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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-31-000-2012-00162-01

Fecha
16 de mayo de 2019
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-31-000-2012-00162-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Lázaro Iván Ramírez Onofre contra el Instituto de Seguros Sociales. SEGUNDO.- RECONOCER personería jurídica al abogado Raúl Alejandro Contreras identificado con Tarjeta Profesional 124.109 del CSJ, para actuar como apoderado dl Patrimonio Autónomo de Remanentes ISS en Liquidación, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 295 del expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-31-000-2012-00162-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

16 de mayo de 2019

PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO CON BASE EN CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO – Improcedencia MUTACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL DE TRABAJADOR OFICIAL A EMPLEADO PÚBLICO – Efecto / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL – Objeto / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL –Requisitos

La Sala considera que el actor no tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación con fundamento en la convención colectiva de trabajo 2001-2004, suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL, toda vez que al haber sido incorporado a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, a partir de junio de 2003, pasó a ser empleado público, lo cual implica que al tenor de lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias sentencias C-314 y C-349 de 2004, solamente pudo gozar de los beneficios de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, hasta su vigencia inicial, es decir, hasta el 31 de octubre de 2004, momento para el cual el demandante no acreditó los requisitos de tiempo de servicios ni edad para adquirir la pensión convencional. (…). Se precisa que la transición es un beneficio que la ley confiere, consistente en que la pensión del beneficiario que cumpla los presupuestos en ella previstos, se regule en forma diferente a la regla general que ella contempla. En su aplicación se destacan como requisitos que el trabajador tenga 35 años de edad si es mujer o 40 años si es hombre o 15 años de servicio cotizados al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1 de abril de 1994. Valga decir que los mencionados requisitos no son concurrentes, pues sólo se necesita el cumplimiento de uno de los dos para acceder al beneficio de la transición. En el caso del actor, de conformidad con lo probado en el proceso, la Sala encuentra que no cumplía los requisitos de la transición para pensionarse con el “régimen anterior”, pues para el 1 de abril de 1994, acreditaba 4 años y 10 meses de servicio y 38 años de edad. En consecuencia, al demandante no le es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y por consiguiente, no puede reconocérsele una pensión de jubilación en los términos del Decreto 1653 de 1977, como bien lo determinó el A quo.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la inaplicación de las convenciones colectivas de trabajo a los empleados públicos, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de junio de 2009, radicación: 2004-00359-01, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1750 DE 2003 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1750 DE 2003 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 1750 DE 2003 – ARTÍCULO 17 / DECRETO 1651 DE 1977 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 1653 DE 1977 – ARTÍCULO 19 / DECRETO 416 DE 1997 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 17001- 23-31-000-2012-00162-01(4109-13)

Actor: LÁZARO IVÁN RAMÍREZ ONOFRE

Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho –
Decreto 01 de 1984
Asunto : Vigencia de convención colectiva de trabajo 2001-
2004/ Improcedencia de reconocimiento de pensión
jubilación

ASUNTO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 23 de agosto de 2013 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Lázaro Iván Ramírez Onofre contra el Instituto de Seguros Sociales.

ANTECEDENTES

La demanda

El señor Lázaro Iván Ramírez Onofre, a través de apoderada, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad del acto ficto negativo que se originó con ocasión del silencio administrativo por parte de la entidad demandada, al no dar respuesta a la petición del accionante, en la que solicitó el reconocimiento y pago una pensión de jubilación con fundamento en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004 suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social- SINTRASEGURIDADSOCIAL.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene al Instituto de Seguros Sociales a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación de conformidad con lo establecido en la convención colectiva de trabajo 2001-2004, en un monto del 100% de los salarios promedios devengados en los últimos tres años de servicios, a partir del 11 de enero de 2010, fecha en la que adquirió el estatus pensional.

Solicitó que en caso de no accederse a la anterior pretensión, se le reconozca en subsidio la pensión de jubilación prevista en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.

Pidió que las sumas adeudadas sean indexadas y que la sentencia se cumpla en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, en síntesis, son los siguientes:

El señor Lázaro Iván Ramírez Onofre laboró para el Instituto de Seguros Sociales desde el 15 de mayo de 1989, como médico especialista y el 2 de marzo de 1990 fue inscrito a la carrera especial de funcionario de la seguridad social.

El 31 de octubre de 2001 el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social- SINTRASEGURIDADSOCIAL suscribieron una Convención Colectiva de Trabajo por el término de tres años, del 1 de enero de 2001 y hasta el 31 de octubre de 2004; convención colectiva que aún está en vigor, en tanto no fue denunciada, ni se presentó pliego de peticiones por parte del sindicato de la empresa.

La parte actora relató que, mediante el Decreto 1750 de 26 de junio de 2003, el Gobierno Nacional escindió el Instituto de Seguros Sociales y creó las Empresas Sociales del Estado, entre ellas, la ESE Rita Arango Álvarez del Pino. En consecuencia, el demandante fue incorporado en la mencionada empresa el 25 de junio de 2003.

Adujo que, mediante el Decreto 452 de 15 de febrero de 2008, se ordenó la supresión y, por ende, la liquidación de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino. En ese entonces al demandante le faltaban menos de tres años para cumplir con los requisitos de la edad y tiempo de servicios para ser beneficiario, bien fuera, de la pensión de jubilación establecida en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDADSOCIAL, y/o de la pensión prevista para los trabajadores de la seguridad social, en los términos del Decreto 1653 de 1977.

Manifestó que la ESE en mención reconoció la condición de prepensionable del accionante y por ello lo mantuvo en nómina de personal hasta el 2 de octubre de 2009, día en el que culminó el proceso de liquidación y, en consecuencia, el actor fue retirado del servicio.

Sostuvo que, por razón a que el Instituto de Seguros Sociales quedó a cargo de la normalización pensional de los servidores de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, mediante escrito radicado el 10 de noviembre de 2011, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, teniendo en cuenta que había consolidado su derecho antes del 2 de octubre de 2009, en tanto laboró por más de 20 años al servicio del ISS y la ESE en mención, y tenía 55 años de edad. Sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de la referencia la entidad no le había dado respuesta alguna, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo.

Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

Constitución Política: artículos 58.
Ley 4 de 1992.
Ley 790 de 2002: artículo 12.
Decreto Ley 1653 de 1977.
Decreto 190 de 2003: artículo 1.
Convención colectiva de trabajo 2001-2004.

Al explicar el concepto de violación se argumentó que:

La entidad demandada debió reconocer a favor del actor una pensión de jubilación en los términos descritos en la convención colectiva que suscribió el ISS con su sindicato de trabajadores, dado que cumplió con los requisitos exigidos para ese efecto, pues acreditó 20 años de servicio al ISS y a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, y 55 años de edad.

El acto administrativo acusado desconoció los derechos adquiridos del accionante y el principio de irrenunciabilidad a las garantías mínimas establecidas en las normas laborales, toda vez que éste goza de los beneficios de la convención colectiva de trabajo 2001-2004.

Se debió dar aplicación a las sentencias C-314 y C-349 de 2004 de la Corte Constitucional, que ante la escisión del ISS propendieron porque no se desconocieran los derechos mínimos de los trabajadores, especialmente los derivados de la convención colectiva del trabajo vigente para el momento de la expedición del Decreto 1750 de 2003.

No es clara la razón que llevó a la entidad accionada a desconocer el contenido de la convención colectiva del trabajo y sus prórrogas automáticas, las cuales resultan obligatorias hasta tanto ésta no sea denunciada por las partes que la suscribieron, según lo previsto en los artículos 467, 477 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo.

Contestación de la demanda

El instituto de Seguros Sociales de Caldas, actuando a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

Afirmó que el accionante ostentaba la calidad de empleado público y por tal razón no podía ser acreedor de la pensión de jubilación en los términos de la convención colectiva de trabajo 2001-2004.

Planteó las excepciones que denominó: “falta de jurisdicción”; “falta de competencia”; “no agotamiento de la vía gubernativa”; “inexistencia de obligación alguna”; “cobro de lo no debido”; “falta de legitimación en la causa por pasiva”; y “prescripción”.

La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 23 de agosto de 2013 el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

Indicó que se encontró acreditado que el Instituto de Seguros Sociales mediante la Resolución 689 de 16 de mayo de 2012 le negó al actor el derecho al disfrute de una pensión de jubilación convencional, no obstante, dicho acto debió ser inaplicado por ilegal, toda vez que la entidad carecía de competencia para proferirlo, ya que la demanda de nulidad y restablecimiento a través de la cual se pretende la declaratoria del derecho pensional se presentó con anterioridad, el 23 de marzo de 2012.

Señaló que de acuerdo con la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL, los requisitos para acceder a la pensión de jubilación convencional eran: demostrar 20 años de servicio al Instituto de Seguros Sociales y 55 años de edad si es hombre o 50 años de edad si es mujer.

Resaltó que el demandante cumplió los 55 años de edad el 10 de enero de 2010 y los 20 años de servicio el 15 de mayo de 2009, de manera que no acreditó los requisitos pensionales durante la vigencia de la convención colectiva de trabajo, esto es, del 1 de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004, motivo por el que era inviable conceder el beneficio de la pensión.

Adujo que al actor no le era aplicable el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por razón a que para la fecha en la que ésta entró en vigencia, tenía 39 años de edad y no contaba con los 15 años de servicio exigidos. Por consiguiente, no le era aplicable el régimen especial de pensiones para los funcionarios de la seguridad social del ISS, previsto en los Decretos 1651, 1652, 1653 de 1977.

Manifestó que aun cuando el accionante indicó en el escrito de la demanda que estaba protegido por el retén social al ser prepensionado, lo cierto es que no acusó ningún acto administrativo en el que se le hubiera vulnerado tal condición.

Fundamento del recurso de apelación

La parte actora, actuando a través de apoderada, presentó recurso de apelación contra la sentencia de 23 de agosto de 2013, que sustentó de la siguiente manera:

Alegó que al accionante se le deben respetar sus derechos adquiridos en la convención colectiva de trabajo 2001-2004, en los términos de las sentencias C-314 y 349 de 2004 proferidas por la Corte Constitucional, pues se vinculó sin solución de continuidad a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino.

Sostuvo que la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL actualmente está vigente, toda vez que no ha sido denunciada por la partes.

Alegatos de conclusión

Mediante auto del 2 de septiembre de 2014, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión, y rindiera concepto de fondo, respectivamente .

Las partes demandante y demandada guardaron silencio.

El Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

Adujo que, de conformidad con el Decreto 1750 de 2003, a los trabajadores del ISS que mantuvieran su permanencia luego de su escisión les sería aplicable el régimen laboral de los empleados públicos, es decir, que se regirían por una relación legal y reglamentaria, y no por un contrato de trabajo o convención colectiva.

Manifestó que la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004 y no hubo lugar a extender sus efectos por lo menos al sector salud, toda vez que el ISS fue escindido.

Señaló que no es posible acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez que el actor no tenía ningún derecho adquirido para que se le aplicara la convención colectiva 2001-2004.

CONSIDERACIONES

Competencia

El presente asunto que se rige por el Decreto 01 de 1984 es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 129 ídem, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

De acuerdo con lo expuesto, en los términos del recurso de apelación, el problema jurídico a resolver en el presente caso se contrae a definir si:

¿Es procedente el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor del señor Lázaro Iván Ramírez Onofre con fundamento en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDADSOCIAL, teniendo en cuenta que fue funcionario de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y posteriormente, incorporado como empleado público a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino?
Para resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes temas: i) derechos convencionales y empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado incorporados automáticamente, en virtud del Decreto 1750 de 2003; ii) régimen pensional de los servidores de la seguridad social; iii) hechos probados; y iii) caso concreto.

i) Derechos convencionales y empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado incorporados automáticamente en virtud del Decreto 1750 de 2003

La Corte Constitucional y esta Corporación han reconocido solo por el término de la vigencia inicial de la Convención Colectiva de Trabajo la extensión de los derechos previstos en ésta a los empleados públicos incorporados automáticamente a las Empresas Sociales del Estado que venían de ser trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales, el cual fue escindido para crear las ESE. En efecto, los artículos 1, 2 y 17 del Decreto 1750 de 2003 “Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas Empresas Sociales del Estado” señalan:

“ARTÍCULO 1o. ESCISIÓN. Escíndese del Instituto de Seguros Sociales la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, todas las Clínicas y todos los Centros de Atención Ambulatoria.

ARTÍCULO 2o. CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. Créanse las siguientes Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de la Protección Social, y cuyas denominaciones son: (…)

ARTÍCULO 17. CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN. Los servidores públicos que a la entrada en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a los Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedarán automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto. Los servidores que sin ser directivos desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales conservarán la calidad de trabajadores oficiales, sin solución de continuidad”.

La Corte Constitucional al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 18 (parcial) del Decreto Ley 1750 de 2003 declaró mediante sentencia C-314 del 1 de abril de 2004, la exequibilidad de dichas normas, salvo la expresión “Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas” contenida al final del inciso 1 del artículo 18.

En la motivación de dicha decisión, la Corte Constitucional estudió la presunta afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores oficiales del Instituto de Seguro Social, beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo, al pasar a ser empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado, dadas las limitaciones que el derecho colectivo del trabajo ha impuesto para esta clase de servidores. Sobre el particular, sostuvo:

“De lo dicho se deduce entonces que los servidores públicos adscritos a las empresas sociales del Estado que adquirieron la categoría de empleados públicos y perdieron la de trabajadores oficiales, perdieron con ella el derecho a presentar pliegos de peticiones y a negociar convenciones colectivas de trabajo.

Pese a que, en principio, tal desventaja podría interpretarse como una afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores oficiales, es lo cierto que la imposibilidad de presentar convenciones colectivas de trabajo no se erige en quebrantamiento de tales garantías.

(…)

De hecho, no debe olvidarse que “los trabajadores y los empleados del Estado están subjetivamente en situaciones distintas, y corresponde al legislador definir, racional y proporcionalmente, cuándo un servidor público está cobijado por una u otra regulación”.

Ciertamente, es evidente que el tipo de vínculo jurídico laboral que el servidor público tiene con el Estado no es irrelevante a la hora de establecer cuándo se puede recurrir al mecanismo de la negociación colectiva. Cuando la relación es contractual, resulta fácil imaginar que las condiciones laborales pueden ser concertadas entre el sindicato y el empleador. La autonomía administrativa de la entidad Estatal y la manera en que sus servidores se vinculan a ella hace posible modificar el contrato en cada caso, a fin de satisfacer las demandas particulares de la negociación. No sucede lo mismo cuando el nexo del funcionario con el Estado proviene de una regulación genérica, establecida unilateralmente por éste mediante ley o reglamento”.

En este orden, la Corte Constitucional en la citada sentencia C-314 de 2004 afirmó que la imposibilidad de presentar una convención colectiva de trabajo no constituye un desconocimiento de los derechos adquiridos de quienes eran trabajadores oficiales y fueron incorporados automáticamente como empleados públicos en las Empresas Sociales del Estado.

Igualmente, la Corte Constitucional en la sentencia C-349 de 2004 al estudiar el alcance de las expresiones “automáticamente” y “sin solución de continuidad” en materia de derechos salariales, prestacionales y garantías convencionales contenidas en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, manifestó:

“Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador – trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador - trabajador en principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la Convención Colectiva vigente. No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos” (subrayado fuera del texto original).

A su turno, esta Sala ha señalado que no son aplicables las convenciones colectivas a los empleados públicos que previamente fueron trabajadores oficiales, así:

“La aludida Convención Colectiva cobija única y exclusivamente a los trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del servicio (…) no es viable reconocerle (…) con fundamento en la Convención Colectiva reclama, puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 416 del C.S.T. que consagra la prohibición de extender cláusulas convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó demostrado, ostentó la actora.

De igual manera, no sobra advertir, que aún aceptándose el argumento de la “reincorporación al servicio de la actora”, ello no es garantía de que las cláusulas convencionales le resulten aplicables, máxime cuando dicha reincorporación procuró mantener la continuidad de la relación, pero cambió la naturaleza del empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que las garantías convencionales se le apliquen a quienes antes de dicha reincorporación ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, puesto que estas garantías y beneficios fueron alcanzados por dichos trabajadores oficiales a través de acuerdos convencionales que no pueden regular las relaciones de los empleados públicos que tienen un régimen indemnizatorio, salarial y prestacional establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, tal y como específicamente lo contempla el artículo 150 numeral 19 literales e y f de la Constitución Política”.

En síntesis, los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores SINTRASEGURIDADSOCIAL, se extendieron hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que expiró su vigencia para los empleados públicos incorporados automáticamente en las Empresas Sociales del Estado, creadas luego de la escisión del Instituto de Seguros Sociales.

ii) Régimen pensional de los servidores de la seguridad social

A través del inciso 2 del artículo 3 del Decreto 1651 de 1977, se creó la denominación de funcionarios de la seguridad social, como una categoría de empleado público del personal que prestaba sus servicios al Instituto de Seguros Sociales, el cual se vincularía a la administración a través de una relación legal y reglamentaria especial, y al que a su vez se le permitiría celebrar convenciones colectivas, en los siguientes términos:

“Serán empleados públicos de libre nombramiento y remoción, el Director General del Instituto (...). Tales empleados se sujetarán a las normas generales que rigen para los funcionarios de la Rama Ejecutiva, las demás personas naturales que desempeñen las funciones de que trata el artículo precedente- cargos asistenciales y administrativos- se denominarán funcionarios de seguridad social, con excepción de las personas que cumplan las funciones relacionadas con las siguientes actividades, que serán trabajadores oficiales: aseo, jardinería (...)”.

La referida categoría de servidores tuvo un régimen pensional especial, establecido en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977. Dicha norma previó:

“ARTÍCULO 19. DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. El funcionario de seguridad social que haya prestado servicios durante veinte años continuos o discontinuos al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco años si es varón o de cincuenta si es mujer, tendrá derecho al reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación. Esta pensión equivaldrá al ciento por ciento del promedio de lo percibido en el último año de servicios por concepto de los siguientes factores de remuneración:

a) Asignación básica mensual.
b) Gastos de representación.
c) Primas técnica, de gestión y de localización.
d) Primas de servicios y de vacaciones.
e) Auxilios de alimentación y de transporte.
f) Valor del trabajo en dominicales y feriados, y
g) Valor del trabajo suplementario o en horas extras.
No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones de jubilación y de retiro por vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y otro concepto, más del ciento por ciento del promedio a que se refiere el presente artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensión de vejez”.

Con posterioridad, se expidió la Ley 100 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral y en su artículo 36, se concibió un régimen de transición que permitía a las personas que tuvieran 35 o más años de edad, en el caso de las mujeres o 40 para los hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, al momento de su entrada en vigencia, conservar los elementos de edad, tiempo de servicios y el monto de la prestación, previstos por las normas que venían rigiendo su situación en materia pensional.

Más adelante, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-579 de 1996, declaró inexequible la expresión “las demás personas naturales que desempeñen las funciones de que trata el artículo precedente, se denominarán funcionarios de seguridad social”, contenida en el inciso 2 del artículo 3 del Decreto ley 1651 de 1977, con lo cual desapareció la categoría de funcionarios de la seguridad social.

En resumen, la Corte consideró que aunque el legislador tiene la posibilidad de crear Empresas Industriales y Comerciales del Estado “con un régimen diferente al que generalmente se adopta para sus trabajadores en la categoría de oficiales con la posibilidad de crear tipos distintos y determinar restricciones mayores en lo concerniente a la fijación del régimen respectivo”, en el caso particular del Instituto de Seguros Sociales, pese a haber adoptado la forma de Empresa Industrial y Comercial del Estado, sus trabajadores adquirieron la calidad de oficiales, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por éste era la prestación del servicio público de seguridad social, en idénticas circunstancias competitivas con respecto a entidades privadas.

Luego, mediante el Decreto 416 del 20 de febrero de 1997 el Gobierno Nacional definió:

«Artículo 1º. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales.

A. Son Empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta de personal del ISS:
1. Presidente del Instituto.
2. Secretario General y Seccional.
3. Vicepresidente.
4. Gerente.
5. Director.
6. Asesor.
7. Jefe de Departamento.
8. Jefe de Unidad.
9. Subgerente.
10. Coordinador Clase 1, ll , lll, IV y V.
11. Jefe de Sección.
12. Funcionarios profesionales de Auditoría Interna, Disciplinaria, Calidad de servicios de Salud y Contratación de Servicios de Salud.
13. Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director.

B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempeñen en el Instituto los demás cargos”.

El Decreto 604 del 7 de marzo de 1997 creó un régimen de transición para los servidores del ISS que adquirieron la condición de empleados públicos por virtud del Decreto 416 de 1997, quienes conservarían el régimen salarial y prestacional que les correspondía a los funcionarios de la seguridad social, mientras que a los demás empleados públicos y los que se llegaran a vincular les serían aplicables las normas generales que rigen a los servidores del orden nacional.

iii) Hechos probados

El señor Lázaro Iván Ramírez Onofre nació el 10 de mayo de 1995, conforme se acredita en el registro civil de nacimiento que obra en el expediente.

El Instituto de Seguros Sociales suscribió una convención colectiva de trabajo con la organización sindical SINTRASEGURIDADSOCIAL, la cual tuvo una vigencia de 3 años, a partir del 1 de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004 (artículo 2). Dentro de sus beneficios, incluyó los siguientes:

“Artículo 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN

El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:

Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio.
Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio.
Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2007, 100% del promedio mensual de lo recibido en los cuatro últimos años de servicio.
Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración:
Asignación básica mensual
Prima de servicios y vacaciones
Auxilio de alimentación y transporte
Valor de trabajo nocturno, suplementario y en horas extras
Valor del trabajo en días dominicales y feriados

No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones de jubilación y de vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y otro concepto, más del ciento por ciento (100%) del promedio a que se refiere el presente artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensión de vejez.

(…)”.

Según la Resolución 0689 de 16 de mayo de 2012, proferida por el Instituto de Seguros Sociales, el señor Lázaro Iván Ramírez Onofre ingresó a laborar al Instituto de Seguros Sociales el 15 de mayo de 1989 y mediante el Decreto Ley 1750 de 2003 fue incorporado automáticamente en la planta de personal de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en calidad de médico especialista, código 2120, grado 19; empleo que desempeñó hasta el 2 de octubre de 2009, según lo certificó el Coordinador de Talento Humano de la referida ESE.

El accionante presentó petición ante el ISS con el fin que se reconociera a su favor una pensión de jubilación con fundamento en la convención colectiva de trabajo 2001-2004 suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDADSOCIAL. Sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda la entidad no había dado respuesta alguna.

iii) Caso concreto

El actor pretende la nulidad del acto ficto negativo que se originó como consecuencia del silencio del Instituto de Seguros Sociales, al no dar respuesta a la petición en la que solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, de conformidad con el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDADSOCIAL.

La Sala encontró probado en el proceso que el señor Lázaro Iván Ramírez Onofre: i) nació el 10 de mayo de 1955; ii) ingresó a trabajar en el Instituto de Seguros Sociales el 15 de mayo de 1989; iii) el 2 de marzo de 1990 fue inscrito en la carrera especial de funcionario de Seguridad Social; iv) el 26 de junio de 2003, con ocasión de lo ordenado en el artículo 17 Decreto 1750 de 2003, se incorporó automáticamente como empleado público a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en el cargo de médico especialista; y v) el 2 de octubre de 2009 fue retirado del servicio, cuando dicha ESE se suprimió.

Sobre este punto, se aclara que aun cuando el accionante ostentó la calidad de funcionario de la Seguridad Social a partir del 2 de marzo de 1990, como se dijo en párrafos anteriores, dicha categoría de servidor del ISS desapareció con ocasión de la sentencia C-579 de 1996, que declaró inexequible la expresión “las demás personas naturales que desempeñen las funciones de que trata el artículo precedente, se denominarán funcionarios de seguridad social”, contenida en el inciso 2 del artículo 3 del Decreto ley 1651 de 1977. Por ende, se precisa que el actor se desempeñó en calidad de trabajador oficial durante todo el tiempo en el que prestó sus servicios al Instituto de Seguros Sociales.

En este orden de ideas, se resalta que la vigencia inicial de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL, sobre la cual el accionante predica el reconocimiento de su derecho pensional, fue del 1 de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004, momento en el cual el actor no contaba con los 20 años de servicio ni tampoco los 55 años de edad, exigidos por la misma para tal fin, toda vez que para ese entonces solo acreditaba 15 años de servicio y 49 años de edad.

Al respecto se advierte que, la Corte Constitucional en las sentencias C-314 y C-349 de 2004 afirmó que el cambio de naturaleza jurídica de los cargos, de quienes pasaron de ser trabajadores oficiales a empleados públicos en razón de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, no justificaba el desconocimiento de los derechos adquiridos en materia salarial y prestacional; postura jurisprudencial que se comparte, en el entendido que la protección de los derechos adquiridos solo abarca la vigencia de la convención colectiva, la cual fue hasta el 31 de octubre de 2004, pues más allá de esa fecha no pueden hacerse extensivos los beneficios convencionales a quienes pasaron a ostentar la calidad de empleados públicos, en tanto es claro que su régimen salarial y prestacional no es convencional sino de creación legal y reglamentaria.

Aunado a lo anterior, se considera que la extensión de los beneficios convencionales a los nuevos empleados públicos con el fin de proteger los derechos que traían por su antigua condición de trabajadores oficiales, no puede prorrogarse de manera indefinida y absoluta, hasta el punto de incidir en el reconocimiento de la pensión de jubilación del demandante.

En este sentido se indica que, la prórroga automática de la convención colectiva prevista en el artículo 478 del CST no cobija al actor, dado que a partir del 26 de junio de 2003 en su nueva condición de empleado público de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino no podía beneficiarse de las disposiciones del derecho colectivo del trabajo, pues la vigencia inicial de la convención colectiva del trabajo, como se dijo antes, precluyó el 31 de octubre de 2004.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en razón a la mutación de la naturaleza jurídica de la vinculación laboral de los trabajadores oficiales que pasaron a ser empleados públicos incorporados a la planta de personal de una Empresa Social del Estado, no son aplicables las disposiciones del derecho colectivo del trabajo y, por tanto, éstos últimos no pueden válidamente invocar la prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis meses en seis meses. Tampoco se puede acudir a la denuncia de la convención por ser empleados públicos y estar vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención colectiva que se pretende siga siendo aplicable.

Así las cosas, como acertadamente lo concluyó el Tribunal Administrativo de Caldas, la Sala considera que el señor Lázaro Iván Ramírez Onofre no tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación con fundamento en la convención colectiva de trabajo 2001-2004, suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL, toda vez que al haber sido incorporado a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, a partir de junio de 2003, pasó a ser empleado público, lo cual implica que al tenor de lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias sentencias C-314 y C-349 de 2004, solamente pudo gozar de los beneficios de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, hasta su vigencia inicial, es decir, hasta el 31 de octubre de 2004, momento para el cual el demandante no acreditó los requisitos de tiempo de servicios ni edad para adquirir la pensión convencional.

Adicionalmente, se observa que el actor solicitó como pretensión subsidiaria de la demanda, el reconocimiento de una pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1657 de 1977.

Ahora bien, se señala que la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 implicaba, en principio, una sujeción total a sus normas para reconocer pensión. Sin embargo, no hay que perder de vista que dicho sistema también previó un régimen de transición para aquellos servidores públicos que estuvieran próximos a cumplir los requisitos para pensionarse.

En tal sentido, el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición en los siguientes términos:

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley”.

Así, se precisa que la transición es un beneficio que la ley confiere, consistente en que la pensión del beneficiario que cumpla los presupuestos en ella previstos, se regule en forma diferente a la regla general que ella contempla. En su aplicación se destacan como requisitos que el trabajador tenga 35 años de edad si es mujer o 40 años si es hombre o 15 años de servicio cotizados al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1 de abril de 1994.

Valga decir que los mencionados requisitos no son concurrentes, pues sólo se necesita el cumplimiento de uno de los dos para acceder al beneficio de la transición.

En el caso del actor, de conformidad con lo probado en el proceso, la Sala encuentra que no cumplía los requisitos de la transición para pensionarse con el “régimen anterior”, pues para el 1 de abril de 1994, acreditaba 4 años y 10 meses de servicio y 38 años de edad. En consecuencia, al señor Ramírez Onofre no le es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y por consiguiente, no puede reconocérsele una pensión de jubilación en los términos del Decreto 1653 de 1977, como bien lo determinó el A quo.

DECISIÓN

Hechas estas consideraciones, la Sala confirmará la sentencia proferida el 23 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Lázaro Iván Ramírez Onofre contra el Instituto de Seguros Sociales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Lázaro Iván Ramírez Onofre contra el Instituto de Seguros Sociales.

SEGUNDO.- RECONOCER personería jurídica al abogado Raúl Alejandro Contreras identificado con Tarjeta Profesional 124.109 del CSJ, para actuar como apoderado dl Patrimonio Autónomo de Remanentes ISS en Liquidación, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 295 del expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

CARMELO PERDOMO CUÉTER SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Folios 182 a 197.
Folios 210 a 225.
Folios 229 a 234.
Folio 242.
Artículo  16. Carácter de los servidores. Para todos los efectos legales, los servidores de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto serán empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, quienes serán trabajadores oficiales. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13589" \l "0" Sentencia C-314 de 2004.
Artículo  18. Del régimen de Salarios y Prestaciones. El Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos. Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13589" \l "0" Sentencia C-314 de 2004 ; el otro texto del inciso se declaró EXEQUIBLE de manera condicionada
Magistrado Ponente, Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
C-314 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Referencia: expediente D-4844 Actores: Saúl Peña Sánchez y otros. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
La citada norma establece: “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga.” Aparte subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1o de julio de 2009, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, proceso con radicado 17001-23-31-000-2004-00359-01.
“Por el cual se dictan normas sobre administración de personal”.
“Por el cual se aprueba el Acuerdo 145 del 4 de febrero de 1997, emanado del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales”.
“Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos del Instituto de Seguros Sociales”.
Folio 44.
Folios 97 a 166.
“Por la cual se niega el derecho al disfrute de la pensión de jubilación convencional a RAMÍREZ ONOFRE LÁZARO IVÁN”. Esta resolución se profirió con posterioridad a la presentación de la presente demanda, razón por la cual fue inaplicada por el A quo.
Folios 13 a 16 del cuaderno No. 2.
Folio 22 del cuaderno No. 2.
Folios 34 a 36.
Según comunicación DP.SC.234.90 de 8 de marzo de 1990, remitida al actor. Visible a folio 48.
Decreto 452 de 2008.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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