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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06793-02

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06793-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-06793-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06793-02 (0806-2021)1
Demandante: Margarita Rosa Isaza Ruget
Demandados: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Ministerio de Salud y Protección Social, Fiduciaria La
Previsora S. A. y Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones
Litisconsorte: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la protección social
(UGPP)
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación conforme a
Convención Colectiva de Trabajo
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020), proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante la cual, se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, solicitó que se

1
Expediente físico digitalizado, radicación 25000-23-42-000-2013-06793-02 (0806-2021)
2
Samai, índice 00019, folio 139 a 141.

2

Número Interno: 0806-2021
Demandante: Margarita Rosa Isaza Ruget
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección
Social, Fiduciaria La Previsora S. A. y Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos: i) el acto ficto en que
incurrió la Administración, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, por
la falta de respuesta a la reclamación radicada bajo el n.° 201342300723312 del
veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013); ii) el acto administrativo n.°
2013EE00051382, mediante el cual Fiduprevisora S.A. dio respuesta a la
reclamación elevada ante dicha entidad; iii) el acto ficto en que incurrió el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, por la falta de respuesta a la reclamación radicada
con el n.° 1-2013-033455 del veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013); iv) el
acto ficto en que incurrió el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, por la falta
de respuesta a la reclamación elevada el veintidós (22) de mayo de dos mil trece
(2013); y v) la Resolución n.° 040289 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil
diez (2010), expedida por el Instituto de Seguros Sociales, mediante la cual, se negó
la pensión.

2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó ordenar a la Nación – Instituto de Seguros Sociales en
liquidación, Fiduprevisora S.A., Ministerio de Salud y Protección Social y al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reconocer y pagar la pensión de
jubilación que le correspondiera, liquidada sobre todos los factores constitutivos de
salario y el tiempo estipulado para su liquidación, en los términos previstos en el
artículo 98 y siguientes de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el
Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDAD SOCIAL.

3. Asimismo, pidió el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en el
artículo 19 del Decreto 1653 de 1977; que fuera liquidada con inclusión de los
factores salariales correspondientes, el reconocimiento de la bonificación prevista
en el artículo 103 de la Convención Colectiva de Trabajo, como el pago retroactivo
de la prestación a partir del quince (15) de septiembre de dos mil nueve (2009),
junto con las primas y demás factores derivados de su condición de pensionada.

1.2. Los hechos.

4. Expuso que, la señora Margarita Rosa Isaza Ruget ingresó al Instituto de Seguros
Sociales el primero (1) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989),
mediante contrato de trabajo a término indefinido, y permaneció vinculada a dicha
entidad hasta el veinticinco (25) de junio de dos mil tres (2003), fecha en la que se

3

Número Interno: 0806-2021
Demandante: Margarita Rosa Isaza Ruget
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección
Social, Fiduciaria La Previsora S. A. y Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

produjo la escisión del Instituto.3

5. Explicó que, a partir del veintiséis (26) de junio de dos mil tres (2003), con ocasión
de la expedición del Decreto 1750 de 2003, fue incorporada a la ESE Policarpa
Salavarrieta, sin solución de continuidad, circunstancia que implicó el cambio de su
régimen laboral de trabajadora oficial a empleada pública. Su vinculación con dicha
entidad se extendió hasta el quince (15) de septiembre de dos mil nueve (2009),
fecha en que culminó su relación laboral con ocasión de la liquidación de la ESE.

6. Manifestó que, sumado el tiempo laborado en el ISS y en la ESE, contaba con
veinte (20) años, tres (3) meses y diez (10) días de servicio certificado, además
de los períodos laborados como supernumeraria. Asimismo, indicó que nació el
once (11) de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete (1957), por lo que,
para la fecha de su desvinculación, contaba con más de cincuenta (50) años de
edad. Dijo que, de acuerdo con el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo
suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDAD SOCIAL 4,
reunía los requisitos de edad y tiempo de servicio para acceder a la pensión de
jubilación convencional.

7. Sostuvo que, una vez reunió la documentación necesaria, presentó solicitud de
reconocimiento de la pensión de jubilación y de la bonificación prevista en el artículo
103 de la Convención Colectiva ante el Instituto de Seguros Sociales, el veintitrés
(23) de febrero de dos mil diez (2010). Dicha petición fue negada mediante
Resolución 040289 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil diez (2010)5 y
contra la misma interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación6, el
dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011), sin que hubieran sido resueltos al
momento de presentar la demanda.

8. En ese sentido, afirmó que tanto la pensión convencional como la prevista en el
Decreto 1653 de 1977, resultaban aplicables a su situación por considerar que,
reunía los requisitos de edad y tiempo de servicio, y que las disposiciones
convencionales conservaban vigencia respecto de los trabajadores trasladados a

3
Samai, índice 00019, folio 141 a 144.
4
Samai, índice 00019, folio 7 a 48.
5
.Samai, índice 00019, folio 103 a 107.
6
Samai, índice 00019, folio 108 a 121.

4

Número Interno: 0806-2021
Demandante: Margarita Rosa Isaza Ruget
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección
Social, Fiduciaria La Previsora S. A. y Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

las empresas sociales del Estado con ocasión de la escisión del ISS. Dijo que, la
administración no tuvo en cuenta la totalidad del tiempo laborado, particularmente
los períodos como supernumeraria y el comprendido entre el cuatro (4) de julio y el
primero (1.º) de agosto de mil novecientos ochenta y nueve (1989), y que tampoco
valoró la posibilidad de reconocerle la pensión prevista en el artículo 19 del Decreto
1653 de 1977.

9. Finalmente, ante la falta de respuesta definitiva a sus reclamaciones, la
demandante promovió las actuaciones administrativas y de conciliación prejudicial
correspondientes y, al considerar que persistía el desconocimiento de su derecho
pensional, acudió a esta jurisdicción.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

10. La parte demandante invocó como normas vulneradas los artículos 25, 53, 58 y
243 de la Constitución Política; el artículo 23 del Decreto 2067 de 1991; los artículos
21, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo; el Decreto 1653 de 1977 y la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y
SINTRASEGURIDAD SOCIAL.

11. Sostuvo que, los actos demandados desconocieron sus derechos laborales y
pensionales, al negar el reconocimiento de la pensión convencional prevista en el
artículo 98 de la Convención Colectiva y la contemplada en el artículo 19 del Decreto
1653 de 1977, y que la escisión del Instituto de Seguros Sociales y su incorporación
a la ESE no podía afectar los derechos adquiridos ni los beneficios convencionales,
porque el tiempo laborado en ambas entidades debía computarse de manera
conjunta para efectos pensionales.

1.4. Las contestaciones de la demanda.

1.4.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público7

12. Se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que, no tenía a su cargo
el reconocimiento de la prestación pensional reclamada por la actora y, por tanto,
alegó falta de legitimación en la causa por pasiva.

7
Samai, índice 00019, folio 200 a 216.

5

Número Interno: 0806-2021
Demandante: Margarita Rosa Isaza Ruget
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección
Social, Fiduciaria La Previsora S. A. y Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

13. Indicó que, en sus archivos únicamente reposaban los antecedentes
relacionados con la reclamación presentada por la demandante el veintidós (22) de
mayo de dos mil trece (2013), a la cual se dio respuesta mediante los oficios del
veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), y diecinueve (19) de junio de dos
mil trece (2013).

1.4.2. Ministerio de Salud y Protección Social8

14. Del mismo modo, se opuso a las pretensiones y sostuvo que no era la entidad
competente para efectuar el reconocimiento de la pensión pretendida. En
consecuencia, planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
y solicitó que se negaran las pretensiones formuladas en su contra.

1.4.3. Instituto de Seguros Sociales – ISS9

15. Se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que no se
encontraban acreditados los presupuestos fácticos y jurídicos para su prosperidad.
Frente a los hechos, manifestó que algunos no le constaban y debían ser probados
por la demandante, mientras que otros los tuvo como ciertos. Sostuvo que, la
actuación de la entidad se ajustó al ordenamiento jurídico y que no podían
reconocerse derechos que no hubieran sido previamente reclamados en sede
administrativa. Propuso como excepciones la prescripción, la inexistencia del
derecho y la genérica.

1.4.4. Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones10

16. La administradora de pensiones se opuso a las pretensiones y, propuso la
excepción relacionada con la inexistencia del acto ficto o presunto derivado del
silencio administrativo negativo y de las pretensiones.

17. No obstante, se debe resaltar que, durante el trámite administrativo, mediante
Resolución GNR 314422 del veintidós (22) de noviembre de dos mil trece
(2013)11, revocó la Resolución 040289 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil
diez (2010) y reconoció a la demandante una pensión de vejez, con fundamento en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990.

8
Samai, índice 00019, folio 260 a 275.
9
Samai, índice 00019, folio 286 a 290.
10
Samai, índice 00019, folio 307 a 311
11
Samai, índice 00019, folio 311

6

Número Interno: 0806-2021
Demandante: Margarita Rosa Isaza Ruget
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección
Social, Fiduciaria La Previsora S. A. y Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

1.4.5. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP12

18. La UGPP, vinculada al proceso en calidad de litisconsorte necesario, se opuso
a las pretensiones de la demanda y sostuvo que no se encontraban acreditados los
presupuestos para el reconocimiento de la prestación pensional pretendida, en los
términos solicitados por la actora.

19. En síntesis, las entidades demandadas controvirtieron la procedencia del
reconocimiento de la pensión de jubilación convencional y de la prestación prevista
en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, así como, la responsabilidad que la
demandante les atribuyó frente al reconocimiento y pago de la prestación. Propuso
como excepciones la improcedencia del reconocimiento y liquidación pensional y la
prescripción.

1.5. La sentencia de primera instancia.

20. Mediante la sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte
(2020) 13 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas. En la parte resolutiva dispuso:

PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- SIN CONDENA EN COSTAS.

TERCERO.- RECONOCER personería adjetiva a la doctora Yenny Paola Peláez Zambrano
como apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos y para los
fines del poder especial obrante en el expediente.

CUARTO.- Ejecutoriada la presente providencia, por la Secretaría de la Sección, previa
liquidación de los gastos ordinarios del proceso, ARCHIVAR el expediente, dejando las
constancias del caso.

21. Para arribar a la anterior decisión, el Tribunal estudió, en primer lugar, la vigencia
de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros
Sociales y SINTRASEGURIDAD SOCIAL y, particularmente, los requisitos previstos
en su artículo 98 para acceder a la pensión de jubilación. Al respecto, precisó que
la convención tuvo vigencia entre el primero (1.º) de noviembre de dos mil uno
(2001) y el treinta y uno (31) de octubre de dos mil cuatro (2004), de manera que

12
Samai, índice 00019, folio 470 a 476
13
Samai, índice 00019, folio 634 a 661

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Número Interno: 0806-2021
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Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección
Social, Fiduciaria La Previsora S. A. y Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

sus beneficios podían extenderse a quienes fueron trasladados a las empresas
sociales del Estado con ocasión de la escisión del ISS, pero únicamente durante el
término de vigencia de aquella.

22. Explicó que, aun cuando los beneficios de la convención se extendieron hasta
el treinta y uno (31) de octubre de dos mil cuatro (2004), para esta última fecha la
actora tampoco acreditaba los requisitos exigidos, pues, contaba con cuarenta y
seis (46) años de edad y aproximadamente quince (15) años de servicio. En
consecuencia, concluyó que no consolidó el estatus pensional ni adquirió un
derecho convencional, por lo que no podía acceder a la pensión prevista en el
artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004.

23. En cuanto a la pensión prevista en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, el
Tribunal consideró que, al no haber consolidado la demandante el derecho
pensional convencional durante la vigencia de la convención colectiva, resultaba
aplicable el régimen legal de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993. En ese
sentido, reconoció que la actora era beneficiaria del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de dicha ley, pero concluyó que no podía ser
beneficiaria del régimen especial previsto en el Decreto 1653 de 1977, por cuanto
no conservó la condición de funcionaria de la seguridad social en los términos
exigidos por dicha normativa.

24. Lo anterior, por cuanto la demandante se desempeñó como odontóloga en el
Instituto de Seguros Sociales y que, aunque para el primero (1.º) de abril de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), ostentaba la condición de funcionaria de la
seguridad social, a partir de la ejecutoria de la sentencia C-579 de 1996 y de la
expedición del Decreto 416 de 1997, su cargo fue catalogado como de trabajador
oficial. Agregó que, únicamente a partir del veintiséis (26) de junio de dos mil tres
(2003), como consecuencia de la escisión del ISS y la creación de las ESE, adquirió
la condición de empleada pública.

25. En ese orden, concluyó que, la demandante no conservó el régimen prestacional
ni los factores salariales propios de los funcionarios de la seguridad social y que,
por tanto, no podía beneficiarse del régimen previsto en el Decreto 604 de 1997 ni
de la pensión especial consagrada en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.
Añadió que Colpensiones, mediante la Resolución GNR 314422 del veintidós (22)

8

Número Interno: 0806-2021
Demandante: Margarita Rosa Isaza Ruget
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección
Social, Fiduciaria La Previsora S. A. y Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

de noviembre de dos mil trece (2013), le había reconocido una pensión de vejez con
fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y el Decreto 758 de 1990.

1.6. El recurso de apelación.14

26. La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020). Su
inconformidad se dirigió contra las consideraciones del Tribunal relacionadas con la
vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo, y la improcedencia de la pensión
prevista en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.

27. En un primer momento, respecto a la pensión convencional, sostuvo que el
Tribunal realizó una interpretación restrictiva de la vigencia de la Convención
Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, pues,
omitió considerar que su artículo 2.º establecía una excepción respecto de aquellos
artículos a los que se hubiera fijado una vigencia diferente, porque el derecho
pensional reclamado constituía un derecho adquirido, y que la condición de
empleada pública adquirida con ocasión de la escisión del ISS, no impedía
beneficiarse de las disposiciones convencionales.

28. En este orden, también cuestionó la conclusión del Tribunal sobre el tiempo de
servicio, al considerar que no debía tenerse en cuenta únicamente el período
laborado directamente en el ISS, sino también los tiempos susceptibles de
acumulación conforme al artículo 101 de la Convención Colectiva. Agregó que, el
Tribunal no efectuó un análisis suficiente de la jurisprudencia constitucional que,
según la recurrente, amparaba los derechos pensionales de quienes fueron
trasladados a las ESE con ocasión de la escisión.

29. En cuanto a la pensión prevista en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977,
manifestó que la demandante se encontraba amparada por el régimen de transición
y que, para el primero (1.º) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
ostentaba la condición de funcionaria de la seguridad social, por lo que no podía
desconocerse dicha situación jurídica con fundamento en normas o decisiones
posteriores, ya que afectaría los principios de favorabilidad, igualdad, seguridad
jurídica y protección de los derechos adquiridos.

14
Samai, índice 00019, folio 666 a 669

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Número Interno: 0806-2021
Demandante: Margarita Rosa Isaza Ruget
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30. Finalmente, invocó el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, y solicitó que se revocara la sentencia apelada y, en su lugar,
se reconociera a la demandante la pensión de jubilación reclamada, bien fuera la
consagrada en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo o la prevista en
el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia15.

31. Mediante auto del veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022), el
despacho ponente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia.

32. Posteriormente, mediante memorial presentado el siete (07) de abril de dos mil
veintidós (2022), la apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social promovió
incidente de nulidad dentro del proceso, en donde manifestó que esa entidad había
recibido el treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), la comunicación
mediante la cual se le informó sobre la admisión del recurso de apelación, pero que
la parte demandante no le había remitido copia del recurso de apelación, pese a lo
dispuesto en el artículo 3.º del Decreto 806 de 2020, y siendo deber de los sujetos
procesales de remitir simultáneamente a los demás intervinientes copia de los
memoriales y actuaciones realizados por medios electrónicos. En ese sentido,
sostuvo que la falta de comunicación del recurso de apelación le impidió conocer
oportunamente los argumentos formulados por la parte actora, para controvertir la
sentencia de primera instancia.

33. Así las cosas, la Sala mediante auto del diecisiete (17) de julio de dos mil
veintiséis (2026)16 resolvió el incidente de nulidad promovido, para ello, explicó que
las nulidades son excepcionales y taxativas, y que no toda irregularidad procesal
genera la nulidad del trámite. Para que esta proceda, debe existir una afectación
relevante del debido proceso o del derecho de defensa.

34. Explicó que, de conformidad con el artículo 208 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las nulidades se rigen por las
causales establecidas en el Código General del Proceso17 y a su vez, este en el

15
Samai, índice 00049, folio 825
16
Ley 1437 de 2011, artículo 208 y siguientes, en materia de nulidades procesales.
17
Código General del Proceso, artículo 133, relativo a las causales de nulidad procesal.

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numeral 6.º del artículo 133 contempla como causal de nulidad la omisión de la
oportunidad para alegar de conclusión, sustentar un recurso o descorrer su traslado.

35. Al estudiar el caso concreto, encontró acreditado que la demandante
efectivamente omitió enviar el recurso de apelación al correo dispuesto por la
entidad para recibir notificaciones; sin embargo, consideró que dicha irregularidad
quedó saneada cuando el Ministerio fue notificado del auto que concedió el recurso,
mediante estado y medios electrónicos los días treinta (30) de marzo y primero (1.º)
de abril de dos mil veintidós (2022). Desde ese momento, la entidad conoció
oportunamente la existencia de la apelación y pudo ejercer plenamente su derecho
de contradicción y defensa, sin que se evidencie afectación alguna a sus garantías
procesales.

36. Entonces, la Sala, en la parte resolutiva, manifestó:

PRIMERO. NEGAR la nulidad procesal por la falta de envió del recurso de apelación por
correo electrónico por parte de la parte actora, conforme a los motivos anteriormente
expuestos.

SEGUNDO. Por Secretaría, correr traslado a las partes durante el término de diez (10) días,
para que presenten sus alegatos de conclusión.

TERCERO. AUTORIZAR a las partes la presentación de alegatos por escrito, por el término
común de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, caso
en el cual, agotado dicho término, la Secretaría ingresará el expediente para fallo.

CUARTO. En aplicación de los principios de eficiencia y celeridad [Ley 270, arts. 4 y 7], de
acuerdo con lo preceptuado por el artículo 122 del CGP, la Secretaría de la Sección deberá
incorporar al expediente indexado en Samai, de manera completa, aquellos memoriales o
demás documentos que pertenezcan al proceso, y consten en mensajes de datos,
hipervínculos o reposen en plataformas cuya custodia no corresponda a esta Jurisdicción.
Para tal objetivo, de ser necesario, requerirá a las respectivas autoridades judiciales, o a los
distintos sujetos procesales.

QUINTO. Satisfecho todo lo anterior, por Secretaría INGRESAR el expediente a Despacho
para fallo.

37. Transcurrido el término consagrado en el numeral tres (03) de la decisión citada
en precedencia, la parte demandante sostuvo que la señora Margarita Rosa Isaza
Ruget tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional
prevista en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el
Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDAD SOCIAL. Señaló que, aunque
con ocasión de la escisión del Instituto de Seguros Sociales fue trasladada a una
ESE y adquirió la condición de empleada pública, ello no implicó la pérdida de los

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Número Interno: 0806-2021
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beneficios convencionales que habían sido reconocidos durante su vinculación
como trabajadora oficial.

38. De igual manera, la recurrente cuestionó que el Tribunal hubiera considerado
determinante que para el momento de la escisión no contara con veinte años de
servicio ni cincuenta años de edad, pues, afirmó que el artículo 17 del Decreto 1750
de 2003 permitió computar, sin solución de continuidad, el tiempo servido en el ISS
y en la ESE, mientras que el artículo 101 de la Convención permitía la acumulación
de tiempos laborados en otras entidades públicas.

39. Por su parte el Ministerio de Salud y Protección Social, solicitó que se confirme
la sentencia de primera instancia, principalmente porque considera que carece de
legitimación en la causa por pasiva dentro del proceso. Explicó que, de conformidad
con los artículos 6.º y 121 de la Constitución Política, el Ministerio únicamente puede
ejercer las funciones que expresamente le atribuyen la Constitución y la ley, y que
la demandante nunca prestó sus servicios a dicha entidad. Por ello, sostuvo que no
existe una relación jurídica sustancial que permita atribuirle responsabilidad frente
al reconocimiento de la pensión reclamada.

40. En relación con la situación pensional de la demandante, señaló que, de acuerdo
con lo establecido en el proceso, esta se desempeñó como odontóloga en el
Instituto de Seguros Sociales y que para el primero (1.º) de abril de mil novecientos
noventa y cuatro (1994) tenía la condición de funcionaria de la seguridad social; sin
embargo, posteriormente su cargo fue catalogado como de trabajador oficial y solo
adquirió la condición de empleada pública cuando fue incorporada a una ESE como
consecuencia de la escisión del ISS. Consideró que, de acuerdo con la decisión de
primera instancia, esta situación impidió que pudiera beneficiarse del régimen de
transición previsto en el Decreto 604 de 1997 y, por ende, del régimen especial
contemplado en el Decreto 1653 de 1977.

41. La UGPP solicitó confirmar integralmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al considerar que la decisión realizó una correcta
interpretación del régimen jurídico aplicable a la situación laboral y pensional de la
demandante. Señaló que, el Tribunal analizó adecuadamente la transformación
institucional derivada de la escisión del ISS, la creación de las Empresas Sociales
del Estado mediante el Decreto 1750 de 2003 y el cambio de naturaleza jurídica de
los servidores que pasaron de trabajadores oficiales a empleados públicos.

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42. En relación con la pensión convencional del artículo 98 de la Convención
Colectiva, sostuvo que sus beneficios solo podían extenderse hasta el 31 de octubre
de 2004 y que, para esa fecha, la demandante no había cumplido los requisitos
necesarios para consolidar el derecho, particularmente el tiempo de servicio exigido.
Por tanto, consideró que su situación correspondía a una mera expectativa y no a
un derecho adquirido protegido por la Convención.

43. Respecto de la pretensión subsidiaria fundada en el artículo 19 del Decreto 1653
de 1977, sostuvo que tampoco se acreditaron los presupuestos jurídicos necesarios
para acceder al régimen especial. Afirmó que, la evolución normativa de la categoría
de funcionarios de la seguridad social y los efectos de la Sentencia C-579 de 1996,
llevaron a modificar la situación jurídica de la demandante, sin que esta conservara
las condiciones necesarias para beneficiarse del régimen especial.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.18

44. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

45. Corresponde a la Sala, determinar si:

a) ¿La señora Margarita Rosa Isaza Ruget tiene derecho al reconocimiento de
la pensión de jubilación en los términos de la Convención Colectiva de
Trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL para la vigencia
2001-2004 o, subsidiariamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19
del Decreto 1653 de 1977?
b) ¿De reconocérsele la pensión de jubilación en los términos de la convención

18
Ley 1437 de 2011, artículo 150, relativo a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.

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colectiva, tiene derecho al pago del retroactivo pensional, la bonificación y
demás derechos derivados de la misma?

46. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.3) el marco y normativo jurisprudencial del régimen
convencional de los trabajadores del ISS y el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977;
2.4) los hechos probados; 2.5) el caso concreto; 2.6.) conclusiones; y 2.7) la
condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Régimen convencional de los trabajadores del Instituto de Seguros
Sociales19

47. El Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Seguridad Social –SINTRASEGURIDAD SOCIAL– suscribieron la Convención
Colectiva de Trabajo con vigencia del primero (1.º) de noviembre de dos mil uno
(2001) al treinta y uno (31) de octubre de dos mil cuatro (2004), instrumento que
estableció, entre otros beneficios, un régimen especial para el reconocimiento de la
pensión de jubilación de sus trabajadores oficiales.

48. El artículo 98 de la referida convención estableció el derecho a la pensión de
jubilación para quienes acreditaran veinte (20) años de servicio al Instituto y
cincuenta (50) años de edad si eran mujeres o cincuenta y cinco (55) años si
eran hombres, en una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del promedio
de lo percibido durante el período allí previsto, siendo esta regulación reconocida
por la jurisprudencia del Consejo de Estado como un régimen convencional más
favorable frente al régimen general.

49. Ahora bien, mediante el Decreto 1750 de 2003, se escindió el Instituto de
Seguros Sociales y se crearon las Empresas Sociales del Estado encargadas de
asumir las funciones relacionadas con la prestación de los servicios de salud.20 Así,
el artículo 16 ibidem dispuso que los servidores de dichas entidades tendrían, por
regla general, la condición de empleados públicos, mientras que el artículo 17

19
Decreto 1653 de 1977, régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de seguridad social, artículo 19.
20
Decreto 1750 de 2003, escisión del Instituto de Seguros Sociales y la creación de las Empresas Sociales del Estado,
artículos 16 y 17.

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estableció la incorporación automática y sin solución de continuidad 21 y, en su
parágrafo, dispuso que el tiempo servido en el Instituto se computaría para todos
los efectos legales.

50. Cabe resaltar que, la Corte Constitucional, mediante las sentencias C-31422y C-
349 de dos mil cuatro (2004) 23 , precisó el alcance de los derechos laborales y
convencionales de quienes, como consecuencia de la escisión, pasaron de
trabajadores oficiales del ISS a empleados públicos de las Empresas Sociales del
Estado. Posteriormente, en las sentencias SU-897 de dos mil doce (2012)24 y SU-
086 de dos mil dieciocho (2018)25, reiteró que los beneficios convencionales podían
conservarse durante la vigencia inicialmente pactada, pero que no extenderse
indefinidamente a quienes adquirieron la condición de empleados públicos.

51. En esa misma línea, esta corporación ha considerado que la Convención
Colectiva suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL26solo podía producir
efectos hasta el treinta y uno (31) de octubre de dos mil cuatro (2004), respecto de
quienes, por efecto de la escisión, adquirieron la condición de empleados públicos.
Así lo sostuvo en sentencia del treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho
(2018) del Consejo de Estado, con radicación 68001-23-33-000-2015-00967-01
(0984-17)27 , en la que estudió el reconocimiento de una pensión convencional a un
extrabajador de una ESE y concluyó que el derecho debía encontrarse consolidado
durante la vigencia de la convención, y que únicamente podían protegerse las
situaciones jurídicas consolidadas a esa fecha.

52. De igual manera, en sentencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve
(2019), radicación 17001-23-31-000-2012-00162-01 (4109-13) 28 Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B precisó que quien
pasó de trabajador oficial del ISS a empleado público de una ESE con ocasión de
la escisión únicamente podía beneficiarse de la Convención Colectiva durante su
vigencia inicial y que, si para el treinta y uno (31) de octubre de dos mil cuatro (2004),

21
Decreto 1750 de 2003, cómputo del tiempo servido en el ISS y en las Empresas Sociales del Estado. artículo 17.
22
Corte Constitucional, Sentencia C-314 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
23
Corte Constitucional, Sentencia C-349 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
24
Corte Constitucional, Sentencia SU-897 de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada.
25
Corte Constitucional, Sentencia SU-086 de 2018, M.P. Dra. Diana Fajardo Rivera.
26
Samai, índice 00019, folio 7 a 48.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 31 de mayo de
2018, Rad. 68001-23-33-000-2015-00967-01 (0984-17), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de mayo de
2019, Rad. 17001-23-31-000-2012-00162-01 (4109-13), C.P. César Palomino Cortés

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no había acreditado los requisitos de edad y tiempo de servicio, no se podía
consolidar el derecho pensional convencional.

53. Esta posición ha sido reiterada, habida consideración que, una vez adquirida la
condición de empleado público como consecuencia de la escisión del ISS, no
resultaba jurídicamente posible continuar aplicando los beneficios propios de una
convención colectiva de trabajadores oficiales.

2.3.2. Régimen pensional previsto en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.

54. El artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, «por el cual se establece el régimen especial
de prestaciones sociales de los funcionarios de la seguridad social», previó que el funcionario

de la seguridad social que hubiere prestado servicios durante veinte (20) años
continuos o discontinuos al Instituto y llegare a la edad de cincuenta (50) años
si era mujer o cincuenta y cinco (55) años si era hombre29, tendría derecho al
reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación, equivalente
al cien por ciento (100%) del promedio de lo percibido en el último año de servicios,
por concepto de los factores de remuneración allí previstos.

55. Debe precisarse que, el régimen fue creado para una categoría especial de
servidores del Instituto de Seguros Sociales denominada «funcionarios de seguridad
social»; sin embargo, dicha clasificación fue posteriormente modificada mediante la

sentencia C-579 de 199630, en donde la Corte Constitucional declaró inexequibles
las disposiciones que sustentaban esa categoría y, con posterioridad, el Decreto
416 de 1997, clasificó a los servidores del Instituto únicamente como empleados
públicos y trabajadores oficiales.

56. Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 604
de 1997, en el cual estableció un régimen de transición para aquellos que en virtud
del Decreto 416 de 1997, adquirieron la condición de empleados públicos. Esta
disposición permitió que conservaran, durante el período allí previsto, el régimen
salarial y prestacional que venían disfrutando como funcionarios de seguridad social
y, por otro lado, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estableció el régimen de
transición pensional.

29
Decreto 1653 de 1977, artículo 19.
30
Corte Constitucional, Sentencia C-579 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara

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57. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha precisado que la
aplicación del artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, no depende únicamente de
acreditar los veinte (20) años de servicio y la edad exigida por dicha disposición,
sino que también debe verificarse que el interesado se encuentre cobijado por el
régimen especial y por las reglas de transición que permitieron conservar sus
efectos.

58. De acuerdo con lo anterior, para determinar si la señora Margarita Rosa Isaza
Ruget tiene derecho a la pensión prevista en el artículo 19 del Decreto 1653 de
1977, no basta con verificar si alcanzó los cincuenta (50) años de edad y completó
veinte (20) años de servicio, porque resulta necesario establecer si para la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se encontraba cobijada por el régimen
de transición y si, de acuerdo con su situación laboral y las normas que regularon la
clasificación de los servidores del ISS, podía conservar el régimen especial previsto
para los funcionarios de la seguridad social.

59. En consecuencia, la Sala procederá a confrontar las anteriores reglas con las
condiciones particulares de la demandante, especialmente su edad, tiempo de
servicio al ISS y condición laboral, con el fin de establecer si se encontraba
amparada por el régimen pensional especial que reclama.

2.4. Hechos probados

60. De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Se encuentra acreditado que la señora Margarita Rosa Isaza Ruget nació el once
(11) de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete (1957)31.

b) Obra en el expediente la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, suscrita
entre el Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, cuyo artículo
98 estableció una pensión de jubilación para los trabajadores que cumplieran los
requisitos allí previstos32.

31
Samai, índice 00019, folio 133.
32
Samai, índice 00019, folio 7 a 48.

17

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c) Se encuentra acreditado que la demandante prestó servicios al Instituto de
Seguros Sociales, inicialmente mediante vinculaciones de carácter temporal y
posteriormente mediante vinculación definitiva. De acuerdo con la documentación
obrante en el expediente, laboró para el Instituto de Seguros Sociales entre el doce
(12) y el treinta (30) de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), y
posteriormente desde el 1.º de noviembre de 1989 hasta el veinticinco (25) de junio
de dos mil tres (2003), desempeñándose como odontóloga y odontóloga general,
respectivamente. En este último período se registró una interrupción de siete (7)
días33.

d) Asimismo, la demandante prestó servicios al Instituto de Seguros Sociales en
condición de supernumeraria, particularmente durante los años 1983, 1987, 1988 y
1989; además, de un período de nombramiento provisional de 19 días reconocido
en la Resolución n.° 040289 de 201034.

e) Mediante escrito radicado el veintitrés (23) de febrero de dos mil diez (2010), la
señora Margarita Rosa Isaza Ruget solicitó al Instituto de Seguros Sociales el
reconocimiento de la pensión de jubilación35.

f) El Instituto de Seguros Sociales expidió la Resolución n.° 040289 del diecisiete
(17) de diciembre de dos mil diez (2010), mediante la cual negó el reconocimiento
de la pensión de jubilación y de vejez solicitada por la demandante36.

g) Durante el año dos mil trece (2013) la demandante elevó solicitudes respecto del
reconocimiento de la prestación pensional a la Fiduprevisora S.A, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud y Protección Social, entidades que
negaron dicha petición por cuanto no era de su competencia37.

h) Mediante Resolución n.° GNR 314422 del veintidós (22) de noviembre de 2013,
Colpensiones revocó la Resolución n.° 040289 de 2010 y, en su lugar, reconoció a
la demandante una pensión de vejez, con fundamento en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 758 de 199038.

2.5. Análisis del caso concreto.

33
Samai, índice 00019, folio 128 a 129.
34
Samai, índice 00019, folio 130 a 132.
35
Samai, índice 00019, folio 101.
36
Samai, índice 00019, folio 103 a 107.
37
Samai, índice 00019, folio 86 a 100.
38
Samai, índice 00019, folio 312 a 321.

18

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61. En el presente asunto, se encuentra acreditado que la señora Margarita Rosa
Isaza Ruget nació el once (11) de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete
(1957); y que prestó sus servicios al Instituto de Seguros Sociales durante los
períodos comprendidos entre el doce (12) y el treinta (30) de enero de mil
novecientos ochenta y cuatro (1984), y entre el primero (1.º) de noviembre de mil
novecientos ochenta y nueve (1989) y el veinticinco (25) de junio de dos mil tres
(2003). Con ocasión de la escisión del Instituto, fue incorporada, sin solución de
continuidad, a la ESE Policarpa Salavarrieta, entidad en la que permaneció
vinculada desde el veintiséis (26) de junio de dos mil tres (2003) hasta el quince (15)
de septiembre de dos mil nueve (2009).

62. De acuerdo con el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita
entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, el trabajador oficial que acreditara
«veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y alcanzara cincuenta (50) años de
edad, si era mujer, tendría derecho a una pensión de jubilación equivalente al cien por ciento (100%)
del promedio de lo percibido en el período allí establecido». En el caso de la demandante,

para el veinticinco (25) de junio de dos mil tres (2003), fecha en que se produjo la
escisión del Instituto, no se habían consolidado los requisitos previstos en la
disposición convencional, pues, para ese momento contaba con cuarenta y cinco
(45) años de edad y aproximadamente trece (13) años, ocho (8) meses y doce (12)
días de servicio al ISS, según lo establecido en las certificaciones laborales obrantes
en el expediente.39

63. Ahora bien, la parte demandante sostiene en el recurso de apelación que, para
efectos de establecer el cumplimiento del requisito de tiempo exigido para acceder
a la pensión convencional, debían acumularse los períodos laborados al servicio del
Instituto de Seguros Sociales con aquellos prestados en otras entidades de derecho
público, con fundamento en el artículo 101 de la Convención Colectiva de Trabajo.

64. Sobre el particular, el artículo 101 de la referida Convención prevé que «los
servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás entidades de derecho público podrá
acumularse para el cómputo del tiempo requerido para poder tener derecho a la pensión de jubilación
y el monto correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una de tales
entidades». La disposición, por tanto, permite que, para efectos de completar el

39
Samai, índice 00019, folio 103 a 107.

19

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tiempo requerido para acceder al derecho, se acumulen los servicios prestados en
entidades de derecho público distintas al Instituto.

65. En ese sentido, el argumento de la apelante amerita un estudio específico, pues,
la posibilidad de acumulación prevista en el artículo 101 constituye una hipótesis
distinta a la contemplada en el artículo 98 de la Convención, en cuanto este último
exige veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos al Instituto, mientras
que el artículo 101 permite tener en cuenta los servicios prestados sucesiva o
alternativamente en otras entidades de derecho público para completar el tiempo
requerido para la pensión de jubilación.

66. En el presente asunto, se encuentran acreditados períodos de vinculación de la
demandante al Instituto de Seguros Sociales, incluidos aquellos desempeñados
como supernumeraria, así como, el tiempo que posteriormente laboró en la ESE
Policarpa Salavarrieta. Por ello, corresponde establecer si, aun considerando la
acumulación de dichos períodos en los términos planteados por la demandante, se
alcanzaba el requisito de veinte (20) años de servicios exigido para acceder al
derecho convencional.

67. Para tal efecto, al tiempo acreditado por la demandante al servicio del Instituto
de Seguros Sociales debe adicionarse, bajo la hipótesis más favorable a sus
intereses y sin que ello implique anticipar una conclusión sobre la procedencia
jurídica de cada uno de los períodos, el tiempo laborado en la ESE Policarpa
Salavarrieta hasta la fecha relevante para el análisis de la consolidación del derecho
convencional.

68. De acuerdo con los tiempos acreditados en el expediente, al treinta y uno (31)
de octubre de dos mil cuatro (2004), la demandante registraba seis períodos de
vinculación como supernumeraria al Instituto de Seguros Sociales, equivalentes en
conjunto a ciento cuarenta y siete (147) días; un período principal de servicios al
ISS comprendido entre el primero (1.º) de noviembre de mil novecientos ochenta y
nueve (1989) y el veinticinco (25) de junio de dos mil tres (2003), correspondiente a
cuatro mil novecientos ochenta y cinco (4.985) días; y el tiempo laborado en la ESE
Policarpa Salavarrieta entre el veintiséis (26) de junio de dos mil tres (2003) y el
treinta y uno (31) de octubre de dos mil cuatro (2004), equivalente a cuatrocientos
noventa y cuatro (494) días.

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69. La sumatoria de dichos períodos arroja un total de cinco mil seiscientos
veintiséis (5.626) días de servicios, equivalentes, a quince (15) años, siete (7)
meses y dieciséis (16) días, conforme a la conversión utilizada en el cuadro de
tiempos que posteriormente se expondrá para más claridad, en el numeral 73 de
esta sentencia.

70. En consecuencia, aún bajo la hipótesis más favorable a la demandante,
consistente en considerar acumulables los períodos de servicios prestados al
Instituto de Seguros Sociales y el tiempo laborado posteriormente en la ESE
Policarpa Salavarrieta, no alcanzaba los veinte (20) años de servicios requeridos
para acceder a la pensión de jubilación convencional.

71. De otra parte, el cómputo de todos los períodos acreditados, incluyendo el
tiempo laborado en la ESE Policarpa Salavarrieta con posterioridad al treinta y uno
(31) de octubre de dos mil cuatro (2004), arroja un total de siete mil cuatrocientos
seis (7.406) días, equivalentes a veinte (20) años, seis (6) meses y veintiséis (26)
días; sin embargo, dicho resultado solamente se alcanza al extender el cómputo
hasta el quince (15) de septiembre de dos mil nueve (2009). Veamos:

72. TIEMPOS LABORADOS, INCLUIDOS LOS PERÍODOS COMO
SUPERNUMERARIA

DESDE HASTA ENTIDAD CALIDAD TIEMPO CERTIFICACIÓN

20/06/1983 13/07/1983 ISS Supernumeraria 24 días Antecedentes laborales
del ISS; entorno de los
folios 107 a 109.

12/01/1984 30/01/1984 ISS Supernumeraria 19 días Certificado de Información
Laboral del ISS /
antecedentes laborales.

09/01/1987 22/01/1987 ISS Supernumeraria 14 días Antecedentes laborales
del ISS; entorno de los
folios 107 a 109.

21/12/1987 20/01/1988 ISS Supernumeraria 31 días Antecedentes laborales
del ISS; entorno de los
folios 107 a 109.

27/06/1988 26/07/1988 ISS Supernumeraria 30 días Antecedentes laborales
del ISS; entorno de los
folios 107 a 109.

26/12/1988 23/01/1989 ISS Supernumeraria 29 días Antecedentes laborales
del ISS; entorno de los
folios 107 a 109.

21

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01/11/1989 25/06/2003 ISS Vinculación 4.985 Certificado de Información
certificada días Laboral del ISS, folio
físico 128.

26/06/2003 15/09/2009 ESE Incorporación sin 2.274 Certificación de la ESE
Policarpa solución de días Policarpa Salavarrieta,
Salavarrieta continuidad folio físico 129.

ENTIDAD DÍAS EQUIVALENTE
Supernumeraria 147 4 meses y 27 días
ISS 4.985 13 años, 10 meses y 5 días
ESE Policarpa Salavarrieta 2.274 6 años, 3 meses y 24 días
TOTAL 7.406 20 años, 6 meses y 26 días

73. TIEMPOS LABORADOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2004

DESDE HASTA ENTIDAD CALIDAD TIEMPO CERTIFICACIÓN
20/06/1983 13/07/1983 ISS Supernumeraria 24 días Antecedentes laborales
del ISS; entorno de los
folios 107 a 109.
12/01/1984 30/01/1984 ISS Supernumeraria 19 días Certificado de
Información Laboral del
ISS / antecedentes
laborales.
09/01/1987 22/01/1987 ISS Supernumeraria 14 días Antecedentes laborales
del ISS; entorno de los
folios 107 a 109.
21/12/1987 20/01/1988 ISS Supernumeraria 31 días Antecedentes laborales
del ISS; entorno de los
folios 107 a 109.
27/06/1988 26/07/1988 ISS Supernumeraria 30 días Antecedentes laborales
del ISS; entorno de los
folios 107 a 109.
26/12/1988 23/01/1989 ISS Supernumeraria 29 días Antecedentes laborales
del ISS; entorno de los
folios 107 a 109.
01/11/1989 25/06/2003 ISS Vinculación 4.985 Certificado de
certificada días Información Laboral del
ISS, folio físico 128.
26/06/2003 31/10/2004 ESE Incorporación 494 días Certificación de la ESE
Policarpa 31/10/04 Policarpa Salavarrieta,
Salavarrieta folio físico 129.

ENTIDAD DÍAS EQUIVALENTE
Supernumeraria 147 4 meses y 27 días
ISS 4.985 13 años, 10 meses y 5 días
ESE Policarpa Salavarrieta 494 1 año, 4 meses y 14 días
hasta el 31/10/2004
TOTAL 5.626 15 años, 7 meses y 16 días

74. Así las cosas, la posibilidad de acumulación prevista en el artículo 101 de la
Convención Colectiva no modifica la conclusión previamente expuesta, pues, aun
si se admitiera la acumulación de los períodos invocados por la demandante, para

22

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el treinta y uno (31) de octubre de dos mil cuatro (2004), no acreditaba los veinte
(20) años de servicios requeridos.

75. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el cumplimiento del requisito de
tiempo no es el único presupuesto exigido para acceder a la pensión convencional,
porque la demandante tampoco había acreditado, para dicha fecha, el requisito de
edad previsto en el artículo 98 de la Convención, esto es, cincuenta (50) años para
las mujeres. En consecuencia, aun bajo la interpretación favorable derivada del
artículo 101, no se consolidó el derecho pensional convencional reclamado.

2.5.1. De la pensión prevista en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.

76. Corresponde ahora examinar el argumento de la parte demandante según el
cual tiene derecho al reconocimiento de la pensión prevista en el artículo 19 del
Decreto 1653 de 1977, en consideración a que, para la entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones, se encontraba vinculada al Instituto de Seguros
Sociales y era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.

77. En primer lugar, debe precisarse que se encuentra acreditado que la
demandante, para el primero (1.º) de abril de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), tenía más de treinta y cinco (35) años de edad y se desempeñaba como
odontóloga al servicio del Instituto de Seguros Sociales, en calidad de funcionaria
de la seguridad social. En consecuencia, para dicha fecha se encontraba amparada
por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

78. Esta circunstancia resulta relevante para el estudio de la prestación reclamada
y, por tanto, no puede ser desconocida bajo el argumento que, con posterioridad, la
naturaleza de su vínculo fue modificada. Sin embargo, la pertenencia al régimen de
transición no agota el análisis jurídico del caso, pues, también es necesario
establecer el alcance de las disposiciones que regularon posteriormente la
clasificación de los servidores del Instituto de Seguros Sociales y la conservación
de su régimen salarial y prestacional.

79. En efecto, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la
situación jurídica de los servidores del Instituto de Seguros Sociales fue objeto de
modificaciones normativas. Luego de la sentencia C-579 de 1996, el Decreto 416
de 1997 clasificó los empleos de dicha entidad entre empleados públicos y

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trabajadores oficiales. Por su parte, el Decreto 604 de 1997 estableció reglas
especiales en relación con el régimen salarial y prestacional aplicable a
determinados servidores de la entidad.

80. En el caso de la señora Margarita Rosa Isaza Ruget, se encuentra acreditado
que, con ocasión de la clasificación efectuada por el Decreto 416 de 1997, el cargo
que desempeñaba pasó a tener la condición de trabajadora oficial, y no de
empleada pública.

81. Este aspecto resulta relevante porque la condición de empleada pública de la
demandante no fue adquirida como consecuencia de la clasificación efectuada por
el Decreto 416 de 1997. Por el contrario, para ese momento su vínculo correspondía
al de una trabajadora oficial.

82. Ahora, la demandante adquirió posteriormente la condición de empleada
pública, a partir del veintiséis (26) de junio de dos mil tres (2003), cuando fue
incorporada a la ESE Policarpa Salavarrieta como consecuencia de la escisión del
Instituto de Seguros Sociales. Por tanto, dicha condición fue adquirida con
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 416 de 1997 y por una causa
jurídica distinta a la clasificación prevista en esa normativa.

83. En este sentido, la circunstancia de que la demandante fuera beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe
analizarse conjuntamente con las particularidades de su situación laboral y con las
modificaciones que posteriormente experimentó la naturaleza de su vínculo. En
otras palabras, el régimen de transición constituye un presupuesto relevante para el
estudio de su situación pensional, pero no permite prescindir del análisis de las
condiciones específicas que la jurisprudencia ha considerado para la aplicación del
artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.

84. En particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha examinado la situación
de los servidores del Instituto de Seguros Sociales que, siendo beneficiarios del
régimen de transición, fueron afectados por la clasificación introducida mediante el
Decreto 416 de 1997. Mediante sentencia de seis (06) de agosto de dos mil veinte
(2020), la Subsección A de la Sección Segunda40 precisó que, para la aplicación del

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 6 de agosto de
2020, rad. 52001-23-31-000-2011-00611-01 (1870-17), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas

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régimen previsto en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, debía analizarse no
solo la pertenencia al régimen de transición, sino también la situación particular del
servidor frente a la clasificación de los empleos del Instituto de Seguros Sociales.

85. Bajo ese criterio, la situación de la demandante presenta una particularidad
determinante: aunque para el primero (1.º) de abril de mil novecientos noventa y
cuatro (1994) era beneficiaria del régimen de transición y se desempeñaba como
funcionaria de la seguridad social, con la clasificación efectuada por el Decreto 416
de 1997 su cargo tuvo la condición de trabajadora oficial.

86. De esta manera, la calidad de empleada pública que posteriormente ostentó no
se derivó del Decreto 416 de 1997, sino de su incorporación a la ESE Policarpa
Salavarrieta en el año dos mil tres (2003). Esta circunstancia impide equiparar su
situación a la de aquellos servidores cuya condición de empleados públicos se
consolidó directamente con ocasión de la clasificación introducida en mil
novecientos noventa y siete (1997).

87. En consecuencia, si bien la demandante se encontraba cobijada por el régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dicha circunstancia,
apreciada conjuntamente con la clasificación de su empleo como de trabajadora
oficial a partir del Decreto 416 de 1997, no permite concluir que hubiera conservado
automáticamente el régimen pensional previsto en el artículo 19 del Decreto 1653
de 1977, sobre el tema se pronunció esta subsección mediante sentencia proferida
el siete (07) de mayo de dos mil veinticinco (2025).41

88. Por tanto, no prospera el argumento de la apelante según el cual la sola
circunstancia de haber tenido más de treinta y cinco (35) años de edad para el
primero (1.º) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y de ostentar
entonces la condición de funcionaria de la seguridad social, resulta suficiente para
obtener el reconocimiento pensional con fundamento en el artículo 19 del Decreto
1653 de 1977.

89. Lo anterior, por cuanto la situación jurídica de la demandante debe examinarse
integralmente, atendiendo tanto su pertenencia al régimen de transición como las
modificaciones posteriores de la naturaleza de su vínculo, particularmente la

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de mayo de
2025, rad. 05001-23-33-000-2018-01903-01 (3792-2024), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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clasificación de su cargo como de trabajadora oficial mediante el Decreto 416 de
1997 y su posterior incorporación como empleada pública a la ESE Policarpa
Salavarrieta en el año 2003.

90. La anterior conclusión no desconoce la Sentencia SU-897 de 2012 de la Corte
Constitucional, allí se determinó la vigencia de la convención colectiva hasta el
treinta y uno (31) de octubre de dos mil cuatro (2004) y en el caso que la persona
no cumpliera con los requisitos, podría adquirir la pensión con el Decreto 1653 de
1977, de los servidores públicos próximos a pensionarse en transición, dentro del
marco del llamado retén social; sin embargo, determina que dicho decreto no se
aplica de manera automática, ello no significa que la sola pertenencia al régimen de
transición implique de manera automática, la conservación indefinida del régimen
especial previsto en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.

91. En el presente asunto, la Sala encuentra que la situación de la demandante
presenta una circunstancia jurídica diferenciadora, consistente en que el cargo que
desempeñaba fue clasificado como de trabajadora oficial a partir del Decreto 416
de 1997, por lo que no quedó comprendida entre los servidores a quienes el Decreto
604 de 1997, les conservó el régimen salarial y prestacional de los antiguos
funcionarios de la seguridad social. Así, mientras el precedente invocado centra su
análisis en el cumplimiento del régimen de transición pensional, la controversia aquí
planteada exige determinar previamente si la demandante conservó el régimen
especial cuya aplicación reclama, siguiendo el criterio que esta subsección adoptó
recientemente, en la decisión mencionada en precedencia.

2.5.2. Sobre los demás reparos de la apelación.

92. Respecto de las pretensiones de carácter económico formuladas por la parte
actora, como consecuencia del reconocimiento de la pensión de jubilación
solicitada, la demandante pretendió el reconocimiento y pago de la bonificación
prevista en el artículo 103 de la Convención Colectiva de Trabajo, equivalente a dos
(2) meses de salario, liquidado con base en el salario que devengara la trabajadora
al momento de su retiro, así como, el pago retroactivo de la prestación pensional
desde el quince (15) de septiembre de dos mil nueve (2009), y los demás
correspondientes al reconocimiento de la prestación.

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93. Al respecto, debe precisarse que tales pretensiones tienen un carácter
consecuencial y dependiente del reconocimiento de la prestación pensional
principal y, como quedó establecido en los acápites precedentes, la demandante no
consolidó el derecho a la pensión de jubilación prevista en el artículo 98 de la
Convención Colectiva de Trabajo, toda vez que, al momento de finalizar su vigencia,
esto es, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil cuatro (2004), no había acreditado
los veinte (20) años de servicio ni los cincuenta (50) años de edad exigidos por dicha
disposición.

94. De igual manera, tampoco acreditó los presupuestos jurídicos necesarios para
acceder a la pensión prevista en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, pues,
aunque al primero (1.º) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
ostentaba la condición de funcionaria de la seguridad social, posteriormente, su
cargo fue catalogado como de trabajador oficial y solo adquirió la condición de
empleada pública con ocasión de la escisión del ISS y su incorporación a la ESE
Policarpa Salavarrieta.

95. En consecuencia, al no existir un derecho pensional principal susceptible de
reconocimiento, tampoco resulta jurídicamente procedente ordenar el pago de las
prestaciones económicas que dependen de su existencia, entre ellas, la bonificación
contemplada en el artículo 103 de la Convención Colectiva, el retroactivo pensional
solicitado desde el quince (15) de septiembre de dos mil nueve (2009), la indexación
de las sumas pretendidas, la indemnización moratoria y los intereses comerciales y
moratorios.

2.6. Conclusión.

96. De acuerdo con el fundamento expuesto, la Sala concluye que, la señora
Margarita Rosa Isaza Ruget no consolidó el derecho a la pensión prevista en el
artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, ni acreditó los presupuestos para
acceder a la prestación consagrada en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977. En
ese sentido, los argumentos de la apelación no están llamados a prosperar, por lo
que, se confirmará la sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte
(2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C.

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2.7. Condena en costas.

97. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil
veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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