pese a las imprecisiones observadas en la
providencia4, la Subsección considera que ello no impide el análisis en segunda
instancia por cuanto la lectura de la providencia da cuenta de que los hechos,
pretensiones de la demanda y el problema jurídico allí planteado correspondió
a la situación fáctica del actor y finalmente, las conclusiones permitieron al
tribunal negar las pretensiones invocadas por considerar los actos demandados
se encuentran ajustados a derecho en cuanto a los términos del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 respecto del señor Máximo Ordóñez Ordóñez.

43. Adicionalmente la parte actora al interponer el recurso de apelación controvirtió
esa negativa e insistió en los argumentos y pretensiones de su demanda
reiterando que sí le asiste el derecho a la reliquidación de su pensión como
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y del régimen
especial establecido en el Decreto 546 de 1971.

44. Precisado lo anterior, la Sala advierte que la negativa de Colpensiones se basa
en que el actor no puede pretender la aplicación del régimen especial de
pensión consagrado en el Decreto 546 de 1971, por cuanto, no es beneficiario
del régimen de la transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Recordemos dicho beneficio se obtiene ya sea por acreditar a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, la edad (35 años mujeres o 40 años hombres)
o el tiempo de servicios 15 años.

45. Según consta en el expediente el actor nació el 11 de mayo de 1954 5 por tanto
para el 1 de abril de 1994, contaba con 39 años. Es decir, por el requisito de la
edad no se encuentra cumplido.

4En la sentencia proferida en primera instancia se observan imprecisiones en la relación probatoria, como también

la identidad de las partes pues en algunos apartes se menciona como demandada a la UGPP y como demandante,
a la señora Olga Luz Zapata Lotero.
5
Así da cuenta la cédula de ciudadanía allegada a folio 30 de la demanda. Información que a su vez coincide con
lo consignado en los actos demandados ver folios 36, 46 y 50 expediente físico.

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46. Respecto al tiempo de servicios laborados (15 años) encuentra la Sala que este
es el punto central de la controversia, pues en los actos demandados se
tuvieron en cuenta para el cómputo únicamente los siguientes periodos:

ENTIDAD DESDE HASTA CAJA DIAS
DONDE
LABORÓ
RAMA 1974/07/01 1980/06/30 UGPP 2160
JUDICIAL
DIR. SECC.
DE AD
FISCALÍA 1992/06/01 1992/07/31 UGPP 60
GENERAL
NACIÓN
2 FISCALÍA 1992/08/01 1994/12/31 UGPP 870
SECCIONAL
BOGOTÁ

47. No obstante, el actor insiste que laboró ininterrumpida desde el 1. ° de julio de
1974 a 20 de febrero de 2017 y que Colpensiones en los actos proferidos
desconoció los años 1980 a 1988 por presentar inconsistencias en los formatos
CLEBP allegados.

48. Ahora la revisión de las pruebas allegadas al expediente da cuenta de lo
siguiente:

Certificado de información laboral Formato N° 1 consecutivo 8946, 8947 y 8948 de
9 de mayo de 2017 en el que se consta su vinculación desde 1 de julio de 1974
hasta el 11 de marzo de 1988, entidad empleadora Dirección Ejecutivo Seccional
de Administración Judicial – Bogotá, desempeñando varios cargos, la caja en la
que se realizaron los aportes fue CAJANAL y los factores salariales percibidos6.

Constancia N°631 de 23 de julio de 2012 la Directora Administrativa de la División
de Tesorería certifica que el actor laboró al servicio de laboró desde el 01 de marzo
de 1980 y el 31 de diciembre de 1990, como también los salarios y factores
percibidos durante esos años. También que los descuentos para pensión fueron
efectuados a CAJANAL7.

Certificado de información laboral Formato N° 1 consecutivo 10508 de 28 de
febrero de 2018, formato N°2 consecutivo 10509 certificado de salario base y
certificado de salarios mes a mes y formato N°3 (B) consecutivo 10510 de 28 de
febrero de 2018, en el que consta su vinculación con la entidad empleadora
Dirección Ejecutivo Seccional de Administración Judicial – Bogotá, desempeñando
varios cargos, con especificación de los salarios y factores desde el 1 de julio de
1974 hasta el 30 de junio de 1992.

6 Información contenida en el Documento identificado GEN-ANX-CI-2017_12369670-20171122120526 folios 31-

35.
7
Información contenida en el Documento identificado GEN-ANX-CI-2017_1390150-20170209083056, folios 1-5.

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Certificado de salarios mes a mes. Formato N°3 (B) consecutivo 11666 de 25 de
julio de 2018, en el que consta su vinculación con la entidad empleadora Dirección
Ejecutivo Seccional de Administración Judicial – Bogotá, desempeñando varios
cargos, con especificación de los salarios y factores desde el 1 de julio de 1974
hasta el 30 de junio de 19928.

Oficio DESAJBOTHO18-591 de 28 de febrero de 2018, expedido por la
Coordinadora de Área de Talento Humano de la DEAJ - Bogotá a través del cual
se da respuesta a Colpensiones sobre confirmación de historia laboral del señor
Máximo Ordoñez y se remite certificado DESAJBOCER18-1380 y formatos
10508,10509 y 10510 con los ajustes correspondientes9.

Oficio 20 de junio de 2018 expedido por la Coordinadora de Área de Talento
Humano de la DEAJ – Bogotá a través del cual se da respuesta a Colpensiones a
requerimiento de 15 de diciembre de 2013, confirmando la expedición de los
siguientes bonos pensionales formatos N°1 -10508, N°2-10509 y N°3B-1051010.

Certificación electrónica de tiempos laborados CETIL expedido 25 de noviembre
de 2019, por Ministerio de Haciendo – oficina de bonos pensionales, a través del
cual consta que el actor estuvo vinculado 1 de julio de 1974 hasta el 30 de junio
de 1992, entidad empleadora; Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá11.

49. Teniendo en cuenta la información otorgada y confirmada por el empleador
DEAJ- Bogotá, tenemos que el actor laboró desde el 1° de julio de 1974 al 30
de junio de 1992, laboró un total de 17 años, 11 meses y 29 días. Lo anotado
permite concluir que efectivamente acreditó al 1° de abril de 1994, los 15 años
de servicios para ser beneficiario del régimen de transición establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además de resultar aplicable en su caso el
Decreto 546 de 1971 por contar con una vinculación en la Rama judicial antes
de la entrada en vigencia del sistema pensional y por más de 10 años de
servicios.

50. En ese sentido, tiene derecho a que su prestación económica sea reliquidada
conforme a dicha normativa, esto es, al acreditar los 55 años y 20 años de
tiempos de servicios continuos o discontinuos, de los cuales por lo menos 10
años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio
Público, o a ambas actividades; con una tasa de reemplazo del 75%.

51. Ahora, sobre la pretensión de calcular el IBL con el promedio de la asignación
más elevada en el último año de servicios la Sala considera que según los
parámetros fijados por esta Sección en sentencia de unificación del 11 de junio

8
Folios 71 a 75 cuaderno físico.
9
Información contenida en el Documento identificado GEN-ANX-CI-2018_2703729-20180307081131 folios 27-
38.
10 Información contenida en el Documento identificado GEN-COM-CO-2018_7338340-20180625012242
11
Folio 100 a 104 cuaderno físico.

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de 2020, no le asiste el derecho por cuanto los beneficiarios del régimen de
transición a quienes se les aplique el Decreto 546 de 1971, solo se les conserva
la edad, tiempo de servicios y monto allí regulados, mientras que el IBL se
reglamenta por lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

52. En su caso, los actos demandados indican que Colpensiones al calcular el IBL
tuvo en cuenta que para el 1.° de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la
Ley 100, al demandante le faltaban más de diez años para cumplir los 55 años
(los cuales los obtuvo el 11 de mayo de 2009)12, por lo que no tiene derecho a
que se liquide su pensión con el último año de servicios, ni con el tiempo que le
hiciere falta, sino con los 10 anteriores, como lo definió la demandada en los
actos acusados.

53. Respecto a la inclusión de los factores salariales, las resoluciones demandadas
indicaron: «Que para obtener el ingreso base de cotización de la presente
prestación, se toman los factores salariales establecidos en los artículos 18 y
19 de la Ley 100 de 1993 y artículo 1 del Decreto 1158 del 3 de junio de 1994,
según el caso.»

54. Advierte la Sala que el actor no allegó con su demanda y tampoco pidió como
pruebas certificaciones salariales de lo percibido durante sus últimos 10 años
de servicios, pues su interés era que se calculará el IBL de la asignación más
elevada durante el último año de servicios, y con inclusión de los factores tales
como; sueldo básico, prima de antigüedad, bonificación por servicios prestados,
prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación judicial
y prima de productividad13.

55. Sobre la inclusión de las primas de servicio, prima de vacaciones y de
navidad, la Subsección manifiesta que no son computables, pues ni están
reguladas en el Decreto 1158 de 1994, ni hacen parte de los demás factores
regulados como salariales para la Rama Judicial, contenidos en las Leyes 4ª de
1992 y 332 de 1996 y los Decretos 610 de 1998, 2460 de 2006, 3900 de 2008,
1102 de 2012 y 383 de 2013. Por ello, respecto de la inclusión de estos factores
salariales se negará la pretensión.

56. Por las razones anotadas, la Subsección revocará la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar, declarará la
nulidad parcial de las Resoluciones SUB-44036 del 21 de febrero, SUB-
152797 del 13 de junio y DIR 14375 del 8 de agosto de 2018.

12 Teniendo en cuenta que nació el 11 mayo de 1954. Así lo indica el acto que reconoció la pensión.
13
Ver Folio 24 y 25 de la demanda.

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57. En consecuencia, se ordenará a Colpensiones reliquidar la pensión reconocida
al actor con fundamento en el Decreto 546 de 1971, en monto equivalente al
75% del promedio de lo devengado en los últimos diez años anteriores a su
retiro con inclusión de los factores salariales consagrados en el artículo 1° del
Decreto 1158 de 1994 y también los contemplados; artículo 1° del Decreto
2460 de 2006; y 1° del Decreto 383 de 2013, siempre y cuando al momento
de dar cumplimiento a esta providencia se verifique que efectivamente hayan
sido percibidos por el demandante.

58. COLPENSIONES deberá pagar las diferencias que resulten entre las mesadas
reconocidas y las que resulten al dar cumplimiento de lo ordenado en esta
providencia en favor del demandante.

59. Deberá realizar los descuentos en aportes en pensión sobre el/los factores cuya
inclusión en la liquidación pensional se ordena. Para ello se autoriza a la
entidad, en el evento de que no lo haya hecho, descontar de los valores
adeudados a la actora en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales
o totales en su contra si existen por concepto de aportes a pensión por los
factores que se incluyan en la proporción que como trabajadora le correspondía
efectuar por el período de su relación laboral con la Fiscalía general de la
Nación.

60. Igualmente, deberá realizar las actuaciones interadministrativas
correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante la Fiscalía
General de la Nación frente a las sumas faltantes por concepto de cotizaciones
a pensión por los factores que sean objeto de inclusión y que le habría
correspondido como empleadora. Lo anterior, sin interrumpir la efectividad de
la mesada pensional.

61. La reliquidación de la pensión que se reconoce tendrá los reajustes de ley. Así
mismo, el monto de la condena que resulte se ajustará, mes por mes, en los
términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, acudiendo a la siguiente
fórmula:

R = Rh Índice final
Índice inicial

62. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH)
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesada
pensional con inclusión de los reajustes de ley, por el guarismo que resulte de
dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente

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Radicado: 25000234200020190085901 (3973-2023)
en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente a la fecha en
que debieron efectuarse cada uno de los pagos.

63. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente,
mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que se dejó de
devengar, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de
la causación de cada una de ellas.

64. Finalmente, teniendo en cuenta que la pensión fue reconocida por acto
proferido el 23 de enero de 2017, la solicitud de reliquidación pensional se
efectuó el 27 de noviembre de 201714 y la demanda se presentó el 18 de marzo
de 201915, se concluye que no operó la prescripción de las diferencias que se
reconozcan producto de la reliquidación aquí ordenada.

De la condena en costas en ambas instancias

65. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

66. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

67. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

68. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandada, por cuanto se revoca la sentencia que negaba las pretensiones.

14
Ibid.
15
(f.26 cuaderno físico).

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15

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Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el seis (6) de junio de dos mil veintidós
(2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En su lugar, se ACCEDE PARCIALMENTE a las pretensiones de la demanda, y SE
DECLARA la nulidad parcial de las Resoluciones SUB-44036 del 21 de febrero, SUB-
152797 del 13 de junio y DIR -14375 del 8 de agosto de 2018.

SE ORDENA A COLPENSIONES reliquidar la pensión reconocida al actor desde la
fecha de su retiro 28 de febrero de 2017 en adelante, con fundamento en el Decreto
546 de 1971, en monto equivalente al 75% del promedio de lo devengado en los
últimos diez años anteriores a su retiro con inclusión de los factores salariales
consagrados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 y también los contemplados;
artículo 1° del Decreto 2460 de 2006; y 1° del Decreto 383 de 2013, siempre y cuando
al momento de dar cumplimiento a esta providencia se verifique que efectivamente
hayan sido percibidos por el demandante.

Colpensiones deberá pagar las diferencias que resulten entre las mesadas
reconocidas y las que resulten al dar cumplimiento de lo ordenado en esta providencia
en favor del demandante.

Deberá realizar los descuentos en aportes en pensión sobre el/los factores cuya
inclusión en la liquidación pensional se ordena. Para ello se autoriza a la entidad, en
el evento de que no lo haya hecho, descontar de los valores adeudados a la actora en
virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen
por concepto de aportes a pensión por los factores que se incluyan que en la
proporción que como trabajadora le correspondía efectuar por el período de su relación
laboral con la Fiscalía general de la Nación.

Igualmente, deberá realizar las actuaciones interadministrativas correspondientes
para que se adelante el cobro respectivo ante la Fiscalía general de la Nación frente a
las sumas faltantes por concepto de cotizaciones a pensión que le habría

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Radicado: 25000234200020190085901 (3973-2023)
correspondido como empleadora. Lo anterior, sin interrumpir la efectividad de la
mesada pensional.

La reliquidación de la pensión que se reconoce tendrá los reajustes de ley. Así mismo,
el monto de la condena que resulte se ajustará, mes por mes, en los términos del
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, acudiendo a la fórmula indicada en la parte
considerativa.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes
por mes, empezando por la primera mesada pensional que se dejó de devengar,
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de
cada una de ellas.

Segundo. CONDENAR en costas a la demandada conforme la parte motiva.

Tercero. SE ORDENA a la demandada, dar cumplimiento a esta sentencia con
observancia de lo dispuesto en los artículos 192 a 195 del CPACA.

Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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