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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2013-00286-01

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2013-00286-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 17 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso promovido por la señora Luz Yamile Reyes Bonilla contra la Universidad de Caldas, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, con la aclaración de que prescribieron las prestaciones sociales causadas con anterioridad al 20 de diciembre de 2008; sin embargo, tal declaración no afectará los aportes que deban realizarse al sistema de seguridad social en pensiones, conforme se explicó en la parte motiva de esta providencia. 69 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 45 Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014) Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. Reconocer personería a la abogada Gloria Cecilia Sánchez Osorio como apoderada de la demandante, conforme al poder que obra en el folio 1248 del expediente. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2013-00286-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

31 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla
Demandado: Universidad de Caldas

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, prescripción

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 17 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Luz Yamile Reyes Bonilla, por

1
Folios 3 a 21.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

intermedio de apoderado, formuló demanda en orden a que se anule la Resolución
00211 del 25 de febrero de 2013, expedida por el rector de la Universidad de Caldas,
que le negó el reconocimiento de los salarios, prestaciones e indemnizaciones
reclamados.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
actora solicitó lo siguiente: i) reconocer las acreencias laborales que le
correspondían «como funcionaria de hecho de la Universidad de Caldas,
asemejándola a una empleada pública»; y ii) pagar los conceptos que a
continuación se indican, «producto de su relación laboral»: reajuste de las
prestaciones sociales; salarios e incrementos; cotizaciones a pensiones; auxilio de
cesantías con sus intereses; bonificaciones de bienestar universitario, servicios
prestados y recreación; primas de servicios, vacaciones, técnica y navidad;
vacaciones; horas extras, dominicales y festivos; reconocimiento por coordinación;
sanción moratoria derivada de la falta de pago de los referidos emolumentos;
indemnización por despido injusto; reajuste de la remuneración que debía devengar
«en los meses que dicho pago no se realizó»; devolución de las sumas descontadas
a título de retención en la fuente, estampillas «unal» y «ucaldas».

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Luz Yamile Reyes Bonilla laboró con la Universidad de Caldas en su
sede de La Dorada, entre el 2 de agosto de 2006 y el 16 de marzo de 2012.

ii) La actora estuvo vinculada al ente universitario mediante contratos y órdenes de
prestación de servicios, así como por contratos de trabajo por duración de obra o
labor, estos últimos celebrados con empresas de servicios temporales, que fueron
utilizadas como intermediarias, pese a que la Universidad de Caldas era su directo
empleador y ejercía subordinación permanente.

2

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

iii) La accionante desempeñó, entre otras, las siguientes funciones: coordinar
actividades académicas, administrativas y financieras en programas de educación
a distancia - CERES; asistir a reuniones; administrar y responder por los bienes bajo
su custodia; apoyar el proceso de evaluación de los programas académicos;
promover la oferta de educación formal y no formal; organizar y orientar a los
estudiantes en relación con las calificaciones, actividades, comunicados y demás
información pertinente; presentar reportes de gestión; coordinar la distribución y
utilización de espacios y recursos; atender a tutores; y entregar materiales.

iv) La señora Reyes Bonilla no podía discutir las condiciones contractuales, ni
gozaba de autonomía para ejercer sus labores, pues debía atender las órdenes y
requerimientos de sus superiores. Además, cumplía horarios de entre 8 y 10 horas
diarias de martes a sábado y 5 horas los domingos, los cuales eran impuestos por
directivos y docentes de la Universidad de Caldas, sede Manizales.

v) El 24 de octubre de 2012, la interesada le solicitó al ente demandado los
emolumentos que se le debieron pagar «si se le hubiese tratado como una
trabajadora oficial».

vi) Por Resolución 001181 del 14 de noviembre de 2012, se negó la anterior
reclamación, en consideración a que entre ella y la Universidad de Caldas no se
verificó un vínculo laboral.

vii) El 4 de febrero de 2013, la actora peticionó los emolumentos salariales y
prestacionales adeudados, «no ya asemejándose a una trabajadora oficial sino
simplemente en virtud de los servicios prestados a dicha entidad pública».

viii) Mediante la Resolución 00211 del 25 de febrero de 2013, la parte accionada
negó la aludida solicitud, por cuanto la demandante no tuvo la condición de
servidora pública ni existió una «relación de hecho».

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Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

ix) El empleo y las funciones desarrolladas por la señora Reyes Bonilla tenían
vocación de permanencia. Inclusive, al momento de radicarse la demanda, existe
una persona encargada de cumplir deberes similares.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 58, 83, 90, 93,
122, 123, 125 y 209 de la Constitución Política; Declaración Universal de los
Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; Convenios 87, 98, 100 y 111 de la OIT;2 artículos 1613, 1614, 1615 y
1617 del Código Civil; 32 de la Ley 80 de 1993; 15, 17, 18, 20, 22, 23 y 161 de la
Ley 100 de 1993; 13 de la Ley 344 de 1996; 16 y 75 de la Ley 446 de 1998; 110 y
111 de la Ley 489 de 1998; 23 a 26 de la Ley 640 de 2001; 13 de la Ley 1285 de
2009; 134D y 138 de la Ley 1437 de 2011; 2 y 7 del Decreto 2400 de 1968; 1 del
Decreto 3074 de 1968; 8 y 11 del Decreto 3135 de 1968; 43, 44, 45, 48 y 51 del
Decreto 1848 de 1969; 7 del Decreto 1950 de 1973; 58, 59 y 83 del Decreto 1042
de 1978; 1, 4, 5, 8, 17, 20, 24, 25, 28, 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978; Leyes 70
de 1978, 33 de 1985, 4 de 1992, 244 de 1995, 909 de 2004; Decretos 1978 de 1989,
1582 de 1998, 2712 de 1999 y 1716 de 2009.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

i) El trabajo fue consagrado constitucionalmente con la triple connotación de
principio, derecho y deber; goza de especial protección y debe respetarse por ser
un instrumento de paz.

ii) La Universidad de Caldas vulneró el ordenamiento superior, ya que se encuentra
proscrito el encubrimiento de relaciones laborales bajo otras modalidades, así como
la vinculación irregular a las entidades públicas y la omisión en el pago de las
prestaciones sociales, ya que estas conductas atentan contra los fines esenciales

2
Organización Internacional del Trabajo.

4

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Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

del Estado, el sistema de carrera administrativa y el derecho a la igualdad.

iii) Quienes se convierten en funcionarios de hecho deben gozar de iguales
prerrogativas laborales que el personal de planta.

iv) El mencionado ente universitario desnaturalizó una relación de trabajo
subordinada para evitar vincular a sus servidores legalmente y sustraerse del pago
de las obligaciones laborales.

v) En este caso se desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las
formas, pues se demostró que la accionante prestó sus servicios de manera
subordinada y, por lo tanto, era merecedora de los salarios y prestaciones sociales
consecuentes a la función desempeñada.

1.2. Contestación de la demanda

La Universidad de Caldas se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió
las siguientes razones de defensa:3

i) La señora Luz Yamile Reyes Bonilla suscribió verdaderos contratos de prestación
de servicios con el ente universitario entre los años 2006 y 2011. Posteriormente,
estuvo vinculada con empresas de servicios temporales y estás son las llamadas a
atender sus reclamaciones laborales.

ii) En este caso no se acreditaron las condiciones para aplicar el principio de
primacía de realidad sobre las formas para deprecar la configuración de un
«contrato realidad». En efecto, no se verificaron los elementos de una relación
laboral, ya que la actora prestó sus servicios con sujeción a las obligaciones
contractuales adquiridas, bajo su total liberalidad y discrecionalidad, sin que
existiera subordinación y tampoco debía cumplir horario ni acudir a una sede
específica.

3
Folios 266 a 291.

5

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Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

iii) En la Universidad de Caldas no existe un cargo con funciones similares a las
desempeñadas por la accionante y en la planta de personal no está previsto el
empleo de coordinador de programas especiales – CERES.

iv) Los CERES son autosostenibles, «razón por la cual todas las vinculaciones de
personal se realizan a través de empresas temporales».

v) La demandante no acreditó las condiciones que doctrinaria4 y
jurisprudencialmente se han establecido para que una persona sea considerada
como funcionaria de hecho.5 Especialmente, se destaca que esa figura solo se
predica de quienes «ejerzan un cargo previamente existente» y las funciones se
desarrollen irregularmente, pero en idéntica forma y apariencia en que lo haría un
servidor designado conforme a la ley; sin embargo, en la universidad no se ha
creado la plaza respecto de la cual la actora pretende recibir salarios y prestaciones
sociales.

vi) La accionante no encauzó correctamente sus pretensiones, ya que alegó haber
sido una funcionaria de hecho, pero no identificó el cargo adscrito a planta de
personal en que se desempeñaba irregularmente

vii) Las empresas temporales son las únicas responsables de pagar las acreencias
laborales a sus trabajadores en misión, pues son sus directas empleadoras y
ejercen el poder subordinante sobre ellos.

viii) Se proponen las siguientes excepciones: 1) inexistencia del derecho reclamado
• funcionario de hecho; 2) indebida formulación de las pretensiones; 3) inexistencia
de los elementos fundamentales de la relación laboral; 4) exclusión de solidaridad

4
Sayagues Laso, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición. Montevideo 1974,
páginas 300 a 302.
5
La entidad citó las siguientes sentencias del Consejo de Estado, en relación con la figura del funcionario de
hecho: i) del 9 de junio de 2011, radicado: 85001-23-31-000-2005-00571-01 (1457-08); ii) del 12 de mayo de
2005, radicado: 05001-23-31-000-1999-00109-01 (190-04); y iii) del 15 de marzo de 2007, radicado: 25000-
23-25-000-1996-41885-01(6267-05).

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Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

entre el usuario y la empresa de servicios temporales; 5) cobro de lo no debido; y
6) genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 17 de junio de 2014,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:6

i) La demandante solicitó el reconocimiento de acreencias laborales por haber
tenido la condición de funcionaria de hecho de la Universidad de Caldas; sin
embargo, los derechos de petición radicados ante la administración, la solicitud de
conciliación extrajudicial, los hechos y el concepto de violación de la demanda,
permiten inferir que solicita la aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas, lo cual se puso de presente en la audiencia inicial y con base en
ello se fijó el litigio.

ii) El ente universitario accionado tachó de sospechoso al testigo José Alexander
Rivadeneira Salgado, porque había adelantado actuaciones administrativas y
judiciales en contra de esa institución. No obstante, estos reparos son insuficientes
para restarle valor a su declaración; por el contrario, aquella debe analizarse en
conjunto con las demás pruebas aportadas al plenario.

iii) En el sub lite se acreditó el elemento de la subordinación, propio de las relaciones
laborales, toda vez que la señora Luz Yamile Reyes Bonilla desempeñó funciones
de directora o coordinadora del Centro de Educación a Distancia – CEAD, con
vocación de permanencia, inherentes a la misión institucional e implicaban
comunicación directa con docentes, personal administrativo y estudiantes; velar por
el óptimo desarrollo de las jornadas académicas; asistir a reuniones para recibir
instrucciones frente a las labores que debía ejecutar; el cumplimiento de un horario;
la atención de las directrices impartidas por sus superiores, teniendo en cuenta los

6
Folios 1175 a 1191.

7

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Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

procedimientos y metas prefijados.

iv) La Universidad de Caldas acudió de manera irregular a empresas temporales
para contratar los servicios de la accionante y desdibujó la esencia de los contratos
de prestación de servicios, razón por la que debe anularse el acto acusado.

v) A título de restablecimiento del derecho, se conmina a la parte demandada a
pagarle a la accionante «una indemnización equivalente a las prestaciones sociales
que un trabajador de la misma categoría tiene, tomando como base el valor pactado
en los contratos de prestación de servicios». Además, consignará al fondo de
pensiones los aportes que correspondían por el período comprendido entre los años
2006 a 2012.

vi) Se niegan las pretensiones tendientes a obtener el reconocimiento de la
indemnización por despido injusto, la sanción moratoria y la devolución de los
descuentos efectuados por concepto de retención en la fuente y estampillas
universitarias, ya que esta decisión no le confiere a la actora la condición de
empleada pública.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la parte accionada interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:7

i) El tribunal dictó una providencia incongruente con las pretensiones de la
demanda, ya que la actora solicitó el reconocimiento de su condición de funcionaria
de hecho, pero el a quo resolvió sobre la configuración de una relación laboral. Esta
situación desconoció el derecho al debido proceso de la Universidad de Caldas,
pues encauzó su defensa respecto del debate planteado inicialmente por la
interesada, pero este fue modificado en la decisión apelada.

7
Folios 1198 a 1218.

8

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ii) La demanda debió redactarse con precisión y claridad, por cuanto el operador
judicial no tiene permitido subsanar el petitum, ni siquiera en aplicación de principios
del derecho laboral. Además, el juez administrativo debe atender al criterio de
jurisdicción rogada.

iii) Las actividades que desarrolló la actora no están asignadas a ningún cargo
dentro del manual de funciones de la Universidad de Caldas y tampoco existe el
empleo de coordinador de CERES; por lo tanto, en el sub lite se incumple uno de los
presupuestos esenciales para que pueda afirmarse que la interesada tuvo la
condición de una funcionaria de hecho y es el referido a que la plaza esté legalmente
creada dentro de la entidad. En la demanda tampoco se identificó la posición
respecto de la cual se predicaba la vinculación irregular.

iv) El tribunal sostuvo que la accionante desplegó labores propias de un director de
sede o seccional dentro de una institución educativa, pero no precisó la razón de
esa conclusión ni en el expediente obra un manual de funciones para ese cargo.

v) Conforme lo sostuvo el ministerio público en primera instancia, las pruebas
allegadas no permiten afirmar que la señora Luz Yamile Reyes Bonilla se
desempeñó bajo una relación laboral de carácter subordinado, pues no demostró
que se le hicieran llamados de atención, recibiera órdenes o se le asignaran
actividades que implicaran dependencia.

vi) El cumplimiento de horarios o la presentación de informes no son razones
suficientes para considerar que se desnaturalizó el contrato de prestación de
servicios, dentro del cual siempre debe respetarse la coordinación que ejerce la
entidad para llevar a buen fin el objeto contratado.

vii) El testigo Jaime Pineda Ramírez no logró dar razón de que a la actora se le
hubiera impuesto un horario o que debiera solicitar permisos a los directivos.

viii) El a quo solamente basó su decisión en el testimonio del señor José Alexander
Rivadeneira Salgado, cuyas afirmaciones fueron valoradas sin ningún tipo de rigor

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Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

y pese a que la accionada presentó una tacha, porque él denunció
disciplinariamente y por acoso laboral a algunos servidores de la institución que
estuvieron relacionados con los hechos sobre los cuales se edifica esta controversia
y también interpuso tutelas y demandas contra la Universidad de Caldas.

ix) Además, el testigo sostuvo que no tenía relación directa ni constante con la
actora, desconocía el objeto contractual y tampoco sabía si se le entregó algún
inventario; por lo tanto, la referida declaración no tenía la contundencia suficiente
para proferir un fallo condenatorio.

x) La sentencia apelada es inaplicable, por cuanto reconoció a la demandante una
indemnización equivalente a las prestaciones sociales de un trabajador de la misma
categoría; sin embargo, en la universidad no existe un funcionario equiparable.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La Universidad de Caldas guardó silencio8 y la demandante reiteró los argumentos
expuestos en las respectivas etapas del proceso.9

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.10

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos por la Universidad de Caldas en su

8
Según constancia secretarial obrante en el folio 1257.
9
Folios 1249 a 1256.
10
Según constancia secretarial obrante en el folio 1257.

10

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Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

recurso de apelación, la Sala debe establecer lo siguiente:

1. Si el a quo desconoció el principio de jurisdicción rogada y el debido proceso de
la parte demandada al declarar la existencia de una relación laboral en el presente
asunto, en lugar de centrar su análisis en la figura del funcionario de hecho.

2. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa, se definirá si
entre la señora Luz Yamile Reyes Bonilla y la Universidad de Caldas existió una
relación laboral encubierta o subyacente.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Jurisdicción rogada y acceso a la administración de justicia

En virtud de la naturaleza predominantemente rogada de esta jurisdicción, el
Consejo de Estado ha sostenido que la sentencia proferida por el juez de lo
contencioso administrativo no puede ser infra, extra o ultra petita, sino sujetarse a
todos y cada uno de los aspectos sometidos a su decisión.11 Además, cuando se
demande un acto administrativo, deben indicarse las normas violadas y el concepto
de su violación.12

Sin embargo, esta corporación ha aclarado que el criterio de jurisdicción rogada
encuentra límites en los derechos fundamentales de los asociados, en especial el
acceso efectivo a la administración de justicia. Igualmente, debe flexibilizarse
cuando se encuentran en juego garantías laborales. En tal sentido, en sentencia de
unificación del 12 de abril de 2018, se explicó lo siguiente:13

[…] el principio de la jurisdicción rogada tiene fundamento en la presunción de
legalidad de los actos administrativos en los términos indicados por el artículo 88 de
la Ley 1437 de 2011, pero debe precisarse que aquel no puede entenderse como
absoluto en esta jurisdicción y menos aún en materia laboral, especialidad dentro de

11
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2011, radicado: 68001-23-31-000-2005-
02784-01 (1327-11).
12
Artículo 162 del CPACA.
13
Radicado: 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15).

11

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Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

la cual se conciben derechos mínimos e irrenunciables, que obligan al juez a dar
aplicación a normas superiores, tal y como sucede cuando se acude a las
excepciones de convencionalidad, inconstitucionalidad, de ilegalidad, como tampoco
si se está en presencia de eventos como el descrito en la sentencia C-197 de 1999,
la cual prevé la obligación del juez contencioso administrativo de atender la norma
constitucional cuando se encuentre frente a derechos fundamentales de aplicación
inmediata o cuando debe decidir de oficio sobre excepciones previas o de fondo, solo
para señalar algunas excepciones que se pueden presentar al carácter restrictivo del
marco impuesto por los argumentos de las partes.

También es relevante citar la Sentencia C-197 de 1999, proferida por la Corte
Constitucional, que declaró exequible el numeral 4 del artículo 137 del CCA,14 «bajo
la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho
fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su
protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito
de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho
juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la
obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución».

Al respecto, el alto tribunal advirtió que no podía extremarse la aplicación de la
norma analizada bajo un rigorismo procesal que atentara contra el principio de la
prevalencia del derecho sustancial; por el contrario, el operador judicial está llamado
a salvaguardar la vigencia y goce efectivo de las garantías fundamentales.

En consonancia con los anteriores lineamientos interpretativos, esta corporación se
ha referido al deber que tiene el juez de realizar una lectura integral y
contextualizada de la demanda, lo cual debe hacerse desde la etapa de admisión
hasta la sentencia, en aras de materializar la prevalencia del derecho sustancial y
el acceso a la administración de justicia.

14
Código Contencioso Administrativo.

Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al
tribunal competente y contendrá:
[…]
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

12

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

En efecto, se ha precisado que el artículo 228 de la Constitución Política impuso al
juzgador el deber de «ver la materia real del litigio con prescindencia de la forma; le
dio una capacidad de acción, y con ella, lo convirtió en un verdadero rector del
proceso con poderes de interpretación auténtica, se recaba, al exigirle que los
juicios deben ser expresión del derecho sustancial; y al no distinguir éste, lo extendió
al procedimiento y rituación del mismo y al acto de definición: la sentencia»15.

Igualmente, se ha explicado que los rigorismos procesales no pueden traducirse en
el sacrificio de valores y bienes jurídicos establecidos en normas sustanciales. Así
se ha concluido:16

[…] el juzgador a efecto de garantizar el debido acceso a la administración de justicia
debe evitar el exceso de ritual y por ende debe aplicar el principio de la prevalencia
del derecho sustancial, favorabilidad e interpretación integral y coherente de la
demanda, cuando la falta de técnica jurídica impida establecer de manera expresa lo
pretendido por el administrado y “los elementos formalmente omitidos estén implícitos
o pueden deducirse de su texto"17.

El anterior criterio es consonante con los artículos 11 del Código General del
Proceso y 103 de la Ley 1437 de 2011, los cuales preceptúan que las actuaciones
del juez de lo contencioso administrativo están inspiradas en la efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política y las leyes, así como la
preservación del ordenamiento jurídico.

2.2.2. Funcionario de hecho

Conforme al ordenamiento jurídico colombiano, existen tres clases de vinculación al
servicio público, con sus características o elementos que las tipifican y su régimen

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejera ponente: Dra. María
Elena Giraldo Gómez, sentencia de 8 de noviembre de 2001, radicado: 15001-23-31-000-1994-0135-01
(12853), actor: Armando Gaitán Garzón.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero
ponente: Dr. William Hernández Gómez, auto de 3 de marzo de 2016, radicado: 05001-23-33-000-2013-
01457-01 (0569-2014), actora: Mariela Oliva Castaño de Cadavid.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, ponente: Alfonso
Vargas Rincón, actor: José Said Arévalo Sánchez, demandado: Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL,
Número de Radicación 68001-23-31-000-2005-02297-01.

13

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

jurídico propio, a saber: i) la vinculación legal y reglamentaria;18 ii) la laboral
contractual;19 y iii) la contractual o de prestación de servicios.20

Sin embargo, en razón a que algunas personas terminan ejecutando funciones
públicas sin ajustarse a ninguna de las citadas modalidades, la doctrina y la
jurisprudencia han desarrollado la figura del funcionario de hecho o de facto,
entendido como aquella persona que, sin título o con título irregular, ejerce
funciones públicas como si fuese un verdadero servidor público.21

La irregularidad de la vinculación «puede ser por efecto de origen o causa, como
cuando se nombra a un empleado que no llena las calidades que exige la ley; o
cuando habiéndosele otorgado inicialmente con regularidad la condición o
investidura de empleado, la pierde luego y sigue sin embargo en ejercicio de sus
funciones, bien sea por ministerio de la ley o bien por circunstancias de hecho no
previstas en las leyes».22

Igualmente, se ha considerado que los actos administrativos expedidos por los
funcionarios de hecho están amparados por la presunción de legalidad, porque
ejercen sus funciones «en condiciones de plena verosimilitud», como lo hacen
servidores legalmente designados, por lo que se genera en la comunidad el

18
La vinculación legal y reglamentaria es la forma predominante de acceso a cargos públicos. De acuerdo con
la jurisprudencia, los elementos que deben concurrir para que se admita que una persona se desempeña como
empleado público son i) la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad; ii) la determinación
de las funciones propias del cargo; y iii) la existencia de recursos para proveer el cargo. Así lo indicó esta
Subsección en sentencia del 5 de mayo de 2016, radicado 85001233100020120003202 (2119-14).
19
La relación laboral contractual es la forma de vinculación de los trabajadores oficiales, la cual se realiza a
través de contrato de trabajo. El Decreto 3135 de 1968 dispone son trabajadores oficiales aquellos que se
dedican a la construcción y sostenimiento de obras públicas y quienes prestan sus servicios en empresas
industriales y comerciales del Estado, salvo que realicen actividades de dirección y confianza, pues en ese caso
ostentan la calidad de empleados públicos.
20
La vinculación a través de contratos de prestación de servicios se regula por el numeral 3 del artículo 32 de
la ley 80 de 1993.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2014, radicado: 73001-
23-31-000-2011-00215-01 (2300-12).
22
Consejo de Estado, Sala de Negocios Generales, sentencia del 16 de agosto de 1963, C.P. Dr. Jorge de Velasco
Álvarez, actor: Guillermo Chocontá Cruz, demandado: Ministerio de Guerra. Este fallo ha sido citado, entre
otros, en las siguientes sentencias de esta Sección: i) del 12 de mayo de 2005, radicado: 05001-23-31-000-
1999-00109-01 (190-04); ii) del 26 de junio de 2008, radicado: 73001-23-31-000-1998-16705-01 (7054-05); iii)
del 9 de junio de 2011, radicado: 85001-23-31-000-2005-00571-01(1457-08); iv) sentencia del 13 de febrero
de 2014, radicado: 73001-23-31-000-2011-00215-01 (2300-12).

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entendimiento razonablemente de que se trata de personas investidas válidamente
de función pública.23

Finalmente, la Sala destaca que la figura del funcionario de hecho es expresión del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades que rige en materia
laboral. En virtud de ello, se ha sostenido que una irregularidad en la designación
no puede ir en detrimento de los derechos salariales y prestacionales que se han
fijado para los servidores públicos, so pena de afectar injustificadamente las
garantías de remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad
de trabajo e irrenunciabilidad de tales beneficios.24

2.2.3. Relación laboral encubierta o subyacente

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, del 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales
encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los
artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y
el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de marzo de 2009, radicado: 25000-
23-25-000-2004-03773-01 (689-2006).
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de marzo de 2009, radicado: 25000-
23-25-000-2004-03773-01 (689-2006).

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trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-25 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado
por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización26, en cuya virtud «todo
miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al
trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna

25
Aprobada el 11 de abril de 1919.
26
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o
aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo,
«(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e
igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador establecieron la obligación de los Estados
parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para
efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En
consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios
laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los
trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional
para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular
personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades
estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel
legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del
vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto

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con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la
garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el
Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

2.2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de
contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en
el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008,
2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,

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subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 27 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».28

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».29

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

27
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional»,
28
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
29
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para
perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte
Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del
numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley
exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

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2.2.3.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia
de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el
ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica
relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las
prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se
acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre
el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será
posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.30

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.

2.2.3.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.

30
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-
2001-05650-01(0924-09).

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No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe estar
consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

[...] para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución,
develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente
desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber fungido, en la
práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino como
verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.

2.2.3.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No
obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.31

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento
de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena
estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en
cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001-23-
33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.

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ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio
de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada
en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,32 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal
de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.3.2.3 Prestación personal del servicio. Como personal natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;33 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones
para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas.34

32
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs.
54 y 55.
33
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de
trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
34
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1 de
marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

22

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

2.2.3.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.

2.2.4. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.2.4.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe
ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».35

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse
para garantizar su cumplimiento.

35
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013; radicado 11001-
03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no
es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –y en
consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.36

2.2.4.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera,
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha
en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días
hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción
de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la
cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que
de aquellos hubiesen podido generarse.

36
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

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Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «cualquier asunto que involucre periodos
contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia de
Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la excepción de
prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:

[…] en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato
realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
[…]

[…] quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual. (Negrillas fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no
se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3
años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.37

2.2.4.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en
salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.

37
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de
la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.

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Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial
y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos parámetros.

2.3. Hechos probados

2.3.1. En torno a la relación que invoca la demandante

• La señora Luz Yamile Reyes Bonilla tuvo las siguientes vinculaciones como
contratista con la Universidad de Caldas:

Contrato / Orden Fecha inicio Fecha
de servicios terminación
1 08938 02/08/2006 17/01/2007

2 01339 31/01/2007 15/07/2007
3 19940 24/07/2007 24/12/2007

4 00141 25/01/200842 20/12/200843

5 00144 06/02/2009 06/01/2010

6 G645 28/01/2010 05/03/2010

7 G8-09946 18/02/2011 31/03/2011

8 G6-33447 01/04/2011 10/04/2011

38
Folios 30 a 34.
39
Folios 35 a 39.
40
Folios 40 a 42.
41
Folios 43 a 45.
42
Folios 582 a 584, 590, 594, 602, 607 y 613 cuaderno 1A y 618, 623, 628, 633, 639, 640 a 641, 650, 658 del
cuaderno 1B.
43
Folios 582 a 584, 590, 594, 602, 607 y 613 cuaderno 1A y 618, 623, 628, 633, 639, 640 a 641, 650 del
cuaderno 1B.
44
Folios 46 a 50.
45
Folios 51 a 52.
46
Folios 54 a 55 y 714 a 175, cuaderno 1-B.
47
Folio 56

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Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

9 G8-15648 29/04/2011 10/06/2011

El objeto y obligaciones contractuales fueron los siguientes:

• Objeto: Coordinar actividades académicas y administrativas.

• Obligaciones:49

1. Apoyar académica y administrativamente a los usuarios de los programas de
educación a distancia.

2. Coordinar con los directores de programas de educación a distancia y el director del
CEAD, todo lo relacionado con la puesta en marcha y desarrollo de los programas
académicos que se orientan en el CREAD.

3. Asistir a las reuniones programadas por el director del CEAD y los directores de los
programas que se orienten en el CREAD.

4. Administrar y responder por los bienes del CREAD.

5. Apoyar el proceso de evaluación de los programas académicos que se realicen en el
CREAD a su cargo.

6. Promover los programas tanto en educación formal y no formal que se ofrecen en el
CREAD.

7. Informar y orientar a todos los estudiantes del CREAD sobre las notas, actividades,
comunicados y en general todo lo inherente al programa al cual pertenecen.

8. Presentar informes semestrales de su gestión al director del CEAD.

9. Coordinar en su respectivo CREAD los procesos de distribución y utilización de
espacios y recursos, atención a tutores, organización a estudiantes, entrega de
materiales, difusión de información relacionada con los programas.

10. Las demás que le sean asignadas en virtud del convenio que se firma entre la
Universidad de Caldas y la entidad responsable en el lugar de creación del CREAD.

11. Responder por los bienes y en general los elementos que se pongan o se encuentren
a su disposición, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

• La Orden de Servicios G6 solamente se refirió al apoyo administrativo académico y
financiero del CREAD de La Dorada.

• En las órdenes de prestación de servicios G8-099 y G8-156 se indicó que la actora
debía coordinar el CREAD La Dorada y cumplir las siguientes obligaciones:

48
Folio 57.
49
Las obligaciones 1 a 10 se encuentran en los Contratos 089 y 013 y la obligación 11 en los Contratos 199,
001 de 2008 y 001 de 2009.

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1. Orientar a los estudiantes en todos los procesos académicos y administrativos.

2. Promover las relaciones interinstitucionales.

3. Suscripción de convenios.

4. Apoyar los trámites tendientes a cumplir los diferentes procesos del CREAD.

5. Presentar los informes que sean requeridos por las diferentes dependencias de la
universidad que lo soliciten y demás organismos.

6. Brindar información y apoyo a estudiantes y profesores del CREAD y personal que lo
solicite.

7. Liderar el proceso de publicidad y promoción de los programas que se ofrecen en los
centros.

8. Responder por los bienes y en general los elementos que se pongan o se encuentren
a su disposición, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

• En la Orden de Servicios G6-334 se indicó que la demandante debía suministrar apoyo
administrativo y financiero de las tecnologías en finanzas, electrónica, judicial y
sistemas.

• Al plenario se aportaron algunas justificaciones y estudios de mercado previos a la
contratación, en uno de los cuales se argumentó que «se requiere dicho servicio con el
fin de atender los diferentes procesos académicos y administrativos que se adelantan
en la Sede de La Dorada y de esta manera mantener un funcionamiento normal de los
programas y proyectos que allí se ejecutan y apuntar a la ampliación de cobertura con
programas pertinentes y de calidad en cumplimiento de la misión institucional».50

• El 29 de marzo de 2010, la actora celebró contrato de trabajo por la duración de
una obra o labor contratada con la empresa Manpower para «desarrollar y cumplir
con las labores como personal de apoyo en coordinación de la sede Dorada de la
Universidad de Caldas».51 La vinculación inició en la fecha indicada y culminó el 31
de diciembre de 2010.52

• La demandante celebró contratos de trabajo por la duración de una obra o labor
contratada con la empresa SELTEMPO LTDA para desempeñar el cargo de profesional
en la Universidad de Caldas, por los siguientes lapsos: desde el 11 de junio de 2011

50
Folio 672, cuaderno 1-B. En similares términos se observan los folios 670, 735, 736 y 737 cuaderno 1-B.
51
Folio 53.
52
Según certificación obrante en el folio 214.

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hasta el 11 de enero de 201253 y del 17 de enero al 16 de marzo de 2012.54

• El 21 de marzo de 2014, por Oficio 4297 G1-DF-007, el secretario general de la
Universidad de Caldas respondió a un cuestionario elaborado por el a quo, del cual
se destacan los siguientes apartes:55

[…]
La Universidad de Caldas tienen en el municipio de La Dorada un programa especial
de educación a distancia que siempre ha estado sujeto a las posibilidades de la
demanda del servicio educativo y que no hace parte de la estructura orgánica de la
Universidad, por tanto no tiene asignada planta de personal permanente, dicho centro
educativo regional de educación superior en su oferta depende de que haya demanda
en el servicio educativo y puede haberla o no, esta situación motiva la relación
contractual con la señora Luz Yamile Reyes Bonilla en los objetos de prestación de
servicio […] la universidad en el año 2010 determinó la conveniencia de utilizar el
trabajo en misión para las personas que se encontraban en situaciones contractuales
como la de la señora Reyes Bonilla y que significa temporalidad en la oferta de los
diferentes programas.
[…]

Cabe anotar que los CERES son una estrategia del Ministerio de Educación, que
permite reducir las brechas de acceso y permanencia a la Educación Superior en las
regiones del país, a través de la oferta de programas académicos pertinentes a las
necesidades socioeconómicas de las regiones. […]

[…] los CERES […] no es una dependencia propia de la universidad, no aparece en su
estructura, sencillamente si la universidad oferta un programa y este tiene acogida
(demanda) pues se desarrolla la logística pertinente.

La universidad tiene en cuanto a educación abierta y a distancia la oficina llamada
CEAD que dicta los lineamientos y políticas a estos programas especiales.
[…]

2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

• El 24 de octubre de 2012, la señora Luz Yamile Reyes Bonilla solicitó el pago de
las prestaciones sociales, legales y convencionales, a que tenía derecho por haber
prestado sus servicios al ente universitario demandado en iguales condiciones a los
trabajadores oficiales de planta.56

53
Folios 58 a 59. Las fechas fueron certificadas por la empresa SELTEMPO LTDA y también se aportaron los
desprendibles de los pagos realizados a la actora durante esos lapsos.
54
Folios 60 a 61.
55
Folios 3 a 9, cuaderno 3.
56
Folios 3 a 6, cuaderno 2.

29

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• El 15 de noviembre de 2012, mediante la Resolución 001181, el rector de la
Universidad de Caldas negó la anterior petición, en razón a que la interesada no
cumplió labores de sostenimiento y construcción de obra pública, como tampoco
tuvo un contrato de trabajo con la institución.57

• El 4 de febrero de 2013, la accionante peticionó las prestaciones sociales legales
y extralegales, causadas durante el tiempo en que laboró en la Universidad de
Caldas, «bien sea que se asemeje mi condición a la de una trabajadora oficial, como
empleada pública o como funcionaria de hecho».58

• El 25 de febrero de 2013, por Resolución 00211, el rector de la Universidad de
Caldas se remitió a la respuesta otorgada en la Resolución 001181 de 2012 en lo
referente a la asimilación de la actora a una trabajadora oficial.59

Por otra parte, negó el pago de los emolumentos laborales reclamados en calidad
de empleada pública, por considerar que las contrataciones que tuvo la demandante
no cumplieron con el mínimo de requisitos para ostentar tal condición y tampoco se
verificó el elemento de subordinación en el desarrollo de sus funciones.

Además, durante los años 2010, 2011 y 2012 la señora Reyes Bonilla estuvo
vinculada con empresas de servicios temporales, por lo que estas deben responder
por las obligaciones que hubieran surgido por la suscripción de contratos de trabajo.

Tampoco se reconoció a la accionante como funcionaria de hecho, ya que ello
requería el ejercicio de un cargo creado en la planta de personal; sin embargo, en
la institución no existía un empleo con tareas similares a las que ella desarrollaba.

2.3.3. Las declaraciones rendidas en el proceso

57
Folios 7 a 11, cuaderno 2.
58
Folios 13 a 18, cuaderno 2.
59
Folios 148 a 151 y 19 a 22, cuaderno 2.

30

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El 8 de abril de 2014 se celebró audiencia de pruebas dentro del sub lite y se
escucharon las siguientes declaraciones:

➢ Testigos solicitados por la demandante

1. El señor Jaime Alberto Pineda Ramírez afirmó lo siguiente:

• A partir del segundo semestre de 2006 fue vinculado para dictar clases con la
Universidad de Caldas y conoció a la actora quien estaba encargada de los docentes y
alumnos, ejercía funciones de coordinadora y «estaba a cargo de la universidad en La
Dorada».
• Desconocía los contratos celebrados por la demandante, pero, en su condición de
docente, debía pasar por su oficina a presentarse o ella iba a los salones para verificar
que se estuvieran dictando las clases.
• La accionante les entregaba a los docentes los materiales y todo lo que necesitaran
para dictar las clases.
• Toda la comunidad académica veía a la señora Luz Yamile Reyes Bonilla como la
coordinadora de la universidad, quien permanecía en la oficina. Entre semana los
docentes pasaban a entregar notas o reclamar documentos y ella «siempre estaba ahí»,
también los fines de semana, «por ejemplo los viernes a las 7 pm pasaba por su oficina
y ahí estaba y salía a las 10 pm y seguía ahí, los sábados de 7 am a 12 m».
• Si los docentes tenían inconvenientes con los alumnos se dirigían a la demandante.
• La actora les comunicaba a los estudiantes la información que enviaba la universidad.
• La señora Reyes Bonilla trabajaba en La Dorada en la sede de la Universidad de
Caldas.
• No se requería ningún conocimiento especial para desarrollar el trabajo de la
accionante, pues simplemente se necesitaba una persona «que estuviera encargada del
sitio como administrador».
• Desconocía si a la demandante se le impuso un horario, cuál era su superior o si debía
pedir permisos para ausentarse de su trabajo.

2. El señor José Alexander Rivadeneira Salgado, manifestó:

• Conoció a la actora como directora del CREAD de La Dorada, cuando el testigo se
desempeñaba como director de la tecnología de administración judicial.
• El declarante también dictaba la asignatura de derecho laboral en la universidad de
caldas y les comentó a sus superiores que la vinculación de la demandante por
contratos de prestación de servicios «en mi humilde concepto era no relevante para lo
que ella hacía porque trabajaba sábados, domingos, toda la semana, cumplía horario,
cumplía órdenes, la llamaban y le decían vaya a tal colegio» y dependía del director del
Centro de Educación a Distancia – CEAD, a quien le reportaba el cumplimento de sus
labores y de las metas que le eran asignadas.
• La accionante hacía la parte de promoción, divulgación, mercadeo y matrículas;
distribuía los módulos que se entregaban en educación a distancia; controlaba el
horario de los profesores y también la asistencia de los alumnos; reportaba notas y
acompañaba a los directores de programa cuando iban a los colegios de La Dorada
para promocionar la educación a distancia.

31

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Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

• Se encontraba a la señora Reyes Bonilla en reuniones del CEAD los miércoles en
Manizales y el testigo la ayudaba a presentar los informes al Ministerio de Educación,
ya que la universidad fungió como operador de los CERES de Caldas y la actora fue la
responsable de abrirlos.
• Quienes se desempeñaban como coordinadores o directores de CERES, posición que
tenía la actora, se reportaban «como personal administrativo cuando se buscaban los
registros calificados ante el ministerio de Educación Nacional, como al ministerio hay
que demostrarle que uno tiene una planta administrativa para poder que le den a uno
la autorización de aperturas siempre se demostraban esos cargos como […] necesarios
y que la universidad iba a implementar para poder que nos dieran los permisos de
funcionamiento».
• La accionante no tenía autonomía para coordinar la sede de La Dorada, tanto así que
venía varias veces a Manizales y en una reunión se definió el trabajo de todo un año
con todos los directores de CREAD o CERES, así como las estrategias para hacer el
mercadeo.
• La accionante viajó a Samaná para gestionar los créditos del ICETEX, por orden del
director del CEAD, «que fue una función que le apareció a Yamile nueva a partir de
cuando la sede de la Universidad se cambió a CERES del Magdalena Medio a eso del
2009».
• Cuando se le preguntó de qué forma le llegaban las órdenes a la actora por parte de
la universidad, el testigo respondió que «el consejo de facultad de cada facultad
aprobaba qué cohortes se iban a abrir, así se llamaban los nuevos grupos, […] por lo
regular se aprobaban en bloque (Dorada, Salamina), pues se metían todos los
municipios a ver dónde resultaban alumnos para poder hacer la apertura de los
programas, cuando salía eso como una orden del consejo de facultad pues obviamente
se trasladaba la orden a los coordinadores de los CERES o de los CREAD para decirles
bueno miren autorizaron la apertura de las nuevas cohortes entonces arranquen a
hacer el mercadeo».
• Además, «era fundamental que la persona estuviera de lunes a domingo en La Dorada
o por lo menos los 6 días que trabajaba» y «las clases eran tanto en semana como en
fin de semana, en trabajo social laboraba unos días de la semana concentraban las
clases y las tecnologías trabajaban viernes en la noche – sábado en la mañana, sábado
en la noche domingo y algunas seguían derecho, pero la sede permanecía abierta, yo
sé que no un día, pero no sé si no abierta o era que se rotaban la secretaria iba un día
y Luz Yamile iba otro para poder tener lugar a descanso de un día cada una».
• No conoció el detalle de las funciones que se pactaron en los contratos.

➢ Testigo solicitado por la parte demandada. La Universidad de Caldas llamó
a declarar al señor Yasaldez Eder Loaiza Zuluaga, quien manifestó que
suscribió algunos contratos de prestación de servicios cuando estuvo
encargado de la Vicerrectoría Académica, pero afirmó que no conocía las
condiciones en que se desempeñó la actora, ya que ella reportaba sus
actividades al director del CEAD.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

32

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Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

2.4.1. ¿El a quo desconoció el principio de jurisdicción rogada y el debido
proceso de la parte demandada al declarar la existencia de una relación
laboral en el presente asunto, en lugar de centrar su análisis en la figura del
funcionario de hecho?

La entidad apelante manifestó que el Tribunal Administrativo de Caldas dictó una
sentencia incongruente con las pretensiones de la demanda, ya que la actora
solicitó ser reconocida como funcionaria de hecho y no la configuración de una
relación laboral, como lo declaró la autoridad judicial en el proveído impugnado.

Ahora bien, la señora Luz Yamile Reyes Bonilla solicitó que «se restablezca el
derecho de la demandante, reconociendo todas las acreencias laborales a las que
tenía derecho la actora como funcionaria de hecho de la Universidad de Caldas,
asemejándola a una empleada pública» y enlistó todos los emolumentos que, en su
sentir, se le adeudaban.

Igualmente, al desarrollar el concepto de violación, se refirió al principio de la
primacía de la realidad sobre las formas y su repercusión en la protección del
derecho al trabajo, el reconocimiento de la contraprestación por el desarrollo de una
labor y las garantías mínimas de los trabajadores. Además, apoyó su defensa en
varias sentencias proferidas por el Consejo de Estado en relación con el «contrato
realidad».60

A su turno, la entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda bajo
dos líneas de defensa, a saber: 1) imposibilidad de aplicar la figura del funcionario
de hecho en el presente asunto; y 2) ausencia del elemento de subordinación en la
relación contractual que ostentó la señora Reyes Bonilla con la Universidad de
Caldas.

60
La accionante invocó, entre otras, las providencias proferidas dentro de los siguientes radicados: i)
250002325000200800212 01; ii) 850012331000200500571-01 (1457-2008); ii)

33

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El anterior contexto litigioso evidencia que el único interés de la demandante fue
que se aplicara el principio de primacía de la realidad sobre las formas en la
vinculación que tuvo con el referido ente universitario, pues consideraba que se
verificaron todos los elementos de una relación laboral y que le permitían acceder a
las prestaciones sociales que devengaban los empleados públicos.

En consecuencia, no es posible sostener que el a quo sorprendió a la universidad
en la sentencia apelada; por el contrario, desde la contestación de la demanda,
dicha institución abordó íntegramente el problema jurídico planteado en la presente
controversia, cosa distinta es que se encuentre en desacuerdo con las conclusiones
del fallador de primera instancia, pero ello de ninguna manera puede entenderse
como una providencia ultra petita, violatoria del criterio de jurisdicción rogada y
mucho menos generadora de una desigualdad de armas entre los sujetos
procesales.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la noción de funcionario de hecho carece de
raigambre normativo y que también es una expresión del principio de la primacía de
la realidad sobre las formas, la Sala concluye que la decisión del a quo se sujetó al
debate inicialmente trazado por la actora.

Inclusive, el haberse centrado en estudiar exclusivamente la configuración del
funcionario de hecho hubiera significado una «renuncia consciente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales».61

Asimismo, un análisis tan restrictivo como el que sugiere la parte accionada, se
hubiera traducido en una falta absoluta de técnica, pues la actora siempre explicó
que su vinculación obedeció a la celebración de múltiples contratos de prestación
de servicios y que su indebida utilización le otorgaba el derecho de percibir las
prestaciones sociales en igualdad de condiciones que los servidores de planta, por

61
Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 25 de septiembre
de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-03897-00.

34

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
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ende, el litigio debía abordarse necesariamente desde la perspectiva de las
relaciones laborales y los elementos que las configuran en aras de determinar si en
el sub lite se verificó o no la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente.

Así las cosas, no le asiste razón a la parte apelante en lo que respecta a la falta de
congruencia del proveído impugnado con las pretensiones enunciadas en el medio
de control de la referencia.

La anterior conclusión es garante del acceso a la administración de justicia, de la
prevalencia de los derechos sustanciales y congruente con los principios pro homine
y pro actione, en virtud de los cuales «el Estado colombiano debe garantizar que la
autoridad prevista por el sistema legal interno no solo decida “sobre los derechos
de toda persona”, sino también que interprete y aplique las normas de la Convención
y del ordenamiento jurídico interno de manera que no se suprima, limite o excluya
el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención, en
“otros actos internacionales de la misma naturaleza” y en la ley nacional»62.

2.4.2. ¿ Entre la señora Luz Yamile Reyes Bonilla y la Universidad de Caldas
existió una relación laboral encubierta o subyacente?

De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene que
la demandante estuvo vinculada entre los años 2006 y 2012 con la Universidad de
Caldas, mediante contratos de prestación de servicios y empresas de servicios
temporales. En relación con estas últimas, la Sala ha precisado que no resulta viable
acudir a aquellas «cuando se trate del desarrollo de actividades permanentes o
propias del objeto de la entidad, pues de ser así, se estarían desconociendo
principios constitucionales que rigen la función pública».63

62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, consejera
ponente: Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo, auto de 29 de julio de 2013, radicado: 25000 23 36 000 2012
00628 01 (46740), actor: María Valencia Arango y otros.
63
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de enero de 2022, radicado: 66001-23-
33-000-2015-00245-01 (0601-2018).

35

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Además, la actora desarrolló un objeto similar en cada contrato, lo cual es indicativo
del carácter permanente de sus funciones. A su vez, la relación que unió a las partes
ostenta los elementos propios del contrato de trabajo, tal como se precisa a
continuación:

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

En primer lugar, la demandante acredita la prestación personal del servicio, a través
de los contratos y órdenes de prestación de servicios que se detallaron en el acápite
de hechos probados de esta providencia.

En segundo lugar, se encuentra que la señora Luz Yamile Reyes Bonilla se
desempeñó como directora o coordinadora de los programas de educación a
distancia de la Universidad de Caldas en la sede de La Dorada, según las órdenes
impartidas por el director del CEAD, lo cual revela, como expresión sustantiva y cierta
de su ejercicio, que la labor fue desarrollada por la demandante, y no a través de
otra persona.

Asimismo, las funciones detalladas en el objeto contractual obrantes en los
contratos de prestación de servicios dejan ver la vocación personalísima de las
actividades que la accionante debía desarrollar.

2.4.1.2. Subordinación continuada

Previo a desarrollar los elementos que permiten determinar la verificación del
elemento de subordinación, es preciso aclarar que en este acápite se valorarán
conjuntamente los documentos aportados al plenario, así como las declaraciones
de los testigos que comparecieron a este proceso.

En cuanto al testimonio del señor José Alexander Rivadeneira Salgado se observa
que la Universidad de Caldas lo tachó como sospechoso en razón a las acciones
adelantadas en sede administrativa y judicial en contra de dicha institución y algunos
de sus servidores.

36

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

Ahora bien, conforme lo ha indicado esta corporación en múltiples oportunidades,
la tacha de un testimonio no implica su exclusión de la valoración probatoria, sino
que las afirmaciones deban valorarse con mayor rigor y en conjunto con los demás
elementos aportados al plenario.

En tal sentido, se ha sostenido que «para la valoración de la prueba testimonial, no
procede la exclusión legal de un testigo que se pueda calificar de “sospechoso”
porque ello sería incompatible con el principio de la sana crítica que gobierna el
régimen probatorio; “[…] sin embargo, las razones por las cuales un declarante
puede tildarse de sospechoso (amistad, enemistad, parentesco, subordinación,
etc.), deben ser miradas por el juzgador como aquellas que pueden colocar al
testigo en capacidad de engañar a la justicia; pero para ello, el juez debe hacer uso
del análisis de la prueba, en su conjunto, a fin de llegar a una convicción aplicando
las reglas de la sana crítica […]64».65

En este caso, la Sala considera que el testimonio del señor Rivadeneira Salgado es
congruente con el del señor Jaime Alberto Pineda Ramírez y al contrastar ambas
declaraciones con los demás documentos y argumentos de defensa de las partes,
es posible afirmar que los deponentes tienen conocimiento directo de los hechos
que fundamentan la demanda, ofrecen credibilidad y permiten contextualizar la
forma en que la accionante prestó sus servicios en la Universidad de Caldas.

Una vez aclarado lo anterior, siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, son indicios de la subordinación ciertas
circunstancias que permiten determinar su existencia, entre otras, las siguientes:

64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Marco Antonio Velilla
Moreno- Radicación: 110010324000200700191-00 –providencia de 2 de septiembre de 2010.
65
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de agosto de 2020, radicado: 25000-23-24-000-2009-
00298-01.

37

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

i) El lugar de trabajo. En el presente asunto la demandante tuvo que prestar sus
servicios personales al interior de la sede de La Dorada de la Universidad de Caldas,
en donde tenía su oficina.

ii) El horario de labores. De la naturaleza de las funciones pactadas en los
contratos de prestación de servicios y las declaraciones recaudadas en el proceso,
se desprende que la demandante estaba supeditada al cumplimiento de horario de
lunes a domingo con un día de descanso, pues se encargaba de los programas de
educación a distancia que ofertaba la referida institución educativa en el municipio
de La Dorada.

Las actividades que desarrolló la accionante demandaban un contacto directo y
permanente con los docentes y estudiantes, en aras de garantizar que las clases se
dictaran y atendieran correctamente, proporcionar los materiales requeridos y, en
general, fungir como la autoridad encargada de la administración de dicha sede.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: según se
desprende de la lectura de las obligaciones contractuales, cada una de ellas debían
ejercerse atendiendo las precisas directrices y estrategias trazadas por «los
directores de programas de educación a distancia y el director del CEAD». Así las
cosas, las labores que ejercía la señora Reyes Bonilla no podían desarrollarse de
manera libre e independiente. En suma, no tenía autonomía técnica ni administrativa
en su relación contractual.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral:

No se puede perder de vista que la misión de la entidad demandada es la prestación
del servicio de educación superior, bajo las modalidades presencial y a distancia,
por ende, las funciones desempeñadas por la actora como coordinadora de los
programas de educación a distancia de la sede de La Dorada, sin duda, tienen
relación necesaria con el giro ordinario del ente demandado.

38

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

Así las cosas, la actividad realizada por la señora Luz Yamile Reyes Bonilla no
puede considerarse como una labor ocasional, extraordinaria o accidental, pues
más allá de que exista o no un cargo igual o similar en la entidad, las funciones que
ejecutó fueron indispensables para garantizar la operatividad de los programas de
educación a distancia, eran esenciales para el funcionamiento de la Universidad de
Caldas y permitieron cubrir todas las áreas en que se desenvolvía el servicio
educativo.

En ese orden, en el presente caso no puede hablarse de coordinación, como lo
pretende la entidad demandada, habida cuenta de que el desempeño de las
funciones por parte de la actora estaba sujeto a la imposición de medidas y/o
órdenes de la universidad, tales como: el establecimiento de horarios de estricto
cumplimiento debido al funcionamiento de la institución, la imposibilidad de la
prestación del servicio por otras personas, y, además, la situación referente a que
debía cumplir funciones relacionadas con el objeto misional de la entidad, lo que
denota sin lugar a dudas que la accionada, en su condición de empleadora, tenía la
posibilidad de disponer del trabajo de la señora Reyes Bonilla, hecho que demuestra
la existencia de una verdadera subordinación.66 En tal sentido, se resalta que la
parte demandada, mediante Oficio 4297 G1-DF-007 de 2014, relacionado en el
acápite de hechos probados, informó que en lo concerniente a la educación abierta
y a distancia, contaba con la «oficina llamada CEAD que dicta los lineamientos y
políticas a estos programas especiales».

De otro lado, en el aludido documento se indicó que los programas de educación a
distancia no contaban con personal de planta en razón a que su funcionamiento
dependía de la demanda de la población.

Sin embargo, en lo que respecta a la actora, se observa que durante 6 años se
evidenció la necesidad de contratar sus servicios, es decir, que ese tipo de
programas tenían recurrencia, eran demandados por la comunidad y el ente

66
Sentencia del 4 de marzo de 2021, expediente 81001-23-39-000-2016-00118-01 (1717-18).

39

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

universitario los ofertaba periódicamente.

Inclusive, al margen de la demanda, continuamente se daba aval para abrirlos en
cada período académico, por lo que la demandante estaba encargada de
promocionar los programas, reunir el número de estudiantes mínimo y adelantar
todas las gestiones tendientes a lograr su funcionamiento durante el calendario
académico, es decir, que las funciones desempeñadas eran inherentes al objeto
misional del ente universitario y resultaban valiosas para garantizar que este llegara
a un mayor número de territorios y mantuviera competitividad respecto de otras
instituciones de educación superior.

De otro lado, la entidad apelante sostuvo que los testigos no tuvieron relación directa
ni constante con la actora, desconocían los objetos contractuales y demás
especificidades del contexto en que se suscribieron esos documentos; sin embargo,
la Sala se aparta de estos argumentos, pues los declarantes explicaron con
suficiencia la manera en que la señora Reyes Bonilla ejercía sus labores y tenían
contacto con ella en razón a que dictaban clases o dirigían programas de educación
a distancia.

El hecho de que los declarantes no estuvieran enterados de detalles específicos de
los contratos es apenas razonable, pues no fueron quienes los suscribieron;
además, el objeto, plazo y demás cláusulas se demuestran principalmente con los
documentos que los contienen, como se hizo en este caso.

La relevancia de la prueba testimonial en el sub lite consistía en especificar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la accionante desempeñaba sus
funciones, lo cual quedó suficientemente acreditado con los testimonios escuchados
en el proceso.

De acuerdo con lo antes expuesto, puede concluirse que la señora Luz Yamile
Reyes Bonilla laboraba bajo una continua subordinación.

2.4.1.3. Remuneración

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Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

Finalmente, el tercer elemento que se somete a comprobación es el relacionado con
el pago de un salario periódico a la demandante. En el sub lite, queda acreditada la
remuneración efectuada mensualmente por la referida universidad a la accionante
con los contratos de prestación de servicios, documentos que constituyen prueba
idónea para verificar la contraprestación que percibía por los servicios prestados
como coordinadora de los programas de educación a distancia en el municipio de
La Dorada.

Aunado a todo anterior, se evidencia que la relación contractual no tuvo carácter
temporal, sino permanente o con ánimo de permanencia, en la medida en que se
desarrolló por cerca de 6 años y aunque se presentaron algunas interrupciones ello
obedeció a la finalización de los períodos académicos, lo cual reafirma que su labor
era esencial para el cumplimiento de la misión institucional, teniendo en cuenta que
ese período mantuvo idéntico objeto contractual, esto es la coordinación y
administración de los programas de educación a distancia; por consiguiente, se
suplió una función permanente o misional de la entidad.

Por todo lo anterior, esta Sala encuentra plenamente acreditados los elementos
esenciales de una relación laboral (encubierta) entre la parte demandante y la
entidad demandada. En consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por la
Universidad de Caldas no tiene vocación de prosperar.

2.4.3. ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de los
contratos?

Una vez se ha comprobado la existencia de la relación laboral entre la contratista y
la entidad pública, en tanto se ha descubierto la simulación del contrato de
prestación de servicios, corresponde determinar si esta llegó a ser interrumpida en
algún momento. En este caso, la prescripción no fue alegada por la entidad
apelante; sin embargo, conforme lo dispone el artículo 187 del CPACA, esta
excepción puede ser declarada de oficio.

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Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

Según la sentencia del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, para
efectos de la prescripción del derecho solo se tienen en cuenta los períodos
acreditados a través de los contratos de prestación de servicios y se aplica el
término de 30 días hábiles para determinar la no solución de continuidad.

En aras de analizar la prescripción, la Sala resumirá las vinculaciones que tuvo la
actora en virtud de contratos de prestación de servicios con la Universidad de
Caldas y con empresas de servicios temporales, por cuanto el ente universitario fue
el directo beneficiario de la labor desempeñada. De esta manera, se identifican los
siguientes interregnos:

1) Contrato 089 - Del 02/08/2006 al 17/01/2007
2) Contrato 013 - Del 31/01/2007 al 15/07/2007
3) Contrato 199 - Del 24/07/2007 al 24/12/2007
4) Contrato 001 - Del 25/01/2008 al 20/12/2008*
-------------------------------------------------------------------------------------------
5) Contrato 001 - Del 06/02/2009* al 06/01/2010
6) Orden G6 - Del 28/01/2010 al 05/03/2010
7) Contratación empresa temporal - Del 29/03/2010 al 31/12/2010*
--------------------------------------------------------------------------------------------
8) Orden G8-099 - Del 18/02/2011* al 31/03/2011
9) Orden G6-334 - Del 01/04/2011 al 10/04/2011
10) Orden G8-156 - Del 29/04/2011 al 10/06/2011
11) Contratación empresa temporal - Del 11/06/2011 al 11/01/2012
12) Contratación empresa temporal - Del 17/01/2012 al 16/03/2012

• Las fechas sombreadas corresponden a interrupciones superiores a 30 días hábiles.

En anterior recuento evidencia que en el presente caso hubo algunas interrupciones
superiores a 30 días hábiles, por lo que se superó el término unificado por la
corporación para la configuración de la solución de continuidad, lo cual repercute en
la aplicación del fenómeno prescriptivo. Teniendo en cuenta esta situación, para

42

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

efectos ilustrativos, la vinculación de la señora Luz Yamile Reyes Bonilla se dividirá
en tres grandes períodos:

1) Primer período. Comprendido entre el 2 de agosto de 2006 y el 20 de diciembre
de 2008.

Respecto de este primer segmento la interrupción ocurrió entre la finalización del
contrato 001 de 2008 y la iniciación del contrato 001 del 2009, esto es, por el lapso
comprendido entre el 21 de diciembre de 2008 y el 5 de febrero de 2009.

Entonces, las prestaciones sociales causadas entre el 2 de agosto de 2006 y el 20
de diciembre de 2008 debieron reclamarse hasta el 20 de diciembre de 2011; sin
embargo, la petición que dio lugar a la expedición del acto acusado se radicó el 4
de febrero de 2013, por fuera de la oportunidad legal.

2) Segundo período. Comprendido entre el 6 de febrero de 2009 y el 31 de
diciembre de 2010.

Para este segundo momento la interrupción ocurrió entre la finalización del contrato
con la empresa de servicios temporales en el año 2010 y la iniciación de la Orden
de servicios G8-099 de 2011, esto es, entre el 1 de enero y el 17 de febrero de 2011.

Por lo tanto, las prestaciones sociales causadas entre el entre el 6 de febrero de
2009 y el 31 de diciembre de 2010 debieron reclamarse hasta el 31 de diciembre de
2013. Como la solicitud se presentó el 4 de febrero de 2013, no operó el fenómeno
prescriptivo.

3) Tercer período. Comprendido entre el 18 de febrero de 2011 y el 16 de marzo
de 2012. Durante este lapso no se verificaron interrupciones superiores a 30 días
hábiles. Además, las prestaciones sociales por ese interregno pudieron solicitarse
hasta el 16 de marzo de 2015 y la petición se radicó oportunamente el 4 de febrero
de 2013.

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Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

De acuerdo con lo antes expuesto, la Sala confirmará la decisión del a quo con la
aclaración de que operó la prescripción de las prestaciones sociales causadas con
anterioridad al 20 de diciembre de 2008; sin embargo, ello no afectará los aportes
al sistema de pensiones que decretó el a quo, pues esta corporación ha precisado
que su naturaleza es irrenunciable e imprescriptible.67

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,68 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

67
Al respecto ver las siguientes sentencias: i) del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-33-000-2013-
00260-01 (0088-2015); ii) del 17 de febrero de 2022, radicado: 81001-23-39-000-2017-00036-01 (1138-2019);
iii) del 3 de marzo de 2022, radicado: 17001-23-33-000-2015-00216-01 (0213-2018).
68
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014),
C. P. William Hernández Gómez.

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Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 365 del Código General del Proceso,69 la Sala considera que no es dable
condenar en costas de segunda instancia a la entidad demandada, toda vez que el
recurso fue favorable parcialmente a sus intereses en tanto se aplicó de oficio la
excepción de prescripción trienal.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la actora, por lo que será
confirmada, pero con la aclaración pertinente frente a la configuración del fenómeno
prescriptivo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 17 de junio de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, dentro del proceso promovido por la señora Luz Yamile
Reyes Bonilla contra la Universidad de Caldas, que accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda, con la aclaración de que prescribieron las prestaciones
sociales causadas con anterioridad al 20 de diciembre de 2008; sin embargo, tal
declaración no afectará los aportes que deban realizarse al sistema de seguridad
social en pensiones, conforme se explicó en la parte motiva de esta providencia.

69
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación».

45

Radicación: 17001-23-33-000-2013-00286-01 (3849-2014)
Demandante: Luz Yamile Reyes Bonilla

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Reconocer personería a la abogada Gloria Cecilia Sánchez Osorio como
apoderada de la demandante, conforme al poder que obra en el folio 1248 del
expediente.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Impedido Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
cgg

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

46

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