Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01903-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01903-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-01903-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01903-01 (3792-2024)
Demandante: María Del Pilar Rendón Cadavid
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Beneficiario régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Pensión de jubilación Decreto 1653 de 1977.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 22 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, mediante la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. María del Pilar Rendón Cadavid presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones y oficios proferidos por el
Instituto de Seguros Sociales2 ahora Administradora Colombiana de Pensiones3: i)
1 En adelante CPACA.
2 En adelante ISS.
3 En adelante Colpensiones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2018-01903-01 (3792-2024)
Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
016855 del 30 de junio de 2011; ii) 029673 del 31 de octubre de 2011; iii) 001485
del 20 enero de 2012; iv) 027000 del 28 de septiembre de «201»; v) BZ.
2014_4948821_4939260 del 4 de diciembre de 2014 y BZ2016_3300230_3340569
del 25 de abril de 2016, mediante los cuales «se determinó por Colpensiones que la
historia laboral se había corregido y que los empleadores no realizaron cotizaciones a su
nombre para los periodos que se reflejan en los certificados laborales tipo bono pensional
expedidos por las mismas»; vi) GNR 246770 del 3 de octubre de 2013; vii) SUB 268419
del 24 de noviembre de 2017 y las resoluciones proferidas por el «ISS ahora la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social4»: i) RDP 002414 del 22 de enero 2015; ii) RDP 029583 del 13 de
agosto de 2016; iii) RDP 045373 del 1º de diciembre de 2016 y iv) RDP 045879 del 5
de diciembre de 2016, mediante los cuales fue negada la pensión de jubilación en
los términos previstos en el Decreto 1653 de 1977.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación según las
disposiciones del Decreto 1653 de 1977 o la Ley 33 de 1985, es decir «se reconozca
la pensión jubilación aplicando una tasa de reemplazo con el 75% del salario promedio
devengado en el último año de servicio con la inclusión de todos los factores salariales
determinados en el Artículo 19 de la norma referida o en su defecto por lo dispuesto en la Ley
33 de 1985»; ii) el pago de «los perjuicios ocasionados con la negación de la pensión. Los
cuales corresponden al veinte (20%) de las condenas económicas que llegare a fijar el juez en
favor de la demandante, y que corresponde a la suma que debe pagar al apoderado judicial
por su debida asistencia en el proceso administrativo y/o judicial»; iii) la actualización de
todas las mesadas pensionales desde la causación del derecho; iv) el pago del
retroactivo pensional; v) el cumplimiento de la sentencia de conformidad con los
artículos 192 y 195 del CPACA; y vi) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. María del Pilar Rendón Cadavid nació el 30 de junio de 1960 y prestó sus
servicios como auxiliar de servicios asistenciales en el ISS, seccional Antioquia,
entre el «28 de febrero de 1985 y el 25 de junio de 2003», en calidad de funcionaria de
la seguridad social [una clase especial de empleados públicos sometidos a un
régimen especial previsto en el Decreto 1653 de 1977]. Laboró durante 10.218 días,
que equivalen a 1.459 semanas o a 28 años, en los siguientes términos:
Empresa Fecha ingreso Fecha de retiro Tiempo de servicios
Hospital General de 11/01/1979 24/07/1980 561 días [1 año, 6
4 En adelante la Ugpp.
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
Medellín meses, 14 días]
Corporación Estudios 01/09/1980 15/07/1982 683 días [1 año, 10
de la Salud meses, 15 días]
Instituto de Ciencias 21/07/1982 21/02/1985 947 días [2 años, 7
de la Salud meses]
Seguro Social 28/02/1985 25/06/2003 6.692 días [18 años, 3
Seccional Antioquia meses, 27 días]
ESE Rafael Uribe 26/06/2003 31/10/2006 1.224 días [3 años, 4
Uribe meses, 5 días]
Total 28,075 días [28 años,
8 meses, 1 día]
3.2. La historia laboral reportada por Colpensiones el 31 de octubre de 2006 no tuvo
en cuenta el tiempo de servicio prestado en el Hospital General de Medellín, entre
el 11 de enero de 1979 y el 26 de julio de 1980, correspondiente a 80,43 semanas
de cotización y no 16 semanas como señaló la entidad, y en el ISS entre el 28 de
febrero de 1985 y el 30 de junio de 1986, equivalente a 69,71 semanas de
cotización, que no fueron computadas por la entidad.
3.3. El 1º de abril de 1994 contaba con 33,78 años de edad, y 790 semanas de
cotización, esto es 15,31 años de servicio como funcionaria del ISS.
3.4. El 19 de junio de 2009 le solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social la
aplicación de la convención colectiva del ISS para los empleados de las E.S.E.’s
liquidadas, por cuanto su último empleador fue la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, para la
cual laboró entre el 26 de junio de 2003 y el 31 de octubre de 2006, petición que fue
negada con el Oficio 199102 del 1º de julio de 2009.
3.5. Posteriormente solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de jubilación, la
cual fue negada mediante la Resolución 016855 del 30 de junio de 2011, decisión
confirmada a través de las resoluciones 029673 del 31 de octubre de 2011 y 001485
del 20 de enero de 2012.
3.6. La demandante solicitó la revocatoria directa de las anteriores decisiones y el
reconocimiento pensional, lo cual fue negado por el ISS mediante la Resolución
246770 del 3 de octubre de 2013.
3.7. El
30 de octubre de 2013, solicitó la corrección de la historia laboral. En
respuesta de lo anterior, el 31 de diciembre de ese año, Colpensiones indicó que
«’había corregido su historia laboral de manera integral según las inconsistencias
evidenciadas’»; no obstante, el error persistió.
3.8. El 31 de diciembre de 2013 reiteró la anterior petición, con el fin de que se
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
incluyeran los periodos laborados entre el 11 de enero de 1979 y el 24 de julio de
1980 y entre el 28 de febrero de 1985 y el 25 de junio de 2003. Mediante oficio
BZ2016_3300230_3340569 del 25 de abril de 2016, la entidad previsional indicó
que no se habían realizado cotizaciones adicionales a las reportadas .
3.9. El 18 de septiembre de 2014 solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la
pensión de jubilación, la cual fue negada mediante la Resolución RDP 002414 del
22 de enero de 2015.
3.10. El 31 de marzo de 2016 solicitó el reconocimiento pensional a la Ugpp, la cual
fue negada mediante las resoluciones RDP 029583 del 13 de agosto de 2016 y RDP
045373 del 1º de diciembre de 2016.
3.11. Mediante la Resolución RDP 045879 del 5 de diciembre de 2016, la Ugpp
revocó las decisiones RDP 029583 del 13 de agosto de 2016, con fundamento en
«’[q]ue teniendo en cuenta la petición inicial anteriormente relacionada, es pertinente
manifestar que dicha petición es de competencia del ISS hoy COLPENSIONES, teniendo en
cuenta lo establecido en el Decreto 4937 de 2009 especialmente lo consagrado en su artículo
18, en el entendido que se está solicitando la aplicación del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y por ende lo consagrado en el Decreto 1653 de 1977 artículo 19, lo que hace
referencia al reconocimiento de una pensión legal y no convencional, por tanto es competencia
de COLPENSIONES y no de esta entidad pronunciarse al respecto, máxime que la solicitud
antes indicada se efectúa en fecha posterior a la vigencia del Decreto 4937 de 2009, esto es
18 de diciembre de 2009, por tanto será necesario remitir por competencia la presente solicitud
a dicha entidad’».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 58, 87, 90, 228
y 229 de la Constitución Política; 1, 2, 3 del Decreto 1651 de 1977, 19 del Decreto
1653 de 1977, Ley 33 de 1985, 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 31, 33,
36, 141, 151, 272, 273 y 283 de la Ley 100 de 1993, 19 del Decreto 656 de 1994 y
1613, 1614 y 1617 del Código Civil. Asimismo, las leyes 700 de 2001 y 1437 de
2011, los decretos 2751 de 2002 y 4937 de 2009, los memorandos ISS 13100-
00722 del 9 de febrero de 2011, ISS 13100-3302 del 29 de marzo de 2010 y ISS
10130.01.01_1544 del 28 de enero de 2011; y la Circular Básica Jurídica 001 de
2012 de Colpensiones.
5
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente :
5.1. La demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100
5
Folios 12 a 21.
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
de 1993, porque para el 1º de abril de 1994 contaba con 790 semanas cotizadas,
es decir más de 15 años de servicio. En ese sentido, también mantuvo el régimen
de transición respecto de los requisitos previstos en el Acto Legislativo 01 de 2005,
puesto que para el 29 de julio de ese año contaba con más de 750 semanas
cotizadas y el 30 de junio de 2010 cumplió 50 años de edad y fue funcionaria de la
Seguridad Social durante más de 28 años de servicio, de manera que le era
aplicable el Decreto 1653 de 1977 [Régimen especial de los funcionarios de la
Seguridad Social], por favorabilidad, por la tasa de reemplazo de esa norma, en
comparación con la Ley 33 de 1985.
5.2. En consecuencia, la Ugpp desconoció las disposiciones del Decreto 1653 de
1977, en cuanto al reconocimiento de la pensión de jubilación en un monto
equivalente al 100% del IBL de lo percibido durante el último año de servicio.
1.2. Contestaciones de la demanda
6. 1.2.1. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque el «acto
administrativo 1919 del 5 de julio de 2012» fue proferido en concordancia con las normas
vigentes de seguridad social.
7. Propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii)
ausencia de vicios en los actos administrativos demandados; iii) inexistencia de la
obligación de conceder la pensión de vejez; iv) buena fe; v) prescripción; y
vi) cumplimiento de las obligaciones a cargo de Colpensiones6.
8. 1.2.2. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones por cuanto los actos
demandados estuvieron ajustados a la normatividad vigente para el momento de su
emisión.
9. Propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por activa; ii)
ausencia de vicios en los actos administrativos demandados; iii) inexistencia de la
obligación; iv) buena fe y v) prescripción7.
1.3. La sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala séptima de oralidad, mediante
sentencia proferida el 22 de mayo de 2024, declaró: i) probada de oficio la excepción
de inepta demanda respecto de las Resoluciones 016855 del 30 de junio de 2011,
029673 del 31 de octubre de 2011, 001485 del 20 de enero de 2012 y 027000 del
6 Folios 290 al 294.
7 Folios 297 al 301.
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
28 de septiembre de 2012, proferidas por el ISS, hoy Colpensiones; ii) la nulidad de
los Oficios BZ.2014_4948821_4939260 del 4 diciembre de 2014 y
BZ2016_3300230_3340569 del 25 de abril de 2016 proferidos por Colpensiones,
mediante los cuales se resolvieron las solicitudes de corrección de historia laboral
y, en consecuencia, condenó a Colpensiones a incluir en la historia laboral de la
demandante los tiempos laborados para la E.S.E. Hospital General de Medellín
entre el 11 de enero de 1979 y el 5 de abril de 1980 y para el ISS entre el 28 de
febrero de 1985 y el 30 de junio de 1986. Asimismo, negó la nulidad de las
resoluciones 029583 del 13 de agosto de 2016, RDP 045373 del 1º de diciembre de
2016 y RDP 045879 del 5 de diciembre de 2016 proferidas por la Ugpp. Para tal
efecto, se pronunció en estos términos8:
10.1. Si bien Colpensiones corrigió la historia laboral de María del Pilar Rendón
Cadavid en el año 2022 y, en consecuencia, aumentó a 1.322 semanas cotizadas
al incluir los periodos laborados para el ISS, entre el 1º de septiembre de 1986 y el
31 de octubre de 1986, el 1º de noviembre de 1988 y el 30 de noviembre de 1978 y
el 1º de junio de 1989 y el 30 de junio de 1989, lo cierto es que los lapsos trabajados
para la E.S.E. Hospital General de Medellín entre el 11 de enero de 1979 y el 5 de
abril de 1980 y en el ISS entre el 28 de febrero de 1985 y el 30 de junio 1986, no
fueron tenidos en cuenta en la Resolución SUB 268419 del 24 de noviembre de
2017, mediante la cual Colpensiones reconoció la pensión de jubilación, en virtud
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
10.2. Ahorabien, en la medida en que, contra la mencionada resolución de
reconocimiento no se presentó recurso alguno, mediante auto del 20 de mayo de
2021 fue declarada de oficio la excepción de inepta demanda, por falta de
agotamiento de la actuación administrativa, en ese sentido «[d]ebe precisarse entonces
que, en el presente caso no puede el operador judicial realizar un análisis integral, tendiente a
establecer si la conducta de la administración se ajustó o no a derecho, si el acto administrativo
que reconoció la prestación en respuesta a la última solicitud radicada por la demanda, esto
es, la Resolución No. SUB 268419 del 24 de noviembre de 2017, no puede ser objeto de
análisis judicial por cuanto no se agotó el requisito de procedibilidad – agotamiento de la
actuación administrativa-, pues, nada se haría, en el evento de declararse la nulidad de los
actos administrativos que se cuestionan en el presente medio de control, si los efectos de
dicha resolución aún orbitan dentro del mundo jurídico, amparados por la presunción de
legalidad […] Además, no se puede desconocer el principio de justicia rogada que rige la
actuación del juez en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
10.3. Con el estudio de legalidad de los actos administrativos demandados
proferidos antes del reconocimiento pensional de la Resolución SUB 268419 del 24
8
Índice 90 de Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, actuación denominada
68Sentencia_1_J2018019032024MAY16C(.pdf) NroActua 90.
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
de noviembre de 2017, sería posible otorgar una doble pensión, lo cual no resultaba
viable en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente. Por lo anterior, no habrá
pronunciamiento respecto de las resoluciones 016855 del 30 de junio de 2011,
029673 del 31 de octubre de 2011, 001485 del 20 de enero de 2012, 027000 del 28
de septiembre de 2012 proferidas por el ISS, ahora Colpensiones.
10.4. Asimismo, a la demandante le asistió derecho a la corrección de su historia
laboral, de manera que se declarará la nulidad de los oficios
BZ.2014_4948821_4939260 del 4 de diciembre de 2014 y
BZ2016_3300230_3340569 del 25 de abril de 2016 proferidos por Colpensiones,
con el fin de que en esta sean incluidos los tiempos laborados entre el 11 de enero
de 1979 y el 5 de abril de 1980 en la E.S.E. Hospital General de Medellín y entre el
28 de febrero de 1985 y el 30 de junio de 1986, sin lugar al reembolso de aportes
correspondientes a los periodos «2016-12 al 2017-07 realizados por la actora para obtener
la pensión de vejez en los términos reconocidos por Colpensiones ya que, como se dijo, no se
hará el estudio de legalidad de la Resolución No. SUB 268419 del 24 de noviembre de 2017».
10.5. Por otra parte, las Resoluciones 029583 del 13 de agosto de 2016, RDP
045373 del 1º de diciembre de 2016 y RDP 045879 del 5 de diciembre de 2016
proferidas por la Ugpp no serán declaradas nulas, toda vez que esa entidad carecía
de competencia para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación, según
lo dispuesto en el Decreto 4937 de 2009.
10.6. Ahora, de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de Colpensiones, «en
gracia de discusión» no habría lugar al reconocimiento pensional en los términos del
Decreto 1653 de 1977 aun si se tuvieran en cuenta los tiempos laborados para la
E.S.E. Hospital General de Medellín y el ISS, por la calidad que ejercía la demandante
durante la entrada en vigencia del Decreto 416 de 1997, toda vez que «[s]e encuentra
probado que la señora María del Pilar Rendón Cadavid para la entrada en vigencia del Decreto
416 de 1997, esto es, para el 26 de febrero de 1997, ostentaba la calidad de Trabajadora
Oficial, pues su cargo era de ‘Auxiliar de Servicios Asistenciales, grado 12’, es decir, no estaba
incluido en los cargos enlistados en el numeral primero de dicha norma, calidad que también
fue certificada por el Coordinador del Grupo de Administración de Entidades Liquidadas de la
Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social del 27 de mayo de 2016 en la
que se indicó que ‘el carácter de su última vinculación fue el de trabajador oficial’, razón por la
cual no se beneficiaría de lo previsto en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977».
1.4. Los recursos de apelación
11. 1.4.1. Colpensiones interpuso recurso de apelación respecto de los aspectos del
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
fallo que le fueron adversos, con fundamento en los siguientes argumentos9:
11.1. La sentencia impugnada ordenó la inclusión de los tiempos que no aparecen
en la historia laboral de María del Pilar Rendón Cadavid, entendidos desde el 11 de
enero de 1979 hasta el 5 de abril de 1980, laborados con la E.S.E. Hospital General
de Medellín y desde el 28 de febrero de 1985 hasta el 30 de junio de 1986, laborados
con el ISS, sobre los cuales no se acreditaron aportes para pensión, ni la afiliación
al sistema por parte de aquellos. Lo cual correspondió a una conducta omisiva por
parte de los empleadores, sin que pudiera acreditarse a la entidad previsional.
11.2. Para remediar esa omisión era posible que el empleador con apoyo de la
entidad trasladara al sistema general de pensiones una reserva actuarial, puesto
que con ese cálculo las semanas faltantes podían contabilizarse para todos los
efectos prestacionales, inclusive si esas correspondían a periodos anteriores a la
entrada en vigencia del sistema.
11.3. Asimismo, «las acciones de cobro extrajudicial deberán iniciarse dentro de los tres
meses siguientes a la constitución en mora, si no la ejerce se presenta un allanamiento a
la mora, y se deben contabilizar dichos periodos para reconocer prestaciones periódicas, lo
cual no es el caso por cuanto no existe una mora acreditada, por parte del empleador […]
para el presente caso, se observan en una historia laboral cotizaciones a COLPENSIONES,
sin que se observen periodos en mora; y en esa medida no existe allanamiento a la mora»
[sic].
11.4. 1.4.2. María del Pilar Rendón Cadavid interpuso recurso de apelación, con
fundamento en los siguientes argumentos10:
11.5. La naturaleza del cargo desempeñado no le impedía acceder al reconocimiento
de la prestación, puesto que era beneficiaria del régimen de transición por el tiempo
de servicio y por las semanas cotizadas «tanto la ESE referida como el Instituto de los
seguros sociales le reconoció la pensión de jubilación a cargo del ISS empleador, pero al
momento de cumplimiento de la edad para el disfrute del derecho pensional, el empleador,
conjuntamente en el decreto 4937 del 2009 que reguló los bonos tipo T, se desprendió de
la obligación pensional trasladándola al ISS asegurador, quien negó la prestación
económica de conformidad con lo expuesto en los actos administrativos y en el escrito
genitor de la presente acción judicial» [sic].
11.6. Si bien la naturaleza del empleo que desempeñó, inicialmente cambió de
9 Índice 93 de Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 93, 69_MemorialWeb_Recurso-
05001233300020180190(.pdf) NroActua 93.
10 Índice 94 de Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, actuación denominada 72Recepcion
Memor_05001233300020180190(.pdf) NroActua 94.
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
funcionaria de la seguridad social al de trabajadora oficial [entre el 1996 y el 2003]
y con posterioridad al de empleada pública [entre junio de 2003 y octubre de 2006],
lo cierto es que ello no puede impedir el reconocimiento de la pensión de jubilación
ni conllevar al desconocimiento del tiempo laborado.
11.7. Mediante la Circular Básica Jurídica 001 de 2012, proferida por Colpensiones,
«reconoció el régimen especial de funciones de la Seguridad Social para aquellas personas
que ostentaban la calidad o naturaleza de dicho empleo público, y la misma entidad negó
dicha prestación económica a la demandante porque no acreditaba los 15 años de servicio
al primero de abril del 94, pero por causas imputables en la misma entidad, luego entonces
si dentro de este proceso se pudo demostrar que la demandante si tenía los 15 años de
servicios al momento en que entró en vigor el sistema general de pensiones, hoy no se le
puede desconocer la naturaleza del cargo que ostentaba en ese momento y por lo tanto la
expectativa legítima que tenía de que se le reconociera la pensión de jubilación con
fundamento en el decreto de 1653 del 77, que si bien conjuntamente en la reciente
sentencia del Consejo de Estado, en la cual manifiesta que no podrán reconocer de
pensiones por emolumentos salariales no cotizados al sistema, a la demandante se le debe
reconocer la pensión correspondiente al 75% del IBL cotizado los últimos 10 años de
servicio esto es, entre el primero de noviembre del 96 y el 31 de octubre de 2006» [sic].
1.7. Pronunciamiento en segunda instancia
12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.
1.8. El Ministerio Público
13. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia objetada, con fundamento en que Colpensiones estaba en la obligación
de probar que adelantó las actuaciones correspondientes ante los empleadores de
la demandante con el fin de salvaguardar sus derechos, en ese sentido debió
indagar respecto del cálculo actuarial que permitieran complementar la historia
laboral, sin trasladar cargas adicionales a los cotizantes.
14. Asimismo, no era posible desconocer la presunción de constitucionalidad y
legalidad con la que cuentan los actos administrativos que no han sido objeto de
alguna declaración de nulidad por parte de la autoridad judicial competente, además
para la fecha de emisión de la sentencia C-579 de 1996, la demandante no había
adquirido el estatus pensional, motivo por el cual no contaba con un derecho
11 Índice 4 de Samai, actuación denominada 6Autoqueadmite_37922024Admiterecurs(.pdf)
NroActua 4.
9
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
adquirido.
15. Finalmente, al verificar una decisión inhibitoria del fallo de primera instancia, con
posible nexo de causalidad respecto de las falencias que pudieron advertirse desde
la etapa de la admisión de la demanda, debieron cuestionarse desde el inicio del
proceso las razones por las cuales «no se demandaron la totalidad de actos
administrativos que era menester cuestionar ante el juez competente, aspecto que
respetuosamente se exhorta a obtener algún pronunciamiento por parte del ad quem, al
considerarse relevante en cuanto al decisum adoptado por el juez colegiado de primer
grado, en lo atinente especialmente a la protección del derecho fundamental a la seguridad
social» [sic].
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
16. Se circunscribe a resolver:
16.1. ¿Si Colpensiones tiene la obligación de incluir en la hoja de vida de María del
Pilar Rendón Cadavid las semanas ordenadas en la sentencia de primera instancia,
pese a que no se acreditaron los aportes para pensión, ni la afiliación al sistema?
16.2. ¿Si María del Pilar Rendón Cadavid era beneficiaria del régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993 y, como consecuencia, tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de conformidad con el Decreto 1653 de 1977, previsto
para los funcionarios de la seguridad social?
2.2. Marco normativo
2.2.1. En torno a la liquidación de la pensión de los funcionarios de la
seguridad social
17. A través de la Ley 90 de 194612 se creó el ISS como una entidad autónoma con
personería jurídica y patrimonio propio cuyo objeto era dirigir y vigilar los seguros
sociales previstos para cubrir los riesgos de enfermedades profesionales y no
profesionales, maternidad, invalidez, vejez, accidentes de trabajo y muerte.
18. Posteriormente, con el Decreto 2324 de 194813 el gobierno nacional dispuso que
12 «Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales».
13 «Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre Seguro Social Obligatorio y se decreta el
funcionamiento del Instituto Colombiano de Seguros Sociales».
10
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
los trabajadores vinculados a dicha entidad ostentarían la calidad de trabajadores
particulares y de los «consiguientes derechos y prestaciones sociales». Además, se
estableció que a estos no les serían «aplicables las normas legales sobre
incompatibilidades, sobre, carrera administrativa, ni ninguna otra referente a los
trabajadoras (sic) del Estado y demás entidades de Derecho Público»14.
19. Más adelante, el Decreto 433 de 197115 reorganizó el ISS y le dio la categoría
de establecimiento público adscrito al Ministerio de Trabajo y de la Seguridad
Social16. El Decreto 1651 de 197717 previó una nueva categoría de servidores
denominados «funcionarios de la seguridad social». Lo anterior fue desarrollado por
los decretos 165218 y 165319 de esa anualidad, cuyo contenido era el siguiente:
«Artículo 3°. De los servidores del Instituto de Seguros Sociales. Serán empleados
públicos de libre nombramiento y remoción, el Director General del Instituto, el Secretario
General, los Subdirectores y los Gerentes Seccionales de la entidad. Tales empleados
se sujetarán a las normas generales que rigen para los funcionarios de la Rama Ejecutiva
del Poder Público.
Las demás personas naturales que desempeñen las funciones de que trata el
artículo precedente, se denominarán funcionarios de seguridad social, con
excepción de las personas que cumplan las funciones relacionadas con las siguientes
actividades, que serán trabajadores oficiales: aseo, jardinería, electricidad, mecánica,
cocina, celaduría, lavandería, costura, planchado de ropa y transporte.
Los funcionarios de seguridad social estarán vinculados a la administración por
una relación legal y reglamentaria de naturaleza especial, que les confiere el derecho
a celebrar colectivamente con el Instituto convenciones para modificar las asignaciones
básicas de sus cargos» [Se resalta].
20
20. Por su parte, el Decreto 1653 de 1977 reguló el régimen pensional de los
funcionarios de la seguridad social así:
«Artículo 19. De la pensión de jubilación. El funcionario de seguridad social que haya
prestado servicios durante veinte años continuos o discontinuos al Instituto y llegue
a la edad de cincuenta y cinco años si es varón o de cincuenta si es mujer, tendrá
derecho al reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación. Esta
14 De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 2324 de 1948.
15 «Por el cual se reorganiza el Instituto Colombiano de Seguros Sociales».
16 Según lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto 433 de 1971.
17 «Por el cual se dictan normas sobre administración de personal en el Instituto de Seguros
Sociales».
18
«Por el cual se determina el sistema especial de clasificación y remuneración correspondiente a
las distintas categorías de cargos del Instituto de Seguros Sociales y se dictan otras disposiciones».
19
«Por el cual se establece el régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de
seguridad social que prestan sus servicios al Instituto de Seguros Sociales».
20
«Por el cual se establece el régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de
seguridad social que prestan sus servicios al Instituto de Seguros Sociales».
11
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pensión equivaldrá al ciento por ciento del promedio de lo percibido en el último año de
servicios por concepto de los siguientes factores de remuneración:
a) Asignación básica mensual.
b) Gastos de representación.
c) Primas técnica, de gestión y de localización.
d) Primas de servicios y de vacaciones.
e) Auxilios de alimentación y de transporte.
f) Valor del trabajo en dominicales y feriados, y
g) Valor del trabajo suplementario o en horas extras.
No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones de
jubilación y de retiro por vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y
otro concepto, más del ciento por ciento del promedio a que se refiere el presente
artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de jubilación será
equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensión de vejez.
(…)
Artículo 21. De la acumulación del tiempo de servicios. Los servicios prestados sucesiva
o alternativamente en las demás entidades de derecho público podrán acumularse para
el cómputo del tiempo requerido para tener derecho a pensión de jubilación, y el monto
correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo laboral en cada una de tales
entidades.
En este caso, la cuantía de la pensión será del setenta y cinco por ciento del promedio
de lo percibido en el último año de servicio por concepto de todos los factores de
remuneración que constituyen salario.
Siempre que conforme en lo dispuesto en el presente artículo proceda la acumulación,
el Instituto tendrá derecho a repetir contra las entidades obligadas al reembolso de la
cantidad proporcional que les corresponda. El proyecto de liquidación será notificado a
los respectivos organismos».
21. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-579 de 1996, declaró
inexequible la expresión «las demás personas naturales que desempeñen las funciones
de que trata el artículo precedente, se denominarán funcionarios de seguridad social»,
prevista en el inciso 2 del artículo 3 del Decreto Ley 1651 de 1977, con lo cual
desapareció la categoría de trabajadores de la seguridad social.
22. Por su parte, con el fin de reglamentar la forma de vinculación y provisión de los
cargos del ISS a la luz de la nueva categoría de servidores [funcionarios de la
seguridad social], el gobierno nacional expidió el Decreto 413 de 1980 y en sus
artículos 2, 3, 4 y 5 dispuso que estos se clasificarían en empleados públicos,
trabajadores oficiales y funcionarios de seguridad social.
23. Así, el artículo 4 ibidem dispuso que los cargos de «[a]bogado, Administrador
Hospitalario Profesional, Administrador Hospitalario Técnico, Administrador Público o de
Empresas, Almacenista, Analista de Sistemas, Anestesista Técnico, Arquitecto, auxiliar de
12
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
servicios asistenciales, auxiliar de Servicios administrativos, auxiliar de servicios
generales, Auxiliar de alimentación a Pacientes, ayudante de servicios administrativos,
Ayudante de Servicios asistenciales, Ayudante de servicios Generales, Bacteriólogo,
Bibliotecólogo, Licenciado, Cajero, Contador, delineante de Arquitectura, Dibujante
Publicitario, Economista, Educador licenciado en Salud, Enfermera, Estadístico Licenciado,
Estadístico Profesional, Ingeniero, inspector, Instrumentador Quirúrgico Técnico, jefe de
Departamento, Jefe De división, Jefe de Grupo, Jefe de Sección, Licenciado de Ciencias
de Salud, Médico Especialista, Medico General, Mecanógrafa, Monitor Licenciado en
Deportes, Nutricionista Dietista, Odontólogo Especialista, Odontólogo General, Operador
de Conmutador, Operador de Computador, Operador de Equipo Periférico de Computación,
Optómetra, Profesional, Profesional especializado, Programador de Equipo de
Sistematización, Químico Farmacéutico, Recepcionista, Secretaria, Secretaria Bilingüe,
Secretaria Ejecutiva, Secretaria Clínica, Sicólogo, Sociólogo, Supervisor de seguridad
industrial, Supervisor de Obra, Supervisor Administrativo, Técnico de Servicios
Asistenciales, Técnico de Servicios Administrativos, Técnico en Ayudas Audio Visuales,
Técnico de Microfilmación, Técnico de Mantenimiento, Terapista, Tesorero, Tesorero
Auxiliar, Trabajadora Social» serían provistos a través del régimen especial de carrera
previsto para los funcionarios de la seguridad social, «como una modalidad especial
de empleado público, propio de aquellas entidades que desarrollaran actividades propias
de salud, pensión y riesgos profesionales»21.
22
24. El anterior esquema se mantuvo, aun cuando por el Decreto 2148 de 1992 ,
proferido en el marco de la Constitución Política de 1991, se modificó la estructura
del ISS y mutó su naturaleza en una empresa industrial y comercial del Estado del
orden nacional. Con posterioridad, la junta directiva del ISS expidió el Acuerdo 145
de 1997, que clasificó los empleos de dicha entidad, y que fue aprobado por el
gobierno a través del Decreto 416 del 20 de febrero de 199723, cuyo artículo 1A
distinguió 2 clases de servidores: los empleados públicos y trabajadores oficiales.
24
25. Posteriormente, se expidió el Decreto 416 de 1997 que dispuso:
«Artículo 1º. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados
públicos y trabajadores oficiales.
A. Son Empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta
de personal del ISS:
1. Presidente del Instituto.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2017, radicado
08001-23-33-000-2013-00735-01 (3123-2016)
22
Por el cual se reestructura el Instituto de Seguros Sociales.
23
Por el cual se aprueba el Acuerdo 145 del 4 de febrero de 1997, emanado del Consejo Directivo
del Instituto de Seguros Sociales.
24
«Por el cual se aprueba el Acuerdo 145 del 4 de febrero de 1997, emanado del Consejo Directivo
del Instituto de Seguros Sociales».
13
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
2. Secretario General y Seccional.
3. Vicepresidente.
4. Gerente.
5. Director.
6. Asesor.
7. Jefe de Departamento.
8. Jefe de Unidad.
9. Subgerente.
10. Coordinador Clase 1, ll, lll, IV y V.
11. Jefe de Sección.
12. Funcionarios profesionales de Auditoría Interna, Disciplinaria, Calidad de servicios
de Salud y Contratación de Servicios de Salud.
13. Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos
del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director.
B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempeñen en el Instituto los demás
cargos».
26. Por su parte, el Decreto 604 del 7 de marzo de 1997 25 creó un régimen de
transición para los servidores del ISS que adquirieron la condición de empleados
públicos por virtud del Decreto 416 de 1997, los que conservarían el régimen salarial
y prestacional que les correspondía a los funcionarios de la seguridad social,
mientras que a los demás empleados públicos y los que se llegaran a vincular les
serían aplicables las normas generales que rigen a los servidores del orden
nacional.
27. Ahora, en relación con la interpretación de los decretos en mención, esta
corporación consideró lo siguiente26:
«De lo dispuesto en los dos primeros artículos transcritos [1 y 2 del Decreto 604 de 1997],
los únicos servidores de la entidad demandada que conservaron el régimen
prestacional y los factores salariales que venían disfrutando como funcionarios de
seguridad social, fueron exclusivamente los que adquirieron la calidad de
empleados públicos de acuerdo con el Decreto 416 de 1997.
Según el Artículo 3.° del Decreto 604 de 1997, también transcrito, los demás empleados
públicos y quienes con tal calidad se vincularan a esa entidad en el futuro, gozarían del
régimen salarial y prestacional establecido por las normas generales aplicables a los
empleados públicos del orden nacional.
Lo anterior quiere decir que aquellos servidores que con antelación a la expedición del
Decreto 416 de 1997 tenían la condición de empleados públicos, quedaron excluidos del
25
«Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos
del Instituto de Seguros Sociales».
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de julio de 2002, radicado
76001-23-31-000-1997-00033-01(0631-01), M.P. Alberto Arango Mantilla, reiterado en la sentencia
del 23 de junio de 2016, radicado 050012331000201101958-01 (0805-14) Gabriel Valbuena
Hernández.
14
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régimen salarial y prestacional excepcional establecido en los Artículos 1.° y 2.° del
Decreto 604, toda vez que se hallan subsumidos dentro de lo previsto en el Artículo 3.°
de este decreto, y por tanto les son aplicables las disposiciones generales que en materia
salarial y prestacional gobiernan a los empleados públicos del orden nacional, pues, se
reitera, solamente quienes a partir de la expedición del decreto 416 de 1997 fungieron o
fungen como empleados públicos, en dichas materias, –prestacional y factores
salariales-, les sería aplicable, en caso de ser jurídicamente viable, lo previsto en el
Artículo 2.° del Decreto 604 de 1997, esto es, el sistema salarial y prestacional vigente
para los funcionarios de seguridad social» [se resalta].
28. Mediante el Decreto 1750 de 2003 se escindió el ISS y se crearon siete
empresas sociales del estado, cuyo régimen de personal quedó regulado en los
artículos 16 a 18 del citado, según los cuales «los servidores de las Empresas Sociales
del Estado creadas en el presente decreto serán empleados públicos, salvo los que sin ser
directivos, desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de
servicios generales, quienes serán trabajadores oficiales».
2.2.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
29. Por medio de la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones
cuyo fin es garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de
la vejez, la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de las
expectativas legítimas de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento
de la entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994 y 30 de junio de
1995 para empleados del orden nacional y territorial, respectivamente), se estipuló
un régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció lo
siguiente:
«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual
la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62
para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».
30. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
el trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con 35 o 40 años de edad o más si
es mujer u hombre, respectivamente, o 15 años o más de servicios cotizados.
15
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31. Al respecto, el Consejo de Estado fue del criterio de que el IBL sí hacía parte de
la transición; en efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda
el 4 de agosto de 201027 así se refirió al tema:
«la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un
beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos,
para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio
o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo
establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con
apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente
sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que
los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación».
32. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante
y obligatorio28 en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «(…) a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
33. En la mencionada sentencia se fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL
en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993:
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01.
28 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
16
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
34. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».
35. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».
36. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera, se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«(…)
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
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ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)».
37. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».
38. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para
quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso 3 del artículo 36
o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se
pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
39. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
40. La Sala Plena también sostuvo:
«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
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pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión comprende los procesos
administrativos en curso, la Sala solicita de manera imperiosa a las entidades
administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que,
al momento de efectuar el reconocimiento de la pensión, expliquen precisa, completa y
detalladamente cada uno de los factores y/o valores numéricos tenidos en cuenta en la
liquidación, de forma que sea comprensible al usuario y garantice un debido proceso
administrativo».
2.2. Caso concreto
2.2.1. Hechos probados
41. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
41.1. María del Pilar Rendón Cadavid nació el 30 de junio de 196029.
41.2. El jefe de relaciones laborales del Hospital General de Medellín [Caja Seccional
de Antioquia, División de Seguros, Sección Inscripciones], mediante el informe de
retiro del trabajador indicó que la fecha de desvinculación de María del Pilar Rendon
Cadavid fue el 26 de julio de 1980.
41.3. La subgerente de personal del ISS certificó que María del Pilar Rendón
Cadavid tomó posesión del cargo de auxiliar de servicios asistenciales enfermería,
clase I, grado 12, en la UPI Clínica León XIII, Departamento Materno Infantil,
Servicio de Especialidades Ginecobstetricias, el 26 de febrero de 1985, según el
acta 094.
41.4. El 1° de febrero de 2011, el director de gestión humana del Hospital General
de Medellín, mediante el certificado de información laboral, indicó que la
demandante había prestado sus servicios desde el 11 de enero de 1979 hasta el 24
de julio de 1980 y que sus aportes fueron realizados en el ISS.
41.5. Mediante la Resolución 016855 del 30 de junio de 2011, el ISS negó la pensión
de vejez, con fundamento en:
«Que la asegurada […], última entidad ESE Rafael Uribe Uribe presentó solicitud de
prestación económica por vejez.
Que se interpuso acción de tutela de conocimiento del Juzgado 19 Administrativo del
Circuito de Medellín radicado 2011-00261, juzgado que decidió tutelar los derechos
invocados.
Que la única normatividad que permite acumular el tiempo laborado al servicio del
29 Según la cédula de ciudadanía, vista en el folio 34.
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
Estado y no aportado a Caja de Previsión alguna, tiempos aportados a cualquier Caja o
Fondo de Previsión Social y periodos cotizados al Seguro Social en calidad de trabajador
vinculado a una empresa privada es el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 […]
Que la asegurada […] nació el 30 de junio de 1960 lo que significa que a 01 de abril de
1994 solo contaba con 34 años de edad, por lo cual no es beneficiaria del régimen de
transición por edad.
Que según pruebas aportadas por la asegurada […] a 01 de abril de 1994 solo cuenta
con 4283 días los que equivalen a 611.86 semanas que corresponden a 11.90 años, por
lo cual tampoco acredita tener derecho a la transición por años de servicios.
Que revisado el expediente en el mismo no se encuentra certificado para pago y emisión
de bono pensional.
Que por lo anterior, para acceder a la PENSIÓN DE VEJEZ la asegurada […] deberá
continuar cotizando hasta reunir el tiempo exigido por el Artículo 9 de la Ley 797 de
2003» [sic].
41.6. La anterior decisión fue confirmada a través de las resoluciones 029673 del 31
de octubre de 2011 y 001485 del 20 de enero de 2012.
41.7. El 7 de diciembre de 2011, el director de gestión humana del Hospital General
de Medellín certificó que:
«María del Pilar Rendón Cadavid […] celebró un contrato de trabajo, bajo la modalidad
de aprendiz del Sena con la Institución como (AUXILIAR DE ENFERMERÍA), desde el 11 de
enero de 1979 hasta el 24 de julio de 1980.
Durante su estadía en la Institución la señora María del Pilar no registró en su hoja de
vida interrupciones por Licencias no Remuneradas o suspensiones».
41.8. El 7 de mayo de 2012, el jefe de Departamento de Recursos Humanos del
Seguro Social de Antioquia certificó que la demandante trabajó en calidad de auxiliar
de servicios asistenciales, grado 12, en el ISS desde el 28 de febrero de 1985 hasta
el 25 de junio de 2003, fecha en la cual fue escindida la vicepresidencia de IPS,
Clínicas y Centros de Atención del Seguro Social, por disposición del Decreto Ley
1750 de 2003. Durante su vinculación se realizaron aportes que posteriormente
fueron trasladados al SGSS.
41.9. Mediante la Resolución 1019 del 5 de julio de 2012, el Seguro Social negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Convención Colectiva de
Trabajo del ISS, puesto que «el campo de aplicación de una convención colectiva es
expreso limitado y restrictivo, por cuanto ’La Convención Colectiva de Trabajo celebrada
entre el ISS y Sintraseguridad Social’ […] estableció: beneficiario de la presente Convención
Serán beneficiarios de la presente Convención Colectiva de Trabajo, los trabajadores
oficiales, vinculados a la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales […] El alcance
de la aplicación de una convención entonces lo determina la ley dentro de la misma
empresa, en este caso el ISS, nunca se refiere a la posibilidad de aplicar una Convención
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Colectiva de trabajo a empleado de otra empresa, es decir, las ESE’s […] Que de
conformidad con el artículo 16 del Decreto Ley 1750 de 2003 el cargo que ocupaba en la
E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE RENDÓN CADAVID MARÍA DEL PILAR quedó clasificado como
empleado público, no siendo aplicable la Convención Colectiva de Trabajo».
41.10. Por medio de la Resolución 027000 del 28 de septiembre de 2012, el Seguro
Social negó la pensión de vejez, para tal efecto consideró «[…] que […] para acceder
a la PENSION DE VEJEZ la asegurada […] deberá continuar cotizando hasta reunir el
tiempo exigido por el Artículo 9 de la Ley 797 de 2003».
41.11. El 4 de diciembre de 2014, mediante el Oficio BZ. 2014_4948821_4939260,
Colpensiones respondió la petición de corrección de la historia laboral, en los
siguientes términos:
«Verificada la base de datos de Colpensiones, se evidenció que los aportantes Instituto
de los Seguros Sociales – ISS- y HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, únicamente
realizaron cotizaciones a su nombre para los períodos que se reflejan en su historia
laboral. Es de aclarar que la búsqueda y actualización de su historia laboral se realizó
de acuerdo con los documentos adjuntos a su petición, motivo por el cual en caso de no
estar de acuerdo con la anterior información, es necesario que nos suministre
documentos probatorios (certificación laboral autenticada, tarjetas de reseña, tarjetas de
comprobación de derechos, entre otros), y/o soportes de afiliación (número de afiliación,
entre otros) donde se evidencie su vínculo laboral con dicho empleador en los períodos
que considere faltantes, para proceder a la corrección a que haya lugar».
41.12. El 22 de diciembre de 2014, el jefe de recursos humanos del ISS, mediante el
formato 1 certificó la prestación de sus servicios, en ejercicio del cargo de auxiliar
de servicios asistenciales, en el ISS desde el 28 de febrero de 1985 hasta el 25 de
junio de 2003 y en la E.S.E. Rafael Uribe Uribe desde el 26 de junio de 2003 hasta
el 31 de octubre de 2006.
41.13. A través de la Resolución 002414 del 22 de enero de 2015, la Ugpp negó el
reconocimiento de una pensión convencional de jubilación, porque «el interesado no
cuenta con los 20 años de servicio requeridos para acceder a la petición incoada, no siendo
procedente el reconocimiento de la pensión, así mismo a la fecha en que de acuerdo con
el acto legislativo 01 de 2005 toda convención había perdido vigencia» [sic].
41.14. Mediante el oficio 40-00671 del 30 de marzo de 2016, el ejecutivo de dirección
general del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS en liquidación informó lo
siguiente:
«1. Mediante Decreto 2013 de 2012, se dispuso la supresión y liquidación del Instituto
de Seguros Sociales, creado por la Ley 90 de 1946 y transformado en Empresa Industrial
y Comercial del Estado, mediante el Decreto 2148 de 1992, vinculado al Ministerio de
Salud y Protección Social, según Decreto Ley 4107 de 2011.
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2.Mediante Decreto 2714 del 26 de diciembre de 2014, se prorrogó hasta el 31 de marzo
de 2015 el plazo para culminar el proceso de liquidación del Instituto de Seguros
Sociales.
3.Mediante Decreto 0553 del 27 de marzo de 2015, se adoptaron disposiciones
relacionadas con el cierre del proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales.
4.El cierre del proceso liquidatorio del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en
liquidación se produjo el 31 de marzo de 2015, y como consecuencia de ellos, tuvo lugar
la extinción jurídica de la entidad, previa suscripción del Acta Final de Liquidación y su
publicación en el Diario Oficial No. 49470 del 31 de marzo de 2015, razón por la cual, a
partir del 1 de abril de 2015, la entidad dejó de ser sujeto de derechos y obligaciones.
5.El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación con anterioridad al cierre del proceso
liquidatorio, suscribió un contrato de fiducia mercantil con SOCIEDAD FIDUCIARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con base en lo dispuesto
en el artículo 35 del Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, a
través de la cual se constituyó el fideicomiso denominado P.A.R. ISS Liquidado, respecto
del cual FIDUAGRARIA S.A. actuará única y exclusivamente como administrador y
vocero.
6.Por lo anterior, debe tenerse presente que ni el citado fideicomiso, ni FIDUAGRARIA
S.A., en su condición de vocera y administradora del mismo son continuadores del
proceso liquidatorio del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Liquidado, ni mucho
menos sucesores procesales o subrogatarios de la extinta entidad.
7.De conformidad con el artículo 6 del Decreto 553 de 2015, a partir del 31 de marzo de
2015, concluida la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, Fiduprevisora S.A. está
encargada, única y exclusivamente de efectuar las labores de entrega al Patrimonio
Autónomo de Remanentes. En consecuencia la representación legal del Patrimonio
Autónomo corresponde a Fiduagraria S.A. […] La presente comunicación es emitida por
FIDUAGRARIA S.A. única y exclusivamente como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTÓNOMO del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, conforme
al contrato de Fiducia Mercantil No. 015 de 2015» [sic].
41.15. El25 de abril de 2016, mediante el Oficio BZ2016_3300230_3340569,
Colpensiones respondió la solicitud referente a las inconsistencias de la historia laboral
de la demandante, en los siguientes términos:
«se hace entrega del reporte de historia laboral tradicional y unificada, en donde
encontrará de manera detallada la información que hasta la fecha COLPENSIONES
registra, en relación a cada uno de los períodos de cotización reportados por los
empleadores durante los años 1967 a 1994 y 1995 a la actualidad esto con el fin de que
pueda tener un reporte mensual del Ingreso Base de Cotización desde 1985 hasta 2003.
Por otro lado, que los ciclos 200307 a 200610 con ESE RAFAEL URIBE URIBE […] se
encuentran correctamente acreditados en la historia laboral. Y no obstante se evidenció
que con los aportantes HOSPITAL GENERAL DE MED y ISS SECC ANTIOQUIA,
únicamente realizó cotizaciones a su nombre para los períodos que se reflejan en su
historia laboral. En caso de no estar de acuerdo con la anterior información, es necesario
que nos suministre documentos probatorios diferentes a los anexos verificados como
(tarjetas de reseña, tarjetas de comprobación de derechos, comprobantes de pagos,
entre otros), y/o soportes de afiliación (número de afiliación, entre otros) donde se
evidencie su vínculo laboral con dicho empleador en los períodos 197901 a 198003 y
198502 respectivamente, para proceder a la corrección a que haya lugar».
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41.16. El27 de mayo de 2016, el coordinador del grupo de administración de
entidades liquidadas de la dirección jurídica del Ministerio de Salud y Protección
Social profirió las certificaciones 0573 y 0574 en los siguientes términos:
«Que revisada la información magnética que reposa en el archivo sistematizado planta
de personal de extinto Instituto de Seguros Sociales, se encontró que la señora MARÍA
DEL PILAR RENDÓN CADAVID […] estuvo vinculada al Instituto de Seguros Sociales
hoy liquidado, durante el tiempo relacionado a continuación:
• Desde el 28 de febrero de 1985, hasta el 25 de junio de 2003.
Que entre el 28 de febrero de 1985 y el 30 de octubre de 1996, ostentó la calidad de
Funcionario de la Seguridad Social, por haber desempeñado el cargo de Auxiliar de
Servicios Asistenciales.
Que el carácter de su última vinculación fue el de trabajador oficial […]».
«Que revisada la información magnética que reposa en el archivo sistematizado planta
de personal de la extinta ESE RAFAEL URIBE URIBE, se encontró que la señora MARÍA
DEL PILAR RENDÓN CADAVID […] estuvo vinculada a la ESE RAFAEL URIBE URIBE
hoy liquidada, durante el tiempo relacionado a continuación:
• Desde el 26 de junio de 2003, hasta el 1 de noviembre de 2006.
Que el carácter de última vinculación fue el de empleado público […]».
41.17. El 13 de agosto de 2016, la Ugpp negó el reconocimiento pensional solicitado
el 31 de marzo de ese año, mediante la Resolución RDP 029583, al considerar que
«la interesada […] laboró desde el 28 de febrero de 1985 hasta el 25 de junio de 2003 y
con la ESE Rafael Uribe desde el 26 de junio de 2003 hasta el 31 de octubre de 2006. Que
no es posible tener los tiempos laborados desde el 26 de junio de 2003 hasta el 31 de
octubre de 2006 toda vez que revisado el expediente y los documentos allegados con la
petición no se allegó certificado de información laboral en el formato 1 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público expedido por la autoridad competente en el que certifique los
tiempos laborados en la ESE Rafael Uribe. Así las cosas solo es posible tener en cuenta
los tiempos laborados en el ISS desde el 28 de febrero de 1985 hasta el 25 de junio de
2003, es decir acredita un total de 6.598 días laborados correspondientes a 942 semanas».
A través de la Resolución RDP 045373 del 1 de diciembre de 2016 fue confirmada
la decisión.
41.18. Mediante la Resolución RDP 045879 del 5 de diciembre de 2016, la Ugpp
resolvió el recurso de apelación y revocó las resoluciones RDP 029583 del 13 de
agosto y RDP 045373 del 1° de diciembre de 2016, al considerar:
«Que la peticionaria nació el 30 de junio de 1960 y actualmente cuenta con 56 años de
edad.
Que la peticionaria laboró los siguientes periodos de servicio:
Del 28/02/1985 al 25/06/2003 Cotizados al ISS.
Del 26/06/2003 [al] 31/10/2006 Cotizados a la ESE Rafael Uribe.
Que reposa en el expediente pensional petición radicada con No. 201660050956852 de
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01903-01 (3792-2024)
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fecha 31 de marzo de 2016, mediante la cual la peticionaria solicitó ‘(…) PRIMERO: Se
reconozca a favor de la señora María del Pilar Pendón (sic) Cadavid […] la pensión de
jubilación conforme con el Artículo 21 del Decreto 1653 de 1977, en cuantía equivalente
al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio por haber sido
funcionaria de la Seguridad Social que laboró con el Instituto de Seguros Sociales (ISS)
desde Febrero 28 de 1985 hasta junio 25 de 2003, y con la ESE Rafael Uribe desde junio
26 de 2003 hasta Octubre 31 de 2006 inclusive, desempeñando el cargo de Auxiliar de
Servicios Asistenciales (…)
Que teniendo en cuenta la petición inicial anteriormente relacionada, es pertinente
manifestar que dicha petición es de competencia del ISS hoy COLPENSIONES, teniendo
en cuenta lo establecido en el Decreto 4937 de 2009 especialmente lo consagrado en
su artículo 18, en el entendido que se está solicitando la aplicación del régimen de
transición de la ley 100 de 1993 y por ende lo consagrado en el Decreto 1653 de 1977
artículo 19, lo que hace referencia al reconocimiento de una pensión legal y no
convencional, por tanto es competencia de COLPENSIONES y no de esta entidad
pronunciarse al respecto, máxime que la solicitud antes indicada se efectúa en fecha
posterior al a vigencia del Decreto 4937 de 2009, esto es 18 de diciembre de 2009, por
tanto será necesario remitir por competencia la presente solicitud a dicha entidad» [sic].
41.19. El 18 de abril de 2017, el director de gestión humana del Hospital General de
Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E. certificó que María del Pilar Rendón
Cadavid suscribió un contrato de trabajo en la modalidad de «Aprendiz del Sena Etapa
Productiva» desde el 11 de enero de 1979 hasta el 24 de julio de 1980, como «Auxiliar
de enfermería» y realizó aportes al ISS.
41.20. Mediantela Resolución SUB 268419 del 24 de noviembre de 2017,
Colpensiones reconoció la pensión de vejez a partir del 1° de agosto de 2017, con
fundamento en lo siguiente:
«[E]l interesado acredita un total de 9,134 días laborados, correspondientes a 1.304
semanas.
Que nació el 30 de junio de 1960 y actualmente cuenta con 57 años de edad.
Que en cuanto a la solicitud de corrección de Historia Laboral, obteniendo la siguiente
respuesta: ‘Buen día, de acuerdo a su requerimiento me permito informar que los ciclos
201612 y 201701 fueron cancelados de forma extemporánea y no presenta afiliación
como independiente para estos ciclos por lo tanto no es procedente actualizar la historia
laboral, si posee copia de la afiliación, se recomienda enviarla para realizar la validación’.
Así las cosas se conmina al asegurado a aportar las pruebas requeridas y se procede a
efectuar el estudio pertinente como quiera que la historia laboral se encuentra
consistente.
Que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece el Régimen de Transición para las
personas que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley en mención acrediten 35 o más
años de edad en el caso de las mujeres […] o más de 15 años de servicio […]
Que la asegurada NO acredita 35 años de edad a 01/04/1994, razón por la cual NO es
inicialmente beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, pues
tenía 33 años cumplidos.
Que la asegurada NO acredita 15 años de servicio a 01/04/1994, razón por la cual NO
es inicialmente beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993,
pues contaba con 12 años, 3 meses y 11 días cotizados.
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
Que la asegurada no acredita 35 años de edad ni 15 años de servicio a 01/04/1994,
razón por la cual no conserva el régimen de transición, siendo procedente el estudio de
la prestación a la luz de la Ley 100 de 1993 […]
Que para obtener el ingreso base de cotización de la presente prestación se tomas los
factores salariales establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 y el artículo
1 del Decreto 1158 del 3 de junio de 1994, según el caso.
Que los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del
mismo año, establecen que la pensión se reconocerá reunidos los requisitos mínimos y
será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda disfrutar de la misma […]
El disfrute de la presente pensión será a partir de 1 de agosto de 2017 de acuerdo a las
reglas de efectividad antes expuestas, como quiera que la última cotización como
independiente fue al 30 de julio de 2017 y ya contaba con 57 años de edad cumplidos».
41.21. El 24 de junio de 2022, Colpensiones reportó 1344,29 semanas cotizadas
interrumpidamente entre el 6 de abril de 1980 y el 12 de julio de 2017.
2.4. Análisis sustancial
42. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala séptima de oralidad accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la voluntad
administrativa estaba contenida en las resoluciones GNR 230353 del 9 de
septiembre de 2013, SUB 91194 del 8 de junio de 2013 y SUB 268419 del 24 de
noviembre de 2017 mediante las cuales Colpensiones se pronunció respecto del
reconocimiento de una pensión de vejez a favor de la demandante, según lo previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797
de 2003, con fundamento en los 9134 días laborados, correspondientes a 1304
semanas [como empleada y finalmente como independiente] y 57 años de edad.
43. Sin embargo, en la medida en que, contra el acto de reconocimiento pensional
contenido en la Resolución SUB 268419 del 24 de noviembre de 2017 no se
presentó recurso alguno, mediante auto del 20 de mayo de 2021, la Sala Cuarta de
Oralidad del tribunal de primera instancia declaró probada de oficio la excepción de
inepta demanda, por la falta de agotamiento de la actuación administrativa.
43.1. Finalmente, el a quo se inhibió de pronunciarse respecto de la legalidad de las
resoluciones 016855 del 30 de junio de 2011, 029673 del 31 de octubre de 2011,
001485 del 20 de enero de 2012 y 027000 del 28 de septiembre de 2012, proferidas
por el entonces ISS y accedió a la corrección de la historia laboral de la demandante
al declarar la nulidad de los oficios BZ.2014_4948821_4939260 del 4 de diciembre
de 2014 y BZ2016_3300230_3340569 del 25 de abril de 2016 proferidos por
Colpensiones y ordenó la inclusión de los tiempos laborados entre el 11 de enero
de 1979 y el 5 de abril de 1980 para la E.S.E. Hospital General de Medellín y para
el ISS entre el 28 de febrero de 1985 y el 30 de junio de 1986, sin lugar al reembolso,
puesto que no fue estudiada la legalidad de la Resolución SUB 268419 del 24 de
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
noviembre de 2017.
43.2. Colpensiones solicitó que se revocara la anterior decisión, para lo cual
argumentó que la omisión de efectuar aportes o afiliación al sistema durante los
periodos en que se ordenaron incluir era responsabilidad de los empleadores, sin
que pudiera resultar asumida por la entidad previsional. Asimismo, señaló que para
remediar esa omisión el empleador con apoyo de la entidad debió trasladar al
sistema general de pensiones una reserva actuarial, con el fin de que las semanas
faltantes fueran contabilizadas para todos los efectos prestacionales, inclusive si
esas correspondían a periodos anteriores a la entrada en vigencia del sistema.
44. En relación con lo manifestado por Colpensiones, esta Sala precisa que la
omisión del empleador de realizar los descuentos en el porcentaje a su cargo y del
del empleado, destinados a las cotizaciones para el sistema pensional que de
conformidad con la ley debiera hacer, no es un asunto que sea oponible a la
interesada como obstáculo para que la pensión reclamada le sea reconocida y
liquidada, pues lo cierto es que las entidades de previsión tienen el deber de
adelantar las gestiones pertinentes para su cobro, tal y como lo dispuso esta
corporación en la sentencia de unificación del 28 de julio de 202230.
45. Adicionalmente, la entidad de previsión demandada, en su calidad de
administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida31 tenía la
posibilidad de ejercer facultades «de fiscalización e investigación sobre el empleador o
agente retenedor de las cotizaciones al régimen, para asegurar el efectivo cumplimiento de
la presente Ley32», «adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las
obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación […] Para tal efecto, la
liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo 33» y «establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos».
46. En tal medida, no es posible trasladarle al trabajador la consecuencia de la
inactividad por parte de la entidad de previsión en cuanto al ejercicio de acciones
de cobro al empleador, aún más, en consideración a lo previsto en el artículo 13.f)
de la Ley 100 de 1993, según la cual «[p]ara el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrá en cuenta la suma de las
semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de
Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el
tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
31
Artículo 52 de la Ley 100 de 1993.
32
Artículo 53 de la Ley 100 de 1993.
33
Artículo 24 de la Ley 100 de 1993.
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cotizadas o el tiempo de servicio» [se destaca].
47. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-177 de 1998, señaló:
«La Corte concluye que exigir el traslado efectivo de las cotizaciones para que se puedan
reconocer las semanas o tiempos laborados por el trabajador constituye un requisito
innecesariamente gravoso para el empleado, pues la propia ley confiere instrumentos
para que la entidad administradora de pensiones pueda exigir la transferencia de los
dineros, mientras que el trabajador carece de esos mecanismos.
[…]
Teniendo en cuenta que el fin de la seguridad social es garantizar el sostenimiento de
las personas que no pueden garantizarlo por recursos propios y atendiendo al hecho de
que las entidades de seguridad y el empleador son los sujetos que tienen a su cargo la
consolidación de las prestaciones sociales a favor del empleado, no sería lógico que
frente al incumplimiento de los deberes de cualquiera de los últimos, quien tuviera que
soportar los efectos negativos del mismo sea precisamente el beneficiario de todo el
sistema”».
48. Al respecto, en el expediente obran certificaciones a través de la cuales: i) el
director de gestión humana del Hospital General de Medellín Luz Castro de
Gutiérrez E.S.E. indicó que María del Pilar Rendón Cadavid suscribió un contrato
de trabajo en la modalidad de «Aprendiz del Sena Etapa Productiva» desde el 11 de
enero de 1979 hasta el 24 de julio de 1980, como « Auxiliar de enfermería» y realizó
aportes al ISS [párrafo 27.20]; y ii) el coordinador del grupo de administración de
entidades liquidadas de la dirección jurídica del Ministerio de Salud y Protección
Social, señaló que revisada la hoja de vida de la demandante « estuvo vinculada al
Instituto de Seguros Sociales hoy liquidado […] Desde el 28 de febrero de 1985, hasta el
25 de junio de 2003» [párrafo 27.17].
49. Así las cosas, se advierte que la discusión frente a los periodos que el tribunal
ordenó incluir en la historia laboral de la pensionada [entre el 11 de enero de 1979
y el 5 de abril de 1980 y entre el 28 de febrero de 1985 y el 30 de junio de 1986], en
realidad, se trató de un conflicto administrativo, toda vez que, existe certeza frente
a la prestación del servicio; sin embargo, pese a que los empleadores certificaron
que se efectuaron los respectivos aportes, estos no se encuentran reportados en
favor de la afiliada. Por lo que, como se explicó antes, no puede servir de excusa
como para afectar el derecho pensional de la demandante.
50. En consonancia, tampoco resulta procedente el reproche de la demandada en
cuanto a que «no existe una mora acreditada, por parte del empleador […] para el presente
caso, se observan en una historia laboral cotizaciones a COLPENSIONES, sin que se
observen periodos en mora», puesto que, sí se advierte una diferencia entre los
tiempos laborados por la afiliada y los reportados en su historia laboral, frente a la
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cual la entidad de previsión tiene el deber de custodiar, conservar y guardar34.
51. De otro lado, María del Pilar Rendón Cadavid reprochó que la naturaleza del
cargo desempeñado fuera utilizada como impedimento para acceder al
reconocimiento de la prestación, puesto que era beneficiaria del régimen de
transición por el tiempo de servicio o por las semanas cotizadas «tanto la ESE referida
como el Instituto de los seguros sociales le reconoció la pensión de jubilación a cargo del
ISS empleador, pero al momento de cumplimiento de la edad para el disfrute del derecho
pensional, el empleador, conjuntamente en el decreto 4937 del 2009 que reguló los bonos
tipo T, se desprendió de la obligación pensional trasladándola al ISS asegurados, quien
negó la prestación económica de conformidad con lo expuesto en los actos administrativos
y en el escrito genitor de la presente acción judicial».
52. Con el fin de dar respuesta al anterior planteamiento, se verificará si era
beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. Al respecto,
a través de la Resolución SUB 268419 del 24 de noviembre de 2017, Colpensiones
le reconoció la pensión de vejez de conformidad con el régimen previsto en las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, para lo cual tuvo en cuenta el siguiente tiempo de
servicio: i) con el «HOSPITAL GENERAL DE MED»: entre el 6 de abril de 1980 y el 26 de
julio de 1980; ii) con la «corporación estudios de sal»: entre el 1° de septiembre de
1980 y el 15 de julio de 1982; iii) con la «INST DE CIENCIAS DE LA SALUD»: entre el 21 de
julio de 1982 y el 21 de febrero de 1985; iv) con el «ISS SECC ANTIOQUIA»: entre el 1°
de julio de 1986 y el 31 de diciembre de 1994; el «ISS»: entre el 1° de enero de 1995
y el 30 de junio de 2003; v) en la «ESE RAFAEL URIBE URIBE» entre el 1° de julio de
2003 y el 31 de enero de 2006; y vi) como independiente entre el 1° de febrero de
2017 y el 31 de julio de 2017.
53. Adicional al anterior tiempo, se debe tener en cuenta el periodo que el tribunal de
primera instancia ordenó incluir con ocasión de la corrección de la historia laboral a
la que tiene derecho la pensionada, así las cosas, para el 1° de abril de 1994, fecha
de entrada en vigor del sistema general de pensiones, ella contaba con un tiempo
de servicio equivalente a 15 años, 4 meses y 19 días35. Así las cosas, como lo
sostuvo en el recurso de apelación, María del Pilar Rendón Cadavid sí tenía derecho
al régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.
34 Corte Constitucional, sentencia T-491 de 2020.
35
Para lo cual tuvo en cuenta los siguientes tiempos de servicios: i) con el Hospital General de
Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.: entre el 11 de enero de 1979 y el 24 de julio de 1980 [1
año, 6 meses y 13 días]; ii) con el «HOSPITAL GENERAL DE MED»: entre el 6 de abril de 1980 y el
26 de julio de 1980 [3 meses y 20 días]; iii) con la «corporación estudios de sal»: entre el 1° de
septiembre de 1980 y el 15 de julio de 1982 [1 año, 10 meses y 14 días]; iv) con la «inst de ciencias
de la salud»: entre el 21 de julio de 1982 y el 21 de febrero de 1985 [2 años y 7 meses]; v) con el
ISS entre el 28 de febrero de 1985 y el 30 de junio de 1986 [1 año, 4 meses y 2 días] vi) con el «ISS
SECC ANTIOQUIA»: entre el 1° de julio de 1986 y el 31 de diciembre de 1994 [7 años y 9 meses].
28
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54. En consonancia, la demandante era acreedora del régimen pensional de los
servidores públicos del orden nacional que regía antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993. No obstante, según lo expuesto en el marco normativo y
jurisprudencial, no tenía derecho a la prestación de jubilación en los términos del
Decreto 1653 de 1977, puesto que, conservaron dicha prerrogativa «exclusivamente
los que adquirieron la calidad de empleados públicos de acuerdo con el Decreto 416 de
1997»; sin embargo, según esta disposición la naturaleza del empleo que ocupaba
la demandante mutó a la de trabajadora oficial.
55. En ese orden, tenía derecho al reconocimiento de la prestación con el régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional, en los términos previstos
en los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, pues, de conformidad con las reglas
jurisprudenciales antes expuestas, las personas beneficiarias de la transición se
pensionarán con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
56. Adicionalmente, se deberá verificar si la demandante mantuvo el régimen de
transición después de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual:
«Parágrafo transitorio 4. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993
y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31
de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen,
además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de
servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les
mantendrá dicho régimen hasta el año 2014».
57. Pese a lo anterior, se advierte que solo acreditó la totalidad de los requisitos
previstos en la Ley 33 de 1985, el 30 de junio de 2015 cuando cumplió con la edad
de 55 años. Así las cosas, no mantuvo el derecho al reconocimiento de la prestación
en los términos de esa normativa, toda vez que, con la referida reforma
constitucional la vigencia del régimen de transición solo se extendió hasta el 31 de
diciembre de 2014, fecha en la que María del Pilar Rendón Cadavid no había
colmado las exigencias previstas por el legislador.
58. En suma, la razón por la que no es posible reconocer la pensión de conformidad
con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no es ni por la naturaleza del
empleo que ocupó ni por el conflicto administrativo que se suscitó entre sus
empleadores y la entidad de previsión, sino porque no cumplió con las exigencias
para esos efectos dentro del marco temporal previsto por el constituyente derivado.
59. De otra parte, de lo decidido por el tribunal y lo expuesto en esta providencia, se
evidencia que, con ocasión de la corrección en la historia laboral, María del Pilar
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Rendón Cadavid tiene derecho a la reliquidación de la prestación, en tanto, el
aumento del número de semanas tiene una incidencia directa en la tasa de
reemplazo sobre la cual se debía liquidar la pensión. Por lo que, se encuentra
necesario adicionar la sentencia de primera instancia en ese sentido.
60. Esta Subsección no desconoce que, mediante auto del 20 de mayo de 2021, el
Tribunal Administrativo de primera instancia declaró « LA TERMINACIÓN PARCIAL DEL
PROCESO POR FALTA DE AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD –
agotamiento de la actuación administrativa-, respecto de la pretensión de nulidad
de la Resolución No. SUB 268419 del 24 de noviembre de 2017 proferida por
Colpensiones, conforme con lo expuesto en la parte motiva».
61. La anterior decisión la sustentó en que « la parte accionante no cumplió con el
requisito de procedibilidad exigido en el artículo 161, numeral 2, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, atinente a la interposición
de los recursos que de conformidad con la Ley son obligatorios y procedentes en contra del
aludido acto administrativo particular, por lo que a partir de ello la excepción previa de falta
de agotamiento del requisito de procedibilidad – agotamiento actuación administrativa-, está
llamado a prosperar frente al acto administrativo contenido en la Resolución N° SUB268419
del 24 de noviembre de 2017».
62. Al respecto, se encuentra que en el sub judice existen motivos que permiten que,
pese a la mencionada providencia, se pueda efectuar un control de legalidad de la
Resolución SUB 268419 del 24 de noviembre de 2017, a través de la cual se definió
la situación pensional de María del Pilar Rendón Cadavid:
62.1. Como se indicó antes, el material probatorio aportado es suficiente para concluir
que la imprecisión en la historia laboral de la pensionada se dio como consecuencia
de diferencias de orden administrativo cuya solución no podía ser trasladada a la
ciudadana, en tanto, existía certeza que durante el periodo en discusión la
demandante sí prestó sus servicios en entidades estatales, por lo que tenía derecho
a que fuera computado para efectos del reconocimiento pensional. Adicionalmente,
lo que se encontraba en litigio era si las entidades empleadoras habían efectuado o
no los respectivos aportes a pensión, frente al cual era la entidad de previsión la
que ostentaba del deber de verificar el cumplimiento de esa obligación patronal.
62.2. La declaratoria de nulidad de los Oficios No. BZ. 2014_4948821_4939260 del
4 de diciembre de 2014 y BZ2016_3300230_3340569 del 25 de abril de 2016
proferidos por Colpensiones y, como consecuencia, la orden de « incluir en la historia
laboral de la señora María del Pilar Rendón Cadavid los tiempos laborados para la E.S.E.
Hospital General de Medellín del 11 de enero de 1979 al 5 de abril de 1980 y para el extinto
Instituto de Seguros Sociales del 28 de febrero de 1985 al 30 de junio de 1986», conlleva
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automáticamente a que se modifiquen los supuestos fácticos en los que se sustentó
la resolución con la que se definió la situación pensional de la demandante.
63. Lo anterior, resulta suficiente para que la sala efectúe el control de legalidad,
como un mecanismo tendiente a efectivizar los derechos mínimos e irrenunciables
de la demandante, los cuales se vieron afectados como consecuencia de la omisión
de la entidad de previsión de corregir la historia laboral de la pensionada, por cuanto
es esta, a la que el legislador dotó de instrumentos para esos efectos. En ese orden,
con el propósito de no trasladar los efectos negativos de la mencionada omisión a
la pensionada, se declarará la nulidad parcial de la Resolución SUB 268419 del 24
de noviembre de 2017 y, como consecuencia, se ordenará la reliquidación de la
pensión con la inclusión del tiempo de servicios que se ordenó en primera instancia.
64. Ahora bien, esta decisión no desconoce el derecho al debido proceso de
Colpensiones, porque en el escrito contentivo la demanda que dio inicio al presente
estudio se pretendió de manera expresa la nulidad de la referida resolución y en el
concepto de violación se expuso que «teniendo en cuenta los esfuerzos infructuosos de
la señora Rendón Cadavid ante el ISS asegurador (hoy Colpensiones) para corregir la
historia laboral y el reconocimiento pensional que le asiste, sin que esta entidad hubiera
resuelto favorablemente los requerimientos se vio obligada a pagar las semanas que le
faltaran para que Colpensiones le reconociera la pensión de vejez legal establecida en la
Ley 797 de 2003».
65. En ese sentido, pese a la exclusión formal que hizo el tribunal de la Resolución
SUB 268419 del 24 de noviembre de 2017, ciertamente, lo pretendido por María del
Pilar Rendón Cadavid era la corrección de su historia laboral y la reliquidación de la
pensión de vejez con la inclusión de la totalidad del tiempo de servicio que acreditó.
Por lo que, la entidad de previsión tuvo la oportunidad de defenderse de dichas
pretensiones.
66. Finalmente, esta decisión se acompasa con el principio de congruencia contenido
en el artículo 281 del Código General del Proceso, que debe enmarcar las
decisiones judiciales, por cuanto conlleva a la materialización del principio
constitucional del debido proceso y de los derechos fundamentales de contradicción
y defensa. De otra parte, ese principio debe ser interpretado a luz de disposiciones
como la contenida en el artículo 228 de la Constitución Política, según el cual en las
actuaciones judiciales «prevalecerá el derecho sustancial», por lo que, las
conclusiones a las que llegue el juez en sus providencias deben guardar
congruencia con lo planteado por las partes en la demanda, su contestación y los
alegatos de conclusión, pero también con los hechos expuestos, las pruebas y las
normas jurídicas aplicables a la controversia.
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67. Ahora, a través de la Resolución SUB 268419 del 24 de noviembre de 2017,
Colpensiones le reconoció la pensión de vejez a partir del 1° de agosto de 2017,
comoquiera «que la última cotización como independiente fue al 30 de julio de 2017 y ya
contaba con 57 años de edad», por lo que es a partir de dicha data que surgió para la
demandante el derecho a la reliquidación de la prestación.
68. Ahora bien, de conformidad con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102
del Decreto 1848 de 1969, resulta oportuno precisar que entre la fecha en la que el
derecho a la reliquidación de la prestación se hizo exigible [1° de agosto de 2017] y
la de presentación de la demanda que dio lugar a la presente decisión [10 de octubre
de 2018], no transcurrieron más de 3 años, no se configuró el fenómeno jurídico de
la prescripción.
69. En suma, María del Pilar Rendón Cadavid tiene derecho a que Colpensiones le
reliquide la pensión de vejez reconocida mediante la Resolución SUB 268419 del
24 de noviembre de 2017, en consideración a la corrección de la historia laboral
ordenada en la sentencia de primera instancia. Como consecuencia, tiene derecho
a que Colpensiones le pague la diferencia resultante entre la suma correspondiente
a las mesadas efectivamente pagadas y las que se debieron pagar, de conformidad
con la corrección ordenada por el tribunal.
70. En esas condiciones, se adicionará un inciso al ordinal tercero de la sentencia
proferida el 22 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad, según se expuso en el párrafo anterior y se confirmará en lo
demás.
2.5. Costas
40. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
41. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
42. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma36.
43. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
44. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
45. Con fundamento en lo expuesto, si bien, María del Pilar Rendón Cadavid era
beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, perdió dicha
prerrogativa porque no cumplió con las exigencias para el reconocimiento pensional
antes de la fecha establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que, su
situación pensional se regía por el régimen de prima media con prestación definida
previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
46. Asimismo, no era beneficiaria de la pensión de vejez regulada en el Decreto 1653
de 1977, toda vez que conservaron dicha prerrogativa «exclusivamente los que
adquirieron la calidad de empleados públicos de acuerdo con el Decreto 416 de 1997»; sin
embargo, según esta disposición la naturaleza del empleo que ocupaba la
demandante mutó al de trabajadora oficial.
47. Finalmente, como lo concluyó el tribunal, la demandante tenía derecho a que su
historia laboral fuera corregida con la inclusión del tiempo de servicios que prestó
en la E.S.E. Hospital General de Medellín y el extinto Instituto de Seguros Sociales
y, como consecuencia, se declarará la nulidad parcial de la Resolución SUB 268419
del 24 de noviembre de 2017 y se ordenará la reliquidación de la pensión de vejez
reconocida por Colpensiones.
36
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
33
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 22 de mayo de
2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, el cual
quedará así:
«SEGUNDO: DECLARAR la NULIDAD de los Oficios No. BZ. 2014_4948821_4939260
del 4 de diciembre de 2014 y BZ2016_3300230_3340569 del 25 de abril de 2016
proferidos por Colpensiones, mediante los cuales se resolvieron las solicitudes de
corrección de historia Laboral de la señora María del Pilar Rendón Cadavid, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
DECLARAR la NULIDAD PARCIAL de la Resolución y de la Resolución SUB 268419
del 24 de noviembre de 2017, por medio de la cual Colpensiones reconoció pensión de
vejez a María del Pilar Rendón Cadavid, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia»
Segundo. Adicionar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 22 de mayo de
2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, el cual
quedará así:
«TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, a incluir en la historia
laboral de la señora María del Pilar Rendón Cadavid los tiempos laborados para la E.S.E.
Hospital General de Medellín del 11 de enero de 1979 al 5 de abril de 1980 y para el
extinto Instituto de Seguros Sociales del 28 de febrero de 1985 al 30 de junio de 1986.
ORDENAR a Colpensiones reliquidar la pensión de vejez reconocida a María del Pilar
Rendón Cadavid mediante la Resolución SUB 268419 del 24 de noviembre de 2017, con
la inclusión del tiempo de servicio que se ordenó incluir en la presente providencia y,
como consecuencia, pagar a la demandante la diferencia resultante entre la suma de las
mesadas efectivamente y las que resulten de la referida reliquidación
La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial»
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 22 de mayo de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que accedió
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Demandante: María del Pilar Rendón Cadavid
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por María del Pilar
Rendón Cadavid en contra de la Ugpp y Colpensiones, conforme con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Sexto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
VMTL
35
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