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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01300-02

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01300-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Santander. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 68001233300020150130002 (5148-2024) En su lugar, se ACCEDE PARCIALMENTE a las pretensiones de la demanda, y SE DECLARA la nulidad parcial de la Resolución 56717 del 12 diciembre de 2007 y total de las RDP 006309 del 16 de febrero de 2015 y RDP 019143 del 15 de mayo de 2015, mediante las cuales la UGPP reconoció y negó la solicitud de reliquidación pensional y en consecuencia, se ordenará: Reliquidar la pensión reconocida al actor desde la fecha de su retiro (30 de diciembre de 2008) en adelante, con fundamento en el Decreto 546 de 1971, en monto equivalente al 75% del promedio de lo devengado en los últimos diez años anteriores a su retiro con inclusión de los factores salariales consagrados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, los contemplados en los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992, con la modificación de la Ley 332 de 1996; Decreto 284 del Decreto 610 de 1998; 1° del Decreto 1102 de 2012; 1° del Decreto 2460 de 2006; 1° del Decreto 3900 de 2008; y 1° del Decreto 383 de 2013, entre los cuales está la prima de productividad, por haber sido percibido tal como se acreditó en este asunto. La reliquidación de la pensión que se reconoce tendrá los reajustes de ley. Así mismo, el monto de la condena que resulte se ajustará, mes por mes, en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, acudiendo a la fórmula indicada en la parte considerativa. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que se dejó de devengar, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas. Segundo. SE ORDENA a Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP realizar los descuentos en aportes en pensión sobre los factores cuya inclusión en la liquidación […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2015-01300-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2015-01300-02 (5148-2024)
Demandante: Jairo Hernando Soto Moncada
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP

Tema: Reliquidación pensión régimen de transición. Régimen especial.
Decreto 546 de 1971. REVOCA SENTENCIA Y ACCEDE
PARCIALMENTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Jairo Hernando Soto Moncada, instauró demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 56717 del 12 diciembre de 2007
y total de las RDP 006309 del 16 de febrero de 2015 y RDP 019143 del 15 de mayo
de 2015, mediante las cual la UGPP, negó la solicitud de reliquidación pensional.

3. A título de restablecimiento del derecho solicita la reliquidación de la pensión a
partir de la primera mesada pensional aplicando el Decreto 546 de 1971, esto es,
teniendo en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiera

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devengado en el último año de servicios, con inclusión de todos los factores
salariales devengados, entre los cuales están: la diferencia de sueldo, prima de
antigüedad, prima de navidad, prima de productividad, prima de servicio, prima de
transporte, prima de vacaciones, bonificación por servicios, alimentación promedio
mensual más alto, la cual se pagará en cuantía mensual no inferior a $4.716.645.05
efectiva a partir del 01 de enero de 2009.

4. Que se ordene reconocer las diferencias en el retroactivo y aplicar los reajustes de
ley 100/93, sobre la cuantía pretendida de $4.716.645.05.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que trabajó más de veinte años en la Procuraduría y la Fiscalía y le fue reconocida
la pensión mediante la Resolución 56717 de 2007 proferida por la Caja Nacional
de Previsión Social (hoy UGPP), la cual dice se liquidó solo con la asignación
básica de los últimos diez años, sin incluir todos los factores salariales del último
año de servicio, que considera más favorables.

7. Que solicitó la reliquidación de su pensión, petición que la UGPP negó mediante
Resolución RDP 006309 de 2015, y que fue confirmada al resolver el recurso de
apelación mediante Resolución RDP 019143 del mismo año

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Considera vulnerados los artículos 2°, 13°, 25 y 58 de la Constitución Nacional;
artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo; Leyes 57 y 153 del 1887; artículo 6
del Decreto 546 de 1971; artículo 12 del Decreto 717 de 1978; Decretos 1045 de
1978 y 1848 de 1969; Leyes 33 y 62 de 1985; artículo 36 de la Ley 100 de 1993;
Decreto 1158 de 1994 y Decreto 2527 del 4 de diciembre de 2000.

9. Como fundamento manifestó que la cuantía de la pensión para los empleados y
funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público que hayan prestado
sus servicios por 20 años o más, deberá liquidarse con la asignación mensual más
elevada del último año de servicio, incluido todo lo que el servidor público devengue
directa o indirectamente como retribución de su relación laboral, de conformidad
con lo dispuesto en los Decretos 546 y 717 de 1978.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

10. La demanda fue admitida el 15 de diciembre de 2015. La UGPP sostuvo que el
demandante es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, el cual solo protege, la edad, el tiempo de servicio / semanas cotizadas y
el monto (tasa de reemplazo: 75%).

11. Que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) no hace parte del régimen de transición,
por tanto, debe calcularse conforme a la Ley 100 de 1993 y corresponde al
promedio de los últimos 10 años (o el tiempo faltante para adquirir el estatus) y solo
se pueden incluir factores salariales cotizados, de forma taxativa, según el Decreto
1158 de 1994.

12. Que por tanto, no procede incluir primas de navidad, vacaciones, bonificación por
recreación ni otros conceptos no salariales ni cotizados. Propuso como
excepciones: prescripción, inexistencia de la obligación, buena fe, carencia del
derecho reclamado, falta de título y causa y la genérica.

13. El 20 de junio de 2024 se profirió auto en el que se impartió el trámite para proferir
sentencia anticipada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

14. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 20 de junio de
2.024 negó las pretensiones dando aplicación a la sentencia de unificación de 11
de junio de 2020 la cual manifestó constituye precedente vinculante y obligatorio.

15. Encontró acreditado que el actor es beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que cumple con los requisitos exigidos en el
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, pues tiene 55 años y 20 años de servicios de
los cuales por lo menos 10 años han sido exclusivamente laborados en la rama
jurisdiccional o al ministerio público o a ambas.

16. Que no resulta aplicable el periodo de liquidación del IBL contenido en el Decreto
546 de 1971, esto es, el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicios, puesto que dicho periodo está regulado
por la Ley 100 de 1993.

17. Que no es posible incluir en la liquidación de la mesada pensional la totalidad de
los factores devengados en los términos solicitados en la demanda, en tanto, no
están enlistados en el Decreto 1158 de 1994 que determinan el ingreso base para
la liquidación pensional.

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RECURSO DE APELACIÓN

18. La parte actora interpuso recurso de apelación en el que solicitó que al estudiar el
caso se analice desde una perspectiva completa, teniendo en cuenta los años de
litigio que lleva el proceso. También pide que, si no se aplica el último año con
todos los factores devengados para la liquidación de su IBL pensional conforme a
la anterior tesis de la sentencia de 4 de agosto de 2010, entonces se de aplicación
en su integridad de la sentencia de unificación del Honorable Consejo de Estado
del 28 de agosto de 2018, teniendo en cuenta los últimos 10 años cotizados con
los factores sobre los cuales se hicieron aportes y con una tasa de remplazo del
75%.

19. No discutió la obligatoriedad de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del 28 de agosto de 2018. Sin embargo, sostuvo que el Tribunal aplicó únicamente
la primera subregla (IBL = promedio de los últimos 10 años) y omitió aplicar la
segunda subregla, que ordena incluir todos los factores salariales sobre los cuales
se efectuaron aportes al sistema de pensiones.

20. Que con base en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)
de la Fiscalía (02/09/2019), le hicieron aportes sobre: asignación básica, prima de
antigüedad, bonificación por servicios, vacaciones y prima de productividad. Estos
fueron cotizados dentro de los últimos 10 años y, por tanto, deben integrar el IBL
según la segunda subregla del precedente unificado.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

21. El 7 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación. Las partes guardaron
silencio y el señor agente del Ministerio Público1 manifestó que el IBL no hace
parte del régimen de transición. Que conforme a la línea fijada por la Corte
Constitucional en las sentencias C‑258/2013 y SU‑230/2015 la cual ha sido
reiterada por el Consejo de Estado en las sentencias de unificación del 28 de
agosto de 2018 y del 11 de junio de 2020, el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 solo cubre: edad, tiempo de servicio/semanas, y tasa de reemplazo.
Por tanto, el IBL se rige por los artículos 21 y 36 de la Ley 100, no por el Decreto
546 de 1971.

22. Sostuvo que, aunque el demandante cumplió los requisitos de edad y tiempo antes
de las sentencias de unificación, no existe cosa juzgada ni decisión administrativa
o judicial que haya consolidado un monto pensional previo, por lo que la

1 Índice 00008 Samai de esta corporación.

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jurisprudencia unificada sí le es aplicable con efecto retrospectivo, de conformidad
con el propio mandato de la sentencia CE‑SUJ‑S2‑021‑20. Por ello, no procede
reconocer el 75% del último año de servicios ni incluir factores no cotizados.

23. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

24. Corresponde a la Subsección determinar si el demandante tiene derecho a la
reliquidación de su pensión conforme al IBL dispuesto en el artículo 6 de Decreto
546 de 1971, o si, por el contrario, debe ser negada su pretensión, por resultar
aplicable es el IBL del inciso 3 del artículo 36 o 21 de la Ley 100 de 1993.

25. Respecto a los factores salariales la Sala analizará si el tribunal dio aplicación a las
subreglas establecidas en la sentencia de unificación y si de las pruebas allegadas
se logra advertir cuáles efectivamente percibió el actor y si Colpensiones dejó de
incluir alguno de ellos al momento de la liquidación de la pensión.

26. Finalmente, si la omisión de los empleadores respecto a los aportes o cotizaciones
impide que estos factores sean objeto de inclusión en la liquidación de la prestación
económica.

27. Para efectos de dar solución se tendrá en cuenta el siguiente marco normativo.

28. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consagró un régimen de transición en materia
pensional, con la finailidad de garantizar a un grupo de personas el beneficio de
una pensión de vejez con los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas
cotizadas y monto del régimen pensional anterior, mientras que las demás
condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100 de 1993,
porque la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

29. En sentencias C258 de 2013, SU230 de 2015 y SU247 de 2016, entre otras, la
Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el
régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en
la citada ley, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto
y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en
el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

30. Ahora, en lo relativo al reconocimiento de la pensión de los servidores de la Rama
Judicial y el Ministerio Público a quienes se les aplica el Decreto 546 de 1971 por
ser beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, siguiendo el criterio de la Sala Plena, la Sección Segunda del Consejo de

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Estado emitió sentencia de unificación jurisprudencial el 11 de junio de 2020, en la
que definió los parámetros para liquidar esa prestación, de la siguiente manera:

«[…] Con los elementos del régimen anterior consagrados en el
artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si
es mujer o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20
años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia
de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años
lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio
Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e)
el ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36,
inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare
más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la
IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para
adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será:
(i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f)
con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del
Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª.
de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto
610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de
2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013,
según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del
Ministerio Público […]». (Negrita fuera de texto).

31. Específicamente en cuanto a los factores de liquidación determinó que se
debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, es decir: la asignación
básica mensual; los gastos de representación; la prima técnica, cuando sea factor
de salario; las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean
factor de salario; la remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración
por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la
bonificación por servicios prestados.

32. También, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes:

Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de
1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial.

La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para
los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes
del Ministerio Público ante magistrados de tribunales.

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La prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el
Decreto 2460 de 2006.

La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de 2008
para los jueces y procuradores judiciales 1.

La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los
servidores de la Rama Judicial.

33. Lo anterior, porque, las normas señaladas establecieron que constituyen factores
de salario por lo que se tienen en cuenta para efectos de determinar el ingreso
base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado los
aportes correspondientes. De ahí que la providencia en cita consideró que
prestaciones tales como las primas de vacaciones, de servicios y de navidad no
deben ser incluidas en la liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor
salarial.

34. Las reglas de unificación citadas constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa.

35. Acerca de la omisión de los empleadores en efectuar las cotizaciones obligatorias
sobre los factores de ley percibidos por los empleados durante su vinculación
laboral, la Sala recientemente2 manifestó que es un supuesto que no fue analizado
en la sentencia de unificación 11 de junio de 20203 y por ende, no podría
extenderse la interpretación que corresponde incluir «solo aquellos factores que
establezca la ley y sobre los cuales se hicieron cotizaciones», pues la realización
de tales aportes no constituye una facultad del trabajador, sino un deber jurídico
imperativo a cargo del empleador, derivado tanto del régimen legal de la seguridad
social como de la condición de norma de orden público que ostentan las
disposiciones que regulan la materia.

36. Bajo ese supuesto, la Subsección considera que como no fue aspecto de
unificación, resultaba jurídicamente viable ordenar los descuentos
correspondientes para garantizar la integridad del ingreso base de cotización y con
ello la sostenibilidad del sistema pensional.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, 08001-23-33-000-2016-01505-01 (2406-

2023)
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas. Radicado, 15001 23 33 000 2016

00630 01 (4083-2017).

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Radicado: 68001233300020150130002 (5148-2024)
37. En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
lineamientos.

Resolución al caso concreto

38. Está acreditado que al actor le fue reconocida su prestación económica a través
de la Resolución GNR AMB 56717 de 5 de diciembre de 2007, en cuantía de
$1.601.942, con base en 1401 semanas, una tasa de remplazo de 75% del
promedio de lo devengado en los últimos 10 años (1997 a 2007) y a la edad de 55
años, adquiriendo el estatus el 15 de diciembre de 2006. Respecto a los factores
salariales, se incluyeron la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados y la prima de antigüedad.

39. Es decir, respetando los presupuestos edad, tiempo o semanas cotizadas, montos
establecidos en los regímenes mencionados, pero con excepción del IBL y los
factores, pues respecto del primero se acudió al artículo 21 o al inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y frente al segundo; se tuvieron en cuenta los
establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

40. Se advierte además que en el acto de reconocimiento se incluyeron los siguientes
tiempos de servicios laborados:

ENTIDAD DESDE HASTA
Procuraduría General de la 1979/10/30 1992/06/30
Nación
Fiscalía General de la 1992/07/01 2007/01/30
Nación

41. Sobre la pretensión de calcular el IBL con el promedio de la asignación más
elevada en el último año de servicios, la Sala considera que no le asiste el derecho
tal como lo concluyó el tribunal de primera instancia, porque se aplicaron los
parámetros fijados por esta Sección en sentencia de unificación del 11 de junio de
2020, en el entendido de que los beneficiarios del régimen de transición a quienes
se les aplique el Decreto 546 de 1971, solo se les conserva la edad, tiempo de
servicios y monto allí regulados, mientras que el IBL se reglamenta por lo dispuesto
en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

42. Teniendo en cuenta lo anotado, tenemos que para el 1. ° de abril de 1994, fecha
de entrada en vigor de la Ley 100, al demandante le faltaban más de diez años
para cumplir los 55 años (15 de diciembre de 2006)4, por lo que no tiene derecho
a que se liquide su pensión con el último año de servicios, ni con el tiempo que le

4 Teniendo en cuenta que nació el 15 diciembre de 1951. Así lo indica el acto que reconoció la pensión

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hiciere falta, sino con los 10 anteriores, como lo definió esta Sección en la sentencia
de unificación, y como fue reconocido por la demandada en el acto de
reconocimiento pensional.

43. En consecuencia, el reconocimiento pensional respecto al IBL se ajustó a la
interpretación unificada actual que sobre la aplicación del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 tiene el Consejo de Estado, razón por la cual no procede
la reliquidación con la asignación más alta devengada en el último año de servicio
como lo regulaba el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.

44. Ahora bien, Colpensiones, al reconocerle la pensión, indicó de forma expresa los
factores tuvo en cuenta en la liquidación de su mesada pensional entre los cuales
están; asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios.

45. No obstante, de la revisión de los certificados salariales allegados en la demanda
y como parte de los antecedentes administrativos consta que el actor laboró
durante sus últimos años en el cargo de asistente de fiscal II de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Bucaramanga y que durante sus últimos 10 años de
servicios se le remuneraron lo siguientes valores y conceptos:

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46. También consta que, durante su último año de servicios, (pues se retiró en
diciembre de 2008), percibió: Sueldo, subsidio de transporte, prima de
antigüedad, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, subsidio
de alimentación, vacaciones, bonificación por servicios y prima de
productividad.

47. Dentro de los antecedentes administrativos la UGPP no allegó el acto de inclusión
en nómina para efectos de verificar si hubo o no variación en los factores incluidos
en el acto inicial de reconocimiento, sin embargo, en la contestación no indicó que
ello haya ocurrido y tampoco de los actos en los que se negó la reliquidación y de
los antecedentes administrativos se desprende lo anotado.

48. De lo expuesto se concluye que le asiste razón al actor al manifestar que durante
sus últimos 10 años de servicios además de los factores incluidos en su
reconocimiento (asignación básica mensual, bonificación por servicios y prima de
antigüedad), percibió la prima de productividad y pese a ello, no se tuvo en
cuenta en el cálculo de su IBL. Lo que permite concluir que efectivamente su

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mesada pensional no fue liquidada con inclusión de todos los factores legalmente
percibidos, lo cual afecta su ingreso como pensionado.

49. Ahora, no es posible determinar si sobre esa prima de productividad su empleador
(Fiscalía General de la Nación) efectuó las cotizaciones obligatorias, sin embargo,
ello no es un impedimento para que su mesada sea reliquidada pues está
Subsección en providencia de 12 de marzo de 20265, manifestó que la realización
de los aportes a seguridad social no constituye una facultad dispositiva del
trabajador, sino un deber jurídico imperativo a cargo del empleador, derivado tanto
del régimen legal de la seguridad social como de la condición de norma de orden
público que ostentan las disposiciones que regulan la materia.

50. En esa medida, en aquellos supuestos en los cuales el empleador incumple la
obligación legal de practicar los descuentos y realizar los aportes pensionales
sobre factores que, por mandato expreso del legislador, son objeto de cotización
obligatoria, deberá asumir dichos pagos una vez los fondos u entidades
administradores de pensiones lo requieran.

51. Advierte la Sala que si bien el actor pretende se le tengan todos los factores
devengados, lo cierto es que las primas de servicio, vacaciones y navidad, el
subsidio de trasporte, el de alimentación no son computables, pues ni están
regulados en el Decreto 1158 de 1994, ni hacen parte de los demás factores
incluidos como salariales para la Rama Judicial, contenidos en las Leyes 4ª de
1992 y 332 de 1996 y los Decretos 610 de 1998, 2460 de 2006, 3900 de 2008,
1102 de 2012 y 383 de 2013.

52. En consecuencia, respecto a la inclusión de los factores salariales el
reconocimiento pensional no se ajustó a la interpretación unificada actual que
sobre la aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 tiene el
Consejo de Estado, razón por la cual sí procede la reliquidación para efectos de
que se incluya el factor de prima de productividad.

53. Por las razones anotadas la Subsección revocará la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, y en ese sentido, se declarará la nulidad
parcial de la Resolución 56717 del 12 diciembre de 2007 y total de las RDP 006309
del 16 de febrero de 2015 y RDP 019143 del 15 de mayo de 2015, mediante las
cuales la UGPP reconoció y negó la solicitud de reliquidación pensional y en
consecuencia, se ordenará:

5
Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, 08001-23-33-000-2016-01505-01 (2406-
2023)

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54. Reliquidar la pensión reconocida al actor desde la fecha de su retiro (30 de
diciembre de 2008) en adelante, con fundamento en el Decreto 546 de 1971, en
monto equivalente al 75% del promedio de lo devengado en los últimos diez años
anteriores a su retiro con inclusión de los factores salariales consagrados en el
artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, los contemplados en los artículos 14 de la
Ley 4ª de 1992, con la modificación de la Ley 332 de 1996; Decreto 284 del
Decreto 610 de 1998; 1° del Decreto 1102 de 2012; 1° del Decreto 2460 de 2006;
1° del Decreto 3900 de 2008; y 1° del Decreto 383 de 2013, es decir, deberá
incluirse la prima de productividad, por haber sido percibido tal como se acreditó
en este asunto.

55. El derecho que se reconoce tendrá los reajustes de ley. Así mismo, el monto de la
condena que resulte se ajustará, mes por mes, en los términos del artículo 187 de
la Ley 1437 de 2011, acudiendo para ello a la siguiente fórmula:

R = Rh Índice final
Índice inicial

56. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH)
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesada pensional
con inclusión de los reajustes de ley, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de
ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente a la fecha en que debieron
efectuarse cada uno de los pagos.

57. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente,
mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que se dejó de
devengar, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de
la causación de cada una de ellas.

58. Deberán realizar los descuentos en aportes en pensión sobre el/los factores cuya
inclusión en la liquidación pensional se ordena. Para ello se autoriza a la entidad,
descontar de los valores adeudados a la actora en virtud de la condena, los saldos
pendientes parciales o totales en su contra si existen por concepto de aportes a
pensión que en la proporción que como trabajador le correspondía efectuar por el
período de su relación laboral con la fiscalía general de la Nación.

59. Igualmente, la UGPP deberá realizar las actuaciones interadministrativas
correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante la fiscalía general
de la Nación frente a las sumas faltantes por concepto de cotizaciones a pensión
que le habría correspondido como empleadora. Lo anterior, sin interrumpir la
efectividad de la mesada pensional.

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60. Teniendo en cuenta que la pensión fue reconocida por acto proferido el 5 de
diciembre de 2007; que el demandante reclamó la reliquidación el 22 de octubre
de 2014, provocando los actos demandados y que además acudió ante la
jurisdicción el 13 de octubre de 2015, operó la prescripción de las diferencias que
se reconozcan producto de la reliquidación anteriores a 22 de octubre de 2011, por
lo que se declarará probada la excepción parcial de prescripción.

De la condena en costas en segunda instancia

61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

64. En consecuencia, no se impondrán costas en segunda instancia a la parte
demandada, por cuanto se accede de forma parcial a las peticiones del recurso de
apelación interpuesto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veinte (20) de junio de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Santander.

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En su lugar, se ACCEDE PARCIALMENTE a las pretensiones de la demanda, y SE
DECLARA la nulidad parcial de la Resolución 56717 del 12 diciembre de 2007 y total
de las RDP 006309 del 16 de febrero de 2015 y RDP 019143 del 15 de mayo de 2015,
mediante las cuales la UGPP reconoció y negó la solicitud de reliquidación pensional
y en consecuencia, se ordenará:

Reliquidar la pensión reconocida al actor desde la fecha de su retiro (30 de diciembre
de 2008) en adelante, con fundamento en el Decreto 546 de 1971, en monto
equivalente al 75% del promedio de lo devengado en los últimos diez años anteriores
a su retiro con inclusión de los factores salariales consagrados en el artículo 1° del
Decreto 1158 de 1994, los contemplados en los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992, con
la modificación de la Ley 332 de 1996; Decreto 284 del Decreto 610 de 1998; 1° del
Decreto 1102 de 2012; 1° del Decreto 2460 de 2006; 1° del Decreto 3900 de 2008; y
1° del Decreto 383 de 2013, entre los cuales está la prima de productividad, por
haber sido percibido tal como se acreditó en este asunto.

La reliquidación de la pensión que se reconoce tendrá los reajustes de ley. Así mismo,
el monto de la condena que resulte se ajustará, mes por mes, en los términos del
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, acudiendo a la fórmula indicada en la parte
considerativa.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes
por mes, empezando por la primera mesada pensional que se dejó de devengar,
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de
cada una de ellas.

Segundo. SE ORDENA a Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP realizar los
descuentos en aportes en pensión sobre los factores cuya inclusión en la liquidación
se ordena. Para ello se autoriza a la entidad, descontar de los valores adeudados a la
actora en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra
si existen por concepto de aportes a pensión que en la proporción que como trabajador
le correspondía efectuar por el período de su relación laboral con la fiscalía general de
la Nación.

Cuarto. SE ORDENA a Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP realizar las
actuaciones interadministrativas correspondientes para que se adelante el cobro
respectivo ante la fiscalía general de la Nación frente a las sumas faltantes por
concepto de cotizaciones a pensión que le habría correspondido como empleadora.
Lo anterior, sin interrumpir la efectividad de la mesada pensional.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 68001233300020150130002 (5148-2024)
Quinto. SE DECLARA LA EXCEPCIÓN PRESCRIPCIÓN PARCIAL de las
diferencias que se reconozcan producto de la reliquidación anteriores a 22 de octubre
de 2011.

Sexto. Sin condena en costas.

Séptimo.SE ORDENA a la demandada, dar cumplimiento a esta sentencia con
observancia de lo dispuesto en los artículos 192 a 195 del CPACA.

Octavo. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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