Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00507-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00507-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00507-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00507-01 (3126-2023)
Demandante: Carlos Arturo Becerra
Demandado: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas
(INFICALDAS)
Tema: Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral —
funcionario de hecho
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque el
demandante no demostró los elementos que caracterizan una
relación de naturaleza laboral ni a un funcionario de hecho
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 30 de septiembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad del oficio G.G.
177-2018 del 22 de marzo de 2018, expedido por la entidad accionada, mediante
el cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre
el 12 de diciembre de 2004 y el 7 de marzo de 2018, así como el pago de las
prestaciones derivadas de esta. Señaló que durante ese período desarrolló en el
Aeropuerto La Nubia de Manizales (Caldas) actividades consistentes en prestar
el servicio de maletero, abrir las puertas de ingreso, operar y vigilar la cinta
transportadora de equipaje, izar banderas, realizar labores de aseo, encender y
apagar las luces y utilizar pólvora para ahuyentar aves.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) declarar la existencia
de un «contrato realidad» con la entidad demandada durante el período
mencionado y, en consecuencia, reconocer que adquirió la condición de
funcionario público de hecho; y (ii) ordenar el pago de las prestaciones sociales1
causadas, los aportes al sistema pensional, la indemnización por terminación del
contrato sin justa causa y las sanciones moratorias derivadas de la falta de
consignación de las cesantías y del pago de sus intereses.
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Cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones compensadas en dinero, prima de servicio
y auxilio de transporte.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00507-01 (3126-2023)
Demandante: Carlos Arturo Becerra
3. Como concepto de violación sostuvo que el acto acusado vulneró las
normas superiores2 e incurrió en falsa motivación, pues, según afirmó, celebró
un contrato individual de trabajo verbal con la entidad accionada, en desarrollo
del cual desempeñó las mismas funciones que los auxiliares de servicios
generales de planta del aeropuerto, de manera personal, bajo continuada
subordinación y a cambio de una remuneración. A partir de esas circunstancias,
alegó que adquirió la condición de funcionario público de hecho.
Contestación de la demanda
4. La entidad demandada se opuso a las pretensiones al sostener que nunca
existió vínculo alguno, ni contractual ni laboral, con el accionante.
5. Señaló que nunca expidió un carné a nombre del demandante ni le solicitó
documentos para tal efecto. Explicó que en el aeropuerto La Nubia funcionan
hangares arrendados a particulares, quienes contratan ayudantes
independientes para el manejo de equipajes y otras actividades, sin que estos
tengan la condición de servidores de la entidad.
6. Manifestó que el actor nunca fue autorizado por la Gerencia para
desempeñar las labores de maletero que afirma haber realizado, de modo que,
en caso de haberlas ejecutado, lo hizo por su propia cuenta y riesgo.
7. Afirmó que no se configuraban los presupuestos para reconocer la
condición de funcionario de hecho, pues no existió nombramiento, el cargo de
maletero no hacía parte de la planta de personal y tampoco se demostró que la
entidad hubiera impartido órdenes o autorizado la prestación de esos servicios.
En esas condiciones, sostuvo que no era posible concluir que el actor desempeñó
las mismas funciones que un empleado de planta.
8. Agregó que las sumas de dinero percibidas por el demandante no
provenían del erario, sino de las propinas entregadas por los pasajeros.
9. Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia de los presupuestos
jurídicos y jurisprudenciales para el reconocimiento de la condición de funcionario
de hecho y cobro de lo no debido.
Sentencia apelada
10. Mediante sentencia de primera instancia, el Tribunal declaró probadas las
excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada, negó las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.
11. Consideró fundada la tacha formulada por la parte demandada y, en
consecuencia, decidió no otorgar valor probatorio a los testimonios de los señores José
Alirdo Escobar Marín, Jorge William Tangarife García y Óscar Antonio Aristizábal
Giraldo. Explicó que sus declaraciones carecían de objetividad e imparcialidad porque
los deponentes afirmaban haber desarrollado las mismas actividades que el accionante
2
Artículos 2, 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; y las Leyes 443 de 1998 y 909 de
2004.
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Demandante: Carlos Arturo Becerra
y, por ello, compartían la misma percepción acerca de la subordinación, el cumplimiento
de horarios, las funciones desempeñadas y la remuneración recibida.
12. Señaló que el accionante colaboraba con el cargue de equipaje de los pasajeros
en las instalaciones del aeropuerto y que no recibía remuneración de la entidad
demandada ni de la terminal aérea, sino pequeñas sumas de dinero entregadas
voluntariamente por los usuarios, las cuales posteriormente eran distribuidas entre
quienes realizaban esa misma labor.
13. Determinó que el actor no demostró: (i) su vinculación con la entidad demandada
o con el aeropuerto La Nubia de Manizales, pues no aportó actos de nombramiento,
contratos ni otros documentos que la acreditaran; (ii) el pago de una contraprestación a
cargo de la entidad, dado que tampoco allegó comprobantes de pago, consignaciones o
transferencias; ni (iii) la continuada subordinación, ya que no probó que la demandada
dirigiera la ejecución de las actividades ni que le impusiera horarios o lugares específicos
para su desarrollo.
14. Finalmente, concluyó que el accionante no ostentaba la condición de funcionario
de hecho porque: (i) el cargo de maletero —o uno equivalente— no hacía parte de la
planta de personal de la entidad; (ii) las actividades que afirmó haber desarrollado fueron
ejecutadas, en el mejor de los casos, de manera irregular en las instalaciones del
aeropuerto, sin que se acreditaran siquiera sus extremos temporales, y no correspondían
al ejercicio de funciones públicas previamente definidas por la entidad; (iii) las labores
descritas no coincidían con las asignadas a los empleados de planta; y (iv) no se
demostró la aquiescencia de la entidad para el desarrollo de tales actividades ni la
impartición de órdenes dirigidas al actor.
Recurso de apelación
15. El demandante interpuso recurso de apelación y sostuvo que sí se acreditó
la condición de funcionario de hecho debido al ejercicio de funciones públicas con
la anuencia y permiso de la autoridad encargada de controlar e impedir dicha
situación, por circunstancias de hecho no previstas en la ley.
16. Señaló que el Tribunal no estudió la configuración de los elementos
propios de un «contrato realidad», los cuales fueron probados.
17. Adujo que los testimonios de los señores Reinel Rodríguez Arenas, José
Alirdo Escobar Marín, Jorge William Tangarife García y Óscar Antonio Aristizábal
acreditan aspectos como los extremos temporales de la vinculación verbal; la
jornada laboral; las funciones cumplidas; las tarifas de remuneración; la
subordinación continuada; el conocimiento que tenía la demandada sobre la
actividad desarrollada; la asistencia a capacitaciones; las dotaciones y carnés
suministrados por la entidad; las sanciones y los llamados de atención emanados
de la administración del aeropuerto; la participación en integraciones laborales; y
las atenciones médicas brindadas por la entidad accionada.
18. Afirmó que la tacha de los testimonios no hace improcedente su recepción
ni su valoración, sino que exige un análisis más severo de ellos para determinar
su grado de credibilidad y su eficacia probatoria; sin embargo, el Tribunal no
valoró los testimonios de los señores Óscar Antonio Aristizábal, José Alirdo
Escobar Marón y Jorge William Tangarife García, a pesar de que eran
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pertinentes, conducentes y útiles y concordaban con el relato del señor Reinel
Rodríguez Arenas.
19. Reiteró que el acto acusado incurrió en falsa motivación y violación de la
ley sustancial, teniendo en cuenta que prestó sus servicios personales de manera
continua y bajo la subordinación del gerente del aeropuerto, de modo que
adquirió la condición de funcionario público de hecho, pues desarrolló funciones
propias de la entidad accionada y no fue vinculado según las normas de carrera
administrativa.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Por auto del 24 de agosto de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
21. La parte demandada no se pronunció sobre el recurso de alzada y el
Ministerio Público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados en el recurso de apelación. Para tal efecto, se
analizará (i) si era procedente desestimar algunos de los testimonios en razón a
la tacha por imparcialidad formulada por la entidad accionada; (ii) si se
demostraron las condiciones para que el demandante sea considerado
funcionario de hecho; y (iii) si se acreditó la existencia de la desnaturalización del
vínculo de conformidad con el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades.
Análisis del problema jurídico
24. La Sala confirmará la sentencia apelada, a través de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que, si bien no se debieron
desestimar los testimonios que fueron objeto de tacha por parte de la entidad
accionada, el actor no cumplió con la carga de demostrar las condiciones que
dan lugar a la figura del funcionario de hecho ni la existencia de un vínculo con l
entidad.
1. Estudio sobre los testimonios practicados en primera instancia
25. En primera instancia se practicó la declaración de parte del accionante y
los testimonios de los señores Reinel Rodríguez Arenas, José Alirdo Escobar
Marín, Jorge William Tangarife García y Óscar Antonio Aristizábal.
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26. En términos generales, los testigos coincidieron en afirmar que el actor no
suscribió contrato alguno con la entidad accionada. Explicaron que comenzó a
desarrollar actividades en el aeropuerto después de presentar su hoja de vida, el
certificado de antecedentes judiciales y unas fotografías ante la administración
de la terminal aérea, la cual le suministró un carné de identificación con vigencia
anual que le permitía acceder a determinadas áreas, una camiseta —y durante
algún tiempo también un pantalón— y un carrito para transportar el equipaje de
los pasajeros.
27. Asimismo, manifestaron que la entidad demandada no remuneraba
directamente al accionante. Indicaron que los maleteros cobraban la tarifa fijada
por la administración para el transporte del equipaje y que, al finalizar la jornada,
el dinero recaudado era distribuido entre quienes desempeñaban esa labor
28. Igualmente, señalaron que el actor no solo prestaba el servicio de
maletero, sino que también encendía y apagaba las luces, izaba y arriaba las
banderas, manejaba las llaves de algunas puertas, ponía en funcionamiento la
banda transportadora de equipaje, recogía basuras, colaboraba en la reparación
de tuberías y baños y reemplazaba al personal de aseo y de la oficina de
información cuando este no asistía. Según indicaron, esas actividades las
desarrollaba desde las 5:00 a. m. hasta la finalización del último vuelo, de
domingo a domingo.
29. También afirmaron que los maleteros debían asistir a capacitaciones sobre
seguridad aeroportuaria y salud ocupacional, so pena de ser sancionados; que
no podían retirarse de las instalaciones sin autorización de la administración; que,
cuando sufrían accidentes o enfermaban, eran atendidos por el médico del
aeropuerto, aunque no recibían incapacidades remuneradas; y que el actor fue
suspendido durante varios días por prestar su carné a un tercero y verse
involucrado en el choque de unos vehículos que algunos pasajeros les confiaban
para su lavado.
30. Agregaron que solo podían ingresar a los hangares privados con
autorización de la administración y que, cuando funcionarios de INFICALDAS
viajaban, debían colaborar con el transporte de su equipaje.
31. De manera particular, el testigo Reinel Rodríguez Arenas, quien prestó sus
servicios como integrante de la Policía Nacional en el aeropuerto, explicó que esa
institución y la SIJÍN practicaban estudios de seguridad a quienes aspiraban a
desempeñarse como maleteros o auxiliares de equipaje. A su turno, José Alirdo
Escobar Marín precisó que el actor no recibía remuneración por colaborar en
labores de aseo, mantenimiento, reemplazos en la oficina de información o por
transportar el equipaje de algunos funcionarios de INFICALDAS.
32. El demandante cuestionó que el Tribunal hubiera restado valor probatorio
a las declaraciones de José Alirdo Escobar Marín, Jorge William Tangarife García
y Óscar Antonio Aristizábal Giraldo por considerar que tenían interés en el
resultado del proceso, dado que también se desempeñaron como maleteros en
el aeropuerto La Nubia de Manizales.
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33. La Sala comparte ese reproche. De conformidad con el artículo 211 del
Código General del Proceso, la existencia de circunstancias que puedan afectar
la imparcialidad del testigo no conduce, por sí sola, a excluir su declaración del
acervo probatorio. Lo procedente es apreciarla con mayor rigor, verificar la
coherencia del relato respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
contrastarla con los demás medios de convicción y establecer si resulta verosímil
conforme a las reglas de la sana crítica.
34. Bajo esos criterios, las declaraciones de José Alirdo Escobar Marín, Jorge
William Tangarife García y Óscar Antonio Aristizábal Giraldo resultan
sustancialmente consistentes entre sí y guardan armonía con el testimonio de
Reinel Rodríguez Arenas y con la prueba documental, en especial con el informe
de auditoría elaborado en junio de 2017. En consecuencia, constituyen un
elemento de juicio idóneo para reconstruir las circunstancias en las que el actor
desarrolló diversas actividades en el aeropuerto.
35. No obstante, el hecho de que la Sala otorgue valor probatorio a esos
testimonios no conduce, por sí mismo, a una decisión distinta de la adoptada por
el Tribunal. En efecto, las declaraciones permiten comprender el contexto en el
que el accionante desarrolló las actividades descritas en la demanda, pero no
acreditan los presupuestos jurídicos necesarios para acceder a las pretensiones
formuladas, como pasa a explicarse a continuación.
1. Estudio sobre la existencia de un vínculo de naturaleza laboral
36. De entrada, resulta necesario precisar que, a diferencia de lo que se alegó
en el recurso de apelación, el Tribunal de primera instancia sí efectuó un análisis
sobre la pretensión encaminada a que se declarara la existencia de una relación
de índole laboral, ejercicio en el marco del cual concluyó que el demandante no
demostró una vinculación a la entidad accionada ni el pago de una
contraprestación por parte de esta última, como tampoco la continuada
subordinación.
37. La Sala comparte la decisión a la cual arribó el Tribunal, teniendo en
cuenta que, aunque los testimonios dan cuenta de que el actor prestó un servicio
de manera personal en las instalaciones del Aeropuerto La Nubia, ninguna de las
pruebas aportadas acredita el pago de una remuneración por tales actividades ni
la continuada subordinación por parte de la entidad accionada.
38. En el caso concreto, los testigos y el propio demandante declararon que
los ingresos que percibían como maleteros o auxiliares de equipaje provenían de
las propinas que les concedían los pasajeros, mas no correspondían a una
contraprestación pagada por la entidad accionada. La intervención de la
Administración del aeropuerto se limitaba a la fijación de las tarifas que aquellos
podían cobrar y a realizar el acopio de lo recaudado para facilitar su distribución
entre todos los maleteros en horas de la tarde, pero no tomaba de su patrimonio
para pagarle al demandante una retribución por sus servicios.
39. Aunque lo anterior resultaría suficiente para negar la existencia del vínculo
en tanto no se probó el pago de una remuneración por parte de la entidad
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accionada, lo cierto es que el actor tampoco demostró que esta última hubiera
ejercido una subordinación continuada sobre él.
40. En este punto vale la pena recordar que la subordinación corresponde al
poder jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la
actividad del trabajador, el cual se manifiesta en la facultad de fijar la manera en
que este debe desarrollar sus funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e
instrucciones, someterlo a reglamentos y ejercer sobre él la potestad disciplinaria.
41. Si bien los testigos mencionaron que la Administración del aeropuerto le
entregó al demandante un carné de identificación y camisetas, y también le
impuso sanciones de suspensión, no es acertado considerar que todo esto haya
ocurrido dentro de un escenario de naturaleza laboral.
42. En primer lugar, el hecho de que el accionante haya tenido que presentar
su hoja de vida y el certificado de antecedentes judiciales y que se le haya
realizado estudios de seguridad para poder desarrollar las actividades de
maletero o auxiliar de equipaje realmente demuestra que la entidad accionada
actuaba conforme a un rol de administración y control operacional de la terminal
de transporte aéreo.
43. Como bien lo indicaron los testigos, dadas las condiciones de seguridad
propias de un aeropuerto, no cualquier persona puede tener acceso a ciertos
lugares de las instalaciones ni desarrollar actividades lucrativas allí. Esa razón
explica por qué la entidad accionada le proveía un carné de identificación y ropa
con ciertos distintivos al demandante, como forma de organizar el funcionamiento
de la terminal de transporte, de controlar a qué áreas podían ingresar los
maleteros y de ofrecer claridad para que los pasajeros supieran a quiénes podían
acudir si requerían ayuda con el equipaje.
44. Ni los testimonios practicados ni los documentos recaudados permiten
establecer que la entidad accionada le impartía órdenes o instrucciones al
demandante con el propósito tomar el control sobre la forma, el tiempo y la
cantidad de trabajo que tenía que realizar el demandante, entre otras razones,
porque la función de maletero no estaba prevista como competencia de la entidad
accionada, según el manual de funciones y las tareas asignadas a los cargos que
hacían parte de la planta de personal. Realmente se trataba de la definición de
ciertos parámetros para que algunos particulares particulares —previa validación
de determinadas condiciones de seguridad— pudieran realizar una actividad
lucrativa dentro de las instalaciones del aeropuerto, de forma ordenada y
conforme a la normativa que regula el funcionamiento de este tipo de lugares.
45. Aun cuando el actor y los testigos mencionaron que la Administración del
aeropuerto les exigía el cumplimiento de un horario, tal afirmación no encuentra
respaldo en ninguna otra prueba. Además, mientras que la mayoría de los
testigos relataron que debían llegar al aeropuerto a las 5:00 a. m., todos los días,
también precisaron que no tenían ningún control de la hora de ingreso; y el testigo
José Alirdo Escobar Marín indicó que el ingreso podía ser a las 5:00 o 6:00 a. m.,
lo cual le resta fuerza persuasiva a la afirmación la sujeción estricta a un horario
de entrada por parte de la entidad accionada.
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46. Por otro lado, los testigos señalaron que la Administración del aeropuerto
había sancionado con suspensión de varios días al demandante cuando este
prestó su carné de identificación a otra persona. Al respecto, la Sala debe
precisar que la facultad de imponer sanciones no es exclusiva de las relaciones
laborales. En el caso particular, el contexto en el cual sucedieron los hechos
permite entender que la medida de suspensión fue impuesta dentro de un
escenario diferente, esto es, el ejercicio del rol de administración del aeropuerto
y con el propósito de garantizar el funcionamiento de la terminal según las normas
de seguridad aplicables. Piénsese en la inconveniencia de que terceros, en uso
de un carné provisto con un fin específico a una persona que ha superado
estudios de seguridad, pudieran tener acceso a áreas medulares del aeropuerto
y generar riesgos de seguridad y operación.
47. A diferencia de lo que adujo la parte actora, el informe de auditoría
presentado por el asesor de control interno en junio de 2017 no da cuenta de que
los maleteros estaban vinculados a la entidad accionada de manera irregular,
sino que formuló una alerta acerca de los pocos controles que había sobre la
actividad que desarrollaban estas personas en el aeropuerto. De ahí que la
recomendación haya sido la siguiente:
4. Revisar que otras personas desarrollan actividades no oficiales o informales en
el aeropuerto la Nubia, con el fin de establecer los controles pertinentes, ya
que estas labores que no son oficiales y sin ningún vínculo laboral con
INFICALDAS, generan riesgos de tipo administrativo y jurídico para la entidad.
[Negritas por fuera del original]
48. De igual manera, como nunca existió una vinculación entre el accionante
y la entidad demandada, no puede sostenerse que en marzo de 2018 aquel
hubiera sido despedido. Tanto el demandante como los testigos coincidieron en
señalar que, para esa fecha, simplemente se les informó que no podían continuar
desarrollando actividades en las instalaciones del aeropuerto, probablemente
como consecuencia de las observaciones formuladas en el informe de auditoría
antes referido. En esas condiciones, no se trató de la terminación de un vínculo
jurídico inexistente, sino del ejercicio de la facultad de la administración de decidir
quiénes podían desarrollar determinadas actividades dentro de la terminal aérea.
49. Igual conclusión se impone respecto de las demás labores que el actor
afirmó haber desempeñado, tales como el manejo de llaves, el encendido y
apagado de luces, el izado de banderas, la operación de la banda transportadora
de equipaje y la colaboración en la oficina de información o en la reparación de
tuberías y baños. Aunque los testimonios dan cuenta de que esas actividades
efectivamente fueron realizadas, ninguno de los medios de prueba demuestra
que la entidad demandada las hubiera encomendado en ejercicio de un poder de
dirección propio de una relación laboral o legal y reglamentaria, ni que hubiera
asumido el pago de una contraprestación por su ejecución.
50. En ese sentido, José Alirdo Escobar Marín precisó que el demandante no
recibía remuneración por colaborar en la reparación de baños y tuberías. A su
vez, Reinel Rodríguez Arenas manifestó que, cuando excepcionalmente
reemplazaba al funcionario de la oficina de información, únicamente se le
suministraba el almuerzo en la cafetería del aeropuerto, circunstancia que no
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constituye una contraprestación por los servicios prestados ni puede equipararse
al pago de una remuneración.
51. En consecuencia, aun valorando integralmente la prueba testimonial —
incluidas las declaraciones que el Tribunal desestimó—, la Sala concluye que el
demandante no acreditó la existencia de una remuneración a cargo de la entidad
demandada ni la continuada subordinación indispensable para sustentar las
pretensiones formuladas. Por esa razón, se confirmará la sentencia apelada.
2. Estudio sobre la condición de funcionario de hecho
52. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación3, la condición de
funcionario de hecho puede configurarse en dos hipótesis: (i) cuando una
persona ejerce funciones propias de un empleo público previsto en la planta de
personal con la misma apariencia que quien habría sido regularmente designado,
pese a la inexistencia o invalidez del nombramiento o de la posesión; y (ii) cuando
el ejercicio irregular de funciones públicas ocurre con la aquiescencia de la
autoridad competente, en circunstancias de hecho no previstas por el
ordenamiento jurídico.
53. En el presente asunto no se configura la primera hipótesis. Las
certificaciones expedidas por la entidad demandada4 y los acuerdos que regulan
la planta de personal demuestran que en el Aeropuerto La Nubia5 no existía un
empleo denominado maletero, auxiliar de equipaje o equivalente. Tampoco
estaba asignada a alguno de los cargos previstos la función consistente en
transportar el equipaje de los pasajeros. Por consiguiente, el accionante no pudo
ejercer, siquiera de manera irregular, un empleo público inexistente.
54. Tampoco prospera el segundo supuesto. Conforme a la jurisprudencia de
esta corporación6 y de la Corte Constitucional7, la noción de función pública
comprende las competencias y atribuciones que el ordenamiento jurídico asigna
a los órganos del Estado, a sus servidores o, excepcionalmente, a particulares
expresamente habilitados. De ahí que la figura del funcionario de hecho
presuponga el ejercicio material de funciones públicas previamente atribuidas por
la Constitución, la ley o el reglamento.
55. Bajo ese entendimiento, las labores de maletero o auxiliar de equipaje
desarrolladas por el demandante no pueden calificarse como ejercicio de función
pública, pues no correspondían a competencias legal o reglamentariamente
asignadas a un empleo de la planta de personal de INFICALDAS.
56. Es cierto que los testigos afirmaron que el accionante también colaboraba
en la reparación de tuberías y baños, manejaba llaves, izaba y arriaba banderas,
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 4 de mayo de 2023, expediente 17001-23-33-000-2012-00078-01 (0679-2014).
4
Oficio del 3 de octubre de 2019 expedido por la gerente general de INFICALDAS en respuesta
al requerimiento de pruebas efectuado en primera instancia.
5
Acuerdos 010 del 29 de mayo de 2001, 029 del 18 de julio de 2006, 031 del 18 de julio de 2006
y 039 del 13 de febrero de 2009, expedidos por el Consejo Directivo de INFICALDAS.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 18 de noviembre de 2024, expediente 50001-23-33-000-2015-00129-02 (71.795).
7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-563 del 7 de octubre de 1998.
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encendía y apagaba las luces, ensayaba la banda transportadora de equipaje y,
ocasionalmente, reemplazaba al personal de aseo o de la oficina de información.
57. Sin embargo, de los acuerdos que adoptaron y modificaron la planta de
personal y el manual específico de funciones de INFICALDAS únicamente se
desprende que algunos empleos de ayudante y auxiliar de servicios generales
comprendían labores relacionadas con el aseo, las reparaciones locativas y el
mantenimiento de las instalaciones.
58. Aun así, la prueba recaudada no demuestra que el accionante hubiera
desempeñado esas funciones con la misma permanencia, continuidad y
apariencia propias de un servidor regularmente investido. Los propios testigos
explicaron que la colaboración en reparaciones locativas, el apoyo en el aseo y
los reemplazos en la oficina de información eran ocasionales y obedecían a
circunstancias extraordinarias, como daños en las instalaciones o ausencias del
personal. Tales actuaciones esporádicas no permiten concluir que el demandante
hubiera asumido de manera estable un empleo público existente.
59. En cuanto al manejo de llaves, las banderas, el encendido y apagado de
luces y el funcionamiento de la banda transportadora de equipaje, el demandante
tampoco acreditó que esas actividades correspondieran a funciones asignadas a
alguno de los empleos previstos en la planta de personal. La revisión de los
acuerdos aportados al proceso tampoco permite establecer esa circunstancia.
60. Finalmente, aunque los testigos afirmaron que tales actividades eran
encomendadas por la administración del aeropuerto a los maleteros, sus
declaraciones no ofrecen elementos suficientes para establecer cómo se
impartían esas instrucciones, quién las emitía, en qué oportunidades lo hacía o
si obedecían al ejercicio de potestades propias de una relación de empleo
público. En consecuencia, tampoco quedó demostrada la aquiescencia
institucional exigida por la jurisprudencia para configurar la condición de
funcionario de hecho.
61. Por las razones expuestas, la Sala concluye que el demandante no
acreditó los presupuestos necesarios para ser reconocido como funcionario de
hecho, motivo por el cual confirmará la sentencia apelada en este aspecto.
La condena en costas de segunda instancia
62. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
63. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
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Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00507-01 (3126-2023)
Demandante: Carlos Arturo Becerra
64. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
65. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará el fallo apelado,
se impondrán costas a la parte demandante, pues no prosperó su recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Caldas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión, a través de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Carlos Arturo
Becerra, a favor del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de
Caldas. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Caldas.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMMC
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