Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2013-00368-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2013-00368-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Procedencia de la acción popular para la protección de derechos e intereses colectivos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2013-00368-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 17001-23-33-000-2013-00368-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
24 de mayo de 2019
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS / IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO CONSTITUCIONAL PARA EL AMPARO DE DERECHOS SUBJETIVOS
Uno de los reparos planteados por el recurrente gira en torno a que el tribunal interpretó que la acción presuntamente no era adecuada porque se buscaba la protección del derecho a la propiedad privada, al solicitar la construcción de un muro de contención para salvaguardar las edificaciones que el actor tiene ubicadas en sus predios. (…) [L]a Sala encuentra que no fue inadecuada la interpretación que realizó el Tribunal Administrativo de Caldas al estimar en el presente caso que la acción no era procedente para la protección de la propiedad privada pero sí para la protección de los derechos colectivos que se encuentran inmersos. Lo anterior, en consideración a que, si bien de una lectura de las pretensiones del accionante se observa que él busca la construcción de un muro de contención únicamente para proteger su propiedad privada, lo cual haría en principio improcedente la acción por perseguir la protección de un derecho subjetivo, también lo es que dentro de los hechos de la demanda y las contestaciones se ventila la afectación de los derechos colectivos e intereses colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 2.
ACCIÓN POPULAR / DERECHOS COLECTIVOS A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO SOSTENIBLE, SU CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN O SUSTITUCIÓN, EL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - No puede invadir faja de retiro de las quebradas / FALLO EXTRA Y ULTRA PETITA - Requisitos
[A] la Sala le corresponderá resolver si es procedente proferir un fallo extra petita en una acción popular cuando, a pesar que la demanda se interpone para lograr la construcción de un muro de contención en el margen de una quebrada, en el proceso se prueba que las edificaciones del accionante invaden la faja de retiro de dicha quebrada. (…) [L]a Sala manifiesta que no fue inadecuada la interpretación que realizó el tribunal, por cuanto, si bien de una lectura de las pretensiones del accionante se observa que busca la construcción de un muro de contención únicamente para proteger su propiedad privada, también lo es que, dentro de los hechos de la demanda y las pruebas arrimadas al proceso, se advierte la afectación de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, a la existencia del equilibrio ecológico y a la protección del espacio público, razón por la cual, con base en la facultad del juez popular para proferir fallos ultra y extra petita, el a quo sí estaba habilitado para ir más allá de lo solicitado expresamente en la demanda. (…) En este orden de ideas, tanto en primera como en segunda instancia, cuando el juez advierta o encuentre probada una vulneración de los derechos colectivos pese a que no haya sido alegado en la demanda, o una deficiente protección de los mismos por parte del juez de primera instancia pese a no haberse alegado en el recurso de apelación, aquél se encuentra facultado para apartarse de lo solicitado y proferir un fallo más allá o por fuera de lo pedido, con el objetivo de proteger en la mejor medida de lo posible los derechos constitucionales afectados. Dicha facultad no es ilimitada, pues a pesar que no se haya solicitado expresamente es necesario que, de conformidad con los hechos y las pruebas allegadas al proceso, se advierta la vulneración de los derechos colectivos. (…) En consecuencia, aunado a la facultad que tiene el juez popular para proferir fallos ultra y extra petita, la parte actora tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y plantear sus reparos en un asunto que fue debatido durante el proceso, razón por la cual no le asiste razón cuando afirma que no era posible proferir un fallo más allá de lo pedido.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1541 DE 1978 - ARTÍCULO 14.
MURO DE CONTENCIÓN - Se requiere para evitar el desbordamiento de la quebrada / INVASIÓN DE LA FAJA DE RETIRO DE UNA QUEBRADA - Cuando se construye sobre una zona libre de intervención antrópica / ESPACIO PÚBLICO / MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA MITIGAR EL DAÑO CAUSADO POR CONSTRUCCIÓN SOBRE LA FAJA DE RETIRO DE UNA QUEBRADA
[A] juicio del accionante, no se valoraron las pruebas que dan cuenta de la necesidad de construir un muro de contención para evitar el desbordamiento de la quebrada, pues en varios oficios de CORPOCALDAS se daba cuenta de dicha necesidad. En consecuencia, a la Sala le corresponde resolver si es cierto que se requiere la construcción de un muro de contención en el margen de la Quebrada Manizales a la altura del kilómetro 13 vía al Magdalena del Municipio de Caldas. (…) [Para la Sala] es cierto que las edificaciones de los predios de propiedad de la parte actora, (…) ubicados en el kilómetro 13 vía al Magdalena del Municipio de Caldas, invaden la faja de retiro de la Quebrada. También es cierto que la faja de protección forestal de la Quebrada de Manizales se encuentra deteriorada. (…) [L]as edificaciones de propiedad de la parte actora se encuentran expuestas a un riesgo de avalancha por crecimiento de la Quebrada y que las obras adelantadas hasta el momento por CORPOCALDAS solamente sirven para mitigar el riesgo, inclusive con la construcción de un muro de contención. (…) [Esas] edificaciones de los predios de propiedad de la parte actora, (…) invaden la franja de retiro de la Quebrada Manizales. Así lo corroboran no solamente las fotografías aportadas por la propia parte actora en las cuales se advierte una muy corta distancia entre las edificaciones y la Quebrada, sino también el Oficio UGR 1545 de 4 de noviembre de 2014, suscrito por el Director Técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo y por el Secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Manizales; los Planos e imágenes suscritos por CORPOCALDAS en los cuales se afirma que todas las edificaciones que se encuentran en el sector invaden la franja de retiro. (…) En este orden de ideas resulta acertada la decisión del a quo, en tanto que la faja de protección o retiro de la Quebrada de Manizales debe permanecer libre de toda intervención antrópica por tratarse del espacio necesario para el correcto funcionamiento del cuerpo de agua y, de acuerdo con el Código de Recursos Naturales, dicho espacio geográfico es de propiedad pública. En consecuencia, la edificación en dicho lugar entraña la vulneración del derecho colectivo a la existencia del equilibrio ecológico y a la protección del espacio público. (…) Por lo anterior, la Sala confirmará la orden consistente en que las edificaciones de propiedad de la parte actora deben ser reformadas de tal forma que la zona de retiro de la quebrada quede libre de toda intervención antrópica.
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 2811 DE 1974 / LEY 388 DE 1997 / LEY 715 DE 2001 / LEY 1523 DE 2012.
RESPONSABILIDAD POR VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA - Corresponde a las entidades el deber de ejecutar las obras sobre las que se hicieron apropiaciones presupuestales
[A] la Sala le corresponde resolver si se vulnera la confianza legítima cuando la administración recomienda la construcción de un muro de contención en el margen de una quebrada y explica que realizará las apropiaciones presupuestales correspondientes, pero no ejecuta obra alguna. (…) [Para la Sala,] el principio de confianza legítima busca proteger aquellas expectativas razonables que la administración ha generado sobre los administrados respecto de actuaciones llevadas a cabo por aquella, de tal manera que se genera en el administrado la convicción de que determinada conducta o actuación se mantendrá incólume durante el transcurso del tiempo. En el caso bajo examen se advierte la configuración de dicha expectativa legítima en favor del propietario de los inmuebles, en tanto que en los citados [o]ficios (…) proferidos por el Municipio de Manizales se recomienda la construcción del muro de contención y le informan al accionante que los recursos para llevar a cabo dicha obra serán apropiados en el presupuesto. (…) En este orden de ideas, en el caso concreto, el Municipio de Manizales deberá coordinar con la Corporación Autónoma Regional de Caldas la ejecución de la obra para la adecuación de un muro de contención en el sector donde se encuentran ubicados los predios de la parte actora, con el fin de conjurar el acaecimiento de un desastre técnicamente previsible, como lo es en este caso una creciente o avalancha de la Quebrada Manizales. Por lo anterior, en la parte resolutiva del fallo se revocará la orden consistente en negar las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se ordenará la construcción de un muro de contención en la zona donde se encuentran ubicados los predios de propiedad del accionante. La ejecución de dicha obra deberá realizarse entre la Corporación Autónoma Regional de Caldas y el Municipio de Manizales. (…) Como quiera que parte de las edificaciones que el accionante tiene construidas sobre los predios ubicados en el kilómetro 13 vía al Magdalena del Municipio de Manizales invaden la faja de retiro de la Quebrada Manizales sin conocerse con exactitud cuál es la proporción de dicha invasión y que las recomendaciones de las visitas técnicas efectuadas por la Corporación Autónoma Regional de Caldas y del Municipio daban cuenta de la necesidad de construir un muro de contención, la Sala confirmará el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas únicamente en las órdenes de los numerales cuatro y siete de la parte resolutiva.
FUENTE FORMAL: LEY 1523 DE 2012.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 17001-23-33-000-2013-00368-02(AP)
Actor: JULIÁN ANDRÉS FAJARDO GIL
Demandado: MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra del fallo proferido el 13 de diciembre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio del cual se declaró la vulneración de los derechos colectivos al goce del ambiente sano, a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y salubridad pública, y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
DEMANDA
El ciudadano Julián Andrés Fajardo Gil interpuso acción popular en contra del Municipio de Manizales y la Corporación Autónoma Regional de Manizales Caldas (en adelante CORPOCALDAS) por la presunta vulneración de los derechos colectivos al goce del ambiente sano, a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y salubridad pública, y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, debido a la falta de construcción de un muro de contención en las orillas de la Quebrada de Manizales para la protección de las edificaciones ubicadas en tres predios de su propiedad, identificados con matrículas inmobiliarias núm. 100-131006, 100-7060 y 100-144704, ubicados en el kilómetro 13 vía al Magdalena del Municipio de Manizales. En estos predios funciona la Hostería La Tía y una empresa denominada Mantuberías LTDA.
En la demanda, alegó que se desconoció la sentencia T-284 de 1995, en la cual la Corte Constitucional destaca la importancia de los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a la vida.
Como consecuencia de lo anterior, pidió:
“PRETENSIONES:
1. Sírvase declarar responsables a la ALCALDÍA DE MANIZALES, a través de sus dependencias – UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS-, por la afectación y/o amenaza de afectación de los derechos colectivos consagrados en los literales a), b), e), g) y i) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
2. Ordenar a la ALCALDÍA DE MANIZALES, a través de sus dependencias, UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, la construcción de un muro de contención y la realización de las obras correctivas, sobre los predios de propiedad del señor JULIÁN ANDRÉS FAJARDO GIL, donde funcionan la HOSTELERÍA LA TÍA y MANTUBERÍAS LTDA, adyacente al lecho de la Quebrada Manizales.
3. Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS- la construcción de un muro de contención y obras correctivas, sobre los predios de propiedad del señor JULIÁN ANDRÉS FAJARDO GIL, donde funcionan la HOSTELERÍA LA TÍA y MANTUBERÍAS LTDA, adyacente al lecho de la Quebrada Manizales.”
II. TRÁMITE
En auto proferido el 6 de octubre de 2014, se admitió la demanda y se ordenó notificar al Alcalde del Municipio de Manizales, a CORPOCALDAS, al agente del Ministerio Público y al Defensor del Pueblo.
En auto proferido el 23 de agosto de 2013 se admitió la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Javier Elías Árias Idárraga.
II.1. El Alcalde del Municipio de Manizales, Caldas, al contestar la acción popular, solicitó negar las pretensiones por los siguientes motivos:
Respecto de los hechos, adujo que son ciertos los inconvenientes presentados en los predios aledaños a la Quebrada Manizales como consecuencia del aumento del caudal en las temporadas de invierno.
Manifestó que con la participación de CORPOCALDAS, adelantó obras de mitigación del riego y corrección de los cauces, entre las cuales se destaca la construcción de dos diques para la retención de avalanchas. De igual forma, realizó labores de dragado en varios trayectos de la Quebrada Manizales. Dichas obras estaban encaminadas a evitar la afectación de las edificaciones construidas al borde de la quebrada, entre ellas, las de propiedad del accionante.
En cuanto a la construcción del muro de contención en los predios del accionante, manifestó que por tratarse de predios particulares corresponde en primera instancia a los propietarios ejecutar las obras pertinentes, más aun, cuando dichas medidas se debieron prever y adoptar al momento de construir las edificaciones al borde de la quebrada.
Explicó que, por medio de los contratos núm. 061030568, 090416219 y 11100210891, ha realizado obras para la realización del dragado y corrección de cauce, así como la presentación de un proyecto para la mitigación del riesgo en la ciudad de Manizales, donde se contempló reducir los impactos negativos de las crecientes que se presentaban en la Quebrada Manizales en las épocas invernales.
Hizo énfasis en las limitaciones presupuestales para la ejecución de obras y la distribución equitativa que debe hacerse de los recursos que posee el Estado. Así mismo, resaltó el contenido del artículo 334 de la Constitución Política, alusivo al principio de la Responsabilidad Fiscal.
Manifestó que no ha vulnerado los derechos colectivos aducidos por la parte actora, debido a que ha realizado las mencionadas obras en la Quebrada Manizales
Propuso como excepciones las que denominó así:
Carencia de prueba sobre la presunta vulneración de los derechos colectivos, pues a su juicio, el actor popular no allegó pruebas que pretenda hacer valer de conformidad con el artículo 18 de la Ley 472 de 1998.
Ineptitud sustantiva de la demanda por la no acreditación de un daño actual o contingente, como quiera que no se determina con claridad en qué consiste el peligro, amenaza, vulneración o agravio de los derechos e intereses colectivos.
Actuación administrativa conforme a la ley, dado que la entidad, en el marco de sus competencias y funciones, ha atendido de manera oportuna y efectiva las peticiones del accionante, teniendo en cuenta las intervenciones de obras efectuadas a lo largo de la Quebrada Manizales.
Excepción genérica. Solicita que se declare cualquier otra excepción de mérito que encontrare probada en el expediente de acuerdo con el artículo 282 del Código General del Proceso (en adelante CGP).
II.2. La Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, solicitó negar las pretensiones de la demanda por los siguientes motivos:
Hizo referencia a las obras ejecutadas en el lugar de los hechos, de acuerdo con los convenios interadministrativos suscritos con la Alcaldía de Manizales, donde se construyeron las siguientes instalaciones: 1) estructuras de protección en algunos sitios para la recuperación de las márgenes de la Quebrada Manizales; 2) obras de control torrencial en la cuenca de la quebrada y corrección del cauce existente; 3) trabajos de mecanizado en el tramo de la quebrada que limita con los predios objeto de la acción, igualmente intervenidos mediante obras de protección lateral.
Manifestó que, de acuerdo con los estudios llevados a cabo, se adelantaron diferentes intervenciones, entre ellas el control de socavación lateral, construcción de dos diques de retención perpendiculares al alineamiento del cauce. De esta forma se han minimizado los riesgos de inundación y avalanchas con empalizadas.
Recalcó la vulnerabilidad de la infraestructura instaladas por el demandante en la faja de protección de la Quebrada Manizales.
Explicó que a los municipios les corresponde la función de ordenar el desarrollo de su territorio y reglamentar el uso del suelo, no a las Corporaciones Autónomas Regionales.
Relató que, dentro de las competencias asignadas a dicha entidad, las construcciones del demandante no requerían licencia ni estudios ambientales.
Concluyó que la problemática planteada por el actor escapa de la órbita de sus competencias, son de la esfera del Municipio de Manizales y del demandante.
Propuso como excepciones las que denominó así:
“Ausencia de transgresión de los derechos colectivos y cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por la ley a la corporación autónoma y regional de caldas”. Lo anterior con fundamento en las asesorías técnicas prestadas en diversas oportunidades y la ejecución de las obras necesarias para disminuir la amenaza y en general en acudir a la zona cuando se ha requerido.
Improcedencia de la acción popular para la protección de derechos subjetivos de contenido patrimonial. Alegó que el actor pretende la protección del derecho a la propiedad privada, el cual no es propio de la naturaleza de los derechos colectivos.
“Concurrencia de culpas exclusivas del municipio de Manizales y del actor en eventuales situaciones de riesgo que pudieran presentarse sobre los predios de propiedad del demandante, que libera de responsabilidad a CORPOCALDAS”. Indicó que el eventual riesgo podría devenir por la indebida instalación de infraestructura en la propiedad del demandante, la invasión del espacio público en una zona que constituye faja de retiro de los cauces. En consecuencia, el deber de velar por el respeto de la faja de protección corresponde a los Municipios.
III. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Caldas, en fallo proferido el 13 de diciembre de 2016, negó las pretensiones de la acción popular, y en su lugar, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR impróspera la excepción de improcedencia de la acción popular para protección de contenido subjetivo (sic) de naturaleza patrimonial propuesta por CORPOCALDAS.
SEGUNDO: DECLARAR probadas las excepciones de CARENCIA DE PRUEBA QUE CONSTITUYE PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS propuesta por el MUNICIPIO DE MANIZALES y la AUSENCIA DE TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y DILIGENTE DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS POR LA LEY, propuesta por CORPOCALDAS.
TERCERO: AMPARAR los derechos colectivos a la vida (sic), goce de ambiente sano, moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, seguridad y salubridad pública y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al señor JULIÁN ANDRÉS FAJARDO GIL, que en el término de un (1) año, reforme las edificaciones en sus propiedades identificadas con matrículas inmobiliarias 100131006, 100-7060 y 100-144704, para que no invadan la faja de protección, y los destine en dicha zona solamente al uso, aprovechamiento y manejo conforme a los destinos señalados en el artículo quinto de la Resolución 561 de 2012 de CORPOCALDAS. Para ello, dentro de los tres meses siguientes al año que se le da al demandante para la reforma de las edificaciones y su uso, el MUNICIPIO DE MANIZALES vigilará el cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia, para lo cual citará al Comité de Verificación, levantará acta sobre el cumplimiento de la sentencia y remitirá el informe a la Magistratura ponente.
PARÁGRAFO: Estos usos estarán vigentes hasta cuando las condiciones del suelo y normativas no señalen un destino diferente.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones.
SEXTO: ORDENAR al demandante JULIAN ANDRÉS FAJARDO GIL la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en un diario de amplia circulación.
SÉPTIMO: CONFORMAR EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN de cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia, integrado por el señor Personero del Municipio de Manizales, quien lo presidirá; el demandante; el Director de CORPOCALDAS o su delegado; el Secretario de Planeación del MUNICIPIO DE MANIZALES. El Comité se reunirá previa convocatoria de su presidente a petición de cualquiera de los miembros e informará por escrito al Tribunal el resultado de cumplimiento de las órdenes dadas en esta sentencia al vencimiento de cada uno de los términos indicados para el efecto.
OCTAVO: Sin costas conforme lo expresado en la parte resolutiva (sic).”
Como fundamentos de la decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:
Explicó que, con base en las fotografías aportadas por ambas partes, se nota que las construcciones de la parte demandante están a poca distancia, a menos de 15 metros de la orilla de la quebrada, por lo que observa que invaden la faja de protección ambiental para la preservación de la vida.
Aseveró que, “dicha situación fue corroborada no solo en las pruebas documentales, que ilustran: "… (sic) Es muy importante no perder de vista el hecho de que las edificaciones ubicadas en el sector NO respeten la faja de retiro contemplada en la Resolución # 561 de 2012, en la cual se fijan los lineamientos para demarcar la faja de protección de los cauces naturales de las corriente (sic) urbanas y las reglas para su intervención emitida por CORPOCALDAS …” Que se suma a las declaraciones rendidas por la profesional Geóloga y el Ingeniero Civil adscritos a CORPOCALDAS, al indicar que los predios del accionante se encuentran ubicados en la faja de retiro prudenciales establecidos en el Decreto 2811 de 1974, de acuerdo con la cartografía que levanta la entidad.”
En este sentido, concluyó que las edificaciones se extendieron sobre la franja de protección establecida en el artículo 14 del Decreto 1541 de 1978.
Aseguró que también obran pruebas que permiten concluir que el Municipio de Manizales y CORPOCALDAS no han sido ajenos a la problemática del sector, pues en los documentos y testimonios recaudados se atestiguan las obras realizadas en la Quebrada Manizales, por medio de las cuales se logró minimizar los riesgos de inundación y avalanchas con empalizadas que se generan desde la parte alta de la cuenca, actividades que se ejecutaron a través del Contrato núm. 103-201116, cuyo objeto se refiere a la construcción de obras de control torrencial de flujos e inundaciones en la Quebrada Manizales.
Indicó que a pesar de estas obras, CORPOCALDAS, en informe de visita llevado a cabo en el año 2011 al sector posterior a la Hostería la Tía sobre la Quebrada Manizales kilómetro 13 de la Vía al Magdalena, recomendó "Construir una protección lateral sobre el tramo que afecta el interceptor de la Quebrada Manizales, y que coincide con la parte posterior del predio solicitante (...) Esta obra será evaluada técnica y económicamente por la Corporación, con el fin de mitigar los problemas presentados... "
Señaló que esta obra para proteger el interceptor de la Quebrada Manizales, no fue ejecutada, como consta en el Memorando 800-102, suscrito por CORPOCALDAS, y como lo explicó el Ingeniero Civil deponente así:
"(..) la manera más efectiva de mitigar el riesgo dependiendo de las condiciones en el entorno en que se genere esa situación de riesgo puede ser bien sea a través de la intervención directa de la amenaza que en cierta forma se ha logrado con las obras construidas dos kilómetros aguas arriba o la infraestructura localizada en esta parte de la quebrada Manizales... lo que se en este caso en particular la otra forma de mitigar el riesgo sería retirando los elementos expuestos al daño en este caso los inmuebles (sic) recomienda en este tipo de oficios es válido para mitigar la problemática puntualmente y como tal la visita a un sitio puntual contribuye a mitigar la problemática y es válido las recomendaciones de informe de asesoría técnica que la Corporación brinda... " en dicha intervención indicó "las recomendaciones que se dan en el oficio 354442 de 29 de abril de 2011 van encaminadas a mitigar el riesgo sobre la margen izquierda de este tramo de la quebrada Manizales concretamente en aras de mejorar la protección de una infraestructura del interceptor, pero para crecientes superiores que es lo que recomienda la norma en este caso, ESTA OBRA RESULTARÍA INSUFICIENTE DESDE LA ÓPTICA DEL CONTROL DE LA INUNDACIÓN DE LOS PREDIOS TODA VEZ QUE ESTARÍA OCUPADA POR ESA MAYOR CRECIENTE QUE SE GENERARÍA PARA PERIODO DE RETORNO DE 100 MÁS 40%".
Indicó que del anterior testimonio se resalta que, “… ESTA OBRA RESULTARÍA INSUFICIENTE DESDE LA ÓPTICA DEL CONTROL DE LA INUNDACIÓN DE LOS PREDIOS TODA VEZ QUE ESTARÍA OCUPADA POR ESA MAYOR CRECIENTE QUE SE GENERARÍA PARA PERIODO DE RETORNO DE 100 MÁS 40%".
Explicó que, para comprender la trascendencia de lo antes informado, se debe considerar que el tiempo estándar para la protección se fija en 100 años, lo cual corresponde a una franja con un ancho entre 15 a 30 metros, de acuerdo con el artículo 50 de la Resolución 561 de 2012 proferida por CORPOCALDAS. La faja de retiro de 30 metros de ancho ordenada por el artículo 14 del Decreto 1541 de 1978, es para un período de protección de cien años. Sin embargo, las obras recomendadas y demandadas en este proceso solamente protegerían las edificaciones que invaden la franja de protección para períodos de retorno menores a 50 años.
De lo anterior, infirió que la causa del riesgo a la vida es la invasión de la faja protectora y no la falta de las obras recomendadas.
Así mismo, observó que las construcciones invasoras de la faja no fueron evitadas ni sancionadas por las autoridades competentes, lo que daría lugar a una supuesta confianza legítima. Entonces, estimó que existe un dilema consistente en, por un lado, ordenar las obras pedidas en la acción popular para proteger las extensiones de los inmuebles que ocupan la faja de protección por un periodo inferior al estándar ambiental y, por el otro, ordenar el respeto de la faja de protección.
Respecto de lo anterior, explicó que al ponderar el valor máximo de protección al medio ambiente y a la vida, frente a la libertad de uso amparada por una posible confianza legítima o tolerancia, estimó que la vida y la prevención de riesgo son valores superiores, por lo cual opta por ordenar el retiro de los usos que ponen en peligro la vida.
En consecuencia, acogió la postura adoptada por dicha Corporación en un caso similar, en el cual se adujo:
“… el inadecuado manejo del ordenamiento territorial en el Municipio, no puede traducirse en la realización de indefinidas barreras de contención sobre el río, ocupado de manera indebida ya que la situación se tornaría empecedera y sin posible manejo, donde si no se toman medidas de control con los asentamientos antrópicos que se sitúan en las fajas de retiro de la fuente hídrica, siempre ante nuevas construcciones se exigirán más obras de restricción, demostrándose sin duda alguna que, la problemática obedece a factores tan originarios como, la dinámica natural del Río Supía.”
En este orden de ideas, no accedió a las pretensiones del accionante, concernientes a la construcción de un muro de contención y obras relacionadas en los predios de su propiedad. Al contrario, ordenó al demandante que en la parte del predio de su propiedad que invade la faja de protección, lo reforme y le de los usos, aprovechamientos y manejos señalados en el artículo quinto de la Resolución 561 de 2012 de CORPOCALDAS.
En concordancia con lo anterior, ordenó también al Municipio de Manizales que, dentro del ámbito de sus competencias, controle el uso de los predios del demandante en los aprovechamientos previstos en la Resolución 651 de 2012 de CORPOCALDAS.
Por último, respecto a las excepciones propuestas por el Municipio de Manizales y Corpocaldas, declaró probadas las excepciones de carencia de prueba que constituye presunta vulneración de los derechos colectivos y ausencia de transgresión de los derechos colectivos y cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por la ley a CORPOCALDAS. En concordancia con el artículo 282 del CGP, no hizo pronunciamiento sobre las demás excepciones propuestas.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación en contra del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas el 13 de diciembre de 2016. Su inconformidad se funda en los puntos que se exponen a continuación:
IV.1. Presunto uso inadecuado de la acción popular al perseguir la protección del derecho a la propiedad privada
El recurrente controvirtió la afirmación del tribunal consistente en que la presente acción popular no era el medio adecuado para obtener la protección del derecho a la propiedad privada, así: “aun cuando el objeto de la pretensión para la preservación de los derechos colectivos del actor, nunca ni de forma más somera tuvo ningún cuestionamiento, primero que todo, en que se pretendiera amparar su derecho a la propiedad, pues ese nunca ha sido el objeto de la acción constitucional.”
Agregó que: “Refulge como contradictorio, que el a quo haya centrado el análisis concreto del caso en la premisa según la cual no es susceptible de la protección constitucional deprecada por el actor, por cuanto no se trata de un interés colectivo, sino de una protección al derecho a la propiedad, pese a la nutrida prueba documental que se acompañó al plenario, toda ella indicativa de que el peligro que amenazaba los inmuebles del actor, devenía de las fuerzas de la naturaleza, por la acechanza del caudal incontenible de la Quebrada Manizales.”
En el mismo sentido expuso:
“De otra parte, como se ha querido develar en la providencia objeto de confutación, que el actor pretendería obtener la protección, a través de la acción popular, de su derecho a la propiedad, no solo es infundada dicha aseveración, sino que existe prueba fehaciente y debidamente incorporada al plenario, que no tuvo ningún examen por parte del Honorable Tribunal, que a no dudar los entes accionados quebrantan el derecho colectivo a la moralidad administrativa, dado que se le informó al actor, que le sería construido el muro de contención, con sujeción a los recursos públicos habilitados de la fuente presupuestal que emanaba del Fondo Nacional de Calamidades subcuenta COLOMBIA HUMANITARIA, en el marco del fenómeno de la niña 2010-2011, y del contrato No. 103-2011, es decir, debió existir una presunta apropiación presupuestal para la ejecución de esta obra pública, la cual nunca se adelantó, pero infortunadamente este hecho no fue objeto de un análisis concienzudo por parte del Tribunal Administrativo de Caldas, que no sometió a revisión con el rigor que ameritaba, el referido contrato No. 103-2011, y los oficios emanados de las autoridades administrativas y ambientales locales, donde se le aseveraba al actor que la construcción de dicha obra provendría de esa fuente de recursos.”
Por último, afirmó que no se puede pasar por alto que como propietario de los inmuebles, no busca la construcción de obras de ornato o de embellecimiento, o a la obtención de lucro, sino proteger su vida y la de sus moradores como valor máximo ambiental, frente a la fuerza incontenible de la Quebrada Manizales.
IV.2. Falta de prueba en torno a la invasión de la faja de retiro
A juicio del accionante, es criticable que el fundamento de la decisión del tribunal lo constituyó el examen de unas fotografías a partir de las cuales infirió que: “SE NOTA QUE LAS CONSTRUCCIONES DE LA DEMANDA ESTÁN A POCA DISTANCIA, MUCHO MENOR A 15 M DE LA ORILLA DE LA QUEBRADA, POR LO QUE SE VISLUMBRA QUE INVADEN LA FAJA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA.”
Desde su punto de vista, la respuesta a este interrogante, permitiría concluir que es imposible inferir con el sólo análisis de unas fotografías, cuál sería la distancia entre dos puntos objeto de observación, salvo que dichas fotografías hubieran sido capturadas con imágenes panorámicas o tridimensionales para definir distancias entre puntos seleccionados de la imagen, lo cual no sucedió en el caso concreto.
Afirmó que frente al dilema que se plantea el tribunal, consistente en si ordena las obras pedidas para proteger las extensiones de los inmuebles que ocupan la faja de protección por un periodo inferior al estándar ambiental, o si ordena el respeto de la faja, no se puede dar por sentado que el inmueble ocupa la franja de protección a partir de exámenes tan ambiguos como la visualización de unas fotografías, donde brilla por ausencia una inspección judicial al lugar de los hechos, la cual hubiera sido más expedita.
Indicó que fue a partir de la contestación a la demanda donde las entidades accionadas empezaron a entrever que él presuntamente había invadido la franja de retiro, la cual no podría ser inferior a 30 metros. No obstante, dichas autoridades en ningún momento remitieron la prueba de tales infundadas aseveraciones.
Echó de menos que el Tribunal de Caldas no hubiera accedido al decreto de la prueba consistente en la Inspección judicial, deprecada por el actor en la demanda, con el fin de: “establecer el estado de los predios identificados con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-7060, donde se encuentra funcionando el establecimiento denominado HOTERÍA LA TÍA, y el identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-131006, donde funciona la empresa MANTUBERÍAS LTDA, ambos de propiedad de mi mandante”, y donde solicitó que “dicha inspección judicial sea realizada en compañía de peritos o técnicos de la Unidad de Gestión del Riesgo, de la Alcaldía de Manizales, y de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS.”
También afirmó que: “
“Y con mucho más antagonismo lo es, que se aluda en el fallo objeto de la confutación, que la causa precisamente de la socavación progresiva por el accionar incontenible del agua, se derive de la irregularidad al construir a menos de 15 metros de la franja de retiro, sin ofrecer alguna prueba que brindara certeza o total aserto, que itero, debió apoyarse en un concepto técnico que no ofreciera dudas, o en una Inspección Judicial decretada por el despacho, o bien en medios de convicción fotográficos, de donde se pudiera desprender tal deducción, que debía adolecer de precisión, o por lo menos con una probabilidad matemática, y no con una simple inferencia, como se deja entrever, a partir de una deducción que emana de las propias palabras del Tribunal, donde se afirma que "SE NOTA QUE LAS CONSTRUCCIONES DE LA DEMANDANTE ESTÁN A POCA DISTANCIA..", juicio de valor que carece de cualquier asidero técnico, en claro detrimento del debido proceso del actor, y por contera, que adolece de clara violación del principio de congruencia.”
IV.3. Fallo extra petita
Manifestó que el tribunal profirió un fallo extra petita sin soporte técnico, pues él no había solicitado reformar su propia edificación para no invadir la faja de protección sino la construcción de un muro de contención. Tampoco señaló el tribunal (en el evento en que se haya verificado en qué proporción se invadió la faja de retiro) concretamente cuáles son las reformas que debe realizar, lo cual debe ser del resorte de las autoridades administrativas.
IV.4. Falta de valoración de las pruebas en torno a la necesidad de construir un muro de contención
Indicó que al escrito de la demanda anexó comunicaciones, memorandos y oficios suscritos por las entidades demandadas, los cuales daban cuenta a partir de criterios técnicos y de la observación directa que se hizo a los predios en distintas visitas e inspecciones, la necesidad de construir una estructura de contención tipo muro o gaviones revestidos en extensión de 30 metros que ayudara a disipar la fuerza con la que el agua impacta sobre el talud.
En dichas pruebas nunca se indicó que no se autorizaría la construcción de un muro de contención para la protección de sus predios por el hecho de invadir presuntamente la franja de retiro. Todas las comunicaciones y oficios dieron cuenta que se iba a llevar a cabo la construcción del muro de contención.
No obstante lo anterior, explicó que el Tribunal en su fallo omite cualquier comentario, análisis o valoración de dichas pruebas y se circunscribió a la documental allegada por los demandados.
En este contexto, relacionó las pruebas aportadas en su demanda, la cuales darían cuenta de la necesidad de construcción de un muro de contención.
IV.5. Confianza legítima
Aseguró que “acreditó debidamente la existencia de la relación causal entre la imputación de la vulneración al Derecho Colectivo a la Moralidad Administrativa y los hechos generadores de la misma, en el entendido que las acciones u omisiones vulneradoras de tal derecho corresponden al ejercicio de funciones públicas, que no pueden vanamente crearle expectativas, con la presunta ejecución de la obra pública consistente en la construcción de un muro de contención, cercenándole el principio a la confianza legítima.” (Se destaca)
Indicó que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-308-11, estimó:
“La confianza legítima ha de entenderse como la expectativa cierta de que una situación jurídica o material, abordada de cierta forma en el pasado, no sea tratada de modo extremadamente desigual en otro periodo, salvo que exista una causa constitucionalmente aceptable que legitime su variación. En este sentido, esta corporación ha sostenido que "el administrado no es titular de un derecho adquirido sino que simplemente tiene una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente, y en consecuencia su situación jurídica puede ser modificada por la Administración.
Como elemento incorporado al de buena fe, la confianza legítima puede proyectarse en el hecho de que se espere la perpetuación de específicas condiciones regulativas de una situación, o la posibilidad de que no se apliquen exigencias más gravosas de las ya requeridas para la realización de un fin, salvo que existan razones constitucionalmente válidas para ello.”
IV.6. Falta de prueba en torno a la infracción de normas urbanísticas
De acuerdo con el recurrente, de las pruebas obrantes en el expediente, ninguna da cuenta de la presunta infracción de normas urbanísticas, así:
“Produce sí de igual forma asombro, que el mismo Tribunal, en ese momento a través de la Magistrada Patricia Varela Cifuentes, mediante proveído 112 del 28 de septiembre de 2016, haya decretado como prueba de oficio, exhortar a la Secretaría de Planeación del Municipio de Manizales, y a las Curadurías Primera y Segunda Urbana de Manizales, para que remitieran copia auténtica de permisos o licencias expedidas para el levantamiento de construcciones de los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 100-131006 y 100-144704, así como que se indicara si en los aludidos permisos y/o licencias se indicó el deber de dejar franja de retiro, y en caso de que resultara positivo en qué dimensión.
Ni la Secretaría de Planeación del Municipio de Manizales, ni la Curadurías Primera Urbana de Manizales, suministraron información alguna sobre la información deprecada en la prueba de oficio, mientras que mediante oficio CUR Urb2-591-2016 del 11 de octubre de 2016, suscrito por el Arq. GUSTAVO DE J. GUZMÁN ROJAS, Curador Urbano Número Dos (E) manifestó:
“revisados nuestros registros, encontramos que para el predio con ficha catastral 17001010800010376000, fue concedida la licencia de construcción con la Resolución No. 220287-2001, cuyo objeto fue la CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA OFICINAS EN ESTRUCTURA DE DOS PISOS al señor GERMÁN FAJARDO CIFUENTES identificado con la cédula de ciudadanía 14.874.555."
En efecto, obsérvese que el predio en mención sí tiene licencia de construcción, no aparece constancia de haber violentado normas urbanísticas, jurídicas o de edificabilidad, no tiene infracciones de ninguna naturaleza de las autoridades urbanísticas ni ambientales de la ciudad, así como tampoco se les hicieron advertencias o recomendaciones de ninguna clase, en cuanto a construir respetando la franja de retiro, aunque como se ha advertido en varias oportunidades, el actor nunca ha irrespetado normatividad alguna que se relacione con este tenor, y de otro lado, cuando el actor adquiere los inmuebles mencionados, ya se encontraban construidas las edificaciones, al margen se itera, que el punto de discusión nunca ha sido que las construcciones invadan la franja de retiro.
Por las anteriores razones solicita revocar en su totalidad el fallo apelado y, en su lugar, se ordene a los accionados la construcción del muro de contención, o en su defecto, que previa valoración con mayor rigor técnico y la verificación en el lugar de los hechos, se permita deducir cuáles son los fundamentos técnicos y jurídicos que permitan deducir de una manera precisa cuál es la distancia concreta de los inmuebles del actor respecto de la faja de retiro de la quebrada Manizales.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
En auto proferido el 26 de septiembre de 2017, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto respectivo.
Durante el término de traslado, las partes se pronunciaron así:
IV. La Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS, reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la demanda.
En relación con el recurso de apelación, solicitó confirmar el fallo apelado, pues a su juicio, aquél parte de unas premisas equivocadas cuando se hace referencia a la ausencia de rigor técnico, por cuanto el material probatorio allegado al proceso da cuenta de las conclusiones a las que arribó el juez de primera instancia.
Desde su punto de vista, en el plenario está debidamente acreditado la dinámica natural del cauce de la Quebrada Manizales y la existencia de asentamientos humanos en las terrazas aluviales o zonas de inundación del río.
Aseguró que desde el año 2011 ha venido prestando asesoría al Municipio de Manizales como entidad encargada legalmente de las gestiones referentes a la atención y prevención de desastres al tenor del artículo 14 de la Ley 1523 de 2012. También ha prestado apoyo con la realización de las obras y estudios que den solución definitiva a la problemática a la que alude el actor popular, en el marco del rigor subsidiario atribuido a las Corporaciones Autónomas Regionales de conformidad con el artículo 31 ibídem.
Al respecto, relacionó material probatorio que daría cuenta de su diligencia.
En relación con las causas detonantes de la problemática se ha logrado establecer que durante la ocurrencia de las lluvias de intensidad y duración importante se generaron avenidas torrenciales ocurridas en los años 2009 y 2011, por lo que los predios del demandante se encuentran en la llanura de inundación de la Quebrada Manizales, situación que de por sí los hace altamente vulnerables ante la ocurrencia de procesos amenazantes que involucren la dinámica del cauce, al estar ubicados en la franja de protección del cauce, de acuerdo con la Resolución núm. 561 del 30 de octubre de 2012, proferida por CORPOCALDAS.
Tal como se señala en los títulos tercero y quinto de la citada resolución y el Código de Recursos Naturales, estos predios se encuentran dentro de la faja forestal de retiro, así puede observarse en la plataforma del sistema de información Regional SIG-SIR. Dicha información puede ser verificada en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Manizales en el aparte dedicado a las Áreas de Interés Ambiental.
Sobre el punto, allegó gráfico que detalla cómo parte de las construcciones de propiedad del actor invaden la franja de retiro.
Hizo alusión al testimonio del ingeniero John Jairo Chisco, quien manifestó que los predios del demandante se localizan sobre el margen izquierdo de la Quebrada Manizales, zona que por sus características geomorfológicas y torrenciales se ve amenazada por eventos que ocurren sobre la quebrada, respecto de lo cual, no solo ha brindado la asesoría, sino que ha ejecutado obras de mitigación de riesgos por torrencialidad e inundación.
Señaló que los predios del demandante que se localizan al interior de la llanura de inundación de la Quebrada no guardan los retiros prudenciales establecidos en el Decreto 2811 de 1974 o en las Resoluciones 077 de 2011 y 561 de 2012, proferidas por CORPOCALDAS.
También citó, en sentido semejante, el testimonio rendido por la Geóloga Paola Alejandra Vásquez, quien afirma que los inmuebles objeto de discusión se encuentran dentro de la franja protectora.
Aseveró que, con fundamento en lo establecido en el principio de autoprotección en materia de gestión de riesgos y lo establecido en el artículo segundo de la Ley 1523 de 2015, los habitantes del territorio nacional son corresponsables de la gestión del riesgo, deben actuar con precaución, solidaridad y autoprotección, tanto en lo personal como en el uso de sus bienes y deben acatar lo dispuesto por las autoridades.
Expresó que le asiste plenamente la razón al Tribunal, pues claramente el factor determinante frente potenciales situaciones de riesgo para los inmuebles de propiedad del demandante se encuentran circunscritos a la exposición al riesgo, pues las medidas técnicamente viables ya fueron realizadas por CORPOCALDAS en el marco del contrato 103-2011.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Acorde con lo establecido por el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, así como en el artículo 13 numeral 7º del Acuerdo núm. 080 de 2019 proferido por el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en las acciones populares.
VI.2. CUESTIÓN PREVIA - PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR
Uno de los reparos planteados por el recurrente gira en torno a que el tribunal interpretó que la acción presuntamente no era adecuada porque se buscaba la protección del derecho a la propiedad privada, al solicitar la construcción de un muro de contención para salvaguardar las edificaciones que el actor tiene ubicadas en sus predios. Sobre el punto, el accionante sostiene que lo que él busca en realidad es proteger los derechos a la vida y a la seguridad de las personas que habitan las edificaciones que pertenecen a su propiedad.
Sobre el particular, la Sala estima que la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.
Según lo ha señalado la Sección Primera en forma reiterada, los supuestos para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.
Como se observa, un elemento fundamental para la procedencia de la acción popular consiste en que su objetivo sea la protección de los derechos e intereses colectivos que se puedan ver afectados por una acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares.
En este contexto, la Sala encuentra que no fue inadecuada la interpretación que realizó el Tribunal Administrativo de Caldas al estimar en el presente caso que la acción no era procedente para la protección de la propiedad privada pero sí para la protección de los derechos colectivos que se encuentran inmersos.
Lo anterior, en consideración a que, si bien de una lectura de las pretensiones del accionante se observa que él busca la construcción de un muro de contención únicamente para proteger su propiedad privada, lo cual haría en principio improcedente la acción por perseguir la protección de un derecho subjetivo, también lo es que dentro de los hechos de la demanda y las contestaciones se ventila la afectación de los derechos colectivos e intereses colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
En relación con el derecho colectivo al equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, es del caso resaltar que, como se explicará más adelante, las franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua (quebradas, ríos, lagos etc.,) permiten el funcionamiento adecuado de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas, así como del ecosistema propio de esos cuerpos de agua. En consecuencia, la discusión en torno a la invasión o no de la faja de retiro de la Quebrada Manizales tiene una clara incidencia sobre el mentado derecho colectivo pues forma parte del equilibrio ecológico.
En cuanto al derecho colectivo a la protección del espacio público y los bienes de uso público, como se explicará posteriormente, las fajas de retiro de los cuerpos de agua son bienes de uso público respecto de los cuales no es posible adquirir su propiedad.
En lo concerniente a la prevención de desastres técnicamente previsibles, en los hechos planteados por el actor y las pretensiones se busca la construcción de un muro de contención en atención a la presunta amenaza de avalancha de la Quebrada Manizales, riesgo que, de concretarse, ocasionaría un desastre a las edificaciones de propiedad del actor afectando de contera los derechos a la vida y a la salud de las personas que habitan dichas edificaciones.
En conclusión, si bien de una lectura de las pretensiones de la demanda se observa que lo que persigue el accionante es la protección de su propiedad privada frente a una eventual creciente de la quebrada Manizales que la pueda afectar, en los hechos debatidos en el proceso se encuentra inmersa la posible afectación de los derechos colectivos mencionados.
VI.3. ANÁLISIS
En relación con los reparos que plantea el recurrente en el recurso de apelación, la Sala observa que ellos giran en torno a los siguientes puntos.
En primer lugar, el recurrente afirma que no se encuentra debidamente probado que sus edificaciones invaden la faja de retiro de la Quebrada Manizales. En consecuencia, a la Sala le corresponde examinar si es cierto que las edificaciones ubicadas en el kilómetro 13 vía al Magdalena del Municipio de Caldas, donde funcionan la Hostería La Tía y la empresa Mantuberías, invaden la faja de retiro de la Quebrada Manizales.
Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, a la Sala le corresponderá resolver si es procedente proferir un fallo extra petita en una acción popular cuando, a pesar que la demanda se interpone para lograr la construcción de un muro de contención en el margen de una quebrada, en el proceso se prueba que las edificaciones del accionante invaden la faja de retiro de dicha quebrada.
En segundo lugar, a juicio del accionante, no se valoraron las pruebas que dan cuenta de la necesidad de construir un muro de contención para evitar el desbordamiento de la quebrada, pues en varios oficios de CORPOCALDAS se daba cuenta de dicha necesidad. En consecuencia, a la Sala le corresponde resolver si es cierto que se requiere la construcción de un muro de contención en el margen de la Quebrada Manizales a la altura del kilómetro 13 vía al Magdalena del Municipio de Caldas. En caso de probarse lo anterior, a la Sala le corresponde resolver si se vulnera la confianza legítima cuando la administración recomienda la construcción de un muro de contención en el margen de una quebrada y explica que realizará las apropiaciones presupuestales correspondientes, pero no ejecuta obra alguna.
En tercer lugar, el accionante indica que no se encuentra probada la infracción de normas urbanísticas; por el contrario, a él le otorgaron una licencia para construir en la zona y no fue notificado de infracción alguna.
Como quiera que la solución de dichos reparos implica el análisis de los derechos colectivos que se encuentran inmersos, la Sala, antes de abordar el caso concreto, explicará los alcances de los derechos colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Explicado lo anterior, la Sala resolverá cada uno de los problemas planteados a la luz de las probanzas obrantes en el caso concreto y de acuerdo con las normas jurídicas que gobiernan la materia.
VI.4. DERECHOS COLECTIVOS INVOLUCRADOS EN EL CASO
VI.4.1. Derecho colectivo a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la Ley 23 de 19 de diciembre de 1973 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los particulares, y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
La Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el resultado del proceso de investigación científica.
VI.4.2. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
El artículo 82 de la Constitución Política establece que el derecho al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. […]”.
El derecho constitucional al espacio público, examinado en su dimensión autónoma, es de carácter colectivo y puede ser protegido por medio de las acciones populares. Dicho derecho está instituido expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los “Derechos Colectivos y del Ambiente”; además, aparece relacionado en la lista enunciativa que establece el inciso primero del artículo 88 de la Carta como objeto de las citadas acciones populares.
En relación con el concepto de los bienes de uso público, la Sala, en sentencia proferida el 15 de marzo de 2018, aseguró que “son aquellos cuya titularidad pertenece al Estado destinados al uso, goce y disfrute de todos los habitantes del territorio; están sometidos al régimen de derecho público y sobre ellos el Estado ejerce derechos de administración y de policía, con miras a garantizar y proteger su uso y goce común, por motivos de interés general.”
La Corte Constitucional, en sentencia T-566 de octubre 23 de 1992, consideró:
«[…] Son bienes de dominio público que se caracterizan por su afectación a una finalidad pública, porque su uso y goce pertenece a la comunidad, por motivos de interés general (art. 1° superior). El titular del derecho de dominio es la Nación y, en general, las entidades estatales correspondientes ejercen facultades especiales de administración, protección, control y de policía. Se encuentran determinados por la Constitución o por la ley (art. 63 superior). Están sujetos a un régimen jurídico por virtud del cual gozan de privilegios tales como la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, que los coloca por fuera del Comercio […]»
Como puede apreciarse, los bienes de uso público son aquellos cuya titularidad pertenece al Estado y están destinados al uso, goce y disfrute de todos los habitantes del territorio; están además sometidos al régimen de derecho público y sobre ellos el Estado ejerce derechos de administración y de policía.
VI.4.3. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
El artículo 2 de la Constitución Política establece lo siguiente:
“[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
[…]”.
En sentencia proferida el 14 de marzo de 2019, en relación con los alcances de este derecho colectivo, la Sección Primera del Consejo de Estado sostuvo:
“La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas, es por tal motivo que las entidades públicas tienen la obligación de construir un modelo que provea de esas medidas, de manera que sea posible anticipar los riesgos propios a las circunstancias en que se desarrollan las actividades sociales, con miras a reducir la probabilidad de materialización de desastres.
En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser controlados de manera eficiente y eficaz; así debe verse desde la perspectiva de promoción en la que las autoridades estatales adelanten actuaciones, expidan reglamentos o celebren contratos, entre otras manifestaciones, orientadas a adoptar las medidas pertinentes, anticipándose a las calamidades.”
Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida en la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible […]”.
El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación, en cuya jurisprudencia se analizó el alcance de este derecho en los siguientes términos:
“[…] Proclamado por el literal l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública. De ahí que esta Sección haya destacado el carácter preventivo de este derecho haciendo énfasis en su vocación de evitar la consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad, ya no solo naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, tormentas, epidemias, etc.), sino también –cada vez más– de origen antropocéntrico (v.gr., contaminación del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a la salud, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o instalaciones). Pese al talante preventivo de este derecho colectivo, nada obsta para que su amparo pueda presentarse también ante situaciones que ya no solo constituyen riesgos sino vulneraciones concretas de los derechos e intereses reconocidos por la Constitución y la ley a la comunidad y a las personas que la conforman, y que, por ende, ameritan la intervención del Juez Constitucional. En últimas, tanto la prevención como la protección, corrección y restitución de estos derechos frente a situaciones que los afectan constituyen objetivos propios de las acciones populares; a las que, como se mencionó líneas arriba, es inherente una dimensión preventiva, protectora, reparadora y restitutoria de los derechos que amparan.
[…]
Supone, entonces, una Administración Pública activa, técnica y comprometida con la asunción permanente de sus responsabilidades y con el monitoreo constante de aquellos ámbitos de la vida diaria que están bajo su cargo, como presupuesto de la actuación anticipada o preventiva (y también reactiva) que instaura como estándar de sus actuaciones. No se puede olvidar que es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los que son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros. Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales […]” (Destacado de la Sala).
En este contexto, se advierte que el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles está ligado con el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado (artículo 2 de la Constitución Política), consistente en “(…) proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades (…)”.
VI.4.4. La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
El artículo 311 de la Carta Política, preceptúa que: “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. (Negrilla de la Sala).
En desarrollo del mandato constitucional antes nombrado, el literal m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 establece como derecho colectivo la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Sobre el particular, dicho artículo señala que:
“Artículo 4º: Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes”.
Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado:
“Es un derecho colectivo que comporta la obligación impuesta por el legislador tanto a las autoridades públicas como a los particulares, en general, de observar plenamente la normativa jurídica que rige la materia urbanística, es decir la forma como progresa materialmente y se desarrolla una determinada población, asentada en una entidad territorial, bien sea en sus zonas urbanas o rurales, con miras a satisfacer plenamente las necesidades de sus habitantes, dando preponderancia al propósito de mejorar su calidad de vida”.
El Consejo de Estado, en sentencia de 7 de abril de 2011, al fijar el alcance de este derecho, precisó lo siguiente:
“[…] Por urbanismo debe entenderse, según el diccionario de la real academia de la lengua española, lo siguiente: El conjunto de conocimientos relativos a la creación, desarrollo, reforma y progreso de las poblaciones según conviene a las necesidades de la vida humana.
Por consiguiente, el núcleo esencial del derecho colectivo comprende los siguientes aspectos: Respeto y acatamiento del principio de función social y ecológica de la propiedad (inciso segundo artículo 58 C.P.). Protección del espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes. Respetar los derechos ajenos y no abusar del derecho propio (art. 95 numeral 1 C.P.). Atender los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible (art. 3º ley 388 de 1997).
El acatamiento a los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las disposiciones político - administrativas - de organización física- contenidas en los mismos (art. 5º ley 388 de 1997). Cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo; especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros.
Entonces, para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una determinada entidad territorial - bien sea en sus zonas urbanas o rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población…”
VI.5. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS
VI.5.1. INVASIÓN DE LA FAJA DE PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA MANIZALES
Con el fin de resolver el problema concerniente a si se encuentra debidamente probado en el proceso que las edificaciones de propiedad de la parte actora invaden la faja de protección de la Quebrada Manizales, la Sala expondrá de manera previa lo siguiente: 1) Los desarrollos normativos y jurisprudenciales en relación con la protección de las fajas de retiro que rodean los ríos y las quebradas. 2) La relación de las pruebas que demostrarían una invasión de la faja de protección de la Quebrada Manizales. 6) Con base en tales elementos se resolverá el caso concreto.
VI.5.1.2. Marco normativo y jurisprudencial de la faja de protección ambiental
El artículo 137 del Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre 1974 establece una protección especial de las fuentes, cascadas, lagos y otras corrientes de agua naturales o artificiales. Su tenor literal es el siguiente:
“[…] ARTICULO 137. Serán objeto de protección y control especial:
a). Las aguas destinadas al consumo doméstico humano y animal y a la producción de alimentos;
b). Los criaderos y hábitats de peces crustáceos y demás especies que requieran manejo especial;
C. las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas, naturales o artificiales, que se encuentren en áreas declaradas dignas de protección.
En los casos previstos en este artículo se prohibirá o condicionará, según estudios técnicos, la descarga de aguas negras o desechos sólidos, líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o domésticas. […]” (Resaltado fuera de texto original)
El Decreto Ley 2811 de 1974, “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, prevé en su artículo 83 lo siguiente:
“ARTICULO 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
a). El álveo o cauce natural de las corrientes;
b). El lecho de los depósitos naturales de agua.
c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres;
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares;
f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas;”
El artículo 14 del Decreto 1541 de 1978, “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973”, establece:
“ARTICULO 14. Para efectos de aplicación del artículo 83, letra d, del Decreto - Ley 2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos procederá, conjuntamente con el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA-, a delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla de la titulación. Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la zona a que se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra d, del Decreto - Ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho.”
A su turno, el Decreto 2245 de 19 de diciembre de 2017, en su artículo 2.2.3.2.3A.2., definió la ronda hídrica de la siguiente forma:
“[…] Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.
Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia" […].”
En esta misma línea, el Decreto 1449 de 27 de junio de 1977, dispuso, en el literal b) del numeral 1.º del artículo 3.º, que son Áreas Forestales Protectoras la faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas o a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos.
La Sección Primera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en torno a la protección especial que requieren las fajas de protección aledañas a los cauces de los ríos, quebradas, fuentes entre otras.
En fallo proferido el 14 de marzo de 2019, la Sección Primera examinó si se vulneraban los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, en relación con unas casetas construidas en la ronda hídrica de una fuente de agua.
En relación con el punto que interesa para el caso concreto, se expuso lo siguiente:
“Normativa referente a la delimitación de las zonas paralelas a los cauces de los ríos
(…)
1. Esta protección especial se fundamenta en que las franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua permiten el funcionamiento adecuado de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas, así como del ecosistema propio de esos cuerpos de agua.
2. Dicho carácter permite a las autoridades imponer una serie de limitaciones a los propietarios de los predios donde existan rondas hídricas por razones de interés general y para salvaguardarlos como bienes de importancia ambiental. En efecto, para prestar servicios de turismo, recreación o deporte en corrientes y otros depósitos de aguas de dominio público, el artículo 103 del Decreto Ley 2811 de 1974, consagró la obligación de obtener concesión. Asimismo, su artículo 104, precisó que la ocupación permanente de playas solo se permitirá para efectos de navegación y la transitoria requiere permiso.
3. Además, por sus características, esta zona es de dominio público; en consecuencia, está por fuera del comercio, no se puede adquirir por medio del trascurso del tiempo en virtud de la posesión y no puede ser objeto de adjudicación.
4. En efecto, el artículo 14 del Decreto 1541 de 1978, señala:
“ARTICULO 14. Para efectos de aplicación del artículo 83, letra d, del Decreto - Ley 2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos procederá, conjuntamente con el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA-, a delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla de la titulación.
Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la zona a que se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra d, del Decreto - Ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho.” (Resaltado fuera de texto original)
5. Por ello, esta Sala ha admitido que las rondas hídricas y las zonas de manejo ambiental “[…] son susceptibles de protección constitucional mediante la acción popular cuando se vea amenazado o vulnerado en relación con el derecho colectivo relativo al uso y goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. […]” (Resaltado del texto original).
Como se observa, de las normas y de la jurisprudencia transcrita con antelación, se extrae lo siguiente:
1. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.
2. La ronda hídrica comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.
3. Son Áreas Forestales Protectoras la faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas o a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos.
4. Las franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua permiten el funcionamiento adecuado de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas, así como del ecosistema propio de esos cuerpos de agua.
5. Por sus características, esta zona es de dominio público; en consecuencia, está por fuera del comercio, no se puede enajenar ni adquirir por medio del trascurso del tiempo en virtud de la posesión, tampoco mediante accesión.
7. Esta zona es susceptible de protección constitucional mediante la acción popular cuando se vea amenazada o vulnerada en relación con el derecho colectivo relativo al uso y goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
VI.5.1.3. Pruebas que demuestran la invasión de la faja de protección en el caso concreto
En relación con las pruebas que acreditan la invasión de la faja de protección de la Quebrada Manizales, se destacan las siguientes:
Fotografías aportadas por la parte actora donde se observa el paso de la Quebrada justo al lado de unas construcciones, la cuales se ven averiadas.
Oficio UGR 1545 de 4 de noviembre de 2014, en el cual el Director Técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo y el Secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Manizales le informan a la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Manizales que:
“Como consecuencia de los procesos urbanísticos desorganizados que se han dado en la zona, las edificaciones del sector se han ido ampliando con dirección de la quebrada ocupando paulatinamente la faja de retiro o de protección que se debe conservar con respecto a cualquier tipo de cauce o quebrada, de igual forma se ha ocupado la franja de inundación de la quebrada Manizales sin tomar ninguna medida preventiva para evitar la acción de las crecientes.
En el caso particular de los predios del señor Julián Andrés Gil éste sistemáticamente construyó sobre la faja de protección de la quebrada sin conservar un retiro mínimo como lo establecen las normas ambientales entre ellas las dispuestas por las Corporación Autónomas Regionales.
Con relación a las actuaciones adelantadas por el Municipio de Manizales vale la pena señalar que este ente territorial conjuntamente con la Corporación Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS adelantó obras de mitigación y corrección de cauces entre las que se destaca la construcción de dos diques para la retención de avalanchas, de igual forma se realizaron labores de dragado en varios trayectos de la quebrada Manizales con el propósito de encausar la quebrada nuevamente en los sitios donde se presentó migración del cauce por acumulación de material de arrastre sobre el lecho de la misma; todas estas obras fueron encaminadas a evitar la afectación de las edificaciones construidas al borde de la quebrada, entre ellas las del señor Julián Andrés Fajardo Gil.
Con relación a la construcción de un muro de contención en los predios del señor Julián Andrés Fajardo Gil es pertinente señalar que por tratarse de predios particulares corresponde en primera instancia a los propietarios de los mismos ejecutar las obras pertinentes, teniendo en cuenta que tales medidas se debieron prever y adoptar al momento de construir las edificaciones al borde de la quebrada y que además se usufructúan del mismo. (Se destaca)
Planos e imágenes aportado por CORPOCALDAS obrantes en el escrito de contestación a la demanda donde se aprecia el recinto del Pensamiento y la Hostería la Tía así:
Detalle de la ortografía de Manizales, sector de ingreso al Reciento del Pensamiento en el cual se indica: “la capa de retiros a cauces (franja sombreada), es superpuesta a la capa de predios. Se observa que todos los predios de este sector (delimitado por líneas) se encuentran dentro de la faja de retiro que debe respetarse con respecto al cauce de la Quebrada Manizales. Fuente: Sistema de Información Ambiental SIG-SIR. (Se destaca)
Memorando 800-102 de 8 de enero de 2016, en el cual el Subdirector de Infraestructura Ambiental de COPORPOCALDAS informa que frente a la construcción de una estructura de contención en el sector conocido como Hospedaje la Tía, se puede determinar que:
“La Corporación no ha llevado a cabo ninguna intervención reciente en el lugar. (…) Como se ha mencionado en otros documentos, la ejecución de obras de contención en la Quebrada Manizales en los últimos años han correspondido a la protección de la infraestructura del Interceptor de la Quebrada Manizales, el cual es un bien de uso público, construido con recursos públicos y que está determinado en el marco del Plan de Saneamiento Ambiental de la ciudad de Manizales, y que tiene como propósito fundamental, la descontaminación de la fuente hídrica más importante de la ciudad. Es muy importante no perder de vista el hecho de que las edificaciones ubicadas en el sector NO respetan la faja de retiro contemplada en la Resolución 561 de 2012, en la cual se fijan los lineamientos para demarcar la faja de protección de los cauces naturales de las corrientes urbanas y las reglas para su intervención, emitida por COPORCALDAS.” (Se destaca)
Visita técnica efectuada por la Alcaldía de Manizales, por parte del técnico Operativo Eledardo Ramírez Loaiza, adjunta al Oficio DSOPM 815 Rad 2818 fechado el 4 de diciembre de 2009, la cual muestra unas fotografía que denotan el deterioro del sector Kilómetro 13 vía Magdalena, Mantubería LTDA, se observan cimentaciones, escombros y ropa tendida justo al lado de la Quebrada. En dicho informe se señala:
“Se realiza visita al lugar solicitado y se encuentra una franja de talud de 40m comprendida entre el local de Mantuberías y un hotel adyacente, se observa la reciente eliminación de gran parte de la cobertura vegetal permitiendo la visualización de algunos desechos y una pendiente de 45º. Dicha franja hace parte de la ronda de la Quebrada Manizales, la cual presenta una socavación progresiva por cuenta del accionar constante del agua y el ángulo con el que ésta golpea. Con el tiempo y las crecidas súbitas en temporada invernal podría comprometer la Estabilidad del resto del talud y de las construcciones que se encuentran sobre este. Sobre la corona del talud se encuentran una recámara y según indicaciones de los solicitantes paralela a la quebrada corre una tubería de alcantarillado. (Se destaca)
Testimonio de la Geóloga Paola Alejandra Vásquez Cardona, especialista en evaluación integral de impactos ambientales, servidora pública de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de CORPOCALDAS en relación con los trámites relacionados con ocupación de cauces, fajas protectoras, licencias ambientales y recursos hídricos. De dicho testimonio se destacan los siguientes apartes:
“PREGUNTADA: Bríndenos un relato acerca de la situación presentada en los hechos de la demanda. RESPUESTA: En relación al caso, la Corporación ha venido trabajando el tema de fajas forestarles protectoras como un determinante ambiental que está soportado en la normativa en cuanto a unos lineamientos para el manejo de temas ambientales que luego deben ser adoptados en el Plan de Ordenamiento Territorial (…) En este caso hemos emitidos conceptos donde remitimos cuáles son las cartografías para cada punto. De este caso, emitimos la cartografía y se ubicó el predio como esta área definida como faja forestal protectora. PREGUNTA: Usted ha visitado personalmente los predios. RESPUESTA: Si los conozco. PREGUNTA: ¿Cuándo pudo conocerlos? RESPUESTA: En el marco de la atención, como le mencionaba nosotros montamos las ficha catastrales y generamos los planos pero por tema de visita, como este sitio queda tan cerca del recinto el pensamiento y hemos atendido otra situación allí por la torrencialidad del drenaje pues conocemos el sitio. PREGUNTADO: ¿Puede describirnos las características físicas de estos inmuebles? CONTESTADO: De estos inmuebles precisamente, voy a referirme a que los inmuebles en este caso están ubicados dentro del área de la faja forestal protectora, cabe resaltar que este determinante ha sido definido por condiciones geológicas, hidrológicas y tema que se trata ribereño, como el resultado de estos tres retiros es lo que da la faja forestal protectora, ahí en ese sitio el cauce es muy estrecho y pues hemos conocido los casos que han sucedido allá en la quebrada de torrencialidad, es decir, lo cauces que son torrenciales son aquellos que a simple vista pueden parecer muy sencillos, muy pequeños pero todo el material que baja de la parte alta de la pendiente es pues arrastrado a la zona, y por eso requieren una zona aledaña de protección. (…) PREGUNTADO: ¿Teniendo en cuenta el conocimiento que tiene usted en los predios y las edificaciones que allí se levantan, díganos por favor si esas edificaciones están ocupando las franjas de retiro? CONTESTADO: De acuerdo con la cartografía que levanta la COPORACIÓN si, y de igual manera en campo uno los ubica muy cerca lo que podríamos llamar la lámina de agua porque se podría decirse que están dentro del área como cauce, que es esa área de crecientes ordinarias.
(…)
INICIAN PREGUNTAS POR PARTE DEL APODERADO DE CORPOCALDAS: (…) PREGUNTADO: ¿Doctora Paola podría precisar usted si lo conoce y lo recuerda, a cuánto se encuentran establecidas las edificaciones que usted se refirió que se presentan en la zona de la ribera del cauce o área de inundación? CONTESTADO: Bueno revisando la cartografía verificamos que estas fichas catastrales se ubican dentro de toda la faja forestal e inclusive dentro de la zona que uno puede llamar como cauce, es por donde fluye el material por una creciente ordinaria, es decir que si por allí por la quebrada baja material de la parte alta puede llegar hasta las inmediaciones de las edificaciones. PREGUNTADO: ¿Doctora Paola es posible que a partir de obras pueda garantizarse la eliminación del riesgo en ese sector en específico donde se encuentra ubicado esas edificaciones que usted misma viene haciendo alusión? CONTESTADO: Las obras y pues en Manizales lo conocemos muy bien, la ciudad trabaja mucho sobre el riesgo con obras pero la definición de construir obras o no o sea la determinación de construir obras o no dependerá de este análisis, en este caso como las edificaciones están ubicadas dentro de la faja forestal pues obviamente las obras no me van a dar una respuesta muy efectiva puesto que no voy a mitigar la situación de riesgo. PREGUNTADO: ¿Doctora Paola, conoce usted puntualmente en la zona aledaña, aguas arriba o aguas abajo se han tomado medidas de obras como usted misma lo ha mencionado puntualmente que vayan a dirigir o controlar en alguna medida la torrencialidad que usted refiere que tiene ese cuerpo de agua? CONTESTADO: Bueno, la quebrada Manizales es un sector bien habitado y tiene sectores importantes de la ciudad como es la zona industrial y allí frente a todas las situaciones de torrencialidad que han ocurrido se construyeron unas obras en la parte media, pues un sector más arriba del sector que estamos tratando, que son unos diques que son para controlar pues restos de sedimentos, para retener un poco los sedimentos que pueden depositarse aguas abajo, son obras como lo dije ahora estructurales, o sea buscan mitigar un riesgo y están ubicadas en un sector donde diría uno beneficiaría aguas abajo a todo lo que existe allí, son obras que buscan un objetivo general, mitigar, es decir, es evitar que todos estos sedimentos que baja la quebrada por sus condiciones naturales vayan a depositarse en todos los predios que han de ubicarse ahí y aguas abajo, o sea, ya se han construido obras estructurales y se han aplicado también medidas no estructurales, la quebrada Manizales tiene un plan de acción inmediato que tiene acciones como vincular a la gente de la comunidad, que tengan un conocimiento del riesgo, que sepan trabajarlo, inclusive la Quebrada Manizales tiene un sistema de alertas tempranas en la parte de cuenca alta existen unas minas, hay una comunicación entre ellos, pues gracias a esto se ha podido avisar a la gente de abajo para evitar problemas más desastrosos. PREGUNTADO: ¿Doctora Paola, podría precisar al despacho si lo recuerda, cuánto y cuáles estudios ha realizado la Corporación Autónoma Regional de Caldas para determinar esas condiciones que usted ha referido en el curso de esta audiencia? CONTESTADO:
Como determinante ambiental para el país se empezó a trabajar un concepto de rondas hídricas aunque es un tema que viene desde el año 74 en el Código de los Recursos Naturales en cuanto a fajas forestales protectoras, en el código habla de un retiro de hasta 30 metros definidos a partir de la línea de cauce que es hasta donde pasa un creciente ordinaria y que sería terrenos que estarían dedicados a bosques, porque la misma vegetación evita que cuando venga una creciente afecte mucho menos las márgenes, ese es un concepto que viene desde hace mucho antes, luego en el plan de desarrollo anterior se recorrió el tema de rondas hídricas para empezar a trabajar el tema de las fajas forestales protectoras que es un símil de rondas hídricas, buscando dar alternativas a esta situación, obviamente sin olvidar que ya los terrenos ya tenían ciertas actividades pero por eso lo he planteado varias veces en un tema de plan de ordenamiento territorial, se los cuento porque ya los hemos trabajado con otros municipios se puede decir listo, esto es un determinante, este es un insumo para definir qué acciones podemos realizar en estas márgenes de las quebradas porque así está todo el país, debido a esto la corporación en el años 2012 expidió una resolución, la 561 que es donde define que el determinante ambiental y allí fue donde se realizó el primer estudio, un estudio con detalle, que contiene el componente hidrológico, el componente geológico y el componente ribereño, a partir de ahí es donde nos dan la faja nos da variable porque dependiendo las variables de cada sector, así mismo da el retiro, acogiéndonos también a lo que menciona el código de los recursos de hasta 30 metros, no de 30 metros sino hasta 30 metros, aplicando este tipo de criterios, recientemente la corporación realizó otro estudio a más detalle, a partir de imágenes laidar, pero revisando la información en la cartografía nos da muy similar, pues las condiciones no cambian de un estudio otro allí en la zona. (…)
PREGUNTADO: Usted menciona que en la parte superior se realizaron unas obras pero por qué eventualmente no se ubican las mismas en donde se ubican estos inmuebles. CONTESTADO: Como lo comenté anteriormente, estas obras fueron construidas con el fin de beneficiar la mayor cantidad de viviendas posibles, se trata de un dique, que retiene esos materiales gruesos pero debe estar en continuo mantenimiento para que siga cumpliendo esa función. PREGUNTA: ¿Puede presentarse nuevamente los hechos ocurridos en la temporada invernal del año 2011, teniendo en cuenta que ya se han hecho obras, diques, dragados? CONTESTADO: (…) Allí podría presentarse nuevamente estos hechos, por eso hablamos de obras para mitigar, es decir, tratar de suavizar un poco el tema pero ante una creciente superior obviamente se presentaría una situación de estas que así es donde ingresan las medidas no estructurales, es decir, cómo se organiza la comunidad y cómo se aplica todo un criterio de alertas tempranas y cómo en estas zonas no se edifique más. APODERADO PARTE ACTORA: Usted ha tenido conocimiento si se le ha informado al propietario del predio que se encuentra ubicado en una faja forestal protectora. CONTESTA: Bueno, directamente en tema de permisos de ocupación de cauce los usuarios no han hecho ninguna solicitud formal, en la cual nosotros podamos decirles que están en una zona protegida ambientalmente y lo otro es que es información pública, es una cartografía que está en Curaduría donde hace parte a que un determinante ambiental tiene una jerarquía superior al POT entonces es de obligatorio cumplimiento pero específicamente que se le haya avisado al usuario no ha existido el aviso puesto que ellos no han hechos ninguna solicitud formal. (…) PREGUNTADO: Ustedes han tomado cartas sobre el asunto en relación con la presunta ocupación de la faja forestal. CONTESTADO: (…) En este caso, más que el control urbano que le corresponde al municipio, el conocimiento de que hay una invasión de estas fajas se debe empezar a hacer un plan, para saber que vamos a hacer unas edificaciones, pero las competencias de la Corporación llegan hasta la construcción de un determinante ambiental y el acompañamiento del POT con toda la concertación de los aspectos ambientales, entonces ya son pasos a seguir con los barrios y tomar acciones para el bien común. (…)”
Testimonio del Ingeniero Civil con especialización en geotecnia John Jairo Chiscos Leguizamón, Subdirector de Infraestructura ambiental de COPORCALDAS, encargado de coordinar y ejecutar todas las políticas que en materia de gestión del riesgo adelanta la Corporación:
“MAGISTRADA. PREGUNTADO: Háganos un relato detallado y concreto frente a Io que le consta sobre esta situación que se le advierte en los hechos de la demanda. CONTESTADO: Sí, los predios de los demandantes como es bien sabido por todos se localizan sobre la margen izquierda de la Quebrada Manizales, sector conocido como la Zona Industrial del Municipio de Manizales o sector Maltería, zona que por sus características geomorfológicas y torrenciales pues se ve amenazado por eventos que ocurren sobre la Quebrada Manizales, lo cual obviamente CORPOCALDAS en el marco de sus competencias no solo ha prestado, ha brindado la asesoría correspondiente a la entidad territorial en este caso al Municipio de Manizales sino que para la implementación de obras de reducción del riesgo en la zona pues con recursos del Municipio girados por la Nación CORPOCALDAS ha ejecutado las obras de mitigación de riesgos por torrencialidad e inundación a lo largo de esta Quebrada en diferentes puntos de la misma. Como lo dije, en principio, los predios de los demandantes se localizan al interior de la llanura de inundación de esta Quebrada, obviamente no guardan los retiros prudenciales o establecidos por ley a través del Decreto 2811 de 1974 o más recientemente en las determinantes ambientales que en virtud de la aplicación de las Resoluciones 077 del 2011 y 561 del 2012, CORPOCALDAS ha establecido para que sean tenidos en cuenta por todos aquellos ciudadanos del área de jurisdicción de CORPOCALDAS a fin de no exponerse indebidamente a cualquier situación de riesgo asociado a inundación o torrencialidad. PREGUNTADO: Ingeniero usted ha visitado personalmente esos predios. CONTESTADO: Sí su señoría, nosotros, yo personalmente los conozco, de hecho lo más reciente que conozco es las inversiones que se hicieron en el año 2011-2012 con ocasión del fenómeno de la niña, de ese entonces del año 2010-2011, en donde en razón a la declaratoria de calamidad pública a nivel Nacional, el Gobierno Nacional giró unos recursos al Municipio de Manizales y CORPOCALDAS para que se hicieran obras de mitigación de riesgos por deslizamientos, inundación, torrencialidad en diferentes sectores del Municipio de Manizales, concretamente en este sector de la Quebrada Manizales se construyeron obras de control torrencial en razón a los resultados de unos estudios que también se contrataron con los mismos recursos con la firma Quasar Ingeniería, los cuales definieron y determinaron que para mitigar o reducir, no desaparecer completamente el riesgo por torrencialidad, se debía construir unas obras de control en la parte alta de la Quebrada, en la parte alta del sector de Colombit, con aras de reducir el mayor impacto posible a las construcciones localizadas aguas abajo, reducir los impactos frente a crecientes entonces, en razón a ello se construyeron unos diques de control torrencial con recursos del Gobierno Nacional. (….) PREGUNTADO: ingeniero usted ahora en una respuesta dijo que tenían estos predios unas características de torrencialidad, fue lo que dijo. CONTESTADO: no, si lo dije en esos términos me expresé mal, no son los predios sino la quebrada, la Quebrada presenta unas condiciones de torrencialidad dada INTERRUMPE LA MAGISTRADA: qué significa.
CONTESTADO: torrencialidad está muy asociado a la capacidad de transporte que tiene un determinado drenaje y a su vez esa capacidad de transporte está en función de la pendiente longitudinal del cauce, o sea la inclinación del cauce y sobre todo del tipo de formaciones superficiales o suelos, digámoslo así, que hay presentes sobre sus márgenes, en la medida en que un cauce sea de fuerte pendiente pues tiene una alta capacidad de arrastre y en esa misma medida es más o menos torrencial, los cauces de llanura o de valles tienen unas pendientes más bajas allí ocurren otro tipo de fenómenos más asociados a inundaciones lentas o sea un ascenso paulatino del nivel medio (…) se debe tener más cuidado es a las crecientes súbitas que tiene una alta capacidad de transportar bloques de roca de diferente diámetro hasta de diámetro mayores al metro dos metros de diámetro entonces son bloques que son capaz de generar mucho impacto a la infraestructura que está localizada en la zona de inundación de esta Quebrada. PREGUNTADO: toda vez que usted ha visitado personalmente los predios y sabe concretamente de cual estamos hablando, qué le consta respecto a la actividad o uso que se le está dando a esos predios. CONTESTADO: lo que me consta es que los predios están indebidamente ocupando la franja de retiro de la Quebrada Manizales. PREGUNTADO: Con qué actividad o uso. CONTESTADO: Son uso comercial, lo que yo entiendo es que allí hay unos establecimientos comerciales establecidos y están ocupando indebidamente la franja de retiro de la Quebrada Manizales por estar ocupando las terrazas más recientes, o sea las zonas más bajas aledañas a la quebrada Manizales. PREGUNTADO: Quiere decir que esas zonas que acaba de mencionar no son ocupables, porque usted dice que los están ocupando indebidamente. CONTESTADO: Desde ningún punto de vista y a la luz del 2811 del 74 esa zona, la zona aledaña a esta quebrada, una franja paralela al cauce en un ancho de 30 metros deben de estar libres de cualquier tipo de intervención antrópica. PREGUNTADO: Dadas las condiciones y los usos en estos inmuebles, ellos están expuestos a algún riesgo por la cercanía de la quebrada. CONTESTADO: Así es. PREGUNTADO: a qué riesgo por favor si nos describe. CONTESTADO: a un riesgo alto por torrencialidad, si bien las obras que se construyeron en el año 2011 han mitigado ese riesgo, pues obviamente dadas las características de torrencialidad que se presenta en este cauce, pues obviamente el riesgo aún persiste. PREGUNTADO: En el punto concreto donde están estos inmuebles cómo se mitiga ese riesgo de torrencialidad que acaba de exponer, en esos puntos concretos y si es posible mitigarlo. CONTESTADO: la manera más efectiva de mitigar el riesgo dependiendo de las condiciones y del entorno en el que se genere esa situación del riesgo, puede ser bien sea a través de la intervención directa de la amenaza que digamos que en cierta forma se ha logrado con las obras construidas, digámosle 2 kilómetros aguas arriba o en este caso en particular la otra forma de mitigar el riesgo o sería digamos que retirando los elementos expuestos al daño en este caso los inmuebles o la infraestructura localizada en esta parte de la Quebrada Manizales. PREGUNTADO: Ingeniero con anterioridad a la fecha de hoy ese riesgo se ha materializado en esos inmuebles. CONTESTADO: Con anterioridad al año 2011 hubo una serie de crecientes que han afectado de una u otra manera no solo a estos predios sino a otros predios en inmediaciones de la quebrada pero con ocasión de las obras construidas en el año 2011 o 2012 pues ese riesgo se ha mitigado en parte. PREGUNTADO: Qué condiciones naturales se requieren para que se materialice nuevamente el riesgo, que ya de riesgo pase a ser un daño, qué lo generaría naturalmente, hay un riesgo cierto, esa es una zona de riesgo, en qué momento, qué condición natural no sé, de invierno o de sismos o de otra clase, haría que ya pasara a ser un daño concreto.
CONTESTADO: cuando uno habla que, mejor dicho en este momento estamos frente a una situación de riesgo, para que haya riesgo tienen que haber dos elementos claramente establecidos en la ecuación, uno, que haya un evento amenazante, el evento amenazante son las crecientes con Capacidad de destrucción que se pueden generar en la quebrada producto de una determinada precipitación, asociado también a la alta capacidad de transporte de materiales de la Quebrada, producto de deslizamientos que se generen en la Parte alta de la cuenca y dos, el elemento expuesto, cuando esas dos situaciones, esos dos factores “convulcionan” o hace presencia simultáneamente tanto espacial como temporal, se genera digamos que una situación de riesgo y cuando se materializa se genera ya una situación de desastre o un evento ya, mejor dicho, el desastre es la materialización del riesgo. En ese orden de ideas para que allí se presente una situación de riesgo pues obviamente se tiene que generar un evento amenazante, o sea una creciente que de acuerdo a los análisis, adjunto pues a la presente declaración unas manchas de inundación determinadas a partir de la aplicación de modelos hidrológicos e hidráulicos, me determinaron que para una determinada creciente de un periodo de retorno determinado en este caso de 100 más un 40%, me define cual es el área aproximada que se vería afectada o se vería inundada o afectada por esa creciente de ese periodo de retorno, entonces solamente basta con que se presente una fuerte precipitación en la parte alta de la cuenca con la intensidad y magnitud suficiente para generar deslizamientos que aporten material al cauce y que posteriormente el cauce por su alta capacidad de transporte, transporte o evacue estos materiales hacia la parte baja impactando las infraestructuras allí. Si bien esas crecientes están hoy en día mitigadas con las obras de estabilidad, de control torrencial construidas arriba de este sitio, pues obviamente digamos que aún persisten unas condiciones de riesgo que en ningún caso van a desaparecer, por eso le decía yo ahora que una de las formas efectivas para que ese riesgo desaparezca pues es retirándose uno de esa exposición indebida a un evento amenazante.
(…)
PREGUNTADO: ingeniero pues en respuestas anteriores se ha ventilado que el actor como propietario de esos predios, ya determinados acá, ellos han invadido la faja forestal protectora o en otras palabras también se ha mencionado que ellos invaden esa franja de retiro, un tema más técnico que usted me corregirá, usted dice que usted realizó una visita y usted recibió informes y recomendaciones de ingenieros pues al servicio de CORPOCALDAS, en esas visitas, en esos informes se hace expresa alusión a esa mención sobre esa invasión de esa franja de retiro, siendo así qué acciones se tomaron, qué se le dijo a los propietarios. CONTESTADO: como puede desprenderse de la lectura de los oficios antes citados, tanto del 01602 como el de marzo del mismo año, pues obviamente no se menciona nada sobre la ocupación de los predios en relación al retiro o no prudente a la quebrada Manizales, si bien no se menciona es un hecho cierto que dichos predios están ocupando esa llanura de inundación toda vez que en las modelaciones, los estudios que se han hecho, las modelaciones que incluyen esos estudios pues obviamente denotan que esos predios están dentro de esa llanura de inundación, de hecho para el año. INTERRUMPE LA MAGISTRADA: perdón ingeniero pero la pregunta en concreto es si se les puso de presente esa situación al propietario como tal. CONTESTADO: no su señoría porque digamos que para la fecha en las cuales se hicieron las visitas a esos predios pues ya esta infraestructura de los demandantes ya estaba consolidada, luego no es menester de CORPOCALDAS entrar a advertir algo que se debió tener en cuenta al momento de entablar o establecer este tipo de infraestructura unos años atrás en este sector, eso se debió haber tenido en cuenta por parte de los interesados al momento de tramitar el respetivo uso del suelo y licencia de construcción que no se hace ante CORPOCALDAS sino ante el municipio de Manizales, luego no era del caso advertir de una situación que para la fecha es obvia. (…) de acuerdo a las modelaciones más reciente y los estudios de tipo hidrológico e hidráulico de la quebrada advierte que los predios se van a ver afectados por crecientes pese a que en la parte alta estuvieran esas obras de control torrencial, sino estuvieran esas obras, la situación sería mucho más grave, esas obras de buena manera han contribuido a la mitigación del riesgo pero no lo han desaparecido. (…) PREGUNTADO Ingeniero usted considera que a efectos de determinarse de alguna manera oficial, porque proviene de una autoridad ambiental como Corpocaldas, que esos predios digamos están invadiendo esa franja de retiro, basta con la certeza de afirmarlo o es mandatario que ustedes como autoridades ambientales tenga que poner en conocimiento, no solo al propietario a efectos de mirar la integridad física de las personas y de las instalaciones como tal y colocarlo en conocimiento de autoridad pertinente, porque no limita la foliatura digamos con información al respecto pero no me voy a ir más allá del expediente, pero basta con la afirmación o ponerlo en conocimiento, todo que no obra en la foliatura en ningún mención a hechos de esa naturaleza? CONTESTADO:
El proceder de Corpocaldas como entidad asesora en materia del gestión del riesgo, acompaña, asesora a las entidades territoriales como en este caso al municipio y al departamento, en la implementación de actividades encaminadas no solo al conocimiento del riesgo como este determinado de estudios, sino también a la implementación de acciones de estructurales y no estructurales, Corpocaldas asesora y acompaña a las entidades territoriales que en últimas los municipios y los departamentos son la base del sistema nacional de atención y prevención de desastres y por tanto y por ley le corresponde a los municipios implementar todas aquellas acciones suficientes y necesarias para no solo identificar los riesgos, en donde se van a presentar la magnitud de los mismos sino establecer acciones no solo estructurales como la implementación de obras sino no estructurales encaminadas a regular el uso del suelo y a como esa regulación del uso del suelo y a cómo esa regulación del uso del suelo se puede convertir en norma urbanística en determinante de urbanismo a fin de que asentamientos en zonas de alto riesgo no se permita establecimiento de infraestructura, ¿Cuál es el deber ser de este tipo de estudios?, este tipo de estudios los hace Corpocaldas como lo dije dentro de su función de asesorar se los entrega al municipio, el municipio los valora y los convierte en norma de ordenamiento territorial los incorpora en su plan de ordenamiento y establece ya una limitantes de intervención de determinadas zonas del territorio en su condición de nivel de amenaza o de riesgo INTERRUPCIÓN DE LA MAGISTRADA: Ingeniero pero concretamente en este caso, entiendo que la pregunta puntual es si se le dio traslado al municipio de la situación que se presenta en los predios. CONTESTA: perfecto seré más breve entonces, en resumen, el deber ser es que primero se le entrega a la autoridad municipal como en este caso el municipio de Manizales, lo incorpora en un Plan de ordenamiento Territorial esta información está disponible en página web para que sea consultado por todos y cada uno de los habitantes del territorio para que sepan a qué tipo de situaciones de riesgo están expuestos, además en el marco del proyecto integral de la gestión del riesgo que se celebró entre la Universidad Nacional y Corpocaldas en el año 2012, se estableció un sistema de alerta temprana para la quebrada Manizales, en el sector de la quebrada Manizales unos 300, 400 metros más abajo del sitio donde se ubican los predios de los demandantes se ubican una estación de alarma, la cual puede ser activada por denuncia o información de los mismos habitantes de la quebrada Manizales, informan al Cuerpo de Bomberos, y el Cuerpo de Bomberos está en capacidad de activar la alarma desde el comando central de bomberos en Manizales en el sector de fundadores, informando a la comunidad para que evacuen preventivamente las infraestructuras, localizado a lo largo de la quebrada Manizales frente a un hecho amenazante que se está presentando en un momento determinado de la quebrada Manizales, ejercicios de esta naturaleza ya se ha llevado a cabo, eso se llaman simulacros, no se si los dueños de los predios habrán o no participado porque estas son actividades de no carácter obligatorio, es de carácter voluntario y preventivo, pero ya se han llevado simulacros en la quebrada Manizales por lo que obviamente la comunidad conoce y sabe que ante una eventual situación de amenaza deber obviamente retirarse de las márgenes de la quebrada Manizales. (...)" PREGUNTA: ¿De manera oficial se le comunicó tanto al Municipio como a los propietarios la situación que se presenta en los predios del actor? CONTESTADO: No se les ofició de manera oficial. (Resaltado fuera del texto)
Como puede apreciarse, de las pruebas expuestas con antelación se extraen las siguientes conclusiones:
En primer lugar, es cierto que las edificaciones de los predios de propiedad de la parte actora, identificados con matrículas inmobiliarias núm. 100-131006, 100-7060 y 100-144704, ubicados en el kilómetro 13 vía al Magdalena del Municipio de Caldas, invaden la faja de retiro de la Quebrada. También es cierto que la faja de protección forestal de la Quebrada de Manizales se encuentra deteriorada.
En segundo lugar, las edificaciones de propiedad de la parte actora se encuentran expuestas a un riesgo de avalancha por crecimiento de la Quebrada y que las obras adelantadas hasta el momento por CORPOCALDAS solamente sirven para mitigar el riesgo, inclusive con la construcción de un muro de contención.
VI.5.1.4. Invasión de la faja de protección en el caso concreto y orden de remoción de las edificaciones
De conformidad con lo anterior, es cierto que las edificaciones de los predios de propiedad de la parte actora, identificados con matrículas inmobiliarias núm. 100-131006, 100-7060 y 100-144704, ubicados en el kilómetro 13 vía al Magdalena del Municipio de Caldas, invaden la franja de retiro de la Quebrada Manizales. Así lo corroboran no solamente las fotografías aportadas por la propia parte actora en las cuales se advierte una muy corta distancia entre las edificaciones y la Quebrada, sino también el Oficio UGR 1545 de 4 de noviembre de 2014, suscrito por el Director Técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo y por el Secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Manizales; los Planos e imágenes suscritos por CORPOCALDAS en los cuales se afirma que todas las edificaciones que se encuentran en el sector invaden la franja de retiro; el Memorando 800-102 de 8 de enero de 2016, en el cual el Subdirector de Infraestructura Ambiental de COPORPOCALDAS informa que las edificaciones del accionante invaden la franja de retiro. Lo anterior es reiterado por los testimonios técnicos de la Geóloga Paola Alejandra Vásquez Cardona, especialista en evaluación integral de impactos ambientales de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de CORPOCALDAS y por el Ingeniero Civil con especialización en geotecnia John Jairo Chiscos Leguizamón, Subdirector de Infraestructura ambiental de COPORCALDAS.
En este orden de ideas, no es acertado, como lo afirma el accionante, que la decisión del tribunal se basó únicamente en unas fotografías, pues lo cierto es que, aparte de dichos medios de prueba, en el plenario también obran otras probanzas que dan cuenta que las edificaciones de propiedad del actor invaden la franja de retiro de la Quebrada Manizales, incluida la zona de protección forestal.
Ahora bien, tampoco es de recibo el cargo consistente en que se debió decretar una inspección judicial en la zona, pues era carga de la parte actora controvertir el auto fechado el 17 de noviembre de 2015, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó la práctica de esa prueba, la cual, por demás, resultaba innecesaria frente al completo acervo probatorio que daba cuenta, con informes y visitas de asesoría técnica efectuadas por la autoridad especializada en la materia (CORPOCALDAS), que los inmuebles de propiedad de la parte actora invadían la faja de retiro.
A lo anterior se suma que, de conformidad con el 84 del Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974), son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Dicha norma debe ser leída en concordancia con las Resoluciones núm. 561 de 30 de octubre de 2012, “por la cual se fijan los lineamientos para demarcar la faja de protección de los cauces naturales de las corrientes urbanas y las reglas para su intervención”; 077 de 2 de marzo de 2011, “por la cual se fijan los lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua localizados en suelos rurales de la jurisdicción de Corpocaldas”; 471 de 30 de diciembre de 2009, “por la cual se define la estructura ecológica principal del territorio de jurisdicción de Corpocaldas” proferidas por CORPOCALDAS, cuyos artículos 2, 2 y 12, respectivamente, establecen que la faja de terreno, de hasta 30 metros de ancho, paralela al cauce natural de la corriente es de propiedad del Estado y que respecto de ella no es posible adquirir su propiedad a través del modo de adquisición del derecho real de dominio denominado accesión. Dicha faja está conformada entre otras, por la faja forestal protectora, la cual es una zona aledaña al cauce o nacimiento de agua en la que debe prevalecer la cobertura vegetal protectora, con el fin de proteger los recursos naturales renovables y brindar otros servicios ambientales.
En este orden de ideas resulta acertada la decisión del a quo, en tanto que la faja de protección o retiro de la Quebrada de Manizales debe permanecer libre de toda intervención antrópica por tratarse del espacio necesario para el correcto funcionamiento del cuerpo de agua y, de acuerdo con el Código de Recursos Naturales, dicho espacio geográfico es de propiedad pública. En consecuencia, la edificación en dicho lugar entraña la vulneración del derecho colectivo a la existencia del equilibrio ecológico y a la protección del espacio público.
Aunado a lo anterior, la Sala también encuentra que de las pruebas relacionadas con antelación se infiere que las edificaciones de propiedad de la parte actora se encuentran expuestas a un riesgo de avalancha por crecimiento de la Quebrada y que las obras adelantadas hasta el momento por CORPOCALDAS son solamente para mitigar el riesgo, incluso si se construyera un muro de contención. De ello dan cuenta los testimonios técnicos del Ingeniero Civil con especialización en geotecnia John Jairo Chiscos Leguizamón, Subdirector de Infraestructura ambiental de COPORCALDAS y de la Geóloga Paola Alejandra Vásquez Cardona, especialista en evaluación integral de impactos ambientales de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de CORPOCALDAS.
En este escenario, se configura también una violación del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, lo cual refuerza aún más la orden consistente en la remoción o modificación de las edificaciones del actor que invaden la zona de retiro de la Quebrada Manizales, pues su ubicación no solamente afecta las normas ambientales y de protección del espacio público sino que también pone en riesgo la seguridad de las personas que habitan en ese sector ante la inminencia de una avalancha de la Quebrada Manizales, lo cual afecta el derecho colectivo a la prevención de desastres técnicamente previsibles.
Por lo anterior, la Sala confirmará la orden consistente en que las edificaciones de propiedad de la parte actora deben ser reformadas de tal forma que la zona de retiro de la quebrada quede libre de toda intervención antrópica.
Sobre este punto, la parte recurrente indica que no conoce cuál es la proporción de sus edificaciones que invaden la faja de retiro, pues esto no se indicó en el fallo apelado. La Sala le haya la razón, pues del análisis de los informes técnicos citados previamente no se indica con exactitud cuál es la porción de las edificaciones de propiedad del accionante que invaden la faja de retiro; por ende, en el fallo apelado tampoco era posible determinar la porción exacta de la edificación que debe ser adecuada.
Por este motivo, la Sala modificará el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de ordenar a CORPOCALDAS que debe indicarle a la parte actora cuál es la porción exacta de su edificación que invade la zona de retiro de la quebrada. Igualmente, deberá prestarle asistencia técnica con el fin de que el accionante pueda remover las edificaciones de su propiedad de acuerdo con los requerimientos del sector.
Dicha orden está comprendida dentro de la órbita de funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, como quiera que, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones”, a dicha entidades les corresponde, entre otras funciones, las siguientes:
“(…) 23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación; 24. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental -SINA- y prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE(…)”
Como se advierte, dentro del marco de competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales se encuentra la de brindar asesoría técnica a entidades públicas y a particulares en relación con la preservación del medio ambiente, como lo es, en este caso, la restauración de la faja de protección forestal y de retiro que rodea la Quebrada Manizales en el sector donde la parte actora tiene ubicadas sus edificaciones.
VI.5.1.5. Fallo ultra y extrapetita
Otro de los puntos respecto de los cuales gira el recurso de apelación, es el concerniente a que la acción se interpuso para la construcción de un muro de contención; no obstante, el tribunal fue más allá de lo pedido, y le ordenó al accionante que modificara parte de su propiedad por invadir la franja de protección de la Quebrada Manizales.
Sobre el particular, la Sala manifiesta que no fue inadecuada la interpretación que realizó el tribunal, por cuanto, si bien de una lectura de las pretensiones del accionante se observa que busca la construcción de un muro de contención únicamente para proteger su propiedad privada, también lo es que, dentro de los hechos de la demanda y las pruebas arrimadas al proceso, se advierte la afectación de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, a la existencia del equilibrio ecológico y a la protección del espacio público, razón por la cual, con base en la facultad del juez popular para proferir fallos ultra y extra petita, el a quo sí estaba habilitado para ir más allá de lo solicitado expresamente en la demanda.
La jurisprudencia en materia de acciones populares ha señalado que los jueces pueden extender su competencia y proferir fallos extra y ultra petita en aspectos diferentes a los planteados en el recurso de apelación o en la demanda, con el fin de amparar derechos de especial protección constitucional y por ello en sus decisiones debe primar lo sustancial sobre lo formal, si con ello se garantiza el resguardo de los derechos colectivos.
Al respecto, la Sala ha precisado:
“En efecto, se debe tener en cuenta que las acciones populares poseen una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto son un mecanismo de protección de los derechos colectivos, radicados para efectos del reclamo judicial en cabeza de quien actúa a nombre de la sociedad, pero de los que al mismo tiempo son titulares cada uno de los miembros que forman la parte demandante de la acción judicial.
En consecuencia, como director del proceso, el juez puede conminar, exhortar, recomendar o prevenir, a fin de evitar una eventual vulneración o poner fin a una afectación actual de los derechos colectivos que se pretenden proteger, sin que tal decisión constituya un capricho del juez constitucional. Es así como, un elemento esencial de las acciones populares es el carácter oficioso con que debe actuar el juez, sus amplios poderes y con miras a la defensa de los derechos colectivos.
Así, se ha establecido que es propio del juez de acción popular amparar los derechos yendo incluso más allá de lo pedido por el actor, pues el fin último de este mecanismo no es proteger al demandante, sino resguardar a la comunidad que resulta afectada; debe recordarse que el titular de los derechos colectivos es toda la colectividad, y que tales derechos guardan una relación estrecha con otros derechos como la vida y la salud respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental. Por tal motivo el juez de la acción popular, como garante de los derechos constitucionales colectivos puede, cuando resulte necesario, proferir fallos ultra y extra petita. (…)
En síntesis, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que el juez de acción popular, al declarar la vulneración de los derechos colectivos y protegerlos, puede ordenar remedios que excedan las pretensiones presentadas por el actor popular en la demanda siempre que resulte necesario. En este sentido, en razón a la obligación positiva en cabeza del juez de proteger los derechos colectivos, si en curso del proceso se encuentra probada una circunstancia que vulnera los derechos colectivos y que no fue alegada por el demandante, el juez está facultado para proferir fallos ultra petita y extra petita.” (Se destaca)
En este orden de ideas, tanto en primera como en segunda instancia, cuando el juez advierta o encuentre probada una vulneración de los derechos colectivos pese a que no haya sido alegado en la demanda, o una deficiente protección de los mismos por parte del juez de primera instancia pese a no haberse alegado en el recurso de apelación, aquél se encuentra facultado para apartarse de lo solicitado y proferir un fallo más allá o por fuera de lo pedido, con el objetivo de proteger en la mejor medida de lo posible los derechos constitucionales afectados.
Dicha facultad no es ilimitada, pues a pesar que no se haya solicitado expresamente es necesario que, de conformidad con los hechos y las pruebas allegadas al proceso, se advierta la vulneración de los derechos colectivos. Lo anterior en aras de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa de las partes involucradas con el fin de que no sean sorprendidas en relación con temas y asuntos que no fueron objeto del debate procesal.
En el caso bajo examen, de acuerdo con los hechos de la demanda y las pruebas relacionadas con antelación, durante la primera instancia fue objeto de debate procesal y probatorio el hecho concerniente a que las edificaciones del predio de propiedad de la parte actora ocupaban la franja de protección de la Quebrada. En la contestación a la demanda se puso de presente dicha situación y en la etapa probatoria se allegaron los testimonios que daban cuenta de ello. En este contexto, si la parte demandante tenía alguna inconformidad frente a dicha situación pudo haber planteados sus reparos en la etapa de alegatos de conclusión, como en efecto lo hizo, al afirmar lo siguiente:
“Así las cosas, inocuo resultaría ahora, que las accionadas con el único fin de eludir sus obligaciones, y sus compromisos para el cumplimiento de sus funciones administrativas para con el actor, y por contera violentando el principio de confianza legítima que a éste le asiste, hagan ahora “mutis por el foro”, apelando a argumentaciones que en esencia son procaces, pues carecen de ninguna probanza, vaticinando que no le asiste derecho alguno a que se le construya el deprecado muro de contención, por el hecho de violentar normas urbanísticas, discurso que no resiste una razón de peso, y que por contera, no ha sido probado en la forma más somera.
(…)
Sin embargo, producto de la prueba oficiosa por el contrario, se pudo evidencias, de acuerdo a Oficio (Cur Urb2-591-2016 del 11 de octubre de 2016, suscrito por el Arq. Gustavo de J. Guzmán Rojas, Curado Urbano núm. dos (E) que revisados nuestros registros, encontramos que para el predio con ficha catastral (…), fue concedida licencia de construcción con la Resolución núm. 220287-2001, cuyo objeto fue la Construcción nueva para Oficinas en Estructura de Dos Pisos al señor GERMÁN FAJARDO CIFUENTES”
En consecuencia, aunado a la facultad que tiene el juez popular para proferir fallos ultra y extra petita, la parte actora tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y plantear sus reparos en un asunto que fue debatido durante el proceso, razón por la cual no le asiste razón cuando afirma que no era posible proferir un fallo más allá de lo pedido.
VI.5.2. NECESIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN
El segundo problema de hecho sobre el cual gira la presente controversia, es el relacionado con que, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, era necesaria la construcción de un muro de contención. En aras de resolver dicho reparo, la Sala se permitirá hacer una relación de los medios de prueba que apuntan a demostrar dicha situación y, con base en esos elementos, resolverá el caso concreto.
VI.5.2.1. Pruebas en torno a la necesidad de construir un muro de contención en el sector
Visita técnica efectuada por Eledardo Ramírez Loaiza, técnico Operativo de la Alcaldía de Manizales, adjunta al Oficio DSOPM 815 Rad 2818, fechado el 4 de diciembre de 2009, la cual muestra unas fotografías que denotan el deterioro del sector Kilómetro 13 vía Magdalena, Mantuberías LTDA, se observan cimentaciones, escombros y ropa tendida justo al lado de la Quebrada. En dicho informe se señala:
“Se realiza visita al lugar solicitado y se encuentra una franja de talud de 40m comprendida entre el local de Mantuberías y un hotel adyacente, se observa la reciente eliminación de gran parte de la cobertura vegetal permitiendo la visualización de algunos desechos y una pendiente de 45º. Dicha franja hace parte de la ronda de la Quebrada Manizales, la cual presenta una socavación progresiva por cuenta del accionar constante del agua y el ángulo con el que ésta golpea. Con el tiempo y las crecidas súbitas en temporada invernal podría comprometer la Estabilidad del resto del talud y de las construcciones que se encuentran sobre este. Sobre la corona del talud se encuentran una recámara y según indicaciones de los solicitantes paralela a la quebrada corre una tubería de alcantarillado.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda la construcción de una estructura de contención tipo muro o gaviones revestidos en extensión de 30m, que ayude a disipar la fuerza con la que el agua impacta sobre el talud. Se estima un costo de para dicha obra de $20.000.000. De igual forma se recomienda su inclusión dentro del inventario de necesidades para su ejecución de acuerdo a los recursos y priorización. Nota: No obstante estas recomendaciones se podría solicitar un diseño detallado a Corpocaldas sobre las obras a realizar. (Se destaca)
Oficio DSOPM 815 Rad 2818 fechado el 4 de diciembre de 2009, en el cual la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Manizales le responde petición al accionante, informándole: “Nos permitimos remitirle informe de la visita técnica realizada y manifestarle que las obras que allí se necesitan serán incluidas en el inventario de necesidades para su ejecución de acuerdo a la priorización del Comité Local de Emergencia y la disponibilidad de recursos.
Oficio OMPAD fechado el 6 de mayo de 2011, en el cual la Alcaldía de Manizales le responde una petición a la parte actora en la cual pedía la realización de un muro de contención en su predio. En el oficio le informan al actor lo siguiente:
“2. En cuanto a las obras de mitigación de riesgos de la Quebrada Manizales, me permito manifestarle que el Municipio de Manizales, conjuntamente con CORPOCALDAS y la empresa Aguas Manizales, han presentado al Gobierno Nacional, el proyecto de GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA MANIZALES, que busca, entre otros aspectos obtener recursos para ejecutar obras, en más de 200 sitios críticos en Manizales, tanto del área urbana como rural; Este proyecto fue viabilizado a través de la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, a mediados del mes de abril de 2011, y cuenta con la aprobación y financiación del Fondo Nacional de Calamidades; adicionalmente se cuenta con una contrapartida de CORPOCALDAS, correspondiente al incremento de la sobretasa ambiental.
3. El pasado 25 de marzo de 2011 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 11 (…) de 2011, entre el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Municipio de Manizales, para la ejecución de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades subcuenta COLOMBIA HUMANITARIA, en el marco del fenómeno de la niña 2010-2011; con base en lo anterior, se suscribirá un convenio entre el Municipio de Manizales y CORPOCALDAS, con el fin que esta Entidad sea la ejecutora del proyecto, donde están incluidas las obras en la cuenca de la quebrada Manizales, con lo que esperamos en el corto plazo se inicie la intervención, para la mitigación del riesgo en el sector.
Oficio DSOPM 423 fechado el 16 de mayo de 2011, en el cual la Alcaldía de Manizales le informa al actor: “nos permitimos informarle que este sitio se encuentra incluido dentro de las prioridades para ser ejecutadas con los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta Colombia Humanitaria en el marco del fenómeno La Niña 2010-2011, para lo cual ya se tiene el Convenio Interadministrativo No. 11 de 2011 entre el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y el Municipio de Manizales que permitirá ejecutar a través de Corpocaldas el proyecto de Gestión integral de Riesgo para Manizales.”
Informe técnico fechado el 19 de mayo de 2011, en el cual CORPOCALDAS responde la solicitud de asesoría técnica radicada por el actor el 29 de abril de 2011 con No. 354442, sector posterior a Hospedaje La Tía sobre la Quebrada Manizales kilómetro 13 de la Vía al Magdalena, Municipio de Manizales. El informe es rendido por el ingeniero Santiago Osorio Ramírez, contratista de la Subdirección de Infraestructura Ambiental. En dicho informe se observa una foto que da cuenta de unos cimientos y escombros cerca a la Quebrada, y en el mismo se indica lo siguiente:
“El día 3 de mayo, se realizó visita técnica con el fin de verificar la situación reportada en el km 13 de la vía al Magdalena, a la zona posterior al Hospedaje “La Tía”, en donde a raíz de las crecientes extraordinarias de marzo 21 y abril 13 de 2011, se presentó un proceso de socavación lateral y de fondo del cauce, que arrastró gran parte del depósito terraza aluvial que anteriormente correspondía al área posterior del hospedaje y de las instalaciones industriales.
Esta situación pone en riesgo el Interceptor de la Quebrada Manizales, que recientemente fue instalado en el terreno afectado y que ante nuevas crecientes puede ser socavado y colapsado, así como la infraestructura existente en el predio.
RECOMENDACIONES:
-Construir una protección lateral sobre el tramo que afecta el “interceptor de la Quebrada Manizales” y que coincide con la parte posterior del predio del solicitante. Esta protección consiste en una estructura de contención en la base del talud existente, en gaviones recubiertos en concreto, o un muro en concreto ciclópeo, con profundidad suficiente para evitar su socavación, y altura suficiente para evitar daños durante crecientes. Esta obra será evaluada técnica y económicamente por la Corporación, con el fin de mitigar los problemas presentados.
-Verificar el estado de las bases del puente del Reciento del Pensamiento y proceder a su reparación en caso de socavación.
-Monitoreo permanente del comportamiento de la quebrada Manizales en este sector, para dar aviso oportuno a los organismos de socorro, en caso de continuar el proceso de socavación lateral y de fondo hacia las edificaciones existentes.”
Oficio UGR GED 19031 fechado el 11 de febrero de 2013, en el cual el Director Técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Manizales le informa al actor: “(…) Con relación a su solicitud de realizar un muro de protección lateral en su propiedad nos permitimos manifestarle que en la medida que el Municipio de Manizales cuente con recursos se podrán realizar las obras por usted solicitadas, teniendo en cuenta que la problemática que se observa en su propiedad se extiende también a una gran cantidad de predios ubicados en la franja de inundación de la quebrada de Manizales que demandan de la Administración Municipal soluciones similares.”
Testimonio del Ingeniero Civil con especialización en geotecnia John Jairo Chiscos Leguizamón, Subdirector de Infraestructura ambiental de COPORCALDAS, encargado de coordinar y ejecutar todas las políticas que en materia de gestión del riesgo adelanta la Corporación. En su testimonio indica lo siguiente:
(…) APODERADO DE CORPOCALDAS (…) PREGUNTADO: Ingeniero finalmente podría entrar usted a precisar al despacho si las obras a las que hace alusión puntualmente el informe técnico que se le puso de presente adjunto al oficio que usted suscribió, entra a abordar el estudio de la problemática con base en el estudio de las imágenes Laidar que usted ha explicado anteriormente CONTESTADO: CONTESTADO: No, como lo expliqué en ocasiones anteriores, las recomendaciones que se dan en el oficio núm. 354442 del 29 de abril del 2012, 11 perdón, van encaminadas a mitigar el riesgo sobre la margen izquierda de la quebrada Manizales, concretamente en aras de garantizar o mejorar la protección de una infraestructura del interceptor pero para crecientes superiores que es lo que recomienda la norma, en este caso esta obra resultaría insuficiente desde la óptica del control de inundación de los predios, toda vez que estaría ocupada por esa mayor creciente que se generaría para ese periodo de retorno de 100 años más 40%. Las obras propuestas en el oficio antes referido van encaminadas a la protección de la orilla para periodos de retorno menores a 50 años, por lo tanto no abarca o no evita que los predios de los demandantes se vean afectados con ocasión de una creciente y con un periodo de retorno mayor. (...) APODERADO EL MUNICIPIO. PREGUNTADO: Me surge una pregunta a raíz de la respuesta dada anteriormente, o sea con el informe que se le ha puesto de presente se daban unas recomendaciones y adicionalmente se hicieron unas obras, las obras que efectivamente se hicieron más arriba de los predios de los que hemos venido haciendo mención, esas obras son de mayor magnitud a las recomendadas en el informe y entonces evitan los riesgos que permanentemente se están dando por una creciente eventual, si lo entendí bien. CONTESTADO: Más que evitar, reducir, las obras construidas aguas arriba de Colombit, los diques de retención de crecientes o amortiguamiento de crecientes contribuyen a mitigar el riesgo y son el resultado de unos estudios hidrológicos, hidráulicos y geotécnicos que se hicieron en ese sector en particular, esas obras impactan favorablemente cualquier tipo de infraestructura que se localice aguas abajo, qué es la recomendación que se da en el oficio referido, en el 354442, son obras puntuales, resultado de un diagnostico puntual, de una visita puntual a un sector puntual de la quebrada Manizales, las obras que se recomiendan están encaminadas a protección de una infraestructura, ¿protegen la margen? Si la protegen, para periodos ordinarios, para crecientes ordinarios digámoslo así, para periodos de retorno menores a 50 años, para periodos de retorno mayores pues obviamente en cierta forma lo mitigan las obras construidas aguas arriba en el sector de Colombit, lo que pasa es que la Quebrada no solamente tiene su cauce principal a lo largo de la quebrada como tal, desde Colombit hasta este sector, sino que también le llegan otros drenajes tributarios por donde también pasan crecientes importantes que también le aportan un determinado caudal en un momento determinado o un volumen de creciente producto de deslizamientos en la parte alta de otras micro cuenquitas que son tributarias del cauce principal, pues toda esa situación genera que para un periodo de retorno de 100 más 40% que es el mapa que yo estoy observando y es el que voy a entregar, genera unas condiciones de riesgo por torrencialidad para los predios objeto de los propietarios objeto de la demanda, luego no es que sean incompatibles, lo que pasa es que uno está diseñado para unas determinadas condiciones y las otras están determinadas para otro tipo de magnitud de evento mayor. (…)
De las pruebas relacionadas anteriormente se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. CORPOCALDAS y el Municipio de Manizales recomendaron en dos oportunidades la realización de un muro de contención para mitigar la fuerza con la que el agua impacta sobre el talud y evitar daños a raíz de las crecientes. Así dan cuenta de ello el Oficio DSOPM 815 Rad 2818 fechado el 4 de diciembre de 2009 y el Informe técnico fechado el 19 de mayo de 2011.
2. Las crecientes de la Quebrada Manizales ponen en riesgo el Interceptor que fue instalado en el terreno afectado y, ante nuevas crecientes, puede ser socavado y colapsado, así como la infraestructura existente en el predio.
3. En varias de las respuestas que el Municipio de Manizales le da al accionante en relación con la construcción de un muro de contención, le informan que los recursos para ejecutar las obras que se requieren en el sector serán incluidos en el presupuesto.
4. De acuerdo con el testimonio técnico del Ingeniero Civil con especialización en geotecnia John Jairo Chiscos Leguizamón, Subdirector de Infraestructura ambiental de COPORCALDAS, la construcción del muro solamente sirve para mitigar el riesgo, pero resultaría insuficiente desde la óptica del control de inundación de los predios, toda vez que estaría ocupada por esa mayor creciente que se generaría para ese periodo de retorno de 100 años más 40%. Dicha idea sustenta a su vez la orden del acápite anterior, en el sentido que aparte de la construcción de la obra también se hace necesaria la remoción de la edificación.
VI.5.2.2. Necesidad del muro de contención en el caso concreto
De acuerdo con el análisis probatorio expuesto en el acápite anterior, sí es necesaria la construcción de un muro de contención en la zona en donde se encuentran ubicados los predios de propiedad de la parte actora, básicamente porque la autoridad técnica, competente y especializada en la materia (CORPOCALDAS) lo recomendó y, a su vez, lo hizo el Municipio. Dichas recomendaciones estuvieron precedidas de visitas técnicas efectuadas en el sector, en las cuales se advirtió la necesidad de hacer esa construcción con el fin de evitar los daños que se pueden ocasionar por las crecientes de la Quebrada, la cual, según el testimonio técnico del ingeniero John Jairo Chiscos Leguizamón relacionado en el acápite anterior, “tiene una alta capacidad de transportar bloques de roca de diferente diámetro hasta de diámetro mayores al metro dos metros de diámetro entonces son bloques que son capaz de generar mucho impacto.”
En este punto, la parte accionante alegó que se configuró una confianza legítima, en tanto que en varias oportunidades le informaron que se iba a efectuar la construcción del muro y que se iban a realizar las apropiaciones presupuestales correspondientes.
En relación con los alcances del principio de confianza legítima, en sentencia proferida el 12 de julio de 2018 por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al resolver un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en virtud del Acuerdo de Descongestión por medio del cual se enviaron varios negocios de la Sección Primera a dicha Sección, se expuso sobre el tema que interesa para el presente proceso lo siguiente:
“1.1. Los principios de la confianza legítima y seguridad jurídica
La garantía de la confianza legítima encuentra su origen en la Constitución Política como desarrollo de los principios de seguridad jurídica, consagrados en los artículos 1º y 4, de respeto al acto propio y la buena fe establecido en el artículo 83 de la Carta, el cual dispone que “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.” En ese sentido, está en cabeza de todos los administrados por lo que el Estado está obligado a procurar su garantía y protección.
El Consejo de Estado ha indicado que “El principio de confianza legítima consiste en la expectativa genuina que alberga el particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el ejercicio de una actividad o el reconocimiento de un derecho no sean variadas súbitamente. De acuerdo con ello, este principio se ve defraudado cuando la autoridad produce un cambio abrupto en sus comportamientos y decisiones, cambio que resquebraja la esperanza legítima que el administrado se ha fijado.”
Así mismo, el referido principio ha sido desarrollado como un mecanismo que permite conciliar el conflicto entre los intereses público y privado en aquellos casos en los cuales la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones.
Sin embargo, debe aclararse que la confianza o la buena fe de los administrados no se protegen garantizando la estabilidad de actos u omisiones contrarios al ordenamiento jurídico, pues precisamente, el interés general se presenta como un límite imponiendo el deber a la administración de enderezar los actos u omisiones irregulares, sin atropellar los derechos fundamentales de los asociados, tales como el debido proceso administrativo, para lo cual, por ejemplo, resultaría idóneo otorgar un período razonable de transición a los particulares, con el fin de que los mismos adecuen sus actuaciones conforme al ordenamiento jurídico. En otras palabras, la confianza legítima no puede alegarse para salvaguardar actuaciones que han sido expresamente proscritas por la ley.
En efecto, esta Corporación ha indicado que:
“En virtud del principio de buena fe, surge también la llamada confianza legítima, que exige que el Estado respete las normas y los reglamentos previamente establecidos, de modo que los particulares tengan certeza frente a los trámites o procedimientos que deben agotar cuando acuden a la administración. El principio de confianza legítima exige cierta estabilidad o convicción frente a las decisiones de la administración, por cuanto el ciudadano tiene derecho a actuar en el marco de reglas estables y previsibles. No obstante, eso no implica la inmutabilidad o intangibilidad de las relaciones jurídicas entre los particulares y la administración, pues, de todos modos, la administración puede justificadamente cambiar las decisiones o reglamentos que adopta cuando, por ejemplo, advierte que la actuación del particular es contraria al ordenamiento jurídico… Entonces, en consideración al principio de confianza legítima, las autoridades deben ser coherentes en sus actuaciones, respetar los compromisos adquiridos y garantizar la estabilidad y durabilidad de las situaciones generadas o reconocidas, sin que eso limite las facultades que tiene la administración para modificar justificadamente sus decisiones. Empero, la confianza legítima tampoco ampara las situaciones irregulares o ilegales, por cuanto en esos casos el Estado conserva la potestad de revisar las actuaciones, al punto que puede modificarlas y afectar el derecho adquirido de manera irregular, esto es, en contra del ordenamiento jurídico.” (Negrilla fuera de texto)
Como se advierte, el principio de confianza legítima busca proteger aquellas expectativas razonables que la administración ha generado sobre los administrados respecto de actuaciones llevadas a cabo por aquella, de tal manera que se genera en el administrado la convicción de que determinada conducta o actuación se mantendrá incólume durante el transcurso del tiempo.
En el caso bajo examen se advierte la configuración de dicha expectativa legítima en favor del propietario de los inmuebles, en tanto que en los citados Oficios DSOPM 815 Rad 2818 de 4 de diciembre de 2009 Manizales y OMPAD de 6 de mayo de 2011, proferidos por el Municipio de Manizales se recomienda la construcción del muro de contención y le informan al accionante que los recursos para llevar a cabo dicha obra serán apropiados en el presupuesto. En este mismo sentido, en el Informe técnico fechado el 19 de mayo de 2011, CORPOCALDAS recomienda la ejecución de la obra.
De lo anterior se desprende que hubo un conjunto de actuaciones por parte de la administración por medio de las cuales dio a entender al demandante que ejecutaría una obra pública, la cual era necesaria para prevenir el acaecimiento de un desastre previsible técnicamente. No obstante lo anterior, la administración, siendo competente para ello, no llevó a cabo obra alguna y en los alegatos de conclusión presentados en segunda instancia por CORPOCALDAS indica que la problemática se soluciona quitando las edificaciones expuestas al riesgo.
En este escenario, se configura una expectativa legítima en favor del administrado cuando le indican de diversas maneras que se necesita la construcción de un muro de contención y que se llevarán a cabo las apropiaciones presupuestales correspondientes, pero no se efectúa obra alguna.
Ahora bien, es del caso destacar que la realización del muro de contención se encuentra dentro del marco de competencias de CORPOCALDAS, toda vez que, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, a las Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde, entre otras, las siguientes funciones:
“19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes; 23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;”
Como se aprecia, no resulta ajeno a las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales la ejecución de obras tendientes a la regulación de cauces y corrientes de agua que sean necesarias para el adecuado manejo de las Cuencas Hidrográficas. También le compete control y prevención de desastres, dentro de las cuales se incluyen el manejo de cauces.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que el Municipio de Manizales también tiene precisas facultades en materia de prevención del riesgo en el ámbito de su jurisdicción, y que se encuentra llamado a coordinar con CORPOCALDAS la construcción del muro de contención en el sector.
En efecto, el artículo 1.2 de la Ley 388 de 1997 estableció entre sus objetivos los siguientes:
“[…] El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.(…)” y “(…) Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres […]”.
A su vez, el literal “d” del artículo 10 de la citada ley prevé la necesidad de que los municipios establezcan dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales, en especial en lo que a la zona urbana y su expansión se refiere.
La Ley 715 de 2001 reiteró la responsabilidad de los municipios con respecto a la prevención y atención de desastres dentro de su jurisdicción, así:
“Artículo 76. Competencias del Municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: […]
76.9. En prevención y atención de desastres
Los Municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán:
76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción.
76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos […]”. (Se destaca)
A su vez, la Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, asigna a la administración distrital y municipal, dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la directa e inmediata responsabilidad de la implementación de los procesos de gestión del riesgo y el manejo de los desastres, en los siguientes términos:
“Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública […]” (Se resalta).
Esta Sección ha tenido la oportunidad de abordar ampliamente las competencias de los municipios en materia de prevención de atención y prevención de desastres, y ha sostenido que: “los entes Municipales cuentan con sendas competencias específicas en la prevención y atención de desastres, las cuales pueden ser financiadas con recursos propios, del Sistema General de Participaciones o de otros recursos. Estas competencias no se limitan a las zonas de alto riesgo ni se agotan con la reubicación de asentamientos. (…)”
Así pues, administrativamente, los municipios son las entidades territoriales que ostentan la responsabilidad principal y directa en la prevención y en la atención de desastres; de allí que los alcaldes, como máximas autoridades, son los encargados de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo su conocimiento y reducción, y el manejo de los desastres en el área de su jurisdicción.
En este orden de ideas, en el caso concreto, el Municipio de Manizales deberá coordinar con la Corporación Autónoma Regional de Caldas la ejecución de la obra para la adecuación de un muro de contención en el sector donde se encuentran ubicados los predios de la parte actora, con el fin de conjurar el acaecimiento de un desastre técnicamente previsible, como lo es en este caso una creciente o avalancha de la Quebrada Manizales.
Por lo anterior, en la parte resolutiva del fallo se revocará la orden consistente en negar las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se ordenará la construcción de un muro de contención en la zona donde se encuentran ubicados los predios de propiedad del accionante. La ejecución de dicha obra deberá realizarse entre la Corporación Autónoma Regional de Caldas y el Municipio de Manizales.
VI.5.3. PRESUNTA VIOLACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS
Otro de los puntos objeto de discusión en el recurso de apelación es el concerniente a que la parte actora no ha incumplido las normas urbanísticas, pues a su juicio, le fue expedida una licencia de construcción para hacer las adecuaciones correspondientes en la cual no se le indicó la limitación en torno a una faja de retiro para la quebrada. También asegura que no aparece constancia de haber violado normas urbanísticas, jurídicas o de edificabilidad, no tiene infracciones de ninguna naturaleza de las autoridades urbanísticas ni ambientales de la ciudad.
Para resolver lo anterior, la Sala se permite hacer una relación de las pruebas obrantes en el expediente en relación con este punto, y con base en tales elementos resolverá el caso concreto.
VI.5.3.1. Pruebas en relación con la infracción de normas urbanísticas
Oficio PCU No. 549-2016 por medio del cual el Primer Curador Urbano del Municipio de Manizales informa: “Consultados y revisados los archivos que reposan en este despacho, le manifiesto que no se ha radicado ni expedido ningún tipo de Licencia Urbanística de Urbanización o de Construcción para el levantamiento de construcciones en los predios ubicados en el kilómetro 13 vía al Magdalena identificados así: Predio identificado con ficha catastral (…) y matrícula inmobiliaria No. 100-131006. Predio identificado con ficha catastral No. (…) y matrícula inmobiliaria No. 100-7060. Predio identificado con ficha catastral No. (…) y matrícula inmobiliaria No. 100-144704.”(Se destaca)
Oficio CUR URB 2 591-2016, en el cual el Curador Urbano número 2 de Manizales informa: “Revisados nuestros registros, encontramos que para el predio con ficha catastral 1700101080001037600, fue concedida la licencia de construcción con la Resolución No. 220287-2001, cuyo objeto fue la CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA OFICINAS EN ESTRUCTURA DE DOS PISOS al señor GERMÁN FAJARDO CIFUENTES. Dicho oficio no precisa los términos y condiciones de dicha licencia.
Resolución No. 220287-2001 “por medio de la cual se concede licencia de construcción”, así:
“ARTÍCULO PRIMERO. Conceder Licencia de Construcción al señor GERMÁN FAJARDO CIFUENTES (…), propietario del inmueble localizado en el municipio de Manizales, en predio URBANO localizado en la VÍA AL MAGDALENA Barrio Z. Industrial (INDUSTRIA), con ficha catastral No. (…), cuyos linderos y dimensiones del inmueble se hallan contenidos en la Escritura Pública 2821 de noviembre 8 del 200, en la Notaría Quinta de Manizales, y complementados en el certificado de tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Manizales con fecha Mayo 16 del 2001, según matrícula inmobiliaria No. 100-144704. ARTÍCULO SEGUNDO: La presente licencia tiene por objeto CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA OFICINA EN ESTRUCTURA DE DOS PISOS, en lote existente en la VÍA AL MAGDALENA Barrio Z. INDUSTRIAL (INDUSTRIA), así: (…) Lo anterior de acuerdo con los planos presentados al Segundo Curador Urbano y que fueron aprobados por este Despacho y hacen parte integral de esta licencia. El alcance de la presente licencia se limita a las obras que se describen en la misma. No valida o aprueba construcciones y/o reformas anteriores que no se hayan sometido a revisión en la solicitud que se aprueba con la presente resolución. El titular de la presente licencia deberá respetar los parámetros oficiales establecidos para la cuadra”.
En dicha licencia no se hace referencia alguna a la franja de retiro de la Quebrada Manizales.
Testimonio de la Geóloga Paola Alejandra Vásquez Cardona, especialista en evaluación integral de impactos ambientales, servidora pública de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de CORPOCALDAS en relación con los trámites relacionados con ocupación de cauces, fajas protectoras, licencias ambientales y recursos hídricos:
“(...) PREGUNTADO: ¿Por parte de la autoridad ambiental, en este caso Corpocaldas les otorgó alguna autorización para levantar allí algunas edificaciones? CONTESTADO: No es competencia de la Corporación pues dar este tipo de autorizaciones, pero no hay ninguna autorización relacionada al tema no. (...) PREGUNTADO: ¿Qué conocimiento tiene usted sobre la supuesta condición de riesgo que se produce en la demanda a la que están sometidos estos predios? CONTESTADO: El riesgo como tal se define por una amenaza que la está poniendo el drenaje como tal porque por sus condiciones naturales él es torrencial, cierto el baja material, las viviendas que se ubicaron allí, digamos sin ninguna autorización al arecer porque están mal ubicadas, ningún permiso permitiría ubicar estas viviendas allí, entonces pues obviamente efectivamente pueden existir unos condicionantes de riesgo, que como lo después de una actualización de un POT se verifica a partir de lo que se identifique, qué acciones se deben tomar, si se desestima la urbanización si se reubican las viviendas porque en estos casos, en los temas de riesgo se toman las medidas estructurales y no estructurales, hay muchas medidas que no son estructurales que deberían ser más efectivas como cuales llevar a la comunidad como a las instituciones de llevar un concepto claro de cómo funciona en este caso la Quebrada Manizales, que es una quebrada torrencial y que a partir de ese condicionante habría que definir todas las actividades en la zona y no como de pronto como nos pasa en este caso que como ya tenemos todas unas actividades queremos que la quebrada se acondicione a las actividades que tenemos allí en la zona, que es pues como es sabido que esta zona es bastante urbanizada, es la zona industrial de Manizales, entonces en esos términos es que se define una zonificación de riesgo. (…)
PREGUNTADO POR EL APODERADO DE CORPOCALDAS: ¿Doctora Paola podría precisar de acuerdo a su conocimiento técnico si en la zona conforme a la infraestructura de las estructuras que usted observó presenta la problemática que ha venido aludiendo, desde el punto de vista técnico existe una exposición o situación de riesgo? CONTESTADO: ¿En las obras construidas? PREGUNTADO: En los predios. CONTESTADO: En los predios si, pues allí si existe una complejidad de riesgo por lo que he mencionado, básicamente porque las edificaciones están mal ubicadas con respecto al tema de los condicionantes de la quebrada, eso es lo que genera la problemática. (...) PREGUNTADO: ¿Doctora Paola, conoce usted si los propietarios de estas zonas solicitaron a la COORPORACIÓN le fue solicitada alguna licencia o permiso para la afectación del cauce? RESPUESTA: En este tema la Corporación otorga el permiso para ocupación de cauce, pero en este caso particular para los propietarios de estos predios no existe ninguna solicitud al respecto por parte de ellos. Apoderada Municipio de Manizales: En la respuesta que usted acaba de dar anteriormente manifiesta que podría eventualmente realizarse unas obras de ocupación de cauce, ¿cree que si realizando unas obras de ocupación de cauce eso aminoraría el riesgo de que usted ha dicho en que se encuentran las viviendas por el cauce ante una inminente creciente? CONTESTADO: Bueno, el permiso de ocupación de cauce está concebido en la norma en que los usuarios en vista de una situación problemática pudieran ellos mismos construir una obra y en este caso requieren permiso de la corporación, esa era pues la respuesta que le daba al doctor Jorge Iván porque en este caso ellos no han tramitado nada por estilo, pero como lo mencionábamos anteriormente por todo el predio ubicarse dentro de la faja forestal protectora con obras sería muy difícil mitigar el riesgo que se presente allí en la zona, en este caso se podría decir uno que si se construyeran unas obras, pero no van a mitigar digamos pues toda la afectación que ellos tienen, por todos los condicionantes de la quebrada, por la torrencialidad y porque mirando en la cartografía, la faja forestal abarca la ficha catastral y mucho más en ambas márgenes entonces no se mitigaría la situación.
Planos e imágenes aportado por CORPOCALDAS obrantes en el escrito de contestación a la demanda donde se aprecia el recinto del Pensamiento y la Hostería la Tía así:
Plano riesgo preliminar por inundación urbano AU-17-1, en el cual se indica: “Sección del Plano AU-17-1, incluido en el POT vigente para el municipio de Manizales. El sector de interés (encerrado en elipse), NO se encuentra incluido en zona de alto riesgo por inundación.” (Se destaca)
De las pruebas expuestas con antelación se concluye lo siguiente:
1. Obra una licencia de construcción respecto de uno de los predios de propiedad de la parte actora. Sin embargo, en la misma no se hace mención alguna a la faja de protección de la Quebrada. Dicha licencia tampoco permite determinar el área exacta sobre la cual se autorizó construir.
2. No obra permiso relacionado con alguna intervención que tuviera implicaciones en materia ambiental.
3. De acuerdo con CORPOCALDAS, en el POT de Manizales no se encuentra incluida esa zona como de alto riesgo por inundación.
VI.5.3.2. Valoración de las pruebas en el caso concreto
La parte recurrente afirma que no ha incumplido las normas urbanísticas, pues a su juicio, le fue expedida una licencia de construcción para hacer las adecuaciones correspondientes en la cual no se le indicó la limitación en torno a una faja de retiro para la quebrada. También asevera que no aparece constancia de haber violentado normas urbanísticas, jurídicas o de edificabilidad y no tiene infracciones de ninguna naturaleza de las autoridades urbanísticas ni ambientales de la ciudad.
Sobre el argumento expuesto por el accionante, la Sala observa que, de acuerdo con las pruebas relacionadas anteriormente, según CORPOCALDAS, el POT de Manizales no incluye la zona donde se ubican las edificaciones del actor como de alto riesgo por inundación, pese a que, según el testimonio de John Jairo Chiscos Leguizamón, Subdirector de Infraestructura ambiental de COPORCALDAS, dicha edificaciones se encuentran ubicadas en la llanura de inundación de la Quebrada de Manizales. En la única licencia de construcción que aparece en el plenario no se hace referencia alguna a la faja de retiro.
La Sala advierte que si bien de los elementos de prueba allegados al proceso no es posible determinar una infracción al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Manizales, lo cierto es que sí hay infracción de otras normas relacionadas con el ordenamiento del territorio.
Como se expuso en el acápite sobre la faja de protección de los ríos, el Decreto Ley 2811 de 1974, prevé en su artículo 83 literal d) el carácter inalienable e imprescriptible de aquella faja en un margen hasta de 30 metros de ancho. Así mismo, el artículo 14 del Decreto 1541 de 1978, establece que los predios ribereños no podrán acceder a dicha zona o franja. Luego, independientemente de que la parte actora tuviera una licencia de construcción o que las autoridades no hayan efectuado los controles correspondientes, lo cierto es que tal y como se acreditó en el acápite sobre invasión de la faja de retiro, parte del predio del actor invade dicha zona, lo cual configura una violación del derecho colectivo a la realización de construcciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera organizada.
VI.5.4. COMITÉ DE VERIFICACIÓN
En la sentencia proferida en primera instancia se ordenó la conformación de un Comité de Verificación para el seguimiento al cumplimiento de la sentencia, conformado por el señor Personero del Municipio de Manizales, quien lo presidirá; el demandante; el Director de CORPOCALDAS o su delegado; el Secretario de Planeación del MUNICIPIO DE MANIZALES.
Frente a la conformación de este Comité, el artículo 34 de la Ley 472 preceptúa lo siguiente:
“Artículo 34º.- Sentencia. […]
En la sentencia el juez […] podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo. También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resalta la Sala).
De conformidad con esta norma transcrita, se considera que el juez de primera debe hacer parte del Comité de Verificación con el propósito de que realice seguimiento y adopte las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia.
Por consiguiente, se impone modificar en este punto la sentencia apelada, en el sentido que el juez de primera instancia, esto es, el Tribunal Administrativo de Caldas haga parte del Comité de Verificación, tal como lo ordena el citado artículo 34.
VI.5.5. CONCLUSIÓN
Como quiera que parte de las edificaciones que el accionante tiene construidas sobre los predios ubicados en el kilómetro 13 vía al Magdalena del Municipio de Manizales invaden la faja de retiro de la Quebrada Manizales sin conocerse con exactitud cuál es la proporción de dicha invasión y que las recomendaciones de las visitas técnicas efectuadas por la Corporación Autónoma Regional de Caldas y del Municipio daban cuenta de la necesidad de construir un muro de contención, la Sala confirmará el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas únicamente en las órdenes de los numerales cuatro y siete de la parte resolutiva.
El numeral cuarto será modificado en el sentido de ordenar al señor Julián Andrés Fajardo Gil, que en el término de un (1) año, previo cumplimiento de los trámites para la realización de obras, demuela o reforme parte de las edificaciones que se definan técnicamente por CORPOCALDAS ubicadas en sus predios identificados con matrículas inmobiliarias 100131006, 100-7060 y 100-144704, con el fin que no invadan la faja de protección de la Quebrada Manizales. Para ello, CORPOCALDAS deberá prestarle asistencia técnica e indicar exactamente cuál es la porción de sus inmuebles que invaden la faja de retiro de la quebrada.
El numeral séptimo será modificado en el sentido de ordenar la conformación de un Comité de verificación de cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia, integrado por el Tribunal Administrativo de Caldas, quien lo presidirá; el señor Personero del Municipio de Manizales; el demandante; el Director de CORPOCALDAS o su delegado; el Secretario de Planeación del MUNICIPIO DE MANIZALES. El Comité se reunirá previa convocatoria de su presidente a petición de cualquiera de los miembros e informará por escrito el resultado de cumplimiento de las órdenes dadas en esta sentencia al vencimiento de cada uno de los términos indicados para el efecto.
En lo demás, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la vulneración de los derechos colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Se ordenará al Municipio de Manizales, en coordinación con CORPOCALDAS que, en un término no superior a un (1) año contado a partir del momento en que quede ejecutoriada y notificada la presente sentencia, ejecuten la construcción de un muro de contención en la zona indicada en el Informe técnico fechado el 19 de mayo de 2011, proferido por CORPOCALDAS. Para ello, concurrirán en partes iguales al pago de los costos que se causen y la dirección de la obra estará a cargo de CORPOCALDAS.
Por otro lado, la Sala advierte que no se configuran los supuestos previstos en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del Código General del Proceso para la procedencia de la condena en costas en segunda instancia, básicamente porque no se confirma ni se revoca en su totalidad el fallo proferido por la primera instancia. En consecuencia, no habrá lugar a condena en costas en esta instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 13 de diciembre de 2016, únicamente en relación con las órdenes número cuatro (4) y siete (7), con las modificaciones que se harán en el siguiente ordinal.
SEGUNDO: MODIFICAR las órdenes número cuatro (4) y siete (7) de la sentencia apelada, las cuales quedarán así:
“CUARTO: ORDENAR al señor Julián Andrés Fajardo Gil, que en el término de un (1) año, previo cumplimiento de los trámites para la realización de obras, demuela o reforme parte de las edificaciones que se definan técnicamente por CORPOCALDAS ubicadas en sus predios identificados con matrículas inmobiliarias 100131006, 100-7060 y 100-144704, con el fin que no invadan la faja de protección de la Quebrada Manizales. Para ello, CORPOCALDAS deberá prestarle asistencia técnica e indicar exactamente cuál es la porción de sus inmuebles que invaden la faja de retiro de la quebrada.
(…)
SÉPTIMO: ORDENAR la conformación de un Comité de verificación de cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia, integrado por el Tribunal Administrativo de Caldas, quien lo presidirá; el señor Personero del Municipio de Manizales; el demandante; el Director de CORPOCALDAS o su delegado; el Secretario de Planeación del MUNICIPIO DE MANIZALES. El Comité se reunirá previa convocatoria de su presidente a petición de cualquiera de los miembros e informará por escrito el resultado de cumplimiento de las órdenes dadas en esta sentencia al vencimiento de cada uno de los términos indicados para el efecto.”
TERCERO: REVOCAR en lo demás la sentencia apelada.
CUARTO: DECLARAR la vulneración de los derechos colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
QUINTO: ORDENAR al Municipio de Manizales, en coordinación con CORPOCALDAS que, en un término no superior a un (1) año contado a partir del momento en que quede ejecutoriada y notificada la presente sentencia, ejecuten la construcción de un muro de contención en la zona indicada en el Informe técnico fechado el 19 de mayo de 2011, proferido por CORPOCALDAS. Para ello, concurrirán en partes iguales al pago de los costos que se causen y la dirección de la obra estará a cargo de CORPOCALDAS.
SEXTO: NO CONDENAR en costas en segunda instancia.
SÉPTIMO: REMITIR copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
OCTAVO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriado este proveído.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Coadyuvante: Javier Elías Arias Idárraga
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Descongestión Escritural, radicación núm. 17001-23-33-000-2013-00515-01, sentencia núm. 160 del 28 de octubre de 2015. M.P. Myriam Esenda Ramírez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2015. Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). Actor: Defensoría del Pueblo - Regional Boyacá. Demandado: Fiscalía General de La Nación - Dirección Seccional de Fiscalías De Tunja – CTI.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. En aquella ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos.
Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP).
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
“[…] ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. […]”
“[…] ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un núm. plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. […]”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018), radicación número: 05001-2331-000-2006-03673-01, actor: Martín Montoya Vanegas, Demandado: Municipio de Bello (Antioquia).
M.P. Alejandro Martínez Caballero
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00593-01(AP), Actor: OSCAR JAHIR HERNÁNDEZ RUGELES, Demandado: MUNICIPIO DE CURITÍ, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS Y ÁLVARO PICO GÓMEZ.
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 4 de febrero de 2010, Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Radicación número: 76001233100020040021201(AP)
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 22 de enero de 2009. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla, Rad: 63001-23-31-000-2004-00688-01(AP).
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
"Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas"
“Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.”
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00593-01(AP), Actor: OSCAR JAHIR HERNÁNDEZ RUGELES, Demandado: MUNICIPIO DE CURITÍ, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS Y ÁLVARO PICO GÓMEZ
El artículo 1521 del Código Civil, establece:
“[…] ARTICULO 1521. <ENAJENACIONES CON OBJETO ILÍCITO>. Hay un objeto ilícito en la enajenación:
1o.) De las cosas que no están en el comercio.
2o.) De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona.
3o.) De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello […]”
Los artículos 2518 y 2519 del Código Civil, establecen:
“[…] ARTICULO 2518. <PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA>. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales.
Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. […]
ARTICULO 2519. <IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO>. Los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso.”
Consejo de Estado, Sección Primera. (21 de junio de 2018) Radicación núm. 25000-23-24-000-2013-00008-01(AP) [C.P. Hernando Sánchez Sánchez]
El artículo 1521 del Código Civil, establece:
“[…] ARTICULO 1521. <ENAJENACIONES CON OBJETO ILÍCITO>. Hay un objeto ilícito en la enajenación:
1o.) De las cosas que no están en el comercio.
2o.) De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona.
3o.) De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. […]”
Folios 37 a 51
Folios 128 y 129
Folio 162
Folio 3 del cuaderno de pruebas núm. 2
Folios 23 a 24
Folio 5 del cuaderno de pruebas núm. 3
Folio 5 del cuaderno de pruebas núm. 3
Folios 222 a 229
Folios 230 a 236
Folios 236 a 244
Sentencia radicación 2010-00071 01(AP). Sección Primera Consejo de Estado. Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso. En aquella oportunidad la Sección Primera del Consejo de Estado conoció de una acción popular en la que actor solicitó que se ordenara a INVÍAS, iniciar los trámites necesarios para incluir en la vigencia fiscal del año 2011 las partidas presupuestales para la reparación total de la carretera Circunvalar de San Andrés Isla en ese mismo año. El juez de primera instancia protegió los derechos colectivos a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes de la Isla de San Andrés, al considerar que las labores realizadas por INVÍAS en la carretera Circunvalar de San Andrés Isla no eran suficientes para proteger aquellos derechos colectivos. El Consejo de Estado confirmó la decisión del a quo.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 11 de diciembre de 2014, rad: 25000-23-41-000-2012-00700-01(AP), M.P. María Elizabeth García González; 4 de febrero de 2016, rad: 85001-23-33-000-2012-00268-01(AP). M.P. Guillermo Vargas Ayala
Al respecto, ver: Auto de 5 de julio de 2007 radicación 2003-00238-01. Sección Primera de Consejo de Estado. Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Sentencia radicación 2010-00472-01(AP). Sección Primera de Consejo de Estado. Consejero ponente (E): Marco Antonio Velilla Moreno. En aquella oportunidad se presentó acción popular y se solicitó la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, el derecho a la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente, los cuales se estiman vulnerados como quiera que la alcantarilla ubicada en el Km 138 + 002 de la vía Guamo-Espinal no cuenta con las medidas de seguridad necesarias y exigidas por la ley.
Folios 23 a 24
Folio 22
Folios 27 a 28
Folio 29
Folios 31 y 32
Folio 55
Folio 5 del cuaderno de pruebas núm. 3
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA – DESCONGESTIÓN, Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00348-01, Actor: AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A, Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Consejo de Estado, Sección Primera Sentencia del 7 de mayo de 2015 C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. 11001-03-24-000-2014-00108-00
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 26 de febrero de 2015. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, radicación No. 11001-03-15-000-2014-01114-01(AC).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 13 de noviembre de 2014; proceso identificado con número único de radicación 17001-23-33-000-2012-00286-01, C.P. María Elizabeth García González.
Folio 3 del cuaderno de pruebas núm. 4
Folio 4 del cuaderno de pruebas núm. 4
Folios 6 a 11 del cuaderno de pruebas núm. 4
Folio 5 del cuaderno de pruebas núm. 3
Folio 160
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.