Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2012-00078-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2012-00078-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2012-00078-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
4 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: G ABRIEL V ALBUE N A HE RN ÁNDEZ
Bogotá D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintit rés (2023)
Referencia: Nulidad y restable cimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2012 00078 01 (679 -2014)
Demandante: Jorge Rigoberto Cano Loaiza
Demandado: Municipio de Palestina (Caldas)
Tema: Funcionario de hecho, r elación laboral subyacente
o encubierta, celador y of icios varios
SENTENCI A DE SEGUND A I N ST AN CI A
I. AS UNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia del 9 de diciembre de 2013,
prof erida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las
pretensiones de la demanda.
II. ANTECE DENTES
1. L A DEM AND A 1
El señor José Rigoberto Cano Loaiza en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
1 Folios 3 a 68.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2012 00078 01 (679-2014)
Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
artícu lo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las
sigu ientes:
Pretensiones
Que se declare la nulidad del Of icio d el 27 de enero de 2012,
prof erido por el alcalde del municipio de Palestina, que negó el
reconocimiento y pago de unas acreencias laborales y
prestacionales en su f avor por haber prestado sus servicios como
celador y of icios varios, entre ellos, administra dor del vivero, bajo
la modalidad de contrato verbal y contratos de prestación de
servicios.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho solicitó declarar la existencia de la relación laboral con el
municipio de Palestina desde el 5 de enero de 2008 hasta el 31 de
diciembre de 201 1 y condenar a ese ente territorial a reconocerle
y pagarle (i) salarios , prestaciones y sanciones por incumplimiento
causados; (ii) reajustes o aumentos de los años 2009, 2010 y 2011;
(iii) subsidio f amiliar; ( iv) aportes; (v) la indexación de las sumas
que resulten a su favor y (vi) las cost as y a gencias procesales.
Fundamentos fácticos
El demandante, como hechos relevantes, señaló los siguientes:
Que prestó sus servicios para el municipio de Palestina -Caldas,
inicialmente , por contrato verbal entre el 5 de enero de 2008 y el
26 de abril de 2011 y, posteriormente, a través de contratos de
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
en adelante CPACA
Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
prestación de servicios que f ueron desde el 27 de abril hasta el 31
de diciembre de 2011.
Si bien, en un inicio, f ue vinculado como celador, luego desempeñó
otro tipo de f unciones varias; cumplía jornadas de 12 horas al d ía,
la mayoría en horario diurno. Asimismo, recibía una asignación
básica como contraprestación.
El 30 de diciembre de 2011, solicitó del m unicipio de Palestina el
reconocimiento de la relación laboral entre el 5 de enero de 2008 y
el 31 de diciembre de 2011; sin embargo, a tra vés del of icio
demandado la entidad negó tal petición.
Normas violadas y concepto de vi olación
El actor citó como disposiciones viola das los artículos 1, 2, 3, 4, 6,
13, 25, 29, 40, 48, 53, 93 y 209 de la Constitución Política; 59 -1° y
149 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 2, 3 y 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(en adelante CPACA); 1, 2 y 15 de la Ley 244 de 1995; 98 y 99 de
la Ley 50 de 1990; 13 de la Ley 344 de 1996; 12 de la Ley 4 ª de
1992; 1 de la Ley 5 2 de 1975; 32 de la Ley 80 de 1993; 3 de la Ley
27 de 1992; 3 y 87 inciso segundo de la Ley 443 de 1998; 86 de la
Ley 21 de 1982; 3 de la Ley 789 de 2002; 5, 17, 18 y 22 de la Ley
100 de 1993; 33, 34, 35, 36, 37, 39 y 42 del Decreto Ley 1042 de
1978; 3, 5, 8 al 26 del Decreto Ley 1045 de 1978; 1 del Decreto
1582 de 1998; 1 y 3 del Decreto 1919 de 2002; 1 y 2 d el De creto
2712 de 1999; 1 del Decreto 941 de 2005; 1 del Decreto 398 de
2006; 8 a 11 del Decreto Ley 3135 de 1968; 43 a 49 y 51 del Decreto
Reglamentario 1848 de 1969; las Leyes 13 de 1984 y 61 de 1987;
los Decretos Le yes 2400 y 3074 de 1968; el Decreto Reglam entario
116 de 1976 y el Decreto 627 de 2007.
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2012 00078 01 (679-2014)
Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
El accionante, al desarrollar el concepto de violación, expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
Tuvo un vínculo disf razado con el municipio de Palestina, que no
atiende lo normado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pues
desarrolló actividades (celador, of icios varios, mantenimiento del
vivero) que son propias de ese ente territorial y, por ende,
corresponden a los empleados de planta.
La administración incurrió en e xtralimitación de sus fu nciones, pues
lo vinculó a su amaño, con miras a esconder una verdadera relación
laboral y a evadirse del pago de salarios y prestaciones sociales.
El of icio demandado adolece de desviación de poder, falsa
motivación y viola ción de la ley, pues oculta la realidad de su
vinculación y la estructuración de los elementos esenciales de la
relación laboral.
2. AUDIENCI A INI CI AL 3
El Tribunal Administrativo de Caldas, en diligencia del 23 de abril
de 2013, (a) determinó que no existe ninguna irre gularidad que
genere nulidad; (b) declaró que no hay excepciones previas
pendientes de resolver y (c) f ijó el litigio, en los siguiente s términos:
➢ Si ex ist ió ví ncu lo l ab or al ent r e el s eñor J O SE RI G O BERTO CANO
LO AI ZA y el Munici p io de Palest ina por el lapso com pr endid o ent re
el 5 de e ner o de 20 08 y el 4 de ener o d e 2012, o en su lug ar hubo
solo una r elac ión de car áct er cont r act ual de pr est ación d e se r vicios
por el lapso 27 de a br il de 2011 a 31 de diciem br e del m ism o año.
3 Folios 294 a 301.
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Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
➢ Si las l abor es d esar r olladas por el dem andant e e st á n
com pr endidas dent r o de las pr evist as dent r o de los em pleos de la
adm inist r ación m uni cipal de Pa lest in a;
➢ En caso de ll egar s e a acr edit ar la exi st encia de un a r ela ción
labor al, a qué cr édit os de esa í ndole t endr í a der echo el actor y si
debí a o no est ar af iliado a la Seg ur idad Socia l en salud.
3. L A SENTENCI A DE PRIMER A INS T ANCI A 4
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia prof erida
el 9 de diciembre de 2013, (i) declaró probadas las exce pciones de
inexistencia de causa para demandar, cobro de lo no debido e
inexistencia de los elementos con f igurantes de la relación laboral
f ormuladas por el municipio de Palestina; (ii) negó las pretensiones
de la demanda y (iii) condenó en costas al actor , con sustento en
las siguientes consideraciones:
En este caso no se puede soslayar qu e los testigos Lina Mercedes
Montoya Aristizába l y Jo rge Hernán Millán López se encuentran en
similares condicion es a las del actor.
No hay «elementos probatorios que encaucen a deducir que,
durante el tiempo que el demandan te prestó sus servicios en la
Institución Educativa La Sagrada Familia, ef ectivamente subsistió
un contrato realid ad con el municipio de Palestina [y] que la
subordinación ejercida sobre el señor CANO LOAIZA provenía del
ente territorial llamado por pasiva ».
Por otra parte, si bien es cierto que el actor prestó su servicio
personalmente en el vive ro municipal y recibió remuneración por
esa actividad, también lo es que la act ividad carece «de elementos
probatorios que demuestren la conf iguración del element o
4 Folios 437 a 467.
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Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
subordinación durante el período en que ejecutó el pluricitado
objeto contractual».
Al observarse la planta de cargos del ente territorial demandado se
establece que no contiene ninguna plaza con f unciones
«relacionadas o conexas con las qu e el señor CA NO LOAIZA se
obligó a cumplir» .
Si en gracia de discusión se considerara que el accionante cumplió
un horario en el vivero municipal, ello, por sí solo, no co mporta que
«estuvo por modo permanente condicionado a las órdenes que le
impartían desde la Admin istración Municipal».
Llama la atención que el demandante durante la época en que
prestó sus servicios en el Cole gio La Sagrada Familia, también
había acordado la ejecución del contrato de prestación de servicio s
179/10 para la producción de 25.000 plántu las f orestales.
Los declarantes Lina Mercedes Montoya Aristiz ábal y Jorge Hernán
Millán López no of recen «elementos de juicio convincentes que
permitan establecer la conf iguración d el elemento subordinación en
el período durante el que el demandante ejecu tó el contrato de
prestación de servicios 75/11, pues ninguno de esos testigos
tuvie ron conocimiento de causa de los términos del cumplimiento
del objeto contractual f ijado entre el nulidiscente y la entidad
demandada» .
4. EL RECURSO DE AP EL ACIÓN
El demandante 5 apeló la anterior decisión para sea revocada y se
acceda a las pre tensiones de la demanda, con base en los
5 Folios 473 a 502.
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sigu ientes argumentos:
Insistió en que, en el período comprendido entre el 5 de enero de
2008 y 31 de diciembre de 2011, prestó sus servicio s de forma
permanente a la administración. Situación que se encuentra
acreditada de manera palmaria en «la documental y en lo dicho por
los deponentes en las declaraciones que rindie ron en la audiencia
celebrada el día 8 de mayo de 2013 en el Juzgado Promis cuo
Municipal de Palestina Caldas».
Los deponentes por ser sus co mpañeros de trabajo, son
conocedores de la relación laboral encubierta que se suscitó y, por
ende, de «el servicio personal prestado al Municipio de Palestina
Caldas, los e xtrem os en los cua les se cumplió el vínculo contractual
en la modalidad de ve rbal y contratos de prestación d e servicios,
días de la semana en que trabajó, horario, los dist intos cargos y
f unciones, quienes eran los jef es inmediatos, pagos en ef ectivo, la
f orma en que se da ban los mismos, el no pago de p restaciones
sociales, los salarios adeudados, etc [...]».
La decisión del tribunal incurrió en manif iestos errores, que se
pueden resumir, así:
. El a quo no dio por dem ost r ado, est ándolo, los ext r em os del
ser vic io per son al pr est ado [ . . .] a ór denes del Mu nic ipi o de P alest ina
Caldas, ent e t er r it or ial dem andad o.
. El f allador de pr im er a inst ancia dio por no dem ost r ado LO S
ELE MENT O S Q UE CO NFI G URAN EL CO NT RATO REALI DAD,
est ando pr obado no solo el ser vicio per sonal [ . . . ], los ex t r em os, la
pr esunción leg al en cu ant o q ue t odo ser vic io per sonal est á r eg ido
por una r elación l ab or al y pr obad a la su bor dinac ión y depen dencia.
. De of icio descal if icó por sospechosos , sin ser t achados por las
par t es en la opor tunidad leg al dada par a ello y no dio valor
pr obat or io a lo decl ar ado por los señor es Lina Mer cedes Mont oya
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Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
Ar ist i zába l y Jor g e Her nán Mi ll án Lópe z.
. Ig ualm ent e, no es acer t ado af irm ar , com o se dice en r elaci ón con
una pr ueba de of icio “ no se t endr án por ende en cuent a las
r espuest as dadas por los t est ig os LUZ MAR Y HERR ERA ZA PAT A y
RO SALBA G O NZÁL EZ DU ART E a las pr eg unt as plant eadas en
est r ados por el leg isper it o del nul id iscen t e” .
. Est ando pr obada la r elación de t r abaj o som et ida a la
subor dinac ión y dep endencia ent r e él [ . . . ] y el dem anda do, e l a quo
dio por ine xist ent e la m ism a, en el capít u lo nom inad o com o
I NEX I ST ENCI A DE CO NT RAT O REALI DAD EN EL PERÍ O DO EN
Q UE EL DE MA NDA NT E PREST Ó SUS SERVI CI O S AL MU NI CI PI O
ENT RE EL 27 DE A BRI L Y EL 31 DE DI CI E MB RE DE 2011.
5. ALEG ATOS DE SE GUND A I NST ANCI A
El despacho, por auto del 12 de mayo de 2015 6, corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar
el respectivo concepto 7.
Las partes 8 guardaron silencio.
El agente del ministerio público 9 conceptuó que se debe conf irmar
la decisión del tribunal, por cuanto las pruebas no permiten inferir
que el accionante «hubiera estado sometido a condiciones de
subordinación y dependencia más allá del seguimiento y control en
la ejecución del contrato, de acuerdo a lo s términos d e ref erencia
del mismo».
En def initiva, «no probó que en su relación con el MUNICIPIO DE
PALESTINA hubieran concurrido los tres requisitos esenciales para
la existencia de u na relación laboral, para que esta se conf igure,
6 Folios 517.
7 Folio 128.
8 Folio 533.
9 Folios 525 a 532.
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con las consecuencias prestacionale s que ello conlle va ».
III. CONSIDER ACI ONES
1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelac ión
interpuesto.
Asimismo, conf orme a lo dispuesto en el artícu lo 328 11 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de se gunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.
2. Problema jurídi co
De conf ormidad con los argumentos expuestos en el escrito de
apelación, se circunscribe a establecer si (i) el señor José
Rigoberto Cano Loaiza ostentó la calidad de f uncionario de hecho
10« E l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
11« A R T Í C U L O 3 2 8 . C O M P E T E N C I A D E L S U P E R I O R . E l j u e z d e s e g u n d a
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argum entos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
c a s o s p r e v i s t o s p o r l a l e y.
S i n e m b a r g o , c u a n d o a m b a s p a r t e s h a ya n a p e l a d o t o d a l a s e n t e n c i a o l a q u e
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior reso lverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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de la entidad territorial por desempeñarse, presuntamente, como
celador o en of icios va rios y, como consecuencia de ello, le asiste
el derecho al reco nocimiento y pago de los salarios y prestaciones
sociales por el período comprendido entre el 5 de enero de 2008 y
el 26 de abril de 2011 y (ii) si e xistió entre el antes nombrado y el
municipio de Palestina (Caldas) una verdadera relación laboral que
tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las
prestaciones socia les que no de vengó durante el lapso que estuvo
vinculado a través de contratos de prestación de servicios, esto es,
del 27 de abril al 31 de diciembre de 2011.
La Sala para resolve r los prob lema s jurídico s planteados
desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) f uncionario de
hecho; (ii) marco normativo y jurisprudencial sobre la relación
laboral encubierta o subyacente y (iii) caso concreto.
2.1. Funcionario de hecho
Conf orme lo consagrado en los artículos 122 y 125 de la Carta
Política, e xisten t res f ormas por medio de las cuales se puede estar
vinculado con una entidad pública. La primera de ellas se da a
través de una rela ción lega l y regla mentaria 12 que corresponde a
los denominados empleados públicos; la segunda por medio de un
contrato laboral 13 qu e cobija a los llamados trabajadores of iciales
12 L a v i n c u l a c i ó n l e g a l y r e g l a m e n t a r i a e s l a f o rm a p r e d o m i n a n t e d e a c c e s o a
cargos públicos, la cual está dirigida a la vinculación de los empleados
públicos. Por empleado público debe entenderse aquella persona nombrada
para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.
De acuerdo con la jurisprudencia, los elementos que deben concurrir para que
se admita que una persona se desempeña como empleado público son, en
principio: i) la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad; ii)
la determinación de las funciones propias del cargo; y iii) la existencia de
recursos para proveer el cargo.
13 L a r e l a c i ó n l a b o r a l c o n t r a c t u a l e s l a f o r m a d e v i n c u l a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s
oficiales, la cual se realiza a través de contrato de trabajo de acuerdo con la
normatividad prevista en el Código Sustantivo del Trabajo y normas
concordantes. Estos, si bien desempeñan empleos públicos, cuentan con
derechos y reglamentación propia.
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y; f inalmente, los contratistas de prestación de servicios 14,
vinculación que ha sido considerada como una relación de
naturaleza contractual con el Estado.
La vinculación le gal y re glamentaria, propia de los empleados
públicos, se acre dita con la concurrencia de los elementos
regulados en el art ículo 122 de la Constitución P olít ica, como son:
(i) la e xistencia de l cargo en la planta de personal de la entidad 15;
(ii) que dicho cargo tenga determinadas sus f unciones y; (iii ) que
exista la pro visión de los recursos en el presupuesto de la entidad
para el pago de la labor. 16
Así, el decreto 3135 de 1968 define que, en principio, trabajadores oficiales
son aquellos que se dedican a la construcción y sostenimiento de obras
p ú b l i c a s y, a q u e l l o s q u e p r e s t a n s u s s e r v i c i o s e n e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s y
comerciales del Estado, en este último caso con la excepción de quienes
realicen actividades de dirección y confianza que o stentan la calidad de
empleados públicos.
14 L a v i n c u l a c i ó n a t r a v é s d e c o n t r a t o s d e p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s , l a c u a l s e
regula por el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. Las personas
vinculadas a través de este sistema se denominan contratistas , quienes tienen
por finalidad desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad, siempre que estas no puedan ser ejercidas por
el personal de planta o por que requieran de conocimientos especializados
para ello.
15 S o b r e e l r e q u i s i t o p a r t i c u l a r , e s t a s u b s e c c i ó n e n s e n t e n c i a d e l 2 9 d e
septiembre de 2022 (radicado 23001-23-33-000-2015-00240-01 (1932-2020)),
sostuvo que «con todo, y en gracia de la discusión, debe recordarse que si
bien la jurisprudencia de esta Corpora ción ha exigido prueba de la existencia
del cargo a efectos de reconocer una situación de funcionario de hecho, lo
cierto es que para garantizar la vigencia del derecho al trabajo, debe
considerarse que este no es un requisito rígido ni absoluto, de suerte que no
es indispensable su demostración cuando lo que se advierte es que la entidad
ha tolerado que el trabajador desarrolle actividades propias de la
administración sin la existencia del empleo en su planta de personal, lo cual,
como se ha expuesto a lo largo de esta decisión, quedó acreditado».
16 « Ar t í c u l o 1 2 2 . N o h a b r á e m p l e o p ú b l i c o q u e n o t e n g a f u n c i o n e s d e t a l l a d a s
en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere
que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus e molumentos
en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de
cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus
bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la
aplicación de las normas del servidor público.
[…]»
Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
Ahora, existe otra f orma de vinculación a la administración,
excepcional, y qu e se conf igura en virtud de una invest idura
irre gular, esto es, cuando una persona, sin cumplir con los
requisitos pre vistos por la le y, desempeña f unciones públicas como
si f uese un verdadero f uncionario.
Al respecto, la Corporación ha sostenido que los requisitos
esenciales para que se conf igure una relación laboral con un
f uncionario de hecho son: (i) que existe de iure el cargo y; (ii ) que
la f unción ejercida irre gularmente, se ha ga de la misma f orma y
apariencia como la hubiera desempeñado una persona designada
regularmente 17.
Así mismo, se ha considerado que dicha f igura puede darse cuando
una persona ejerce f unciones públicas con la anuencia y permiso
de las autoridades encargad as de controlar e impedir esta clase de
situaciones que permiten el ejercicio irre gular de una investidu ra,
por circunstancias de f acto, no previstas en la le y, pe ro que, en
todo caso, debe ser objeto de protección a tra vés del principio de
la realidad sob re las f ormas 18.
Para esta Sala, el ejercicio de las funciones de manera irregula r,
debe entenderse en el sentido de que la persona que las cumple no
se vinculó al servicio público con el lle no de los requisitos para que
surja la vincu lació n legal y re glam entaria, es decir, cuando no
existe ni nombramiento ni elección según el tipo de cargo, como
tampoco posesión o que tales requisitos, pese a que existieron, ya
no están vigentes 19.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejera Ponente: Bertha Lucía
Ramírez de Páez. Sentencia del 9 de junio de 2011. Radicación: 85001 -23-31-
000-2005-00571-01 (1457-08).
18 Í d e m .
19 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n A . C o n s e j e r o p o n e n t e :
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2012 00078 01 (679-2014)
Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
2.2. Marco normati vo y jurisprudencial sobre la relación laboral
encubierta o sub yacente
En primer lugar, debe señalarse que existe una clara línea
jurisprudencial de esta corporación 20 en la que ha considerado que
el contrato de prestación de servicios se desf igura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una re lación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que
surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la reali dad
sobre las f ormalidades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el a rtículo 53 de la Co nstitución Política, con el que
se propende hacia la garantía de los derechos mínimos de las
personas, preceptuados en normas respecto de la materia.
De acuerdo con lo anterior, para a creditar la e xisten cia de una
relación laboral es necesario probar los tres elementos ref eridos,
especialmente que el contratista desempeñó una actividad de la
entidad en condiciones de subordinación y d ependencia
continuada.
Contrario sensu , se constituye una relación contractual, que se rige
por la Ley 80 de 1993, cuando se pacta la prestación de servicios
relacionados con la administración o f uncionamiento de la entidad
pública, caso en el cual el contratista es autón omo en el
cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios
W il l i a m H e r n á n d e z G ó m e z . S e n t e n c i a d e l 5 d e m a yo d e 2 0 1 6 . R a d i c a c i ó n
85001-23-31-000-2012-00032-02 (2119-14).
20 C o n s e j o de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, expediente 0088 -2015,
magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2012 00078 01 (679-2014)
Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
por los servicios p restados por una labor convenida que no puede
realizarse con personal de planta o requiere co nocimientos
especializados.
Es de resaltar que en la sentencia C – 154 de 1997 21, la Corte
Constitucional declaró la const itucio nalidad pura y simple y no
condicionada de la expresión «cuando no puedan realizarse con
personal de planta» del art ículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, motivo
por el cual la dif erencia entre una y o tra f orma de vinculación se
encontrará en la continuada dependencia del servidor p úblico, en
los términos del literal b del artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, pero lo anterior no quiere decir que las actividades
«relacionadas con la administrac ión o f uncionamiento de la
entidad» no se puedan adelantar a través de contratist as puesto
que precisamente la suprema guardiana de la Constitución Política
declaró ajustada al ordenamiento la mencionada expresión.
En ese orden de ideas, cuando se logra d esvirtuar e l contrato de
prestación de servicios, inexo rablemente se impone el
reconocimiento de las prestaciones so ciales generadas, atendiendo
a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho
restablecimiento, que no es otra que la relación laboral que se
ocultó bajo el ropaje de un contrato administrativo estatal.
Ello en aplicación de los principios de igualdad y de
irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados
respectivamente en los art ículos 13 y 53 de la Carta Fundamental.
De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la
f igura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales
conculcados 22.
21 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a C – 1 5 4 d e 1 9 d e m a r z o d e 1 9 9 7 , m a g i s t r a d o
ponente: Hernando Herrera Vergara.
22 C o n s e j o de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2012 00078 01 (679-2014)
Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 25 de agosto de 2016, unif icó su juris prudencia y
señaló que el pa go de las prestacio nes que se reconocen como
consecuencia de la nulidad del acto administrativo qu e negó la
existencia de la relación laboral, procede a título de
restablecimiento del derecho y no como reparación integral del
daño. Al ef ecto, expresó lo sigu iente:
«Fr ent e al ant er ior panor am a j ur ispr udencia l, r esult a im per ioso
unif icar el pr ecedent e con el f in últ im o de acog er el cr it er io que sea
m ás f avor able a l os ciudadanos q ue acuden ant e la j ust icia
cont encioso - adm in is t r at i va en b usca de obt ener el r econoc i m ient o
de los der echos q ue er an inher ent es a un a r elación labor a l pe r o q ue
la Adm in ist r ación di sf r azó con la suscr ip ción de un cont r at o est at al,
par a lo cual ha de adver t ir se q ue el r establec im ient o del der echo es
una cons ecuenc ia ló g ica de la nulid ad q ue se decr et a, ya que una
ve z ej ecut or ia da l a sent encia q ue as í l o dec lar a, el act o
adm inist r at i vo desapar ece del m undo j ur ídico, por lo que los
der echos y s it uacio nes af ect ados deben vo l ver a su est ado inic ial,
es decir , q ue en las cont r over sias de co nt r at o r ealidad ha y l ug ar a
r econocer las pr est aciones q ue el cont r a t ist a dej ó de deve ng ar y el
t iem po de ser vic ios c on f ines pension ales , pues su sit uac ión j ur ídica
f ue m ediant e un cont r at o est at al, per o q ue en su ej ecuci ón se d ier on
los elem ent os const it ut ivos de una r elaci ón labor al, q ue en caso de
haber sido vincu la do com o em pleado público hub iese t enido
der echo a las m ism as pr est aciones q ue deveng an los dem ás
ser vi dor es de plant a de la r espect iva ent idad.
Por consig uient e, no resul t a procedent e condenar a l a agenci a
est at al demandada al pago de l as pre st aci ones a l as qu e t ení a
derecho el cont rat ist a - t rabajador a t í tul o de reparaci ón int egral
de perjui ci os, dado que est as se reconocen como ef ect o de l a
anul aci ón del act o que l as negó , pese a su der echo a ser tr at ado
en ig ualdad de condicio nes q ue a los dem ás em pleados públic os
vincul ados a t r avés de una r elación leg a l y r eg lam ent ar ia, est o es,
a pesar de t ener una r em uner ación const it uida por los honor ar ios
pact ados, le f ue cer cenado su der echo a r ecibir las pr est acione s
q ue le hubier e cor r espondido si l a Adm in ist r ación no hubiese usado
Segunda, sentencia de 17 de abril de 2008, expediente 2776 -05, magistrado
ponente: Jaime Moreno García.
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2012 00078 01 (679-2014)
Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
la m odal idad de con t r at ación est at al par a esconder en la pr áct ica
una r elación de t r ab aj o» 23.
En cuant o a los der echos pr est acional es der ivados de l cont r at o
r ealida d, ot r or a est a Sección conclu yó q ue no pr escr iben, debido a
q ue su exig ibi lid ad es im posible a nt es de q ue se pr oduzca l a
sent encia, por q ue la decisión j udicia l al declar ar la exist enc i a de la
r elación labor a l t ien e car áct er const it ut ivo ; es decir , q ue es a par t ir
del f allo q ue nace a la vi da j ur íd ica el der echo labor al r eclam ado y
por t ant o no podía oper ar en est os casos el f enóm eno procesal
ext int i vo 24.
Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó que, aunque es
cierto que es desde la sentencia que se hacen exigibles las
prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es que el
particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral
dentro de un término prudencial que no exceda el de la prescripción
de los derechos qu e pretende; lo que sign if ica que debe solicita r la
declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor
a tres años 25.
De igual manera, sobre este punto ref erido a la prescripción del
derecho reclamado en el marco de un contrato realida d, la Sección
Segunda de esta Corporación, en la ref erida sentencia de
unif icación de 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo t ant o, si q uien pr et ende e l r ec onocim ient o de la r elaci ón
labor al con el Est ad o, se excede de los tr es años, cont ados a par t ir
de la t er m inación de su víncu lo cont r act ual, par a r eclam ar los
der echos en apl icac i ón del pr i ncip io de l a “ …pr im ací a de la r eali dad
sobr e las f orm alid ades est ablecidas por los sujet os de las
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, expediente 0088 -
2015, magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
24 C o n s e j o de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 6 de abril de 2008, expediente 2152 -06, magistrado
ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 9 de abril de 2014, expediente 131 -13, magistrado
ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
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Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
r elacion es labor ales ” ( ar t ícul o 53 constit uciona l) , se ext ing ue el
der echo a solicit ar l as pr est aciones q ue se der iven de aq uell a, pues
dicha sit uac ión se t r aducir ía en su desint er és, q ue no puede
sopor t ar el Est ado, en su condició n de em pleador .
Per o en aq uellos co nt r at os de pr est ación de ser vicios, pact a dos por
un int er r eg no det erm inado y q ue la ej ecución ent r e uno y ot r o t iene
un lapso de int er r u pción, f r ent e a cada uno de ellos hab r á de
anal i zar se la pr escr ipció n a par t ir de sus f echas de f inali zación,
puest o q ue uno de los f undam ent os de la exist encia d el c ont r at o
r ealida d es pr ecisam ent e la vocac ión de per m anencia en el s er vic io.
Por consig uient e, le cor r esponder á al j uez ver if icar si exist ió o no
la cit ada int er r up ción cont r act ual, q ue ser á excl u ida de
r econocim ient o y e xam inada en det alle en cada caso par t icular , en
ar as de pr ot eg er los der echos de los t r abaj ador es, q ue han sido
bur lados por las aut or idades adm in i st r at ivas a l encubr ir una
r elación labor al baj o cont r at os de pr est ación de ser vici os».
Asimismo, dicha providencia aclaró qu e el f enómeno prescriptivo no
opera respecto de los aportes para pensión, teniendo en cuenta la
condición periódica del derecho pensional que lo hace
imprescriptible.
Finalmente, es de señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia SUJ-025-CE -S2-2021 de 9 de septiemb re
de 2021 26 estableció las siguientes pautas de unif icación f rente a
varios aspectos del contrato realida d como son: i) el sentido y
alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del art ículo 32 de l a Ley
80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de
continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios
que ocultaron la e xistencia de una re lación laboral que se declara,
a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, i ii)
improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud ef ectuados por el contratista.
26Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 9 de septiembre de 2021, expediente: 1317-2016,
magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2012 00078 01 (679-2014)
Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
Al ef ecto señaló la Sección Segunda:
«[ …] ( i ) La pri mera regl a def ine q ue el concept o de «tér m ino
est r ict am ent e indispensable » , al q ue alude el num er al 3. º del
ar t ícu lo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los est udios
pr evios y en el obj et o del cont r at o, el cual, de acuer do con el
pr incip io de plan eac ión, t iene q ue est ar j ust if icado en la necesidad
de la pr est aci ón de l ser vic io a f avor de l a Adm inist r aci ón, de f orma
esencia lm ent e t empor al y, de ning una m aner a, con ánim o de
per m anencia.
( i i ) La segunda regl a est ablece un p er íodo de t r eint a ( 3 0) d ías
hábi les, ent r e la f inali zación de un c ont r at o y l a ej ecuc ión de l
sig uient e, com o t érm ino de la n o soluc i ón de cont inu idad, el cual,
en los casos q ue se exceda, podr á f lexi bil i zar se en at enció n a las
especia les cir cunst ancias q ue el j uez encuent r e pr obadas dent r o
del e xped ient e.
( i i i) La t ercera regl a det er m ina q ue f rent e a la no af iliac ión a l
sist em a de la Se g ur idad Socia l en salud, por par t e de la
Adm inist r ació n, es i m pr ocedent e la de vo lució n de los va lor es q ue el
cont r at ist a hubiese asum ido de m ás, en t ant o se r ecaudar on com o
r ecur sos de nat ur aleza par af iscal».
En esta misma providencia e xpresamente se puso de presente que
«aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato
de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía
de la realidad sob re las f ormalidades, por lo que, en ningún caso,
será posible darle la categoría de empleado público a quien prest ó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artícu lo 122 de la Carta Polít ica 27.
2.3. Caso concreto
27 De igual manera mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
l a b o r a l c u ya d u r a c i ó n d e b a s e r e x a m i n a d a .
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2012 00078 01 (679-2014)
Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
En el plenario se en cuentran probados los siguientes hechos:
➢ El 15 de marzo de 2003, el municipio de Palestina -Caldas, por
Decreto 12, estableció la planta de cargos y determinó que estará
conformada por: 1 alcalde; 1 secreta rio ejecutivo del d espacho, 1
asesor, 4 secret ari os de despacho, 1 tesorero general; 1
corregidor, 1 alm acenista general, 5 coordinadores de área, 1
inspector de policía, 2 técnicos, 1 inspector de policía rural, 2
auxiliares administ rativos, 4 secretarios, 1 auxilia r y 1 comisario de
f amilia 28.
➢ El 30 de junio de 2009, el rector de la Institución Educativa La
Sagrada Familia certif icó que el señor José Rigoberto Cano Loaiza
«f ue autorizado por el doctor Carlos Alberto Ocampo Vasco, alcalde
municipal, para que prestara sus servicios como celador diurno en
días sábados, domingos y f estivos [...]» y se le adeudan unas
sumas de dinero 29, así:
MES D Í AS L AB O R AD O S T O T AL D Í AS
L AB O R AD O S
Noviembre 29-30 2
Diciembre 6-7-8-13-14-20-21-25- 10
27-28
Enero 1-3-4-10-11-12-17-18- 11
24-25-31
Febrero 1-7-8-14-15-21-22-28 8
Marzo 1-7-8-14-15-21-22-23- 10
28-29
Abril 4-5-9-10-11-12 6
T O T AL D Í AS C U AR E N T A Y S I E T E
Y m ensual se le deb e desde el veint idós ( 22) de diciem br e d e dos
m il ocho ( 2008) hast a el t r eint a ( 30) de j unio de dos m i ve int i nueve
( 2009) .
➢ El 30 de junio de 2009, el Rector de la Institución Educativa La
28 F o l i o s 222 a 225.
29 F o l i o 69.
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2012 00078 01 (679-2014)
Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
Sagrada Familia certif icó que el actor «f ue autorizado por el doctor
Carlos Alberto Oca mpo Vasco, alcalde municipal, para que prestara
sus servicios como celador diurno en los días laborables de 6:00 a
6:45 AM y de 3:45 a 6:00 PM» 30, así:
MES D Í AS L AB O R AD O S T O T AL D Í AS
L AB O R AD O S
Noviembre 24-25-26-27-28 15 horas
Diciembre 1-2-3-4-5-9-10-11-12- 66 horas
15-16-17-18-19-22-23-
24-26-27-29-20-31
Enero 2-5-6-7-8-9-13-14-15- 45 horas
16-19-20-21-22-23
T O T AL D Í AS 126 horas
➢ Sin f echa, la Secretaría General del municipio de Palestina
presentó los estudios previos para adelantar un proceso de
contratación que pretende la prestación de servicio s para la
creación de un vivero municipal con 25.000 plántulas para
ref orestar las cuencas y nacimientos 31 .
➢ El 6 de octubre de 2010, la Alcaldía del municipio de
Palestina, por medio de Resolución 1 205, adjudicó al señor José
Rigoberto Cano Loaiza «la CO NTRATACIÓN de la ADECUACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL PARA LA
PRODUCCIÓN DE 25.000 PLANTULAS FORESTALES[...]» 32 .
➢ El 4 de agosto de 2010, la Alcaldía del municipio de Palestina,
a través de Resolución 1011, adjudicó al señor José Rigoberto
Cano Loaiza «la CONTRATACIÓN de la LIMPIEZA DE
MATERIALES NO BIODEGRADABLES EN LA MICROCUENCA
CARTAGENA Y MI CROCUENTA CAMINALES [...]» 33 .
30 F o l i o 70.
31 F o l i o 120 a 123 cuaderno de pruebas.
32 F o l i o 1 3 0 y 1 3 1 c u a d e r n o d e p r u e b a s .
33 F o l i o 1 9 3 y 1 9 4 c u a d e r n o d e p r u e b a s .
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2012 00078 01 (679-2014)
Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
➢ El 18 de enero de 2011, la Secretaría General del municipio
de Palestina presentó los estudios previos para adelantar un
proceso de contratación que pretende satisf acer la necesidad de
mantener el vive ro municipal 34 .
➢ El 2 de f ebrero de 2011, el actor presentó a la entidad
territorial demandada una propuesta para «MANTENIMIENTO DEL
VIVERO AEROCAFE [...] CON EL FIN DE HACER EL
MANTENIMIENTO Y EL CUIDADO DE 25000 PLANTAS
FORESTALES PARA FORTALEC ER LOS NACIMIENTOS Y LAS
MICRO CUENCAS DEL MUNI CIPIO DE PALESTINA CALDAS» 35 .
➢ El 16 de abril de 2011, el municipio de Palestina exp idió el
certif icado de disponibilidad presupuestal para «EL
MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNI CIPAL DE PALESTINA» 36 .
➢ El 27 de ab ril de 2011, el municipio de Palestina exp idió el
«VALOR CORRESPONDIENTE A REGISTRO PRESUPUESTAL
PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVCIOS DE APOYO A
LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD No. 075 DE ABRIL 27 DE 2011,
CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE
PALESTINA CALDAS» 37 .
➢ El 19 de abril de 2 012, el Rector de la Institución Educativa
La Sagrada Familia certif icó en relación con el demandante 38, lo
sigu iente:
Que el 22 de septiembre de 2008 se presentó a la instit ución
el señor JOSE RIGOBERTO CANO LOAIZA , identif icado con
34 F o l i o 207 a 213.
35 F o l i o 204.
36 F o l i o 2 0 5 .
37 F o l i o 2 0 6 .
38 F o l i o 1 5 4 .
Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
cédula de ciudadanía N ° 9'845.693 expedida en Palestina
Caldas, enviado por el señor Alcalde Municipal.
Que en esa f echa se conf irmó con el señor Alcalde Mu nicipal
la f unción que cumpliría e l mencionado JOSÉ RIGOBERTO
CANO LOAIZA y se le asignaron f unciones en of icios va rios de
la sede central y la sede primaria.
Que el señor JOSÉ RIGOBERTO CANO LAIZA desempeñó con
puntualidad y ef iciencia las labores encomendadas.
Que el señor JOSÉ RIGOBERTO CANO LOAIZA permaneció en
esta institución educativa desempeñando f unciones
ininterrumpidamente, de of icios varios, en el t iempo
compendido entre el veint idós (22) de septiembre de dos mil
ocho (2008) y el veintiséis (26) de a bril de 2011.
➢ El 10 de enero de 2013, la Secretaría de Educación de la
Gobernación de Caldas certif icó que la Institución Educativa La
Sagrada Familia se rige por las pre visiones del departamento, ya
que el municipio de Palestina no se encuentra «en la categoría de
municipio certif icado en educación» 39.
➢ El 6 de mayo de 2013, e l municipio de Palestina, por Of icio
DA 120, informó que el demandante suscribió con esa entidad tres
contratos de prestación de servicios 40, así:
Contrato Inicio Fin Objeto Folios
163 del 6 de 11/08/2010 11/10/2010 «PRESTACIÓN DE 224-226
agosto de 2010 SERVICIOS PARA LA
LIMPIEZA DE CUADERNO
MATERIALES NO PRUEBAS
BIODEGRADABLES EN
LAS MICROCUENCAS DE
LA QUEBRADA
39 F o l i o 221-
40 F o l i o s 1 a 4 cuaderno de pruebas.
Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
CARTAGENA Y DE LA
QUEBRADA CAMINALES».
179 del 30 de 04/11/2010 03/01/2011 «ADECUACIÓN Y 155-157,
octubre de 2010 ADMINISTRACIÓN DEL 167-168
más adicional VIVERO MUNICIPAL CUADERNO
PARA LA PRODUCCIÓN PRUEBAS
DE 25.000 PLANTULAS
FORESTALES».
75 del 27 de 06/05/2011 31/12/2011 «MANTENIMIENTO DEL 71-74
abril de 2011 VIVERO MUNICIPAL DE
PALESTINA CALDAS».
➢ El 22 de marzo de 2012, el muni cipio de Palestina, mediante
Resolución 115 del 22 de marzo de 20 12, acató una orden de tutela,
reconociendo a los señores José Rigoberto Cano Lo aiza y Lina
Mercedes Montoya Aristizabal lo adeudado «durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre» de 2 011 41, en los sigu ientes
términos:
b. Los señores LINA MERCE DES MONTOYA A., JOSÉ
RIGOBERTO CANO L Y JORGE HERNÁN MILLÁN LÓPEZ,
estuvie ron vincula dos con el Municipio mediante modalidad de
contrato hasta el 31 de diciembre de 2011.
c. Que a la f echa se les adeuda lo correspondiente a los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2011, así:
LINA MERCEDES MONTOYA A. $2.550.000
JOSÉ RIGOBERTO CANO L. $4.666.665
JORGE HERNÁ NN MILLÁN LÓPEZ $3.714.999
d. Que se debe reconocer por parte del municipio el valo r antes
mencionado a favor de cada una de las personas relacionadas
en el literal anterio r.
➢ El 3 de mayo de 2 013, la líder de Co mf amilares inf ormó que
el actor en los añ os de 2008 a 2011 «no se encuentra registrado
41 F o l i o s 9 y 10 cuaderno de pruebas.
Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
por ningún empleador, es decir, no recibió subsidio f amiliar; solo
empieza a recibir subsidio f amiliar a partir de marzo a noviembre
del 2012 por la empresa FONDO E DUCATIVO
DEPARTAMENTAL» 42.
En relación con la reclamación en sede administrati va
➢ El 30 de diciembre de 2011, el actor, por medio de a poderado,
solicitó del municip io de Palestina el pago de créditos laborales de
él y su esposa surgidos con ocasión de las actividades que
desplegaron como contratistas 43:
PRI ME RO : Q ue el señor JO SÉ RI GO BERT O CANO LO AI ZA y la
señor a ME RCE DES MO NT O YA ARI S T I ZABAL cont inúen lab or ando
a par t ir del pr im er o de ener o de 201 2 si n soluc ión de co nt in uidad
com o ser vidor es públicos con cali dad de t r abaj ador es of iciales al
ser vic io de l m unici pi o de Palest i na, por lo ya d icho en est e e scr it o
de r eclam ación adm i nist r at i va.
SEG UNDO : Q ue se l es reconozca y p a gue al señor JO SÉ C ANO
LO AI Z A y la señor a LI N A M ERC EDE S M O NTO Y A t odos los salar ios,
hor as ext r as, dom inica les, f est ivos, descanso com pensat or io
r em uner ado, com o se dij o de m aner a clar a y exp lic at i va en los
Hechos 7 - 8- 9 en r elación con el señor José Rig ober t o Cano Loai za;
y l os meses de sal ari os q ue cor r esponden a los m eses de
noviem br e y diciem br e de 2010 y los m eses de ener o, f ebr er o,
m ar zo, oct ubr e, noviem br e y dic iem br e 2011 en r e laci ón con la
señor a Lina Mer ced es Mont o ya Ar ist i za bal; al ig ual q ue el s ubsid io
f am iliar m es por m es dur ant e t oda la r elación labor a l com o se indicó
par a cada uno de m is m andant es en los Hechos 10 y 11, vac aciones,
pr im a de vacac ione s, dot aciones de za pat os y vest idos de labor ,
cesant ía, i nt er eses a las cesant ía, la sanción por e l no pag o
opor t uno de las cesant ías, la sanción d e un día de salar io p or cada
d ía de m or a en la c onsig nación de las cesant ías ant es de l 15 de
f ebr er o de cada año en los f ondos, pr im as y en g ener al t od as las
pr est aci ones soc iale s, la de vo lució n de l o pag ado por conce pt o de
salud, pension es, r iesg os pr of esionales, la r et ención en la f uent e y
t odos los em olum ent os dej ados de per cibir por m is m andant es
desde la f echa en q ue f uer on vincu lados, est o es, el 5 de ener o y el
1º de m ayo de 2008 r espect ivam ent e y hast a la f echa del 1º de
ener o de 2012 com o se dij o en los h echos y c on apo yo en la
sust ent ación j ur íd ic a de est a r eclam ación adm inist r at i va y q ue a
42 F o l i o 281 cuaderno de pruebas.
43 F o l i o s 87 a 124.
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f ut ur o, es decir , a par t ir del pr im er o de ener o de 2012 se cont inúe
r econociendo los de r echos labor a les q ue la leg islac ión r eg uló par a
los t r abaj ador es of iciales i nclu ye ndo los benef icios pact ados en la
conve nción co lect i va de tr abaj o vig ent e y en la m ism a f orm a q ue lo
per ciben los dem ás ser vi dor es públicos q ue t ienen la cat eg or ía de
t r abaj ador es of iciale s en el Munic ip io de Palest ina.
➢ El 27 de enero de 2012, el alcalde del municipio de Palestina
negó lo pretendido 44, en los siguientes términos:
No le asist e com pet encia a est a inst ancia adm inist r at i va de l or den
ej ecut ivo de car áct er t err it or ial, par a decid ir f avor ablem e nt e las
pet iciones in voca da s por los r eclam ant es, t oda ve z q ue r evisadas
las car pet as de co nt r at ación de la ent id ad, se encont r ar on sendos
cont r at os de pr est ación de ser vic ios sus cr it os por el Repr es ent ant e
Leg al en su m om ent o del Mun icip io de Palest in a Ca ldas y l os ho y
r eclam ant es, m ism os con f echa de t erminaci ón a 31 de diciem br e
de 2011 y t ales c ont r at ist as no pueden s er vi ncula dos a l a n óm ina
de la ent id ad por n o est ar cr eados los em pleos en la r es pect iv a
plant a de car g os; as í las c osas, ser á la j ust icia labor a l la q ue
det er m ine la pr ocedencia o no de t ales pedim ent os.
Las declaraciones rendidas en el proceso
El 8 de mayo 2013, rindieron testim onios los señores Roberto Gil
Carvajal, Án gela María Gutiér re z O rrego, Lina Mercedes Montoya
Aristizabal, José Libardo Agudelo Su árez, Óscar Cardon a Arango y
Jorge He rnán Millán López.
• El señor Roberto Gil Carva jal, rector de la Institución Educativa
La Sagrada Familia, aseveró:
Q ue conoció a l señ or José Rig ober t o Cano Loa i za cua nd o, el 4
sept iem br e de 2008, lleg ó com o Rect or del Coleg io La Sag r ada
Fam ili a. Encont r ó q ue había f alt a de per sonal de ser vic ios
g ener ales, por ello habló con e l señ or alcalde Car los Alber t o
O cam po Vasco, quien se com pr om et ió a enviar a al g uien.
Ef ect ivam ent e, a f inal es de sept iem br e de 2008, lleg ó a la
44 F o l i o s 5 a 8 cuaderno de pru ebas.
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inst it ució n el señor J osé Rig ober t o Cano Loai za con e l f in de cum plir
f unciones de ser vic i os g ener ales y of ici os var i os: com o celador en
los hor ar ios noct ur nos t odos los días, incluye ndo s ábados,
dom ing os y f est ivos; ar r eg lo de llaves; elect r icida d; m ant enim ient o
de pr ados, entr e otros, en el hor ar io de 7. 00 am a 6. 00 pm de lunes
a vier nes hast a e l a ño 2010. Puest o q ue, en el año 20 11, e l señor
José Rig ober t o adq uir ió ot r o em pleo, a t r avés d e cont r at os, en ot r a
dependenc ia de la a dm inist r ación Munic i pal de Pal est ina.
Aclar ó q ue com o el Coleg io La Sag r ada Fam ili a no pod ía cont r at ar
per sonal, por eso se dir ig ió a las of icinas del m unic i pio de
Palest in a - Cal das a solic it ar ayuda al alc a lde Car los Al ber t o Ocam po
Vasco. El sist em a por el cual el munici pio cont r at ó al ahor a
dem andant e, lo desconoce.
La adm inist r ación m unici pal deb ió pag ar le al señor Cano Loa i za, ya
ést e se desem peñó en la inst it uci ón e ducat i va por espaci o de 3
años. No conoce en det alle esa sit uac ión .
T odo el per sonal y lo s est udiant es conoc ían al señor José R ig ober t o
Cano Loai za, pues cum pl ía sus lab or es con ef iciencia.
• La señora Ángela María Gutiérre z Orrego, Au xiliar de S ecretaría
de la Institución Educativa La Sagra da Famil ia, af irmó:
Q ue conoció al señor José Rig ober t o Cano Loai za cuando l le g ó a la
I nst it ución Educat i va La Sag r ada Fam ili a en el año 2008 po r or den
de la Alcal d ía Mu nic i pal de Palest i na - Cal das. Él se pr esent ó ant e el
Rect or del C oleg io y ést e ú lt im o l e i m par t ió dir ect r ices de las
labor es q ue t enía que ej ecut ar , ya sea com o celador o de of icios
var i os: m ant enim ient o del pr ado y dem ás, com o celador labor aba de
lunes a vier nes en el hor ar io de 7. 00 am a 6. 00 pm y si se r eq uer ía
alg ún sábado el D ir e ct or se lo hac í a sabe r . En el t em a del descanso
el señor José Rig ober t o Cano Loaiza t en ía una hor a especif ica la
cual er a de 1. 00 pm a 2. 00 pm par a ir a alm or zar .
Pr ecisó q ue el col eg io no t en ía r ecur sos par a pag ar al ahor a
dem andant e y q ue por la inst it ución h an pasado var ias p er sonas
enviadas por el m unicip io de Pale st ina Caldas par a ej er cer
dif er ent es of icios.
Desconoce la cont r a pr est ación q ue r ecibía el ho y act or .
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• La señora Lina Mercedes Montoya A ristizabal, e xcontratista del
municipio de Palestina -Caldas (ce lador a y servicios generales),
señaló:
Q ue conoció al señor José Rig ober t o Cano Loaiza por q ue f ue
com pañer a de él, en la Alcald ía del Mun i cipio de Pa lest ina - C aldas.
Q ue él em pezó a t r abaj ar , el 5 de ener o de 2008, com o celador en
el hor ar io de 6. 00 a m a 6. 00 p m , cont inuo, de dom ing o a do m ing o y
f est ivos. E l señor Cano Loa i za r ecib í a pag os en ef ect ivo, q ue
ascend ía n a $600. 000 m ensual. Al ant es nom br ado lo envi ar on al
Coleg io La Sag r ada Fam ilia, el 22 de s ept iem br e de 2008, donde
labor ó de l unes a vi er nes, de f o r m a cont inua. Lueg o, lo envi ar on al
vi ver o en el hor ar i o de 7. 00 am a 5. 00 pm de lunes a vier nes. El
Alca lde Car los Alb er t o O cam po Vasco cont r at ó al señor José
Rig ober t o Cano Lo ai za, en un pr inci pio, de f or m a ver bal y,
post er ior m ent e, por m edio de cont r at o s de pr est ación de servicios.
El pag o er a en ef ect ivo y m ensual y l a adm inist r ación le q uedó
adeudando, al ahor a act or , 9 m eses de acr eencias ent r e los años
2008 y 201 0.
El dem andant e r eci bió ór denes ( i) de Car los Al ber t o O cam po y
Diana Rodas, cuand o pr e st aba sus ser vi cios en l a Alc ald ía; ( ii) del
Rect or cuando f ue enviado a l C oleg io L a Sag r ada Fam ili a y ( ii i) de
Ricar do Hur t ado en el vi ver o.
Cuant o est uvo por cont r at o el act or la r em uner ación ascendió a
$1. 500. 000.
• El señor José Libardo Agudelo Suarez, coordinador del Colegio
La Sagrada Familia desde 1991, precisó:
Q ue conoció al seño r José Rig ober t o Cano Loai za por q ue es or iundo
del m unici pio e i ng r esó al Coleg io de La Sag r ada Fam ilia com o
celador y de ser vic i os g ener ales, f unciones q ue desar r olló de 7. 00
am a 6. 00 pm , con sus r espect ivas hor as de descanso, las cuales
er an de 12. 00 m a 2. 00 pm de lunes a vier nes. Fue en viado por la
adm inist r ación Muni cipal. Lueg o, pasó a t r abaj ar a un vi ver o .
El ahor a dem andant e r ecib ía d ir ect r ices del Rect or de la i nst it ución
educat i va.
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➢ El señor Óscar Cardona Arango, ex contratista de mantenimiento
y sostenimiento de la obra en el municipio de Palestina -Caldas,
af irmó:
Q ue conoció al señor José Rig ober t o Cano Loaiza por q ue f ue
cont r at ado por el señor Alcalde, en el a ño 2008, par a q ue trabaj ar a
com o celador , de 6. 00 am hast a las 6. 0 0 pm , de lunes a do m ing o.
En la adm in ist r ació n m unicipa l per m aneció por 7 u 8 m eses en el
año 2008. La vincu l ación de l ahor a de m andant e f ue, en un inic io,
f ue de f or m a ver bal y lueg o, por cont r at o. Com o cont r apr est ación
r ecib ía p ag os en ef ect ivo, por par t e de f uncionar i os de pla nt a, com o
las señor as Mar y He r r er a y Rosalba G on zá le z, ent r e ot r os.
El señor Cano Lo ai za f ue t r asladado al C oleg io La Sag r ada Fam ilia,
a f inales del añ o 20 08, lug ar donde cumplió un hor ar i o de 7. 00 am
a 6. 00 pm y r ealizó dif er ent es f unciones de m ant enim ient o y
sost enim ient o de la obr a públ ica ( obr er o ) , por las cuales r eci b ía una
cont r apr est ación en ef ect ivo de la adm in ist r ación m unici pal.
Cr ee q ue el ant es nom br ado t enía hor a s de descanso y t r abaj aba
los sábados y los do m ing os.
Lueg o, el dem andant e, a t r avés de la f ig ur a del cont rat o de
pr est ación de ser vicios, f ue enviado a t r abaj ar en el vi ver o
m unicipa l, labor q ue f ue super visada y coor din ada por el señor
Ricar do Hur t ado, Jef e de la Um at a.
El act or no t u vo i nt er r upciones la bor ales, m ient r as est uvo e n
ej er cicio el señor Alcalde Car los Alber t o O cam po Vasco. La nueva
adm inist r ación lo sa có.
El m unic ipio d e Pal est ina - Cal das act ua lm ent e le adeuda a l señor
Cano Loai za y a ot r os cont r at ist as acr eencias lab or ales.
➢ Jorge Hernán Millá n López, técnico electricista y e xcontratista del
municipio de Palestina -Caldas, relató:
Se vincul ó a la adm i nist r ación m unic ipal en el año 2009.
Q ue conoció al señor José Rig ober t o Cano Loai za cuando t r abaj ó
en el m unicipio de Palest in a - Cal das com o celador , en el per íodo
com pr endido ent r e ener o y sept iem br e de 2008, lapso en el cual
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cum plió un hor ar io d e 6. 00 am a 6. 00 pm de lunes a dom ing o. Aclar ó
q ue no t enía descan so puest o q ue le lle v aba n los al im ent os hast a
el lug ar de labor . Pr ecisó q ue el ahor a dem andant e r ecibi ó com o
cont r apr est ación m ensual la sum a de $600. 000 en ef ect ivo, la cual
er a ent r eg ada por em pleados de pla nt a: los señor es: Jor g e Her nán
Rest r epo, Mar y Her r er a o Jorg e Eliec er Villada. Lueg o, el señor
Alca lde Car los A lb er t o O cam po t r asladó al act or al Col eg io La
Sag r ada Fam ilia, d onde est u vo hast a el año 2011 y cum plió un
hor ar io de 6. 15 am a 5. 00 o 6. 00 pm, de lunes a vier nes.
En el año 2011, en viar on al señor Ca no Loai za a t r abaj ar a un
vi ver o, por m edio de cont r at os de pr estación de ser vic ios. En ese
lug ar , cum plió un h or ar io de 7. 00 am hast a 5. 00 pm de l unes a
vier nes y r ecib ió u na cont r apr est ación m ensual de $ 1´ 50 0. 000 y
pico, ya no en ef ect ivo, sino por cheq ue.
La adm inist r ación l e adeuda al señor Cano Loai za y a él var ias
acr eencias lab or ale s.
Consid er a q ue la desvincu lació n de la adm inist r ación f ue inj ust a.
Q ue el act or y él t enían cont r at os y de la nada les dij er on q ue ya no
hay m ás t r abaj o.
El 30 de septiembre d e 2013, rindieron testimonio las señoras Luz
Mary He rrera Zapa ta y Rosalba Gon zález Dua rte.
➢ La señora Luz Mary Herrera Zapata, ex empleada del municipio
de Palestina -Caldas (aseadora, cajera, auxiliar administrativo -
elaboraba cuentas de cobro), aseveró :
Q ue conoció al seño r José Rig ober t o Cano Loai za hace m ás de 15
años, ya q ue labor ó desde el año de 198 8 com o aseador a, caj er a y
auxil iar adm inist r at i va hast a el 9 de f ebrer o del 2012, f echa en q ue
f ue desvincu lada. C on el ahor a dem andant e f uer on sim pat iza nt es
del par t ido l iber al y, por ello, com par t ier on r euniones y f or os.
El señor Can o Loa i za f ue vincu lado por cont r at o escr ito a la
adm inist r ación m uni cipal com o adm inist r ador del vi ver o, desde abr il
a diciem br e de 2011. Lapso en el cual r ecibió una cont r apr est ación
m ensual por m edio de cheq ues. No le const a el hor ar io, ni las
f unciones q ue t enía asig nadas el act or . T am poco si el dem andant e
t iene acr eencias pe ndient es por pag ar .
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Ell a pag aba pensionados, nóm inas y cont r at os de pr est ación de
ser vic ios en ch eq ues, por inst r ucción del secr et ar io de Haci enda.
➢ La señora Rosalba Gonzále z Duarte, secretaría de la Oficina de
Presupuesto y la s ecretaría de Hacie nda del municipio de Palestina -
Caldas, señaló:
Q ue conoció al seño r José Rig ober t o Cano Loai za hace m ás de 8 o
10 años, ya q ue t r abaj ó con la adm inist ración de Palest in a - Caldas
a t r avés de cont r at os por var ios con cept os; por ej em plo, f ue
adm inist r ador del vi ver o y est u vo a car g o de las m icr ocuenc as. No
conoce el lapso de t iem po en el cual se ej ecut ó el con t rat o del
vi ver o, ni el hor ar io y la as ig nación m en sual q ue t enía as ig nados el
ant es nom br ado.
Vio al señ or Cano L oai za en el C oleg io La Sag r ada Fam ili a, per o
desconoce sus f unciones.
Los pag os los ef ectuaba la adm in ist r aci ón a t r avés de cheques.
Q ueda r on, en alg ún m om ent o, oblig acio nes pendient es por pag ar
del dem andant e, per o desconoce si ya est án saldadas o no.
En este punto, resulta pertinente señalar que si b ien es cierto que
algunos testigos se encuentran en situaciones similare s a las del
demandante, también lo es que ello no tiene la entidad suf iciente
de af ectar la credibilidad de su declaración, toda vez que con lo
manif estado evidencian que (i) aún la demandada les adeuda
acreencias laborales y (ii) por se r compañeros del demandante,
son idóneos para inf ormar sobre las condiciones de tiempo, modo
y lugar en que se desarrolló la prest ación del servicio.
2.3.1 Análisis sustancial
La Sala considera necesario precisar que el actor reclama la
existencia de una relación laboral entre él y el mun icipio de
Palestina - Caldas, por considerar qu e se conf iguraron las f iguras
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de «f uncionario de hecho» y «contrato realidad». En aras de dar
orden y claridad, estas situacione s jurídicas se an alizarán de
manera independiente f rente a los períodos alegados.
2.3.1.1 V inculación « verbal». Funci onario de hecho
El accionante af irma que el señor alcalde Carlos A lberto Ocampo
Vasco lo contrató de f orma verbal para trabajar en la administración
municipal y en la Institución Educativa La Sa grada Fa milia como
celador o encargad o de atender of icios va rios, en el inte rre gno que
va del 5 de enero de 2008 al 26 de abril de 2011, sin respetar sus
derechos laborales y suf ragar las acreencias que legalmente
surgieron.
La Sala procede a ve rif icar la conf iguración de los ele m entos que
resultan de la esencia de la f igura de f uncionario de hecho, así:
➢ Sobre la existencia del cargo en la planta de persona l de la
entidad
De la documentación allegada al exp ediente no es posible extraer
que dentro de los organigramas del municipio de Palestina -Caldas
y de la Inst itución Educativa La Sagrada Familia se encuentran
situados los cargo s de celador u of icios varios.
Solo se conoce que (i) dentro de la planta de cargo s del ente
territorial e xist ían 2 plazas de auxiliares administrativos ( Decreto
12 del 15 de marzo de 2003) y (ii) el aludido colegio se rige por las
previsiones del departamento, ya que el municipio de Palestina no
está «certif icado en educación». En ese orden, los requerimientos
de personal de la Institución Educativa La Sag rada Familia, en
principio, debían ser atendidos por el departamento de Caldas.
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Ahora bien, aunque no se tiene certeza sobre la existe ncia de las
plazas de celador y of icios varios en la planta de personal del
municipio y de la institución educativa La Sa grada Familia
(departamental), así como de los manuales de funciones
correspondientes, ello no es obstáculo per se para reconocer la
posible existencia de la f igura del f uncionario de hecho y, en
consecuencia, la procedencia del derecho reclamado, por lo q ue se
analiza rán los demás elementos conf igurativos.
➢ Sobre el ejercic io de funciones públicas en la forma y
apariencia como las hubiera desempeñado una persona
designada regularmente.
Si bien es cierto que los dif erentes testigos af irman conocer al
señor José Rigob erto Cano Loaiza por ejercer actividades de
vigilancia y of icios varios (arre glo de llaves, mantenimiento de
césped, obra pública, elect ricista, etc) en (i) el municipio de
Palestina del 5 de enero al 21 de septiembre de 2008 y (ii) la
Institución Educativa La Sa grada Familia desde el 22 de septiembre
de 2008 hasta el 26 de abril de 2011, también lo es que dichas
declaraciones no pueden ser suf icientes para concluir qu e el antes
nombrado desarrollaba estas en idénticas condiciones a las de un
empleado de planta. Lo anterior, toda ve z que:
• Los testigos no coincidieron en cuanto al horario de trabajo y los
días y las horas de descanso.
• Los deponentes solo hicieron ref erencia a la diversidad de
actividades ejecutadas por el accionante, en la medi da en que
f ueron contestes al indicar que estaba a cargo de la vigilancia y de
atender cualquiera reque rimiento que le realizara el alcalde Carlos
Alberto Ocampo Vasco o el rector Ro berto Gil Carvaja l.
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• Las pruebas, en su conjunto, no permiten inf erir la r elación
subordinada que alega el demandante, pues estas describen
someramente la prestación de varios of icios, sin detallar las
circunstancias de t iempo, modo y lugar en que el burgomaestre y el
director (i) inf luye ron de f orma determinante en el desarroll o de
esas actividades y (ii) ejercieron un poder disciplinante.
En este punto, no se puede soslayar que la mayor parte del tiempo
reclamado corresponde al prestado en La Sagrada Familia (del 22
de septiembre de 2008 al 26 de abril d e 2011), institución ed ucativa
que, según su rector, no tuvo injerencia en la elección y vinculación
del accionante y no conocía la cuantía y la periodicidad con la que
aquel era remunerado. Sin embargo, contradictoriamente, hizo una
relación de días y mensualidades adeudadas al demandante (del 22
de diciembre de 2008 al 30 de junio de 2009).
• Llama la atención que en lapso que se reclama por la figura del
f uncionario de hecho ( del 5 de enero de 2008 al 26 de abril de
2011), el actor suscribió, de f orma concomitante, con el munic ipio
de Palestina los contratos de prestación de servicios 16 3 y 179 de
2010 para apoyar en la limpieza en las microcuencas Cartagena y
Caminales y adecuar el vivero municipal.
• Por último, e l hecho de que la Sala, en múltiples decisiones haya
sostenido qu e las f unciones de vigilante son por regla general
subordinadas, ello no comporta que, en este caso tan particular, se
aplique directamente esa presunción legal.
➢ Sobre la provisi ón de recursos en el presupuesto de la
entidad para el pago de la labor
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Se aduce a lo largo de las declaraciones recepcionadas que la
remuneración ef ectuada al señor José Rigoberto Cano Loaiza
ascendía a $600.000 pesos, suma que era pagada mensualmente
en ef ectivo y entregada, de f orma inf ormal, por el empleado de
planta disponibl e.
En el asunto sub judice no hay pruebas que den f uerza al elemento
de la asignación p revia y constante de un presupuesto municipal
para el desempeño de los cargos de celador y de of icios va rios,
máxime que, como ya se vio, (i) no se si sabe si correspo n den a las
2 plazas de au xiliares administrativos y (ii) se destinaro n , la mayor
parte del tiempo (del 22 de septiembre de 2008 al 26 de abril de
2011), a una institución que no era objeto de administración del
municipio de mandado, sino del departamento de Caldas .
En ese orden, no puede hablarse de que las aludidas retribuciones
monetarias provinieran de un rubro presupuestal correspondiente a
las plazas de cela dor y of icios vario s de la planta de personal del
municipio de Palestina.
Así las cosas, esta Sala no encuentra estructurados los elementos
que comprenden la f igura del f uncionario de hecho, en t anto no se
logró acreditar el vínculo laboral del señor José Rigoberto Cano
Loaiza con el municipio de Palestina -Caldas en lo s términos
normativos y ju risp ru denciales aqu í expuestos.
2.3.1.2 Vinculación contractual. Existencia de una relación
laboral encubierta.
En primer lugar, resulta pertinente señalar que, de acuerdo con el
material probatorio que obra dentro del expediente, el señor José
Rigoberto Cano Loaiza estu vo vinculado con el municipio de
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Palestina, a través de varios contrat os de prestación de servicios
que suman aproxim adamente 11 meses y 24 d ías (163 de 2010, 179
de 2010 y 75 de 2011) . Sin embargo, enf atiza y hace pedimentos
respecto del últ imo de ellos, que comprende las actividades
relacionadas con el mantenimiento del vive ro y que se ejecutaron
del 27 de abril al 31 de diciembre de 2011.
Ahora bien, atendiendo los lineamientos esbozados en la sentencia
de unif icación ref erida en el marco normativo y jurisp rudencial, son
indicios de la subordinación continuada los siguientes:
➢ El lugar de traba jo. De acuerdo con el objeto del contrato de
prestación de servicios 75 de 2011 , el sitio de labores del
demandante era n las instalaciones f ísicas de l vivero m unicipal de
Palestina.
➢ El horario de labores. Conforme al testimonio del señor Jorge
Hernán Millán López el actor, como administrador del vivero, tenía
un horario específ ico de 7 am a 5 pm para el desarrollo de sus
labores.
Esta af irmación no cuenta con soporte alguno, por cuanto en el
plenario no hay otros señalamientos en el mismo sentido, ni
documentales que demuestren la f irma de listas o planillas de
ingreso a las 7:00 am y de salida a la s 5:00 pm, ni de permisos, ni
llamados de atención p or llegar tarde.
➢ La dirección y control efecti vo de l as actividades a ejecutar.
De acuerdo con la sentencia de unif icación del 9 de sept iembre de
2021, este indicio constituye uno de los aspectos más rele vantes
para identif icar la existencia o no del ele mento de la subordinación.
En ese sentido, «lo que debe probar e l demandante es su inserción
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Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
en el círculo recto r, organizat ivo y d isciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una inf luencia decisiva
sobre las condicio nes en que lle vó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual». 45
La Sala no logra determinar, a partir del material probatorio
aportado, que la entidad hubiese ejercido en el actor una inf luencia
decisiva sobre las condiciones en que este llevó a cabo sus
actividade s de mantenimiento del vive ro y, por lo tanto, que se haya
conf igurado una relación de subordinación continuada.
En ef ecto, aunque el accionante pretende demostrar el elemento de
la dependencia con las manif estaciones de los testigos y el contrato
de prestación de servicios, lo cierto es que ello no es suf iciente
para acreditar la existencia de una continuada dependencia bajo la
representación de un control o direccionamiento ef ectivo de los
quehaceres de mantenimiento del vivero del demandante.
En prim er término, porque las af irmaciones de los declarantes no
permiten inferir (i) la f orma en que al actor se le exigía el
cumplimiento de un horario y se le impartían órdenes e
instrucciones y (ii) las consecu encias que acarreaba un
incumplimiento. Por el co ntrario, dan cuenta de que el jef e de la
Umata solo realiza ba las supervisiones necesarias para el correcto
y ef icaz cumplimiento del objeto contractual convenido.
Sobre el particular, vale la pena señalar que la relación de
coordinación de actividades e ntre contratante y contratista, que
implica que el segu ndo se somete a las condiciones necesarias para
el desarrollo ef iciente de la actividad encomendada, y que incluye
el cumplimiento de un horario o e l hecho de recibir una serie
45 I b í d e m .
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de instrucciones de sus superiores o tener que reportar
informes sobre sus resultados , no signif ica, necesariamente, la
conf iguración del elemento de la subordinación continuada.
Aunado a ello, obsérvese que nin gun o de las deponentes llegó a
mencionar que el municipio de Pal estina , a través del señor alcalde,
le hubiera realiza do requerimientos o exigencias al señor Cano
Loaiza sobre la forma de ejecución de sus labores ; pues en sus
representaciones no surgió siquiera un llamado de atención
específ ico (manif estado en cuanto f echa, modo y lu gar), o alguna
advertencia por parte del ente territorial relacion ada con el
incumplimiento de sus obligaciones o la ejecución de sus labores;
lo cual se ajusta a la ine xistencia, de ntro del plenario, de al menos
un documento descriptivo de tales circunstancias.
Ahora bien, como dentro del plenario no existe prueba documental
que corrobore la exigencia o imposición de un horario al
demandante, ni ningún otro elemento probatorio que demuestre que
el municipio de Palestina ejerció so bre él un poder disciplinante
(como correos electrónicos, memorandos u of icios que contuvieran
llamados de atención, sanciones, advertencias o cualquier otra
f orma propia del poder disciplinario o correctivo laboral); lo único
que puede inferirse del contenido del contrato de prestación de
servicios es que la s actividades lle va das a cabo por el actor debían
ejecutarse de f orma coordinada con la entidad para la cual las
prestaba.
En punto a la demostración de la subordinación, debe recordarse
que, de acuerdo con la r eciente jurisprudencia del Consejo de
Estado, «no toda relación de servicio s implica necesariamente la
existencia de este elemento, ya que e ntre contratante y contratista
puede existir una relación de coordinación de actividades, donde el
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segundo es lib re d e someterse a las condiciones necesarias para
el desarrollo ef iciente de la actividad encomendada, como: a) un
horario; b) el hech o de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores y, c) tener que reportar in f ormes sobre sus resultados,
pero ello n o signif ica necesariamente la conf igura ción de un
elemento de subordinación ».
En este orden de ideas, como lo ha señalado esta Subsección en
asuntos de similares contornos 46 «si bien no puede decirse que
existe una prueba reina para demostrar el elemento de la
subordinación y dependencia continuada, esta Sala sí ha
considerado que para acreditar este e lemento de la relación laboral,
deben aportarse aquellas que permit an acreditar f ehacientemente
que el contratist a no ejercía su actividad, para la cual f ue
contratado, en f orma autónoma e independiente, sino que debía
someterse ineludiblemente a las órdenes e instrucciones de
f uncionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que estos impusieran». 47
En def initiva, en el sub lite , el demandante no logró demostrar que
la prestación del servicio se hubiera realizado con ausencia de
autonomía.
Así las cosas, se in siste, como dentro del plenario no reposan otras
pruebas que evidencien que el municipio de Palestina haya inf luido
de forma dete rminante en el desarrollo de las actividades de
mantenimiento del vivero municipal del señor Cano Loaiza, o que
esta inf luencia, de haberse presentado, hubiese sido continua
(como se indicó e n la sentencia de unif icación SUJ -0 25-CE-S2-
2021), la Sala no cue nta con argumentos probatorios suf icientes
46 P o r ejemplo en la sentencia de la Sección Segunda, de 14 de julio de 2022;
radicado 2016-04522-01; C.P. W illiam Hernández Gómez
47 I b í d e m .
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que le permitan f ormarse un convencimiento sobre la existencia de
una relación laboral encubierta o subyacente entre las partes.
En los anteriores términos, no le asiste razón al actor en sus
argumentos de apela ción y, por consiguiente, la decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas del 9 de diciembre de 2013, que
negó las pretensiones de la demanda será conf irmada.
3. Condena en costas de segunda instancia
El concepto de las costas del proceso está relacion ado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
inclu ye los honorarios de abogado o agencias del d erecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos o rdinarios del proceso y otros
como son los necesarios para t raslad o de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expe diente al superior
en caso de apelación.
Atendiendo esa orientación y de co nf ormidad con lo previsto en el
artícu lo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de
condenar en costas al demandante, pues si bien no prosperaron los
argumentos de apelación presentados por la demandada, lo cierto es
que esta decisión de segunda instancia se ampara en la sentencia de
unif icación SUJ -025-CE-S2-2021.
En mérito de lo expuesto, el Con sejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segund a, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley.
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Demandante: José Rigoberto Cano Loaiza
F A L L A:
PRIMERO. CONFIRM AR la sentencia del Tribunal Administrativo de
Caldas del 9 de diciembre de 2013, que negó las pretensiones de
la demanda presentada p or el señor José Rigoberto Cano Loaiza
contra el municipio de Palestina, por las ra zones expu estas en la
parte motiva.
SEGUNDO. NEG AR la condena en costas de segunda instancia.
TERCERO. En f irme esta decisión DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen y ef ectuar las respectivas anotaciones en el
programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE
Esta providencia f ue considerada y aprobada por la Sala en sesión
del cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023) .
G AB RI EL V AL BUE N A H ERN ÁN D EZ
Consej er o de Es t ado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consej er o de Est ado Consej er o de Est ado
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